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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2012-00053-02

Fecha
27 de febrero de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2012-00053-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 15 de abril de 2020, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, negó las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. En su lugar, DECLARAR la caducidad de la acción de reparación directa formulada por los señores Andrés José Pajón Samper, Rosa Samper Pieschacón y Catalina Gabriela Samper de Strautman, en contra de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. SEGUNDO: Sin condena en costas por la segunda instancia. TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, una vez ejecutoriada la presente providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2012-00053-02

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

27 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente (e): FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 25000-23-26-000-2012-00053-02 (67.840)
Demandante: Andrés José Pajón Samper y otros
Demandado: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
E.S.P.
Referencia: Reparación directa

Tema: Responsabilidad extracontractual del Estado – ocupación de bienes –
reglas para el cómputo de la caducidad en los eventos en que se demanda por la
ocupación jurídica y material de un bien inmueble.

1. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 15 de abril de 2020, por medio de la cual el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, denegó las
pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

2. Se pretende la declaratoria de responsabilidad extracontractual de la Empresa
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., con fundamento en la presunta
omisión en la negociación y adquisición oportuna del inmueble identificado con la
matrícula inmobiliaria 50C-452429, así como por la ocupación material y
permanente de dicho bien para la ejecución de una obra pública.

ANTECEDENTES

3. El 17 de enero de 20121 los señores Andrés José Pajón Samper, Rosa Samper
Pieschacón y Catalina Gabriela Samper de Strautman presentaron demanda de
reparación directa contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
E.S.P. (en adelante, EAAB), con el fin de que se declare su responsabilidad
patrimonial por los perjuicios presuntamente ocasionados, tanto por la omisión en
la negociación y adquisición oportuna del inmueble identificado con la matrícula
inmobiliaria No. 50C-452429, como por la ocupación permanente del bien con
ocasión de la ejecución de la obra derivada de la declaratoria de zona de utilidad
pública contenida en la Resolución No. 0308 de 1995, proferida por la accionada.
Específicamente, en la demanda se pretendió2:

PRIMERA: Declarar que la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE BOGOTA E. S. P., es administrativamente

1
Fl. 41 vto. C. 1.
2
A lo largo de la presente providencia se incorporan algunas transcripciones del contenido de determinados
actos procesales, las cuales reproducen fielmente su tenor literal, aun cuando puedan contener eventuales
yerros formales en su redacción.

Radicación: 25000-23-36-000-2012-00053-02 (67.840)
Demandante: Andrés José Pajón Samper y otros
Demandado: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
E.S.P.
Referencia: Reparación directa

Responsable por los perjuicios patrimoniales ocasionados a mis
Representados, por LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS realizada, para
dar acatamiento al ACTO ADMINISTRATIVO contenido en la Resolución 0308
de 1995, por no haber concretado dentro del tiempo y oportunidad previstos
por la Ley, la negociación y compra del inmueble con matrícula inmobiliaria No.
50C-452429 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá -
Zona Centro, dejando indefinidamente inscrita Oferta de Compra en el folio de
matrícula referido, impidiendo con dicha inscripción, que sus propietarios en
ejercicio del derecho pleno de propiedad, hubieren ejercido facultad dispositiva
plena para enajenarlo, al menos en ese momento por el valor de la oferta de
compra que se inscribió el 01 de agosto de 1996, por la suma de $
234.336.000.00 moneda corriente, o el comercial que tuviere el predio para el
año 2.011, como consecuencia de los 13 años y 4 meses que tardó la referida
EMPRESA para concretar su compra o la del área afectada materialmente con
las obras en él ejecutadas, lo cual ocurrió el día 1 de diciembre de 2.009, al
firmarse en la Notaría 69 del Círculo de Bogotá D. C., la Escritura Pública No.
2.635, que contiene la compraventa forzada del referido predio.

Este perjuicio consiste en la pérdida del valor del bien inmueble en sí mismo
considerado, con ocasión del despliegue de las Operaciones Administrativas
adelantadas por la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTÁ E. S. P., en donde sobre el inmueble se mantuvo en el tiempo de
manera indefinida, abierta y sin concretar una Oferta de Compra, además
porque Aquella, en uso de sus facultades legales, LE CAMBIÓ LA
DESTINACIÓN AL INMUEBLE DE URBANIZABLE, A NO URBANIZABLE,
mediante un acto legítimo; también desvió el margen del río para su
canalización y terraceo Y CONVIRTIÓ EL INMUEBLE EN UN BIEN DE USO
PÚBLICO, PERDIENDO SU NATURALEZA INICIAL COMO BIEN
PATRIMONIAL DE USO PRIVADO. Por lo tanto, se debe proceder a
indemnizar los daños y perjuicios, porque no es justo que mis Mandantes deban
soportar la mayor carga, toda vez, que éstas deben ser equilibradas, en el
sentido de que todos los ciudadanos deben soportar las mismas cargas
impuestas, sin ningún perjuicio.

SEGUNDA: Declarar igualmente, que la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE BOGOTA E. S. P., es administrativamente
Responsable por los perjuicios patrimoniales ocasionados a mis
Representados, por LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS realizada, para
dar acatamiento al ACTO ADMINISTRATIVO contenido en el Resolución 0308
de 1995, por no haber concretado dentro del tiempo y oportunidad previstos
por la Ley, la negociación y compra del inmueble con matrícula inmobiliaria No.
50C-452429 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá -
Zona Centro, porque paralelamente al mantener indefinidamente inscrita la
oferta de compra como se señaló en la DECLARACIÓN PRIMERA, a la vez
AGRAVÓ ESTA SITUACIÓN, CON LA OCUPACIÓN PERMANENTE DEL
INMUEBLE EN CUESTIÓN, al recibirlo materialmente para la ejecución de
las obras proyectadas, por virtud de la entrega física y voluntaria que autorizó
el JUZGADO SEXTO DE FAMILIA DE BOGOTÁ, la cual se llevó a efecto el día
16 de abril de 1.997, como consta en el: "ACTA DE AUTORIZACIÓN PARA
EJECUCIÓN DE OBRAS DE CANALIZACIÓN Y TERRACEO DEL RÍO
SALITRE EN EL PREDIO SAN JOAQUIN - MATRICULA INMOBILIARIA No.
50C-0452429, de 16 de abril de 1.997, suscrita con el Doctor HERNANDO
MEDELLÍN H., quien en ese entonces era el Director de Bienes Raíces de la
mentada EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.
S. P., es decir, que entre el 16 de abril de 1.997 y hasta el 1 de diciembre de
2.009, cuando se suscribió la Escritura Pública No. 2.635 referida, que contiene
la compraventa forzada del área de terreno ocupada, realizándose en esa fecha
la entrega material y formal del inmueble, la referida EMPRESA tuvo en su
poder la tenencia exclusiva de todo el inmueble, esto es, sin permitir el acceso
a mis Representados para su explotación económica, por espacio de 12 años,
7 meses y 14 días.

2

Radicación: 25000-23-36-000-2012-00053-02 (67.840)
Demandante: Andrés José Pajón Samper y otros
Demandado: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
E.S.P.
Referencia: Reparación directa

Este perjuicio consiste no solo en la pérdida del valor del bien inmueble en sí
mismo considerado, con ocasión del despliegue de las Operaciones
Administrativas adelantadas por la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E. S. P., en donde sobre el inmueble, no solo
se mantuvo en el tiempo de manera indefinida, abierta y sin concretar una
Oferta de Compra, sino que además, SE LE IMPIDIÓ A MIS
REPRESENTADOS SU EXPLOTACIÓN ECONÓMICA, USO, GOCE Y
DISFRUTE POR ESPACIO DE 12 AÑOS, 7 MESES Y 14 DÍAS, cambiándole
en ese lapso, en uso de sus facultades legales, LA DESTINACIÓN AL
INMUEBLE DE URBANIZABLE, A NO URBANIZABLE, mediante un acto
legítimo; también desvió el margen del río para su canalización y terraceo,
entrando en posesión material sobre la totalidad del predio y también desvió el
margen del río para su canalización y terraceo Y CONVIRTIÓ EL INMUEBLE
EN UN BIEN DE USO PÚBLICO, PERDIENDO SU NATURALEZA INICIAL
COMO BIEN PATRIMONIAL DE USO PRIVADO y por ende, despojándolos de
toda posibilidad de explotación económica futura, lo que implicó para mis
Representados una carga mayor; por lo tanto, se debe proceder a indemnizar
los daños y perjuicios, porque no es justo que mis Mandantes deban soportar
la mayor carga, toda vez, que éstas deben ser equilibradas, en el sentido de
que todos los ciudadanos deben soportar las mismas cargas impuestas, sin
ningún perjuicio (…)” (énfasis añadido).

4. Además, se pretendió el reconocimiento de perjuicios materiales por cada una
de las fracciones de terreno descritas con su correspondiente afectación, así:
4.855´323.800 por los 10.910,84 m2 correspondientes a la “zona de manejo
ambiental”; 662´998.000 por los 1.444,30 m2 afectados con la “denominada zona
cuerpo de agua o lecho de río”; 1.137´739.728 por los 10.122,87 m2 de la “zona
urbanizable” y 222´611.993 por los frutos civiles dejados de percibir entre el 16 de
abril de 1997 y el 1° de diciembre de 2009.

