Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2011-01570-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2011-01570-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2011-01570-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
14 de julio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 14 de julio de 2023
Radicado: 25000-23-26-000-2011-01570-01 (59.806)
Demandantes: Asociación Indígena del Cauca, AIC EPS – I
Demandado: Nación – Ministerio de la Protección Social y Nación –
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Referencia: Acción de reparación directa
Temas: reparación directa – nulidad y restablecimiento del derecho - fuente del daño – ineptitud
de la demanda – indebida escogencia de la acción – fallo inhibitorio
Síntesis del caso: la parte demandante solicitó la declaratoria de la responsabilidad del Estado
por el daño sufrido producto de los descuentos aplicados a los recursos que el FOSYGA debía
girarle, por considerar que fueron arbitrarios e ilegales.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, el 1 de febrero de 20171, que
declaró probada la excepción de inepta demanda por indebida escogencia
de la acción2.
Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante – 1.2. Posición de la parte demandada – 1.3.
Sentencia recurrida – 1.4. Recurso de apelación - 1.5. Trámite relevante en segunda instancia.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 16 de diciembre de 2011, la Asociación Indígena del Cauca, AIC EPS – I (en
adelante la Asociación) presentó demanda3, en ejercicio de la acción de
reparación directa, contra la Nación – Ministerio de Protección Social y la Nación
1 “FALLA:
PRIMERO: Declárese probada la excepción de inepta demanda por indebida escogencia de la acción, y
consecuentemente la Sala se inhibe para resolver de fondo el presente asunto.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: Ejecutoriada liquídense por Secretaría los gastos de proceso. Devuélvanse los remanentes al interesado.
Pasados dos (2) años sin que hubieren sido reclamados dichos remanentes, la Secretaría declarara la prescripción a favor
de la Rama Judicial.
CUARTO: Cumplido lo anterior, por Secretaría de esta Subsección ARCHIVESE el expediente dejando las
constancias del caso.”
2 El Consejo de Estado es competente para conocer los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias
dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 del
Código Contencioso Administrativo (CCA).
3 Folios 5 a 21 del Cuaderno 1.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-26-000-2011-01570-01(59.806)
Demandante: Asociación Indígena del Cauca, AIC EPS – I
Demandados: Nación – Ministerio de la Protección Social y
Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito
Público
Referencia: reparación directa
Decisión: confirma la declaratoria de indebida
escogencia de la acción
– Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el objeto de que se hicieran las
siguientes declaraciones y condenas (se trascribe):
“Primera. - Que la Nación - Ministerio de la Protección Social - Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y el Organismo de Administración Conjunta de la
Cuenta de Alto Costo - es administrativa y extracontractualmente responsable
de los perjuicios irrogados a la Asociación Indígena del Cauca - AIC-EPS-I, por los
descuentos arbitrarios que se le hicieron de los recursos que la cuenta
denominada Fosyga debía girar a la AIC-EPS-I por concepto de los afiliados que
esta EPS tiene en cada uno de los Municipios donde opera, descuentos que han
causado y siguen causando daño en su patrimonio al privarla injustamente de
los recursos con que debe asegurar la salud de la población indígena afiliada.
Segunda. - Como consecuencia de la declaración anterior la Nación - Ministerio
de la Protección Social, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pagará a la
Asociación Indígena del Cauca - AIC-EPS-1, por concepto de perjuicios
materiales, a título de daño emergente, causados dentro del lapso comprendido
entre la fecha efectiva de cada uno de los descuentos directos hasta la fecha
en que se efectúe el pago, los siguientes periodos de corte; (…) daño
emergente: $5.810.039.172,00 (…)
Tercera. - Como consecuencia de la declaración anterior la Nación - Ministerio
de la Protección Social Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pagará a la
Asociación Indígena del Cauca - AIC-EPS-I, por concepto de perjuicios
materiales a título de lucro cesante, consistente en la acusación de intereses de
mora entre la fecha efectiva de cada uno de los descuentos directos hasta la
fecha en que se efectúe pago, que ascienden a la suma de QUINIENTOS
MILLONES DE PESOS (500.000.0000) o la suma que probatoriamente, se
establezca dentro del proceso ordinario, o en el incidente que autoriza
liquidación de los mismos, que establece el artículo 308 del Código de
Procedimiento Civil, perjuicio sobre los cuales se liquidarán intereses desde la
fecha en que se produjo el daño.
