Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2011-01380-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de reparación directa
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2011-01380-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2011-01380-01
Consejero ponente: Marta Nubia Velásquez Rico
30 de mayo de 2019
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / NORMATIVIDAD APLICABLE – Remisión normativa
De conformidad con lo previsto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, los procesos promovidos ante esta jurisdicción con anterioridad al 2 de julio de 2012 se rigen por las normas procesales contenidas en el “régimen jurídico anterior”, que corresponden a las consagradas en el Código Contencioso Administrativo y en el Código de Procedimiento Civil.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 308 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA
De conformidad con lo previsto en el artículo 129 del C.C.A., subrogado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, la Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia del 30 de mayo de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La demanda se presentó con posterioridad a la entrada en vigencia del artículo 198 de la Ley 1450 de 2011, por tal razón, la cuantía debía determinarse en los términos previstos en el artículo 157 de la Ley 1437 de 2011.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 129 / LEY 446 DE 1998 – ARTÍCULO 37 / LEY 1450 DE 2011 – ARTÍCULO 198 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 157
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO DERIVADO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / CONTRATO REALIDAD / LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – Ese Luis Carlos Galán Sarmiento / RECLAMACIÓN DE DERECHOS LABORALES – Imposibilidad por liquidación de la ESE / PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD – Para demandar
En las condiciones analizadas, se concluye que, a juicio del demandante, lo que le causó el daño por el que demanda fue el hecho de que se hubiese suprimido y liquidado la E.S.E. Luis Carlos Galán Sarmiento, situación que le impidió reclamar los derechos laborales a los que, en su criterio, tenía derecho. (…) De este modo, el señor (…)acudió a esta jurisdicción, en ejercicio de la acción de reparación directa, porque consideró que con la liquidación de la E.S.E. Luis Carlos Galán Sarmiento perdió la oportunidad de que le fuera reconocida judicialmente la existencia de la relación laboral que, según él, tenía con la entidad y, de manera consecuente, se le pagaran las prestaciones de ley.
INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA POR EL JUEZ / INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
[E]l a quo indicó que el hecho de que al plenario se hubiese allegado la petición que el demandante formuló para que se le pagaran las prestaciones laborales pertinentes y de que la misma fuese negada por la liquidadora de la entidad a través de un acto administrativo de particular, resultaba suficiente para que, en virtud del deber del juez de interpretar la demanda, se entendiera que tal decisión era la fuente del daño y que, por ende, la acción idónea era la de nulidad y restablecimiento. Sin embargo, a juicio de la Sala, la anterior conclusión no da cuenta de la facultad de interpretación de la demanda, sino de la sustitución del demandante por parte del juez que conoció del asunto.
INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA POR EL JUEZ – Finalidad / INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA POR EL JUEZ – Objeto
La labor de interpretación de la demanda está orientada a establecer lo realmente pretendido por quien acude a la jurisdicción, sin llegar a suplantar su voluntad y, por esa vía, modificar el alcance sustancial de las pretensiones planteadas. (…) En suma, el deber de interpretación de la demanda por parte del juez tiene por objeto que, ante la falta de claridad del escrito inicial, a este se le dé en su conjunto el sentido y el alcance que se desprenden de sus términos, sin desconocer o variar abiertamente sus factores esenciales, porque ello llevaría al fallador a o resolver súplicas no propuestas o a estructurar hechos no referidos
INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA POR EL JUEZ / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD
En el caso que se estudia es perfectamente claro lo pretendido con la demanda de la referencia, esto es, que la Presidencia de la República, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud y Protección Social le indemnicen al [actor] los perjuicios que supuestamente se le habrían ocasionado con la liquidación de la E.S.E. Luis Carlos Galán Sarmiento y que están determinados por la pérdida de la oportunidad de demandar a esta entidad ante esta jurisdicción, con el fin de que se reconociera el vínculo laboral que, según él, se configuró en el sub lite.