5. Como fundamento fáctico de la demanda, en síntesis, se expuso que el 16 de
septiembre de 1927, el señor Fernando Samper Madrid adquirió por compraventa
el predio denominado San Joaquín, el cual se encuentra identificado con
matrícula inmobiliaria No. 50C-452429 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Bogotá - Zona Centro.

6. El 9 de agosto de 1995, el Gerente General de la EAAB expidió la Resolución
No. 0308, por medio de la cual se declaró zona de utilidad pública e interés social
necesaria para ejecutar el proyecto “Canalización del río Salitre, en el sector
comprendido entre la avenida 68 y la avenida Quirigua”. En ese mismo acto
anunció el inicio del trámite de adquisición de los predios requeridos para dicha
obra, entre los cuales se encontraba el inmueble previamente señalado, que para
entonces integraba la universalidad de bienes de la sucesión intestada del señor
Fernando Samper Madrid, en trámite ante el Juzgado Sexto de Familia de Bogotá.

7. En cumplimiento de la Resolución No. 0308, el 28 de mayo de 1996 se inscribió
en el folio de matrícula No. 50C-452429 la oferta de compra. Además, la EAAB
solicitó ante el despacho judicial que adelantaba la sucesión, la entrega material
del predio declarado de utilidad pública. El Juzgado Sexto de Familia accedió a
dicha solicitud y dispuso la entrega total del inmueble a la hoy demandada.

8. El 29 de noviembre de 1996, el mencionado juzgado aprobó el trabajo de
partición y adjudicación, excluyendo el área correspondiente al lote sobre el que
recaía la afectación de utilidad pública. Esta decisión se protocolizó el 9 de abril

3

Radicación: 25000-23-36-000-2012-00053-02 (67.840)
Demandante: Andrés José Pajón Samper y otros
Demandado: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
E.S.P.
Referencia: Reparación directa

de 1997 mediante Escritura Pública No. 1442 de la Notaría Catorce del Círculo
de Bogotá D.C.

9. Posteriormente, el Juzgado Sexto de Familia requirió de manera reiterada a la
EAAB para que remitiera información acerca de la culminación de las obras de
canalización. El 15 de agosto de 2006, la referida empresa informó que la obra
civil estaba terminada, de manera que el 30 de noviembre siguiente se profirió
sentencia adicional para incluir en el trabajo de partición y adjudicación la totalidad
del área del inmueble con matrícula 50C-452429, debido a que hasta ese
momento la EAAB no había adquirido el inmueble. En virtud de esta decisión los
demandantes se hicieron dueños del predio objeto de litigio.

10. El 27 de mayo de 2009, la EAAB comunicó a los hoy accionantes -en su
calidad de nuevos propietarios- las condiciones técnicas y jurídicas de las obras
realizadas en el predio y precisó que el área que resultó finalmente afectada por
la declaratoria de utilidad pública era de 22.548,05 m².

11. En ese contexto, el 18 de junio de 2009 la demandada le notificó
personalmente la oferta de compra y el avalúo del predio a sus dueños, fijado en
$3.682´440.000. El mismo día, los accionantes suscribieron con la demandada
un contrato de promesa de compraventa, así como el acta de protocolización de
la autorización para ejecutar la obra de canalización, en la cual la EAAB especificó
que ostentaban la tenencia material del predio desde el 16 de abril de 1997.

12. El 1° de diciembre de 2009 se suscribió entre las partes que hoy se
encuentran en litigio la Escritura Pública No. 2635 ante la Notaría Sesenta y
Nueve del Circuito de Bogotá D.C., mediante la cual se protocolizó la
transferencia a la EAAB de una parte del lote afectado por la Resolución No. 0308
de 1995. En el mismo documento se dejó constancia del acta de entrega del
inmueble, que da cuenta de que el área finalmente afectada correspondió al 99%
del predio en cuestión.

13. En relación con estos hechos, los accionantes sostuvieron que los perjuicios
cuya reparación solicitan se originaron en el hecho de que la EAAB no concretó
“dentro del tiempo y oportunidad previstos por la Ley, la negociación y compra del
inmueble con matrícula inmobiliaria No. 50C-452429 (…), dejando
indefinidamente inscrita [la] Oferta de Compra en el folio de matrícula referido,
impidiendo con dicha inscripción, que sus propietarios en ejercicio del derecho
pleno de propiedad, hubieren ejercido facultad dispositiva plena para
enajenarlo”3.

14. Asimismo, endilgan responsabilidad a la demandada, porque ocupó
materialmente el inmueble para la ejecución de las obras de canalización del río
Salitre desde el 16 de abril de 1997 -fecha en la que el Juzgado Sexto de Familia
autorizó su entrega material-, hasta el 1º de diciembre de 2009 -día en que se
protocolizó la enajenación voluntaria del mismo-. Durante ese lapso, según los
demandantes, la entidad mantuvo la tenencia exclusiva del predio e impidió
cualquier aprovechamiento económico por parte de los propietarios, al no
concretar oportunamente la compra del referido inmueble.

3
Fl. 22 C. 1.

4

Radicación: 25000-23-36-000-2012-00053-02 (67.840)
Demandante: Andrés José Pajón Samper y otros
Demandado: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
E.S.P.
Referencia: Reparación directa

Trámite relevante en primera instancia

15. Mediante proveído del 22 de marzo de 20124, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca admitió la demanda.

16. La EAAB se opuso a las pretensiones5. Para el efecto, precisó que cualquier
afectación derivada de las obras relacionadas con la zona de utilidad pública
declarada mediante la Resolución No. 0308 de 1995 fue debidamente
compensada a través del acuerdo de enajenación voluntaria celebrado con los
demandantes, negocio jurídico que se perfeccionó con fundamento en un avalúo
comercial elaborado por una firma especializada, cuyo resultado sirvió de base
para fijar el precio que pagó por el predio.

17. La entidad refutó, además, la alegada pérdida de destinación económica del
predio, al señalar que las hipótesis planteadas por los demandantes sobre
posibles usos urbanísticos carecen de sustento fáctico y jurídico, toda vez que la
situación de predios colindantes no es determinante respecto del inmueble objeto
de litigio. Explicó que no obra prueba alguna que permita concluir que el predio
habría adquirido una destinación distinta de no haberse ejecutado la obra pública,
ni que tal consideración haya influido en la negociación voluntaria adelantada, la
cual se desarrolló con plena autonomía respecto de supuestos escenarios de
desarrollo urbano que nunca hicieron parte del acuerdo entre las partes.

18. Además, consideró que la demanda fue extemporánea, para lo cual se limitó
a señalar que “deberá declararse la caducidad debido a que se superaron los dos
(2) años que determina la Ley para iniciar la acción de reparación directa”6.

Sentencia de primera instancia

19. En providencia del 15 de abril de 20207, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, negó las pretensiones de la
demanda, al considerar que no se configuró un daño antijurídico imputable a la
EAAB.

20. Para arribar a tal conclusión, en primer lugar, descartó la alegada disminución
del valor comercial del predio, al constatar que el área afectada por la declaratoria
de utilidad pública fue enajenada voluntariamente por los demandantes por un
valor de $3.682´440.000, suma fijada con base en un avalúo practicado en el
2009. Este hecho, a juicio del a quo, desvirtúa que hubiese existido pérdida
patrimonial distinta de la ya compensada mediante el precio pagado.

21. Además, la Sala determinó que la supuesta limitación al derecho de propiedad
no se acreditó. Señaló que al momento de la declaratoria de utilidad pública en
1995 y de la inscripción de la oferta de compra en 1996, el predio no registraba

4
Fl. 44 C. 1.
5
Fl. 48 C. 1.
6
Fl. 61 C. 1.
7
“PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de CADUCIDAD del medio de control de reparación directa,
por las razones expresadas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: No condenar en
costas. TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por secretaría DEVUÉLVASE al interesado sin
necesidad de desglose los anexos y el remanente de la suma que se ordenó para gastos del proceso si la
hubiere, déjese constancia de dicha entrega y ARCHÍVESE el expediente”. Índice 48 de SAMAI del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

5

Radicación: 25000-23-36-000-2012-00053-02 (67.840)
Demandante: Andrés José Pajón Samper y otros
Demandado: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
E.S.P.
Referencia: Reparación directa

explotación económica ni actividad urbanística efectiva que permitiera concluir
que los propietarios dejarían de percibir ganancias ciertas. Subrayó que la
expectativa de urbanización alegada por los actores no estaba demostrada y no
podía inferirse de la situación de otros predios colindantes.

22. También resaltó que los demandantes adquirieron el derecho de dominio
apenas en el 2006, dentro del proceso de sucesión, por lo que su eventual
expectativa de ganancia era meramente hipotética. Asimismo, se constató que la
entrega material del inmueble a la EAAB ocurrió el 17 de abril de 1997, pero los
actores no demostraron haber realizado gestiones orientadas a obtener
compensación antes de la enajenación voluntaria. De hecho, la negociación
directa culminó satisfactoriamente en diciembre de 2009, dentro del marco legal
que permite retomar el trámite de enajenación aun después de activarse la vía
expropiatoria.

23. Finalmente, el Tribunal observó que, conforme a la prueba obrante en el
expediente, las razones del lapso transcurrido entre la oferta inicial (1996) y la
compraventa (2009) obedecieron a circunstancias externas a la administración y
a la propia conducta de los actores; por tanto, no era posible inferir que dicho
interregno causó un daño antijurídico. En esa decisión el a quo no impuso condena
en costas por la primera instancia.

