RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-26-000-2012-00393-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2012-00393-01

Fecha
15 de julio de 2022
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2012-00393-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión, el 15 de julio de 2014. SEGUNDO: DECLARAR probada de oficio la caducidad de la acción respecto de las pretensiones formuladas en contra de la Nación - Rama Judicial, derivadas de la indebida identificación, individualización y condena del verdadero responsable de un delito de hurto, lo que ocasionó que se adelantara un proceso penal en contra del señor Luis Fernando Barba Saldaño, en el que resultó condenado. TERCERO: DECLARAR responsable a la Nación - Rama Judicial por los perjuicios causados al señor Luis Fernando Barba Saldaña, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia. CUARTO: CONDENAR a la Nación - Rama Judicial- a pagar a favor del señor Luis Fernando Barba Saldaña, por concepto de perjuicios morales, el equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia. QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. 58 Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 44.572. 22 Radicación: 25000-23-26-000-2012-00393-01 (56.244) Actor: Luis Fernando Barba Saldaña Demandado: Nación – Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación – D.A.S - INPEC Referencia: Acción de reparación directa SEXTO: DESE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil; para tal efecto, el tribunal de instancia cumplirá los dictados del artículo 362 del C.P.C. SÉPTIMO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2012-00393-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

15 de julio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., quince (15) de julio de dos mil veintidós (2022)

Radicación: 25000-23-26-000-2012-00393-01 (56.244)
Actor: Luis Fernando Barba Saldaña
Demandado: Nación – Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación –
Departamento Administrativo de Seguridad – Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario.
Referencia: Acción de reparación directa
Asunto: Sentencia

Temas: DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - Indebida
identificación e individualización del sindicado / CADUCIDAD – Se contabiliza desde
la providencia en que se evidenciaron los yerros en los que incurrieron las
autoridades competentes / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – Registro de antecedentes judiciales – no se
acreditó daño antijurídico indemnizable.

Procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C de Descongestión, mediante la cual accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Según la demanda, el señor Luis Fernando Barba Saldaña fue vinculado a una
investigación penal por el delito de hurto agravado que culminó con sentencia
condenatoria en su contra; posteriormente, después de la verificación de su identidad
a través de una acción de tutela, se logró determinar que había sido suplantado.

Por lo anterior, el demandante considera que las entidades demandadas incurrieron
en una omisión al no individualizar e identificar correctamente al verdadero
responsable del hurto, registrar antecedentes judiciales en su contra y no eliminarlos
de manera oportuna, lo que le causó perjuicios materiales e inmateriales susceptibles
de reparación.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la sentencia del 21 de mayo de 2015, mediante la cual el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión ,
dispuso, lo siguiente (transcripción literal):

1

Radicación: 25000-23-26-000-2012-00393-01 (56.244)
Actor: Luis Fernando Barba Saldaña
Demandado: Nación – Rama Judicial - Fiscalía General de
la Nación – D.A.S - INPEC
Referencia: Acción de reparación directa

“PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de inepta demanda
propuesta por la entidad demandada NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –
POLICÍA NACIONAL.

“SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación de
hecho en la causa por pasiva del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
CARCELARIO -INPEC-.

“TERCERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación
material en la causa por pasiva tanto de la NACIÓN – MINISTERIO DE
DEFENSA – POLICÍA NACIONAL como de la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL
DE LA NACIÓN.

“CUARTO: DECLARAR la responsabilidad administrativa y patrimonial de la
entidad demandada NACIÓN – RAMA JUDICIAL, con ocasión de los perjuicios
irrogados por el demandante LUIS FERNANDO BARBA SALDAÑA, producto del
error judicial de la sentencia penal condenatoria de fecha 9 de septiembre de
2003, dictada en su contra por el Juzgado 59 Penal Municipal de Bogotá, que
condujo al registro de antecedentes penales por el delito de hurto agravado.

“QUINTO: CONDENAR a la entidad demandada NACIÓN – RAMA JUDICIAL,
a pagar al señor LUIS FERNANDO BARBA SALDAÑA, por concepto de
perjuicios morales, la suma de treinta (30) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.

“SEXTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda”.

2. El anterior proveído decidió la demanda promovida por el señor Luis Fernando
Barba Saldaña, el 13 de agosto de 20101, en contra de la Nación – Rama Judicial,
la Fiscalía General de la Nación, el Departamento Administrativo de Seguridad, en
adelante D.A.S. y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, cuyas
pretensiones, hechos principales y fundamentos de derecho son, los siguientes:

Pretensiones

3. La parte actora pretende la declaración de responsabilidad de las demandadas y
la consecuencial condena al pago de la totalidad de los daños y perjuicios que,
afirma, le fueron irrogados, con ocasión de la indebida identificación e
individualización del responsable de una conducta punible, lo cual ocasionó que se
dictara sentencia condenatoria en su contra registrando dicha sanción en la base
de datos de las entidades de seguridad del Estado.

4. Por lo anterior, estimó la solicitud indemnizatoria en: i) doscientos (200)
S.M.L.M.V., por perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente; ii)
doscientos (200) S.M.L.M.V., por lucro cesante; iii) doscientos (200) S.M.L.M.V., por

1
Folio 17 del cuaderno 1.

2

Radicación: 25000-23-26-000-2012-00393-01 (56.244)
Actor: Luis Fernando Barba Saldaña
Demandado: Nación – Rama Judicial - Fiscalía General de
la Nación – D.A.S - INPEC
Referencia: Acción de reparación directa

concepto de perjuicios morales “subjetivos y objetivados” y iv) quinientos (500)
S.M.L.M.V. por “daño a la vida de relación”2.

Hechos

5. Como supuesto fáctico de las pretensiones, se indicó que el señor Luis Fernando
Barba Saldaña, en su condición de miembro de las Fuerzas Militares, solicitó al
D.A.S. el certificado de sus antecedentes judiciales, oportunidad en la que se le
informó que era requerido por el Juzgado 59 Penal Municipal de Bogotá, debido a
que había sido condenado a la pena principal de 8 meses de prisión por el delito de
hurto agravado.

6. Ante la situación advertida, el señor Barba Saldaña comunicó a la Fiscalía
General de la Nación, al C.T.I., al D.A.S. y a los Juzgados 59 y 63 Penal Municipal
de Bogotá, que el sujeto aprehendido en flagrancia y a quien le imputaron cargos
por el mencionado ilícito, estaba haciendo uso de su nombre y número de cédula,
por lo que solicitó hacer un cotejo decadactilar a efectos de establecer que
correspondía a un individuo diferente. Esta petición fue ignorada por las
demandadas.

7. Como consecuencia de lo anterior, debió instaurar acción de tutela, la cual fue
resuelta a su favor el 15 de diciembre de 2004, por el Juzgado 23 Penal del Circuito
de Bogotá. En dicho fallo se ampararon sus derechos fundamentales al debido
proceso y al buen nombre, y se ordenó aclarar la sentencia condenatoria proferida
por Juez 59 Penal Municipal de esa ciudad.

8. En cumplimiento de lo anterior, el 28 de enero de 2005, el Juzgado 63 Penal
Municipal de Bogotá3 precisó que Luis Fernando Barba Saldaña, identificado con
cédula de ciudadanía 79.804.697, no era la persona que condenó el Juzgado 59,
sino que su nombre e identificación habían sido usados por el sujeto que fue
capturada en flagrancia. Por lo anterior, ordenó oficiar a la División de Reseña e
identificación del Departamento Administrativo de Seguridad DAS y a la Policía
Nacional, para que elaboraran registros independientes del aquí demandante y del
suplantador. Asimismo, comunicó al Sistema de Información sobre Antecedentes y
Anotaciones – SIAN, a la Procuraduría General de la Nación, al D.A.S. y a la
Registraduría Nacional del Estado Civil, que el señor Barba Saldaña, no era el autor
del delito investigado.