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO ESPECIAL / CARGAS PÚBLICAS
[L]a Sala, en del deber del juez de “analizar e interpretar [el texto de la demanda] de ser necesario, con el fin de desentrañar la voluntad de los demandantes”, confrontó el texto de la demanda inicial –hechos y pretensiones– con el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del a quo, y encontró que material y formalmente el hecho causante del daño corresponde a la orden de supresión y liquidación de la E.S.E. Luis Carlos Galán Sarmiento, que, se insiste, se encuentra contenida en el Decreto 3202 del 24 de agosto de 2007, cuya expedición, según la parte actora, rompió el principio de la igualdad ante las cargas públicas –daño especial–. Pues bien, la pretensión de reparación directa procede en los casos en los que la causa de las pretensiones deriva de un hecho, una omisión, una operación administrativa, o de un acto administrativo, pero siempre que no se cuestione su legalidad, como en el presente evento. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar auto del 24 de enero de 2007; Exp. 31433, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, reiterado por en providencia del 14 de febrero de 2019; Exp. 59886 y la sentencia del 27 de abril de 2006, Exp. 16079, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.
FUENTE FORMAL: DECRETO 3202 DE 2007
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
El numeral 8 del artículo 136 del Decreto 01 de 1984 dispone que la reparación directa debe promoverse dentro de los 2 años siguientes al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. (…) En este asunto resultan aplicables las normas contenidas en el Código Contencioso Administrativo, toda vez que el término para acudir ante esta jurisdicción empezó a correr con anterioridad al 2 de julio de 2012, pues el hecho causante del daño ocurrió en 2007.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 136 NUMERAL 8 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 164
DAÑO DERIVADO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS / ACTO ADMINISTRATIVO GENERAL / CONTEO DEL TÉRMINO DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL / CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN
Pues bien, esta Sala ha considerado que en los eventos en los que la reparación directa tiene como propósito la indemnización de los perjuicios causados por una norma de carácter general que se encuentra ajustada al ordenamiento jurídico, la caducidad se cuenta a partir de su entrada en vigencia, por ser este el momento de la ocurrencia del hecho causante del daño. (…) El hecho causante del daño ocurrió el 26 de agosto de 2007, día siguiente a la publicación del citado decreto. (…) De este modo, se modificará la sentencia (…) bajo el entendido de que no se configuró la excepción de inepta demanda por indebida escogencia de la acción, sino la de caducidad de la pretensión de reparación directa. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar providencia de 14 de febrero de 2019; Exp. 59886; C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá, D.C., treinta (30) de mayo de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 25000-23-26-000-2011-01380-01 (48466)
Actor: ARMANDO GUILLERMO ARAÚJO MENDOZA
Demandado: NACIÓN – PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Temas: FACULTAD DE INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA – Está orientada a determinar lo pretendido realmente por el demandante y no a suplantar su voluntad / NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Procede cuando se cuestionan actos administrativos particulares, no basta con que en se encuentre probada la existencia de una decisión de tales características / REPARACIÓN DIRECTA – Procedencia – Perjuicios derivados de un acto administrativo general cuya legalidad no se cuestiona / CADUCIDAD – En los casos en los que se invoca una decisión general que se considera legal el plazo empieza a correr con la entrada en rigor de la normativa.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia del 30 de mayo de 2013, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró probada la excepción de inepta demanda, por indebida escogencia de la acción.
SÍNTESIS DEL CASO
El señor Armando Guillermo Araújo Mendoza presentó la demanda de la referencia con el fin de que se le indemnizaran los perjuicios causados con la supresión y liquidación de la E.S.E. Luis Carlos Galán Sarmiento.
A juicio del demandante, la decisión del Gobierno Nacional le impidió reclamarle a dicha entidad los derechos laborales que, según él, le correspondían, por tal razón, en el sub lite solicitó, por perjuicios materiales, el pago de una suma de dinero equivalente a la que hubiese podido obtener si la E.S.E. no se hubiese extinguido.
II. A N T E C E D E N T E S
1. Demanda
1.1. Pretensiones
El 6 de diciembre de 2011, el señor Armando Guillermo Araújo Mendoza, por medio de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa, presentó demanda en contra de la Nación – Presidencia de la República y el Ministerio de la Protección Social, con el fin de que se le indemnizaran los perjuicios causados con la “liquidación definitiva de la ESE LUIS CARLOS GALÀN SARMIENTO, realizada el 6 de noviembre de 2009”.
Para lo pertinente, el demandante solicitó 500 smmlv por perjuicios morales y $232’574.000 por lucro cesante.
1.2. Hechos
En la demanda, en síntesis, se narraron los siguientes hechos:
1.2.1. El señor Armando Guillermo Araújo Mendoza se desempeñó en la E.S.E. Luis Carlos Galán Sarmiento como auxiliar de servicios administrativos, desde el 1º de octubre de 2004 hasta el 30 de septiembre de 2007.
