Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2012-00599-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2012-00599-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2012-00599-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
14 de julio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 14 de julio de 2023
Radicación: 25000-23-26-000-2012-00599-01 (60.311)
Demandante: Claret Antonio Perea Figueroa y otros
Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro y otros
Referencia: Reparación directa – Decreto 1 de 1984 –
Temas: reparación directa – concurso de notarios – acto administrativo que modifica el
nombramiento de un notario en cumplimiento de una sentencia de la Corte
Constitucional – derechos adquiridos y confianza legítima
Síntesis del caso: un ciudadano fue nombrado Notario Séptimo de Bogotá tras ser
seleccionado en un concurso de méritos. Posteriormente, en virtud de una providencia
judicial, la designación fue modificada y fue nombrado Notario Cincuenta y Ocho. En la
demanda se refiere que la modificación de la notaría generó para el demandante varios
perjuicios que deben ser indemnizados.
Conoce la Sala el recurso de apelación presentado por la parte
demandante en contra de la Sentencia proferida el 19 de julio de 2017 por
el Tribunal Administrativo Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C,
en la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un
recurso de apelación en contra de una sentencia proferida por un Tribunal
Administrativo, interpuesto en vigencia de la Ley 446 de 1998, de
conformidad con los artículos 129 y 132 del Código de lo Contencioso
Administrativo, norma vigente al momento de la presentación de la
demanda.
Contenido: 1. Antecedentes, 2. Consideraciones, 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante, 1.2. Posición de la parte demandada,
1.3. Sentencia de primera instancia, 1.4. Recursos de apelación.
1.1. Posición de la parte demandante
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000-23-26-000-2012-00599-01 (60.311)
Actor: Claret Antonio Perea Figueroa y otros
Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro y otros
Referencia: Reparación directa – Decreto 1 de 1984 –
Decisión: Confirma la decisión de primera instancia
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1. El 30 de marzo de 2012, Claret Antonio Perea Figueroa y otros1
presentaron demanda2, en ejercicio de la acción de reparación directa,
en contra de la Nación – Departamento Administrativo de la Presidencia
de la República (DAPRE), Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y del
Derecho, Rama Judicial y Superintendencia de Notariado y Registro -
Consejo Superior de la Carrera Notarial, con el fin de obtener la reparación
de los perjuicios ocasionados con la modificación del nombramiento del
mencionado en el cargo de Notario Séptimo de Bogotá.
2. En la demanda se planteó como pretensión declarativa (se trascribe):
“Que se declare patrimonial y solidariamente responsable a los demandados, la
NACIÓN – PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, la NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR,
la NACIÓN – MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, la NACIÓN – RAMA
JUDICIAL y la NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO –
CONSEJO SUPERIOR DE LA CARRERA NOTARIAL (…), por los perjuicios materiales
y morales causados al doctor CLARET ANTONIO PEREA FIGUEROA, con ocasión
del despojo como Notario Séptimo del Círculo de Bogotá D.C., daño antijurídico
que el demandante no tiene, ni tenía, el deber jurídico de soportar, razón por la
cual se reputa indemnizable”.
3. La indemnización solicitada se resume en los siguientes valores:
• Para Claret Antonio Perea Figueroa: 1.000 SMLMV por perjuicios morales, 1.000
SMLMV por “alteración a las condiciones de existencia”, $ 2.738.824.069 por
perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante y $ 50.054.358 por
perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente.
• Para los demás demandantes: 1.000 SMLMV a favor de cada uno por perjuicios
morales y 1.000 SMLMV a favor de cada uno por “alteración a las condiciones
de existencia”.
4. Como fundamento de las pretensiones, la parte demandante, en
síntesis, refirió los siguientes hechos:
5. El 15 de noviembre de 2006, el Gobierno Nacional expidió el Acuerdo
No. 1, en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional en la
Sentencia C- 421 de 2006, por medio del cual convocó “a concurso
público y abierto para el nombramiento de los notarios en propiedad y el
ingreso a la Carrera Notarial”.
6. Claret Antonio Perea Figueroa se presentó al concurso y fue
seleccionado dentro de los mejores puntajes que adquirieron el derecho a
ocupar un cargo en las 76 notarías vacantes que se pretendían proveer. En
1 Mariela Gaviria Perea (compañera permanente), Claret Antonio Perea Gaviria (hijo), Gabriela Perea Gaviria
(hija), Nieves Virginia Figueroa de Perea (madre), Jorge Edison Perea Figueroa (hermano), Gloria del Socorro
Perea Figueroa (hermano), Carlos Tadeo Perea Figueroa (hermano), Jaime León Perea Figueroa (hermano) y
Diego Jacop Perea Figueroa (hermano).