Cuarta. - Que se condene, así mismo, a la Nación - Ministerio de la Protección
Social - Ministerio Hacienda y Crédito Público, a pagar a la Asociación Indígena
del Cauca - AIC-EPS-I, por concepto perjuicios morales, la suma de 500 salarios
mínimos legales mensuales vigentes, al momento de ejecutoria del fallo.
Quinta. - La Nación - Ministerio de la Protección Social - Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, cumplimiento a la sentencia que se profiera en el presente
proceso, en el término señalado en el artículo 176 del C.C.A., y reconocerá
intereses comerciales durante seis (6) meses siguientes a la ejecutoria este fallo y
moratorios, después de este término.”
2. La parte actora fundamentó sus pretensiones, en síntesis, en las siguientes
afirmaciones y hechos:
3. 1) El Ministerio de la Protección Social, luego de una operación administrativa
en la que participaron el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Organismo
de Administración de la Cuenta de Alto Costo, ordenó al FOSYGA realizar
descuentos, dirigidos a la cuenta de enfermedades de alto costo, de los recursos
correspondientes a la Asociación, para los periodos 2008, 2009 y 2010, por un
valor total de $5.810.039.177,00.
4. 2) Esos descuentos se ordenaron y efectuaron (se trascribe) “(…) en
aplicación de una norma expedida con posterioridad a las fechas de corte para
la entrega de información (…) resolución 4917 del 9 de diciembre de 2009,
expedida conjuntamente por los Ministerios de Protección Social y Hacienda y
Crédito Público, la cual en su artículo 3 ordenó la aplicación RETROACTIVA del
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Radicado: 25000-23-26-000-2011-01570-01(59.806)
Demandante: Asociación Indígena del Cauca, AIC EPS – I
Demandados: Nación – Ministerio de la Protección Social y
Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito
Público
Referencia: reparación directa
Decisión: confirma la declaratoria de indebida
escogencia de la acción
mecanismo de cálculo creado por la Resolución No. 3413 del 16 de septiembre
de 2009, sin que la aplicación retroactiva hubiera sido ordenada por la Ley 1122
de 2007 (…)”
5. 3) Con la participación del Ministerio de la Protección Social y del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público se violentó (se trascribe) “(…) el debido proceso
a la AIC EPSI en cuanto debió verificar que el computo de cero casos (incluido
en el artículo 3º del Decreto 3511 de 2009 que modificó para adicionar dicha
inciso en el artículo 6 del Decreto 2699 de 2007), no se podía aplicar
retroactivamente, tal como se efectuó al aplicar el artículo 3º de la resolución
No. 4917 del 09 de diciembre de 2009, causando con ello los perjuicios que se
esperan sean resarcidos en el presente proceso, al violar el artículo 9 del Decreto
2699 de 2007.”
6. 4) Resaltó que (se trascribe) “(…) la modificación del mecanismo de cálculo,
realizada por la resolución 4917 de 9 de diciembre del 2009, y su aplicación
retroactiva altera sustancialmente la situación AIC, EPS-I, porque aplicar cero (0)
casos, implica que debe pagar un mayor valor a la cuenta de alto costo, por
concepto de los periodos de cortes vencidos antes de la entrada en vigencia
del artículo 3 de la mencionada Resolución.”
7. 5) Además, (se trascribe) “(…) la Resolución 4917 de 2009 se expidió violando
el principio de legalidad y socavando la seguridad jurídica, ya que ha sido
tradición jurídica aceptada en nuestro país que el Acto Administrativo, lo mismo
que la ley, rige para el futuro y la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido
unánime en señalar que la irretroactividad del Acto Administrativo es uno de los
pilares del Estado de Derecho y sólo en forma excepcional pueden los actos
tener efecto hacia el pasado; (…)”
8. 6) En aplicación de la cuestionada Resolución 3413 de 2009, modificada por
la Resolución 4917 de 2009, el Organismo de Administración Conjunta de la
Cuenta de Alto Costo, en relación con los valores correspondientes a esa
cuenta, le notificó a la Asociación, mediante oficio CAC-531 del 5 de noviembre
de 2010, que para el año 2008 eran $941.061.606 y para el 2009 era
$2.126.077.565 y, mediante oficio CAC-586 del 3 de febrero de 2011, que para
2010 era de $2.742.900.101,06. Lo anterior, para un total de $5.810.039.172,
correspondientes a la cuantía de los perjuicios.
