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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2012-00095-02

Fecha
6 de octubre de 2023
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2012-00095-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1°) Confírmase la sentencia proferida el 11 de agosto de 2016 por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones de la demanda. 2º) Condénase en costas de esta instancia a la parte demandante y fíjanse agencias en derecho a su cargo en cuantía equivalente a seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de esta providencia. Los gastos del proceso serán liquidados de manera concentrada por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, según dispone el artículo 366 del Código General del Proceso. 3º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2012-00095-02

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

6 de octubre de 2023

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, seis (6) de octubre de dos mil veintitrés (2023).

Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación: 25000-23-26-000-2012-00095-02 (58.060)
Demandante: IMPORTADORA SAGA LTDA
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA - ERROR JUDICIAL Y
DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Síntesis del caso: la parte actora aduce que si bien en la sentencia del 3 de mayo de 2007
dictada por la Sección Tercera del Consejo de Estado en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho de carácter contractual no. 1995-00787 se accedió a las
pretensiones de la demanda, no lo es menos que se le causó un daño antijurídico que debe
ser reparado, consistente en que no obtuvo la indemnización por concepto de lucro cesante.
La Sala confirma la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora (fls. 419 a 428
cdno. apelación) en contra de la sentencia proferida el 11 de agosto de 2016 por la
Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
(fls. 390 a 406 cdno. apelación) mediante la cual se resolvió lo siguiente:

“PRIMERO.- NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO.- Condenar en costas a la parte demandante. Por Secretaría
de la Sección liquídense los gastos procesales causados, devuélvase el
monto remanente por gastos procesales a la parte actora. Fíjese por
conceptos de agencias en derecho en favor de la parte demandada la
suma de NUEVE MILLONES VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS TRES
PESOS ($9.026.703) (…)”. (fls. 405 vuelto a 406 cdno. ppal. - negrillas y
mayúsculas fijas del texto original).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito radicado el 24 de julio de 2012 (fl. 5 cdno. 5), la sociedad

2

Expediente 25000-23-26-000-2012-00095-02 (58.060)
Actor: Importadora Saga Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia

Importadora Saga Ltda, por intermedio de apoderado judicial promovió demanda de
reparación directa consagrada en el artículo 140 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA en contra de la Nación –
Rama Judicial (fls. 5 a 106 cdno. 5) con las siguientes súplicas:

“1. PRIMER GRUPO PRETENSIONES PRINCIPALES

1. Que se declara administrativa y extracontractualmente responsable a
la NACIÓN – RAMA JUDICIAL, por las fallas del servicio judicial en que
se incurrió por la pérdida de la oportunidad o de las justas
expectativas para el reconocimiento y pago de la posible utilidad o
ganancia que se hubiera obtenido, en la modalidad de LUCRO
CESANTE, dentro de los capítulos de la parte motiva y resolutiva de la
sentencia calendada tres (3) de mayo de 2007, del expediente No. 1209,
radicación no. 25000232600019950078701, de la actora ISKRA STEVCI,
representada por la sociedad IMPORTADORA SAGA LTDA., y de la
demandada EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ, sobre nulidad y
restablecimiento del derecho, proferida por la Sección Tercera del H.
CONSEJO DE ESTADO, conforme a actuaciones que llevaron a la
declaratoria de desierta de la Licitación Pública Internacional No. SCM-
01-94, impidiendo la adjudicación de la misma a la parte demandante.

2. Que como consecuencia de la anterior declaración de responsabilidad
se condene a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL a reconocer y pagar por la
pérdida de la oportunidad o de las justas expectativas para el
reconocimiento y pago de la posible utilidad o ganancia que se
hubiera obtenido, en la modalidad de LUCRO CESANTE representada
en la suma de SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DÓLARES
AMERICANOS (US$744.000,oo), convertibles a pesos colombianos de
acuerdo al tipo de cambio del BANCO DE LA REPÚBLICA, por la no
adjudicación de la Licitación Pública Internacional SCM-01-94, conforme
a la jurisprudencia vinculantes y unificada del H. CONSEJO DE ESTADO,
la H. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA y la H. CORTE
CONSTITUCIONAL.
3. Que a consecuencia de lo anterior igualmente se privó a la sociedad
IMPORTADORA SAGA LTDA., que el citado concepto fuera actualizado
a partir del 31 de diciembre de 1994, conforme al índice de Precios al
Consumidor -IPC- certificado por el BANCO DE LA REPÚBLICA, como
se verificará a la fecha de ejecutoria de la comentada sentencia.

4. Que a consecuencia de lo expuesto, para el cumplimiento de la
sentencia, se impidiera también dar aplicación a lo previsto en los arts.
176 y 177 del antiguo CCA. (Decreto 01 de 1984), concordante hoy con
lo dispuesto en los arts. 187 inciso 4; 188, 192 incisos 2 y 3, y 195 de la
Ley 1427 de 2011.
5. Que la demandada sea condenada a pagar las costas y gastos del
presente asunto, considerando las pruebas recaudadas y la conducta que
ésta haya asumido.
II. SEGUNDO GRUPO DE PRETENSIONES SUBSIDIARIAS
1. Que si no son acogidas las anteriores pretensiones, entonces se
reconozca y pague a IMPORTADORA SAGA LTDA., representante legal

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Expediente 25000-23-26-000-2012-00095-02 (58.060)
Actor: Importadora Saga Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia

de ISKRA STEVCI, por la pérdida de oportunidad o de las justas
expectativas derivada de la posible y cierta indemnización del LUCRO
CESANTE que se hubiera obtenido, ocasionada por las respectivas
situaciones de retención del cuaderno no. 2 o de pruebas y por la pérdida
definitiva del cuaderno no. 3 o de llamamiento en garantía del expediente
de radicación no. 25000-23-26-000-1995-00787-01, radicación interna
No. 16209, que se encontraban localizados dentro de la SECCIÓN
TERCERA del H. CONSEJO DE ESTADO, cuya multa, tal como lo
disponen los arts. 129 a 131 del CPC, equivale a un (1) salarios mínimo
legal mensual vigente, por cada día de retención, contados a partir del 30
de octubre de 2007, o desde la fecha de salida del expediente del
despacho de la comentada Sección con fallo de fondo, y hasta cuando se
verifique el pago.