2 Folios del 7 al 31 del cuaderno No. 1.
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Radicación: 25000-23-26-000-2012-00599-01 (60.311)
Actor: Claret Antonio Perea Figueroa y otros
Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro y otros
Referencia: Reparación directa – Decreto 1 de 1984 –
Decisión: Confirma la decisión de primera instancia
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consecuencia, mediante Acuerdo No. 142 de 9 de junio de 2008, fue
incluido en la lista de elegibles para la ciudad de Bogotá.
7. El 16 de marzo de 2009, mediante Decreto No. 912, Claret Perea fue
nombrado Notario Séptimo del Círculo de Bogotá. Seguidamente,
renunció al cargo de Juez 35 Administrativo del Circuito de Bogotá que
desempeñaba hasta ese momento y, el 17 de abril de 2009, tomó posesión
del nuevo cargo.
8. Con el fin de cumplir adecuadamente sus funciones, el demandante
incurrió en gastos que incluyeron el arriendo de un inmueble para instalar
la notaría asignada en el centro de la ciudad, la remodelación de las
instalaciones, la contratación de 22 profesionales en derecho y carreras
afines, la adquisición de elementos y los equipos de trabajo, el traslado de
él y su familia a las cercanías del lugar de trabajo, entre otros.
9. El 11 de diciembre de 2009, mediante Sentencia SU-913, la Corte
Constitucional dejó sin efectos la Sentencia de 11 de marzo de 2009
proferida por el Juzgado 4 Administrativo de Ibagué y la Sentencia de 13
de julio de 2009 proferida por el Tribunal Administrativo de Tolima dentro del
de la acción popular radicado No. “00413-2009”, en las cuales se había
ordenado al Consejo Superior de la Carrera Notarial excluir el puntaje
otorgado a los concursantes que acreditaron la publicación de obras de
derecho con un medio diferente al certificado de registro de la obra
expedido por la Dirección Nacional de Derechos de Autor.
10. En la providencia, la Corte ordenó, entre otras cosas, dejar sin efectos
el Acuerdo No. 178 de 2009, por medio del cual se modificó la lista de
elegibles inicial, y ordenó aplicar las listas de elegibles existentes antes del
decreto de la medida cautelar proferida en el proceso de la acción
popular, debido a que se debía reconocer el puntaje otorgado por la
publicación de obras con la acreditación descrita en la convocatoria del
concurso. Asimismo, ordenó que se realizara la designación de una notaría
a todos aquellos concursantes que, teniendo derecho a ello, aún no
habían sido nombrados y que se “modificara los actos administrativos de
quienes han sido nombrados en propiedad, en el sentido de confirmar su
nombramiento y precisar la notaría que por puntaje y orden de
preferencia corresponda a cada uno”.
11. El 29 de diciembre de 2009, el Gobierno Nacional expidió el Decreto
No. 5041, por medio del cual dio cumplimiento a la sentencia referida y, en
el artículo 16, modificó el decreto de nombramiento de Claret Perea en el
sentido de precisar que “la notaría que por puntaje y orden de preferencia
le corresponde es la cincuenta y ocho (58) y no la séptima (7)”. El 22 de
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Radicación: 25000-23-26-000-2012-00599-01 (60.311)
Actor: Claret Antonio Perea Figueroa y otros
Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro y otros
Referencia: Reparación directa – Decreto 1 de 1984 –
Decisión: Confirma la decisión de primera instancia
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abril de 2010, Claret Perea entregó la notaría séptima y se posesionó como
Notario 58 del Círculo de Bogotá.
12. La parte actora argumentó que el daño antijurídico consistió en “el
evidente y manifiesto desequilibro en las cargas públicas que los
demandantes no tenían el deber de soportar, máxime cuando el Dr. Claret
Perea estaba amparado por una confianza legitima, así como por un
respaldo constitucional de estabilidad – artículo 25 CN, esto es, jamás
existió una condición supralegal que obligara al Dr. Perea a soportar dicho
cambio abrupto (…)”. Además, indicó que las entidades demandadas
eran las llamadas a responder por el daño causado, ya que todas ellas
intervinieron en el proceso del concurso notarial y tomaron las decisiones
que dieron lugar a la modificación de la situación laboral del
demandante.