2
Folios 10 y 11 del cuaderno 1.
3
Según se desprende de la información contenida en la providencia del 28 de enero de 2005, el Juzgado 63
Penal Municipal de Bogotá entró a cumplir la orden emitida en el fallo de tutela, debido a que el Juzgado 59
Penal pasó al sistema acusatorio y sus procesos fueron remitidos a ese despacho judicial, ello, en cumplimiento
del Acuerdo No. 2773 del 23 de diciembre de 2004, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura. Folio
124 del anexo D.

3

Radicación: 25000-23-26-000-2012-00393-01 (56.244)
Actor: Luis Fernando Barba Saldaña
Demandado: Nación – Rama Judicial - Fiscalía General de
la Nación – D.A.S - INPEC
Referencia: Acción de reparación directa

9. Se afirmó que, el 20 de agosto de 2008, Luis Fernando Barba Saldaña formuló
una acción de habeas data, con el objetivo de ser excluido de la base de datos de
antecedentes judiciales de las entidades de seguridad del Estado. En tal virtud, el
15 de octubre de 2008, el Juzgado 63 Penal Municipal de Bogotá aclaró que el
condenado era el señor Elberth Augusto Alcalá Urrego y no Luis Fernando Barba
Saldaña; como consecuencia, ordenó oficiar al D.A.S., a la Policía Nacional – DIJIN,
a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación y al
Centro de Información sobre Actividades Delictivas, para que cancelaran los
pendientes que figuraban en contra del aquí demandante.

10. No obstante la anterior orden, los registros no fueron eliminados toda vez que
a la fecha de presentación de la demanda, aún se encontraba registrada la sanción
penal que le había sido impuesta.

11. Se indica en la demanda que el yerro en el que incurrieron las entidades
demandadas, al no identificar e individualizar debidamente a la persona que fue
capturada en flagrancia y al dejar de eliminar las anotaciones de la sentencia
condenatoria en las bases de datos de los sistemas de información judicial,
generaron perjuicios materiales e inmateriales que deben ser indemnizados.

La defensa

12. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de
Descongestión, admitió la demanda en auto del 28 de noviembre de 2012 4, siendo
debidamente notificada a las demandadas5, cuyos planteamientos y argumentos de
defensa fueron, los siguientes:

13. La Nación – Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda por
considerar que no incurrió en una falla en el servicio, dado que si bien no se
identificó al responsable de la conducta punible, sí se lo individualizó
adecuadamente, en tanto que el juez de la causa plasmó en la sentencia todas sus
características morfológicas y físicas que permitía diferenciarlo de cualquier otra
persona.

4
Folios 124 a 126 del cuaderno 1.
En este punto es necesario precisar que el proceso fue avocado por el Juzgado 34 Administrativo de Bogotá,
el cual, en auto del 7 de septiembre de 2010, inadmitió la demanda por carecer de requisitos formales.
Subsanado lo anterior, admitió la demanda en proveído del 25 de enero de 2011 y ordenó notificar a las
entidades demandadas. Posteriormente, el expediente ingresó al despacho del Juzgado 21 Administrativo de
Descongestión de Bogotá, el cual mediante providencia del 31 de enero de 2012 declaró su falta de competencia
para conocer en primera instancia el asunto de la referencia y ordenó la remisión del mismo al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca. Finalmente, mediante auto del 19 de abril de 2012, se admitió la demanda y
se declaró la nulidad de todo lo actuado. Folios 19, 20, 42, 43, 109 a 111, 124 a 126, del cuaderno 1.
5
En este punto, resulta oportuno aclarar que la Policía Nacional intervino en el presente asunto, por cuanto en
el auto admisorio de la demanda se ordenó: “notificar al representante legal del D.A.S., actualmente Policía
Nacional”.

4

Radicación: 25000-23-26-000-2012-00393-01 (56.244)
Actor: Luis Fernando Barba Saldaña
Demandado: Nación – Rama Judicial - Fiscalía General de
la Nación – D.A.S - INPEC
Referencia: Acción de reparación directa

14. Manifestó que se configuró el eximente de responsabilidad consistente en el
hecho de un tercero, en la medida en que estaba acreditado que el señor Elberth
Augusto Alcalá Urrego suplantó la identidad del aquí demandante para realizar el
acto delictivo6.

15. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, alegó su falta de
legitimación en la causa, al señalar que como la imputación de responsabilidad se
sustentaba en el ejercicio de la administración de justicia consagrada en el artículo
65 de la Ley 270 de 1996, la misma recaía exclusivamente sobre las autoridades
que ejercían actividades jurisdiccionales7.

16. El INPEC contestó la demanda de manera extemporánea 8.

17. La Nación - Fiscalía General de la Nación no presentó escrito de contestación.

Alegatos

18. Surtida la etapa probatoria9, en auto del 14 de abril de 201510, el a quo corrió
traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que
emitiera concepto.

19. La parte actora reiteró los argumentos expuestos en el libelo introductorio 11.

20. La Nación – Fiscalía General de la Nación manifestó que las pretensiones no
tenían vocación de prosperidad, dado que no se configuraban los supuestos
esenciales para estructurar su responsabilidad, en tanto que las actuaciones que
desplegaron sus funcionarios se surtieron de conformidad con las disposiciones
sustanciales y procesales vigentes para la época de ocurrencia de los hechos, razón
por la cual expresó que no era ajustado a derecho predicar ahora una falla en el
servicio.

6
Folios135 a 142 del cuaderno 1.
7
Folios 143 a 146 del cuaderno 1.
8
La fijación en lista se realizó entre el 20 y el 2 de junio de 2013 (folio 154 del cuaderno 1) y la entidad
demandada allegó el escrito de contestación el 6 de junio siguiente (folios 155 a 158 del cuaderno 1).
9
Mediante auto del 16 de agosto de 2013, el a quo tuvo como prueba los documentos aportados por la parte
actora, esto es, los oficios No. 4989,4990, 4991 y 4993 del 12 de diciembre de 2008 y la providencia aclaratoria
proferida el 15 de octubre de 2008 -Folios 24 a 29 del cuaderno 1-. Asimismo, ofició: i) al Juzgado 63 Penal
Municipal de Bogotá, para que remitiera copia auténtica del expediente penal bajo radicado No. 59-20002-0245,
adelantado en contra del Luis Fernando Barba Saldaña, por el delito de hurto agravado -anexo D-; ii) al Juzgado
Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, para que enviara el proceso con radicado
No.11001400405920020024500 -anexo B- y iii) al D.A.S., al C.T.I. y al INPEC, para que allegara todas las
actuaciones referentes a la identificación, individualización, fijación de antecedentes judiciales, des anotación
de antecedentes del señor Barba Saldaña, con ocasión del proceso penal No. 59-20002-0245, -folios 210 a 214
del cuaderno 1, respuesta INPEC-
Se advierte que, en proveído del 14 de abril de 2015, el a quo cerró la etapa probatoria, en atención a que el
material probatorio solicitado había sido puesto a disposición de las partes durante 5 días, sin que dentro de
ese lapso se hubieren pronunciado. Folio 298 del cuaderno principal.
10
Folio 298 del cuaderno 1.
11
Folios 299 a 306 del cuaderno 1.

5

Radicación: 25000-23-26-000-2012-00393-01 (56.244)
Actor: Luis Fernando Barba Saldaña
Demandado: Nación – Rama Judicial - Fiscalía General de
la Nación – D.A.S - INPEC
Referencia: Acción de reparación directa

21. Precisó que era responsabilidad del juez penal, previo a proferir sentencia,
verificar que quien se vinculó al proceso efectivamente fuese el autor del delito, lo
cual no ocurrió en el presente asunto, en la medida en que el Juzgado 59 Penal
Municipal de Bogotá condenó erróneamente al señor Luis Fernando, sin asegurarse
que hubiera mediado una correcta identificación de la persona que fue capturada
en flagrancia12.

22. El INPEC adujo que no le asistía responsabilidad por los hechos esbozados en
la demanda, debido a que se limitó a cumplir con la orden emanada por la Fiscalía
13 Seccional de Bogotá, en providencia de 7 de noviembre de 2002, por medio de
la cual ordenó la detención preventiva en establecimiento carcelario del señor Luis
Fernando Barba Saldaña.