1.2.2. Su vinculación se realizó a través de un contrato de prestación de servicios, pero, materialmente, se trataba de una relación de carácter laboral, pues el demandante cumplía sus funciones de la misma manera que lo hacían los empleados de planta; además, estaba sujeto a horario y a las órdenes dadas por sus superiores.
1.2.3. A través del Decreto 3202 de 2007, el Presidente de la República ordenó la supresión y liquidación de la E.S.E. Luis Carlos Galán Sarmiento, proceso que terminó el 6 de noviembre de 2009.
1.2.4. El 30 de noviembre de 2008, fue celebrado el contrato de fiducia mercantil 114 con la Fiduprevisora S.A., sociedad ante la cual el actor reclamó las prestaciones a las que, en su criterio, tenía derecho, solicitud que fue negada, porque la fiduciaria no estaba llamada a responder con sus recursos propios por las obligaciones que tenía a su cargo la entidad liquidada.
1.2.5. A juicio del señor Armando Guillermo Araújo Mendoza, las entidades demandas están llamadas a responder en el presente asunto, porque liquidaron la E.S.E. Luis Carlos Galán Sarmiento “antes de que hubieran transcurrido tres años [desde] la desvinculación del actor, es decir, antes de que hubiesen prescrito las acciones laborales para el reclamo de las respectivas acreencias”.
2. Trámite de primera instancia
2.1. Admisión y traslado de la demanda
2.1.1. La demanda fue admitida el 25 de enero de 2012; sin embargo, dada la escisión del Ministerio de la Protección Social, a través de la Ley 1444 de 2011, se dispuso la vinculación tanto del Ministerio de Salud y de la Protección Social como el del Trabajo y, de manera consecuente, se ordenó la notificación tanto de la Presidencia de la República como del Ministerio Público.
2.1.2. La Presidencia de la República interpuso recurso de reposición en contra del auto admisorio de la demanda, por considerar que existía falta de legitimación material en la causa por pasiva y porque, a su juicio, la acción de reparación directa no resultaba procedente para solicitar la indemnización de los perjuicios causados por un acto administrativo, dado que la idónea era la de nulidad y restablecimiento del derecho.
2.1.3. El recurso interpuesto se resolvió de manera desfavorable, a través de auto del 11 de abril de 2012, en cuanto la legitimación material no es un presupuesto de la demanda, sino que correspondía a un asunto que debía definirse en la sentencia.
Adicionalmente, el a quo precisó que la demanda de reparación directa sí era la procedente, ante la evidencia de que el demandante no cuestionó la legalidad del acto administrativo de liquidación, sino los efectos que este tuvo en su situación particular.
2.1.4. El Ministerio de Salud y Protección Social, en su escrito de contestación, indicó que no le asistía legitimación material en la causa, porque no celebró contrato alguno de prestación de servicios con el demandante, de ahí que no estuviese llamada a responder en el sub lite, máxime cuando la E.S.E. Luis Carlos Galán Sarmiento contaba con personería jurídica y patrimonio propio.
De otro lado, explicó que era contraria a la realidad la afirmación del señor Araújo Mendoza, según la cual la orden de liquidación de la referida E.S.E. le impidió reclamar las acreencias laborales a las que consideraba que tenía derecho, toda vez que él sí compareció al proceso de liquidación, pero su reclamación fue resuelta de manera desfavorable.
Asimismo, propuso la excepción de inepta demanda, porque si lo pretendido por la parte actora era el reconocimiento de su relación laboral, lo que le correspondía era interponer la acción de controversias contractuales; sin embargo, recurrió a la de reparación directa.
Finalmente, alegó la excepción de caducidad, en cuanto el demandante no acudió a esta jurisdicción dentro de los 2 años siguientes a la fecha en la que terminó su contrato (controversias contractuales), o aquella en la que se ordenó la liquidación de la entidad (reparación directa) y/o tampoco dentro de los 4 meses siguientes a la notificación de la decisión que le negó los derechos pretendidos.
2.1.5. El Ministerio de Trabajo sostuvo que no le asistía legitimación material en la causa por pasiva, en la medida en que no tuvo ninguna relación contractual ni laboral con el demandante; además, la entidad llamada a responder por los pasivos de la E.S.E. Luis Carlos Galán Sarmiento era el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual debió ser demandado en el sub lite.
A su vez, la demandada formuló la excepción de inepta demanda, para lo cual señaló que la acción procedente era la de nulidad y restablecimiento del derecho, en tanto lo pretendido era el reconocimiento de prestaciones sociales.
