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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2012-00156-01

Fecha
19 de octubre de 2023
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2012-00156-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1°) Revócase la sentencia proferida el 23 de abril de 2015 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B que declaró la caducidad de la acción de reparación directa ejercida con la demanda y, en su lugar, niéganse las súplicas de la demanda. 2°) Abstiénese de condenar en costas de esta instancia procesal. 3°) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2012-00156-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

19 de octubre de 2023

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, diecinueve (19) de octubre de dos mil veintitrés (2023).

Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 25000-23-26-000-2012-00156-01 (54.669)
Demandante: CAMELOT MILENIO RC SOCIEDAD EN
COMANDITA
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y
REGISTRO
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA – CCA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – FALLA
REGISTRAL

Síntesis del caso: mediante escritura pública, el Condominio Campestre El Peñón
constituyó en favor de sus copropietarios una servidumbre de uso sobre un lago artificial
ubicado en un bien inmueble de propiedad de la sociedad en comandita simple Camelot
Milenio RC sin que mediara su consentimiento; dicho acto jurídico fue inscrito en la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Girardot (Cundinamarca) y, con ello se limitó el
dominio de aquel predio. Por lo anterior, la sociedad demandante inició un procedimiento
administrativo que resultó en la expedición de la Resolución número 128 del 19 de junio
de 2009, por medio de la cual se “canceló” la inscripción de la escritura pública ya referida
en el Registro de instrumentos Públicos; contra la anterior resolución el Condominio
Campestre El Peñón interpuso un recurso de apelación que fue decidido mediante la
Resolución número 8077 del 13 de octubre de 2009, por medio de la cual se confirmó
parcialmente la Resolución número 128 del 19 de junio de 2009 en el sentido de revocar
la inscripción del acto jurídico por medio del cual se constituyó una servidumbre de uso a
perpetuidad sobre el lago ubicado en el inmueble ya mencionado, en lugar de cancelarla.

Con posterioridad a la revocatoria del acto de registro y en ejercicio de la acción de
reparación directa, la sociedad demandante pretende que la entidad demandada la
indemnice por i) la depreciación del inmueble que fue objeto del gravamen ya referido, ii)
la plusvalía obtenida por los predios en favor de quien se constituyó la servidumbre de
uso, iii) la imposibilidad para comercializar el bien objeto del litigio, iv) el pago de abogados
con el objeto de obtener la revocación de la inscripción del acto de registro de la
servidumbre de uso en mención y, v) la afectación a su buen nombre en el mercado. Lo
anterior con ocasión de la limitación del derecho real de dominio respecto del inmueble de
su propiedad por el hecho de la inscripción irregular del acto de registro ya referido en el
folio no. 9 del certificado de tradición y libertad asociado dicho predio, el cual fue revocado.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante (fls.
294 a 301 cdno. ppal. no. 2) en contra de la sentencia proferida el 23 de abril de
2015 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección C (fls. 257 a 265 cdno. ppal. no. 2) mediante la cual se dispuso lo
siguiente:

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Expediente: 25000-23-26-000-2012-00156-01 (54.669)
Actor: Camelot Milenio RC Sociedad en Comandita Simple
Reparación directa – CCA
Apelación de sentencia

“PRIMERO: DECLARAR PROBADA LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD
propuesta por la demandada SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y
REGISTRO, pero por las razones expuestas en la parte motiva de la
sentencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.” (fl. 265 cdno. ppal. no. 2 –
mayúsculas sostenidas y negrillas del original).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1) Mediante escrito radicado el 1 de febrero de 2012, la sociedad en comandita
Camelot Milenio RC, por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda de
reparación directa en contra de la Superintendencia de Notariado y Registro (fls. 2
a 31 cdno. ppal. no. 1) para que se acceda a las siguientes pretensiones:

“PRIMERA: DECLARAR que LA NACIÓN - SUPERINTENDENCIA DE
NOTARIADO Y REGISTRO DIRECCIÓN DE REGISTRO
INMOBILIARIO es responsable administrativa y patrimonialmente por el
error en la actuación, reflejada en la decisión de la OFICINA DE
REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE GIRARDOT, al
proceder a registrar un instrumento público que contenía un acto que no
reunía los requisitos exigidos por la ley sustancial, tal como se indica en
los hechos y en los conceptos de la violación de la ley sustancial y
procesal que con posterioridad se relacionan, que ocasionó perjuicios
materiales y morales o de buen nombre a la sociedad CAMELOT
MILENIO RC S. EN C. que represento.

SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración,
CONDENAR a LA NACIÓN - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO
Y REGISTRO DIRECCIÓN DE REGISTRO INMOBILIARIO, entes
estatales, representados por el DIRECTOR NACIONAL DE REGISTRO,
a indemnizar a la sociedad actora CAMELOT MILENIO RC S. EN C., por
los perjuicios materiales y morales, que se le causó por los errores de
proceder a registrar un instrumento público que contenía un acto que no
reunía los requisitos exigidos por la ley sustancial, tal como se indica en
los hechos y en los conceptos de la violación de la ley sustancial y
procesal que con posterioridad se relacionan, daños estos que se
discriminan a continuación.

En consecuencia, solicito a los honorables magistrados CONDENAR a
la entidad demandada a resarcir plenamente la totalidad de los perjuicios
causados a la sociedad demandante, ordenando el reconocimiento y
pago de los valores que expresamente cito a continuación, bajo los
criterios de una estimación razonable o ponderada, como lo permite la
ley:

A- PERJUICIOS MATERIALES:

En relación con los perjuicios materiales causados a la demandante

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Expediente: 25000-23-26-000-2012-00156-01 (54.669)
Actor: Camelot Milenio RC Sociedad en Comandita Simple
Reparación directa – CCA
Apelación de sentencia

CAMELOT MILENIO RC S. EN C., se estiman en dos rubros que
dispone el artículo 1613 del Código Civil, como son:

1.) LUCRO CESANTE:

a.) Afectado el folio de matrícula inmobiliaria 307- 17510, con una
limitación al dominio, de la magnitud de constituirse un usufructo a favor
del Condominio Campestre El Peñón y todos los inmuebles que lo
conforman, el inmueble denominado LAGO GRANDE EL PEÑÓN INN,
de propiedad de mi representada, sufrió una sustancial depreciación e
imposibilidad de comercialización a futuro, que se estima en la suma de
OCHO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 8.000.000.000), cuyo
fundamento fáctico y legal se indican en el acápite posterior de hechos
relativos a perjuicios materiales y morales y del concepto de la violación
de la ley y la Constitución.

Por tanto, por concepto de LUCRO CESANTE, se estima un perjuicio de
OCHO MIL MILLONES DE PESOS, como se explicará razonablemente
en los hechos.

2) DAÑO EMERGENTE:

consistente (sic) en los gastos y demás erogaciones que la sociedad
CAMELOT MILENIO RC S. EN C tuvo que sufrir, a raíz de la actuación
irregular de la Oficina de Registro de Girardot de registrar un acto ilegal
y sin el lleno de de (sic) los requisitos sustanciales que la lógica jurídica
y la ley indican, afectando el predio en su esencia comercial, lo que
condujo a que mi representada tuviera que contratar abogados de mucho
prestigio, en especial de experiencia en el tema, para que adelantaran la
gestión procesal para obtener la cancelación de la anotación No. 9, del
registro del usufructo en el predio de su propiedad y en más de mil (1000)
folios de matrícula que conforman el Condominio Campestre El Peñón,
lo que nunca la debió ocurrir según la ley, estimado en un monto de
OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($800'000.000), suma
que se describe y discrimina en los hechos de ésta demanda.

B-) PERJUICIOS MORALES.

