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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2012-00239-01

Fecha
24 de octubre de 2023
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2012-00239-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1°) Modifícase la sentencia proferida el 24 de mayo de 2017 por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual queda así: PRIMERO: Declárase la caducidad de la acción respecto de la vinculación procesal oficiosa de la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho. SEGUNDO: Declárase probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Superintendencia de Notariado y Registro. TERCERO: Deniéganse las pretensiones de la demanda por el supuesto error judicial de los autos emitidos el 17 de junio de 2008, 2 de julio de 2008 y 29 de agosto de 2008 por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, respectivamente; así como por las sentencias del 11 de marzo de 2009 y 13 de julio de 2009 que la modifica, también proferidas de manera respectiva por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima. CUARTO: Abstiénese de condenar en costas. QUINTO: Ejecutoriada la presente providencia liquídense por Secretaría los gastos del proceso. Devuélvanse los remanentes al interesado. Pasados dos (2) años sin que hubieran sido reclamados dichos remanentes, la Secretaría declarará la prescripción a favor de la Rama Judicial. 2º) Abstiénese de condenar en costas de esta instancia procesal. 3°) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2012-00239-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

24 de octubre de 2023

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veinticuatro (24) de octubre de dos mil veintitrés (2023).

Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación: 25000-23-26-000-2012-00239-01 (60.856)
Demandantes: LUIS EDUARDO BOTERO HERNÁNDEZ Y OTROS
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL Y OTROS
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA - CCA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA - ERROR JUDICIAL –
MORA EN NOMBRAMIENTO DE NOTARIOS

Síntesis del caso: los señores Luis Eduardo Botero Hernández, Andrés Hiber Arévalo
Pacheco, Elsa Piedad Ramírez Castro y Pedro León Cabarcas Santoya participaron en el
concurso de notarios convocado el 16 de noviembre de 2006, el cual superaron y fueron
nombrados como notarios mediante Decreto 5041 del 29 de diciembre de 2009. La parte
demandante considera que existieron retrasos, impedimentos, limitaciones y obstáculos en
el proceso de carrera que llevaron a que los nombramientos se hicieran de manera tardía,
de modo que deben ser reparados por los perjuicios que esto les causó. La Sala modifica
la decisión de primera instancia que declaró falta de legitimación en la causa por pasiva de
la Superintendencia de Notariado y Registro y caducidad de la acción.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora (fls. 316 a 322
cdno. apelación) en contra de la sentencia proferida el 24 de mayo de 2017 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C (fls.
300 a 314 cdno. apelación) que dispuso:

“PRIMERO: DECLARAR la prosperidad de la excepción de ‘falta de
legitimación material en la causa por pasiva’ de la
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, conforme a lo
expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: DECLARAR la prosperidad de la excepción de
‘caducidad de la acción’ propuesta por la SUPERINTENDENCIA DE
NOTARIADO Y REGISTRO, pero bajo los argumentos expuestos en la
parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas en esta instancia.
CUARTO: Ejecutoriada la presente providencia LIQUÍDENSE por
Secretaría los gastos del proceso. DEVUÉLVANSE los remanentes al
interesado. Pasados dos (2) años sin que hubieran sido reclamados
dichos remanentes, la Secretaría declarará la prescripción a favor de la
Rama Judicial.
QUINTO: Cumplido lo anterior, por Secretaría de esta Subsección
ARCHÍVESE el expediente dejando las constancias del caso.” (fls. 313 a
314 negrillas y mayúsculas fijas del texto original).

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Expediente 25000-23-26-000-2012-00239-01 (60.856)
Actor: Luis Eduardo Botero Hernández y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1) Mediante escrito radicado el 13 de febrero de 2012 (fl. 535 cdno. 1), los señores
Luis Eduardo Botero Hernández, Andrés Hiber Arévalo Pacheco, Elsa Piedad
Ramírez Castro y Pedro León Cabarcas Santoya, por intermedio de apoderado
judicial promovieron demanda de reparación directa consagrada en el artículo 86
del Código Contencioso Administrativo CCA en contra de la Nación - Rama Judicial
y la Superintendencia de Notariado y Registro con las siguientes súplicas:

“PRIMERA. Declárase que la Nación, Rama Judicial del Poder Público
(Dirección Ejecutiva de Administración Judicial), y la
Superintendencia de Notariado y Registro (Consejo Superior de la
Carrera Judicial), son solidariamente responsables por la totalidad de
daños y perjuicios antijurídicos, causados a los demandantes LUIS
EDUARDO BOTERO HERNÁNDEZ, ANDRÉS HIBER AREVALO
PACHECO, ELSA PIEDAD REMÍREZ CASTRO y PEDRO LEÓN
CABARCAS SANTOYA, como consecuencia de la omisión dañosa con
la injustificada tardanza en el cumplimiento oportuno del artículo 131 de
la Carta Superior; por el desconocimiento de sus derechos como
integrantes de la lista de elegibles como Notarios; por la alteración de la
egibilidad (sic) y modificación de las mencionadas listas, que afectaron
sus derechos; por las dilaciones injustificadas en sus nombramientos
como Notarios de los Círculos de Bogotá y Chía, según el caso; por la
vulneración de sus derechos al ser privados injustamente al acceso de
empleo y ejercicio de funciones públicas remuneradas durante varios
meses; por la anarquía judicial, fractura de los principios de confianza
legítima, igualdad , acceso a cargos de carrera, al trabajo y al debido
proceso; por la falsa e indebida interpretación del orden positivo, el
desconocimiento de las reglas de un concurso público ordenado por la
Constitución y la ley, por el caos, el derroche injusto e innecesario de
jurisdicción, el desconocimiento de actos administrativos particulares y
concretos, vías de hecho y abusos de derecho, que, sumados todos,
generaron un ‘estado de cosas inconstitucional’ reconocido incluso por la
Corte Constitucional de Colombia, y que devino en perjuicios antijurídicos
para los demandantes.

SEGUNDA. Como consecuencia de la anterior declaración, condénese a
LA NACIÓN, RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO (DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL), y LA
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO (CONSEJO
SUPERIOR DE LA CARRERA NOTARIAL) a pagar solidariamente a los
demandantes, la integralidad de los daños y perjuicios antijurídicos
causados, materiales e inmateriales, presentes o futuros, así:

A- Daños morales:

A los demandantes (…) en su condición de ‘elegibles’ reconocida por el
Acuerdo 142 de 2008 del Consejo Superior de la Carrera Notarial,

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Actor: Luis Eduardo Botero Hernández y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

dadas las acciones y omisiones que entorpecieron y dilataron
injustificadamente sus nombramientos, afectando sus sentimientos
íntimos, su integridad anímica, sus emociones, su interioridad,
impactando lo más profundo de su ser, cuanto menos cien (100) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno, sin perjuicio de un
mayor valor que resulte de la aplicación de reglas de la equidad, la ley o
la jurisprudencia, para la época de la sentencia.

B- Daños materiales:

A los demandantes (…) a cada uno, por el valor de la frustración material
o la privación de la totalidad de los ingresos provenientes de la actividad
de NOTARIOS PÚBLICOS, visto el caso en particular de cada uno de
ellos, por el derecho que les correspondían como titulares de los
despachos notariales a que postularon, y que debieron ejercer en un
término no superior a 30 días a partir de la ejecutoria del acto
administrativo que reconoció su derecho, valores que debieron ingresar a
su patrimonio desde aquella época y hasta el momento en que finalmente
fueron nombrados y posesionados.

Este valor no será inferior a $800.000.000 que corresponden al total
dejado de percibir CADA UNO, teniendo como ponderado mensual los
ingresos de las Notarías en Bogotá y Chía de $40.000.000, multiplicando
por los veinte (20) meses que estuvieron en vilo.

Dentro de los daños y perjuicios materiales se incluirá el daño emergente,
lucro cesante, intereses moratorios, actualización de los valores y gastos
representados en abogados que han sido necesarios contratar para el
ejercicio de la presente acción indemnizatoria.

C- Alteración de las condiciones de existencia:

A los demandantes (…), por los daños y perjuicios causados a la
exterioridad de sus relaciones sociales, laborales y condiciones
materiales de existencia, que se vieron dramáticamente alteradas a partir
de la fecha en que les fue desconocida su condición de elegibles (…) se
solicita en éste aspecto por el equivalente a doscientos (200) salarios
mínimos legales vigentes, para cada uno, sin perjuicio de un mayor valor
que resulte de la aplicación de reglas de equidad, de la ley o la
jurisprudencia, para la época de la sentencia.

D- Pérdida de Oportunidad:

A los demandantes (…) por la privación al acceso de oportunidades y
ocasiones que durante meses debían surgir para quienes habrían sido
altos dignatarios de la función pública desde el mes siguiente a su
inclusión en la lista de elegibles, pues ostentando dicha posición
económica, laboral, pública y social, sus perspectivas personales y las
expectativas de sus vidas, habrían sido inmensamente superiores a las
que en verdad tuvieron en condición de ‘fracasados’ pues las decisiones
de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL y
DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
(CONSEJO SUPERIOR DE LA CARRERA NOTARIAL) los hicieron ver
durante meses como sujetos malogrados a los que les cerraron puertas y
les negaron privilegios u opciones.

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Actor: Luis Eduardo Botero Hernández y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

Por este concepto, cuando menos, doscientos (200) salarios mínimos
legales mensuales vigentes, para cada uno, sin perjuicios de un mayor
valor que resulte de la aplicación de reglas de la equidad, de la ley o la
jurisprudencia, para la época de la sentencia.

TERCERO. Que se condene solidariamente a LA NACIÓN, RAMA
JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO (DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL) y LA SUPERINTENDENCIA DE
NOTARIADO Y REGISTRO (CONSEJO SUPERIOR DE LA CARRERA
NOTARIAL), a dar cumplimiento al fallo en los términos establecidos en
los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

CUARTO. Condénese solidariamente a LA NACIÓN, RAMA JUDICIAL
DEL PODER PÚBLICO (DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL) Y LA SUPERINTENDENCIA DE
NOTARIADO Y REGISTRO (CONSEJO SUPERIOR DE LA CARRERA
NOTARIAL), en costas y al pago de las agencias en derecho, en los
términos de la jurisprudencia vigente.

QUINTO. El Fallo ordenará que todo se impute primeramente al valor de
los intereses, de conformidad con el artículo 1653 del CC.” (fls. 6 a 9 cdno.
ppal. - negrillas y mayúsculas fijas del texto original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte actora expuso en el escrito
contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente:

1) El 16 de noviembre de 2006, el Consejo Superior de la Carrera Notarial en
cumplimiento de las sentencias SU-250 de 1998, T-1695 de 2000 y C-421 de 2006
de la Corte Constitucional expidió el Acuerdo 01 por el cual convocó a “concurso de
méritos para proveer los cargos de notarios en el país” (fl. 610 cdno. ppal.).