2.1.7. La Presidencia de la República también propuso la excepción de falta de legitimación material en la causa por pasiva, porque: i) el demandante no hizo parte de su planta de personal y ii) no fue ella la entidad que expidió el acto administrativo en virtud del cual se liquidó la E.S.E. Luis Carlos Galán Sarmiento.
2. 2. Alegatos de conclusión
2.2.1. La Presidencia de la República reiteró, en suma, que no estaba llamada a responder por perjuicio alguno, pues fueron “otras entidades” las que participaron en los hechos que dieron origen a la demanda de la referencia.
2.2.2. El Ministerio de Salud y Protección Social insistió en su falta de legitimación en la causa por pasiva, en cuanto no existía ningún vínculo que lo uniera con el demandante.
Además, argumentó que el afectado debió cuestionar en sede de nulidad y restablecimiento del derecho la decisión que le negó el reconocimiento de las prestaciones reclamadas.
2.2.3. La parte demandante se abstuvo de alegar de conclusión.
2.2.4. El Ministerio Público rindió concepto, para lo cual sostuvo que la causa petendi estaba determinada por el hecho de haberse ordenado la liquidación y la supresión de la E.S.E. Luis Carlos Galán Sarmiento, lo que se hizo a través de un acto administrativo de carácter general.
Así las cosas, a su juicio, resultaba evidente que se ejerció una acción distinta a la que correspondía, porque la reparación directa no era la idónea para reclamar los perjuicios causados por un acto administrativo, ya que la apta para tal fin era la de nulidad y restablecimiento del derecho.
Explicó que, en caso de considerarse procedente la reparación directa, las pretensiones debían negarse, ante la evidencia de que no se probó la ocurrencia de un daño antijurídico y, en todo caso, operó la caducidad, porque el último contrato que el demandante celebró con la referida E.S.E. finalizó el 1º de octubre de 2007; sin embargo, la demanda se presentó hasta el 2011.
2.3. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de sentencia del 30 de mayo de 2013, declaró probada la excepción de inepta demanda por indebida escogencia de la acción.
Al respecto, se precisó que el demandante pretendía que se le indemnizaran los perjuicios causados con ocasión de la liquidación de la E.S.E. Luis Carlos Galán Sarmiento, en la medida en que tal situación le impidió reclamar las prestaciones a las que, según él, tenía derecho.
Aclarado lo anterior, el a quo concluyó lo siguiente (se transcribe literal, incluso con posibles errores).
“Ahora bien, se observa que el daño alegado (…) está contenido en la orden y posterior liquidación de la E.S.E. (…), esto es, el acto administrativo expedido por el Gobierno Nacional.
“(….) [El] Consejo de Estado ha realizado diversos pronunciamientos frente a la procedencia de la acción cuando lo que se pretende atacar es un acto administrativo, argumentando lo siguiente (…).
“En el presente caso, (…) fue a través de un acto administrativo que se ocasionaron los presuntos daños por los que se reclama, que no es otro que la respuesta al derecho de petición de fecha 16 de noviembre de 2009, firmado por el gerente (…) liquidador de la E.S.E., donde se negaron las prestaciones por haber sido vinculado mediante contrato de prestación de servicios.
“En ese orden de ideas, la sala concluye que al no tener la acción de reparación directa dentro de sus fines la anulación de actos administrativos ni la verificación de su legalidad, para el consecuente restablecimiento del derecho, finalidades que son propias de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (…), se procederá a declarar probada la excepción de indebida escogencia de la acción (…)” (se destaca).
2.4. Recurso de apelación
La parte demandante interpuso recurso de apelación en contra del fallo de primera instancia, por considerar que la acción de reparación directa sí era la idónea para los fines pretendidos.
Afirmó que, en virtud de su liquidación, la E.S.E. Luis Carlos Galán Sarmiento dejó de ser sujeto tanto de derechos como de obligaciones, de ahí que fuera inocuo presentar en su contra demandas de nulidad y restablecimiento del derecho como la señalada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pues fue precisamente dicha imposibilidad la que llevó a promover el proceso de la referencia.
Así las cosas, la única vía procesal a la que se podía recurrir era a la acción de reparación directa, en virtud de la teoría del daño especial, pues, si bien el actuar de los demandados estuvo ajustado a derecho, no era menos cierto que con ello se causaron perjuicios que desconocen el principio de igualdad ante las cargas públicas.