13. Finalmente, refirió que la modificación de la notaría en la que debía
desempeñar sus labores le ocasionó varios perjuicios, por una parte el
daño emergente consistente en los gastos en los que había incurrido para
adecuar la Notaría Séptima e instalarse con su grupo familiar en las
cercanías del lugar; y el lucro cesante consistente en los ingresos dejados
de percibir debido a que la notaría asignada en un primer momento tenía
una ubicación privilegiada y el flujo de usuarios era mucho mayor que en
la Notaría Cincuenta y Ocho, y por otra parte, la afectación moral por el
cambio de trabajo y las incomodidades que debió enfrentar el grupo
familiar al trasladarse de residencia.
1.2. Posición de la parte demandada
14. El Ministerio de Justicia y del Derecho presentó contestación a la
demanda3, en la que propuso la excepción de falta de legitimación pasiva
en la causa, toda vez que las pretensiones de la demanda se
fundamentaron en el daño ocasionado con los actos que modificaron el
nombramiento del demandante en el concurso de méritos realizado por la
Superintendencia de Notariado y Registro y el Consejo Superior de la
Carrera Notarial, entidades que cuentan con autonomía administrativa y
presupuestal y con las que el ministerio no tiene relación de jerarquía
funcional. Adicionalmente, debido a que las decisiones judiciales que en
criterio de la parte demandante influyeron en la causación del daño
fueron proferidas por un organismo de la Rama Judicial y no de la Rama
Ejecutiva.
3 Folios 97 al 101 del cuaderno No. 1.
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Radicación: 25000-23-26-000-2012-00599-01 (60.311)
Actor: Claret Antonio Perea Figueroa y otros
Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro y otros
Referencia: Reparación directa – Decreto 1 de 1984 –
Decisión: Confirma la decisión de primera instancia
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15. El DAPRE presentó contestación a la demanda4, en la que se opuso a
las pretensiones planteadas por la parte actora. Propuso la excepción de
falta de legitimación pasiva en la causa, ya que no intervino, ni expidió, ni
revocó los actos administrativos que ocasionaron el daño, tampoco hizo
parte del proceso judicial que finalizó con la sentencia constitucional que
ordenó modificar la lista de elegibles del concurso y en la demanda no se
le atribuyó ningún hecho concreto que justificara su vinculación en el
proceso. Señaló que el grupo familiar de Claret Perea no tenía legitimación
activa en la causa, pues, ante la eventual acreditación de un daño, la
afectación solo recaía en el mencionado. En todo caso, afirmó que no se
configuró un daño antijurídico, pues el acto de nombramiento del
demandante como Notario Séptimo estuvo condicionado a la decisión
que resolviera la situación de los participantes que tenían suspendido el
puntaje por producción de obra jurídica, así se estableció en los
considerandos del acto de nombramiento y, además, se trató de una
situación conocida por todos los participantes, quienes eran conscientes
de que había varios procesos judiciales en curso que podían influir en los
nombramientos ya realizados.
16. La Superintendencia de Notariado y Registro - Consejo Superior de la
Carrera Notarial, en la contestación a la demanda5, solicitó se negaran las
pretensiones presentadas por la parte actora, ya que no se acreditó un
daño antijurídico. Explicó que el acto de nombramiento del demandante
obedeció a que este no demostró la producción de obras jurídicas, por lo
que las providencias proferidas dentro del proceso de acción popular, en
principio, no afectaron su selección como notario. No obstante, la decisión
proferida por la Corte Constitucional tuvo efecto directo en el puntaje de
otros participantes, por lo que la entidad debió modificar el nombramiento
de Claret Perea. Es decir que no hubo daño alguno, ya que la Notaría
Cincuenta y Ocho era aquella que le correspondía en atención a su
puntaje y orden de preferencia. Adicionalmente, refirió que tampoco se
probó el nexo causal entre el supuesto daño y la actuación de la entidad,
dado que la expedición del acto que modificó el nombramiento no fue la
causa directa, ese acto solo dio cumplimiento a lo ordenado por la Corte
Constitucional.