Se estructuran principalmente por los daños morales objetivados y los
subjetivados causados a la sociedad CAMELOT MILENIO RC S. EN C,
como perjudicada directa, debido a la limitación del dominio que sufrió
su propiedad por más de cuatro años, en que mediante desconocimiento
de la ley sustancial que existe para el efecto, se inscribió un usufructo
ilegal, que condujo a una alteración en su condición y expectativas
económicas, perturbación emocional a sus socios, y demérito en su
entorno empresarial, tal como también se relaciona en el acápite de
hechos y concepto de ese tipo de perjuicios, que en este libelo se explica,
y que a pesar de la discrecionalidad del juzgador, se estima de la
siguiente forma:

Se estima en el monto equivalente a mil doscientos (1200) salarios
mínimos mensuales legales vigentes para la fecha de presentación de
esta demanda, o por el monto que su despacho tase o establezca.

TERCERA.- Se condene al reajuste y actualización de cada una de las
condenas, en la forma prevista en el artículo 178 del Código Contencioso
Administrativo, tomando como base el índice de precios al consumidor,
desde la fecha en que se hagan exigibles hasta la fecha de pago efectiva.

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Expediente: 25000-23-26-000-2012-00156-01 (54.669)
Actor: Camelot Milenio RC Sociedad en Comandita Simple
Reparación directa – CCA
Apelación de sentencia

CUARTA: Condenar a la entidad demanda a pagar las costas y agencias
en derecho del proceso, de conformidad con lo dispuesto en la ley 446
de 1998, en concordancia con el artículo 392 y ss del C. de P.C.” (fls. 3
a 6 cdno. no. 1 – negrillas y mayúsculas sostenidas del original).

Los fundamentos fácticos de la demanda son, en síntesis, los siguientes:

1) Mediante escritura pública número 1578 del 5 de agosto de 2005 protocolizada
en la Notaría Primera del Círculo de Girardot (Cundinamarca), el Condominio
Campestre El Peñón constituyó una servidumbre de uso a perpetuidad sobre un
lago ubicado en el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria no. 307-17510
de propiedad de la sociedad en comandita simple Camelot Milenio RC; tal escritura
fue inscrita en el Registro de Instrumentos Públicos asociado al predio ya referido
(fls. 31 a 81 cdno. de pruebas no. 2).

2) Por lo anterior, la sociedad en comandita Camelot Milenio RC inició un
procedimiento administrativo que tuvo como resultado la expedición de la
Resolución número 128 del 19 de junio de 2009 (fls. 205 a 384 cdno. de pruebas
no. 2) en la cual se ordenó, entre otras medidas, la cancelación de la inscripción
de la escritura pública ya referida, así:

“R E S U E L V E

(…):

CUARTO. Ordénese la CANCELACIÓN de la ANOTACIÓN No. 9° del
FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA No, 17510 del GRAN LAGO
ARTIFICIAL EL PEÑON INN, en donde aparece inscrita la Escritura
Pública No. 1578 del 5 del 5 de agosto de 2.003, Notaría 1ª de Girardot,
incluyendo entre líneas y encerrando entre paréntesis lo siguiente:
(ANOTACIÓN No. 9 CANCELADA POR RESOLUCIÓN NO 128 DEL
19-06-09) salvando al final lo enmendado” (fls. 2 a 3 cdno. de pruebas
no. 7 – negrillas y mayúsculas sostenidas del original).

3) Contra la anterior decisión el Condominio Campestre El Peñón formuló un
recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante la Resolución número 8077 del
13 de octubre de 2009 que confirmó parcialmente la Resolución número 128 del
19 de junio de 2009, en el sentido de revocar la inscripción del acto jurídico por
medio del cual se constituyó una servidumbre de uso a perpetuidad sobre el lago
ubicado en el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria no. 307-17510 en

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Expediente: 25000-23-26-000-2012-00156-01 (54.669)
Actor: Camelot Milenio RC Sociedad en Comandita Simple
Reparación directa – CCA
Apelación de sentencia

vez de cancelar dicha inscripción (fls. 170 a 204 cdno. de pruebas no. 21), en los
siguientes términos:

“Un acto inscrito en forma irregular no es creador de derechos en favor
del particular a cuyo favor se inscribió. El Registrador de Instrumentos
Públicos a través de la correspondiente actuación administrativa, puede
subsanar el acto de inscripción que de manera errónea realizó. En
ningún momento se trata de la cancelación del registro, pues a ello se
procede únicamente cuando se le presente al Registrador la prueba de
la cancelación del respectivo título o acto o la orden judicial en tal sentido
(Art. 40 Decreto 1250 de 1970).

Un acto administrativo erigido en esas condiciones no puede ser
vinculante; y mucho menos frente al Estado mismo, ante lo cual el
decreto de una revocación a de entenderse referida a esa voluntad
administrativa. Ningún acto de una persona ocurrido de manera ilícita -
sea natural o jurídica-, podría considerarse factor de responsabilidad
para su acatamiento. De ahí que pueda ser revocado sin que el
consentimiento del particular afectado figure a título de inmediación.

En uno de los pronunciamientos más recientes sobre la facultad de
corrección por parte del Registrador de Instrumentos Públicos, el
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, en sentencia del 31 de enero de 2003, expediente 6551,
sostuvo:

<<en anteriores oportunidades esta sección ha manifestado que como
quiera que el Decreto 1250 de 1970 contiene sus propias reglas en
materia de corrección o cancelación del registro o inscripción de un título,
acto o documento, diferentes de las que gobiernan el procedimiento
administrativo general de la revocatoria directa, esta última no es
aplicable para los actos de registro y, por lo tanto, no se requiere el
consentimiento expreso y escrito del titular, como sí lo exige el artículo
73 del C.C.A., para la revocatoria de los actos de carácter particular y
concreto...>>

Por las anteriores razones la Dirección de Registro considera que la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Girardot no ha debido
inscribir la precitada escritura aclaratoria, ni en el folio 307-17510, ni en
los folios que conforman el Condominio Campestre el Peñón, pero
habiendo sido registrada, lo propio es revocar el acto administrativo de
inscripción representado en las respectivas anotaciones de los folios de
matrícula inmobiliaria donde se hizo el asiento registral de la escritura
aclaratoria 1578 de 2005 y no cancelarlo como lo dispuso el registrador,
por lo que habrán de modificarse los artículos tercero y cuarto de la
resolución 128 de 2009 en tal sentido.

(…):

RESUELVE

1 Sin perjuicio de la anterior, este acto administrativo también se encuentra visible para su consulta

integral en la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro, a través del siguiente
enlace: “https://servicios.supernotariado.gov.co/files/content/resoluciones/2010/132867 -
reso8077de2009.pdf”.

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Expediente: 25000-23-26-000-2012-00156-01 (54.669)
Actor: Camelot Milenio RC Sociedad en Comandita Simple
Reparación directa – CCA
Apelación de sentencia

ARTÍCULO PRIMERO. Revocar en su totalidad los ARTÍCULOS
PRIMERO Y SEGUNDO de la Resolución 128 del 19 de junio de 2009
proferida por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Girardot,
Cundinamarca, dentro de la actuación administrativa 307-AA—2009-02
conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar los ARTÍCULOS TERCERO y
CUARTO de la Resolución NO.128 del 19 de Junio (sic) de 2009
proferida por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos De
Girardot, Cundinamarca, dentro de la actuación administrativa 307 -AA-
2009-02, los cuales quedarán así:

TERCERO. Revocar el acto de inscripción representado en las
ANOTACIONES de los FOLIOS DE MATRICULA INMOBILIARIA del
CONDOMINIO CAMPESTRE EL PEÑON, en donde aparezca inscrita
la Escritura Publica No. 1.578 del 5 de agosto de 2.003, Notaria 18 de
Girardot, con la correspondiente salvedad.

CUARTO. Revocar el acto de inscripción representado en la
ANOTACION No. 9° del FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA No.
17510 del GRAN LAGO ARTIFICIAL EL PEÑON INN, en donde
aparece inscrita la Escritura Publica No. 1.578 del 5 de agosto de
2.003, Notaria 18 de Girardot, con la correspondiente salvedad” (fls.
2 a 3 cdno. de pruebas no. 7 – negrillas y mayúsculas sostenidas del
original).

4) Posteriormente la Resolución número 8077 del 13 de octubre de 2009 fue
corregida por la Resolución número 8870 del 5 de noviembre de 2009 en el sentido
de precisar que la escritura pública no. 1578 de 2003 en realidad fue expedida en
el año 2005.