2) En el mencionado acuerdo se fijó “como ítem de evaluación el denominado
‘análisis de méritos y antecedentes’, dentro del cual se calificaría con 5 puntos el
factor ‘autoría de obra en el área del derecho’. Para otorgar dicho puntaje, el
Acuerdo 01 de 2006 dispuso que la publicación debía acreditarse con un ejemplar
de la obra o con un certificado expedido por la impresa o la editorial
correspondiente” (fl. 11 cdno. ppal.).

3) Los señores Luis Eduardo Botero Hernández, Andrés Hiber Arévalo Pacheco,
Elsa Piedad Ramírez Castro y Pedro León Cabarcas Santoya se presentaron al
referido concurso el cual superaron.

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Actor: Luis Eduardo Botero Hernández y otros
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4) El 11 de octubre de 2007, algunos ciudadanos que participaron en el concurso
de notarios presentaron una acción popular en defensa del derecho colectivo a la
moralidad administrativa, pues, consideraron que el citado Acuerdo 01 de 2006 no
se ajustaba a lo dispuesto en el Decreto 3454 de 2006, reglamentario de la Ley 588
de 2000, en la medida que estos dos últimos dispusieron que las obras en derecho
solo se acreditaban con el certificado de registro de obra expedido por la Dirección
Nacional de Derechos de Autor, mientras que el Acuerdo 01 de 2006 amplió la
acreditación de la publicación de obras con otras pruebas.

5) La acción popular fue conocida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Ibagué
(Tolima) y mientras aquella era tramitada el concurso de notarios continuó su curso.

6) El 10 de junio de 2008, el Consejo Superior de la Carrera Notarial publicó el
Acuerdo 142 de 2008 por el cual integró en forma definitiva la lista de elegibles para
las Notarías de Bogotá y Chía (Cundinamarca), en la cual los señores Luis Eduardo
Botero Hernández, Andrés Hiber Arévalo Pacheco y Elsa Piedad Ramírez Castro
ocuparon los puestos 63, 39 y 53 de las 76 notarías que se debían proveer en
Bogotá, respectivamente, mientras que el señor Pedro León Cabarcas Santoya
ocupó el primer puesto de las dos notarías convocadas en Chía (Cundinamarca).
En todos los puntajes de los aquí demandantes se incluyeron cinco (5) puntos por
la publicación de una obra de autoría de cada uno de ellos en el área de derecho.

7) El Consejo Superior de la Carrera Notarial no remitió dentro del término de treinta
(30) días siguientes la lista de elegibles al Presidente de la República y, mientras
tanto, en el trámite de la acción popular mediante autos del 17 de junio de 2008, 2
de julio de 2008 y 29 de agosto de 2008 dictados en el curso del proceso de acción
popular no. 2007-004131 (los cuales quedaron en firme el 6 de febrero de 2009) se
decretó como medida cautelar la suspensión del numeral 11 del artículo 11 del
Acuerdo 01 de 2006 relativa al puntaje por la publicación de obras jurídicas, de
modo que se ordenó que “el nombramiento de personas que acreditaron las
publicaciones de obras jurídicas con el requisito alterno en el artículo 11 del Acuerdo
01 de 2006 emanado del Consejo Superior de la Carrera Notarial, se haga en

1 Los autos del 17 de junio de 2008 y 2 de julio de 2008 fueron proferidos por el Juzgado Cuarto

Administrativo de Ibagué, mientras que el proveído del 29 de agosto de 2008 fue dictado por el
Tribunal Administrativo del Tolima mediante el cual se confirmó de manera parcial la medida cautelar
dictada en el auto del 2 de julio de 2008.

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Actor: Luis Eduardo Botero Hernández y otros
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provisionalidad, hasta tanto el Despacho se pronuncie de fondo en el presente
asunto” (fl. 14 cdno. ppal.).

8) Con antelación a que las mencionadas providencias relativas a la medida cautelar
quedaran en firme, el Consejo Superior de la Carrera Notarial expidió el Acuerdo
163 de 2 de septiembre de 2008 por el cual suspendió los nombramientos de los
aspirantes que acreditaron la autoría de la obra jurídica con el mecanismo alterno
contenido en el numeral 11 del artículo 11 del Acuerdo 01 de 2006.

9) Luego, el 22 de diciembre de 2008, el Consejo Superior de la Carrera Notarial
“autorizó el nombramiento en propiedad de los aspirantes cuyo puntaje no sufriría
modificaciones porque no acreditaron la publicación en la forma autorizada por el
Acuerdo 01 de 2006 y ordenó proceder a nombrar en interinidad en las notarías
cuyos titulares no se inscribieron al concurso, no superaron el mismo o no están
dentro de los aspirantes con derecho a ser elegidos, a los concursantes incluidos
en listas de elegibles cuya forma de acreditar la autoría de una obra en derecho fue
suspendida provisionalmente” (fl. 15 cdno. ppal.).

10) Mediante Acuerdo 178 del 3 de febrero de 2009, el Consejo Superior de la
Carrera Notarial reconfiguró la lista de elegibles del concurso de méritos que se
comenta y modificó “la ubicación” en la misma de los demandantes, de manera que
el señor Luis Eduardo Botero Hernández pasó al puesto 134, el señor Andrés Hiber
Arévalo Pacheco al puesto 103, la señora Elsa Piedad Ramírez Castro al puesto
111 y el señor Pedro León Cabarcas Santoya pasó al puesto 4, todos ellos en el
sentido descendente de mayor a menor puntaje alcanzado.

11) Las modificaciones de puntajes se efectuaron, entre otros factores, en
cumplimiento de sentencias de tutela que no fueron notificadas a los aquí
demandantes.

12) El Tribunal Administrativo del Tolima, en sentencia del 13 de julio de 2009
dictada en segunda instancia en el referido proceso de la acción popular declaró la
nulidad del numeral 11 del artículo 11 del Acuerdo 01 de 2006 y ordenó la
elaboración de nuevas listas de elegibles para ocupar los cargos de notarios,
providencia contra la cual se promovieron varios procesos de acción de tutela que

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Actor: Luis Eduardo Botero Hernández y otros
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fueron resueltos por la Corte Constitucional en la sentencia SU-913 de 2009 y
mediante la cual se dejaron sin efectos por fallos del Juzgados Cuarto Administrativo
de Ibagué y del Tribunal Administrativo del Tolima dictados en el proceso de acción
popular número 2007-00413.

13) La Corte Constitucional en la referida sentencia SU-913 de 2009 resolvió, entre
otros aspectos, i) volver las cosas al estado anterior a la expedición de la medida
cautelar proferida en el curso de la acción popular, ii) dejar sin efecto el Acuerdo
178 de 2009 expedido por el Consejo Superior de la Carrera Notarial que modificó
la lista de elegibles contenida en el Acuerdo 142 de 2008 y, iii) ordenar al Consejo
Superior de la Carrera Notarial revocar, en un término perentorio de 48 horas, el
Acuerdo 163 de septiembre de 2008.

14) En cumplimiento de la mencionada sentencia de unificación, el Ministerio del
Interior y de Justicia a través del Decreto 5041 del 29 de diciembre de 2009 nombró
al señor Luis Eduardo Botero Hernández como Notario Treinta y Seis (36) del
Círculo de Bogotá, al señor Andrés Hiber Arévalo Pacheco como Notario Quinto (5)
del Círculo de Bogotá y a la señora Elsa Piedad Ramírez Castro como Notaria
Treinta y Cuatro (34) del Círculo de Bogotá, asimismo,; por Decreto 5044 del 29 de
diciembre de 2009 el señor Pedro León Cabarcas Santoya fue nombrado como
Notario Segundo del Círculo de Chía (Cundinamarca).

15) Los demandantes deben ser indemnizados por el daño antijurídico que les fue
ocasionado consistente en que durante más de veinte (20) meses no pudieron
ejercer sus cargos como notarios públicos debido a las acciones y omisiones
estatales consistentes en “la modificación unilateral e inconsulta de actos
administrativos que reconocían situaciones subjetivas y particulares respecto de
derechos adquiridos por los demandantes, que defraudó la confianza legítima en la
administración y conculcó derechos, como en la dilación injusta y arbitraria de los
nombramientos que llevó, -a su vez-, al abuso del derecho a través del trámite
judicial irregular de acciones legales cuya gestión procesal devino en vías de hecho
y, en general, en errores jurisdiccionales y, hasta en un estado de cosas
inconstitucional, así declarado por la propia Corte Constitucional” (fl. 20 cdno. ppal.).

16) “La Superintendencia de Notariado y Registro - Consejo Superior de la Carrera

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Notarial” debe responder por no haber remitido desde un inicio la lista de elegibles
a la autoridad nominadora en un término no superior a 30 días, así como también,
por el hecho de haber modificado y suspendido los efectos del Acuerdo 148 de
2008; la Nación – Rama Judicial es igualmente responsable por las providencias
que contribuyeron a producir el resultado dañino, en concreto, i) “tanto el Juez
Cuarto Administrativo de Ibagué como el Tribunal Administrativo del Tolima, no
tenían competencia para dejar sin efecto actos administrativos, pues su análisis se
limitó a constatar la supuesta ilegalidad de los mismos, con lo cual dejó a un lado el
estudio de la supuesta violación de derechos colectivos” (fl. 23 cdno. ppal.); ii) existió
un error en la interpretación del concepto de moralidad administrativa, en la
interpretación de las normas que regulan los derechos de autor y en la adopción de
las medidas judiciales cautelares y, iii) se configuró un error por parte de los jueces
de tutela “al desconocer que las listas de elegibles son actos administrativos de
contenido particular y concreto, por lo que exige el respeto de derechos adquiridos”
(fl. 24 cdno. ppal.).

3. Contestación de las entidades demandadas

1) Por auto del 4 de mayo de 2012, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera – Subsección B admitió la demanda y ordenó la notificación
personal de los representantes legales de la Nación – Rama Judicial, la
Superintendencia de Notariado y Registro y la Nación – Ministerio de Justicia y del
Derecho (fl. 35 cdno. ppal.).

2) Mediante escrito radicado el 9 de julio de 2012, la Nación – Ministerio de Justicia
y del Derecho propuso la excepción de “falta de legitimación en la causa por pasiva”
por estimar que no tuvo ninguna intervención en los hechos por los cuales se
demanda, además, porque no le asiste responsabilidad por las actuaciones del
Consejo Superior de la Carrera Notarial, la Superintendencia de Notariado y
Registro ni mucho menos por las realizadas por la Rama Judicial del Poder Público
(fls. 46 a 51 cdno. ppal.).

3) Por su parte, la Superintendencia de Notariado y Registro en escrito presentado
el 18 de julio de 2012 se opuso a las pretensiones de la demanda por considerar
que no tiene la representación del Consejo Superior de la Carrera Notarial, quien no

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Actor: Luis Eduardo Botero Hernández y otros
Reparación directa
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puede ser sujeto procesal por carecer de personería jurídica y, en todo caso, lo
cierto es que aquel se limitó a dar estricto cumplimiento a las órdenes judiciales
dictadas por los jueces de la acción popular. Propuso como excepciones i) “falta de
legitimación en la causa por pasiva”, pues, no tuvo ninguna injerencia en los hechos
por los cuales se demanda y, ii) “caducidad de la acción”, porque el daño reclamado
por los actores se encuentra en el Acuerdo 163 del 2 de septiembre de 2008, de
modo que cuando se presentó la demanda ya había operado el plazo de dos (2)
años para impetrar la acción de reparación directa (fls. 52 a 74 cdno. apelación).