23. A renglón seguido, alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva, al
considerar que la fuente del daño provenía exclusivamente del error judicial en el
que incurrió la autoridad judicial que tramitó el aludido proceso 13.

24. En esa oportunidad procesal el Ministerio Público y la Rama Judicial guardaron
silencio.

La decisión

25. Al definir el caso, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C de Descongestión accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, en los términos indicados al inicio de esta sentencia14.

26. Como sustento de su decisión, concluyó que la Rama Judicial incurrió en un
error judicial contenido en la sentencia del 9 de septiembre de 2003, pues, a pesar
de que el Juzgado 59 Penal Municipal de Bogotá dejó registrada en las piezas
procesales las características morfológica del responsable de la conducta
investigada, no realizó el estudio decadactilar para confirmar si el nombre e
identificación que éste suministró correspondían a dicho sujeto, lo que conllevó a
que el señor Luis Fernando Barba Saldaña fuera condenado a 8 meses de prisión
por el ilícito de hurto agravado e inscrito en la base de datos de las entidades de
seguridad del Estado. Como consecuencia de ello, condenó a la Rama Judicial a
pagar, por concepto de perjuicios morales, la suma de 30 S.M.L.M.V., a favor del
demandante.

27. A su vez, negó las indemnizaciones solicitadas por: i) daño emergente, al
considerar que en el proceso no obraba ninguna constancia que acreditara los

12
Folios 309 a 313 del cuaderno 1.
13
Folios 314 a 317 del cuaderno 1.
14
Folios 320 a 334 del cuaderno principal.

6

Radicación: 25000-23-26-000-2012-00393-01 (56.244)
Actor: Luis Fernando Barba Saldaña
Demandado: Nación – Rama Judicial - Fiscalía General de
la Nación – D.A.S - INPEC
Referencia: Acción de reparación directa

gastos en los que incurrió el señor Barba Saldaña para sanear dicha actuación
penal; ii) lucro cesante, tras señalar que no se demostró que el registro de
antecedentes penales le impidió ascender en la carrera militar y que, a raíz de la
sentencia condenatoria proferida en su contra, fue desvinculado del Ejército
Nacional; y, iii) “daño a la vida de relación”, al estimar que el certificado emitido por
el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá no
probaba que el derecho fundamental al buen nombre del actor se vio afectado.

28. Finalmente, declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto del
INPEC, el Ministerio de Defensa – Policía Nacional y la Fiscalía General de la
Nación, debido a que el daño cuya indemnización reclamaba el actor se originó en
la sentencia del 9 de septiembre de 2003, proferida por el Juzgado 59 Penal
Municipal de Bogotá.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

Sustentación de los recursos de apelación

29. Inconforme con la decisión anterior, la Rama Judicial interpuso recurso de
apelación, en el cual solicitó revocar la sentencia proferida por el a quo, para lo cual
manifestó que no incurrió en un error jurisdiccional, en tanto que, en sentencia del
27 de julio de 2011, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
resaltó la suficiencia de la individualización para proferir sentencia, sin la necesidad
de la identificación plena del sindicado.

30. En ese contexto, argumentó que el daño alegado no afectó la esfera social ni la
libertad personal del señor Luis Fernando Barba, pues, al verificar que el autor del
punible se presentó falsamente con su nombre e identificación, procedió a notificar
a las autoridades respectivas para evitar que se le ocasionara un perjuicio.

31. Indicó que en el sub lite se configuró el eximente de responsabilidad del hecho
de un tercero, en la medida en que el proceso penal adelantado en contra del
demandante fue producto de la falsa identificación que suministró el infractor de la
ley penal al momento de ser capturado en flagrancia15.

32. La parte actora también recurrió. Sostuvo que el deficiente ejercicio de la
administración de justicia le continúa ocasionando perjuicios, toda vez que en la
página web de consulta de procesos de la Rama Judicial, el señor Luis Fernando
Barba Saldaña sigue figurando como condenado por el delito de hurto agravado.

33. Explicó que el Tribunal vulneró el principio rector de la reparación integral, al
negar las indemnizaciones solicitadas por “daño a la vida de relación” y perjuicios
morales objetivados, a pesar de encontrar demostrada la afectación al buen nombre

15
Folios 336 a 343 del cuaderno principal.

7

Radicación: 25000-23-26-000-2012-00393-01 (56.244)
Actor: Luis Fernando Barba Saldaña
Demandado: Nación – Rama Judicial - Fiscalía General de
la Nación – D.A.S - INPEC
Referencia: Acción de reparación directa

que padeció el señor Luis Fernando Barba Saldaña con ocasión de la condena y el
registro de antecedentes judiciales efectuados en su contra, los cuales no fueron
excluidos de las bases de datos de manera oportuna. Además, porque por daño
moral subjetivado, le concedió un monto inferior al establecido por la jurisprudencia
de esta Corporación.

34. Finalmente, señaló que se debían reconocer perjuicios materiales en la
modalidad de daño emergente, habida cuenta de que las piezas del proceso penal
evidencian que un profesional del derecho debió intervenir para sanear los yerros
en los que incurrieron las demandadas16.

35. En proveído del 2 de marzo de 201617, esta Corporación admitió los recursos
de apelación interpuestos por la parte demandante y por la Nación – Rama Judicial.
Posteriormente, el 3 de agosto siguiente18 se corrió traslado a las partes para que
presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera
concepto en los términos del artículo 212 del C.C.A.

36. El Ministerio Público solicitó confirmar la decisión de primer grado, tras señalar
que la Rama Judicial incurrió en un error judicial debido a que el Juzgado 59 Penal
Municipal de Bogotá no estableció la plena identidad de la persona que fue
capturada en flagrancia, hecho que llevó a que se condenara a un individuo que no
tenía participación alguna en el delito investigado.

37. En línea con lo anterior, precisó que el quantum indemnizatorio reconocido por
perjuicios morales se encontraba ajustado a los parámetros establecidos por el
Consejo de Estado. A su vez, indicó que no había lugar a reconocer monto alguno
por daño emergente y “daño a la vida de relación”, toda vez que en el proceso no
obraban elementos de juicio que los acreditaran19.

38. La parte actora20 y la Rama Judicial21 insistieron en los argumentos esbozados
en sus recursos de apelación.

39. En esta oportunidad procesal, el INPEC y la Policía Nacional guardaron silencio .

16
Folios 344 a 354 del cuaderno principal.
17
Folio 373 del cuaderno principal.
18
Folio 390 del cuaderno principal.
19
Folios 392 a 397 del cuaderno principal.
20
Folios 398 a 408 del cuaderno principal.
21
Folios 412 a 419 del cuaderno principal.

8

Radicación: 25000-23-26-000-2012-00393-01 (56.244)
Actor: Luis Fernando Barba Saldaña
Demandado: Nación – Rama Judicial - Fiscalía General de
la Nación – D.A.S - INPEC
Referencia: Acción de reparación directa

III. CONSIDERACIONES

40. No existiendo razones o motivos que conduzcan a la Sala a declarar una nulidad
o a volver sobre la definición de su competencia, se procede a resolver el recurso
de apelación ya indicado.

Problema jurídico

41. El aspecto central que será materia de análisis y determinación se circunscribe
a verificar si la Rama Judicial es responsable de los daños reclamados por la parte
actora, o si, como lo sustenta la entidad pública recurrente, no medió falla alguna o
el hecho dañoso es imputable a un tercero. De concluirse que efectivamente la
entidad demandada está llamada a responder, se verificará si la falla alegada afectó
o no la esfera social y personal del señor Luis Fernando Barba para efectos de
determinar los perjuicios. Conjuntamente con esta valoración se estudiará si resulta
procedente incrementar los perjuicios morales reconocidos por el a quo y reconocer
los demás perjuicios materiales e inmateriales que fueron negados por el a quo, tal
como lo solicita el demandante en su recurso.