5) Finalmente, el 3 de diciembre de 2009 se inscribió una “salvedad” en el folio de
matrícula inmobiliaria no. 307-17510 con la cual se consignó que mediante las
Resoluciones números 128 del 19 de junio de 2009 y 8077 del 13 de octubre de
2009 se revocó el acto de inscripción de la escritura pública número 1578 del 5 de
agosto de 2005.

6) Como fundamento jurídico de la demanda la parte actora invocó, entre otras
normas, el artículo 90 de la Constitución Política; adujo que en este caso concreto
la Superintendencia de Notariado y Registro incurrió en un error por el hecho de
inscribir en el registro de instrumentos públicos, de manera irregular, una
servidumbre de uso a perpetuidad sobre un lago ubicado en el inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria no. 307-17510, lo cual le generó un daño
consistente en la limitación del derecho real de domino sobre dicho predio.

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Expediente: 25000-23-26-000-2012-00156-01 (54.669)
Actor: Camelot Milenio RC Sociedad en Comandita Simple
Reparación directa – CCA
Apelación de sentencia

En ese contexto, pretende que la entidad pública accionada sea declarada
patrimonialmente responsable por i) la depreciación del inmueble que fue objeto
del gravamen ya referido, ii) la plusvalía obtenida por los predios en favor de quien
se constituyó la servidumbre de uso, iii) la imposibilidad para comercializar el bien
objeto del litigio, iv) el pago de abogados con el objeto de obtener la revocación de
la inscripción del acto de registro de la servidumbre de uso en mención y, v) la
afectación a su buen nombre en el mercado. Lo anterior, en los siguientes términos:

“23. - la Oficina de Registro, como Unidad Administrativa de la
Superintendencia de Notariado y Registro, reconoce el error y que se
trató de una operación administrativa desafortunada y evidentemente
ilegal, con lo cual se causaron cuantiosos perjuicios para la entidad que
represento, los que se reflejan en hechos muy concretos, como son:

a) La depreciación comercial del inmueble de propiedad de mi mandante,
es ostensible, pues durante varios años quedó gravado con una
limitación de dominio, que desde el punto de vista jurídico y registral es
imposible de borrar, pues son actos que tuvieron se (sic) vigencia y se
trata de una historia limitante, que no se puede sustraer, ni del folio de
matrícula propio del predio Lago Grande El Peñón Inn, ni de los registros
inmobiliarios de los predios de los condóminos.

b) Los predios que conforman la Unidad inmobiliaria del CONDOMINIO
CAMPESTE EL PEÑÓN tuvieron una plusvalía o valor agregado que les
aumentó de valor comercial, en detrimento de los valores económicos o
comerciales que le corresponde al pedio de la sociedad que represento,
que bajó ostensiblemente, sin opción de recuperación.

c) Por haberse producido un registro de una limitante del dominio como
lo es el usufructo, el que se posterga a futuro con una depreciación
evidente, el precio se redujo, luego será difícil la comercialización, por el
real valor que tuviera si nunca se hubiese registrado un gravamen de las
condiciones ya indicadas.

d) Por eso se hace un estimativo de lucro cesante equivalente a ocho mil
millones de pesos, que fácilmente se puede tasar con un mero análisis
de mercado de un inmueble de las características del predio de 43
hectáreas denominado Lago Grande El Peñón Inn. Este estimativo es
razonado y ponderado, con base en las facultades que se consagran en
el artículo 211 del C. de P. C., modificado por la ley 1395 de 2010.

e) De otro lado, con la conducta desplegada por la OFICINA DE
REGISTRO se produjo un daño emergente, pues una vez que el
representante legal de la sociedad que represento tuvo conocimiento de
la situación y del montaje de un gravamen y de una limitante de su
dominio, procedió a realizar consultas o contratar expertos, con el fin de
lograr un camino para que cese la situación jurídica en que quedó el
predio.

f) Por consiguiente que tuvo que contratar a un grupo de abogados
expertos en la materia, respecto de los cuales convino unos honorarios
a cuota litis de resultado para la recuperación jurídica del predio,
contratando de esta forma a la entidad CORTES ABOGADOS

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Expediente: 25000-23-26-000-2012-00156-01 (54.669)
Actor: Camelot Milenio RC Sociedad en Comandita Simple
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Apelación de sentencia

ASOCIADOS, tal como aparece en contrato anexo, firmado por un valor
del ochocientos millones de pesos ($800.000.000), que representa el
porcentaje pactado, tanto para la actuación en el proceso administrativo
ante la entidad, como el trámite de conciliación prejudicial promovida.

g) En cuanto a los perjuicios morales, se reflejan en que el buen nombre
y prestigio de la sociedad CAMELOT MILENIO RC S. EN C., fue puesta
en entredicho, pues su patrimonio, que está conformado por el inmueble
objeto de esta acción, perdió todo tipo de base de garantía y por tanto,
su credibilidad en el mercado y en el ambiente comercial quedó reducida
a su más mínimo valor.

24. - Es responsable la Nación - Superintendencia de Notariado y
Registro, por la conducta desplegada por una de sus dependencias o
agencias de registro, como lo es la Oficina de Registro de Instrumentos
públicos de Girardot, y como lo reconoció la Oficina de Registro central,
al confirmar la resolución, en la cual la misma entidad rectifica el error en
que cayó y procede a la cancelación de la anotación No. 9 del Folio de
matrícula No. 307- 17510.

Con este resultado, se subsana en parte los errores jurídicos cometidos
por la Oficina de Registro de Girardot y cesan los defectos Jurídicos ya
indicados, pero queda latente la indemnización de perjuicios que se
generaron por el despojo ocurrido a mi representada de la principal parte
o esencia del derecho de dominio que tenía sobre el inmueble, que
ocurrió por el registro irregular de un acto abusivo.

25. - No obstante, con la decisión en firme de la Oficina de Registro, no
se subsanan los perjuicios causados por la actuación administrativa,
pues el único punto de restitución jurídica es la cancelación de la
anotación No. 9 del folio de matrícula 307-17510 y en todos los folios de
matrícula en donde se habían registrado los actos de constitución de las
escrituras en los demás registros inmobiliarios” (fls. 17 a 19 cdno. ppal.
no. 1).

2. La admisión y la contestación de la demanda

1) El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda mediante auto
de 22 de marzo de 2012 (fl. 34 cdno. no. 1) y ordenó su notificación a la entidad
demandada, lo cual acaeció el 5 de junio del mismo año (fl. 36 cdno. no. 1).

2) La Superintendencia de Notariado y Registro se opuso a las pretensiones de la
demanda (fls. 128 a 140 cdno. no. 1) con base en el siguiente razonamiento:

a) El término para presentar la acción de reparación directa debe contabilizarse
desde el momento en que el demandante conoció del hecho dañoso, es decir,
desde el día en que se inició la actuación administrativa tendiente a que se
revocara la inscripción de la escritura pública, esto es, a partir del 9 de diciembre
de 2008. En este contexto, el término de dos (2) años para ejercer la acción de

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Reparación directa – CCA
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reparación directa feneció el 9 de diciembre de 2010 mientras que la demanda fue
presentada el 1 de febrero de 2012, circunstancia por la cual operó la caducidad
de la acción.

En esa perspectiva, el supuesto daño sufrido por la accionante no fue ocasionado
por las Resoluciones números 128 del 19 de junio de 2009 y 8077 del 13 de octubre
de 2009, sino por la inscripción en el Registro de Instrumentos Públicos del acto
jurídico a través del cual se constituyó una servidumbre de uso a perpetuidad sobre
el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria no. 307-17510.

b) No se agotó el requisito de procedibilidad de conciliación prejudicial, pues, no
existe identidad entre lo expuesto en la solicitud de conciliación y las pretensiones
esgrimidas en el escrito de demanda.