Adicionalmente, se explicaron las razones por las que la E.S.E. sí estaba obligada a reconocer la existencia de una relación laboral, lo que, según el apelante, se frustró con su liquidación.
El recurso interpuesto en los anteriores términos fue concedido mediante providencia del 17 de julio de 2013.
3. Trámite de segunda instancia
3.1. Esta Corporación admitió la apelación el 15 de octubre de 2013 y, a través de auto del 22 de noviembre de la misma anualidad, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto.
3.1.1. La Presidencia de la República concluyó que la parte actora debió ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, pero recurrió a la acción de reparación directa con la única finalidad de revivir los términos que dejó vencer.
3.1.2. El Ministerio de Salud y Protección Social solicitó la confirmación de la sentencia de primera instancia, toda vez que la acción incoada no era la idónea para solicitar el pago de las prestaciones sociales pretendidas, las cuales, en todo caso, no se encontraban a su cargo, en la medida en que no tuvo ninguna relación con el demandante y tampoco se le encomendó la administración de los remanentes de la entidad liquidada.
3.1.3. El Ministerio de Trabajo, la parte demandante y el Ministerio Público se abstuvieron de intervenir en esta oportunidad procesal.
III. C O N S I D E R A C I O N E S
1. Régimen aplicable
De conformidad con lo previsto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, los procesos promovidos ante esta jurisdicción con anterioridad al 2 de julio de 2012 se rigen por las normas procesales contenidas en el “régimen jurídico anterior”, que corresponden a las consagradas en el Código Contencioso Administrativo y en el Código de Procedimiento Civil.
Así las cosas, ante la evidencia de que la demanda se radicó el 6 de diciembre de 2011, al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones normativas contenidas en los referidos estatutos procesales.
2. Competencia
De conformidad con lo previsto en el artículo 129 del C.C.A., subrogado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, la Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia del 30 de mayo de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
La demanda se presentó con posterioridad a la entrada en vigencia del artículo 198 de la Ley 1450 de 2011, por tal razón, la cuantía debía determinarse en los términos previstos en el artículo 157 de la Ley 1437 de 2011.
De conformidad con el referido artículo 157 ejusdem, la cuantía supera el monto de 500 smmlv, por manera que el sub lite se trataba de uno de aquellos asuntos que debía ser conocido en primera instancia por los tribunales administrativos.
3. Causa petendi
3.1. Lo alegado por la parte actora
Tanto en el capítulo de pretensiones de la demanda como en el poder allegado con esta, la parte actora indicó que en el presente asunto pretendía la indemnización de los perjuicios causados con la “liquidación definitiva de la E.S.E. Luis Carlos Galán Sarmiento”, la cual se ordenó a través del Decreto 3202 del 24 de agosto de 2007.
Como fundamento fáctico de lo anterior, en el escrito inicial se indicó (se transcribe literal, incluso con posibles errores):
“El actor fue formalmente vinculado por medio de contratos de prestación de servicios a la E.S.E. Luis Carlos Galán Sarmiento, pero durante toda la vinculación (…) se presentaron los elementos de una relación laboral (…), para ello, al no reconocérsele voluntariamente, era pertinente acudir ante la jurisdicción administrativa, pero ello se vio truncado por cuanto los demandados sacaron de la vida jurídica a la ESE LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO, mediante liquidación definitiva de la misma (…).
“El daño antijurídico es deducible, ya que (…) para evitar demandas, los accionados sencillamente liquidaron la entidad, desapareciéndola de la vida jurídica, antes de que hubiesen prescrito las acciones laborales para el reclamo de las respectivas acreencias (…)” se destaca.
En las condiciones analizadas, se concluye que, a juicio del demandante, lo que le causó el daño por el que demanda fue el hecho de que se hubiese suprimido y liquidado la E.S.E. Luis Carlos Galán Sarmiento, situación que le impidió reclamar los derechos laborales a los que, en su criterio, tenía derecho.
3.2. Hecho causante del daño delimitado por el a quo
En cuando a la causa petendi, el a quo precisó (se transcribe literal, incluso con posibles errores):
“Como se ha visto, el demandante pretende la declaratoria de responsabilidad patrimonial de la Nación – Ministerio de la Protección Social y Nación – Presidencia de la República con ocasión de la (…) liquidación definitiva de la ESE LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO, que le impidió realizar la reclamación de las prestaciones sociales que según el señor Armando Guillermo Araújo Mendoza se le adeudan en virtud de la relación de servicio que ostentó con la misma, a raíz del contrato de prestación por el cual había sido vinculado a la E.S.E.