17. El Ministerio del Interior y la Rama Judicial no contestaron la demanda.
1.3. Sentencia de primera instancia
4 Folios 172 al 180 del cuaderno No. 1.
5 Folios 181 al 199 del cuaderno No. 1.
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Radicación: 25000-23-26-000-2012-00599-01 (60.311)
Actor: Claret Antonio Perea Figueroa y otros
Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro y otros
Referencia: Reparación directa – Decreto 1 de 1984 –
Decisión: Confirma la decisión de primera instancia
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18. El 19 de julio de 2017, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C profirió Sentencia de primera instancia6, en
la que decidió (se trascribe):
“PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de los
señores NIEVES VIRGINIA FIGUEROA DE PEREA Y JORGE EDISON, GLORIA DEL
SOCORRO, CARLOS TADEO, JAIME LEÓN Y DIEGO JACOB PEREA FIGUEROA, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva de la
NACIÓN – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA- RAMA JUDICIAL, por los motivos expuestos en la parte considerativa
de la presente sentencia.
TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda
CUARTO: Sin condena en costas (…)”
19. El Tribunal consideró que no se acreditó un daño antijurídico, por lo cual
no procedía la declaratoria de responsabilidad del Estado, ya que el acto
de nombramiento inicial de Claret Perea estaba sujeto al resultado del
proceso de acción popular en el que se debatía la admisión de una
prueba alterna para la acreditación de la publicación de obras jurídicas, lo
que, necesariamente, modificaba el puntaje de algunas de las personas
inscritas y, a su vez, los nombramientos realizados en durante el concurso,
situación que fue advertida en las consideraciones del acto y era
conocida por los participantes.
20. Precisó que el acto de nombramiento en la Notaría Séptima no
significó que el demandante tuviera derechos adquiridos respecto a la
notaría asignada, pues no se trató de un acto definitivo, y a pesar de que,
desde un primer momento, se le reconocieron derechos de carrera, ello no
incluía la notaría que habría de corresponderle. De modo que los gastos en
que incurrió fueron asumidos con pleno conocimiento de la circunstancia
de transitoriedad de la notaría asignada.
21. Por último, refirió que la decisión de modificación del acto de
nombramiento obedeció a providencia judicial que debía ser acatada y
se fundamentó en los principios que cimientan los concursos de mérito,
esto es, en atención a los mejores puntajes de la lista de elegibles y al
orden de preferencia establecido por el participante.
1.4. Recurso de apelación
22. La parte actora interpuso recurso de apelación7, con el fin de que se
revocara la Sentencia de primera instancia.
6 Folios 392 al 407 del cuaderno del Consejo de Estado.
7 Folios 409 al 421 del cuaderno del Consejo de Estado.
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Radicación: 25000-23-26-000-2012-00599-01 (60.311)
Actor: Claret Antonio Perea Figueroa y otros
Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro y otros
Referencia: Reparación directa – Decreto 1 de 1984 –
Decisión: Confirma la decisión de primera instancia
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23. En el escrito, alegó que Claret Perea superó exitosamente las etapas e
integró la lista de elegibles del concurso, por lo que el Estado debía
nombrarlo en propiedad, según lo prevé el artículo 131 de la constitución.,
sin reservas, pues los derechos de empleo en propiedad no son discutibles
ni condicionados y tienen vocación de permanencia y estabilidad en el
cargo.
24. Manifestó que la Sentencia SU – 913 de 11 de diciembre de 2009,
proferida por la Corte Constitucional, no le era oponible a Claret Perea,
toda vez que su situación ya se había consolidado: había ingresado a la
carrera notarial y estaba en ejercicio del cargo como Notario Séptimo. Por
ello, los efectos de la sentencia debían limitarse a los aspirantes que no
habían sido nombrados y tenían la expectativa de ocupar un cargo.
25. Aseguró que, de acuerdo con el artículo 178 del Estatuto Notarial, el
pertenecer a la carrera notarial implica el “[d]erecho a permanecer en la
misma Notaría dentro de las condiciones del presente estatuto”. Además,
Según la sentencia T-164 de 1996 “las personas designadas han adquirido
la estabilidad en el cargo que le da su escalonamiento en la carrera
administrativa, estabilidad que no se puede desconocer porque su
nombramiento se realizó en forma legítima y con base en un acto que era
valido (lista de elegibles) para la época en que se hizo la designación (…)”.
26. Señaló que el DAPRE sí estaba legitimado para comparecer al
proceso, ya que el presidente, en su calidad de jefe de gobierno y
suprema autoridad administrativa firmó el decreto por medio del cual se
modificó la situación del demandante, de manera que su intervención en
la expedición del acto justificaba su vinculación.