3. Alegatos de conclusión de primera instancia

1) Vencido el período probatorio dispuesto en providencia de 8 de mayo de 2013
(fls. 107 a 109 cdno. no. 1), el tribunal de primera instancia por auto de 17 de marzo
de 2015 corrió traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al
Ministerio Público para que rindiera concepto (fl. 209 cdno. no. 1).

2) La parte actora reiteró los hechos y argumentos planteados en el escrito de la
demanda y se opuso a los argumentos expuestos en la contestación a la demanda
(fls. 234 a 256 cdno. no. 1).

3) La parte demandada reiteró las razones de oposición esgrimidas en el escrito
de contestación de la demanda (fls. 210 a 233 cdno. no. 1).

4) El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

4. La sentencia de primera instancia

El 23 de abril de 2015, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Tercera – Subsección C profirió la sentencia impugnada mediante la cual se
declaró la caducidad de la acción de reparación directa (fls. 257 a 265 cdno. no.
2), con base en las siguientes consideraciones:

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Reparación directa – CCA
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1) El término de caducidad de la acción de reparación directa se debe contabilizar
a partir de la fecha en la cual se expidió la Resolución número 8077 del 13 de
octubre de 2009 por la cual se revocó el acto de inscripción de la escritura pública
número 1578 del 5 de agosto de 2005, porque i) a partir de la expedición de ese
acto administrativo cesó el daño antijurídico y, ii) no se encuentra acreditada en el
expediente la fecha de notificación de la referida resolución.

2) Por lo anterior, el término de caducidad debe computarse desde el día 13 de
octubre de 2009, fecha a partir de la cual el demandante contaba con el término
de dos (2) años para interponer la demanda, es decir, debía ejercer la acción a
más tardar el 14 de octubre de 2011; sin embargo, el 12 de octubre de 2011 se
presentó una solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría 129 Judicial
II para Asuntos Administrativos, motivo por el cual se suspendió el término de
caducidad por el término de tres (3) meses2 de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 3 del Decreto 1716 de 2009 (fls. 8 a 14 cdno. no. 2).

Así las cosas, el término de caducidad estuvo suspendido hasta el 13 de enero de
2012, lo cual significa que la parte demandante debía radicar el escrito inicial a
más tardar el 14 de enero de 2012, empero, fue presentado el 1° de febrero de
2012, razón por la que operó la caducidad del medio de control jurisdiccional de
reparación directa.

5. El recurso de apelación

Inconforme con la decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación el cual
fue concedido mediante auto de 9 de junio de 2015 (fl. 270 cdno. no. 2) y admitido
por esta Corporación en providencia del 5 de mayo del mismo año (fl. 274 cdno.
no. 2).

Los fundamentos del recurso de alzada (fls. 267 a 268 cdno. ppal. no. 2) son, en
síntesis, los siguientes:

1) Cuando se trata de “actos dañosos” el término de caducidad se debe

2 La constancia de agotamiento del requisito de procedibilidad de conciliación prejudicial se expidió

con posterioridad al cumplimiento de los tres (3) meses posteriores a la presentación de la solicitud
de conciliación prejudicial.

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Apelación de sentencia

contabilizar a partir de la cesación del daño causado a la parte, hecho que para
este caso concreto no ocurrió con la expedición de la Resolución número 8077 del
13 de octubre de 2009, sino, desde de la respectiva anotación de corrección en el
folio de la matrícula inmobiliaria, es decir, a partir del 3 de diciembre de 2009, fecha
a partir de la cual no ha operado la caducidad de la acción.

2) En el evento que se considere que el anterior razonamiento es erróneo, no
habría caducidad si el término de caducidad de la acción se contabiliza desde la
ejecutoria de la Resolución número 8870 del 5 de noviembre de 2009, por medio
de la cual se corrigió un error de digitación contenido en la Resolución número
8077 del 13 de octubre de 2009.

6. El trámite de segunda instancia

1) Por auto del 5 de octubre de 2018 se corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión por el término común de diez (10) días y, por el mismo lapso, al
Ministerio Público para que emitiera concepto (fl. 293 cdno. ppal. no. 2).

2) La parte actora reiteró los hechos y argumentos planteados en el recurso de
apelación (fls. 294 a 301 cdno. ppal. no. 2).

3) La entidad demandada insistió en los argumentos expuestos en la contestación
a la demanda en relación con la caducidad de la acción de reparación directa.

4) A su turno, el Ministerio Público solicitó revocar la sentencia de primera instancia
para que en su lugar se acceda parcialmente a las pretensiones de la demanda
(fls. 306 a 3018 cdno. ppal. no. 2), en los siguientes términos:

a) La acción procedente para demandar en este caso concreto es la de reparación
directa por cuanto el daño fue causado por “la ruptura del principio de igualdad
frente a las cargas públicas por un acto legal”.

b) En relación con la contabilización del término de caducidad de la acción de
reparación directa, son correctos los argumentos aducidos por la sociedad
demandante en el recurso de apelación, motivo por el cual la demanda fue
presentada oportunamente.

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c) Se debe acceder parcialmente a las súplicas de la demanda por el hecho de
que la Superintendencia de Notariado y Registro incumplió los deberes que le
asisten en ejercicio de la función registral por el hecho de calificar erróneamente la
escritura pública número 1578 del 5 de agosto de 2005, pues, su inscripción no era
viable jurídicamente en la medida en que no medió la voluntad de los demandantes
en la constitución del negocio jurídico a registrar, yerro que solo pudo ser
enmendado después de que la sociedad en comandita Camelot Milenio RC inició
un procedimiento administrativo para tal efecto.

d) Finalmente, existe concausa entre la conducta de la entidad demandada, la
Notaría Primera del Círculo de Girardot y el Condominio Campestre El Peñón
respecto del daño cuya indemnización se pretende, sin embargo, como estas dos
últimas entidades no fueron demandadas se debe condenar a la Superintendencia
de Notariado y Registro solo por el 70% del monto del daño cuantificado.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) acción procedente, 3) caducidad de la acción, 4) análisis de la
responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado, 5) indemnización de
perjuicios y, 6) condena en costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

El objeto de la controversia consiste en establecer si le asiste responsabilidad
patrimonial extracontractual a la Superintendencia de Notariado y Registro por los
daños derivados del acto administrativo de registro por medio del cual se inscribió
la escritura pública no. 1578 del 5 de agosto de 2005 de la Notaría Primera del
Círculo de Girardot, consistente en la imposición de una servidumbre de uso sobre
el predio de propiedad de la demandante, el cual fue posteriormente revocado por
esa entidad mediante la Resolución no. 8077 del 13 de octubre de 2009.

La Sala revocará la decisión apelada que declaró la caducidad de la acción de
reparación directa por cuanto sí fue ejercida en tiempo y, en su lugar, estudiará de

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fondo las pretensiones de la demanda, para concluir que si bien es cierto que está
probado el daño alegado consistente en la imposición temporal de un gravamen
que limitó el derecho de propiedad de la sociedad demandante, deben negarse las
súplicas de la demanda debido a que no se probaron los perjuicios solicitados.

2. Acción procedente

1) En el sub examine se tiene que la parte actora impetró la acción de reparación
directa contemplada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo 3 con
el objeto de que se le indemnice por el daño derivado de la decisión contenida en
el acto de registro por medio del cual se inscribió el acto jurídico contenido en la
escritura pública número 1578 del 5 de agosto de 2005 en la anotación número 9
del folio de matrícula inmobiliaria no. 307-17510, decisión que posteriormente fue
revocada por la Superintendencia de Notariado y Registro mediante la Resolución
número 128 del 19 de junio de 2009; en consecuencia, la Sala encuentra pertinente
pronunciarse previamente sobre la procedencia de la acción incoada.

2) La acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del CCA está
concebida para procurar la indemnización del daño derivado de un hecho, una
omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de
inmuebles por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa, siempre que
esta última no consista en un acto administrativo, porque, cuando este constituye
la fuente de un daño, por regla general, la ley prevé como acción pertinente y
procedente la de nulidad y restablecimiento del derecho.