9. 7) Como consecuencias de la aplicación retroactiva del mecanismo de
cálculo para los descuentos, según lo previsto en la Resolución 4971 de 2009 y el
Decreto 3511 de 2009, se le causaron perjuicios económicos a la Asociación,
que (se trascribe) “(…) dificultan el cumplimiento de los estándares financiero
de margen de solvencia y patrimonio mínimo [obviando que] la asociación a la
Cuenta de Alto Costo era facultativa como se desprende de la lectura del
artículo 19 de la Ley 1122 de 9 de enero de 2007”.
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Demandados: Nación – Ministerio de la Protección Social y
Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito
Público
Referencia: reparación directa
Decisión: confirma la declaratoria de indebida
escogencia de la acción
1.2. Posición de la parte demandada
10. El Ministerio de Salud y Protección Social contestó la demanda4 y se opuso a
la prosperidad de las pretensiones porque había actuado en el marco de la
habilitación contenida en el Decreto 2699 de 2007, expedido conforme con lo
previsto en los artículos 19 y 25 de la Ley 1122 de 2007, que autorizó la creación
del mecanismo adicional de financiación para las patologías de algo costo y,
por tanto, la creación de la cuenta a la cual se transfirieron los recursos que se
descontaron al actor. Por lo tanto, las actuaciones gozan “(…) de presunción de
legalidad y no afectan la conservación de los pueblos indígenas, como lo
pretende hacer entender la parte actora (…)”.
11. Propuso como excepciones: i) la ineptitud sustantiva de la demanda, porque
la fuente del daño eran actos administrativos; ii) la obligación para la Asociación
de pertenecer y aportar a la cuenta de alto costo, según las mismas normas
citadas por el actor y que eran la fuente de ese deber de solidaridad; iii) la
improcedencia de perjuicios morales para una persona jurídica; iv) la ausencia
de daño antijurídico y v) la indebida escogencia de la acción.
12. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público contestó la demanda5 y se opuso
a la prosperidad de las pretensiones. Sostuvo que las actuaciones realizadas se
soportaban en la normativa vigente y, en términos sustanciales, relató las razones
por las que dichas normas fueron expedidas. En efecto, (se trascribe) “(…) de lo
que se trata es de compensar o redistribuir ex post las desviaciones presentadas
en periodos anteriores, por ello resulta lógico y necesario solicitar el reporte de
dichos periodos a las EPS, EPS-S, y EOC, sin que esto implique la aplicación
retroactiva de la ley, ni mucho menos una aplicación indebida o injustificada de
la misma. (…) la única manera de llevar a cabo una redistribución real de los
recursos que permitan compensar la desviación es teniendo en cuenta datos
del pasado, por lo que la Resolución 4917 de 2009 establece cortes de periodos
que permitan tener certeza de la información y la manera como se
comportaron los diferentes factores.”
13. Planteó como excepciones: i) la indebida escogencia de la acción, porque
se alegaba que los perjuicios derivan de normas que estaban dotadas de
presunción de legalidad; ii) la falta de legitimación por pasiva, porque los
descuentos no los ordenó el Ministerio; iii) la indebida interpretación del artículo
19 de la Ley 1122 de 2007; iv) la inexistencia de retroactividad del mecanismo
de cálculo de la cuenta de alto costo; v) la ausencia de obligación de consulta
a los pueblos indígenas y vi) la inexistencia de perjuicios morales de las personas
jurídicas.