2. Que la demandada sea condenada a pagar las costas y gastos del
presente proceso, considerando las pruebas recaudadas y la conducta
que ésta haya asumido.” (fls. 5 a 7 cdno. 5 - negrillas y mayúsculas
sostenidas del texto original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte actora expuso en el escrito
contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente:

1) El 29 de marzo de 1995, la sociedad Iskra Stevci -cuyo representante en
Colombia es la sociedad Importadora Saga Ltda- presentó una demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho de carácter contractual en contra de la Empresa de
Energía de Bogotá y solicitó, entre otros aspectos, i) la nulidad de la Resolución no.
013691 del 19 de diciembre de 1994 mediante la cual se declaró desierta la licitación
pública internacional no. SCM-01-94 cuyo objeto era la fabricación, pruebas,
despacho, cargue, transporte y entrega de sesenta mil (60.000) medidores
monofásicos y cuarenta mil (40.000) medidores trifásicos y, ii) se condenara a la
Empresa de Energía de Bogotá a pagar el valor de los gastos en que incurrió con
ocasión de su participación en la mencionada licitación pública internacional no.
SCM-01-94, así como también el valor de la utilidad que habría derivado de la
ejecución del contrato de haberse adjudicado la licitación.

2) La demanda fue conocida en primera instancia por la Subsección B de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca quien, en sentencia del 17 de
septiembre de 1998 declaró la nulidad de las Resoluciones números 013691 del 19

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Actor: Importadora Saga Ltda
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Apelación sentencia

de diciembre de 1994 y 02121 del 7 de abril de 19951 expedidas por la Empresa de
Energía de Bogotá y, en consecuencia, condenó a la Empresa de Energía de
Bogotá a pagar a la sociedad Iskra Stevci -representada por Importadora Saga Ltda-
la suma de setecientos cincuenta y siete millones novecientos setenta y nueve mil
pesos ($757.979.000) por concepto de daño emergente y lucro cesante, junto con
intereses legales.

3) La Empresa de Energía de Bogotá presentó recurso de apelación en contra de la
anterior decisión el cual fue conocido por la Sección Tercera del Consejo de Estado
quien, en providencia del 3 de mayo de 2007, notificada por edicto que fue desfijado
el 3 de septiembre de 2007, modificó la sentencia dictada por la Subsección B del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el sentido de determinar que, si bien
confirmó la declaratoria de nulidad de las resoluciones que declararon desierta la
licitación, revocaba la indemnización de perjuicios por concepto de lucro cesante.

4) De la sentencia del Consejo de Estado se presume que “quien proyectó la
decisión, lógicamente tuvo a su alcance la totalidad de los cuadernos 1, 2 y 3
(cuaderno principal, de pruebas y de llamamiento en garantía), pero donde la
argumentación paradójicamente conduce a una dicotomía en la que resultan falsos
todos los juicios de convicción que emergen de las pruebas. En otras palabras,
quien proyectó la decisión, aparentemente tuvo a su disposición toda la
encuadernación de la acción contractual, pero lo curioso es que el juicio de valor
que se le atribuye a cada prueba, resulta totalmente falso, contradictorio y
desvertebrado” (fl. 26 cdno. 5).

5) El Consejo de Estado se equivocó en su argumentación y análisis, pues, i) en
sentencia hito del 27 de noviembre de 2002 dictada en el expediente no. 13.792, la
Corporación reconoció el lucro cesante cuando existe la pérdida de oportunidad de
la utilidad esperaba, aspecto que reiteró en providencia del 1° de marzo de 2006,
expediente no. 14.576; ii) en el caso que era objeto de demanda contractual, el lucro
cesante equivalía al 30% de la utilidad esperada del negocio de conformidad a la
respuesta dada por los peritos en el dictamen pericial que se practicó en el curso
del proceso contractual; iii) el Consejo de Estado de manera injustificada se apartó

1
Esta última que confirmó la primera resolución mencionada.

5

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Actor: Importadora Saga Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia

de la línea jurisprudencial “alusiva a la responsabilidad patrimonial de la
administración en pro del oferente que no era tenido en cuenta para la adjudicación”
(fl. 27 cdno. 5); iv) luego de que la providencia del 3 de mayo de 2007 quedó en
firme, Importadora Saga Ltda advirtió que dos cuadernos del expediente procesal
se extraviaron lo cual constituyó “una obstrucción de las vías para cualquier intento
de aclaración, corrección o adición de la sentencia” (fl. 31 cdno. 5), así como
también, que “obstaculizaba la preparación del eventual recurso extraordinario de
revisión, pues IMPORTADORA SAGA no tendría a su alcance las valiosas piezas
de convicción del cuaderno de PRUEBAS y del LLAMAMIENTO EN GARANTÍA” (fl.
31 cdno. 5) y, v) el ponente de la decisión acusada de error judicial fue el doctor
Ramiro Saavedra, quien respaldó la tesis expuesta en la sentencia del 1° de marzo
de 2006, no obstante, en la nueva decisión cambió de postura en la que resultó
favorecida la Empresa de Energía de Bogotá SA y cuya apoderada fue la abogada
Martha Clemencia Cediel de Peña, accionista de la firma Peña Cediel Abogados
SA, firma para la cual había trabajado el señor Francisco Saavedra Roa, hijo del
consejero ponente.

6) El 11 de junio de 2008 radicó una acción de tutela por estimar que sus derechos
fundamentales del debido proceso, de defensa y de efectivo acceso a la
administración de justicia fueron vulnerados, sin embargo, en sentencia del 12 de
junio de 2008 la Sección Cuarta del Consejo de Estado denegó la acción
constitucional, aspecto que fue confirmado por la Sección Quinta de la misma
corporación.

7) El 8 de septiembre de 2009 presentó recurso extraordinario de revisión, empero,
este fue rechazado por estimarse que la impugnación se presentó de manera
extemporánea.