3) De manera excepcional, la jurisprudencia de esta Corporación ha puesto de
presente que existen algunos eventos en los cuales el medio de control
jurisdiccional de reparación directa es procedente cuando el daño proviene de
actos administrativos, así:

“A modo de epílogo, son cuatro las excepciones que hasta este
momento se han identificado en la jurisprudencia y que permiten
afirmar que la acción de reparación directa es el cauce procesal
idóneo cuando el origen del daño lo constituya una actuación
administrativa: (i) reparación de perjuicios causados por la ejecución de
actos administrativos consonantes con el ordenamiento jurídico en los

3 Estatuto procesal vigente para la fecha de presentación de la demanda, esto es, el 1 de febrero

de 2012.

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que no se controvierta su legalidad y se atente contra el principio de
igualdad frente a las cargas públicas; (ii) reparación de perjuicios
causados por la expedición y ejecución del acto administrativo
ilegal que haya sido anulado o haya sido objeto de revocatoria directa
por la propia administración, sin incidencia de la conducta del sujeto
pasivo del acto administrativo; (iii) reparación como consecuencia de la
configuración de un daño derivado de una manifestación de la
administración contra la cual no procede la acción de legalidad
pertinente, como ocurre con los actos preparatorios o de
trámite; (iv) reparación de los perjuicios causados por la anulación o
revocatoria directa de un acto administrativo que hubiere beneficiado al
actor, cuando la anulación o revocatoria directa hubiere sido causada por
la inobservancia de las reglas propias del procedimiento administrativo o
de las normas que rigen el ejercicio de la actividad administrativa”4.

4) Para este caso concreto, se advierte de las pretensiones y de la causa petendi
esbozada en la demanda que la parte actora pretende la reparación de los daños
causados por un acto administrativo de registro que fue retirado del ordenamiento
jurídico por la administración por virtud de su revocación, razón por la que la acción
de reparación directa se constituye, por vía de excepción, en el cauce procesal
idóneo para obtener la reparación de los daños causados por dicho acto, pues, ya
no existe un acto administrativo susceptible de ser demandado a través de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

3. Caducidad de la acción

1) La parte actora fundamenta su planteamiento de acusación en que el término
de caducidad no se debe contabilizar a partir de la expedición de la resolución que
revocó el acto de registro antes referido debido a la ausencia de la prueba de su
notificación, como lo hizo el tribunal de primera instancia, sino desde la respectiva
anotación no. 9 relativa a la corrección en el folio de la matrícula inmobiliaria sobre
la imposición del gravamen de la servidumbre de uso o, en su defecto, desde la
expedición de la resolución por medio de la cual se corrigió un yerro de digitación
contenido en la decisión por la cual se revocó dicho acto de registro.

2) Según lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 136 del Decreto-ley 01 de 19845,
el medio de control de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años

4 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, auto del 9 de marzo de 2023, expediente

66.494, MP Martín Bermúdez Muñoz. Al respecto ver también: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, sentencia del 19 de julio de 2023, expediente 66.487, MP Nicolás Yepes Corrales.
5 Norma procesal aplicable por ser la vigente al momento en que ocurrieron los hechos objeto de

la demanda.

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contados a partir del día siguiente de la ocurrencia de la acción u omisión causante
del daño.

3) Para este caso concreto se observa que la parte actora solo tuvo certeza del
daño alegado cuando cesaron los efectos de la inscripción de la servidumbre de
uso que afectó el predio que se identifica con el folio matrícula inmobiliaria no. 307-
175106, huelga decir, a partir del 3 de diciembre de 2009, fecha en la que se
consignó la siguiente salvedad en tal documento:

“SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)

(…).

Anotación Nro: 9 Nro corrección: 1 Radicación 307AA2009-02 fecha
03-12-2009

SE REVOCA EL ACTO DE INSCRIPCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA
RESOLUCIÓN #128 DEL 17/07/09 ORIP GIRARDOT Y CONFIRMADA
POR RESOLUCIÓN #8077 DEL 13/10/2009 Y MODIFICADA POR RES.
#8070 DEL 5/11/09 DE LA DIRECCIÓN DE REGISTRO” (fls. 91 a 92
cdno. ppal. no. 2).

4) En ese contexto, como en el presente asunto no se alegó ni se encontró
demostrada imposibilidad material alguna para acceder a la administración de
justicia, se concluye que si se contabiliza el término para presentar la demanda
desde el día siguiente a la anotación no. 9 de fecha 3 de diciembre de 2009 resulta
evidente que los actores acudieron a esta jurisdicción dentro del plazo de dos (2)
años previsto para el efecto en el artículo numeral 8 del artículo 136 del CCA
porque i) el termino inicial para presentar la demanda, en principio, fenecía el 4 de
diciembre de 2001, (ii) no obstante, el término de caducidad se suspendió por tres
(3) meses por virtud de la solicitud de conciliación prejudicial presentada ante la
Procuraduría 129 Judicial II para Asuntos Administrativos7 (fls. 5 a 6 cdno. no. 2)
desde el 12 de octubre de 2011 hasta el 12 de enero de 2012 a falta de 53 días

6 Lo anterior por cuanto además de su naturaleza constitutiva, el registro de instrumentos públicos

cumple una función de publicidad, por el hecho de que es el medio para dar a conocer a terceros
quién es el propietario del inmueble y quién puede disponer de él. De allí que, ningún título sujeto
a inscripción o registro tendrá mérito probatorio o surtirá efectos respecto de terceros, sino desde
la fecha del registro o inscripción, según lo dispuesto en los artículos 45 y 46 del Decreto 1250 de
1970.
7 A pesar de que la constancia de no conciliación se emitió el 13 de enero de 2012, lo cierto es que

el término solo pudo suspenderse por ese interregno de 3 meses conforme a lo dispuesto por el
artículo 21 de la Ley 640 de 2001.

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calendario para la expiración del correspondiente plazo, ii) por lo anterior, el plazo
para formular de la demanda se prorrogó hasta el 5 de marzo de 2012, mientras
que la demanda fue interpuesta el 1º de febrero de 2012 (fl. 31 vlto. cdno. no. 1),
de manera que la acción de ejerció en el tiempo dispuesto por la norma procesal
aplicable al caso concreto.

5) En gracia de discusión, si el término de caducidad se contabilizara desde el día
siguiente a la ejecutoria de la resolución por la cual se ordenó la corrección del
acto administrativo que revocó el acto de registro, esto es, a partir del 8 de
diciembre de 2009 (fl. 4 cdno. no. 7), tampoco habría operado la caducidad de la
acción de reparación directa, pues, el término para presentar la demanda hubiera
empezado a correr con posterioridad a lo indicado en el supuesto anterior.

6) Por consiguiente, se revocará la sentencia proferida por el tribunal de primera
instancia y, en consecuencia, la Sala analizará de fondo las pretensiones de la
demanda.

4. Análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado

4.1 El daño

1) El artículo 90 de la Constitución Política contiene la cláusula general de
responsabilidad del Estado, el avance significativo del sistema implementado,
basado en la noción de lesión, fue haber reivindicado el daño –y por consiguiente
a la víctima– y su función en la institución de la responsabilidad.

El daño, entendido como la afectación, vulneración o lesión a un interés legítimo y
lícito se convirtió en el eje central de la obligación resarcitoria y, por ende, el
análisis de la responsabilidad no inicia con el título o régimen jurídico aplicable –
salvo algunos eventos, como por ejemplo en los casos de error jurisdiccional– sino
con la verificación de la existencia del daño, entendido como la alteración negativa
a un interés jurídicamente protegido.