27. Adicionalmente, indicó que la madre y hermanos de Claret Perea
también estaban legitimados en la causa porque, contrario a lo
manifestado por el tribunal, las copias del registro civil aportadas al
proceso constituían una prueba válida del parentesco y, en caso de no
considerarlo así, el juez debió hacer uso de sus facultades oficiosas para
garantizar el derecho al acceso a la administración de justicia de los
demandantes. Asimismo, estaba acreditada la afectación por ellos
padecida.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia, 2.2. Análisis sustantivo, 2.3. Condena en costas.
2.1. Síntesis de la controversia
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Radicación: 25000-23-26-000-2012-00599-01 (60.311)
Actor: Claret Antonio Perea Figueroa y otros
Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro y otros
Referencia: Reparación directa – Decreto 1 de 1984 –
Decisión: Confirma la decisión de primera instancia
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En esta providencia, la Sala decidirá el fondo del asunto porque están
reunidos los presupuestos procesales de la acción de reparación directa8.
La Sala confirmará la Sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda, porque no encuentra probada la
antijuridicidad del daño alegado por la parte actora.
2.2. Análisis sustantivo
28. La parte demandante indicó que el hecho generador del daño fue la
decisión que modificó su nombramiento asignándole la Notaría Cincuenta
y Ocho del Círculo de Bogotá, en lugar de la Notaría Séptima. A su vez,
indicó que el daño consistió en la afectación a sus derechos de carrera, lo
cual le generó unos perjuicios consistentes en los gastos en los que incurrió
para la instalación de la notaría asignada en un primer momento y para
residenciarse cerca al lugar de trabajo con su grupo familiar, así como
también los dineros dejados de percibir debido a que la notaría asignada
tenía un menor flujo de usuarios, entre otros.
29. En el expediente está probado que, mediante Acuerdo No. 1 de 15 de
noviembre de 2006, el Consejo Superior de la Carrera Notarial convocó un
concurso de méritos para el nombramiento de notarios en propiedad en
varias ciudades del país9. En el Acuerdo No. 142 de 9 de junio de 2008, la
entidad integró la lista de elegibles para el círculo de Bogotá, en la cual se
8 La demanda fue presentada oportunamente. El daño se originó con la expedición del Acuerdo No. 194 de 18
de diciembre de 2009, por medio del cual el Consejo Superior de la Carrera Notarial anunció la modificación de
la notaría asignada y, pese a que en el expediente no obra constancia de su notificación, se infiere que el
demandante conoció su contenido a más tardar el 29 de diciembre de 2009, fecha en que el Ministerio del
Interior y de Justicia, en atención a la carta de aceptación del cargo, expidió el decreto de nombramiento de
Claret Perea como Notario Cincuenta y Ocho del Círculo de Bogotá. Así, el término para la presentación
oportuna de la demanda se extendía, en principio, hasta el 30 de diciembre de 2009. No obstante, se suspendió
desde el 20 de diciembre de 2011, con la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial, hasta el 20 de
marzo de 2012, cuando se declaró fallido el trámite (folio 106 del cuaderno No. 2). La demanda se presentó el 30
de marzo de 2012, esto es, antes del vencimiento del término previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código
Contencioso Administrativo. La acción de reparación directa es procedente en este caso. La jurisprudencia de
esta corporación ha establecido que la reparación directa procede para reclamar los daños causados por un
acto administrativo, entre otros eventos, cuando no se cuestione su legalidad, pues, cuando el sustento del daño
sea la ilegalidad del acto en cuestión, la acción procedente será la nulidad y restablecimiento del derecho
(Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 5 de febrero de 2021,
Exp. Nro. 48.950; también sentencia de 27 de abril de 2006, expediente 16079, entre otros). En este caso, la parte
actora no cuestiona la legalidad del acto, sino que este le ocasionó unos perjuicios que no está en el deber de
soportar.