“(…) [E]l daño alegado (…) está contenido en la orden y posterior liquidación de la E.S.E. (…), esto es, el acto administrativo expedido por el Gobierno Nacional” (se destaca).
De este modo, el señor Araújo Mendoza acudió a esta jurisdicción, en ejercicio de la acción de reparación directa, porque consideró que con la liquidación de la E.S.E. Luis Carlos Galán Sarmiento perdió la oportunidad de que le fuera reconocida judicialmente la existencia de la relación laboral que, según él, tenía con la entidad y, de manera consecuente, se le pagaran las prestaciones de ley.
Con todo, el a quo indicó que el hecho de que al plenario se hubiese allegado la petición que el demandante formuló para que se le pagaran las prestaciones laborales pertinentes y de que la misma fuese negada por la liquidadora de la entidad a través de un acto administrativo de particular, resultaba suficiente para que, en virtud del deber del juez de interpretar la demanda, se entendiera que tal decisión era la fuente del daño y que, por ende, la acción idónea era la de nulidad y restablecimiento.
Sin embargo, a juicio de la Sala, la anterior conclusión no da cuenta de la facultad de interpretación de la demanda, sino de la sustitución del demandante por parte del juez que conoció del asunto, como se explicará.
3.3. El deber de interpretación de la demanda
La labor de interpretación de la demanda está orientada a establecer lo realmente pretendido por quien acude a la jurisdicción, sin llegar a suplantar su voluntad y, por esa vía, modificar el alcance sustancial de las pretensiones planteadas. Sobre el tema, la Corte Suprema de Justicia se pronunció en providencia del 12 de marzo de la presente anualidad, en la que se sostuvo:
“[Al] encargado de administrar justicia se le atribuye, como misión ineludible interpretar los actos procesales, entre ellos la demanda inicial, a fin de desentrañar el verdadero alcance e intención del demandante al formular sus súplicas, lógicamente sin aislar el petitum de la cusa petendi, buscando siempre una afortunada integración y con ello poder precisar el auténtico sentido o aspiración de quien procura una tutela efectiva de sus derechos”.
De conformidad con el deber de interpretación analizado, en los eventos en los que la parte actora formalmente ejerce una acción y materialmente otra, el juez debe encausar la demanda a través de la vía que se derive del segundo supuesto, verbigracia, en los casos en los que se señala que la acción ejercida es la de reparación directa, pero en el fondo se cuestiona la legalidad de un acto administrativo, pues, al margen de lo dicho por el actor, se debe atender al fin perseguido y en virtud de este el trámite se debe adelantar en los términos previstos para las pretensiones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, según corresponda.
En suma, el deber de interpretación de la demanda por parte del juez tiene por objeto que, ante la falta de claridad del escrito inicial, a este se le dé en su conjunto el sentido y el alcance que se desprenden de sus términos, sin desconocer o variar abiertamente sus factores esenciales, porque ello llevaría al fallador a o resolver súplicas no propuestas o a estructurar hechos no referidos
3.3. Hecho causante del daño y pretensiones planteadas en el sub lite
En el caso que se estudia es perfectamente claro lo pretendido con la demanda de la referencia, esto es, que la Presidencia de la República, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud y Protección Social le indemnicen al señor Armando Guillermo Araújo Mendoza los perjuicios que supuestamente se le habrían ocasionado con la liquidación de la E.S.E. Luis Carlos Galán Sarmiento y que están determinados por la pérdida de la oportunidad de demandar a esta entidad ante esta jurisdicción, con el fin de que se reconociera el vínculo laboral que, según él, se configuró en el sub lite.
Al respecto, se reitera, que la orden de supresión y liquidación fue dada por las demandadas a través del Decreto 3202 del 24 de agosto de 2007.
En el sub lite, contrario a lo considerado por el a quo, de las pretensiones y de los hechos narrados en la demanda no puede deducirse que la acción procedente sea la de nulidad y restablecimiento del derecho, en la medida en que la parte actora no cuestionó la legalidad de acto administrativo alguno, ni tampoco solicitó la indemnización de los perjuicios causados por la decisión proferida por la Fiduprevisora S.A., en su condición de vocera de los remanentes de la E.S.E. Luis Carlos Galán Sarmiento, la cual, en todo caso, solo sostuvo que la reclamación formulada no era un asunto de su competencia.