2) Para este caso concreto, el daño, esto es, la limitación del derecho real de
dominio respecto del bien identificado con el folio de matrícula inmobiliaria no.
307-17510, debido a la inscripción irregular de una servidumbre de uso, es un

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hecho que está probado con la copia de tal certificado (fls. 2 a 4 cdno. no. 7), así
como también con el contenido de la Resolución no. número 8077 del 13 de
octubre de 2009, en los siguientes términos:

“10.- Ahora bien, respecto a la escritura 1578 del 05 de agosto de 2005
de la Notaría 1a de Girardot, por la cual se aclara el parágrafo del artículo
11 de la escritura 144 del 31 de enero de 2003 de la Notaría 1a de
Girardot, tenemos lo siguiente:

a.-.La Oficina de Registro de Girardot inscribió la escritura aclaratoria,
tanto en los folios de los diferentes lotes del CONDOMINIO, como en el
folio de matrícula del lago No. 307-17510, sin tener en cuenta que en
este último nunca se inscribieron las escrituras 668 y 144 que se aclaran
con la escritura 1578, por lo tanto no era registrable en esa matrícula la
aclaratoria como quiera que no existían antecedentes registrales en ella,
conforme al artículo 52 del Decreto 1250/70.

b.- Con este instrumento público se registró la aclaración del
PARAGRAFO de la CLAUSULA ONCE de la reforma al reglamento de
propiedad de la escritura 144 de Enero de 2.003, y de contera la cláusula
VIGÉSIMA SÉPTIMA de la escritura 668 de 1.980, haciendo referencia
a derechos adquiridos sobre el Lago y cuando se registró no se tuvieron
en cuenta los derechos adquiridos sobre este inmueble por CAMELOT
MILENIO S R EN C, descritos en la escritura pública No. 1688 del 1999
de la Notaría 5a de Cartagena quien de acuerdo a lo previsto en los
artículos 102, 103 Y 104 del Decreto 960 de 1.970, también debió
comparecer a su otorgamiento, toda vez que en la escritura 668 del 27
de junio de 1980, donde se estableció la cláusula relacionada con el uso
del lago, intervinieron tanto una parte como la otra, es decir el
representante del Condominio y los propietarios del Lago; por lo tanto es
claro que en esta escritura aclaratoria debieron intervenir ambas partes.

(…).

Por las anteriores razones la Dirección de Registro considera que la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Girardot no ha debido
inscribir la precitada escritura aclaratoria, ni en el folio 307-17510, ni en
los folios que conforman el Condominio Campestre el Peñón, pero
habiendo sido registrada, lo propio es revocar el acto administrativo de
inscripción representado en las respectivas anotaciones de los folios de
matrícula inmobiliaria donde se hizo el asiento registral de la escritura
aclaratoria 1578 de 2005 y no cancelarlo como lo dispuso el registrador,
por lo que habrán de modificarse los artículos tercero y cuarto de la
resolución 128 de 2009 en tal sentido” (fls. 201 a 204 cdno. no. 2).

3) Es preciso resaltar que aquella afectación fue de orden temporal, pues no fue
definitiva por el hecho de que en la actualidad la referida anotación que afectó el
derecho de propiedad, consistente en la imposición de una servidumbre de uso, ya
no existe, justamente, por cuanto fue revocada a través de otro acto administrativo.

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4.2 La imputación

1) De conformidad con lo establecido en el Decreto-ley 1250 de 1970, Estatuto
de Registro de Instrumentos Públicos vigente para la época de los hechos, el
registro de instrumentos públicos es un servicio público del Estado que se presta
a través de funcionarios públicos para los fines y con los efectos consagrados
en las leyes.

Según lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2 de la misma norma, está sujeto
a registro “[t]odo acto, contrato, providencia judicial, administrativa o arbitral que
implique la constitución, declaración, aclaración, adjudicación, modificación,
limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro
derecho real principal o accesorio sobre bienes raíces, salvo la cesión del
crédito hipotecario o prendario”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de dicha norma, el proceso
de registro de un título o documento, se compone de las etapas de radicación,
la calificación, la inscripción y constancia.

En ese contexto, según lo preceptuado por el artículo 24 ibidem, la etapa de
calificación hace referencia a que una vez se ha realizado la radicación, el
documento a registrar pasa a la sección jurídica de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos para su examen y calificación, huelga decir, para verificar
que los títulos presentados a efectos del registro reúnan los requisitos exigidos
por las leyes para su validez y así determinar si son o no susceptibles de ser
inscritos; lo anterior, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 39 del
mismo cuerpo normativo, según el cual “[s]i la inscripción del título no fuera
legalmente admisible, así se indicará en la columna sexta del Libro radicador,
se dejará copia del título en el archivo de la oficina y el ejemplar correspondiente
se devolverá al interesado bajo recibo”.

2) Para este caso concreto, se advierte que la entidad demandada incumplió
con los deberes de examen y calificación que le asistían durante la etapa
descrita en el artículo 24 del Decreto-ley 1250 de 1970, pues, procedió a
registrar la escritura pública número 1578 del 5 de agosto de 2005 de la Notaría
Primera de Girardot por la cual se constituyó una servidumbre de uso respecto

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del predio identificado con el folio matrícula inmobiliaria no. 307-17510 sin
previamente verificar que no medió la voluntad de la sociedad demandante
(propietaria del inmueble) en dicho acto jurídico en señal de la aceptación de su
constitución, tal como lo reconoció expresamente en la Resolución número 8077
del 13 de octubre de 2009.

3) En ese orden, si bien en el presente caso se encuentran probados los
elementos de la responsabilidad patrimonial extracontractual consistentes en la
configuración del daño, el nexo causal y el fundamento de atribución de falla del
servicio, no es posible acceder a las súplicas de la demanda porque no obran
en el expediente pruebas que demuestren la existencia de los perjuicios
solicitados en la demanda, como se explica a continuación.

5. Indemnización de perjuicios

1) En lo que concierne a los perjuicios, la sociedad demandante pretende que la
entidad demandada la indemnice por (i) la depreciación del inmueble que fue
objeto del gravamen ya referido y su imposibilidad de comercialización a futuro, (ii)
la plusvalía obtenida por los predios en favor de quien se constituyó la servidumbre
de uso, (iii) el pago de abogados con el objeto de obtener la revocación de la
inscripción del acto de registro de la servidumbre de uso en mención y, (iv)
perjuicios morales por la afectación a su buen nombre en el mercado. Lo anterior
con ocasión de la limitación del derecho real de dominio respecto del inmueble de
su propiedad por el hecho de la inscripción irregular del acto de registro ya referido
en el folio de matrícula inmobiliaria asociado dicho predio.

2) Para este caso concreto, la Sala advierte que no se demostró la existencia de
los perjuicios alegados con la demanda porque los medios de prueba decretados
y practicados no dan cuenta de su existencia ni tampoco de su real y efectiva
materialización, causación y magnitud, por las siguientes razones:

5.1 La depreciación del inmueble que fue objeto del gravamen ya referido y
su imposibilidad de comercialización a futuro

1) Para demostrar ese perjuicio, consta en el plenario copia de un avalúo
comercial realizado por la sociedad Schmedling Asociados & Co Ltda

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Inmobiliaria respecto del predio con matrícula inmobiliaria no. 307-17510 en el
cual constan, entre otros elementos, las características generales del terreno y
su avalúo comercial, sin que se dé cuenta de lo reclamado por la parte actora a
título de perjuicios (fls. 37 a 46 cdno. dictamen pericial).

2) El defecto de dicho dictamen consiste en que no expresa con base en qué
método procedió a determinar el valor del bien de manera que no se cumple con
la exigencia del numeral 6 del artículo 237 del Código de Procedimiento Civil8,
según el cual el dictamen debe ser claro, preciso y detallado, además de
explicar los exámenes, experimentos e investigaciones que fundamenten sus
conclusiones.

Tampoco realiza una comparación entre el precio que tenía el inmueble con
antelación a la imposición del gravamen de la servidumbre, y el supuesto
diferente valor después de ese hecho y, menos aún, luego del levantamiento de
la afectación patrimonial, con el fin de determinar que pese a que la limitación
fue temporal esta trajera consigo una afectación patrimonial permanente.

3) Por otra parte, tampoco se realizó estudio alguno con sustento en el cual se
pueda determinar, con especificidad y certeza, que el hecho de haberse
impuesto de manera temporal el referido gravamen de servidumbre de uso le
hubiese impedido o hecho más difícil u onerosa la comercialización del bien,
menos aún que para el momento de la afectación la parte demandante tuviera
interés en enajenarlo o hubiere iniciado tratativas tendientes a traspasar su
propiedad o negociarlo a un tercero, tales como un contrato de promesa de
compraventa o alguna oferta que hubiera sido posteriormente retirada o
desistida.