4) La Nación - Rama Judicial, a través de escrito del 23 de julio de 2012 estimó que
no le asiste responsabilidad patrimonial extracontractual por el hecho de que no se
configuró el error judicial, en la medida que todas las decisiones judiciales
adoptadas en el curso del referido proceso de acción popular estuvieron ajustadas
y el hecho de que la Corte Constitucional tutelara un derecho no significa, per se,
que se configuró el título de imputación alegado. Propuso como excepciones
“ausencia de causa para demandar” y la “innominada” (fls. 98 a 102 cdno.
apelación).

4. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C2 en
providencia del 24 de mayo de 2017 declaró probadas las excepciones de
“caducidad de la acción” y “falta de legitimación material en la causa por pasiva de
la Superintendencia de Notariado y Registro”.

Respecto de la legitimación de la Superintendencia de Notariado y Registro, puso
de presente que el organismo encargado de convocar y administrar el concurso de
notarios públicos era el Consejo Superior de la Carrera Notarial “persona jurídica de
la que hace parte, es el Ministerio de Justicia y del Derecho, quien fue debidamente
vinculado y notificado en el presente asunto” (fl. 307 cdno. apelación) y no la
Superintendencia de Notariado y Registro, de quien no se realizó ninguna
imputación directa.

2 En cumplimiento del Acuerdo No. CSBTA15-241 del 13 de agosto de 2015, el proceso fue remitido

de la Subsección B a la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (fl. 229 cdno. ppal.).

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Actor: Luis Eduardo Botero Hernández y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

De otro lado, existe caducidad de la acción, pues, el daño alegado por los
demandantes cesó con la decisión SU-913 del 11 de diciembre de 2009 de la Corte
Constitucional la cual quedó ejecutoriada el 16 de diciembre de 2009, de manera
que el plazo para presentar la demanda vencía, en principio, el “12 de diciembre de
2012” (sic) (fl. 312 cdno. ppal.), sin embargo, los términos quedaron suspendidos
entre el “7 de diciembre de 2011 al 1° de febrero de 2012, fecha esta última en la
que se reanudó, y de contera, la activa contaba hasta el 11 de febrero para promover
su demanda ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y comoquiera que los
accionantes la radicaron el 13 de los citados mes y año, asume categórico que se
interpuso fuera de los términos legales” (fl. 313 cdno. ppal.).

5. Recurso de apelación

El 20 de junio de 2017, la parte actora interpuso recurso de apelación, las razones
de inconformidad con el fallo de primera instancia se resumen así:

1) Contrario a lo dicho por el a quo, el daño no cesó con la sentencia que declaró el
estado de cosas inconstitucional y, por el contrario, este culminó en el momento de
la posesión de cada notario, de forma que la caducidad de la acción se debe
contabilizar a partir del momento en que cada uno de los demandantes se posesionó
como notario público, en el caso del señor Luis Eduardo Botero Hernández fue el
27 de abril de 2010, el señor Andrés Hiber Arévalo Pacheco el 10 de marzo de 2010,
la señora Elsa Piedad Ramírez Castro el 10 de marzo de 2010 y el señor Pedro
León Cabarcas Santoya el 19 de febrero de 2010.

2) Si lo anterior no es aceptado, el plazo para presentar la demanda se debe
computar desde el 30 de diciembre de 2009, “día siguiente a la época en la cual el
Ministerio del Interior y de Justicia profirió el Decreto No. 5141, con lo cual
empezaba a dar cumplimiento a la sentencia de la Honorable Corte Constitucional
(…) situación que a todas luces no conllevaría tampoco a que se configure el
fenómeno de la caducidad” (fl. 318 cdno. apelación).

3) Adicionalmente, si en gracia de discusión se dijera que la caducidad se debe
contar desde la ejecutoria de la sentencia SU-913 del 11 de diciembre de 2009, de
igual forma la demanda fue oportuna porque dicha decisión quedó ejecutoriada el

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16 de diciembre de 2009, de modo que, en principio, el plazo para presentar la
acción de reparación directa vencía el 17 de diciembre de 2011; ii) el 7 de diciembre
de 2011, diez (10) días antes de que ocurriera la caducidad de la acción, se radicó
la solicitud de conciliación prejudicial por lo cual los términos quedaron suspendidos
hasta el 1° de febrero de 2012, fecha en la cual se expidió la respectiva constancia
de no acuerdo entre las partes; iii) desde el 2 de febrero de 2012 se reinició el plazo,
razón por la cual la oportunidad para presentar la demanda se corrió hasta el 13 de
febrero de 2012, es decir, el mismo día en que se radicó el escrito de la acción de
reparación directa de la referencia, además, la demanda no se podía presentar el
12 de febrero de 2012 por ser un día inhábil (fls. 300 a 322 cdno. apelación).

6. Actuación surtida en segunda instancia

1) Por auto del 13 de marzo de 2018 (fl. 331 cdno. apelación) se admitió el recurso
de apelación, el 21 de mayo de 2018 (fl. 333 cdno. apelación) se corrió traslado a
las partes para que presentaran los alegatos de conclusión por el término común de
diez (10) días y, por el mismo lapso, al Ministerio Público para que emitiera concepto.

2) En dicha oportunidad procesal, la Nación – Rama Judicial insistió en los
argumentos de defensa expuestos en la contestación de la demanda e igualmente
pidió confirmar la decisión que declaró la caducidad de la acción (fls. 337 a 341
cdno. apelación).

3) La parte demandante reiteró lo expuesto en el recurso de apelación, pues, en su
criterio, no existe caducidad de la acción y debe haber un pronunciamiento de fondo
sobre las pretensiones (fls. 342 a 344 cdno. apelación).

4) La Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, la Superintendencia de
Notariado y Registro y el Ministerio Público guardaron silencio durante esta etapa
procesal (fl. 345 cdno. apelación).

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a

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consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) la caducidad de la acción procesal ejercida con la demanda, 3)
análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado, 4) conclusión
y, 5) condena en costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

En el presente caso, la parte actora alega que la Nación – Rama Judicial es
patrimonial y extracontractualmente responsable por cinco (5) decisiones que acusa
de ser constitutivas de error judicial, a saber: i) el auto proferido el 17 de junio de
2008 por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Ibagué (Tolima) dentro la
acción popular no. 2007-004 13 que adoptó una medida cautelar; ii) el auto del 2
de julio de 2008 dictado por ese mismo juzgado y que varió la medida cautelar
adoptada en la providencia del 17 de junio de 2008; iii) el auto del 29 de agosto de
2008 proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima que confirmó parcialmente
la medida cautelar dictada por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de
Ibagué; iv) la sentencia del 11 de marzo de 2009 por la cual el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Ibagué en la mencionada acción popular no. 2007-
00413 decidió, entre otros aspectos, declarar la nulidad del numeral 11 del artículo
11 del Acuerdo 01 de 2006 expedido por el Consejo Superior de la Carrera Notarial
en relación con el concurso de notarios y ordenó la elaboración de nuevas listas de
elegibles y, v) la sentencia del 13 de julio de 2009 dictada por el Tribunal
Administrativo del Tolima que modificó la decisión del 11 de marzo de 2009 dictada
por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Ibagué.

Asimismo, la parte demandante sostiene que la Nación – Rama Judicial es
igualmente responsable por razón de las sentencias de tutela que desconocieron
las listas de elegibles del concurso de notarios públicos (fl. 24 cdno. ppal.), sin
embargo, no precisa de manera concreta cuáles son las decisiones judiciales
acusadas de error y se limita a manifestar, en los hechos de la demanda, que “las
modificaciones de puntajes se efectuaron, entre otros, en cumplimiento de
sentencias de tutela que no fueron notificadas a los demandantes (…) por ejemplo
sentencia el 16 de enero de 2009, el Consejo Superior de la Judicatura concedió la
tutela interpuesta por el doctor Willy Valek Mora (…) igual circunstancia ocurrió con

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la acción de tutela impetrada por el doctor Gerardo Ermilson Amórtegui, Piedad
Martínez, Óscar Alarcón Núñez y Martha Villamil” (fl. 16 cdno. ppal.).

De otro lado, la parte demandante aduce también que la Superintendencia de
Notariado y Registro es patrimonial y extracontractualmente responsable por las
actuaciones realizadas por el Consejo Superior de la Carrera Notarial durante el
trámite del concurso de notarios y que impidieron a los actores ser posesionados
desde la publicación del primer Acuerdo de ese organismo que definió en su
momento la lista de elegibles.

La sentencia de primera instancia que declaró probadas las excepciones de
caducidad de la acción y falta de legitimación en la causa por pasiva de la
Superintendencia de Notariado y Registro será modificada en la medida que i)
respecto de la caducidad de la acción, esta solo será declarada respecto de la
Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, pues, la vinculación de la entidad se
realizó cuando ya se habían superado los términos de ley, ii) confirmará la decisión
que declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Superintendencia
de Notariado y Registro por no ser objeto del recurso de apelación3 y, iii) negará las
pretensiones de la demanda porque no se acreditó la existencia de un error judicial,
tal como se explica a continuación.

2. La caducidad de la acción procesal jurisdiccional ejercida con la demanda

1) El numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo4 establece
que el término de caducidad del medio de control jurisdiccional de reparación directa
es de dos (2) años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho,
omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o
permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por
cualquiera otra causa.

3 Sobre el punto cabe advertir que en el asunto de la referencia solo interpuso recurso de apelación

la parte demandante. De acuerdo con lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
357 del Código de Procedimiento Civil, norma aplicable en virtud de la remisión legal contenida en
el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, la apelación se entiende interpuesta en lo
desfavorable a la parte apelante y no es posible examinar o resolver lo que no fue objeto del recurso.
4 Norma procesal aplicable en el presente asunto, por cuanto la demanda fue interpuesta en vigencia

del Decreto-Ley 01 de 1984, esto es, el 13 de febrero de 2012.

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2) Por su parte, el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 preceptúa que “la presentación
de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende
el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el
acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los
casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las
constancias a que se refiere el artículo 2°. de la presente ley o hasta que se venza
el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra
primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”.

3) En consonancia con lo anterior, el artículo 3 del Decreto 1716 de 2009 por medio
del cual se reglamentó la Ley 640 de 2001 dispone que la presentación de la petición
de la conciliación extrajudicial ante los agentes del Ministerio Público suspende el
término de caducidad hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o, se expidan las
constancias a que se refiere el artículo 2 de la Ley 640 de 2001 o, hasta que venza
el término de tres (3) meses contados a partir de la presentación de la solicitud, lo
que ocurra primero.