Recurso de apelación

24. En su impugnación, la parte demandante adujo que el Tribunal erró al
descartar la existencia de daño antijurídico con base en la mera celebración de
una enajenación voluntaria, sin valorar las afectaciones derivadas de las
operaciones administrativas de la EAAB y de la ocupación material del predio
desde 1997. Sostuvo que la sentencia prescindió del estudio de los derechos
adquiridos desde la delación de la herencia y omitió examinar lo previsto en el
Acuerdo 6 de 1990, que clasificaba al inmueble en cuestión como urbanizable,
con índices de edificabilidad y usos permitidos.

25. Se alegó que el fallo desconoció los hechos demostrados en el proceso,
alusivos a la modificación física, jurídica y normativa del predio como
consecuencia de las obras de canalización, que transformaron su destino inicial y
redujeron drásticamente su área útil. También se señaló que la sentencia omitió
valorar diversas actuaciones judiciales y administrativas relevantes, entre ellas la
entrega material del predio ordenada por el Juzgado Sexto de Familia en 1997;
los requerimientos posteriores a la EAAB; la pérdida comprobada de área
urbanizable; y el dictamen técnico de 2009 en el que la demandada reconoció el
cambio del cauce del río y la alteración sustancial del inmueble.

26. Manifestó igualmente que la sentencia desatendió pruebas documentales y
periciales que acreditaban el estado real del predio antes de su afectación, su
potencial urbanístico y los perjuicios derivados de la imposibilidad de desarrollar
proyectos inmobiliarios semejantes a los ejecutados en otros predios colindantes
de la misma hacienda. En igual sentido, reiteró que las obras realizadas por la
EAAB privaron a los propietarios de cualquier posibilidad de aprovechamiento
económico del bien, lo cual no fue tenido en cuenta por el Tribunal.

6

Radicación: 25000-23-36-000-2012-00053-02 (67.840)
Demandante: Andrés José Pajón Samper y otros
Demandado: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
E.S.P.
Referencia: Reparación directa

27. Finalmente, consideró que la enajenación del inmueble no fue voluntaria, sino
forzada por la amenaza de expropiación a que se refieren las leyes 9 de 1989 y
388 de 1997. Señaló que los herederos no podían objetar el avalúo fijado por la
EAAB, y que la autoridad administrativa tomó como referencia un predio ya
modificado por sus propias obras, lo que impidió reconocer el valor que habría
tenido el inmueble conforme a su destinación original.

Trámite relevante en segunda instancia

28. En auto del 28 de febrero de 20228 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte actora y, mediante proveído del 19 de julio de 2022 9, se
corrió traslado para alegaciones y formulación de concepto.

29. En esa oportunidad, la parte demandada10 y el Ministerio Público11 solicitaron
que se confirmara la decisión de primer grado, al considerar que no se
encontraban probados los daños antijurídicos alegados en la demanda. La parte
actora guardó silencio en esta etapa procesal. El expediente pasó al Despacho
para dictar sentencia el 12 de septiembre de 202212.

CONSIDERACIONES

30. La Sala no advierte la configuración de causal de nulidad que invalide lo
actuado y, al encontrarse acreditado el cumplimiento de los presupuestos
procesales relativos a la jurisdicción, la competencia y la legitimación en la causa
por activa y por pasiva, correspondería a la Sala adoptar la decisión de fondo en
la segunda instancia. No obstante, se advierte que en el presente asunto se
configuró el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción, por las razones que
se expondrán a continuación13.

31. Con el fin de adoptar la decisión anunciada, se realizará una exposición de los
hechos jurídicamente relevantes acreditados en el proceso y posteriormente se
establecerá su incidencia en la determinación de la caducidad en el presente
asunto. Para tal efecto, se distinguirá entre la oportunidad para demandar
respecto de la imputación por la omisión en la concreción oportuna de la compra
del bien objeto de litigio y aquella correspondiente a la imputación derivada de su
ocupación permanente.

Hechos probados y valoración probatoria

32. Mediante la Resolución No. 0308 del 9 de agosto de 1995, la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -EAAB- efectuó “la declaratoria de utilidad
pública e interés social [sobre el área] de afectación de las obras del proyecto de

8 Fl. 801 C. ppal.
9 Fl. 802 C. ppal.
10 Fl. 804 C. ppal.
11 Fl. 805 C. ppal.
12 Samai del Consejo de Estado, índice 019.
13 Es pertinente precisar que, si bien este aspecto no fue objeto del recurso de apelación, su

examen oficioso resulta procedente y necesario, en la medida en que la oportunidad en el ejercicio
del derecho de acción constituye un presupuesto procesal, cuya inobservancia impide a la
jurisdicción pronunciarse de fondo sobre la controversia planteada. Al respecto, ver: Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 9 de febrero de
2012, exp. 21060. C.P. Mauricio Fajardo Gómez y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, sentencia de unificación del 6 de abril de 2018. C.P. Danilo Rojas
Betancourth.

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Radicación: 25000-23-36-000-2012-00053-02 (67.840)
Demandante: Andrés José Pajón Samper y otros
Demandado: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
E.S.P.
Referencia: Reparación directa

canalización del río Salitre (…) requerida para la construcción del Canal Salitre y
su zona de manejo y preservación ambiental”14.

33. En el oficio No. 009659 del 28 de mayo de 1996, la EAAB comunicó la oferta
de compra sobre el inmueble de matrícula No. 50C-452429. En dicha
comunicación se indicó que el área requerida para el desarrollo del proyecto
correspondía a 22.548,05 m². La notificación de la oferta se efectuó mediante
edicto fijado15 en las instalaciones de la entidad, en el lugar de ubicación del
inmueble y en la Alcaldía Local de Engativá, conforme a lo dispuesto en el inciso
tercero del artículo 13 de la Ley 9ª de 1989, vigente para la época de los hechos16.

34. En cumplimiento de lo señalado en los incisos finales de la norma en cita, se
efectuó la inscripción de la oferta de compra en el respectivo folio de matrícula
inmobiliaria. Esto ocurrió el 1° de agosto de 199617.

35. Como consecuencia del fallecimiento del propietario del inmueble, señor
Fernando Samper Madrid, sus herederos tramitaron el respectivo proceso de
sucesión ante el Juzgado Sexto de Familia de Bogotá18. Por tal motivo, mediante
oficio No. 00694419, la EAAB solicitó a ese despacho que le autorizara la
adquisición del inmueble, con el propósito de hacer efectiva la declaratoria de
utilidad pública antes mencionada20.

36. Con ocasión de la anterior solicitud, se autorizó21 el ingreso de la EEAB al
predio para que ejecutara las obras civiles correspondientes. Ello consta en el
documento denominado “ACTA DE AUTORIZACIÓN PARA EJECUCIÓN DE
OBRAS DE CANALIZACIÓN Y TERRACEO DEL RÍO SALITRE EN EL PREDIO
SAN JOAQUÍN - MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. 050-00452429”, en el que el
secuestre designado dentro del trámite sucesoral dejó consignado lo siguiente:

14
Fl. 188 C. 1.
15
El edicto fue fijado por el término de cinco (5) días hábiles, los cuales transcurrieron entre el seis
(6) y el catorce (14) de junio de 1996. Fls. 192 a 196 C. 1.
16
Debe precisarse que la disposición normativa citada fue derogada expresamente por el artículo
138, numeral 1, de la Ley 388 de 1997, normativa que entró en vigencia a partir de su publicación
en el Diario Oficial No. 43.091 del 24 de julio de 1997.
17
Fl. 473 C. 6.
18
Expediente con radicado 1992-19936.
19
Esta comunicación no se encuentra fechada, pero se encuentra visible la constancia de la
notificación ante el Juzgado Sexto de Familia del Circuito de Bogotá, del 24 de enero de 1996.
20
Así se señaló: “Teniendo en cuenta que mediante auto de febrero 25 de 1992, se admitió la
demanda de sucesión de Fernando Samper Madrid, proceso que actualmente cursa en su
despacho; atentamente solicito, que de conformidad con el artículo 16 de la ley 9a de 1989 y previo
el trámite en él previsto, autorice la venta a favor de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá,-E.S.P., de una zona de terreno de veintidós mil quinientos cuarenta y ocho metros
cuadrados con cinco decímetros cuadrados (22.548,05 m2) del predio denominado San Joaquín,
ubicado en la avenida 81 (autopista Medellín) No. 68-50 de Santa Fe de Bogotá, D.C., con
matrícula inmobiliaria 050-00452429.
Esta petición obedece a que el citado predio en vida perteneció al Sr. Fernando Samper Madrid,
quien lo adquirió por compra a Francisco Antonio Salgado mediante escritura pública No. 2896
otorgada el 16 de septiembre de 1927 en la notaria 1a. de Bogotá, y se encuentra dentro de la
zona declarada de utilidad pública e interés social para la construcción del canal e interceptores
del Salitre, según resolución No. 0308 expedida por la Gerencia General de la E.A.A.B.-E.S.P. el
9 de agosto de 1995” (fl. 104 C. 2).
21
Se precisa que en el presente asunto no obra copia íntegra del expediente del proceso de
sucesión. Las únicas piezas procesales que acreditan la autorización de ingreso corresponden a
las actas suscritas por el secuestre, a las cuales se hace referencia en la parte motiva de la
presente providencia.