42. La Sala no efectuará pronunciamiento alguno en relación a la falta de
legitimación en la causa por pasiva de la Nación – Fiscalía General de la Nación,
el Ministerio de Defensa – Policía Nacional y el INPEC, debido a que tales aspectos
no fueron objeto de cuestionamiento en los recursos de apelación que se analizan.

Análisis de caducidad de la acción impetrada

43. La caducidad corresponde a una figura jurídica, de orden público, a través de la
cual el legislador limita bajo parámetros razonables, el espacio temporal en que toda
persona puede acceder a la jurisdicción en ejercicio de su derecho de acción,
evitando que las situaciones jurídicas respecto de las cuales exista una controversia
permanezcan indefinidas en el tiempo.

44. La figura de la caducidad y su eventual configuración, corresponde a un
presupuesto del derecho de acción, invariable, irrenunciable e insubsanable, sujeto
únicamente a la ocurrencia del hecho definido en la ley y el consecuente paso del
tiempo y que, por tanto, debe ser analizado por el juez al momento de dictar
sentencia como verificación de un elemento esencial y preexistente para poder
decidir el fondo del asunto, no solo al haber sido planteado como excepción por los
demandados, sino que incluso es susceptible de ser analizado y advertido de

9

Radicación: 25000-23-26-000-2012-00393-01 (56.244)
Actor: Luis Fernando Barba Saldaña
Demandado: Nación – Rama Judicial - Fiscalía General de
la Nación – D.A.S - INPEC
Referencia: Acción de reparación directa

manera oficiosa22, tal como lo dispone el artículo 164 del Código Contencioso
Administrativo23 -aplicable al presente asunto-.

45. Respecto de la caducidad de las acciones ejercidas ante esta jurisdicción, el
artículo 136 de la C.C.A., prevé que la acción de reparación directa debe instaurarse
dentro de los dos (2) años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del
hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente
o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por
cualquier otra causa, período que, una vez vencido, tal como se ha advertido, impide
solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado y la consecuente
reparación de perjuicios por configurarse el fenómeno jurídico procesal de la
caducidad de la acción.

46. La parte actora pretende la indemnización de los perjuicios causados por dos
circunstancias de hecho perfectamente diferenciadas. Por una parte, la condena
que profirió el Juzgado 59 Penal Municipal de Bogotá en contra del señor Luis
Fernando Barba Saldaña, sin asegurarse que hubiera mediado una correcta
identificación del verdadero autor de la conducta punible, lo cual conllevó a que se
inscribiera dicha sanción en las bases de datos de las autoridades de seguridad del
Estado y, por otra, la prolongación del registro de antecedentes judiciales en bases
de datos.

47. En ese sentido, frente al primer hecho indicado, consistente en la omisión de
identificar plenamente al procesado y la ulterior condena en su contra, se precisa
que esta Subsección, interpretando la ley en asuntos de similares connotaciones
fácticas, señaló que el término de caducidad debía computarse desde el momento
en la cual quedaron en evidencia los errores en los que incurrieron las entidades
encargadas de adelantar las etapas de investigación y juzgamiento del proceso
penal, por cuanto con ella se demostró que el demandante no era la persona que
había infringido la ley penal24.

48. Bajo ese contexto, la Sala contabilizará los dos (2) años que tenía el
demandante para ejercer su derecho de acción desde la fecha en que quedó
ejecutoriada la providencia del 28 de enero de 2005 -mediante la cual el Juzgado

22
Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 17 de agosto de 2017. Expediente. 51.667,
C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
23
“(…) En la sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el
fallador encuentre probada (…)”. Por su parte el artículo 364 del C. de P. C. establece que “Cuando el juez halle
probados los hechos que constituyen una excepción, deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo
las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda.
Si el juez encuentra probada una excepción que conduzca a rechazar todas las pretensiones de la demanda,
podrá abstenerse de examinar las restantes. En este caso, si el superior considera infundada aquella excepción,
resolverá sobre las otras, aunque quien la alegó no haya apelado de la sentencia.”
24
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 10 de septiembre de 2021, exp. No. 50861.
M.P. María Adriana Marín. En igual sentido, consultar la sentencia de 5 de febrero de 2021, exp. No. 61800.
M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

10

Radicación: 25000-23-26-000-2012-00393-01 (56.244)
Actor: Luis Fernando Barba Saldaña
Demandado: Nación – Rama Judicial - Fiscalía General de
la Nación – D.A.S - INPEC
Referencia: Acción de reparación directa

63 Penal Municipal de Bogotá determinó que el señor Luis Fernando Barba Saldaña
no era la persona que condenó el Juzgado 59, sino que su nombre e identificación
fueron usados por la persona que fue capturada en flagrancia- pues es evidente
que desde ese momento el demandante tuvo certeza de los yerros de identificación
e individualización en los que incurrieron las accionadas.

49. En este punto, se advierte que, si bien en el expediente no reposa la constancia
de notificación ni la ejecutoria de la providencia del 28 de enero de 2005, lo cierto
es que desde la fecha que se profirió el referido proveído hasta el momento de
presentación de la demanda -13 de agosto de 2010-, trascurrieron cinco (5) años,
seis (6) meses y dieciséis (16) días, por lo que, se impone concluir que se realizó
por fuera del término legal previsto para tal fin, circunstancia que no se altera por el
hecho de que el 26 de noviembre de 200925, se haya radicado solicitud de
conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 10 Judicial Administrativos de
Cundinamarca, por cuanto para esa fecha ya había operado el fenómeno de la
caducidad de la acción.

50. Bajo las anteriores consideraciones, se declarará la caducidad de la acción
respecto de las pretensiones incoadas por el error jurisdiccional en el que
presuntamente incurrió la Rama Judicial, al condenar, de manera errada, al señor
Luis Fernando Barba Saldaña a 8 meses de prisión como responsable del delito de
hurto agravado.

51. Respecto del daño reclamado por la parte actora, derivado de prolongación de
antecedentes judiciales en las bases de datos de los sistemas de información
judicial, la Sala encuentra que la acción fue impetrada en tiempo, pues respecto
de esta imputación, el término de caducidad deberá empezar a correr a partir del
día siguiente a la fecha en que cobró ejecutoria la providencia del 15 de octubre de
2008, por medio de la cual, el Juzgado 63 Penal Municipal de Bogotá ordenó la
cancelación de los antecedentes y pendientes que figuraban a nombre del señor
Barba Saldaña.

52. Efectivamente, de conformidad con el sello de ejecutoria visible a folio 152 del
anexo 3, la providencia en comento quedó en firme el 27 de octubre siguiente, por
lo que la demanda debía incoarse hasta el 20 de octubre de 2010 y, como la parte
actora procedió de conformidad el 13 de agosto de esa anualidad, se tiene que la
acción se presentó de manera oportuna, máxime si se tiene en cuenta que el 26 de
noviembre de 200926, se radicó solicitud de conciliación prejudicial.

25
Folio 1 del cuaderno 2.
26
Folio 1 del cuaderno 2.

11

Radicación: 25000-23-26-000-2012-00393-01 (56.244)
Actor: Luis Fernando Barba Saldaña
Demandado: Nación – Rama Judicial - Fiscalía General de
la Nación – D.A.S - INPEC
Referencia: Acción de reparación directa

Lo probado

53. En el expediente obra el siguiente material probatorio con el que esta
Subsección encuentra probados como hechos relevantes, los siguientes:

• El 1° de junio de 2002, fue aprehendido en flagrancia un sujeto que dijo llamarse
Luis Fernando Barba Saldaña, que estaba indocumentado al momento de la
captura y quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por
el presunto delito de hurto agravado27.

• La instrucción fue avocada por la Fiscalía Seccional 205 de la Unidad de Reacción
Inmediata Sede Centro de Bogotá, la cual, el 2 de junio del 2002, escuchó en
diligencia de indagatoria al capturado, quien manifestó que respondía al nombre de
Luis Fernando Barba Saldaña con cédula de ciudadanía No. 79.804.697, pero no
presentó documento de identidad. En esa oportunidad, se ordenó la libertad del
investigado, previa suscripción del acta compromiso de que trata el artículo 368 del
Código de Procedimiento Penal28.