4) En este caso, con el fin de determinar si se configuró el fenómeno jurídico de la
caducidad de la acción procesal ejercida con la demanda, la Sala encuentra que los
actores expresan que el daño, consistente en que fueron nombrados de manera
tardía como notarios, solo fue posible evidenciar con la sentencia de unificación
dictada por la Corte Constitucional, aspecto que atribuyen, entre otros aspectos, a
las decisiones judiciales tomadas en el curso de la acción popular no. 2007-00413.

5) En ese sentido, los demandantes alegan que el daño se consolidó con la
sentencia SU-913 del 11 de diciembre de 2009 de la Corte Constitucional que, entre
otras determinaciones, dejó sin efectos la providencia proferida el 11 de marzo de
2009 por el Juzgado Cuarto Administrativo de Ibagué, así como también la
sentencia del 13 de julio de 2009 dictada por el Tribunal Administrativo del Tolima
como conclusión del proceso de acción popular número no. 2007-00413 (fls. 6 a 94
cdno. 3 pruebas).

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6) Luego entonces, para la mayoría de la Sala de Decisión la caducidad de la acción
se debe contabilizar desde la sentencia SU-913 del 11 de diciembre de 20095 y,
aunque en el expediente no consta la fecha de la ejecutoria de la misma, se sabe
que aquella i) fue comunicada a los respectivos jueces el 16 de diciembre de 20096,
ii) fue conocida por la señora Elsa Piedad Ramírez Castro el 12 de enero de 2010
(fl. 350 cdno. 3 pruebas), iii) el señor Luis Eduardo Botero Hernández la conoció el
18 de enero de 2010 (fls. 347 a 348 cdno. 3 pruebas) y, iv) el señor Andrés Hiber
Arévalo Pacheco fue notificado el 26 de enero de 2010 (fl. 359 cdno. 3 pruebas) 7,
de manera que, por las normas procesales aplicables al asunto, sumado al hecho
indiscutible de que las sentencias de acción de tutela pueden y deben ser
notificadas por el medio más expedito y eficaz y no necesaria ni exclusivamente en
forma personal física, pues es válido hacerlo a través de distintos medios idóneos y
eficaces para el efecto, como oficios, telegramas, telefónica o electrónicamente etc,
la decisión judicial debió quedar ejecutoriada el 1° de febrero de 20108 y, en ese
sentido, contados los dos (2) años desde esta última fecha los demandantes tenían,
en principio, hasta el 2 de febrero de 2012 para impetrar la respectiva acción de
reparación directa, sin embargo, debe tenerse en cuenta que los términos se

5 Para el ponente, no es correcto ni adecuado señalar que la caducidad de la acción se pueda contar

desde el momento en que se dictó la sentencia de acción de tutela SU-913 del 11 de diciembre de
2009, decir esto permitiría afirmar que el plazo para presentar la demanda de reparación directa se
encuentra sometida a la voluntad del actor de impetrar o no una acción de tutela, lo cual no es
posible, pues, los términos de caducidad son preclusivos y atienden al ministerio de la ley y, en ese
sentido, estima que el plazo se debe contar desde el momento de la ejecutoria de la sentencia de
segunda instancia que terminó el proceso de acción popular referida en los propios hechos de la
demanda de este proceso.
6 Según lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, las sentencias en que se revise una

decisión de tutela solo surtirán efectos en el caso concreto y deberán ser comunicadas
inmediatamente al juez o tribunal competente de primera instancia, quien será el encargado de
notificar la sentencia de la Corte a las partes; en este caso concreto, reposan constancias de que la
sentencia de la Corte Constitucional fue comunicada a los jueces el 16 de diciembre de 2009 (fls.
196 a 208 cdno. 3 pruebas).
7 A los demandantes Elsa Piedad Ramírez Castro y Luis Eduardo Botero Hernández se les comunicó

la decisión judicial por parte de los jueces de tutela en fechas del 12 de enero de 2010 (fl. 350 cdno.
3 pruebas) y 18 de enero de 2010 (fls. 347 a 348 cdno. 3 pruebas), mientras que el señor Andrés
Hiber Arévalo Pacheco fue notificado el 26 de enero de 2010 (fl. 359 cdno. 3 pruebas) conforme
constancia de notificación expedida por el juez de tutela. Ahora bien, en el caso del señor Pedro
León Cabarcas Santoya, no se cuenta en el expediente con la fecha en se le comunicó o notificó la
decisión judicial, no obstante, si se dijere que fue notificado antes que los demás actores, lo cierto
es que la ejecutoria de la decisión no puede hacerse sino hasta cuando todos se encuentren
notificados.
8 El artículo 331 del Código de Procedimiento Civil, norma aplicable en este caso concreto, dispone

que las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres (3) días después de notificadas, cuando
carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren
procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. En el caso
de las sentencias dictadas por la Corte Constitucional en sede de revisión, la ejecutoria solo se da
luego de los tres (3) días siguientes a la notificación, al respecto se puede consultar el auto 013 de
2014 de la Corte Constitucional, MP Jorge Iván Palacio Palacio, dictado en el trámite de la decisión
T-890 de 2011.

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suspendieron entre el 7 de diciembre de 2011 y el 1° de febrero de 2012 mientras
se surtió la conciliación prejudicial (fl. 5 cdno. 3 pruebas), de modo que el plazo para
presentar la demanda culminaba el 30 de marzo de 2012, pero, aquella fue radicada
en contra de la Superintendencia de Notariado y Registro y la Nación – Rama
Judicial el 13 de febrero de 2012, por lo cual la demanda respecto de tales entidades
fue oportuna.

Ahora bien, no se predica lo mismo respecto de la Nación – Ministerio de Justicia y
del Derecho, pues, fue vinculada de manera oficiosa por el tribunal de primera
instancia cuando ya había operado la caducidad de la acción.

En efecto, como ya fue expresado, la sentencia SU-913 del 11 de diciembre de
2009, por las normas procesales al caso, debió quedar ejecutoriada el 1° de febrero
de 2010 y la vinculación oficiosa de la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho
solo se decretó por parte de la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en auto del 4 de mayo de 2012, esto es, para la
fecha en que se ordenó dicha vinculación procesal como posible responsable, ya
había precluido el término de los dos (2) años legalmente preestablecido para
ejercer en su contra la respectiva acción judicial.

Al respecto, debe precisarse que la Sección Tercera del Consejo de Estado en
sentencia de unificación señaló que cuando la parte actora modifica la demanda y
presenta nuevos demandantes o adiciona demandados, respecto de estos todavía
no debe haber ocurrido el fenómeno de la caducidad de la acción y, si bien la
sentencia no se refirió a la vinculación oficiosa por parte del juez, para esta Sala es
claro que debe aplicarse la misma regla, por cuanto, en una y otra de esas
situaciones, lo que se pretende es endilgar y hacer efectiva la responsabilidad
patrimonial y extracontractual del Estado, lo cual exige, para su viabilidad,
indiscutiblemente, que para el momento en que se ejerce el medio de control
jurisdiccional a través del cual se busca ese propósito, ya sea por iniciativa propia
de la parta actora o por activación oficiosa del juez del proceso en uso de los
poderes legales que le asisten, que no haya operado el fenómeno de la caducidad
de la acción, por estar comprometidos en ello, de manera directa y esencial, el

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derecho constitucional y fundamental del debido proceso y el principio de legalidad,
como ya ha puesto de presente esta Sala de Decisión en ocasiones anteriores9.

7) Finalmente, no se puede tomar como punto de partida para el cómputo del
término de la caducidad de la acción la fecha de expedición de los Decretos del 29
de diciembre de 2009 del Ministerio del Interior y de Justicia que dieron
cumplimiento a la sentencia de tutela ni tampoco las fechas en que los actores se
posesionaron en los cargos de notarios, pues, estos conocieron que el daño se
evidenció con la sentencia de acción de tutela SU-039 del 11 de diciembre de 2009,
y en la demanda en ningún momento se cuestionó la existencia de una mora en el
cumplimiento de la sentencia de unificación dictada por la Corte Constitucional.

3. Análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado

3.1 Examen de los presupuestos del error judicial

1) La Ley 270 de 1990, Estatutaria de la Administración de Justicia, definió la
responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado por las actuaciones del
aparato judicial y estableció el error jurisdiccional como uno de los supuestos en los
que se puede configurar dicha responsabilidad. Las normas que se refieren al error
son las siguientes:

“ARTÍCULO 65. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. El Estado
responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional
y por la privación injusta de la libertad.

ARTÍCULO 66. ERROR JURISDICCIONAL. Es aquel cometido por una
autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el
curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria
a la ley.

ARTÍCULO 67. PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL. El
error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:

9 Véase, sobre este preciso punto la sentencia de 23 de noviembre de 2022, expediente no. 53.668,

MP Fredy Ibarra Martínez, reiterada entre otras, en sentencias del 27 de enero de 2023, expediente
no. 57.612 MP Fredy Ibarra Martínez y 20 de febrero de 2023 expediente no. 54.398 MP Alberto
Montaña Plata.

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1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos
previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad
del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia
judicial.

2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme.”

Según las normas legales transcritas, el legislador determinó los siguientes
requisitos para que prosperen las súplicas en estos casos: i) la conducta debe ser
ejecutada por una autoridad investida de función jurisdiccional, ii) que actúe en
calidad de tal, iii) aquella debe estar materializada en una providencia proferida en
el curso de un proceso judicial, iv) que se encuentre ejecutoriada, v) que el
interesado haya interpuesto los recursos de ley y, vi) que sea una providencia
contraria a la ley.

2) La Sala pone de presente que no se puede analizar el error judicial deprecado,
en forma genérica o abstracta, en “sentencias de tutela” como se adujo en la
demanda, pues, estas no solo no fueron identificadas por la parte demandante, sino
que, tampoco fueron aportadas a este expediente de reparación directa, de allí a
que la Sala, por sustracción de materia, se abstiene de realizar cualquier estudio
sobre las mismas10.

3) Por su parte, respecto de las decisiones acusadas de contener error judicial y
dictadas en el expediente de acción popular no. 2007-00413, esto es, el auto del 17
de junio de 2008 dictado por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de
Ibagué, el auto del 29 de agosto de 2008 del Tribunal Administrativo del Tolima y,
la sentencia del 13 de julio de 2009 del Tribunal Administrativo del Tolima11, la Sala
encuentra que los demandantes no acreditaron haber agotado los recursos de ley
contra el auto del 17 de junio de 2008 y, aún si en gracia de discusión se dijera que
no estaban obligados a presentar recursos, lo cierto es que tampoco se demostró
que se trate de “providencias contrarias a la ley”, tal como se explica a continuación.