8

Radicación: 25000-23-36-000-2012-00053-02 (67.840)
Demandante: Andrés José Pajón Samper y otros
Demandado: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
E.S.P.
Referencia: Reparación directa

“(…) FLAVIO FERNANDO GÓMEZ RIVERA (…) quien actúa en su calidad de
secuestre en ejercicio de los bienes de propiedad de la sucesión de
FERNANDO SAMPER MADRID y para los efectos de este acto como secuestre
del siguiente inmueble [se identifica el inmueble con sus linderos y cabida].

Este bien lo recibió el señor Secuestre de manos del señor Juez Sexto de
Familia de Santa Fe de Bogotá el día 24 de noviembre de 1995, dentro del
trámite de las medidas cautelares practicadas en la citada sucesión de don
FERNANDO SAMPER MADRID, de conformidad con la copia del Acta de la
citada diligencia que forma parte integral de la presente Acta. Enterado el señor
auxiliar de la justicia, de que por medio de Resolución No. 0308 expedida por
el Gerente General de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá el
día 9 de agosto de 1995, se acotó y declaró de utilidad pública la zona afectada
por las obras de Canalización y Terraceo del río Salitre, donde se encuentra la
porción de terreno sobre la cual ejerce la tenencia por mandato judicial, e
igualmente enterado de que la demora en tener a disposición el terreno genera
perjuicios muy graves, tanto a la Empresa como a la comunidad que se ve
privada de disfrutar de unos beneficios ecológicos muy importantes, procede a
autorizar la iniciación de las obras de interés público sobre el lote en mención,
autorizando igualmente el ingreso de personal, maquinaria, equipo, materiales
y en general todos los elementos que sean necesarios para la ejecución de la
obra, sin perjuicio de los derechos que a los propietarios del bien les
corresponde como titulares del dominio y de la posesión del mismo (…)”22.

37. El 18 de diciembre de 1997 se profirió sentencia en el proceso de sucesión,
luego de que las partes en litigio arribaran a un acuerdo transaccional sobre la
adjudicación de los bienes. No obstante, en dicha providencia no se incluyó el
predio identificado con la matrícula inmobiliaria No. 50C-452429, que fue omitido
en el referido acuerdo23.

38. El juicio de sucesión tuvo diversas actuaciones y vicisitudes posteriores,
relacionadas con la existencia de controversias jurídicas surgidas entre los
herederos, circunstancia que condujo a que, mediante sentencia del 30 de
noviembre de 2006, se aprobara el trabajo de partición y adjudicación adicional
ulteriormente presentado por los interesados, en el cual sí se incluyó el predio en
cuestión y se adoptaron determinaciones adicionales respecto de los demás
bienes24. En cumplimiento de lo ordenado en ese fallo, el 16 de marzo de 2007 se
inscribió a los aquí demandantes, señores Rosa Samper Pieschacón, Catalina
Gabriela Samper de Strautman y Andrés José Pajón Samper, como propietarios
del inmueble de marras25.

39. Previo a la expedición de la aludida sentencia y en atención a un requerimiento
judicial formulado a la EAAB, dicha entidad remitió, con destino al trámite
sucesoral, el oficio No. 261248 del 15 de agosto de 2006, mediante el cual informó
que los trabajos correspondientes a la construcción de las obras de canalización
y a la rehabilitación de la ronda del Canal Salitre habían sido ejecutados en un
ciento por ciento26.

40. Debido a que dichas obras se adelantaron sobre un bien privado, el 5 de
noviembre de 200827, los nuevos propietarios formularon solicitud de conciliación

22
Fl. 417 C1.
23
Fl. 152 C.2.
24
Fl. 170 C.2.
25
Fl. 474 C. 2.
26
Fl. 151 C. 2.
27
Fl. 207 vto. C 2.

9

Radicación: 25000-23-36-000-2012-00053-02 (67.840)
Demandante: Andrés José Pajón Samper y otros
Demandado: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
E.S.P.
Referencia: Reparación directa

extrajudicial con el objetivo de que se llegara a un acuerdo sobre la regularización
de la situación jurídica del inmueble, en punto de la adquisición de este por parte
de la EAAB. En esta solicitud no se especificó cuál era la acción que se ejercería
ante el evento de no llegar a un acuerdo conciliatorio, pero se formularon las
siguientes pretensiones:

“1.- Que mediante el procedimiento de Audiencia de Conciliación Obligatoria,
como requisito de procedibilidad establecidos por la ley 640 de 2.001 y
Decretos reglamentarios, se busque un Acuerdo Conciliatorio entre ROSA
SAMPER PIESCHACON, CATALINA GABRIELA SAMPER DE
STRAUTMANN Y ANDRES JOSE PAJON SAMPER, en su calidad de
propietarios del inmueble con matrícula inmobiliaria No. 50C-0452429, con área
de VENTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO METROS
CUADRADOS, CON CINCO DECIMETROS CUADRADOS (22.548,05 M2),
aproximadamente, y LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE BOGOTA E. S. P., representada legalmente hoy por el Doctor JORGE
ENRIQUE PIZANO CALLEJAS o por quien haga sus veces, con el objeto de
que entre la mencionada Empresa y mis Representados se llegue a un acuerdo
para que la primera celebre contrato de promesa de compra venta con mis
Representados, quienes tienen la calidad de propietarios del referido inmueble
el cual fue entregado en tenencia y provisionalmente, por el Dr. FLAVIO
FERNANDO GOMEZ RIVERA, en calidad de Secuestre designado por el
Juzgado Sexto de Familia de Bogotá, dentro de la sucesión de FERNANDO
SAMPER MADRID, a la mentada Empresa, mediante "ACTA DE
AUTORIZACIÓN PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CANALIZACION Y
TERRACEO DEL RÍO SALITRE EN EL PREDIO SAN JOAQUÍN - MATRICULA
INMOBILIARIA 50C-0452429", el día 16 de Abril de 1.997, al Doctor
HERNANDO MEDELLIN HERNÁNDEZ, Director de Bienes Raíces de La
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, cuyo
original reposa en esa Empresa, con fundamento en los hechos y
circunstancias que a continuación se expresan, obra que conforme a
comunicación del 15 de agosto de 2.006 proveniente de la mencionada
Empresa de Acueducto, dirigida al Juzgado Sexto de Familia de Bogotá, para
ese momento se encontraba ya terminada.

2.- La solicitud de conciliación se cuantifica en la suma de SIETE MIL
NOVECIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($7.940.407.437,00)
m/cte., la cual corresponde a los siguientes conceptos:

2.1.- Por la suma de TRES MIL CIENTO CUARENTA MILLONES
NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
($3.140.977.500,00) m/cte., correspondiente al valor comercial del lote de
terreno con matrícula inmobiliaria No 50C-0452429, de la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Bogotá - Zona Centro, recibido en tenencia y
actualmente ocupado con las obras realizadas en él, por La EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E. S. P., lote de terreno que
no puede ser restituida materialmente a mis Representados.

2.2.- Por la suma de CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA
Y CUATRO PESOS ($ 4.799.429.934,00) m/cte., por concepto de daño
emergente y lucro cesante causados, de una parte, por no haberse podido
recibir beneficio económico alguno por la explotación económica del lote, a
partir del 16 de abril de 1.997, fecha en la cual se le hizo la entrega material, a
título de tenencia a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTA E. S. P., y de la otra, por no haberse podido realizar ningún acto de
enajenación total o parcial sobre dicho bien, a partir del 28 de mayo de 1.996,
fecha en la cual se inscribió el oficio 9659 de 1.996, contentivo de la Oferta de

10

Radicación: 25000-23-36-000-2012-00053-02 (67.840)
Demandante: Andrés José Pajón Samper y otros
Demandado: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
E.S.P.
Referencia: Reparación directa

Compra por parte de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE BOGOTA E. S. P.”28.

41. Como se advierte, las solicitudes formuladas no se circunscribieron a la
regularización de la propiedad del inmueble que fue ocupado con ocasión de la
ejecución de obras inherentes al ejercicio de una utilidad pública, sino que además
persiguieron el reconocimiento de los perjuicios materiales derivados de la
imposibilidad de aprovecharlo económicamente, tanto desde el momento en que
se inscribió la oferta de compra, como desde aquel en que la EAAB asumió su
aprehensión material.

42. Adicionalmente, como fundamento de dichas solicitudes, los convocantes
manifestaron que tenían conocimiento de la culminación de las obras inherentes
al ejercicio de la utilidad pública, aspecto sobre el que se ahondará más adelante.
El referido trámite conciliatorio se declaró fallido, al no existir un acuerdo entre las
partes29.