Así las cosas, la Subsección considera que, si bien la Fiduprevisora S.A. expidió una decisión de carácter particular, no es menos cierto que, se reitera, esta sociedad no obra como demandada en este asunto, que el demandante no cuestionó su pronunciamiento y tampoco lo invocó formal o materialmente como fuente del daño, toda vez que fue insistente en delimitar como hecho dañoso la supresión y liquidación de la entidad.
En conclusión, la Sala, en virtud del deber del juez de “analizar e interpretar [el texto de la demanda] de ser necesario, con el fin de desentrañar la voluntad de los demandantes”, confrontó el texto de la demanda inicial –hechos y pretensiones– con el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del a quo, y encontró que material y formalmente el hecho causante del daño corresponde a la orden de supresión y liquidación de la E.S.E. Luis Carlos Galán Sarmiento, que, se insiste, se encuentra contenida en el Decreto 3202 del 24 de agosto de 2007, cuya expedición, según la parte actora, rompió el principio de la igualdad ante las cargas públicas –daño especial–.
Pues bien, la pretensión de reparación directa procede en los casos en los que la causa de las pretensiones deriva de un hecho, una omisión, una operación administrativa, o de un acto administrativo, pero siempre que no se cuestione su legalidad, como en el presente evento.
Asimismo, la reparación directa tiene como finalidad la indemnización de los perjuicios derivados de: i) un acto administrativo particular que haya sido objeto de revocatoria directa o ii) de uno de carácter general que hubiese sido anulado, con todo, “si la causa directa del perjuicio no es el acto administrativo anulado, sino un acto administrativo particular expedido a su amparo, debe acudirse a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho debido [a] que sólo a través de ella puede destruirse la presunción de ilegalidad que lo caracteriza”.
En conclusión, como en este asunto no se cuestiona la legalidad del acto administrativo general que dispuso la supresión y liquidación de la E.S.E. Luis Carlos Galán Sarmiento se concluye que la reparación directa resulta procedente.
4. Oportunidad en el ejercicio del derecho de acción
A juicio del demandante, el Decreto 3202 de 2007, cuya legalidad no se cuestiona, le impuso una carga excepcional, en el entendido de que extinguió la persona jurídica a la que debía solicitarse el reconocimiento de su relación laboral, lo que quiere decir que fue dicho acto administrativo el que concretó el daño por el que se demanda, de ahí que su promulgación y vigencia sean las que resulten determinantes para computar el plazo de caducidad.
Pues bien, para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales y evitar que las situaciones queden indefinidas en el tiempo, el legislador estableció unos plazos razonables para que las personas acudan ante la jurisdicción con el fin de satisfacer sus pretensiones, cuyo vencimiento sin haberse ejercido el derecho de acción implica la configuración de la caducidad.
Los términos para incoar los distintos medios de control previstos por el legislador no admiten suspensión, salvo que se presente solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, según lo previsto por las Leyes 446 de 1998, 640 de 2001 y 1285 de 2009, tampoco admiten renuncia y su extinción debe ser declarada por el juez de oficio o a petición de parte.
El numeral 8 del artículo 136 del Decreto 01 de 1984 dispone que la reparación directa debe promoverse dentro de los 2 años siguientes al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.
A su vez, el literal i) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 prevé que cuando se pretenda la reparación directa, “la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”.
En este asunto resultan aplicables las normas contenidas en el Código Contencioso Administrativo, toda vez que el término para acudir ante esta jurisdicción empezó a correr con anterioridad al 2 de julio de 2012, pues el hecho causante del daño ocurrió en 2007, como se explicará.
4.1. Ocurrencia del hecho causante del daño
Pues bien, esta Sala ha considerado que en los eventos en los que la reparación directa tiene como propósito la indemnización de los perjuicios causados por una norma de carácter general que se encuentra ajustada al ordenamiento jurídico, la caducidad se cuenta a partir de su entrada en vigencia, por ser este el momento de la ocurrencia del hecho causante del daño.
En el artículo 1 del Decreto 3202 de 2007, publicado en el Diario Oficial 46.731 del 25 de agosto de la misma anualidad, se dispuso:
“Artículo 1º. Supresión y liquidación. Suprímase la Empresa Social del Estado Luis Carlos Galán Sarmiento (…).
“En consecuencia, a partir de la vigencia del presente decreto, dicha entidad entrará en proceso de liquidación (…)”.
En lo referente a la vigencia, en el artículo 26 ejusdem, se precisó que entraba a regir con su publicación.