3. Contestación de la entidad demandada

A través de escrito radicado el 9 de febrero de 2015, la Nación – Rama Judicial se
opuso a las pretensiones de la demanda (fls. 170 a 179 cdno. 6) con fundamento
en los siguientes argumentos:

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Expediente 25000-23-26-000-2012-00095-02 (58.060)
Actor: Importadora Saga Ltda
Reparación directa
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1) El error judicial se predica únicamente de las decisiones judiciales que carecen
de justificación o argumentación jurídica, es decir, que son proferidas
caprichosamente por el agente judicial.

2) La revisión de la decisión judicial que se acusa de error judicial da cuenta que
esta tuvo el debido respaldo probatorio, normativo y jurisprudencial, pues, con
fundamento en las pruebas obrantes en el proceso se le explicó a la parte
demandante por qué no se accedía a la totalidad de las pretensiones de la
demanda.

3) Existió para época una diversidad de criterios jurídicos entre el tribunal de primera
instancia y el Consejo de Estado para resolver el fondo del asunto, pero, no por ello
se puede predicar la existencia de un error judicial, se debe respetar la
discrecionalidad del juez.

4) El demandante en realidad pretende revivir un término ya fenecido, porque la
sentencia judicial se encuentra ejecutoriada desde el 3 de septiembre de 2007 y, si
bien el Consejo de Estado en el auto del 9 de mayo de 2014 estimó que no había
caducidad del medio de control de la referencia, en realidad aquel sí se configuró.

5) Propuso como excepciones “ausencia de los presupuestos para la existencia del
error judicial”, “ausencia de causa para demandar, “inexistencia del daño
antijurídico”, “cobro de lo no debido” y “caducidad” (fls. 172 a 173 cdno. 6).

4. Sentencia de primera instancia

1) La Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en providencia del 11 de agosto de 2016 (fls. 390 a 406 cdno.
apelación) negó las pretensiones de la demanda por estimar que no existió un error
judicial ni mucho menos un defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia, de manera que condenó en costas a la parte demandante y fijo las agencias
en derecho en la suma transcrita al inicio de esta providencia.

2) El a quo consideró que sociedad demandante demandaba por dos circunstancias

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diferentes y específicas, por un lado, por el supuesto error judicial cometido por el
Consejo de Estado en la sentencia del 3 de mayo de 2007 y, por otra parte, por el
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia causado “con la pérdida
del cuaderno de pruebas no. 2 y el del llamamiento en garantías, que
supuestamente le impidió a la demandante ejercer los recursos que procedían
contra la sentencia de segunda instancia del 3 de mayo de 2007” (fl. 393 cdno.
apelación).

3) Respecto del error judicial, precisó lo siguiente:

a) La parte actora fundó ese reproche en el hecho de que el Consejo de Estado
desconoció la jurisprudencia contencioso administrativa vigente en materia de
reconocimiento de perjuicios materiales derivados de la falta de administración del
contrato al proponente que presentaba la mejor oferta a la administración, pues, en
su criterio, de los “dictámenes periciales” practicados en la acción contractual se
evidenciaba que su propuesta debía resultar favorecida en el proceso de selección
contractual, no obstante, la revisión de la decisión judicial pone de presente que i)
no se desconoció la línea jurisprudencial en materia de indemnización del perjuicio
material en la modalidad de lucro cesante y, ii) dicha providencia contenía una
postura e interpretación jurídicamente válida, motivada con suficiencia y acorde con
los supuestos fácticos y jurídicos del asunto analizado.

b) La demandante consideró que se desconocieron la providencia del 27 de
noviembre de 2002 proferida en el expediente no. 13.792 y la sentencia del 1° de
marzo de 2006 dictada en expediente no. 14.576, empero, la primera decisión
judicial no fue aportada al proceso de la referencia y, respecto de la segunda, no se
puede predicar el desconocimiento de un precedente porque en aquella se declaró
la nulidad del acto de adjudicación de una licitación pública porque en la licitación
se incluyeron factores de ponderación de propuestas que no estaban contenidos en
los pliegos de condiciones, mientras que en el caso de la controversia se decretó la
nulidad del acto de adjudicación de la licitación pública internacional No. SCM-01-
94 por la existencia de vicios e irregularidades presentados desde la etapa de
conformación y venta de pliegos de condiciones, esto es, uno y otro procesos
tuvieron causas y fundamentos diferentes y no existe relación fáctica entre los

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mismos.

c) La postura jurídica contenida en la sentencia del 3 de mayo de 2007 es razonable,
toda vez que comprobada la existencia de irregularidades en el proceso de
selección contractual que impedían tener certeza del mejor proponente para la
administración, no era posible acceder a reconocer todas las indemnizaciones
pretendidas por Importadora Saga Ltda, en especial la aquí reclamada, pues, debido
a que el procedimiento de escogencia se encontraba viciado desde su formación y
ni siquiera existía certeza de los términos y condiciones de referencia para surtir el
procedimiento contractual.

4) En relación con el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, de
las pruebas allegadas al expediente de la referencia se colige que si bien en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no. 1195-00787 se presentó el
extravío temporal del cuaderno no. 2 de pruebas y la pérdida definitiva del cuaderno
del llamamiento en garantía, no por ello existió un daño antijurídico, porque i) el
extravío de los cuadernos se dio con posterioridad a la emisión de la sentencia del
3 de mayo de 2007, en otras palabras, esta circunstancia no tuvo ninguna influencia
en la decisión tomada; ii) no se acreditó que la demandante solicitó aclaración,
corrección o adición de la sentencia; iii) en realidad, el motivo de inconformidad de
la parte demandante es la interpretación y valoración probatoria efectuada por la
Sección Tercera del Consejo de Estado y no una equivocación en la parte resolutiva
y, iv) tampoco se demostró que la pérdida de los cuadernos del expediente llevó a
que la parte actora no pudiera preparar el recurso extraordinario de revisión, por el
contrario, este fue rechazado por extemporáneo.