43. A través del oficio 25200-2009011 del 1° de junio de 2009 la EAAB modificó
la oferta presentada en 1996, en el sentido de precisar cuál fue el área
efectivamente ocupada y determinar su valor actualizado, además de ser dirigida
a los nuevos propietarios, así30:

Por medio de la presente, les comunicamos que de acuerdo con la Resolución No.
0308 del 9 de agosto de 1995, el Gerente General de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá ESP, en uso de sus facultades legales y estatutarias y en
especial de las conferidas en el artículo 141 del acuerdo 6 de 1990, así como las
disposiciones especiales de la Ley 9 de 1989 y 142 de 1994, se acotó y declaró de
utilidad pública, la zona requerida para la canalización del Río Salitre, en el sector
comprendido desde la Avenida 68 hasta Quirigua, por lo cual esta entidad ha
dispuesto la adquisición de los predios que se encuentran en la citada zona,
mediante el procedimiento de ENAJENACION VOLUNTARIA DIRECTA, conforme
a lo establecido en el Capítulo 1 de la Ley 9a de 1989, modificada por la Ley 388
de 1997, reglamentada por el Decreto 1420 de 1998 y Decreto 619 de 2000.
Dentro de los predios requeridos con destino al proyecto anteriormente
mencionado, se encuentra una zona de terreno que hace parte del inmueble de su
propiedad, ubicado en la actual Carrera 69H 86 99 IN 2, distinguido con la cedula
catastral 005402360300000000 y con la matricula inmobiliaria número 50C-452429,
identificado según la Escritura Pública número 2896 del 16 de septiembre de 1927
de la notaria 1 del circulo Notarial de Bogotá, y la sentencia SIN del 30 de noviembre
de 2006 del Juzgado 6 de familia de Bogotá, ambos actos debidamente registrados
en el Folio de Matricula Inmobiliaria número 50C-452429 ya mencionado, el cual la
Empresa necesita adquirir y cuenta con una extensión superficiaria de VEINTIDOS
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PUNTO CERO UNO METROS
CUADRADOS (22475.01 M2) discriminados así [se describe alinderación del
predio].

Teniendo en cuenta lo anterior, la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP-, presenta a ustedes alcance de oferta de
compra por la zona de terreno anteriormente descrita, por la suma de:

TRES MIL MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($3.682.440.000.00 MCTE).

Siguiendo los valores del informe técnico de avalúo comercial No 751-SM-174 de
fecha Diciembre de 2008 realizado por la firma Lonja Inmobiliaria Asesorías,

28
Fl. 179 C. 2.
29
Fl. 220 C. 2.
30
Fl. 168 C. 2.

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Radicación: 25000-23-36-000-2012-00053-02 (67.840)
Demandante: Andrés José Pajón Samper y otros
Demandado: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
E.S.P.
Referencia: Reparación directa

Auditorias y Avalúos Ltda. se establece lo siguiente, según valor fijado por la firma
Asesorías, Auditoria y Avalúos Ltda., de acuerdo al informe técnico de avaluó
comercial No. 384-CLA-104, al informe técnico del 27 de mayo de 2009 elaborado
por la Dirección Administrativa de Bienes Raíces de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá ESP:

Descripción ÁREA M2 VR. UNITARIO VALOR TOTAL
TERRENO 22475,01
Lecho de Rio 1441,3 $0,00 $0
ZMPA 10910,84 $15.000,00 $163.662.600,00
Urbanizable 10122,87 $347.607,00 $3.518.777.352,00

VALOR TOTAL $3.682.440.000,00

44. La oferta fue notificada a los propietarios el 1° de junio de 2009 31, y aceptada
por ellos el mismo día32. El 18 de junio siguiente se suscribió contrato de promesa
de compraventa33 y el 1° de diciembre de la misma anualidad se celebró el
contrato de compraventa34 correspondiente, en virtud de lo cual se transfirió el
dominio del inmueble el 11 de diciembre de 200935.

Caducidad de la acción de reparación directa

45. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 136, numeral 8, del Decreto 01 de 1984,
la acción de reparación directa caduca al vencimiento del término de dos (2) años,
contado a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, la omisión o la
operación administrativa que origina el daño, o desde la ocurrencia de la
ocupación temporal o permanente de un inmueble de propiedad ajena por causa
de trabajos públicos o por cualquier otra causa, sin perjuicio de la regla especial
allí prevista para los eventos de desaparición forzada.

46. En armonía con ese precepto normativo, esta Corporación ha precisado que
la fijación de plazos para el ejercicio de determinadas acciones judiciales
responde a la necesidad de garantizar la seguridad jurídica de los sujetos
procesales y la estabilidad de las situaciones jurídicas, por cuanto evita que estas
permanezcan indefinidas en el tiempo. En tal sentido, el vencimiento de los
términos legalmente establecidos comporta, de manera inexorable, la pérdida de
la facultad de accionar ante la jurisdicción36.

47. En ese contexto normativo y jurisprudencial, debe recordarse que en la
demanda se formularon dos imputaciones de responsabilidad, cuya identificación
resulta relevante para el análisis diferenciado de la caducidad. De una parte,
adujeron que la EAAB debe ser declarada responsable por la omisión en la
concreción oportuna de la negociación y adquisición del inmueble, debido a que
la entidad dejó indefinidamente inscrita la oferta de compra en el folio de matrícula

31
Fl. 176 C. 2.
32
Fl. 177 C. 2.
33
Fl. 246 C. 2.
34
Fl. 259 C. 2.
35
Fl. 302 vto. C. 3. La inscripción de la propiedad se efectuó en el folio de matrícula inmobiliaria
No. 50C-1755383, el cual fue abierto con base en la matrícula 50C-452429.
36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 6 de
agosto de 2009, exp. 36.834. C.P. Mauricio Fajardo Gómez; reiterado por esta Subsección, entre
otras, en: sentencia del 26 de febrero de 2014, exp. 27588. C.P. Mauricio Fajardo Gómez; auto
del 12 de mayo de 2016, exp. 56601, sentencia del 30 de agosto de 2017, exp. 39435 y sentencia
del 26 de septiembre de 2025, exp. 71840.

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Radicación: 25000-23-36-000-2012-00053-02 (67.840)
Demandante: Andrés José Pajón Samper y otros
Demandado: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
E.S.P.
Referencia: Reparación directa

inmobiliaria, con lo cual habría restringido el ejercicio pleno de las facultades
dispositivas inherentes al derecho de dominio.

48. De otra parte, se atribuyó responsabilidad por la ocupación material del bien
con ocasión de la ejecución de una obra pública, al señalar que la demandada
detentó de manera exclusiva la tenencia del inmueble entre el 16 de abril de 1997
y el 1 de diciembre de 2009, lapso durante el cual supuestamente impidió su
aprovechamiento económico por parte de los propietarios.

49. En relación con la primera imputación, cabe precisar que el artículo 37 de la
Ley 9 de 198937 dispone que toda afectación impuesta con ocasión de una obra
pública tiene una duración inicial de tres años, prorrogable hasta un máximo de
seis38, y que, si durante su vigencia el bien no es adquirido por la entidad pública
que impuso la afectación o en cuyo favor se constituyó, esta pierde eficacia de
pleno derecho, sin que se requiera actuación adicional para que se produzca la
consecuencia jurídica prevista en la norma39. Sobre el particular, la Sección
Tercera del Consejo de Estado precisó:

37
“Artículo 37. Toda afectación por causa de una obra pública tendrá una duración de tres (3) años
renovables, hasta un máximo de seis (6) y deberá notificarse personalmente al propietario e
inscribirse en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria, so pena de inexistencia. La afectación
quedará sin efecto, de pleno derecho, si el inmueble no fuere adquirido por la entidad pública que
haya impuesto la afectación o en cuyo favor fue impuesta, durante su vigencia. El Registrador
deberá cancelar las inscripciones correspondientes, a solicitud de cualquier persona, previa
constatación del hecho (…)”. 38
Como puede verse, el legislador no dispuso que la prórroga de la afectación opere de manera
automática, por lo que le corresponde a la administración renovarla. Dicha interpretación que se
corresponde con lo resuelto por la Corte Constitucional en sentencia T-284 de 1994, en un caso
en el que, mediante el Acuerdo 17 de 1990, el predio del accionante fue declarado por el Concejo
municipal de Chía como de utilidad pública (para destinarlo a la continuación del Complejo I
Institucional, Educativo, Cultural y Deportivo de la localidad), así como también se autorizó al
alcalde para adelantar la negociación directa y voluntaria para la adquisición del mencionado
inmueble; sin embargo, transcurridos 4 años, la administración municipal nada hizo, por lo que, de
conformidad con el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, la consecuencia de “inexistencia” de la
afectación operó ipso iure. Al respecto, dijo: “… el artículo 37 de la ley anteriormente citada,
contempla dos situaciones por medio de las cuales se protege la situación del particular: a) si la
afectación del inmueble no se notifica personalmente y si no se inscribe en el respectivo folio de
matrícula inmobiliaria, lo cual -se reitera una vez más- nunca se hizo por parte de la administración
municipal, será inexistente; y b) si inscrita la afectación, el bien no fuere adquirido por la entidad
pública interesada dentro de un lapso de tres (3) años renovables hasta una máximo de seis (6)
años, dicha afectación quedará sin efecto de pleno derecho. Pues bien, como en el presente caso
no sólo no se llevó a cabo la afectación, sino que además ya pasaron los términos contenidos en
el artículo 37 citado para que la entidad pública pudiera negociar con el propietario, entonces debe
forzosamente concluirse que el inmueble del accionante no se encuentra, hoy en día, afectado. En
consecuencia, la Sala considera que en la actualidad -la sentencia es del 16 de junio de 1994- el
señor Di Terlizzi puede realizar cualquier negocio jurídico sobre su predio, es decir, venderlo,
solicitar una licencia de construcción, parcelarlo, etc., todo ello de conformidad con los requisitos
correspondientes que determine la administración municipal de Chía”. Corte Constitucional,
sentencia T-284 de 1994, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 39
Norma que, bueno sea precisar, sigue vigente. Así lo aclaró la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado en un caso en el que una oficina de registros públicos se negó a
dejar sin efectos la anotación en el folio de matrícula inmobiliaria de un inmueble en la que
constaba una por causa de obra pública a favor de la Aerocivil: “El 24 de noviembre de 2015 se
registró una afectación por causa de una obra pública en el folio de matrícula inmobiliaria de un
inmueble de su propiedad, inscrita a favor de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica
Civil (Aerocivil) por una vigencia de tres años. El 24 de febrero de 2023 la accionante solicitó la
cancelación de la afectación ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos - Zona Centro
de Bogotá. En oficio del 16 de marzo de 2023, la entidad negó la petición con fundamento en que
la autoridad administrativa que ordenó la afectación es quien debe solicitar su cancelación (…).