5.2 La plusvalía obtenida por los predios en favor de quien se constituyó la
servidumbre de uso

1) Si por plusvalía, en el presente caso, se entiende el incremento del valor del
suelo cuando se dan nuevos aprovechamientos a un inmueble, es pertinente
señalar que una eventual valorización del predio beneficiario del gravamen

8 Norma procesal aplicable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887

por razón de que el proceso se abrió a pruebas el 8 de mayo de 2013 (fls. 107 a 109 cdno. no. 1),
es decir, antes de la entrada en vigencia del Código General del Proceso para la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, lo cual ocurrió el 1º de enero de 2014.

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temporal de la servidumbre no implica necesaria e indefectiblemente la
depreciación del inmueble afectado con tal limitación, al menos en el presente
caso no existe prueba de ese hecho.

2) Al respecto, en el expediente de la referencia obra un dictamen pericial
rendido por la contadora pública Yeni Otilia Santamaría, así también su
aclaración, documentos en los cuales se referencian distintas sumas de dinero
que, en su concepto, deben ser canceladas a la sociedad demandada a título
de perjuicios materiales e igualmente se reseñan y aportan distintos
documentos en los que se realiza la liquidación por dicho concepto, empero, no
se sustenta la ciencia de su dicho ni se aporta ningún anexo que de cuenta de
la materialización del perjuicio presuntamente sufrido (fls. 1 a 4 cdno. dictamen
pericial), dicho de otra manera, los referido en dicha experticia carece de
respaldo fáctico y probatorio y, por tanto, se reduce a una afirmación de carácter
subjetivo sin soporte válido alguno.

3) Adicionalmente, no obra ninguna otra prueba en el proceso en relación con
este perjuicio, razón por la que se impone negar las súplicas de la demanda en
este punto.

5.3 El pago de abogados con el objeto de obtener la revocación de la
inscripción del acto de registro de la servidumbre de uso en mención

1) En relación con ese perjuicio, se incorporaron al proceso las siguientes
pruebas: i) copia del “contrato de prestación de servicios profesionales y de
participación” suscrito el 4 de julio de 2008 entre la sociedad Camelot Milenio
RC Sociedad en Comandita Simple y el abogado Gilberto Noriega Cortés cuyo
objeto fue la representación administrativa de aquella ante la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos para que se corrigiera el error contenido en la
mencionada anotación no. 9 del folio de matrícula inmobiliaria asociado al
inmueble objeto del litigio por un valor de ochocientos millones de pesos
($800.000.000) (fls. 1 a 4 cdno. ppal. no. 2) y, ii) copia de la certificación expedida
por el contador público Edwin García Calvo en la que da fe sobre el pago de
quinientos millones de pesos ($500.000.000) al abogado Gilberto Noriega
Cortés por virtud del contrato ya referido (fl. 30 cdno. dictamen pericial).

2) Sobre el particular, es preciso advertir que no se acreditó en debida forma el
perjuicio material consistente en el pago de honorarios profesionales al abogado

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Expediente: 25000-23-26-000-2012-00156-01 (54.669)
Actor: Camelot Milenio RC Sociedad en Comandita Simple
Reparación directa – CCA
Apelación de sentencia

Gilberto Noriega Cortés por concepto del trámite de revocación del acto de registro
ya referido, pues, no se aportaron las facturas o documentos equivalentes que den
cuenta de su pago de conformidad con lo dispuesto en los artículos 615 y 617 del
Estatuto Tributario9.

5.4 Perjuicios morales por la afectación al buen nombre de la sociedad
demandante en el mercado

1) Se expresa en la demanda en que el buen nombre y prestigio de la sociedad
demandante fue puesto en entredicho, pues, su patrimonio, que está conformado
por el inmueble objeto de esta acción, perdió todo tipo de base de garantía y por
tanto, su credibilidad en el mercado y en el ambiente comercial quedó reducida a
su más mínimo valor.

2) Acerca de los perjuicios morales reclamados por personas jurídicas esta Sala
de decisión reitera lo expresado en otras oportunidades 10, frente a lo cual ha
señalado que:

“No se pueden compartir los términos absolutos de la afirmación del
Tribunal que declara a las personas jurídicas como no "susceptibles"
de sufrir perjuicios morales; es cierto que dichas personas, no pueden
ser víctimas (llamado "daño moral subjetivo", por cuanto su propia
naturaleza las coloca al margen del dolor o de los padecimientos
físicos o psicológicos que constituyen.

9 “ARTICULO 615. OBLIGACIÓN DE EXPEDIR FACTURA. Para efectos tributarios, todas las
personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberales o
presten servicios inherentes a éstas, o enajenen bienes producto de la actividad agrícola o
ganadera, deberán expedir factura o documento equivalente, y conservar copia de la misma por
cada una de las operaciones que realicen, independientemente de su calidad de contribuyentes o
no contribuyentes de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos
Nacionales.

(…).

ARTICULO 617. REQUISITOS DE LA FACTURA DE VENTA. Para efectos tributarios, la
expedición de factura a que se refiere el artículo 615 consiste en entregar el original de la misma,
con el lleno de los siguientes requisitos:

a. Estar denominada expresamente como factura de venta. b. Apellidos y nombre o razón y NIT
del vendedor o de quien presta el servicio. c. Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente
de los bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado. d. Llevar un número que
corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. e. Fecha de su
expedición. f. Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados. g.
Valor total de la operación. h. El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura. i. Indicar
la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas”.
10 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 18 de noviembre de 2021,

radicación no. 25000-23-26-000-2006-00912-02, CP Fredy Ibarra Martínez.

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Expediente: 25000-23-26-000-2012-00156-01 (54.669)
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Apelación de sentencia

Pero si se considera el daño moral en la extensión que le es propia,
es decir, como el menoscabo de derechos o de bienes
extrapatrimoniales jurídicamente protegidos, es indudable que las
personas jurídicas pueden constituirse en sus víctimas; así su
reparación no consista, de modo necesario, en una indemnización
pecuniaria. Se robustece esta afirmación al amparo del precepto de la
nueva Constitución Política que reconoce a "todas las personas" el
derecho "a su buen nombre" y atribuye al estado el deber de "respetarlos
y hacerlos respetar" (artículo 15), entre otros que podrían citarse como
ejemplo.” (fl. 13 – negrillas adicionales)11.

En esa misma línea argumentativa la Sección señaló:

“(…) si bien por regla general la indemnización por perjuicios
morales va acorde con la aflicción, la pena, el abatimiento y
amargura sufridos por la persona como consecuencia del daño
recibido, tal gama de sentimientos angustiosos es inherente al ser
humano sensitivamente capaz de recibirlos, de tal forma que la
persona jurídica incapacitada e inhabilitado por su propia
naturaleza para experimentar tales sensaciones, queda exenta de
pretender indemnizaciones de índole moral cuando la causa del daño
como en el presente caso, es el fallecimiento de uno de los miembros
adscritos de esa persona moral. Se ha considerado que la base del
perjuicio moral subjetivo estriba en la aflicción, tristeza o angustia
nacidas del amor, el afecto, la amistad que sienten los demandantes por
la víctima, sentimientos que unidos al parentesco, en la mayoría de los
casos, permiten presumir el dolor que la desaparición les causa y cuya
compensación en dinero se procura.

Obviamente los sentimientos de aflicción por la muerte de un ser querido
no pueden predicarse de una persona jurídica, así ésta se encuentre en
las especiales condiciones de integración y solidaridad que
testimonialmente se quieren mostrar respecto de la comunidad
demandante en el proceso. La realidad continúa siendo la misma: de
esa persona jurídica no puede predicarse el daño moral por cuanto
carece de la capacidad afectiva y sentimental sobre la cual recaiga
el perjuicio moral, sin que en estos casos haya lugar a identificar la
situación de la persona jurídica con la de sus integrantes, pues para
todos los efectos son diferentes. Estos, bien pudieron ser víctimas,
individualmente considerados, del perjuicio moral narrado, pero así
no se demandó (…)”12.