5. Recurso de apelación

El 30 de agosto de 2016, la parte actora interpuso recurso de apelación (fls. 419 a
427 cdno. apelación), las razones de inconformidad con el fallo de primera instancia
se resumen así:

1) La sentencia impugnada es el reflejo de “unas interpretaciones pobres, que
además, son abiertamente irregulares, sesgadas, elusivas, carentes de una

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valoración probatoria propia” (fl. 419 cdno. apelación), pues, entre otros aspectos,
i) se afirmó que en la sentencia del 3 de mayo de 2007 se estudiaron varios
dictámenes periciales, pero, en el expediente 1995-10787 solo reposa un dictamen
pericial y, ii) se afirmó, reiterando la sentencia acusada de error judicial, que “las
conclusiones a las que llegaron los peritos sobre la evaluación de las ofertas (en la
licitación pública internacional SCM 01 94) presentaban en el ítem 2 de la licitación,
carecen del debido soporte probatorio, por la cual la decisión … no puede basarse
en este dictamen … y dado que no se aportaron tampoco las ofertas presentadas
en la licitación pública, ni debidamente autenticados e identificados los supuestos
tres diferentes ejemplares del pliego de condiciones: el aprobado por la entidad, el
entregado a los proponentes y el utilizado por los evaluadores, tampoco puede la
Sala efectuar la labor de evaluación y calificación de las propuestas, para verificar
la aseveración del demandante en el sentido de que la suya era la mejor” (fl. 422
cdno. apelación), no obstante, el dictamen se decretó en auto del 29 de febrero de
1996 y en este no se le exigió a los peritos suministrar el soporte documental que
luego se exigió en la sentencia del 3 de mayo de 2007, además, los peritos sí
aportaron los soportes en los cuales fundaron sus conclusiones.

2) El tribunal de primera instancia circunscribió el tema del error judicial en el
abandono del precedente judicial, sin embargo, desconoció que este no fue lo único
alegado en la demanda, sino que, también se alegó i) una cadena de 24
acontecimientos dañosos que no fueron mencionados por el tribunal, los cuales
demuestran “la repugnante finalidad del comportamiento de los funcionarios de
prestar el servicio de justicia, palpable en la decisión del 3 de mayo de 2007, y los
hechos posteriores que demuestran el hilo de corrupción, que no fue abordada por
el Honorable Consejo de Estado cuando ordenó revocar el auto de rechazo de la
demanda de reparación directa (…) esta asepsia o mirada obsecuente tiene un claro
propósito: que la conducta dolosa y la cadena de hechos dañosos, pase inadvertida
en el análisis o como mero ‘error judicial’ donde se justiprecia la mala fe de los
funcionarios en connivencia con una prestante apoderada externa de la Empresa
de Energía que está indefectiblemente ligada al vástago del magistrado ponente”
(fl. 425 cdno. apelación); ii) la responsabilidad por la actividad contractual derivada
de la no adjudicación del contrato; iii) la doctrina sobre la pérdida de oportunidad y,
iv) la falla del servicio por el no pago del lucro cesante.

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Actor: Importadora Saga Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia

3) Sí existió un error judicial, pues, entre otros aspectos, la sentencia acusada tuvo
por fundamento un “cúmulo de sentencias” desactualizadas.

4) La referida pérdida del cuaderno de pruebas y del cuaderno del llamamiento en
garantía no tienen una explicación coherente “y nada se menciona sobre el hecho
de mientras se presentaba el expediente del recurso extraordinario de revisión por
parte de IMPORTADORA SAGA, ese se adelantaba sin cuaderno de pruebas. No
interesa mencionar que el expediente recién encontrado estaba bajo el absoluto
control de los altos funcionarios del Consejo de Estado, mientras se vencían los
términos al recurrente por vía de revisión. En otras palabras, era viable que el
CONSEJO DE ESTADO mantuviera oculto el cuaderno de pruebas, y que
desapareciera de modo definitivo el cuaderno de LLAMAMIENTO EN GARANTÍA”
(fl. 426 cdno. apelación), además, nada se menciona sobre la conducta dilatoria de
los apoderados de la Empresa de Energía en el trámite del proceso contractual y en
donde se produjo la decisión judicial acusada de error judicial.

6. Actuación surtida en segunda instancia

1) Por auto del 17 de noviembre de 2016 (fl. 448 cdno. apelación) se admitió el
recurso de apelación, el 5 de junio de 2019 se negó la solicitud de pruebas en
segunda instancia (fls. 481 a 485 cdno. apelación)2, el 20 de enero de 2020 (fl. 514
cdno. apelación) se corrió traslado a las partes para que presentaran los alegatos
de conclusión por el término común de diez (10) días y, por el mismo lapso, al
Ministerio Público para que emitiera concepto.

2) En dicha oportunidad procesal, la parte actora reiteró los argumentos expuestos
en la demanda y en el recurso de apelación, y agregó que el tribunal de primera
instancia señaló que no se había aportado la providencia del 27 de noviembre de

2 i) Mediante escrito radicado el 16 de septiembre de 2016 (fls. 432 a 445 cdno. apelación) la parte

actora solicitó el decreto de varias pruebas en segunda instancia, entre estas, a) la investigación
administrativa no. 2479 de los años 1994-1995 de la veeduría de la Empresa de Energía de Bogotá,
la cual aportó (cdno. 6) y, b) el registro civil de nacimiento de Carlos Francisco Saavedra Roa (fl. 445
cdno. apelación); ii) por auto del 5 de junio de 2019 se negó la petición de pruebas en segunda
instancia (fls. 481 a 485 cdno. apelación,); iii) la parte actora presentó recurso de súplica contra la
anterior decisión (fls. 491 a 499 cdno. apelación) y, iv) en proveído del 14 de noviembre de 2019 se
confirmó el auto que negó la solicitud de pruebas en segunda instancia (fls. 509 a 511 cdno.
apelación).

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Actor: Importadora Saga Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia

2002, sin embargo, esta fue citada de manera extensa en la sentencia del 1° de
marzo de 2006 (fls. 520 a 522 cdno. apelación).

3) Por su parte, la Nación – Rama Judicial solicitó la confirmación de la sentencia
impugnada (fls. 516 a 519 cdno. apelación), mientras que el Ministerio Público, por
su parte, guardó silencio (fl. 523 cdno. apelación).