La
Sala advierte que el artículo 73 de la Ley 1682 de 2013 derogó expresamente el inciso segundo
del artículo 37 de la Ley 9 de 1989, que reguló la duración máxima de la afectación (en el caso de
las vías públicas, las afectaciones podrán tener una duración máxima de nueve años). En cambio,
el legislador no se ocupó del inciso primero del artículo 37 de la Ley 9 de 1989, que consagra el
deber del registrador de cancelar el registro de las afectaciones por causa de una obra pública a

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Radicación: 25000-23-36-000-2012-00053-02 (67.840)
Demandante: Andrés José Pajón Samper y otros
Demandado: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
E.S.P.
Referencia: Reparación directa

“De otro lado, la misma norma prevé que la afectación quedará sin efecto de
pleno derecho cuando quiera que el inmueble no fuese adquirido por la entidad
pública que haya impuesto la afectación o en cuyo favor se hizo, durante su
vigencia. Se trata de una modulación de la eficacia del acto por disposición de
la ley, de las previstas por el numeral 4º del artículo 66 del C.C.A bajo el nombre
de pérdida de ejecutividad del acto administrativo por cumplimiento de la
condición resolutoria. En efecto, por condición resolutoria debe entenderse,
igual que en el derecho civil (art. 1536 C.C.), aquella cláusula dirigida a
subordinar la eficacia jurídica al acaecimiento de un suceso futuro e incierto y
por lo mismo va unida de modo estrecho con el contenido principal del acto
administrativo, cuyo destino jurídico depende de la condición (Forsthoff).

Esta figura aplicada mutatis mutandi al ámbito del acto administrativo "pendente
conditione" entraña la extinción de pleno derecho de sus efectos jurídicos
(Marienhoff) por disposición de la ley. Lo que da tanto como afirmar que el acto
administrativo que cobró firmeza deja de ser obligatorio, por el cumplimiento de
una condición impuesta por el legislador de la cual dependían sus efectos y,
por lo mismo, los afectados con la medida pueden oponerse por la vía de la
excepción de pérdida de ejecutividad, según lo establece el artículo 67 del
C.C.A.

Como consecuencia de ello, el precepto en comento al concluir dispone que el
Registrador en este evento deberá cancelar las inscripciones correspondientes,
a solicitud de cualquier persona, previa constatación del hecho. Nótese que la
norma tan sólo impone una exigencia, obvia por demás, de constatación previa
de que no se haya adquirido el predio objeto de la afectación durante la vigencia
de esta última. En lo demás, la redacción imperativa del texto está en perfecta
consonancia con el segmento normativo inmediatamente anterior ya analizado:
i) Señala un deber (que no una opción) al Registrador de cancelar la inscripción
en el folio respectivo y ii) Dicha actuación registral no requiere que sea
suscitada por el propietario del inmueble afectado, sino que -dado el fin de
publicidad anejo al folio- bastará que haga la solicitud cualquier persona”40.

50. Como quedó reseñado previamente, la afectación derivada de la declaratoria
de utilidad pública fue inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria el 1° de agosto

solicitud de cualquier persona, previa constatación del hecho. En consecuencia, no se observa
que hubiese operado una derogación expresa de la norma sobre la cual se reclamó el
cumplimiento. De lo anterior se desprende que ambos conjuntos normativos regulan supuestos
diferentes y tienen un alcance separado. Por lo tanto, aun cuando la Ley 1682 de 2013 fue
promulgada con posterioridad, sus disposiciones no pugnan con el artículo 37 de la Ley 9 de 1989,
de suerte que no puede atribuírsele una derogatoria tácita. Dicho de otro modo, como no existe
una incompatibilidad irreconciliable entre ambas leyes, y tampoco se advierte que el legislador
hubiese dispuesto su derogación expresa, el inciso primero del artículo 37 de la Ley 9 de 1989 es
una norma vigente”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B, sentencia del 12 de febrero de 2014, radicación: 11001031500020230663401. C.P.
Martín Bermúdez Muñoz. De igual manera, se puede consultar la sentencia del 3 de diciembre de
2007, exp. 16503, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado. C.P. Ruth Stella Correa
Palacio y la sentencia del 18 de julio de 2025, exp. 71379, dictada por la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado. C.P. Fredy Ibarra Martínez. En la última de las
providencias se indicó: “En cuanto a la figura de la afectación urbanística, el artículo 37 de la Ley
9 de 1989 la define como toda restricción impuesta a la propiedad por una entidad pública que
limite o impida la obtención de licencias de urbanización, parcelación, construcción o
funcionamiento, ya sea por causa de una obra pública o por razones de protección ambiental, esta
medida debe ser notificada personalmente al propietario e inscrita en el respectivo folio de
matrícula inmobiliaria, so pena de inexistencia; además, la afectación tiene una duración de tres
(3) años, prorrogables hasta un máximo de seis (6), vencido el cual, si el inmueble no es adquirido
por la administración, queda sin efecto de pleno derecho y, durante su vigencia, el afectado
tiene derecho a ser compensado por los perjuicios sufridos mediante un contrato en el que se
pacten el valor y la forma de pago” (se destaca).
40
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 3 de
diciembre de 2007, exp. 16503, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado. C.P. Ruth
Stella Correa Palacio. Esta tesis fue reiterada por esta Subsección en la sentencia del 26 de
septiembre de 2025, exp. 71840.

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Radicación: 25000-23-36-000-2012-00053-02 (67.840)
Demandante: Andrés José Pajón Samper y otros
Demandado: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
E.S.P.
Referencia: Reparación directa

de 199641. En consecuencia, al no haberse perfeccionado la adquisición en el
lapso de tres años42, tal afectación cesó por el solo ministerio de la Ley, el 2 de
agosto de 1999, momento desde el cual el bien dejó de estar jurídicamente sujeto
a la declaratoria de utilidad pública y se restableció plenamente el ejercicio de las
facultades de disposición, sin que, se insiste, resultara necesaria la expedición de
un acto administrativo adicional.

51. En ese orden de ideas, la imputación relacionada con la omisión en la
concreción oportuna de la negociación y adquisición del bien debía formularse a
partir del momento en que la afectación perdió eficacia de pleno derecho, por
cuanto es desde esa fecha cuando se tornó jurídicamente posible alegar la
eventual existencia de un daño antijurídico derivado de las restricciones al dominio
inherentes a la afectación impuesta desde el 1° de agosto de 1996, al quedar
plenamente definido su alcance en el tiempo y, con ello, la eventual configuración
de perjuicios indemnizables ocasionados durante su vigencia.

52. Lo anterior obedece a que, al extinguirse la afectación por ministerio de la ley,
el titular del interés jurídico recuperó el ejercicio pleno de las facultades de goce y
disposición sobre el bien, consolidándose desde ese momento la posibilidad de
acudir a la jurisdicción contencioso administrativa para reclamar la reparación de
los perjuicios que eventualmente se hubieren causado mientras aquella estuvo
vigente, sin que resulte jurídicamente razonable diferir indefinidamente el ejercicio
de la acción con fundamento en la permanencia meramente formal de la anotación
registral.

53. Adicionalmente, debe precisarse que, en materia de responsabilidad civil, el
artículo 2342 del Código Civil43 consagra una legitimación amplia para reclamar la
indemnización de los daños, en tanto establece que, además del dueño o
poseedor del bien, también los herederos pueden promover la acción
correspondiente. En ese sentido, para la época en que la afectación perdió
eficacia de pleno derecho, los herederos podían acudir a la jurisdicción en defensa
del interés patrimonial comprometido.

54. Al respecto, es menester señalar que, si bien los aquí demandantes
adquirieron la calidad formal de propietarios del predio únicamente con ocasión
de la sentencia del 30 de noviembre de 2006, mediante la cual se aprobó la
partición adicional44, lo cierto es que, al momento en que cesó la afectación del
inmueble, se encontraban jurídicamente facultados para promover las
pretensiones indemnizatorias en favor de la comunidad de bienes conformada por
la sucesión. En consecuencia, la ausencia de la titularidad del dominio por parte
de los hoy accionantes no constituía un obstáculo para el ejercicio oportuno de la

41
Fl. 473 C. 2.
42
Como se explicó previamente, la adquisición del inmueble se efectuó el 11 de diciembre de 2009
(fl. 302 C. 3), cuando se inscribió el contrato de compraventa celebrado el 1° de diciembre anterior
(fl. 259 C. 2).
43
“Artículo 2342. Puede pedir esta indemnización no sólo el que es dueño o poseedor de la cosa
sobre la cual ha recaído el daño o su heredero, sino el usufructuario, el habitador, o el usuario, si
el daño irroga perjuicio a su derecho de usufructo, habitación o uso. Puede también pedirla, en
otros casos, el que tiene la cosa, con obligación de responder de ella; pero sólo en ausencia del
dueño”.
44
Habida cuenta de que el predio identificado con la matrícula inmobiliaria No. 50C-452429 no fue
incluido en la sentencia del 18 de diciembre de 1997.