10 Si bien la Corte Constitucional en la sentencia SU-913 del 11 de diciembre de 2009 revocó varias

sentencias de tutela dictadas en primera y segunda instancias, ello no significa que con esa sola
decisión aquellas pueden ser analizadas, pues, se requería que las mismas se aportaran en el
expediente, además, la parte demandante debía precisar de manera clara cuál fue el error judicial
que se configuró en cada una de dichas decisiones, es decir, en qué consistió el supuesto error
judicial que se estructuro en ellas.
11 Esta decisión revocó la sentencia del 11 de marzo de 2009 dictada por el Juzgado Cuarto

Administrativo de Ibagué que resolvió desestimar la pretensión del demandante de la acción popular
por encontrar que el mecanismo alterno de prueba no lesionaba la moralidad administrativa, razón
por la cual ordenó levantar la medida cautelar.

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3.2 Los demandantes no agotaron los recursos de ley como presupuestos del
error judicial

1) Como ya se explicó en la sección 3.1 de estas consideraciones, para que se
configure el error judicial como fundamento de la responsabilidad patrimonial
extracontractual del Estado se requiere la concurrencia de seis requisitos y, en el
caso que ocupa la atención de la Sala se encuentran acreditados tan solo cuatro de
ellos, en la medida que las decisiones acusadas de contener error judicial i) fueron
proferidas por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Ibagué12 y el Tribunal
Administrativo del Tolima13 en el marco de un proceso de acción popular con
radicación número 73001-33-31-004-2007-00413-00, promovido por el señor
Augusto Rodríguez Ortiz, ii) tanto el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de
Ibagué como el Tribunal Administrativo del Tolima actuaron como jueces de la
causa; iii) las decisiones judiciales fueron dictadas en primera y segunda instancias
y, iv) la sentencia del 13 de julio de 2009 quedó ejecutoriada el 21 de septiembre de
200914.

2) Sin embargo, no se acreditó el quinto requisito, esto es, que los demandantes
hayan agotado los recursos de ley respecto del auto que dispuso la medida cautelar,
punto sobre el cual es necesario precisar lo siguiente:

a) La Ley 478 de 1998, por medio de la cual se regularon las acciones populares y
de grupo, dispuso en el artículo 12 que el titular de la acción popular puede ser
cualquier persona, natural o jurídica, quien no solo actúa para sí mismo sino en
representación y defensa de toda la comunidad en general por la existencia de una
amenaza o la violación de un derecho o interés de naturaleza colectiva.

b) En este caso, el señor Augusto Rodríguez Ortiz promovió la acción popular en
contra del Consejo Superior de la Carrera Notarial, por estimar que se había
vulnerado la moralidad administrativa en el desarrollo del concurso de notarios
convocado por el Consejo Superior de Carrera Notarial a través del Acuerdo no. 01
de 2006.

12 Quien dictó el auto del 17 de junio de 2008, el proveído del 2 de julio de 2008 y la sentencia de

primera instancia del 11 de marzo de 2009.
13 El cual profirió el auto del 29 de agosto de 2008 y la sentencia del 13 de julio de 2009.
14 Según consta en sello de ejecutoria visible en folio 4396 vuelto cdno. 23.

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c) La demanda de acción popular fue radicada el 3 de octubre de 2007 (fls. 128 a
141 cdno. 2 pruebas) y admitida el 26 de octubre de 2007 por el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Ibagué (fls. 357 a 359 cdno. 2 pruebas) quien, en
proveído del 28 de noviembre de 2007 ordenó que el auto admisorio fuera
comunicado a través de una publicación en un diario de difusión nacional (fls. 1812
a 1851 cdno. 14 pruebas) con el propósito de que la acción popular fuera conocida
por toda la comunidad y, en especial, por todos los interesados en el concurso de
notarios, quienes podían intervenir en la misma.

d) El contenido y finalidad de la notificación por aviso y la publicación en el diario de
comunicación nacional, prevista en el artículo 21 de la Ley 472 de 1998, conllevan
a que la comunidad sea parte de la acción popular, por consiguiente, así los
interesados en la misma no comparezcan en el trámite de la acción, lo cierto es que
las decisiones allí tomadas tienen efectos jurídicos vinculantes, por quedar a partir
desde aquel momento legalmente vinculada la comunidad al proceso, norma cuyo
texto es como sigue:

“ARTÍCULO 21. NOTIFICACIÓN DEL AUTO ADMISORIO DE LA
DEMANDA. En el auto que admita la demanda el juez ordenará su
notificación personal al demandado. A los miembros de la
comunidad se les podrá informar a través de un medio masivo de
comunicación o de cualquier mecanismo eficaz, habida cuenta de
los eventuales beneficiarios.

Para este efecto, el juez podrá utilizar simultáneamente diversos
medios de comunicación.

Cuando se trate de entidades públicos <sic>, el auto admisorio de la
demanda deberá notificarse personalmente a su representante legal o a
quien éste haya delegado la facultad de recibir notificaciones, todo de
acuerdo con lo dispuesto por el Código Contencioso Administrativo.

Cuando el demandado sea un particular, la notificación personal del auto
admisorio se practicará de acuerdo con lo dispuesto en el Código de
Procedimiento civil.

En todo caso, si la persona a quien deba hacerse la notificación, o su
delegado, no se encontrare o no pudiere; por cualquier motivo, recibir la
notificación, ésta se practicará mediante entrega que el notificador haga
al empleado que allí se encuentre de copia auténtica de la demanda y del
auto admisorio y del aviso que enviará, por el mismo conducto, al
notificado.

Si la demanda no hubiere sido promovida por el Ministerio Público se le
comunicará a éste el auto admisorio de la demanda, con el fin de que

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intervenga como parte pública en defensa de los derechos e intereses
colectivos, en aquellos procesos que lo considere conveniente.

Además, se le comunicará a la entidad administrativa encargada de
proteger el derecho o el interés colectivo afectado.

ARTÍCULO 35. EFECTOS DE LA SENTENCIA. La sentencia tendrá
efectos de cosa juzgada respecto de las partes y del público en
general” (resalta la Sala).

e) En el asunto de la referencia se tiene que, aunque fue el señor Augusto Rodríguez
Ortiz quien promovió la acción popular no. 2007-00413, ello no significa que las
personas afectadas o externas y la comunidad en general o interesados con las
decisiones y el resultado del referido proceso de acción popular fuesen ajenos o
extraños, por el contrario, unos y otros quedan legalmente atados a dichas
decisiones judiciales, con el derecho y posibilidad reales, por supuesto, de
impugnarlas o beneficiarse de ellas, según sea el caso, punto sobre el cual debe
resaltarse que la respectiva sentencia hace tránsito a cosa juzgada no solo para las
partes sino también para la comunidad en general, como expresamente lo dispuesto
en el artículo 35 de la Ley 472 de 1998.

f) Los señores Luis Eduardo Botero Hernández y Pedro León Cabarcas Santoya
acudieron al proceso en calidad de coadyuvantes de la parte demandada y, en ese
sentido les asistía el derecho a interponer los recursos en contra de las decisiones
acusadas de error15 y de esa maneral, con el cumplimiento de ese deber procesal
en los términos de lo preceptuado en el artículo 67 de la Ley 270 de 1996, que
estructura la configuración del error extracontractual judicial como fundamento de
imputación de responsabilidad patrimonial del Estado en cabeza de la Nación –
Rama Judicial del Poder Público.

g) En auto del 17 de junio de 2008, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de
Ibagué ordenó, como medida cautelar, “la exclusión de manera provisional, de la

15 El artículo 24 de la Ley 472 de 1998 dispone que toda persona, natural o jurídica, podrá coadyuvar

las acciones populares antes de que se profiera el fallo de primera instancia y la coadyuvancia
operará hacia la actuación futura. La Sección Primera del Consejo de Estado ha estimado que los
coadyuvantes también pueden interponer recursos siempre que la parte principal los interponga,
pero, la impugnación tiene que guardar estrecha relación con las pretensiones iniciales de la parte
actora. Al respecto, se puede consultar Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, sentencia del 10 de diciembre de 2018, expediente AP 2011-00424, MP Hernando
Sánchez Sánchez y auto del 5 de febrero de 2020 expediente 2006-00503-01 MP Roberto Augusto
Serrato.

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Expediente 25000-23-26-000-2012-00239-01 (60.856)
Actor: Luis Eduardo Botero Hernández y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

evaluación y calificación de antecedentes y méritos dentro del concurso público y
abierto para el nombramiento de notarios en propiedad y el acceso a la carrera
notarial, de aquellas obras en derecho cuya publicación no se haya acreditado con
el certificado de registro de la obra expedida por la Dirección Nacional de Derechos
de Autor, de conformidad con la Ley 588 de 2000 y el Decreto 3454 de 2006” (fls.
1232 a 1240 cdno. 12 pruebas).

h) Contra esa última decisión, la parte demandada interpuso recurso de reposición
(fls. 1328 a 1337 cdno. 13 pruebas) y el juzgado en auto del 2 de julio de 2008
repuso parcialmente el proveído del 17 de junio de 2008, pero, mantuvo la medida
cautelar, la cual morigeró (fls. 2076 a 2018 cdno. 14 pruebas), de modo que la parte
demandada en escrito del 8 de julio de 2008 presentó recurso de reposición y en
subsidio apelación (fls. 2153 a 2144 cdno. 15 pruebas).

i) Los señores Luis Eduardo Botero Hernández y Pedro León Cabarcas Santoya
conocieron de la acción popular antes de la presentación del recurso de apelación
formulado por la parte demandada del 8 de julio de 2008.

j) Aunque el señor Luis Eduardo Botero Hernández interpuso recurso de apelación,
lo cierto es que en su momento no especificó a qué parte coadyuvaba, circunstancia
por la cual el juzgado en auto del 16 de julio de 2008 se abstuvo de analizar el
“recurso” presentado por aquel, en la medida que no se tenía claro a qué parte
procesal estaba ayudando, decisión que no fue discutida ni impugnada por el aquí
demandante (fls. 2202 a 2223 cdno. 15 pruebas).

k) Los señores Luis Eduardo Botero Hernández y Pedro León Cabarcas Santoya,
luego de ser reconocidos como coadyuvantes de la parte demandada (fls. 2343 a
2370 cdno. 33 pruebas y fls. 22 a 23 cdno. 18 pruebas), tampoco interpusieron
ningún recurso en contra de la sentencia de primera instancia del 11 de marzo de
2009 dictada por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Ibagué, de modo
que frente a la decisión del 11 de marzo de 2009 y la que la modificó tampoco se
configuraron los presupuestos para la configuración de error judicial, pues, se
insiste, los demandantes debían haber agotado válidamente los recursos de ley
contra las decisiones acusadas, esto es, debían expresar su inconformidad frente a
las decisiones adoptadas, impugnar y exponer los motivos de inconformidad en

23

Expediente 25000-23-26-000-2012-00239-01 (60.856)
Actor: Luis Eduardo Botero Hernández y otros
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Apelación sentencia

contra de las providencias que consideraban contenían un yerro con el fin de que
este pudiera ser corregido, pero, como esto no ocurrió, es razón suficiente para
negar las pretensiones de la demanda respecto de los referidos actores, aspecto
que también se predica en relación con los señores Andrés Hiber Arévalo Pacheco
y Elsa Piedad Ramírez Castro, por evidente e injustificado incumplimiento del deber
procesal que para tal propósito consagra, expresa y puntualmente, el artículo 67 de
la Ley 270 de 1996, cuya inobservancia se traduce en culpa atribuible a la propia
víctima por explícita definición del legislador contenida en dicha norma.

l) Ciertamente, aunque los referidos demandantes no acudieron a la acción popular,
lo cierto es que no se puede predicar la existencia de un error judicial respecto de
un proceso que fue ampliamente divulgado, al cual quedaron legalmente vinculados
y que los afectaba y, pese a ello, no acudieron para la defensa de sus propios
intereses, no obstante lo cual las decisiones adoptadas en el proceso y las
sentencias finalmente emitidas en primera y segunda instancia hicieron tránsito a
cosa juzgada tanto para la persona que compareció en la condición de demandante
como para la comunidad en general interesada en el proceso, por cuanto esta
estuvo representada por aquella16.

m) En proveído del 26 de enero de 2007, el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito Judicial de Ibagué ordenó, como medida cautelar, la suspensión del
proceso de selección de notarios, decisión que repuso en auto del 28 de noviembre
de 2007 (fls. 587 a 626 cdno. 10 pruebas).

n) Si se tienen en cuenta los anteriores proveídos, significa ello que por lo menos
para las personas que participaban en el concurso de notarios la existencia de la
acción popular era conocida desde el año 2007.