De igual manera con la imposibilidad para las personas jurídicas de sufrir daños
morales subjetivos la misma Sección Tercera en otra sentencia de 2008 determinó
que las personas jurídicas sí pueden ser titulares de los perjuicios en sentido

11 Sentencia de 27 de agosto de 1992 con ponencia del Dr. Juan de Dios Montes Hernández en el

expediente 6.221
12 Sentencia de 20 de agosto de 1993 con ponencia del Dr. Daniel Suárez Hernández en el

expediente 7881

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objetivo de carácter extrapatrimonial, sobre derechos como el buen nombre y la
reputación13.

Al respecto la sentencia en comento señaló:

“En efecto, cuando se atenta, por ejemplo, contra la reputación o
prestigio de la persona jurídica, en menoscabo de la credibilidad de
su nombre y de la imagen sobre su modo de ser como sujeto en el tráfico
jurídico, sería viable de indemnizar como un perjuicio moral, porque
aunque esos valores están al servicio de su objeto y fines
económicos, ciertamente trascienden la esfera meramente
patrimonial. Igualmente, repárese que el “buen nombre” es un derecho
fundamental de la personalidad sin importar si se trata de una persona
natural o de una persona jurídica, cuya protección, por tanto, se
encuentra garantizada en el orden constitucional; en efecto, el artículo
15 de la Constitución Política garantiza a todas las personas, sin distingo,
el derecho a su buen nombre, el cual el Estado se encuentra en el deber
de respetar y hacerlo respetar”14 (negrillas adicionales).

3) De acuerdo con lo sostenido por la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia y de esta Corporación es claro que la tipología del perjuicio moral que se
pretende aplicar al caso concreto se deriva de “la aflicción, la pena y la amargura
sufridos por la persona como consecuencia del daño recibido, tal gama de
sentimientos angustiosos es inherente al ser humano sensitivamente capaz de
recibirlos, de tal forma que la persona jurídica incapacitada e inhabilitada por su
propia naturaleza para experimentar tales sensaciones, queda exenta de pretender
indemnizaciones de índole moral”15.

4) En el presente asunto la demandante pretende el reconocimiento de los
perjuicios morales que dice haber sufrido por cuenta de la inscripción de un
gravamen que limitó la propiedad, lo cual supuestamente implicó que se afectara
su buen nombre y prestigio ya que perdió su credibilidad en el mercado y en el
ambiente comercial.

13 En el mismo sentido, pueden consultarse las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, Sala

de Casación Penal, del 29 de mayo de 2000 con ponencia del Dr. Fernando E. Arboleda en el
expediente 16.441 y de 18 de junio de 2002 con ponencia del Dr. Edgar Lombana Trujillo en el
expediente 19.464.
14 Sentencia del 20 de noviembre de 2008 con ponencia de la Dra. Ruth Stella Correa Palacio en

el expediente 17031.
15 Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección B, sentencia de 13 de noviembre de 2014 con

ponencia de la Dra. Stella Conto Díaz en el expediente 33.727

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Expediente: 25000-23-26-000-2012-00156-01 (54.669)
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5) Al respecto, en atención al contexto jurisprudencial antes referido debe ponerse
de presente que como las personas jurídicas no tienen existencia física o corpórea,
menos aún cuentan con sentimientos, pues, se trata en realidad de unos sujetos
con capacidad de ser titulares de derechos y contraer obligaciones por sí mismos
que, por ficción del legislador, sobre la base de cumplir con unos precisos
requisitos preestablecidos e igualmente determinados de antemano, constituyen
una persona en los términos del artículo 633 del Código Civil, lo cual pone en
evidencia también que, por sustracción de materia, carecen de una esfera
sentimental o afectiva; los sentimientos y vivencias de tristeza, felicidad, dolor
espiritual, alegría, angustia, aflicción, llanto o pena, etc. solo son posibles de
experimentarse en el ser humano como persona física o natural mas no en las
denominadas personas jurídicas; sin embargo, por razón de la referida ficción
jurídica creada por la ley16 es que una vez constituida “forma una persona jurídica
distinta de los socios individualmente considerados”17, y con ocasión de tal
personalidad jurídica este ente adquiere capacidad para adquirir derechos y
contraer obligaciones, condición de la que se deriva la responsabilidad frente a
terceros como sujeto distinto de las personas que la conforman18.

En efecto, así por ejemplo, en el caso de las sociedades, unos son los derechos y
obligaciones de cada uno de los socios individualmente considerados y, otros, muy
distintos, los de la empresa o sociedad como persona jurídica; de la misma manera
unos son los derechos y deberes de los trabajadores de una empresa y, otros,
completamente distintos, los que se predican respecto de la organización sindical
como persona jurídica, pero, en todos esos eventos es perfectamente claro que la
persona jurídica carece de una esfera sentimental como atributo de su ser.

6) Conforme lo anterior, si bien jurisprudencialmente se ha sugerido la posibilidad
de conceder indemnización a las personas jurídicas por cuenta de la causación de
perjuicios morales como daño acreditado sobre uno o varios de los atributos de la
personalidad del ente, tales como el buen nombre, lo cierto es que tales eventos
no se asimilan siempre a daño moral como si ocurriese en la esfera indemnizatoria
de un ser humano.

16 Al respecto pueden consultarse los artículos 633, 637 y 638 del Código Civil.
17 Artículo 98 del Código de Comercio
18 Cfr Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 29 de mayo de 2013, exp.

27140, C.P. Hernán Andrade Rincón y Subsección A, sentencia del 16 de agosto de 2012, exp.
24991, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

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Expediente: 25000-23-26-000-2012-00156-01 (54.669)
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7) Tratándose del buen nombre, como la afectación del parecer que tiene la
comunidad respecto de una persona jurídica, que es reconocido como evento
susceptible de ser reparado a un ente moral, para la Sala es claro que aun cuando
comúnmente se asocia al llamado “buen nombre”, dicho concepto jurídico no
corresponde precisamente al proveniente del derecho anglosajón denominado
“good will”, pues, aquel y este son sustancialmente distintos, ya que este último
refiere en un activo material para las personas jurídicas que hace parte integral del
concepto de establecimiento de comercio de que tratan los artículos 515 y 516 del
Código de Comercio, y por tanto perfectamente tangible y contabilizable como
activo de una empresa comercial.

Por el contrario, en el presente asunto se hace referencia simplemente a la
afectación de carácter negativo que supuestamente dice haber sufrido o
experimentado la sociedad demandante, como persona jurídica, no su gerente o
representante legal ni sus socios o trabajadores individualmente considerados,
esto es, como persona natural.

En ese sentido, no resulta procedente la indemnización solicitada de perjuicios
morales en favor de Camelot Milenio RC Sociedad Comandita Simple por cuanto
en el proceso no se probó, según lo pretendido, quebranto alguno por cuenta de la
opinión de la comunidad comercial, prestigio de la sociedad o su credibilidad en el
mercado, razón suficiente para denegar esta solicitud de indemnización por
perjuicios morales.

8) Así las cosas, la Sala negará las súplicas de la demanda por ausencia de prueba
del perjuicio sufrido por la parte actora.

6. Condena en costas

El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 –que modificó el artículo 170 del CCA–
determina que solo habrá lugar a la imposición de costas cuando alguna de las
partes haya actuado con temeridad o mala fe dentro del proceso. En este caso
concreto no habrá lugar a la imposición de costas y agencias en derecho toda vez
que la parte actora, a quien no prosperan las súplicas de la demanda, no obró de
esa forma.

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Expediente: 25000-23-26-000-2012-00156-01 (54.669)
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Reparación directa – CCA
Apelación de sentencia

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
FALLA:

1°) Revócase la sentencia proferida el 23 de abril de 2015 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B que declaró la
caducidad de la acción de reparación directa ejercida con la demanda y, en su
lugar, niéganse las súplicas de la demanda.

2°) Abstiénese de condenar en costas de esta instancia procesal.

3°) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen,
previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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