4 Folios 129 a 150 del Cuaderno 1.
5 Folios 156 a 163 del cuaderno 1.
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Referencia: reparación directa
Decisión: confirma la declaratoria de indebida
escogencia de la acción
1.3. Sentencia recurrida
14. El 1 de febrero de 2017 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C, profirió sentencia de primera instancia6, en la que
declaró probada la excepción de inepta demanda por indebida escogencia
de la acción. En consecuencia, se inhibió para decidir de fondo.
15. Para el Tribunal, en virtud de los reproches de ilegalidad que el actor adujo
en los hechos y pretensiones de la demanda, respecto de los Decretos 2699 y
3511 de 2007 y las Resoluciones 3412 y 4917 de 2009, (se trascribe) “(…) la acción
de reparación directa no es la idónea cuando la fuente del daño es un acto
administrativo del que se refuta ilegalidad, por cuanto se impone su declaratoria
de nulidad y de cotera el medio idóneo es el de nulidad y restablecimiento del
derecho (…)”.
16. Resaltó que, además, la acción de reparación directa se ejerció el 16 de
diciembre de 2011, cuando (se trascribe) “(…) se había superado el término de
cuatro (4) meses, previsto para promover la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, y de contera encontraba caduca, como quiera
que los descuentos (…) se realizaron el 30 de agosto de 2008, el 30 de junio de
2009 y el 30 de junio de 2010.” En línea con lo anterior, encontró que (se trascribe)
“(…) el contencioso objetivo contra los Decretos 2699 de 2007 y 355 de 2009 y la
Resolución 4917 de 2009, se promovió con posterioridad al 16 de diciembre de
2011 y, por consiguiente, en contexto del mismo era improcedente pretensión o
efecto resarcitorio.”
17. Por último, consideró que, contrario a lo planteado por el actor, en el caso
no se configuró daño especial porque (se trascribe) “(…) conforme a la realidad
procesal y tesis de la demanda, no se trata de un perjuicio derivado de decisión
legitima de la administración que aparejó el rompimiento de las cargas públicas,
sino que se refuta la ilegalidad de la decisión unilateral de la administración
contenida (…)”, en los actos administrativos referidos.
1.4. Recurso de apelación
18. El 9 de febrero de 2017 la parte demandante presentó recurso de apelación7
en el que se opuso a la decisión de primera instancia por considerar que el
artículo 86 del CCA, en relación con la acción de reparación directa es
procedente cuando “(…) el daño antijurdico ocasionado al demandante es
producto de la aplicación de actos administrativos de carácter general, sin que
entre estos y el daño haya mediado un acto administrativo de carácter
particular y concreto, situación que configura una operación administrativa
(…)”
6 Folios 357 a 361 del cuaderno del Consejo de Estado.
7 Folios 363 a 370 del cuaderno del Consejo de Estado.
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Público
Referencia: reparación directa
Decisión: confirma la declaratoria de indebida
escogencia de la acción
19. Indicó que, con ocasión de los actos administrativos relacionados en la
demanda, se generaron perjuicios a la demandante por “(…) los descuentos
arbitrarios, que la privaron injustamente de los recursos de salud con los que
debía asegurar a la población afiliada.” Y, en relación con la indebida
escogencia de la acción, indicó que “(…) el apoderado del Ministerio propuso
la excepción de indebida escogencia de la acción y la fundamentó sobre el
hecho de que debía haberse demandado en ejercicio de la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho, no obstante, en ningún aparte se refirió a la
existencia de algún acto administrativo de carácter particular y concreto, así
como tampoco aportó prueba documental que permitiera establecer la
existencia de tal acto administrativo.”
20. Reiteró que, con ocasión de lo anterior, la parte actora, en otro proceso
judicial tramitado ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de esta Corporación, bajo el radicado No. 11001-03-24-000-2011-
00402-00, demandó “(…) la nulidad de los apartes del decreto y de la resolución
de carácter general contrarios al ordenamiento legal superior, (…) logrando la
suspensión provisional del artículo 3º de la Resolución 4917 de 2009, (…) para
luego obtener en la acción de reparación directa la reparación del daño.” E,
indicó que, para la fecha de presentación de la apelación, estaba pendiente
la sentencia en ese proceso de nulidad.