ñ) Los señores Andrés Hiber Arévalo Pacheco y Elsa Piedad Ramírez Castro
estiman que debido a las decisiones judiciales tomadas por el juez popular no
pudieron ser nombrados como notarios, pese a la existencia del Acuerdo 142 del 9
de junio de 2008 del Consejo Superior de la Carrera Notarial que integraba la lista

16 En una acción popular se vincula a todas las personas que tienen interés en las resultas del

proceso, de manera que por disposición de la ley estas quedan vinculadas una vez se realiza la
notificación por aviso tal como sucedió en el presente caso, en el que el aviso fue publicado en un
diario de publicación nacional.

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Expediente 25000-23-26-000-2012-00239-01 (60.856)
Actor: Luis Eduardo Botero Hernández y otros
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de elegibles (fls. 112 a 129 cdno. 3 pruebas), aspecto que evidencia que los
demandantes siempre conocieron de la existencia de la mencionada acción popular
y, pese a ello, no acudieron a la misma con el fin de hacer valer sus derechos.

3.3 Examen concreto del error judicial alegado

1) En todo caso, aún si en gracia de discusión se dijera que los demandantes Andrés
Hiber Arévalo Pacheco y Elsa Piedad Ramírez Castro no estaban llamados agotar
los recursos de ley en un proceso judicial que los afectaba, lo cierto es que tampoco
se acreditó el sexto requisito, esto es, que existieron irregularidades por parte de la
autoridad jurisdiccional en el momento de proferir las decisiones cuya legalidad se
reprocha con la demanda.

2) Para tal fin, es preciso tener en cuenta que el error judicial se concreta en “una
decisión contraria a derecho, ya sea que se advierta en el campo de las pruebas -
error de hecho- o que provenga de aplicaciones normativas indebidas -error de
derecho-”17, se trata de falencias en las que se incurre en providencias judiciales al
punto de contraponerse al ordenamiento jurídico. Esta Sección de tiempo atrás lo
ha definido así: “el error judicial que da lugar a la reparación es toda disconformidad
de la decisión del juez con el marco normativo que regula el tema de la decisión”18.

3) En el presente caso, frente a las providencias que decretaron la medida cautelar
(esto es, los autos del 17 de junio de 2008 y 2 de julio de 2008 proferidos por el
Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Ibagué y el proveído del 29 de agosto
de 2008 dictado por el Tribunal Administrativo del Tolima, que los confirma) se
alega, en síntesis, que se incurrió en error judicial porque la Corte Constitucional en
la sentencia de tutela SU-913 del 11 de diciembre de 2009 afirmó que “existió un
defecto sustantivo en relación con la parte motiva de la providencia de cautela, en
razón a que en ella se anticipó el fallo de fondo de la acción popular al afirmar de
manera perentoria que existió una extralimitación de funciones por parte del
Consejo Superior de la Carrera Notarial y que la medida cautelar brilla por su falta
de técnica e imprecisión” (fl. 24 cdno. ppal.).

17 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 24 de enero de 2019,
expediente 38.229, MP Ramiro Pazos Guerrero.
18 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de diciembre de 2007, expediente 15.128,

MP Ramiro Saavedra Becerra.

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Expediente 25000-23-26-000-2012-00239-01 (60.856)
Actor: Luis Eduardo Botero Hernández y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

4) Sobre el punto en cuestión, la Sala advierte que las medidas cautelares en el
trámite del proceso de la acción popular tienen una naturaleza transitoria y se
encuentran dirigidas a evitar la producción de un daño inminente y, en el caso
material de análisis, la medida cautelar fue decretada con observancia de los
requisitos previstos en el artículo 25 de la Ley 472 de 199819, pues, tanto el Juzgado
Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué como el Tribunal Administrativo
del Tolima argumentaron, expresa y puntualmente, las razones por las cuales se
advertía un daño inminente debido a la disparidad que existía en los requisitos para
la acreditación de las obras publicadas por los concursantes, en concreto, se explicó
que mientras el Decreto 3454 de 2006 (reglamentario de la Ley 588 de 2000)
dispuso en el literal G) del artículo 5 que la publicación de obras en áreas del
derecho se acreditaba con el certificado de registro de la obra expedida por la
Dirección Nacional de Derechos de Autor -caso en el cual se otorgarían cinco (5)
puntos al aspirante que demostrara al menos la autoría de una obra jurídica-, al
paso que el artículo 11 del Acuerdo 01 de 2006 del Consejo Superior de la Carrera
Notarial determinó que las obras en el área del derecho se podían acreditar bien
con el certificado de registro de la obra expedida por la Dirección Nacional de
Derechos de Autor o con la certificación de la publicación expedida por la imprenta
nacional o editorial respectiva junto con un ejemplar del libro publicado.

5) Para el momento en que se dictó la referida medida cautelar en el proceso de
acción popular que se comenta, los jueces de la acción popular llegaron a la
conclusión que se podía producir un daño, por lo cual se consideró necesario

19 “ARTÍCULO 25. MEDIDAS CAUTELARES. Antes de ser notificada la demanda y en cualquier

estado del proceso podrá el juez, de oficio o a petición de parte, decretar, debidamente motivadas,
las medidas previas que estime pertinentes para prevenir un daño inminente o para hacer cesar el
que se hubiere causado. En particular, podrá decretar las siguientes:
a) Ordenar la inmediata cesación de las actividades que puedan originar el daño, que lo hayan
causado o lo sigan ocasionando;
b) Ordenar que se ejecuten los actos necesarios, cuando la conducta potencialmente perjudicial o
dañina sea consecuencia de la omisión del demandado;
c) Obligar al demandado a prestar caución para garantizar el cumplimiento de cualquiera de las
anteriores medidas previas;
d) Ordenar con cargo al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos los estudios
necesarios para establecer la naturaleza del daño y las medias urgentes a tomar para mitigarlo.
PARÁGRAFO 1o. El decreto y práctica de las medidas previas no suspenderá el curso del proceso.
PARÁGRAFO 2o. Cuando se trate de una amenaza por razón de una omisión atribuida a una
autoridad o persona particular, el juez deberá ordenar el cumplimiento inmediato de la acción que
fuere necesaria, para lo cual otorgará un término perentorio. Si el peligro es inminente podrá ordenar
que el acto, la obra o la acción la ejecute el actor o la comunidad amenazada, a costa del
demandado.”.

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Expediente 25000-23-26-000-2012-00239-01 (60.856)
Actor: Luis Eduardo Botero Hernández y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

decretar una medida cautelar preventiva y transitoria mientras se profería la decisión
de fondo.

6) Sobre este punto debe advertirse, que la Corte Constitucional en la sentencia SU-
913 de 2011 no señaló que con las providencias que ordenaron la medida cautelar
las autoridades judiciales que las emitieron incurrieron en una irregularidad
normativa, por el contrario, el reproche estuvo en que con la medida cautelar se
anticipó la decisión de fondo de la acción popular por estimarse que el Consejo
Superior de la Carrera Notarial se extralimitó en sus funciones, no obstante, debido
a la naturaleza transitoria no tenía la vocación de causar efectos definitivos.

7) El hecho de que la Corte Constitucional en la sentencia SU-913 de 2011 estimara
que el juez de la acción popular no podía realizar un juicio de legalidad de actos
administrativos, no significa por ello que exista un error judicial de las providencias
que decretaron la medida cautelar, pues, para la época en que el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima
dictaron los autos del 17 de junio de 2008, 2 de julio de 2008 y 29 de agosto de
2008 existía disparidad de criterios jurídicos precisamente frente a la posibilidad o
facultad de realizar un juicio de legalidad de actos administrativos en el trámite del
proceso de acción popular y, por lo tanto, sobre la procedencia de la suspensión de
los efectos de aquel.

8) En efecto, desde la entrada en vigencia de la Ley 478 de 1998, existió discusión
en las Secciones de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado
sobre la facultad del juez de la acción popular para analizar y decidir la legalidad de
los actos administrativos, suspenderlos e incluso anularlos, aspecto que dio lugar a
cuatro tesis, a saber: i) tesis restrictiva, ii) tesis amplia, iii) tesis intermedia y, iv) tesis
de criterio finalístico, las cuales se dieron en diferentes periodos20, con los siguientes
contenido y alcance:

20
El primer periodo, ubicado desde la vigencia de la Ley 472 de 1998 hasta el año 2003, se
caracterizó porque todas las Secciones del Consejo de Estado tenían competencia para resolver
procesos relacionados con acciones populares, sin hacer ninguna distinción de los derechos
colectivos involucrados en el proceso.
En esta etapa o período, cada Sección decidió con autonomía igual cantidad de problemas jurídicos
referentes a los derechos colectivos y, tratándose sobre la procedencia de la acción popular contra
los actos administrativos, no hubo consenso, pues, por un lado, algunas Secciones admitieron este
mecanismo para controvertir los actos administrativos, en tanto que otras, lo negaron defendiendo
la autonomía de la acción ordinaria, en este periodo se dieron las tesis restrictiva, amplia y finalística.