9 Acuerdo No. 1 de 15 de noviembre de 2006, “Por el cual se convoca a concurso público y abierto para el
nombramiento de los notarios en propiedad y el ingreso a la carrera notarial”. Estableció que la
Superintendencia de Notariado y Registro sería la encargada de organizar el concurso. Estableció que los
criterios de selección serían: análisis de méritos y antecedentes, prueba de conocimiento y entrevista. Estableció
que “la publicación de obras en áreas del Derecho se acreditará con el certificado de registro de la obra
expedido por la Dirección Nacional de Derecho de Autor, o la certificación de la publicación expedida por la
imprenta o editorial respectiva junto con un ejemplar del libro publicado” y dispuso que “por la autoría o
coautoría de una obra en el área de derecho se otorgarán cinco (5) puntos, conforme al artículo 5 literal g del
Decreto 2425 de 2006”. Finalmente, con respecto a la lista de elegibles, previó “[p]ara la conformación de las
listas de elegibles se tendrá en cuenta lo dispuesto por el artículo 3 de la ley 588 de 2000, el artículo 92 del
Decreto 2148 de 1983 y los artículos 11 y 12 del Decreto 3454 de 2006. La vigencia de las listas será de dos (2)
años contados a partir de la fecha de su publicación, y se conformarán por círculo notarial con los nombres y
documentos de identidad de quienes, en estricto orden descendente, hayan obtenido los mayores puntajes,
teniendo en cuenta los mínimos fijados por la legislación vigente (…)”. Folios 1 al 18 del cuaderno No. 2.
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Radicación: 25000-23-26-000-2012-00599-01 (60.311)
Actor: Claret Antonio Perea Figueroa y otros
Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro y otros
Referencia: Reparación directa – Decreto 1 de 1984 –
Decisión: Confirma la decisión de primera instancia
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incluyó a Claret Perea, en el puesto 7210. Por medio del Decreto No. 912 de
16 de marzo de 2009, el Ministerio del Interior y de Justicia nombró en
propiedad a Claret Perea como Notario Séptimo del Círculo de Bogotá11.
En consecuencia, el 14 de abril de 2009, el demandante renunció al cargo
de juez que desempeñaba hasta ese momento12 y, el 17 de abril siguiente,
se posesionó en el nuevo cargo13.
30. Asimismo, está acreditado que, en el Acuerdo No. 194 de 18 de
diciembre de 2009, el Consejo Superior de la Carrera Notarial dio
cumplimiento a lo ordenado en la sentencia SU – 913 de 2009 proferida por
la Corte Constitucional. Así, remitió al Gobierno Nacional, como nominador
de los notarios de primera categoría, las listas de elegibles contenidas en el
Acuerdo No. 142 de 9 de junio de 2008, con las modificaciones a que
daba lugar dicha decisión. Según lo allí consignado a Claret Perea le
correspondía la Notaría Cincuenta y Ocho del Círculo de Bogotá por lo
que su nombramiento debía modificarse14. Mediante Resolución No. 467
de 28 de enero de 2010, el Ministerio del Interior y de Justicia confirmó
dicho nombramiento15.
31. Finalmente, está probado que, mediante Decreto No. 5041 de 29 de
diciembre de 2009, el Ministerio del Interior y de Justicia resolvió dejar sin
efectos unos nombramientos, realizó nuevos y modificó otros, entre estos,
ordenó “modificar el artículo 1 del Decreto 912 de 16 de marzo de 2009,
por medio del cual se nombra al señor Claret Antonio Perea Figueroa
como Notario del Círculo de Bogotá, en el sentido de precisar que la
notaría que por puntaje y orden de preferencia le corresponde es la
Cincuenta y Ocho (58) y no la Séptima (7)”16. En consecuencia, el 22 de
abril de 2010, Claret Perea hizo entrega de la Notaría Séptima17 y se
posesionó como Notario Cincuenta y Ocho18.
32. En la Sentencia SU – 913 de 2009, la Corte revisó varios fallos proferidos
dentro de las acciones de tutela interpuestas por algunos de los
participantes del concurso en contra de las decisiones de primera y
10 Acuerdo No. 142 de 9 de junio de 2008, “por medio del cual se integran las correspondientes listas de elegibles
para la región de Bogotá”. Folios 19 al 37 del cuaderno No. 2.
11 Decreto No. 912 de 16 de marzo de 2009. Folios 38 al 40 del cuaderno No. 2.
12 Renuncia y Acuerdo No. 49 de 14 de abril de 2009 por medio del cual se aceptó la renuncia presentada por
Claret Antonio Perea Figueroa al cargo de Juez 35 Administrativo de Bogotá D.C. Folios 41 y 42 del cuaderno No.
2.
13 Acta de posesión de 17 de abril de 2009 de Claret Antonio Perea Figueroa como Notario Séptimo del Círculo
de Bogotá. Folio 43 del cuaderno No. 2.