1.5 Trámite relevante en segunda instancia
21. En el recurso de apelación se solicitó que se tuviera como prueba “(…) copia
del memorial de corrección de la demanda en tres (3) folios (…)” y, mediante
Auto del 9 de abril de 2018, se negó dicha solicitud probatoria8.
22. En la oportunidad para alegar de conclusión la parte demandante y el
Ministerio Público guardaron silencio9. A su turno, el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, en escrito del 30 de mayo de 2018, reiteró que, conforme con
las pretensiones de la demanda, la reparación del eventual daño alegado sólo
era procedente previa declaratoria de nulidad de los actos que se
consideraban arbitrarios10.
23. Por último, mediante escrito del 30 de mayo de 2018 la Administradora de los
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) presentó
alegatos y solicitó sucesión procesal de la Nación – Ministerio de Salud y
Protección Social11, la cual fue aceptada mediante Auto del 27 de noviembre
de 201812. Como argumentos de conclusión reiteró la configuración de la
8 Folio 383 del Cuaderno del Consejo de Estado.
9 Folio 413 del cuaderno del Consejo de Estado.
10 Folios 411 y 412 del Cuaderno del Consejo de Estado.
11 Folios 386 a 393 del Cuaderno del Consejo de Estado.
12 Folios 418 a 420 del Cuaderno del Consejo de Estado.
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Público
Referencia: reparación directa
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escogencia de la acción
indebida escogencia de la acción pues el actor cayó en “(…) confusión
respecto de los efectos de la providencia que decreta la suspensión provisional,
ya que la decisión adoptada, en ese sentido, no implica en momento alguno el
prejuzgamiento y mucho menos, es una providencia que declare de manera
definitiva la nulidad del acto administrativo demandado (…)”.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia – 2.2. Presupuestos procesales – 2.3. Condena en costas
2.1. Síntesis de la controversia
24. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia porque, al igual que el
Tribunal, encuentra probada la excepción de indebida escogencia de la
acción. En consecuencia, se inhibirá de fallar de fondo, toda vez que se
presentó una acción de reparación directa, que no resultaba procedente en
esta controversia, en virtud de la fuente del daño.
2.2. Presupuestos procesales
25. Para solucionar el caso concreto y evaluar la configuración de la
responsabilidad patrimonial del Estado es necesario recordar que, para esta
Corporación, en términos generales, el medio de control a elegir por el
demandante depende de la fuente u origen del daño que el actor pretende
que le sea reparado y/o de la naturaleza del acto que pretende controvertir13.
26. En aplicación de dicha construcción, se evidencia que la parte
demandante, tanto en la demanda como en la apelación, afirmó que el daño
se derivó de una operación administrativa, de ejecución de actos
administrativos de carácter general, en la que participaron el Organismo de
Administración Conjunta de la Cuenta de Alto Costo, el Ministerio de la
Protección Social y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En concreto,
según la demandante (se trascribe) “(…) la operación administrativa consistente
en realizar descuentos a la AIC-EPS-I a períodos de corte anteriores a la entrada
en vigencia de los actos administrativos generales expedidos conjuntamente
por los Ministerios de la Protección Social y de Hacienda y Crédito Público
13 En Sentencia de 4 de junio de 2019 (Exp. 43.758), esta Subsección sostuvo: “El ordenamiento jurídico colombiano
distinguió la procedencia de las acciones a partir del origen del daño, reservando la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho, a aquellos eventos en los que los perjuicios alegados sean consecuencia de un acto administrativo y, la
acción de reparación directa, para los que encuentren su fuente en un hecho, omisión u operación administrativa. Sin
embargo, la regla aludida encuentra dos excepciones claras en la jurisprudencia: la primera, referente a los daños que
se hubieren causado por un acto administrativo legal y, la segunda, relacionada con los daños cuya fuente sea la
ejecución de un acto administrativo que haya sido objeto de revocatoria directa o de anulación por parte de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
(…)
La Sala ha reconocido la viabilidad de la acción de reparación directa por los perjuicios causados por la expedición de
un acto administrativo cuya legalidad no se discute en el curso del proceso, toda vez que, reconoce que el ejercicio de
la función administrativa, ajustado al ordenamiento jurídico, puede generar un rompimiento del equilibrio de las cargas
públicas y, en esta hipótesis, la procedencia de la acción de reparación directa depende principalmente de la ausencia
de cuestionamiento respecto de la legalidad del acto administrativo que generó los perjuicios alegados por la parte
actora”.