• Mediante oficio 32.072 del 2 de junio de 2002, el ente acusador requirió al
Laboratorio Móvil de Criminalística del C.T.I., para que individualización plenamente
a quien dijo llamarse Luis Fernando Barba Saldaña, a través de la toma de datos
biográficos y muestras decadactilares, descripción morfológica y toma de
fotografías29.

• Por razones de competencia, el proceso fue remitido a la Fiscalía 257 Delegada
ante los Jueces Penales Municipales de Bogotá, la cual, el 27 de junio de 2002,
solicitó al C.T.I. la remisión del resultado ordenado en el oficio 32.0772 30; no
obstante esta circunstancia, el 12 de julio siguiente, dicha entidad informó que la
reseña realizada al sindicado había sido enviada a la Registraduría Nacional del
Estado Civil, con el fin de establecer la identidad del mismo 31, sin que hasta esa
fecha hubiere emitido respuesta.

• En virtud de lo anterior, el 17 de septiembre de 2002, el ente acusador solicitó a la
Registraduría remitir la tarjeta decadactilar del señor Luis Fernando Barba
Saldaña32; la cual fue allegada el 28 de octubre siguiente 33. Posteriormente, el 12
de noviembre de esa anualidad, la Fiscal de la causa dictó resolución de acusación
en contra del citado ciudadano, por el ilícito de hurto agravado34.

27
Folios 3 a 21 del anexo D.
28
Folios 10 a 13 y 15 del anexo D.
29
Folio 14 del anexo D.
30
Folio 17 del anexo D.
31
Folio 22 del anexo D.
32
Folio 24 del anexo D.
33
Folio 42 del anexo D.
34
Folios 36 a 40 del anexo D.

12

Radicación: 25000-23-26-000-2012-00393-01 (56.244)
Actor: Luis Fernando Barba Saldaña
Demandado: Nación – Rama Judicial - Fiscalía General de
la Nación – D.A.S - INPEC
Referencia: Acción de reparación directa

• En la etapa de juicio, el proceso fue avocado por el Juzgado 59 Penal Municipal
de Bogotá, el cual, el 7 de abril de 2003, solicitó al INPEC trasladar a esas
instalaciones al interno que se identificó como Luis Fernando Barba Saldaña, quien
se encontraba recluido en la cárcel Modelo de Bogotá, con el fin de celebrar la
audiencia preparatoria fijada para el 28 de abril siguiente a las 9.am 35.

• El 8 de septiembre de 2003 el D.A.S. informó al juez de la causa que el señor Luis
Fernando Barba Saldaña, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.804.697, no
registraba antecedentes judiciales o de policía. Sin embargo, advirtió que sin contar
con una comprobación dactiloscópica e ignorando que se tratara de la misma
persona, figuraban en su contra las siguientes anotaciones: “ Unidad Primera de Vida,
Fiscalía 13 Seccional de Bogotá … lesiones personales y homicidio agravado. Misma
autoridad, en providencia … 07.11.02, impuso medida de aseguramiento consistente en
detención preventiva”36.

• El 9 de septiembre de 2003, el Juzgado 59 Penal Municipal de Bogotá condenó al
señor Luis Fernando Barba Saldaña, a la pena principal de 8 meses de prisión y,
como sanción accesoria, le impuso la inhabilitación en el ejercicio de los derechos
y funciones públicas, por un período igual al de la pena principal. Finalmente, le
concedió el subrogado de la condena de ejecución condicional durante un período
de prueba de dos (2) años37.

• En fallo de tutela del 15 de diciembre de 2004, el Juez 23 Penal del Circuito de
Bogotá constató la vulneración del debido proceso y el buen nombre de aquí
demandante por parte del Juez 59 Penal Municipal de esa ciudad, tras evidenciar
que, a pesar de que dicha autoridad tenía conocimiento que el individuo que se
identificó como Luis Fernando Barba Saldaña se encontraba detenido en la cárcel
Modelo de Bogotá, por cuenta del Juzgado 20 Penal del Circuito; omitió realizarle el
cotejo dactilar antes de proferir la sentencia condenatoria del 9 de septiembre de
2003. En consecuencia, ordenó al Juzgado 59 Penal Municipal aclarar la referida
providencia y establecer la verdadera identidad del responsable de la conducta
punible de hurto agravado38.

• En cumplimiento de lo anterior, en proveído del 28 de enero de 2005, el Juzgado
63 Penal Municipal de Bogotá39, precisó que Luis Fernando Barba Saldaña,
identificado con cédula de ciudadanía 79.804.697, no era la persona que condenó
el Juzgado 59, sino que su nombre e identificación fueron usados por la persona

35
Folio 68 del anexo D.
36
Folio 98 del anexo D.
37
Folios 86 a 97 del anexo D.
38
Folios 112 a 117 del anexo D.
39
Debido a que el Juzgado 59 Penal Municipal de Bogotá pasó al sistema acusatorio y sus procesos fueron
remitidos al Juzgado 63 Penal, ese despacho judicial entró a cumplir lo ordenado en el fallo de tutela. Folio 124
del anexo D.

13

Radicación: 25000-23-26-000-2012-00393-01 (56.244)
Actor: Luis Fernando Barba Saldaña
Demandado: Nación – Rama Judicial - Fiscalía General de
la Nación – D.A.S - INPEC
Referencia: Acción de reparación directa

que fue capturada en flagrancia. En segundo término, ordenó oficiar a la División
de Reseña e identificación del Departamento Administrativo de Seguridad DAS y
a la Policía Nacional, para que elaboraran registros independientes, cada uno con
la cartilla decadactilar del señor Luis Fernando Barba Saldaña y del suplantador,
para lo cual comisionó al C.T.I., para que obtuviera la plena identidad de este
último40.

La decisión en comento se apoyó en el siguiente raciocinio (transcripción literal,
con posibles errores incluidos):

“Con oficio No. 2005003775 del 27-01-05 la Dirección Central de la Policía
Judicial dictamina que las impresiones que se encuentran plasmadas a folio
18 las del procesado, no corresponden al señor LUIS FERNANDO BARBA
SALDAÑA.

En consecuencia, se procederá … a MODIFICAR el fallo del Juzgado 59
Penal Municipal, en el sentido de aclarar que la persona condenada en la
providencia del 09-09-03 NO ES EL SEÑOR LUIS FERNANDO BARBA
SALDAÑA, portador de la cédula 79.804.697 de Bogotá, porque su nombre
fue suplantado por la persona que fue dejada a disposición de la autoridad el
día 01-06-02 por haber incurrido en la conducta punible de hurto agravado,
cuyas características es la de varón, contextura media, 170 de estatura,
trigueño cabello liso negro, ojos castaño claro, en la parte frontal presenta dos
cicatrices. De conformidad con la sentencia T-455 de 1998 de la Corte
Constitucional, que suministra criterio orientador en el sentido que se impone
la necesidad de informar con inmediatez a la Fiscalía, Registraduría,
Procuraduría, INPEC y DAS la novedad que se presenta en esta causa en
aras de preservar el buen nombre, dignidad y el fuero interno del ciudadano
que fue suplantado por el autor de la ilicitud, se oficiará a las entidades
mencionadas para los fines y efectos pertinentes”.

• Mediante oficios Nos. 0263, 0264, 0265 y 0266 de 28 de enero de 2005, la referida
unidad judicial comunicó al Sistema de Información sobre Antecedentes y
Anotaciones – SIAN, a la Procuraduría General de la Nación, al D.A.S. y a la
Registraduría Nacional del Estado Civil, que el señor Luis Fernando Barba
Saldaña, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.804.697 de Bogotá, no era
el autor del delito “a que se refiere la sentencia informada por el Juzgado 59 Penal
Municipal de Bogotá. Dicho fallo se refiere al ciudadano cuya identificación no se
ha establecido y cuyas muestras dactilares se remiten en fotocopia”41.