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado,
3) conclusión y, 4) condena en costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

En el presente caso, la parte actora alega que la Nación – Rama Judicial es
patrimonial y extracontractualmente responsable por i) el error judicial contenido en
la sentencia del 3 de mayo de 2007, por medio del cual la Sección Tercera del
Consejo de Estado accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter contractual
identificado con el número 25000-23-26-000-1995-00787-01, promovido por la
sociedad Importadora Saga Ltda en contra la de la Empresa de Energía de Bogotá
y, ii) por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia ocasionado
con la pérdida temporal del cuaderno de pruebas y la pérdida definitiva del cuaderno
de llamamiento en garantía del referido expediente judicial que se encontraban en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter contractual
identificado con el número 25000-23-26-000-1995-00787-01 promovido por la
sociedad Importadora Saga Ltda en contra de la Empresa de Energía de Bogotá.

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Expediente 25000-23-26-000-2012-00095-02 (58.060)
Actor: Importadora Saga Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia

Respecto de lo anterior, se pone de presente que el Consejo de Estado en auto de
9 de mayo de 20143 definió la procedibilidad y oportunidad del medio de control
jurisdiccional ejercido con la demanda y la admitió por estimar que no existió
caducidad de la acción4 (fls. 146 a 154 cdno. ppal. 2).

En este contexto, como ya existe un pronunciamiento de la Corporación, sobre ese
específico tema, la Sala no puede revivir el debate sobre ese punto de derecho que
ya fue previamente definido, pues, hacer lo contrario implica atentar contra la
seguridad jurídica y el debido proceso, además, en la admisión de la demanda
quedó definido el objeto de la litis y, en forma clara, se explicó que no existía
caducidad del medio de control jurisdiccional ejercido.

Sobre esto último, es importante poner de presente que la Corte Constitucional5 fue
enfática en definir la imposibilidad de que el mismo juez revoque una decisión
válidamente adoptada y ejecutoriada, por el hecho de vulnerarse con ello el derecho
fundamental del debido proceso y el principio constitucional de seguridad jurídica.

En consecuencia, la Sala estudiará tanto el error judicial como también el
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia alegados y, en ese
sentido, la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda
será confirmada debido a que la parte actora pretende reclamar en este proceso la
misma petición que en su momento formuló en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho de carácter contractual que culminó con la referida

3 Por medio del cual se resolvió el recurso de apelación presentado en contra del auto del 6 de

septiembre de 2012 dictado por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, que había rechazado la demanda por estimar que se configuró la caducidad de
la acción (fls. 110 a 112 cdno. ppal. 2).
4
En concreto, el Consejo de Estado en dicha oportunidad señaló que “dado que la sentencia que se
considera constitutiva de error judicial quedó ejecutoriada el 6 de septiembre de 2007 (…) el término
para presentar la demanda , en principio, habría de vencer el 7 de septiembre de 2009 (…) sin
embargo, fueron los percanes sufridos con motivo de la pérdida del cuaderno de pruebas de ese
pendiente, los cuales no son imputables a la parte, pero que esta sí requería para fundamentar sus
asertos, los que le impidieron presentar con antelación la demanda de reparación directa. En
consideración a que el término para presentar la demanda se inició el 1° de septiembre de 2010,
esto es, al día siguiente de la comunicación a la sociedad del hallazgo del cuaderno de pruebas, el
mismo venció el 10 de septiembre de 2010, aún sin descontar el término que duro el trámite de la
conciliación prejudicial. Por lo tanto, la demanda interpuesta el 24 de julio de 2012, lo fue en el
término previsto en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011”.
5 Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, sentencia del 20 de marzo de 2019, exp. T-

2123838, MP Luís Ernesto Vargas Silva. Esta providencia revocó las sentencias proferidas por el
Juzgado 34 Administrativo del Circuito de Bogotá y la Subsección B de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el expediente con radicación número 2005-00094-02.

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Expediente 25000-23-26-000-2012-00095-02 (58.060)
Actor: Importadora Saga Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia

sentencia del 3 de mayo de 2007, es decir, la parte demandante no solicitó una
pretensión específica y diferente sobre el daño que ocasionó la decisión judicial que
adolece de error, razón por la cual sus argumentos se orientan a reabrir el debate
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que ya hizo tránsito a cosa
juzgada, lo cual no es procedente porque el presente proceso no es una tercera
instancia de aquel otro proceso judicial.
De otro lado, la Sala confirmará la decisión del a quo de negar las súplicas por el
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia porque no acreditó la
existencia de un daño antijurídico.

2. Análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado

2.1 Examen de los presupuestos del error judicial

1) La Ley 270 de 1990, Estatutaria de la Administración de Justicia, definió la
responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado por las actuaciones del
aparato judicial y estableció el error jurisdiccional como uno de los supuestos en los
que se puede configurar dicha responsabilidad. Las normas que se refieren al error
son las siguientes:

“ARTÍCULO 65. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. El Estado
responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional
y por la privación injusta de la libertad.

ARTÍCULO 66. ERROR JURISDICCIONAL. Es aquel cometido por una
autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el
curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria
a la ley.

ARTÍCULO 67. PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL. El
error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:

1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos
previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad
del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia
judicial.

2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme.”.

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Expediente 25000-23-26-000-2012-00095-02 (58.060)
Actor: Importadora Saga Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia

Según las normas legales transcritas, el legislador determinó los siguientes
requisitos para que prosperen las súplicas en estos casos: i) la conducta debe ser
ejecutada por una autoridad investida de función jurisdiccional, ii) que actúe en
calidad de tal, iii) aquella debe estar materializada en una providencia proferida en
el curso de un proceso judicial, iv) que se encuentre ejecutoriada, v) que el
interesado haya interpuesto los recursos de ley y, vi) que sea una providencia
contraria a la ley.

2) Previamente a efectuar el análisis sobre el cumplimiento de estos requisitos en
el presente caso, los cuales pertenecen a la imputación, es necesario precisar la
concreción del daño derivado de la sentencia enjuiciada por ser el primer elemento
de la responsabilidad de conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política.