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Referencia: reparación directa
Decisión: confirma la declaratoria de indebida
escogencia de la acción
violaron el artículo 29 C.P., (…) que exige como garantía para los ciudadanos
que preexista la norma, en este caso el acto administrativo, a la conducta
omisiva imputada, es decir el no reporte de información a la Cuenta de Alto
Costo. No podía retrotraerse hacía el pasado el efecto de la resolución 4917 de
9 de diciembre de 2009, reglamentaria del Decreto 2699 de 2007, modificado
por el Decreto 35l1 de 14 de septiembre de 2009, norma última que introdujo la
sanción de ceros casos para las entidades que presenten la información en los
periodos señalados en la resolución No. 00173 del 28 de enero de 2009.”
27. Sin embargo, la Sala encuentra que la fuente directa14 del daño15, tal como
el demandante lo afirmó, fue la aplicación misma de las reglas de cálculo y
descuento previstos en los actos administrativos que relacionó, no una
operación administrativa. En efecto, el actor efectuó reproches de ilegalidad a
las Resoluciones 3414 y 4917 de 2009, expedidas conjuntamente por el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de la Protección Social, y a las
decisiones del Organismo de Administración Conjunta de la Cuenta de Alto
Costo, comunicadas mediante oficios CAC-531 de 2010 y CAC-586 de 2010 por
considerar que “(…) no podían aplicarse a los periodos comprendido en la fase
I y II, porque sus efectos no son retroactivos ya que no existe norma legal que lo
autorizara y aplicarlos retroactivamente contraria el principio de legalidad y de
irretroactividad, tanto de la ley como de los actos administrativos generales.”16
28. Precisamente, en sentir del actor, en desarrollo de los artículos 19 y 25 de la
Ley 1122 de 2007 y de los Decretos 2699 de 2007 y 3511 de 2009, la Resolución
4917 de 2009 (se trascribe) “(…) se expidió violando el principio de legalidad y
socavando la seguridad jurídica, ya que ha sido tradición jurídica aceptada en
nuestro país que el Acto Administrativo, lo mismo que la ley, rige para el futuro
(…) y sólo en forma excepcional pueden los actos tener efecto hacia el pasado;
para ello es necesario que medie siempre autorización de la ley (…)”17
29. En relación con los descuentos que le fueron comunicados, la Asociación
consideró que (se trascribe) “(…) se hicieron en aplicación de una norma
expedida con posterioridad a las fechas de corte para la entrega de la
información base para aplicar el mecanismos de cálculo, esta norma es la
resolución 4917 del 9 de diciembre de 2009 (…) la cual en su artículo 3 ordenó la
aplicación retroactiva del mecanismo de cálculo creado por la resolución 3441
del 16 de septiembre de 2009, sin que la aplicación retroactiva hubiera sido
ordenada por la Ley 1122 de 2007, que dio facultades al Gobierno Nacional
14 “Debe recordarse que, en materia de lo contencioso administrativo, de una parte, la fuente del daño que se afirma
irrogado es la que determina la acción idónea o procedente a efectos de lograr la consideración del asunto por parte
del juez, y ello a su vez, fija la técnica apropiada en la formulación de las pretensiones y la oportunidad en el tiempo para
hacerlas valer.” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 3 de febrero
de 2010, Exp.19.417.
15 Las condiciones de existencia del daño son “(…) los elementos necesarios para que el daño exista. Se menciona
entonces que el daño debe ser personal, directo y cierto. El carácter directo del daño se explica con base en la distinción
entre daño y perjuicio: el daño es entendido como la alteración material exterior y el perjuicio como las consecuencias
de dicha alteración; el carácter directo es entendido como el hecho de que el perjuicio provenga o sea consecuencia
del daño.” Corte Constitucional, Sentencia C-043 de 2004, exp. D-4695
16 Hechos 4, 14 a 23 de la demanda, Folios 7, 25 a 28 del Cuaderno 1.
17 Fundamentos de derecho de la demanda, Folio 14 del Cuaderno 1.
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Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito
Público
Referencia: reparación directa
Decisión: confirma la declaratoria de indebida
escogencia de la acción
para crear un mecanismo para redistribuir los costos financieros de patologías
de alto costo”18.