14 Folios 140 al 161 del cuaderno No. 1.
15 Resolución No. 467 de 28 de enero de 2010 emitida por el Ministerio del Interior y de Justicia “por medio de la
cual se confirma el nombramiento de un notario”. Folios 236 y 237 del cuaderno No. 1.
16 Decreto 5041 de 29 de diciembre de 2009. Folios 56 al 60 del cuaderno No. 1.
17 Acta de entrega de la Notaría Séptima por parte de Claret Perea a representante de la Superintendencia de
Notariado y Registro. Folios 234 y 235 del cuaderno No. 1
18 Acta de posesión de 5 de abril de 2010 de Claret Antonio Perea Figueroa en el cargo de Notario Cincuenta y
Ocho del Círculo de Bogotá. Folio 62 del cuaderno No. 2.
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Radicación: 25000-23-26-000-2012-00599-01 (60.311)
Actor: Claret Antonio Perea Figueroa y otros
Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro y otros
Referencia: Reparación directa – Decreto 1 de 1984 –
Decisión: Confirma la decisión de primera instancia
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segunda instancia proferidas por el Juzgado 4 Administrativo de Ibagué y
el Tribunal Administrativo de Tolima.
33. La controversia se suscitó porque la Ley 588 de 2000, en el artículo, 4,
dispuso que, en el concurso de méritos, se otorgarían cinco puntos a
quienes acreditaran la autoría de obras en derecho. Sin embargo, no
señaló los medios de prueba que permitirían probar esa calidad de autor.
Por otra parte, el Decreto No. 3454 de 2006, en el artículo 5, previó que la
publicación de obras se acreditaría mediante el certificado de registro de
la obra expedido por la Dirección Nacional de Derecho de Autor. No
obstante, el Acuerdo No. 1 de 2006, en el artículo 11, estableció que la
publicación de obras se acreditaría con el mencionado registro o
mediante la certificación de la publicación expedida por la imprenta o
editorial respectiva junto con un ejemplar de la obra. La inclusión en el
acuerdo de una forma alterna de acreditar dicha condición fue
considerada por algunos como ilegal, ya que no fue prevista por el
legislador.
34. En la providencia se consideró que la sentencia de segunda instancia
proferida el 13 de julio de 2009 por el Tribunal Administrativo del Tolima, en
la acción popular, incurrió en un defecto sustantivo o material al
considerar que el registro en la Dirección Nacional de Derecho de Autor
era el único medio de prueba valido para acreditar la autoría de obras, ya
que dicha interpretación contrariaba lo previsto en el artículo 10 de la Ley
23 de 1982 y en los artículos 52 y 53 de la Decisión Andina 351 del Acuerdo
de Cartagena, según los cuales “se presume autor a la persona cuyo
nombre, seudónimo, iniciales o cualquier otra marca distintiva o signos
convencionales aparezcan impresos en la obra”.
35. Por lo anterior, la Corte resolvió dejar sin efectos las sentencias de
primera y segunda instancia proferidas dentro del proceso de la acción
popular y volver las cosas al estado anterior de la expedición de dichas
providencias y de la medida cautelar que suspendió los puntajes de
quienes habían acreditado su calidad de autor con el medio alternativo.
En consecuencia, ordenó tener en cuenta las listas de elegibles primigenias
expedidas antes de que se realizara dicha exclusión19. Esto es, dejó sin
efectos el Acuerdo No. 178 de 2009 proferido por el Consejo Superior de la
19 Punto resolutivo Nro. 4: “DEJAR sin efecto ni validez alguna, en su integridad, las sentencias proferidas el 11 de
marzo de 2009 por el Juzgado Cuarto Administrativo de Ibagué y de 13 de julio de 2009 proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima en el curso de la acción popular 0413-2009, por encontrar que con ellas se vulneraron
los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al trabajo, al acceso a cargos públicos, a la
buena fe y la confianza legítima de los participantes en el concurso público y abierto para la provisión de cargos
de notarios en propiedad y acceso a la carrera notarial. En consecuencia, VUÉLVASE al estado anterior a la
expedición de la medida cautelar proferida en el curso de la acción popular 0413-07 y APLÍQUENSE por parte
del CONSEJO SUPERIOR DE LA CARRERA NOTARIAL y AUTORIDADES NOMINADORAS las listas de elegibles
conformadas para cada uno de los Círculos Notariales como resultado del citado concurso en estricta
observancia del Decreto ley 960 de 1970 y la Ley 588 de 2000. Para el efecto se atenderán las órdenes que se
señalan a continuación”.