• Con ocasión de la acción de habeas data formulado por el aquí demandante el 20
de agosto de 2008, en la cual solicitó la exclusión de la base de datos de
antecedentes judiciales que registraban en su contra las entidades de seguridad del

40
Folios 123 a 126 del anexo D.
41
Folios 127 a 130 del anexo D.

14

Radicación: 25000-23-26-000-2012-00393-01 (56.244)
Actor: Luis Fernando Barba Saldaña
Demandado: Nación – Rama Judicial - Fiscalía General de
la Nación – D.A.S - INPEC
Referencia: Acción de reparación directa

Estado42, el 15 de octubre de 2008, el Juzgado 63 Penal Municipal de Bogotá aclaró
que la persona capturada en flagrancia y que fue condenada por el Juzgado 59,
respondía al nombre de Elberth Augusto Alcalá Urrego y no a Luis Fernando Barba
Saldaña; además, ordenó cancelar la sanción registrada en contra del aludido
demandante, al no tener implicación alguna en los hechos investigados. Así se
constata en su texto, cuyo tenor literal es el siguiente: (transcripción literal, con
posibles errores incluidos) 43:

“Revisado detenidamente el proceso, se tiene que efectivamente el Juzgado
59 Penal Municipal omitió remitir las huellas tomadas a quien dijo llamarse
LUIS FERNANDO BARBA SALDAÑA, a la Sección AFIS, del Departamento
Administrativo de Seguridad D.A.S. pese a que a folio 18 obra las huellas
dactilares tomadas a la persona que fue capturada el 25 de junio de 2004 y
quien dijo responder al nombre de LUIS FERNANDO BARBA SALDAÑA,
quien según la indagatoria no exhibió documento de identidad.

“Luego de transcurrido el tiempo y con ocasión de la acción de tutela que
instaurara el señor LUIS FERNANDO BARBA SALDAÑA, identificado con
cédula de ciudadanía No. 79.804.697 de Bogotá el 1° de junio de 2002, se
logró establecer que la verdadera identidad de la persona que fue capturado
el 1° de junio de 2002, responde al nombre de ELBERTH AUGUSTO
ALCALÁ URREGO…

(…)
“Como queda establecido, es claro que se incurrió en error en la identidad
cierta del procesado referido a su número de ciudadanía y nombre con
evidente perjuicio para la persona a quien se asignó el cupo numérico y
nombre que se consignó en la sentencia y, por tanto, se impone la aclaración
del fallo en ese sentido, lo que por supuesto, no significa revocatoria o
reforma sustancial de la sentencia que en lo esencial se conserva idéntica”.

• En oficios Nos 4989, 4990, 4991, 4992 y 4993 del 12 de diciembre de 2008, el
juez de la causa ordenó al D.A.S., a la Policía Nacional – DIJIN, a la Fiscalía
General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación y al Centro de
Información sobre Actividades Delictivas, respectivamente, cancelar los
pendientes que le figuraran al señor de Luis Fernando Barba Saldaña, por no tener
implicación alguna dentro de esa actuación44.

• En providencia del 2 de abril de 2009 el Juzgado 63 Penal Municipal de Bogotá
declaró la extinción de la pena impuesta al señor Barba Saldaña el 9 de septiembre
de 2003, por el delito de hurto agravado, por cuanto habían trascurrido más de cinco
(5) años desde el momento en dicho fallo quedó ejecutoriado -24 de septiembre de
2003-; por lo anterior, ordenó cancelar de forma inmediata las órdenes de captura
que se habían librado para ejecutar la sanción; sin embargo, omitió advertir que la

42
Se precisa que la acción de habeas data fue interpuesta ante el Juzgado 63 Penal Municipal de Bogotá.
Folios 144 y 145 del anexo D.
43
Folios 149 a 150 del anexo D.
44
. Folios 152 a 156 del anexo D.

15

Radicación: 25000-23-26-000-2012-00393-01 (56.244)
Actor: Luis Fernando Barba Saldaña
Demandado: Nación – Rama Judicial - Fiscalía General de
la Nación – D.A.S - INPEC
Referencia: Acción de reparación directa

persona condenada por el Juzgado 59 Penal, respondía al nombre de Elberth
Augusto Alcalá Urrego y no a Luis Fernando Barba Saldaña, tal como lo había
aclarado en proveído del 15 de octubre de 200845.

• El 17 de octubre de 2013, el INPEC comunicó al a quo que, como resultado de la
búsqueda en diferentes bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil
se logró evidenciar, previa comprobación dactiloscópica, que la verdadera identidad
del recluso Luis Fernando Barba Saldaña, identificado con cédula No. 79.804.697
corresponde a Elberth Augusto Alcalá Urrego, quien para ese momento se
encontraba recluido en el Establecimiento Penitenciario de Puerto Triunfo,
Antioquia, a órdenes del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Descongestión de Santuario, dentro del proceso No. 2011-0269, adelantado por
el Juzgado 20 Penal del Circuito de Bogotá, el cual lo condenó a la pena de 29 años
y 5 meses por el delito de homicidio y lesiones personales. Finalmente, precisó que
dicha información fue insertada en el aplicativo SISIPEC-WEB en los campos de
plena identidad, la cual se vería reflejada en la consulta ejecutiva 46.

Análisis de responsabilidad derivado de la inscripción de la sanción penal

54. En el presente asunto, el demandante pretende que se declare la
responsabilidad de la Rama Judicial bajo el título de imputación de defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, dado que el Juzgado 63 Penal
Municipal de Bogotá no ordenó, de manera oportuna, desanotar los antecedentes
penales que figuraban en contra del señor Luis Fernando Barba Saldaña, por el
delito de hurto agravado.

55. Al revisar el expediente, la Sala encuentra acreditada la falta de cuidado y
diligencia por parte de dicha entidad, pues, a pesar de que en el fallo de tutela del
15 de diciembre de 2004, se ordenó al Juzgado 59 Penal Municipal de Bogotá
corroborar la verdadera identidad del individuo que fue procesado y condenado por
el delito de hurto agravado y que en la providencia del 28 de enero de 2005, el
Juez 63 Penal Municipal de esa ciudad aclaró la ausencia de responsabilidad en
cabeza del señor Luis Fernando Barba Saldaña, no adelantó la actividad necesaria
para levantar los pendientes que figuraban a su nombre.

56. Ciertamente, mediante oficios Nos. 0263, 0264, 0265 y 0266 del 28 de enero
de 200547, el Juzgado 63 Penal Municipal de Bogotá, se limitó a comunicar al
Sistema de Información Sobre Antecedentes y Anotaciones, a la Procuraduría
General de la Nación, al D.A.S. y a la Registraduría Nacional del Estado Civil,
respectivamente, que el señor Luis Fernando Barba Saldaña, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 79.804.697 de Bogotá, no era el responsable de la

45
Folios 158 a 159 del anexo D.
46
Folio 213 del cuaderno 1.
47
Folios 128 a 131 del anexo C.

16

Radicación: 25000-23-26-000-2012-00393-01 (56.244)
Actor: Luis Fernando Barba Saldaña
Demandado: Nación – Rama Judicial - Fiscalía General de
la Nación – D.A.S - INPEC
Referencia: Acción de reparación directa

comisión del delito de hurto agravado, al que hacía referencia la sentencia del 9 de
septiembre de 2003, proferida por el Juzgado 59 Penal Municipal de esa ciudad;
omitiendo ordenar su exclusión de las bases de datos de los sistemas de
información judicial.

57. Además, a pesar de que en la referida fecha solicitó al C.T.I que, en el término
de 48 horas complementara la plena identificación de quien dijo llamarse Luis
Fernando Barba Saldaña y que esa institución mediante oficio 0275 del 1 de
febrero siguiente le informó que hasta ese momento no había sido posible lograr
la identificación de dicho sujeto, la autoridad judicial competente no desplegó
ninguna actividad dirigida a corregir las anotaciones penales del actor por cuenta
del registro de la sentencia condenatoria, por lo que estas permanecieron vigentes,

58. La circunstancia anotada propició que el actor debiera impulsar la presentación
de un habeas data en virtud del cual48, el 15 de octubre de 2008, el Juzgado 63
Penal Municipal de Bogotá ordenó oficiar al Centro de Información Sobre
Actividades Delictivas, a la Procuraduría General de la Nación, al Centro de
Antecedentes delictivos de la Fiscalía General de la Nación, al D.A.S. y a la
DIJIN49, para que cancelaran los pendientes que figuraban a nombre del señor Luis
Fernando Barba Saldaña; sin embargo, solo procedió de conformidad hasta el 12
de diciembre siguiente, sin que en el plenario obre prueba que acredite un hecho
impeditivo o que justifique la tardía orden que fue adoptada.