La Sala observa que en relación con la indemnización por concepto de lucro
cesante, las pretensiones de la mencionada demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho y las del proceso de la referencia son casi idénticas toda vez que, en
ambos casos, se solicitó lo siguiente: el pago de la posible utilidad o ganancia que
se hubiera obtenido por parte de Importadora Saga Ltda de haberse adjudicado la
licitación pública internacional No. SCM-01-94. En la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho se concibieron y redactaron las súplicas en los
siguientes términos:

“I.- PRETENSIONES PRINCIPALES

PRIMERA.- Declárase la Nulidad de la Resolución No. 013691 del
diecinueve (19) de Diciembre de Mil Novecientos Noventa y Cuatro
(1994), proferida por el Gerente General de la EMPRESA DE ENERGÍA
DE BOGOTÁ, por la cual se declaró desierta la LICITACIÓN PUBLICA
INTERNACIONAL No. SCM-01-94 y del ACTO ADMINISTRATIVO
PRESUNTO NEGATIVO que confirmó la anterior en razón de la
ocurrencia del Silencio Administrativo respecto del Recurso de Reposición
interpuesto el día veintitrés (23) de Diciembre de mil novecientos noventa
y cuatro (1994).

SEGUNDA.- Como consecuencia de la anterior declaración, condénese a
la EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ, a reconocer y pagar a ISKRA
STEVCI el valor de los gastos en que incurrió con ocasión de su
participación en la LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL No. SCM-
01-94.

TERCERA.- Como consecuencia de la declaratoria de nulidad de la
Resolución No. 013691 de Diciembre de Mil Novecientos noventa y cuatro

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Expediente 25000-23-26-000-2012-00095-02 (58.060)
Actor: Importadora Saga Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia

(1994) y del acto administrativo presunto negativo que la confirmó,
condénese a la EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ a reconocer y
pagar a ISKRA STEVCI el valor de la utilidad que habría derivado de
la ejecución del respectivo contrato, al haberle sido adjudicada la
licitación mencionada, como era lo procedente.

CUARTA.- Las sumas a que sea condenada la EMPRESA DE
ENERGÍA DE BOGOTÁ, según las dos pretensiones anteriores, se
actualizarán según los Índices de Precios al Productor, certificados
por el Banco de la República, a la fecha de ejecutoria de la Sentencia
y sobre tales sumas se liquidará y reconocerá un interés legal del
seis por ciento (6%) anual desde la fecha de declaratoria de desierta
de la Licitación y hasta la fecha de ejecutoria de la Sentencia.

QUINTA.- Para el cumplimiento de la Sentencia se dará aplicación a los
artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

PRETENSIONES SUBSIDIARIAS.-
En subsidio de las pretensiones principales:

PRIMERA.- Declárase Administrativa y extracontractualmente
responsable a la EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ por falla del
Servicio, al incurrir en errores e irregularidades que la llevaron a declarar
desierta la LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL No. SCM-01-94,
impidiendo la adjudicación de la misma a la sociedad ISKRA STEVCI.

SEGUNDA.- Como consecuencia de la anterior declaración, condénase a
la EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ a reconocer y a pagar a ISKRA
STEVCI el valor de los perjuicios materiales en que incurrió, a título de
daño emergente, consistentes en los gastos efectuados para participar en
la mencionada licitación.

TERCERA.- Como consecuencia de la declaratoria de
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EXTRACONTRACTUAL a que
se refiere la primera anterior pretensión, condénase a la EMPRESA DE
ENERGÍA DE BOGOTÁ a reconocer y a pagar, a título de
indemnización por perjuicios materiales y como lucro cesante, el
valor de la utilidad que habría reportado ISKRA STEVCI de la
ejecución del contrato que habría sido suscrito por ella como
consecuencia de la adjudicación de la mencionada licitación, de no
haberse incurrido en la referida falla del servicio.

CUARTA.- Las sumas a que sea condenada la EMPRESA DE ENERGÍA
DE BOGOTÁ, según las dos pretensiones inmediatamente anteriores, se
actualizarán según los índices de precios al consumidor, certificados por
el D.A.N.E., a la fecha de ejecutoria de la sentencia y sobre tales sumas
se liquidará y reconocerá un interés legal del seis por ciento (6%) anual
desde la fecha de declaratoria de desierta de la licitación y hasta la fecha
de la ejecutoria de la sentencia.

QUINTO.- Para el cumplimiento de la sentencia se dará aplicación a los
artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo”. (fls. 3 a 4
cdno. 1 pruebas – mayúsculas sostenidas del original y negrillas de la
Sala).

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Expediente 25000-23-26-000-2012-00095-02 (58.060)
Actor: Importadora Saga Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia

3) Como puede fácilmente observarse, estas súplicas son prácticamente iguales a
lo transcrito al inicio de la presente providencia respecto del proceso de reparación
directa de la referencia.

En ese orden de ideas, por medio de la acción de reparación directa que dio origen
a este otro proceso el demandante pretende, indebidamente, reabrir el debate del
otrora proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter contractual, el
cual ya fue tramitado y decidido en su momento por el juez competente del caso,
pues, aunque la demandante también alega que existió una pérdida de oportunidad,
lo cierto es que reclama el lucro cesante que fue negado en la decisión judicial, lo
cual lleva nuevamente a que se reabra el debate judicial ya finalizado.

Al margen de que hubiera existido o no el error jurisdiccional alegado, la Sala
encuentra que la demandante busca crear, caprichosamente, una tercera instancia
para la misma controversia ya resuelta puesto que no identificó el daño cuya
indemnización reclama que se repare, sino que, persigue la misma finalidad del
primigenio proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ya definido y concluido
con antelación a este.