27

Expediente 25000-23-26-000-2012-00239-01 (60.856)
Actor: Luis Eduardo Botero Hernández y otros
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Apelación sentencia

a) La tesis restrictiva niega las atribuciones del juez popular para discutir y decidir
la legalidad del acto administrativo por estimar que existen otros medios judiciales
creados justamente para controvertir la legalidad ante la jurisdicción contenciosa y,
través de los cuales los interesados pueden alegar y demostrar que con la
expedición de los actos administrativos la administración se viola las normas de
orden superior a las que debían sujetarse21.

b) La tesis amplia, defendía que el juez de la acción popular no solo analizaba la
legalidad del acto cuando se vulneraba un derecho colectivo, sino que también
podía anularlo22.

c) La tesis con criterio finalístico, admitía que la acción popular procedía contra actos
administrativos, pero, teniendo en cuenta la finalidad que persiga el actor, de tal
suerte que solo puede anularse el acto administrativo que amenace o transgreda el
derecho colectivo, siendo improcedente cuando se trata de un estudio de legalidad,
propio de las acciones contencioso administrativas, en las que se enervan las
presunciones del acto administrativo sobre la base del límite de la jurisdicción
rogada23.

El segundo periodo se entiende desde el año 2003 hasta la expedición de la Ley 1285 de 2009, en
este periodo, luego de un reparto interno de competencias, el conocimiento de las acciones
populares en el Consejo de Estado quedó en la Sección Tercera -cuando se trataba de acciones
populares que versen sobre asuntos contractuales y las relacionadas con el derecho a la moralidad
administrativa- y el patrimonio público la Sección Primera -para todos los demás casos.
El tercer período, comprendido desde la expedición de la Ley 1285 de 2009 y hasta la entrada en
vigencia de la Ley 1437 de 2001.
El cuarto periodo inicia con la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, en el inciso 2 del artículo
144 se dispone que “cuando la vulneración de los derechos e intereses colectivos provenga de la
actividad de una entidad pública, podrá demandarse su protección, inclusive cuando la conducta
vulnerante sea un acto administrativo o un contrato, sin que en uno u otro evento, pueda el juez
anular el acto o el contrato, sin perjuicio de que pueda adoptar las medidas que sean necesarias
para hacer cesar la amenaza o vulneración de los derechos colectivos”.
21 Entre las sentencias que acogen esta tesis se encuentran las siguientes del Consejo de Estado:

Sección segunda subsección B sentencia de febrero 17 de 2000, exp. AP- 013; Sección cuarta,
sentencia de 31 de marzo de 2000, exp. AP-005; Sección segunda, subsección B, sentencia de 18
de mayo de 2000, exp. AP-036; Sección tercera, sentencia de 18 de mayo de 2000; Sección segunda
subsección B, sentencia de 1° de junio de 2000, exp. AP-047; Sección primera, sentencia de 6 de
julio de 2001, exp. AP-123, MP Camilo Arciniegas Andrade.
22 Entre las sentencias que acogen esta tesis se encuentra, entre otras, la sentencia del Consejo de

Estado, Sección Cuarta, sentencia del 7 de abril de 2000, exp. AP-026.
23 De este criterio se encuentra la sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección

A, sentencia del 5 de Julio de 2001, exp. AP-107.

28

Expediente 25000-23-26-000-2012-00239-01 (60.856)
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Apelación sentencia

d) La tesis intermedia, admite la procedencia de la acción popular pero condicionada
al límite de la decisión, siendo viable suspender los efectos del acto administrativo
mas no su anulación, el cual solo corresponde al juez de la acción ordinaria24.

9) Las decisiones judiciales dictadas por el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito Judicial de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima se dictaron
precisamente en la época en que las secciones Primera y Tercera del Consejo de
Estado coincidieron en manifestar que la acción popular procedía contra los actos
administrativos cuando amenazaran o vulneraran un derecho o interior colectivo; sin
embargo, mientras la Sección Primera mantuvo una posición uniforme en el sentido
de indicar que no procedía la anulación del acto administrativo, la Sección Tercera
tuvo pronunciamientos diversos, pues, en unas ocasiones consideró que el acto
administrativo sí podía ser anulado por el juez de la acción popular:

a) Así, por ejemplo, en sentencia del 30 de junio de 2005, la Sección Tercera del
Consejo de Estado consideró que el juez de la acción popular debe acudir a la
excepción de inconstitucionalidad con el fin de inaplicar una norma contraria a la
Constitución y que vulnere o amanece derechos colectivos, se dijo lo siguiente:

“El artículo 4º de la Constitución, que es norma vinculante para todas las
autoridades públicas, señala con claridad que “en todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se
aplicarán las disposiciones constitucionales”. En efecto, la aplicación del
control constitucional difuso en Colombia no es nuevo, pues fue
consagrado expresamente en el artículo 6º de la Ley 153 de 1887 y,
posteriormente, elevado a rango constitucional con el Acto Legislativo
número 3 de 1910.

Así, como bien lo advirtió la Corte Constitucional en sentencia C-037 de
1996, la inaplicación de una norma por resultar contraria a la Carta no sólo
es una facultad otorgada a los jueces, sino que es un deber que se les
exige con la aplicación preferente de la norma superior en el caso
concreto, como quiera que el carácter normativo de la Constitución se
impone y, con ella, el respeto por los derechos fundamentales de las
personas y el deber de las autoridades públicas de hacerlos efectivos
(preámbulo, artículos 2º y 4º de la Constitución).

Ahora bien, la excepción de inconstitucionalidad permite al juez
determinar, en un caso concreto, si existe o no incompatibilidad entre una
norma inferior y la norma constitucional. Este análisis se hace únicamente
con respecto al caso específico y singular, y en relación con las personas
involucradas en el mismo, sin posibilidad de exceder ese marco. La

24 De esta tesis se puede encontrar la sentencia del 30 de junio de 2005, Consejo de Estado, Sección

Tercera, exp. 23-25-000-2004-00787-01 (AP) MP Alier Eduardo Hernández Enríquez.

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Expediente 25000-23-26-000-2012-00239-01 (60.856)
Actor: Luis Eduardo Botero Hernández y otros
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Apelación sentencia

inaplicación de la norma por parte del juez, tiene efectos inter partes y no
afecta su vigencia general, a pesar de que impida la producción de efectos
en el asunto particular.

Sobre la excepción de inconstitucionalidad, la Corte Constitucional ha
dicho:

“[si existe] una disposición, legal o de otro orden, que de manera
ostensible, clara e indudable -prima facie- viola la Constitución, el
precepto subalterno cede y se ha de inaplicar, no porque lo quiera el
funcionario respectivo sino en cuanto lo manda el Constituyente, y a
cambio de su dictado, deben hacerse valer las normas de la Constitución
con las cuales la regla subalterna colide (sic).

“(...) cabe recordar que el artículo 4 de la Carta contempla el principio de
constitucionalidad, según el cual, en caso de incompatibilidad entre el
Estatuto Fundamental y otra norma jurídica de rango inferior, deberá
prevalecer aquél. En consecuencia, la autoridad pública que detecte una
contradicción entre tales normas está en la obligación de inaplicar la de
menor jerarquía y preferir la aplicación de la Carta Política.”

En este orden de ideas, el juez de la acción popular no sólo puede
sino que debe acudir a la excepción de inconstitucionalidad con el
fin de inaplicar una norma que, además de ser contraria a la
Constitución Política, vulnere o amenace derechos colectivos, sin
que con ello afecte la validez general de la disposición inaplicada.”25
(negrillas de la Sala).

b) En sentencia del 21 de febrero de 2007, la Sección Tercera del Consejo de
Estado estimó que el juez de la acción popular podía analizar la legalidad de los
actos administrativos, suspenderlos e incluso anularlos, en concreto sostuvo lo
siguiente:

“[R]esulta posible para el juez declarar, incluso, la nulidad del acto
administrativo transgresor de derechos colectivos, en aplicación de
los poderes del juez de la acción popular, previstos en los artículos
2 y 34 de la ley 472 de 1998 y, haciendo suyos los argumentos de
quienes, en su oportunidad, salvaron o aclararon el voto a aquellas
decisiones que limitaban el poder del juez popular a la sola
suspensión de los efectos.

Se añadirá a lo anterior, que la concurrencia o paralelismo entre la
acción popular y la acción contencioso administrativa ordinaria,
frente a un acto administrativo, no debe constituirse en cortapisa
para el trámite y prosperidad de ninguna de ellas, pues, se reitera,
habrá que atender a la finalidad de cada una de esas acciones (…).

Tampoco puede admitirse que la concurrencia de ambas acciones -
popular y ordinaria contencioso administrativa- lleve a un evento de
prejudicialidad, porque una no influye ni depende de la otra, de ahí que la

25 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de junio de 2005, exp. 23-25-000-2004-

00787-01 (AP) MP Alier Eduardo Hernández Enríquez.

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Expediente 25000-23-26-000-2012-00239-01 (60.856)
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prosperidad de la acción popular frente a la declaratoria de nulidad del
acto administrativo, por violentar los derechos colectivos, no puede ser
óbice para que el juez contencioso administrativo se abstraiga de
pronunciarse sobre la legalidad del acto que se hace mediante las
acciones contenciosas, previstas en los artículos 84 y 85 del C. C. A.; más
aún, cuando la acción popular no está contemplada para restablecer el
derecho particular, como acontece en la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, ni para proteger, en abstracto, el
ordenamiento jurídico, finalidad propia de la acción de nulidad, que no
puede asumir el juez popular (…).

La transgresión al derecho colectivo que se plantea en la demanda de
acción popular, por medio de la cual se cuestiona la legalidad de un acto
administrativo, marca el límite entre las acciones ordinarias de nulidad y
de nulidad y restablecimiento del derecho y la acción popular contra el
acto administrativo, de lo contrario, se llegaría al equívoco de permitir
encausar la misma controversia desde acciones con finalidad diferente.

Resulta viable que, con el fin de determinar la posible transgresión o
amenaza a los derechos colectivos, el juez analice el marco normativo
que sustenta el acto administrativo, sin que ello implique el cotejo propio
y necesario que debe hacerse en las acciones que atacan la legalidad del
acto administrativo, porque el juez de la acción popular se circunscribe a
la protección de los derechos e intereses colectivos, con el objeto de evitar
el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza o la vulneración
de esa clase de derechos, o a restituir las cosas a su estado anterior,
cuando fuere posible.

Por esta razón, aunque el acto administrativo puede ser transgresor de
normas de rango superior a las que está sometido, ello no es suficiente
para que prospere la acción popular, pues, se requiere de dos elementos
adicionales: la demostración de la conducta imputada y que vulnere o
amenace los derechos colectivos.

Por ello, no puede perderse de vista que la finalidad de las acciones
ordinarias de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, y la que
se predica de la acción popular contra el acto administrativo, son distintas,
en la forma y condiciones como la ley las ha definido. Así, las acciones
ordinarias contra la legalidad del acto administrativo encuentran
fundamento en el restablecimiento del ordenamiento jurídico general y
abstracto, o de un derecho amparado por una norma jurídica, en cambio,
la acción popular debe su razón teleológica a la protección y
restablecimiento de los derechos colectivos, de ahí que la acción popular
no sea supletiva de ninguna otra, y menos que se trate de una acción
judicial a utilizar, con el convencimiento de que como su trámite es
preferente y goza de prelación, no se debe esperar el tiempo procesal
propio de una acción ordinaria, ni tampoco para que su ejercicio se tenga
como una segunda opción, por si no prosperan las pretensiones de la
acción ordinaria contra el acto administrativo o por si operó la caducidad
de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

La acción popular es principal, de ahí que la existencia de otros medios
de defensa no la hace improcedente, posición que ha sido reiterada, de
tiempo atrás, por el Consejo de Estado (…)”26 (resaltado de la Sala).