59. Lo expuesto en precedencia, demuestra la omisión en la que incurrió el
Juzgado 63 Penal Municipal de Bogotá, debido a que en los oficios Nos. 0263,
0264, 0265 y 0266 de 28 de enero de 2005, que remitió al Sistema de Información
sobre Antecedentes y Anotaciones – SIAN, a la Procuraduría General de la Nación,
al D.A.S. y a la Registraduría Nacional del Estado Civil no ordenó la eliminación de
los antecedentes penales que figuraban a nombre del señor Barba Saldaña, lo cual
conllevó a que la condena en su contra permaneciera vigente en las bases de
datos de las entidades de seguridad del Estado hasta el 12 de diciembre de 2008,
-fecha en la que se ofició a las referidas entidades para que cancelaran sus
pendientes-, es decir, durante tres (3) años, diez (10) meses y catorce (14) días.

60. A partir del análisis realizado, esta Subsección declarará la responsabilidad de
la Nación – Rama Judicial, bajo el título de imputación de defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, por los daños causados al señor
Luis Fernando Barba Saldaña, como consecuencia de la prolongación injustificada
del registro de antecedentes judiciales efectuados en su contra, por el punible de
hurto agravado, debiéndose precisar que la responsabilidad que se reclama no se
extiende ni subsume la que le podría haber correspondido a las autoridades

48
Folios 147 y 148 del anexo C.
49
Tal como se desprende de los oficios No. 4989, 4990, 4991, 4992 y 4993 del 12 de diciembre de 2008
obrantes a folios 154 a 158 del anexo C.

17

Radicación: 25000-23-26-000-2012-00393-01 (56.244)
Actor: Luis Fernando Barba Saldaña
Demandado: Nación – Rama Judicial - Fiscalía General de
la Nación – D.A.S - INPEC
Referencia: Acción de reparación directa

destinatarias de cumplir las tardías órdenes de corrección de los registros y bases
de datos en los que figuraba el registro de la sentencia condenatoria en contra del
referido ciudadano, por no haberse traído a esta instancia la discusión
correspondiente.

Indemnización de perjuicios

Perjuicios morales

61. En el escrito inicial, la parte actora solicitó el reconocimiento de 100
S.M.L.M.V., por daño moral objetivado, teniendo en cuenta que “el haber registrado
antecedentes penales en su contra sin ser eliminados hasta la fecha” afectó el
buen nombre y honra del señor Luis Fernando Barba, lo cual le impidió ascender
“al nuevo escaño de grado militar”. Asimismo, pidió el equivalente a 100
S.M.L.M.V., por perjuicio moral “subjetivado”, porque, la circunstancia antes
mencionada, afectó la esfera emocional y espiritual al citado actor.

62. En este punto, resulta oportuno aclarar que el a quo no reconoció perjuicio
alguno por la omisión en la que incurrió la Rama Judicial, al no ordenar
oportunamente la exclusión del registro que figuraba las bases de datos de los
sistemas de información judicial, en contra del señor Luis Fernando Barba Saldaña.

63. En el recurso de apelación, la parte actora manifestó que el a quo desconoció
la causa petendi de la demanda, en la cual se deprecó la reparación del daño moral
objetivado y subjetivado.

64. Respecto de dicha solicitud, aprovecha la Sala para recordar que la
abandonada clasificación del daño moral aludido por el actor tuvo su origen en los
fallos de la Corte Suprema de Justicia, proferidos a partir de la década de 1940, en
los cuales se establecieron dos modalidades para diferenciar entre perjuicios
morales subjetivos y objetivados, así 50:

“Hay en torno al daño moral dos géneros de perjuicios: los que emanan de
aquél en forma concreta, determinada o determinable, que pudieran
llamarse perjuicios morales objetivados; y otros que son indeterminados o
indeterminables) inasibles y abstractos, perjuicios morales, no susceptibles
de objetivación.”

65. Esta distinción partía de considerar que la lesión a un bien extrapatrimonial
podía traer perjuicios materiales y viceversa, por lo que la Corte Suprema estimó
posteriormente que: “el daño moral objetivado puede fácilmente repararse. Tal
cosa ocurre con el perjuicio inferido a una persona en su patrimonio por la pérdida
de su crédito causada por la difamación o por su inhibición para el trabajo; dicho
daño es tangible, estimable con relativa facilidad, concretable en cifras

50
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 1941 junio 20 G.J.T. LI, Nos. 1971-1972.

18

Radicación: 25000-23-26-000-2012-00393-01 (56.244)
Actor: Luis Fernando Barba Saldaña
Demandado: Nación – Rama Judicial - Fiscalía General de
la Nación – D.A.S - INPEC
Referencia: Acción de reparación directa

numéricas”51, por lo que, en consecuencia, las repercusiones objetivas del daño
moral habían de indemnizarse con aplicación de las normas que regulaban la
fijación y resarcimiento del perjuicio material52.

66. Con esta precisión, se desprende que, por sus características, el perjuicio
moral objetivado es de naturaleza eminentemente patrimonial, identificable con
esta última clase de perjuicios en sus modalidades de daño emergente y lucro
cesante por lo que resulta improcedente reparar dicho daño de manera autónoma,
pues de hacerse así, se estaría indemnizando dos veces un mismo perjuicio desde
dos enfoques diferentes, trasgrediendo el principio del enriquecimiento sin causa,
en tanto la medida del perjuicio es la medida de la reparación 53. Por lo anterior, la
Sala no accederá a dicha pretensión.

67. En todo caso, ha de decirse que, si bien en el expediente se acreditó que, para
la época de los hechos, el señor Luis Fernando Barba Saldaña se desempeñaba
como oficial de inteligencia de la Segunda Brigada del Ejército Nacional, lo cierto
es que no se demostró que la generación de antecedentes penales impidió que
fuera llamado a curso de ascenso militar.

68. Ahora bien, en cuanto al daño moral “subjetivado”, observa la Sala que la falla
en el servicio consiste en la prolongación injustificada en los registros de
antecedentes judiciales del señor Luis Fernando Barba Saldaña, por el delito de
hurto agravado, el cual, se insiste, solamente fue enmendada tres (3) años, diez
(10) meses y catorce (14) días después de que el mismo afectado -hoy
demandante-, ejerció su derecho de habeas data.

69. Así las cosas, es razonable inferir el perjuicio moral padecido por el actor, en
tanto que el registro de antecedentes penales por un delito que no cometió, así
como el interregno de varios años que tuvo que esperar para que la demandada
enmendara su error, constituyen una prueba indirecta por hecho en sí mismo
considerado y porque el señor Luis Fernando Barba Saldaña padeció sentimientos
de aflicción y de angustia desde el momento que se enteró de la condena que se
profirió en su contra y, como consecuencia de esta, de los registros y las
anotaciones penales hasta cuando logró esclarecer y corregir su situación, para lo
cual incluso tuvo que interponer dos acciones judiciales, una de ellas, de tutela; sin
embargo, como no la demandada omitió cancelar los antecedentes penales que
figuraban en su contra, tuvo que incoar la acción de habeas data, todo esto con el
propósito de remediar las actuaciones defectuosas de la administración de justicia.