30. Para la Sala es claro que la fuente del daño no fue una operación
administrativa, toda vez que las actividades desplegadas por distintas
administraciones públicas del Estado colombiano, involucradas en la creación,
reglamentación y ejecución del régimen de la Cuenta de Alto Costo, no pueden
ser catalogadas como tal. En efecto, como se resaltó en otra oportunidad19, a
pesar del desatinado nacimiento de la figura de la operación administrativa,
como una respuesta a una necesidad procesal, justificada en casos complejos
donde el daño provenía de un acto o un hecho administrativo, ella “(…)
comprende las medidas de ejecución de una o varias decisiones
administrativas, sin que puedan considerarse desligadas de estas en su alcance
o contenido y, esto es así, porque es el acto administrativo el que delimita los
poderes de ejecución de la decisión que se pretende materializar con la
operación administrativa.”
31. Precisamente, con el fin de evitar confusiones en los eventos limítrofe entre
las categorías susceptibles de control judicial, esta Corporación ha considerado
que, para la procedencia de la acción de reparación directa por operaciones
administrativas, es imprescindible que el daño tenga como fuente “(…) la
ejecución irregular de la actuación administrativa, (i) cuando se ejecuta una
decisión que no está en firme o (ii) cuando la ejecución desborda los parámetros
contenidos en el acto administrativo. Cuando la fuente del daño no es la
ejecución material, sino el acto administrativo, la acción procedente es la
nulidad y restablecimiento del derecho.”20.
32. La Sala considera que en el presente caso no se está frente a alguno de los
supuestos indicados, sino frente a daños que, según el relato de la parte
demandante, provienen, propiamente, de los actos administrativos generales,
que previeron, y particulares, que aplicaron, la fórmula de cálculo de los
descuentos que se le efectuaron a la Asociación. Además, otro elemento
demostrativo de que la fuente del daño alegado por el actor no fue una
operación administrativa, sino los referidos actos administrativos, es la “petición
especial”, contenida en la demanda21, de aplicar la excepción de ilegalidad
parcial, por un lado, del artículo 2 del Decreto 2699 de 2007, modificado y
adicionado por el Decreto 3511 de 2009, pues (se trascribe) “(…) mediante la
expresión “la totalidad de” violó el artículo 19 de la Ley 1122 de 2007 (…)
convirtiendo en obligación legal lo que era facultad potestativa (…)” y, por otro
18 Hecho 18 de la demanda. Folios 26 y 27 del Cuaderno 1.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 30 de mayo
de 2019, Exp. 35.783.
20 Posición consolidada en esta Corporación, ver, entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Sentencia del 17 de agosto de 1995, Exp. 7.095; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 23 de agosto de 2001, Exp.13.344; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 28 de mayo de 2012, Exp. 22.276; Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 13 de julio de 2022, Exp. 53.420.
21 Folios 14 a 19 del Cuaderno 1.
9 de 11
Radicado: 25000-23-26-000-2011-01570-01(59.806)
Demandante: Asociación Indígena del Cauca, AIC EPS – I
Demandados: Nación – Ministerio de la Protección Social y
Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito
Público
Referencia: reparación directa
Decisión: confirma la declaratoria de indebida
escogencia de la acción
lado, del artículo 3 de la Resolución 3413 de 2009, modificada por la
Resolución 4917 de 2009, porque (se trascribe) “(…) establece que la Resolución
3413 de 2009 con las modificaciones realizadas, debe aplicarse
retroactivamente a los periodos anteriores (…) se violó el artículo 19 de la Ley
1122 de 2007 (…)”.