4) En un caso estudiado por esta misma Subsección, se explicó que en los asuntos
de error jurisdiccional no se puede invalidar la garantía del juez natural, se hizo en
los siguientes términos:

“No puede olvidarse que, en este escenario, se pretende, justamente, el
resarcimiento de un daño antijurídico autónomo y no, por sí sola la
‘detección’ de los errores judiciales para que, a título de reparación, se
satisfagan las pretensiones del primer proceso, en este caso, del proceso
laboral, olvidando con ello, la garantía de especialidad del juez y
convirtiendo al juez de la reparación directa en un juez que defina todas
las controversias sin importar su naturaleza.

Entrar a discutir si se cometió un error al concluir que no se demostró una
relación laboral continua por el periodo pedido porque no se allegaron la
totalidad de contratos que la demostraban o que debió accederse a las
pretensiones respecto de los periodos en los que sí se había aportado los
contratos, sin establecer primero, el daño que causó esa Sentencia y que
se pretende reparar, implica que el juez de reparación directa, en lugar de
estudiar la responsabilidad del Estado se limite a ser un juzgador de la

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Actor: Importadora Saga Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia

Sentencia adoptada en sede ordinaria laboral con el riesgo de invadir su
competencia y anular la garantía de juez natural”6.

Por consiguiente, la acción de reparación directa por error jurisdiccional no es un
medio para acudir a una instancia adicional y afectar la competencia del juez del
primer proceso judicial, no se constituyó para que el afectado insista en los
argumentos que no prosperaron en aquel, como en el sub judice donde se solicita
que se reconozca y se pague una indemnización por la utilidad que dejó de percibir
la aquí demandante; por el contrario, su finalidad es la de resarcir los perjuicios
derivados del daño antijurídico causado con una providencia judicial ejecutoriada
que fue violatoria de la ley, esto es, el causado exclusivamente por el Estado en su
función de administrar de justicia, el cual debe ser identificado y probado en esta
jurisdicción de lo contencioso administrativo7.

Sobre el punto, en cuanto a la carga de individualizar el daño en estos casos esta
Sala de decisión ha puesto de presente lo siguiente:

“[E]n los procesos de responsabilidad patrimonial del Estado por error
judicial, además de demostrar el error judicial, la parte demandante tiene
la carga de individualizar con precisión el daño cuya indemnización
pretende. Dicho daño no puede coincidir con la pretensión formulada en
el proceso en el cual se dictó la providencia acusada de incurrir en el error,
porque la sentencia allí dictada ya ha hecho tránsito a cosa juzgada y lo
que se puede solicitar ahora es la reparación del sufrido como
consecuencia de tal decisión. El daño que aquí se reclama es distinto, lo
que implica para el demandante la carga de precisarlo y demostrar su
causación”4.

5) Asimismo, es pertinente anotar que la figura del error jurisdiccional, como fuente
de responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado, no está instituida para
quebrantar el principio de la cosa juzgada toda vez que el objeto, la causa y las
partes son distintos a los del proceso inicial, esto es, mientras que en el proceso
contencioso administrativo se busca el resarcimiento de los perjuicios derivados de
un daño antijurídico provocado en el ejercicio de la función jurisdiccional, concretado
en una decisión judicial ejecutoriada, en el proceso originario su objeto y causa es

6
Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, sentencia proferida el 18 de noviembre de
2021, proceso no. 25000-23-26-000-2011-01397-01 (51.247), MP Alberto Montaña Plata.
7
En similar sentido, ver: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, sentencia proferida
el 26 de julio de 2021, proceso no. 47001-23-31-000-2009-00365-01(51784), MP Alberto Montaña
Plata.

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Expediente 25000-23-26-000-2012-00095-02 (58.060)
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Reparación directa
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cualquier otra distinta a ella. Por esta razón, ambas demandas no pueden pretender
lo mismo, como ocurrió en el presente caso, en el que la demandante reclama en
este otro proceso de reparación directa una indemnización por las utilidades que
dejó de percibir, todo con el propósito de discutir y revivir la valoración que ya definió
el juez de la causa original y cuya decisión hizo tránsito a cosa juzgada.

6) En consecuencia, ante la ausencia de individualización y acreditación del daño y
la evidente intención de provocar y obtener una instancia adicional del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho que, ya culminó con una decisión que hizo
tránsito a cosa juzgada, la Sala confirmará la sentencia proferida en primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda porque, se insiste, no se
determinó el daño cuya reparación reclama el demandante.

2.2 Análisis del defectuoso funcionamiento de administración de justicia

1) Desde otro punto de vista, la demandante estima que se le causó un daño
antijurídico por la pérdida temporal del cuaderno de pruebas y la pérdida definitiva
del cuaderno de llamamiento en garantía los cuales hacían parte del expediente de
nulidad y restablecimiento del derecho no. 25000-23-26-000-1995-00787-01, por
cuanto estas pruebas evidenciarían el error judicial alegado y, su pérdida llevó a
que las decisiones de tutela y el recurso extraordinario de revisión que en su
momento presentó no prosperaran.

2) Sobre el particular, la Sala observa que la pérdida de los mencionados cuadernos
de ese expediente judicial se dio luego de que se dictara la sentencia del 3 de mayo
de 2007 por parte de la Sección Tercera del Consejo de Estado y, mediante la cual
culminó el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número 25000-23-26-000-1995-00787-01, por ende, como lo explicó el tribunal de
primera instancia, la pérdida de dichos cuadernos no incidió en dicha decisión
judicial.

3) Ahora bien, se tiene que la demandante presentó una acción de tutela en contra
de la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado por estimar vulnerado
su derecho de petición, toda vez que no se le entregaron copias de la totalidad del

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expediente número 25000-23-26-000-1995-00787-01 (fls. 1024 a 1028 cdno. 4), sin
embargo, en sentencia del 28 de febrero de 2008 la Sección Cuarta del Consejo de
Estado negó la acción constitucional porque no se vulneró el derecho de petición
del accionante en la medida que se le explicó lo acontecido con el expediente no.
1995-00787 (fls. 1036 a 1043 cdno. 4), decisión que fue confirmada por la Sección
Quinta del Consejo de Estado en providencia del 10 de abril de 2008 (fls. 1048 a
1061 cdno. 4).