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Radicación: 25000-23-36-000-2012-00053-02 (67.840)
Demandante: Andrés José Pajón Samper y otros
Demandado: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
E.S.P.
Referencia: Reparación directa

acción tendiente a obtener la reparación de los perjuicios derivados de la
afectación del bien.

55. Así las cosas, al haber perdido eficacia de pleno derecho la afectación el 2 de
agosto de 1999, el término de dos años previsto para el ejercicio de la acción de
reparación directa respecto de la imputación por la omisión en la concreción
oportuna de la negociación y adquisición del bien se extendió hasta el 3 de agosto
de 2001, sin que dentro de dicho lapso se hubiera acudido a la jurisdicción
contencioso-administrativa. Entonces, como la demanda se presentó el 17 de
enero de 2012, es evidente que se encuentra acreditada la configuración de la
caducidad de la acción en relación con dicha imputación, conclusión que no se ve
alterada por la solicitud de conciliación extrajudicial radicada el 31 de octubre de
201145, toda vez que para entonces el término legal ya había fenecido.

56. A igual conclusión sobre la caducidad de la acción se arriba respecto de las
pretensiones asociadas a la imputación de responsabilidad por la ocupación
material. En este aspecto, es importante destacar que, si bien en la demanda se
acotó temporalmente el ejercicio de la ocupación por parte de la EAAB -entre el
16 de abril de 1997 y el 1° de diciembre de 2009-, tal delimitación temporal
corresponde, en realidad, a las fechas de inicio de la tenencia del bien con
fundamento en la autorización de ingreso otorgada dentro del proceso de sucesión
y de su posterior adquisición por la entidad46, pero no resulta determinante para
definir la naturaleza jurídica de la ocupación, la cual debe establecerse a partir de
las características y efectos de las obras ejecutadas.

57. De una lectura integral de la demanda se desprende que lo pretendido en este
aspecto del litigio no es la reparación de los perjuicios derivados de una ocupación
transitoria, sino aquellos ocasionados por una ocupación vinculada a la ejecución
de una obra pública con vocación de permanencia, consistente en la canalización
del río Salitre, la conformación de su respectiva zona de manejo y preservación
ambiental y las afectaciones que de ello se derivaron.

58. En efecto, fue precisamente como consecuencia de la ocupación permanente
de una franja de terreno de 22.475,01 m² que la EAAB formuló inicialmente una
oferta de enajenación voluntaria y, con posterioridad, celebró un contrato de
compraventa sobre dicha área, por cuanto las intervenciones realizadas eran de
tal entidad y naturaleza que imponían la adquisición plena y definitiva del bien. En
este contexto, resulta claro que en el presente asunto se alega la configuración
de una ocupación permanente, razón por la cual el análisis de la oportunidad en
el ejercicio del derecho de acción debe efectuarse conforme a las reglas
procesales aplicables a esta modalidad de imputación.

59. En pronunciamiento de la Subsección47 se abordó la cuestión del cómputo de
la caducidad en los eventos en que se demanda la declaratoria de responsabilidad
del Estado por la ocupación de un bien inmueble. En dicha providencia se precisó:

“Ahora, dado el gran espectro de casuística que ampara la regla de caducidad
establecida por la ley para la reparación directa, la jurisprudencia ha tenido la

45
Fls. 1 a 6 C. 2.
46
Así se precisó en la pretensión segunda de la demanda.
47
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A.
Sentencia del 17 de febrero de 2021, exp. 48671. M.P. José Roberto Sáchica Méndez.

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Radicación: 25000-23-36-000-2012-00053-02 (67.840)
Demandante: Andrés José Pajón Samper y otros
Demandado: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
E.S.P.
Referencia: Reparación directa

necesidad de fincar una interpretación conforme a cada una de las situaciones
de hecho que ante los jueces administrativos se han invocado. En relación con
la ocupación material, se ha considerado que el término con el que cuenta el
afectado para reclamar por los daños recibidos debe contarse en atención a la
temporalidad de la ocupación causante de daños.

Así, cuando se reclama indemnización por una ocupación de carácter material
transitoria, el término de caducidad inicia a partir de que ésta finaliza, al margen
de su fuente, pues hasta ese momento es comprensible que el lesionado
conoce las afectaciones definitivas que la intervención estatal causó en sus
bienes o intereses legítimos.

Por su parte, en los casos que se persigue la reparación por una ocupación
material con vocación de permanencia, el plazo perentorio definido por la ley
comienza su cómputo a partir de la finalización del proyecto u obra que le
hubiera dado origen, con la salvedad que ha definido la jurisprudencia en torno
a que, si la obra o intervención estatal es de gran envergadura e implica un
desarrollo de labores por fases dada su complejidad, el término no está llamado
a contarse desde la finalización de la totalidad de la obra o proyecto que genera
la ocupación, sino desde la terminación de ésta en el predio del demandante48.

Lo anterior, sin perjuicio de que: i) cuando, por razones excusables49, el
afectado no pudo tener conocimiento del daño en el momento en que la
ocupación finalizó en su predio, dicho término se compute desde cuando aquél
pudo advertirlo, o ii) que se cuente antes de la finalización de la obra o
intervención que originó la ocupación (transitoria o permanente), si el lesionado
la conoció y tuvo la oportunidad de dimensionar sus consecuencias, pues no
debe olvidarse que una cosa es el daño y su posterior agravación50 y ya que la
caducidad de la acción se funda en la seguridad jurídica y el interés público no
puede estar a la espera de que el lesionado decida invocarlo, teniendo pleno
conocimiento del daño51, en tanto que desde que pueda dimensionarlo, nace
para el afectado el interés actual y vigente de reclamar su indemnización”52.

48
[Cita del texto original] “el término de caducidad debe empezar a contarse desde el momento en
que las obras que afectaron directamente un inmueble hayan culminado dentro del mismo, aun
cuando todavía quede por ejecutar una parte del respectivo proyecto general; esto es, que el
término no empieza a correr desde la terminación de la totalidad del proyecto o de las obras que
lo integran” Sentencia del 25 de marzo de 2015, exp. 35992.
49
[Cita del texto original] “cuando la ocupación ocurre ‘por cualquier otra causa’, el término de
caducidad empieza a correr desde que ocurre el hecho dañoso, que se entiende consumado
cuando cesa la ocupación del inmueble, siempre que la misma sea temporal, o, en casos
especiales, se computa desde cuando el afectado ha tenido conocimiento de la ocupación del bien
en forma posterior a la cesación de la misma”, sentencia del 10 de septiembre de 2020, proferida
por esta Subsección y con ponencia del suscrito Magistrado Ponente, en exp. 49362.
50
[Cita del texto original] “Finalmente, vale la pena señalar, que no debe confundirse el daño
continuado, con la agravación de éste. En efecto, en algunas oportunidades se constata que una
vez consolidado el daño (sea este inmediato o continuado) lo que acontece con posterioridad es
que éste se agrava, como por ejemplo el daño estructural de una vivienda que se evidencia con
grietas y cimentaciones diferenciadas, y tiempo después se produce la caída de uno de sus muros ”
Sentencia del 28 de enero de 1994, exp. 8610.
‘En este caso, las reglas sobre el momento desde el cual debe contabilizarse el término de la
caducidad no cambian; éste debe contarse, según se dijo, desde el momento en que se configuró
el daño o se tuvo noticia de éste, en caso de que estas circunstancias no coincidan. En el ejemplo
traído, el término de la caducidad no se contaría desde la caída del muro, sino desde que se
evidenció el daño o se tuvo noticia de éste” Sentencia del 18 de octubre de 2007, exp. 19099.
51
“el término de caducidad no se extiende hasta los dos años siguientes a la terminación de la
totalidad del proyecto o de las obras que lo integran, pues el mismo debe empezar a contarse
desde el momento en que las obras que afectaron directamente un inmueble hayan culminado,
aun cuando todavía quede por ejecutar una parte del respectivo proyecto general. El hecho de que
los efectos del daño se extiendan indefinidamente después de su consolidación, no puede evitar
que el término de caducidad comience a correr, porque, si ello fuera así, en los casos en los cuales
los perjuicios tuvieran carácter permanente, como ocurre cuando se construyen unas viviendas en
el inmueble de un particular, la acción no caducaría jamás”, sentencia del 24 de junio de 2015, exp.
34898.
52
[Cita del texto original] “Se trata de afirmar como criterio aquel según el cual el cómputo de la
caducidad debe tener en cuenta la fecha en la que la víctima o demandante conoció la existencia

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Radicación: 25000-23-36-000-2012-00053-02 (67.840)
Demandante: Andrés José Pajón Samper y otros
Demandado: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
E.S.P.
Referencia: Reparación directa

60. La Sala destaca que, por regla general, el conteo de la caducidad se inicia a
partir del momento en que se causa objetivamente el daño, salvo que el
accionante demuestre que, por razones verdaderamente excusables, no le fue
posible conocer en ese instante las limitaciones impuestas sobre sus derechos.
En consecuencia, si del acervo probatorio se desprende que el demandante tuvo
conocimiento de la afectación a su propiedad en un momento determinado, es a
partir de esa fecha que debe establecerse la oportunidad en el ejercicio del
derecho de acción.