El hecho causante del daño ocurrió el 26 de agosto de 2007, día siguiente a la publicación del citado decreto.
El numeral 8 del artículo 136 del Decreto 01 de 1984 –vigente para la época de los hechos– señalaba que la reparación directa debía promoverse dentro de los 2 años siguientes al acaecimiento del hecho, por tal razón, la demanda de la referencia debía presentarse entre el 27 de agosto de 2007 –día siguiente a la ocurrencia del hecho dañoso– y el 27 de agosto de 2009; sin embargo, el derecho de acción se ejerció hasta el 6 de diciembre de 2011, cuando ya había expirado el plazo de caducidad.
La parte actora promovió el trámite de conciliación extrajudicial el 16 de febrero de 2011; no obstante, para esa fecha ya había fenecido el plazo para demandar, por lo que ninguna clase de suspensión pudo operar respecto del cómputo de la caducidad.
De este modo, se modificará la sentencia proferida el 30 de mayo de 2013 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, bajo el entendido de que no se configuró la excepción de inepta demanda por indebida escogencia de la acción, sino la de caducidad de la pretensión de reparación directa.
5. Condena en costas
En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 30 de mayo de 2013, de conformidad con la parte motiva de esta providencia, bajo el entendido de que no se configuró la excepción de inepta demanda por indebida escogencia de la acción, sino la de caducidad de la pretensión de reparación directa.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al a quo.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
Folio 19, cuaderno 1.
Transcripción literal del acápite de pretensiones de la demanda (folio 2, cuaderno 1).
Folio 10, cuaderno 1.
Folio 21, cuaderno 1.
Folio 24-26, cuaderno 1.
Folios 33-36, cuaderno 1.
Folios 1-13, cuaderno 1.
Folios 61-76, cuaderno 1.
Folios 88-92, cuaderno 1.
Folios 196-198, cuaderno 1.
Folios 199-205, cuaderno 1.
Folios 206-210, cuaderno 1.
Folios 217-219, cuaderno 3.
Folios 223-229, cuaderno 3.
Folio 231, cuaderno 3.
Folios 235-238, cuaderno 3.
Folio 240, cuaderno 3.
Folios 251-259, cuaderno 3.
Folios 260-268, cuaderno 3.
“Artículo 129. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos (…)” (se destaca).
El derecho de acción se ejerció en diciembre de 2011, fecha para la cual 500 smmlv equivalían a $267’800.000 y el demandante pidió 500 smmlv por perjuicios morales y $232’574.386 por lucro cesante.
Para lo anterior, se aplicó lo previsto en el numeral 1 del artículo 20 del C.P.C., en virtud del cual la cuantía del asunto estaba determinada por “el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda”.
“Artículo 198. Descongestión por razón de la cuantía en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Con el propósito de evitar la congestión de los Tribunales Administrativos y del Consejo de Estado, en los procesos que cursen o deban cursar ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y en relación con los cuales a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley no se hubiere notificado en debida forma el correspondiente auto admisorio de la demanda o cuando este no se hubiere expedido y cuyas demandas se presenten hasta antes del 2 de julio de 2012, la competencia por razón de la cuantía se determinará con sujeción a las reglas consagradas en el artículo 157 de la Ley 1437 de 2011 (…)” (se destaca).
Para el efecto no se tuvieron en cuenta los perjuicios morales sino los de carácter material, los cuales a la fecha de la demanda eran superiores a 500 smmlv, que para 2011 ascendían a $267’800.000.
Folios 1 y2, cuaderno 1.
Folio 11, cuaderno 3.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 12 de marzo de 2019, expediente SL 960-2019, M.P. Giovanni Francisco Rodríguez Jiménez.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 24 de enero de 2007, expediente 31.433, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, reiterado por la Subsección A en providencia del 14 de febrero de 2019, expediente 59.886.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de abril de 2006, expediente 16079, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 24 de agosto de 1998, radicación 13685, C.P. Daniel Suárez Hernández.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de 15 de mayo de 2003, radicación 23205, C.P. Alier Hernández Enríquez, y sentencia del 21 de marzo de 2012, radicación 21986, C.P. Hernán Andrade Rincón.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 5 de julio de 2006, radicación 21051, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
Reglamentada por el Decreto 1716 de 2009, el cual fue compilado en el Decreto 1069 de 2015, "[p]or medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho".
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, providencia del 14 de febrero de 2019, expediente 59.886.
Folios 9-12, cuaderno 2.
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