51
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 1941 junio 20 G.J.T. LI, Nos. 1971-1972.
En igual sentido la Corte se había manifestado desde 1937: “Ante todo es de observarse que, en la mayor parte
de los casos, el perjuicio moral causa un daño patrimonial: por ejemplo, el ataque a la probidad de un
comerciante puede ocasionar la ruina de su negocio.” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
Sentencia de 1937 septiembre 28 G.J.T. XLV, No. 1929, págs. 758-763.
52
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 1941 junio 20 G.J.T. LI, Nos. 1971-1972.
53
Sobre el particular, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 11 de agosto
de 2011, exp. 21801, M.P.: Hernán Andrade Rincón.

19

Radicación: 25000-23-26-000-2012-00393-01 (56.244)
Actor: Luis Fernando Barba Saldaña
Demandado: Nación – Rama Judicial - Fiscalía General de
la Nación – D.A.S - INPEC
Referencia: Acción de reparación directa

70. Así las cosas, teniendo en cuenta el tiempo que tardó el actor en aclarar su
situación ante las autoridades, la Sala encuentra procedente acceder al
reconocimiento de este perjuicio inmaterial a favor del demandante en la suma de
10 SMLMV.

Daños inmateriales derivados de afectaciones relevantes de bienes o
derechos convencional y constitucionalmente amparados

71. La Sala estima necesario precisar que se han establecido dos categorías
autónomas de perjuicio inmaterial, diferentes al daño moral, a saber: el daño a la
salud54, cuando se trate de una lesión a la integridad psicofísica de la persona, y
la afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente
amparados55, perjuicio este que debe estar plenamente acreditado en el proceso
y ameritar su reparación integral, teniendo en cuenta la relevancia del caso y la
gravedad de los hechos56.

Ahora, en relación con la reparación a la afectación relevante a bienes o derechos
convencional y constitucionalmente amparados, en la sentencia de unificación del
28 de agosto de 2014, esta Corporación estableció que se privilegiaría la
compensación, a través de medidas reparatorias no indemnizatorias a favor de la
víctima directa y de su núcleo familiar más cercano, esto es, cónyuge o
compañero(a) permanente o estable y los parientes hasta el 1° de consanguinidad,
en atención a las relaciones de solidaridad y afecto que se presumen entre ellos,
las cuales operarían teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los
hechos; sin embargo, en casos excepcionales cuya reparación integral, a
consideración del juez, no sean suficientes, pertinentes, oportunas o posibles podrá
otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, mediante
el establecimiento de una medida pecuniaria hasta 100 SMLMV. Ese quantum
deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño y/o la
naturaleza del bien o derecho afectado.

72. En el presente asunto, observa la Sala que, las pretensiones de la parte actora
se orientaron a solicitar la reparación de la afectación producida por la transgresión
al derecho al buen nombre y honra del señor Luis Fernando Barba Saldaña como
consecuencia de la irregularidad en la que incurrió la Rama Judicial al no disponer

54
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de unificación
jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, exp. 28832, M.P. Danilo Rojas Betancourth y exp. 31170. M.P. Enrique
Gil Botero.
55
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de unificación
jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, exp. 32.988, C.P. Ramiro Pazos Guerrero y exp. 26.251, C.P. Jaime
Orlando Santofimio Gamboa.
56
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de unificación
jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, exp. 32.988, C.P. Ramiro Pazos.

20

Radicación: 25000-23-26-000-2012-00393-01 (56.244)
Actor: Luis Fernando Barba Saldaña
Demandado: Nación – Rama Judicial - Fiscalía General de
la Nación – D.A.S - INPEC
Referencia: Acción de reparación directa

oportunamente sobre la cancelación de los registros en bases de información de
la mentada sanción penal.

73. En relación a los derechos a la honra y al buen nombre, la jurisprudencia
Constitucional ha indicado que el derecho al buen nombre se vincula a “las
actividades desplegadas de forma pública por alguien, [lo cual integra] la valoración
que el grupo social hace de sus comportamientos públicos”. En cambio, el derecho
a la honra “se ha utilizado para referirse a aspectos más relacionados con la vida
privada de las personas y a su valor intrínseco”, sin que dicha Corporación haya
hecho una separación categórica del significado y contenido de los derechos a la
honra y al buen nombre, pues, los mismos se encuentran en una relación estrecha
y la afectación de uno de ellos, por lo general, acarrea una lesión al otro 57.

74. De esta manera, las afectaciones de los mencionados derechos se originan en
la difusión de afirmaciones, informaciones o imputaciones falsas o erróneas
respecto de las personas, que no tienen fundamento en su propia conducta
pública, ni en causa cierta o real, y que afectan su renombre e imagen ante la
sociedad.

75. De lo referido, se infiere que el derecho al buen nombre, consiste en la
reputación que sobre una persona tienen los miembros del entorno en el cual se
desenvuelve, y que es el resultado de la valoración que efectúan sobre su
comportamiento y proceder en el mundo público, de ahí que, tal derecho no sea
absoluto, pues está íntimamente relacionado con las dimensiones del derecho a la
honra, a partir de las cuales, las actuaciones de cada persona determinan la forma
como transfiere su imagen, y son ellas las que en últimas fundamentan un criterio
objetivo respecto de la honorabilidad del comportamiento del ciudadano en la
sociedad.

76. De conformidad con lo expuesto, advierte la Sala que en el expediente no obra
un elemento de juicio alguno que acredite la afectación a la honra y al buen nombre
del demandante por cuenta del reporte de antecedentes judiciales negativos en su
contra, por lo que la Sala no efectuará reconocimiento alguno por dicho concepto.

Perjuicios materiales

Daño emergente

77. En la demanda se solicitó el reconocimiento de los perjuicios materiales, por
concepto de daño emergente consistentes en los gastos que el señor Luis
Fernando Barba Saldaña tuvo que sufragar por concepto del pago de honorarios
de la abogada que adelantó las gestiones necesarias para aclarar sus
antecedentes judiciales, a lo cual la Sala no accederá, en tanto que no se aportaron

57
Corte Constitucional. Sentencia T-277 de 12 de mayo de 2015. M.P.: María Victoria Calle Correa.

21

Radicación: 25000-23-26-000-2012-00393-01 (56.244)
Actor: Luis Fernando Barba Saldaña
Demandado: Nación – Rama Judicial - Fiscalía General de
la Nación – D.A.S - INPEC
Referencia: Acción de reparación directa

al proceso cuentas de cobro, facturas o documentos equivalentes (artículos 615 y
617 del Estatuto Tributario), acompañados de la prueba de su pago, expedidos por
la abogada que lo representó, lo cual es necesario para tener por acreditado dicho
perjuicio material, en los términos establecidos por la jurisprudencia de esta
Corporación, en sentencia de unificación del 18 de julio de 201958.

Condena en costas

78. Como no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las
partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto
en el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

IV. PARTE RESOLUTIVA

79. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión, el 15 de julio de
2014.

SEGUNDO: DECLARAR probada de oficio la caducidad de la acción respecto de
las pretensiones formuladas en contra de la Nación - Rama Judicial, derivadas de
la indebida identificación, individualización y condena del verdadero responsable de
un delito de hurto, lo que ocasionó que se adelantara un proceso penal en contra
del señor Luis Fernando Barba Saldaño, en el que resultó condenado.

TERCERO: DECLARAR responsable a la Nación - Rama Judicial por los perjuicios
causados al señor Luis Fernando Barba Saldaña, de conformidad con lo expuesto
en la parte considerativa de la presente providencia.

CUARTO: CONDENAR a la Nación - Rama Judicial- a pagar a favor del señor Luis
Fernando Barba Saldaña, por concepto de perjuicios morales, el equivalente a diez
(10) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta
sentencia.

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

58
Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 44.572.

22

Radicación: 25000-23-26-000-2012-00393-01 (56.244)
Actor: Luis Fernando Barba Saldaña
Demandado: Nación – Rama Judicial - Fiscalía General de
la Nación – D.A.S - INPEC
Referencia: Acción de reparación directa

SEXTO: DESE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176, 177 y 178 del
Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia
de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de
Procedimiento Civil; para tal efecto, el tribunal de instancia cumplirá los dictados del
artículo 362 del C.P.C.

SÉPTIMO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y
que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/
VF

23

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.