61. No obstante, si las pruebas válidamente recaudadas permiten concluir que
dicho conocimiento se produjo con posterioridad, nada impide que el conteo del
término de caducidad se inicie en ese momento, pues solamente desde entonces
surge para el accionante un interés actual y legítimo para reclamar el
resarcimiento de los perjuicios irrogados. Sin embargo, debe precisarse que el
conocimiento tardío no puede obedecer a la negligencia o abandono del titular del
derecho presuntamente vulnerado, lo que impone al juez la carga de verificar, en
cada situación particular, la razonabilidad y justificación de dicha circunstancia.

62. En el caso concreto, a pesar de que no fue aportado un medio de convicción
que permita establecer con exactitud la fecha de culminación de las obras
ejecutadas en el predio, sí se encuentra acreditado que, mediante el Oficio No.
261248 del 15 de agosto de 2006, la EAAB informó al Juzgado Sexto de Familia
que los trabajos correspondientes a la canalización y rehabilitación de la ronda del
río Salitre habían sido ejecutadas en un ciento por ciento.

63. Asimismo, en el escrito de conciliación extrajudicial radicado el 5 de noviembre
de 200853, los mismos demandantes hicieron una relación detallada de las
actuaciones del proceso de sucesión adelantado ante el Juzgado Sexto de Familia
de Bogotá, en las que se aludió de forma inequívoca a la comunicación del 15 de
agosto de 2006 que dio cuenta de la culminación total de las obras. En lo relevante
para el presente asunto se señaló:

“OCTAVO.- Como prueba de lo anterior, el Juzgado Sexto de Familia de
Bogotá, por auto de 30 de Agosto de 2.004, dispuso oficiar a la EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, lo cual se hizo mediante
Oficio 1.941 de 13 de septiembre de 2.004, radicado en la referida Empresa el
día 19 del mismo mes, para que informara si en esa fecha la obra de
canalización había terminado y en caso afirmativo en qué fecha y a que persona
o Entidad se le había informado. Igualmente le pidió informar si ya se había
devuelto al Secuestre la parte de terreno no utilizada en las obras o cuando
seria devuelto el terreno al Juzgado o la fecha y el valor en que se pagaría a la
sucesión el valor de los terrenos atizados (sic).

NOVENO.- El Juzgado de conocimiento, por auto notificado en el estado del 15
de mayo de 2.005, le ordenó al Secuestre efectuar la entrega del referido lote
a la sucesión por medio de los herederos reconocidos y previo a dar

del hecho dañoso ‘por la sencilla razón de que sólo a partir de esta fecha tiene un interés actual
para acudir a la jurisdicción” sentencia del 11 de mayo de 2000, exp. 12200, reiterada en las
siguientes providencias: 10 de noviembre de 2000, exp. 18805; de 27 de febrero de 2003, exp.
23446; 2 de febrero de 2005, exp. 27994; de 11 de mayo de 2006, exp. 30325; de 18 de julio de
2007, exp. 30512.
53
Como quedó reseñado previamente, esta solicitud de conciliación no corresponde a la que se
formuló previo a presentar la presente demanda de reparación directa, sino que correspondió a
aquella en la que los hoy demandantes buscaron la regularización de la propiedad y el
reconocimiento de los perjuicios materiales por las limitaciones al ejercicio del derecho de
propiedad -ver, supra, acápite de hechos probados-.

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Radicación: 25000-23-36-000-2012-00053-02 (67.840)
Demandante: Andrés José Pajón Samper y otros
Demandado: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
E.S.P.
Referencia: Reparación directa

cumplimiento a esta orden, en visita que realizó dicho auxiliar sobre el predio a
su cuidado, encontró luego de un recorrido cuidadoso por el terreno, que el
curso del Río Salitre fue modificado y hoy ocupa parte del terreno que él había
entregado a dicha Empresa.

De otra parte, observó el Secuestre en dicha visita, que el área del lote, había
sido utilizada, parte como ronda del río, parte como parque y que desconocía
o no se podía precisar cuál era el área que no había sido utilizada.

NOVENO.- (sic) En relación con la terminación de la obra, el mencionado
Juzgado en diferentes oportunidades, requirió a la EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ para que le informara sobre
este aspecto, pero solo hasta el día 15 de Agosto de 2.006, mediante
comunicación 25200-2006 suscrita por el Jefe de la División de Gestión Predial
de la mencionada Empresa, dirigida al Juzgado Sexto de Familia de Bogotá y
al Secuestre, les informa que los trabajos para la construcción de las obras de
canalización y rehabilitación de la ronda del Canal Salitre se encuentran
terminadas en un ciento por ciento (100%), como consta en fotocopia que se
acompaña”54.

64. Así las cosas, si bien no se tiene certeza de que desde el 15 de agosto de
2006 los demandantes conocieron del oficio que daba cuenta sobre la finalización
de los trabajos de canalización y rehabilitación de la ronda del río Salitre, lo cierto
es que, por lo menos, para el 5 de noviembre de 2008, aquellos sabían sobre la
terminación de las obras que dieron lugar a la ocupación material del inmueble,
dado que en este última fecha iniciaron el trámite de conciliación extrajudicial, en
el que manifestaron que para ese momento ya conocían sobre la culminación de
los trabajos públicos y de los supuestos perjuicios derivados de dicha ocupación
permanente, sin que en el proceso se haya acreditado circunstancia excepcional
alguna que justifique un conocimiento posterior del daño o que permita desplazar
el inicio del cómputo del término de caducidad.

65. Así las cosas, el término de dos años para promover la acción de reparación
directa frente a la imputación por ocupación material del inmueble transcurrió entre
el 6 de noviembre de 2008 y el 8 de noviembre de 2010 -primer día hábil siguiente
al 7 de noviembre de 2010-. No obstante, la demanda fue presentada el 17 de
enero de 2012, cuando el plazo legal para demandar se encontraba vencido. Esta
conclusión no se ve alterada por la solicitud de conciliación extrajudicial radicada
el 31 de octubre de 201155, puesto que para esa fecha la caducidad ya se había
configurado y, en esa medida, no existía un término susceptible de suspensión.

66. Cabe precisar que, como quedó reseñado previamente -párrafos 41 a 43
supra- existe una conciliación extrajudicial radicada el 5 de noviembre de 2008,
que estuvo encaminada a lograr la regularización de la propiedad y el
reconocimiento de los perjuicios materiales por las limitaciones al ejercicio del
derecho de propiedad. Dicho trámite fue infructuoso y como producto de él no se
promovió demanda alguna, sino que derivó en que la EAAB adelantara el
procedimiento para la enajenación voluntaria del inmueble objeto del litigio. El
agotamiento del requisito de procedibilidad para el presente asunto se realizó el

54
Fl. 184 C. 2
55
Cabe precisar que, como se expuso previamente (párrafos 41 a 43 supra), en el presente asunto se
adelantó una conciliación extrajudicial radicada el 5 de noviembre de 2008, que estaba orientada a la
regularización de la propiedad y al reconocimiento de los perjuicios materiales derivados de las limitaciones
al ejercicio del derecho de dominio. Dicho trámite resultó infructuoso y no dio lugar a la presentación de
demanda alguna, sino que derivó en que la EAAB iniciara el procedimiento de enajenación voluntaria del
inmueble objeto del litigio. Posteriormente, el requisito de procedibilidad correspondiente al presente proceso
fue presentado el 31 de octubre de 2011, según consta a folios 1 a 6 del cuaderno No. 2 de pruebas.

19

Radicación: 25000-23-36-000-2012-00053-02 (67.840)
Demandante: Andrés José Pajón Samper y otros
Demandado: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
E.S.P.
Referencia: Reparación directa

31 de octubre de 2011, tal como consta a folios 1 a 6 del cuaderno No. 2 de
pruebas.

67. Esta solicitud de conciliación no corresponde a la que se formuló previo a
presentar la presente demanda de reparación directa, sino que correspondió a
aquella en la que los hoy demandantes buscaron la regularización de la propiedad
y el reconocimiento de los perjuicios materiales por las limitaciones al ejercicio del
derecho de propiedad -ver, supra, acápite de hechos probados-.

68. Por las razones expuestas se revocará la decisión de primera instancia
desestimatoria de las pretensiones adoptada en la primera instancia y, en su lugar,
se declarará la caducidad de la acción de reparación directa.

Costas

69. En consideración a que no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación
procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso
Administrativo, subrogado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

70. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 15 de abril de 2020, mediante la cual el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, negó
las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la
parte motiva de la presente providencia. En su lugar, DECLARAR la caducidad
de la acción de reparación directa formulada por los señores Andrés José Pajón
Samper, Rosa Samper Pieschacón y Catalina Gabriela Samper de Strautman, en
contra de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.

SEGUNDO: Sin condena en costas por la segunda instancia.

TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, una vez ejecutoriada
la presente providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

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Radicación: 25000-23-36-000-2012-00053-02 (67.840)
Demandante: Andrés José Pajón Samper y otros
Demandado: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
E.S.P.
Referencia: Reparación directa

Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el
código QR que aparece a la derecha.
VF

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