33. Entonces, la Sala encuentra que el demandante, por un lado, planteó
reproches de ilegalidad de los actos administrativos generales que habilitaron la
creación de la Cuenta de Alto Costo y la fórmula de los descuentos efectuados
a la Asociación y, a pesar de que en la apelación indicó que no le notificaron
actos administrativos particulares, en la demanda efectuó claros reproches
contra las comunicaciones particulares que contenían la relación de los
descuentos, a cargo de la Asociación, correspondientes a los años 2008, 2009 y
2010 y, por otro lado, no determinó, ni probó, las actuaciones administrativas
que se ejecutaron de manera anticipada a la firmeza de esas decisiones o que
desbordaron los términos contenidos en ellas, de forma tal que esa ejecución
irregular se pudiera calificar como operación administrativa.
34. Por lo tanto, para la Sala resulta claro el demandante atribuyó el daño
sufrido, no a una operación administrativa, sino a la ilegalidad de los actos
administrativos que regulan los descuentos dirigidos a la Cuenta de Alto Costo y
a las decisiones particulares que los aplicaron en su caso. Por lo tanto, según la
jurisprudencia consolidada de esta Corporación, dado que la fuente del daño
no fue una operación administrativa, producto de la ejecución material de un
acto administrativo, sino unos precisos actos administrativos, la acción
procedente era la nulidad y restablecimiento del derecho22, y no la de
reparación directa.
35. De este modo, debe resaltarse que la solución del caso no puede desligarse
del juicio de legalidad que se debería realizar a los actos administrativos que
regulaban los descuentos aplicados a la Asociación o de las decisiones que
aplicaron los descuentos específicos, pues en la demanda existen claros
reproches de ilegalidad23. Por ello, la Sala encuentra probada la excepción de
indebida escogencia de la acción, según lo plantearon los Ministerios
demandados, en las respectivas contestaciones de la demanda.
36. Por lo anterior, a esta Corporación no le es posible emitir un pronunciamiento
de fondo porque, en cualquier caso, la Sala no podría decidir en contra de lo
establecido en los actos administrativos no demandados por el actor. En otras
palabras, la ausencia de una pretensión de nulidad en contra de los referidos
actos administrativos hace improcedente cualquier análisis de fondo sobre la
responsabilidad patrimonial de los Ministerios demandados y no permite que el
22Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 26 de enero
de 2023, Exp. 52.145; Subsección B, Sentencia de 2 de junio de 2021, exp. 49644; Subsección B, Sentencia de 26 de julio
de 2021, exp. 50195, entre otras.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 5 de marzo
de 2021, exp. 47467,
10 de 11
Radicado: 25000-23-26-000-2011-01570-01(59.806)
Demandante: Asociación Indígena del Cauca, AIC EPS – I
Demandados: Nación – Ministerio de la Protección Social y
Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito
Público
Referencia: reparación directa
Decisión: confirma la declaratoria de indebida
escogencia de la acción
juez realice algún tipo de interpretación o adecuación de las pretensiones
planteadas.
37. En conclusión, al permanecer incólume el contenido de tales actos
(generales y particulares), se configuró el fenómeno de la inepta demanda, lo
cual, con base en la reiterada jurisprudencia de esta Corporación, da lugar a
un fallo inhibitorio24, sin que ello implique denegación de justicia en contra del
demandante, pues el juez tiene un deber legal de respetar la presunción de
legalidad de los actos administrativos, con la cual se persigue, además, la
protección de la integridad y congruencia de las decisiones administrativas25.
2.2. Sobre la condena en costas
38. La Sala se abstendrá de condenar en costas, pues no se configuran los
supuestos del artículo 171 del CCA.
3. DECISIÓN
39. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia del 1 de febrero de 2017, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, según
las consideraciones expuestas.
SEGUNGO: NO CONDENAR en costas en esta instancia.
Por Secretaría, una vez ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección
24 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia
de 26 de enero de 2022, exp. 50664; Subsección A, Sentencia de 30 de mayo de 2019, exp. 38965; Subsección B, Sentencia
de 13 de mayo de 2019, exp. 38965; Subsección A, Sentencia de 14 de marzo de 2018, exp. 55671.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 26 de enero
de 2022, exp. 50.664.
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