26 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de febrero de 2007, expediente 25000-23-

25-000 2005-00355-01 (AP) MP Enrique Gil Botero.

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Expediente 25000-23-26-000-2012-00239-01 (60.856)
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c) Posteriormente, en esa misma dirección, en otro pronunciamiento la misma
corporación explicitó lo siguiente:

“En aquellos casos en los cuales la legalidad del objeto jurídico
cuestionado es la causa, o un factor determinante, para la indagación
acerca de la amenaza o vulneración de los derechos colectivos, el juez
válidamente podrá hacer el análisis correspondiente y tomará las
decisiones a que haya lugar, debido a que en tal escenario confluyen en
un mismo punto de relevancia jurídica los intereses colectivos y los
intereses subjetivos propios de las acciones ordinarias.

En observancia de lo anterior, la Sala considera que el juez popular
podrá declarar la nulidad del acto o contrato, siempre que concurran
dos elementos:

• se pruebe la amenaza o vulneración de los derechos colectivos, y

• se pruebe que los actos administrativos están incursos en alguna
de las causales de nulidad prescritas en el artículo 84 del código
contencioso administrativo.

En tal sentido, en los casos en los cuales se pretende la protección de un
derecho colectivo y al mismo tiempo se cuestiona la legalidad de un acto
administrativo, una vez hecho el análisis del material probatorio, el juez
puede llegar a las siguientes conclusiones:

• que se amenazan o vulneran derechos colectivos y que el objeto jurídico
es ilegal, caso en el cual se procederá con la suspensión o anulación del
acto administrativo correspondiente, para amparar los derechos
colectivos;

• que se amenazan o vulneran derechos colectivos y que el objeto jurídico
es legal: en este supuesto no sería posible jurídicamente suspender o
anular el acto o contrato por cuanto las reglas propias de la legalidad
indican que el objeto jurídico es válido; no obstante, el juez deberá
adelantar las medidas pertinentes, se reitera, diferentes a la suspensión
o anulación del objeto jurídico, para evitar la amenaza o hacer cesar la
vulneración.

• que no se amenazan ni vulneran derechos colectivos y que el objeto
jurídico es ilegal, evento en que no será posible suspender o anular el acto
administrativo, dado que la razón de ser de la acción popular es la
protección de los derechos colectivos y no de la legalidad, pues para el
amparo de ésta existen las acciones ordinarias;

• que no se amenazan o vulneran derechos colectivos y que el objeto
jurídico es legal, hipótesis que dará lugar, claramente, a desestimar las
pretensiones.

En consecuencia, habrá de verificarse en cuál de las especies
relacionadas encuadra el presente caso, con la aclaración fundamental
de que el análisis correspondiente debe partir de los derechos colectivos
cuya protección se invoca en la demanda, y que la indagación posterior
respecto de la legalidad del acto puede no ser adelantada cuando quiera

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Expediente 25000-23-26-000-2012-00239-01 (60.856)
Actor: Luis Eduardo Botero Hernández y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

que se concluya que no ha habido vulneración o amenaza a los derechos
colectivos”27 (subrayado del texto original – negrillas adicionales).

10) Del anterior marco fáctico y de la directriz jurisprudencial citada se concluye, sin
hesitación alguna, que en el presente caso ni el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito Judicial de Ibagué ni el Tribunal Administrativo del Tolima incurrieron en
error judicial con ocasión de proferir los autos por los cuales se adoptó la referida
medida cautelar de suspensión del numeral 11 del artículo 11 del Acuerdo 01 de
2006 del Consejo Superior de la Carrera Notarial, pues, su razonamiento se ajustó
a la jurisprudencia existente para la época de ocurrencia de los hechos ahora objeto
de examen.

11) Lo antedicho, igualmente es predicable en relación con la sentencia de segunda
instancia que anuló el numeral 11 del artículo 11 del Acuerdo 01 de 2006, pues, el
principal argumento de reproche tuvo que ver con la falta de competencia del juez
de la acción popular para anular actos administrativos (aspecto que fue tratado por
la Corte Constitucional), empero, como ya se explicó, para la época de los hechos
existían diferentes posturas jurisprudenciales de decisión sobre dicha competencia,
incluso, esta discrepancia se mantuvo hasta la sentencia de unificación
jurisprudencia del 13 de febrero de 201828, fecha en la cual la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado unificó su jurisprudencia en torno
a la competencia que tiene el juez de la acción popular en materia de actos
administrativos y concluyó que, aunque este no tiene la facultad de anular los actos
administrativos, sí puede adoptar las medidas cautelares que garanticen el derecho
colectivo afectado con el acto administrativo que sea la causa de la amenaza,
vulneración o el agravio de derechos e intereses colectivos.

Asimismo, en el estado actual de la legislación, esto es, a partir de la vigencia de la
Ley 1437 de 2011, el juez de la acción jurisdiccional de protección de derechos e
intereses colectivos no tiene competencia para anular actos administrativos, aunque
sí esta facultado para suspenderlos judicialmente.

27
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de mayo de 2008, expediente no. 76001-
23-31-0000-2005-01423-01 (AP), MP Ramiro Saavedra Becerra, en el mismo sentido también se
puede consultar sentencia de la misma fecha expediente no. 54001-23-31-000-2004-01415-01 (AP),
MP Ramiro Saavedra Becerra.
28 Expediente no. 25000-23-15-000-2002-02704-01.

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Expediente 25000-23-26-000-2012-00239-01 (60.856)
Actor: Luis Eduardo Botero Hernández y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

12) De igual manera, no se puede predicar la existencia de un error judicial a partir
de la sentencia SU-913 de 2009 de la Corte Constitucional, por el hecho de que
consideró que el juez popular no demostró la vulneración del derecho colectivo a la
moralidad administrativa y dio mayor prevalencia a unas normas que regulan los
derechos de autor.

13) En efecto, respecto del derecho a la moralidad administrativa, se tiene que el
Tribunal Administrativo del Tolima en la sentencia del 13 de julio de 2009 consideró
que este se afectó con el aparte final del artículo 11 numeral 11 del Acuerdo 01 de
2006 del Consejo Superior de la Carrera Notarial, pues, al agregar una forma de
acreditación de obra pública distinta a la establecida en el Decreto 3454 de 2006 se
buscó favorecer a un grupo de determinado de personas, esto es, aquellas que no
podían acreditar la publicación con la certificación expedida por el ente nacional
encargado de la protección de los derechos de autor.

14) Para la Corte Constitucional, el análisis del tribunal fue insuficiente para estimar
una vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa porque no se
estableció que personas integraban el grupo que supuestamente se buscó
favorecer y, por el contrario, se estudió el caso como si se tratase de un juicio de
legalidad.

15) Sobre el particular, la Sala observa que la diferencia entre lo dicho por el Tribunal
Administrativo del Tolima y la Corte Constitucional tuvo que ver con la interpretación
del derecho a la moralidad administrativa, pues, mientras para el tribunal
administrativo era suficiente saber que había un grupo que sería beneficiario con el
Acuerdo 01 de 2006, para la Corte Constitucional dicho grupo debía estar
plenamente identificado.

16) Asimismo, mientras el Tribunal Administrativo del Tolima estimó que se podía
anular un acto administrativo en sede de acción popular, la Corte Constitucional
consideró que eventualmente ello solo era posible sí dicho acto era la causa de la
amenaza o vulneración del derecho colectivo y, en este caso, nuevamente se tiene
que existe una diferencia de interpretación entre el tribunal y la Corte Constitucional.

17) De otro lado, mientras para el Tribunal Administrativo del Tolima debía
prevalecer el Decreto 3454 de 2006, la Corte Constitucional consideró que, si bien

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Actor: Luis Eduardo Botero Hernández y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

dicha norma estableció un criterio para acreditar la autoría de una obra, el mismo
afectaba tanto a la presunción de la Decisión Andina 351 del Acuerdo de Cartagena
como la Ley 23 de 1982, en el que el mecanismo idóneo para acreditar la autoría
de una obra, es ella misma.

18) En este caso, se tiene que la Corte Constitucional consideró que, si bien en el
Decreto 3454 de 2006 se estableció un requisito para la acreditación de la obra,
debía prevalecer la Decisión Andina 351 del Acuerdo de Cartagena como la Ley 23
de 1982.

19) Nuevamente aquí, se tiene que existe una diferencia en la interpretación de las
normas que se debían aplicar.

20) En ese sentido, la Sala observa que la diferencia de criterios entre el Tribunal
Administrativo del Tolima y la Corte Constitucional es insuficiente para predicar la
existencia del error judicial que reclama la parte actora del proceso de la referencia.

4. Conclusión

Se modificará la sentencia de primera instancia para en su lugar: i) declarar la
caducidad respecto de la vinculación de la Nación – Ministerio de Justicia y del
Derecho, ii) confirmar la decisión que declaró la falta de legitimación en la causa por
pasiva de la Superintendencia de Notariado y Registro y, iii) negar las pretensiones
de la demanda, porque no se acreditó la existencia de un error judicial.

5. Condena en costas

No hay lugar a la imposición de costas debido a que no se evidencia en el caso
concreto actuación temeraria la parte vencida en el proceso, condición exigida por
el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,

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Actor: Luis Eduardo Botero Hernández y otros
Reparación directa
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FALLA:

1°) Modifícase la sentencia proferida el 24 de mayo de 2017 por la Subsección C
de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual queda
así:
PRIMERO: Declárase la caducidad de la acción respecto de la
vinculación procesal oficiosa de la Nación – Ministerio de Justicia y del
Derecho.

SEGUNDO: Declárase probada la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva de la Superintendencia de Notariado y Registro.

TERCERO: Deniéganse las pretensiones de la demanda por el supuesto
error judicial de los autos emitidos el 17 de junio de 2008, 2 de julio de
2008 y 29 de agosto de 2008 por el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima,
respectivamente; así como por las sentencias del 11 de marzo de 2009 y
13 de julio de 2009 que la modifica, también proferidas de manera
respectiva por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Ibagué y
el Tribunal Administrativo del Tolima.

CUARTO: Abstiénese de condenar en costas.

QUINTO: Ejecutoriada la presente providencia liquídense por Secretaría
los gastos del proceso. Devuélvanse los remanentes al interesado.
Pasados dos (2) años sin que hubieran sido reclamados dichos
remanentes, la Secretaría declarará la prescripción a favor de la Rama
Judicial.

2º) Abstiénese de condenar en costas de esta instancia procesal.

3°) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al
tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Aclaración de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección
Magistrado

Firmado electrónicamente Firmando electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado

Constancia: la presente decisión fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Sala en la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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