4) Asimismo, la parte demandante presentó acción de tutela en contra de la Sección
Tercera del Consejo de Estado por estimar que existió una vía de hecho en la
sentencia del 3 de mayo de 2007 dictada en el expediente número 25000-23-26-
000-1995-00787-01, proceso en el cual se extravió el cuaderno de pruebas (fls.
1062 a 1085 cdno. 4), no obstante, fue rechazada por improcedente en proveído del
14 de agosto de 2008 dictado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado y
confirmado el 14 de noviembre de 2008 por la Sección Quinta de la misma
corporación (fls. 1101 a 1110 cdno. 4), de manera que la demandante el 17 de
septiembre de 2010 radicó un recurso extraordinario de revisión (fls. 1111 a 1166
cdno. 4), el cual fue rechazado en providencia del 11 de febrero de 2010 por la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, por extemporaneidad (fls. 1167 a 1170
cdno. 4).

5) La demandante afirma que la pérdida de los cuadernos de pruebas y del
llamamiento en garantía conllevó a que no prosperaran las acciones de tutela ni el
recurso extraordinario de revisión.

En relación con ese reproche, la Sala observa que la pérdida de los citados
cuadernos no tuvo incidencia alguna en los resultados de las acciones de tutela ni
en el recurso extraordinario de revisión, pues, i) en la primera acción de tutela se
analizó la vulneración del derecho de petición y se concluyó que no fue vulnerado;
ii) en la segunda acción constitucional, se estimó -conforme la tesis que entonces
predicaba el Consejo de Estado- que la acción de tutela era improcedente contra
providencias judiciales y, iii) el recurso extraordinario de revisión fue rechazado por
haber sido presentado de manera extemporánea.

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Expediente 25000-23-26-000-2012-00095-02 (58.060)
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Reparación directa
Apelación sentencia

De igual manera, respecto de esto último, es importante poner de presente que el
artículo 187 del Código Contencioso Administrativo -código vigente para el
momento en que se interpuso el recurso extraordinario de revisión- disponía que el
recurso se debía presentar dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria de la
respectiva sentencia, término perentorio que no admite excepciones, por lo cual, el
extravío de los cuadernos no impedía a la parte actora presentar en el término de
ley el mencionado recurso extraordinario.

6) Ahora bien, el examen de las pretensiones de la demanda del proceso de la
referencia, da cuenta que el daño alegado por la parte actora por la pérdida de los
cuadernos es el mismo que solicitó por el error judicial, esto es, que se le reconozca
y pague la utilidad dejada de percibir de haberse adjudicado la licitación no. SCM-
01-94, empero, como ya fue explicado, con lo cual busca el demandante es revivir
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter contractual
identificado con el número 25000-23-26-000-1995-00787-01, el cual ya fue decidido
y fue legalmente concluido.

7) Finalmente, la parte actora, tanto en la demanda como en el recurso de apelación
de este proceso de reparación directa, sostiene que una de las razones por las que
no prosperó su pretensión por concepto de lucro cesante en el proceso número
25000-23-26-000-1995-00787-01, consistió en que existió una conducta dilatoria
por parte de la Empresa de Energía de Bogotá (quien cambió varias veces de
abogado) y que el magistrado ponente en dicho expediente buscó con la decisión
favorecer a la parte demandada, la cual era representada judicialmente por la firma
de abogados para la cual su hijo laboró.

Frente a lo anterior, se pone de presente que el hecho de que la entidad demandada
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter contractual
cambie de apoderado no constituye, per se, una conducta dilatoria y, respecto de la
circunstancia manifestada por la entidad demandante de que la decisión judicial fue
dictada con el propósito de favorecer a la Empresa de Energía de Bogotá, no le
asiste razón a la demandante, pues, por una parte, la decisión judicial fue favorable
a los intereses de la aquí actora, solo que no se accedió a reconocer la
indemnización por la utilidad reclamada y, por otro, no existe ningún indicio de

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Reparación directa
Apelación sentencia

prueba acerca de ese reproche y acusación de supuesta parcialidad en la decisión
judicial, es una afirmación carente por completo de respaldo probatorio.

8) De igual forma, la parte actora manifiesta que en el expediente número 25000-
23-26-000-1995-00787-01 existieron una serie de hechos y actos de corrupción, los
cuales no se advierten por parte de esta Sala, pues, no existe ningún medio de
prueba que sustente esa acusación, no obstante, se le recuerda a la demandante
que no es la justicia contencioso administrativa la encargada de estudiar la posible
comisión de faltas disciplinarias o conductas delictivas, de manera que en su
oportunidad debió presentar la respectiva queja disciplinaria y/o denuncia penal.

3. Conclusión

Por no haberse individualizado y probado un daño autónomo y cierto derivado de la
providencia acusada de contener error jurisdiccional se impone la confirmación del
fallo apelado.

4. Condena en costas

De conformidad con el artículo 188 del CPACA9 y el numeral 1 del artículo 365 del
CGP10, se condenará en costas de esta instancia a la parte demandante. En los
términos del numeral 3.1.3 del artículo 6 del Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo
Superior de la Judicatura11 se fija en seis (6) salarios mínimos legales mensuales
vigentes a la fecha de esta providencia, por concepto de agencias en derecho.

Por otro lado, frente a la condena en costas de primera instancia se procederá a
confirmar la decisión del a quo en la medida que el demandante fue la parte vencida
en el proceso de la referencia.

Los gastos del proceso serán liquidados de manera concentrada por la Secretaría
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, según dispone el artículo 366 del
Código General del Proceso.

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Actor: Importadora Saga Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,

FALLA:

1°) Confírmase la sentencia proferida el 11 de agosto de 2016 por la Subsección A
de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las
pretensiones de la demanda.

2º) Condénase en costas de esta instancia a la parte demandante y fíjanse
agencias en derecho a su cargo en cuantía equivalente a seis (6) salarios mínimos
legales mensuales vigentes a la fecha de esta providencia. Los gastos del proceso
serán liquidados de manera concentrada por la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, según dispone el artículo 366 del Código General
del Proceso.

3º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al
tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

con aclaración de voto
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección
Magistrado

con aclaración de voto
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado

Constancia: la presente decisión fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Sala en la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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