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Radicación: 25000-23-26-000-2012-00599-01 (60.311)
Actor: Claret Antonio Perea Figueroa y otros
Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro y otros
Referencia: Reparación directa – Decreto 1 de 1984 –
Decisión: Confirma la decisión de primera instancia
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Carrera Notarial, por el cual se modificó la lista de elegibles, y dejó vigente
el Acuerdo No. 142 de 2008 que estableció la lista de elegibles con
inclusión de los puntajes otorgados por la publicación de obras20. Además,
ordenó que las notarías fueran distribuidas atendiendo lo dispuesto en el
artículo 6 de la Ley 588 de 2000, el inciso 2 del artículo 4 del Decreto No.
3454 de 2000, esto es con relación al puntaje y orden de preferencia
establecido por el participante seleccionado21.
36. Respecto a este último asunto, esto es, la distribución de notarías y el
conflicto que se podía presentar respecto de quienes ya habían sido
nombrados, en virtud de la lista de elegibles expedida con ocasión de la
medida cautelar, y quienes habían sido elegidos y habían obtenido mejor
puntaje, pero no fueron asignados a la notaría de su preferencia, la Corte
consideró (se trascribe):
“Sin embargo, otra cosa es la distribución de esas 76 notarías entre los ganadores,
la cual según la información enviada por la Superintendencia y las normas antes
trascritas se ha efectuado atendiendo el orden de preferencia anotado en el
formulario de acuerdo con el puntaje. Esto quiere decir que, si dos personas
anotaron como de preferencia la Notaria 15, por ejemplo, se adjudicará a aquel
que hubiese obtenido el mayor puntaje.
De esta forma se han distribuido la mayoría de notarías en el país. Sin embargo, el
caos generado con ocasión de la medida cautelar y las tutelas interpuestas que
ordenaron nombramientos, alteraron la forma de distribución de las notarías, lo
que se evidencia en el caso del señor Arévalo quien cuenta con mayor puntaje
que el señor Serrato para ser designado en la notaría 62.
En esos términos por equidad y justicia el Consejo Superior de la Carrera Notarial
deberá revisar nuevamente las preferencias señaladas por los puntajes con
derecho a asignación de notaría de manera que se distribuyan atendiendo los
criterios generales señalados por la ley.” (Resaltado fuera del texto original)
37. Con base en lo anterior, la Sala observa que no se configuró un daño
antijurídico, porque la afectación deriva de un acto administrativo que
goza de presunción de legalidad (Acuerdo No. 194 de 2009) y que la parte
demandante no controvirtió, por considerar que su contenido estaba
ajustado a derecho. Además, porque el acto de nombramiento de Claret
Perea como Notario Séptimo obedeció a una medida cautelar cuyos
efectos eran provisionales y desaparecieron con la sentencia proferida por
la Corte Constitucional que dejó sin efectos dichos nombramientos por
20 Punto resolutivo Nro. 5: “DEJAR SIN EFECTO el Acuerdo 178 de 2009 proferido por el Consejo Superior de la
Carrera Notarial, por el cual se modificó la lista de elegibles contenida en el Acuerdo 142 de 2008, según lo
señalado en la parte motiva de esta providencia”.
21 Punto resolutivo Nro. 18: “ORDENAR al CONSEJO SUPERIOR DE LA CARRERA NOTARIAL que una vez
seleccionados los mejores puntajes de las listas de elegibles en orden descendente por Círculo Notarial de
acuerdo con el número de notarías por proveer para cada Círculo, estas sean distribuidas atendiendo lo
dispuesto en el artículo 6 de la Ley 588 de 2000, el inciso 2 del artículo 4 del Decreto 3454 de 2000 y demás
normas concordantes y reglamentarias. En ningún caso podrá excluirse a quien por su puntaje tenga derecho a
una notaría bajo el pretexto de que las notarías señaladas como de preferencia fueron ocupadas, pues en ese
caso, se deberá asignar la notaría que se encuentre disponible en estricto orden descendente de puntaje”.
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Radicación: 25000-23-26-000-2012-00599-01 (60.311)
Actor: Claret Antonio Perea Figueroa y otros
Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro y otros
Referencia: Reparación directa – Decreto 1 de 1984 –
Decisión: Confirma la decisión de primera instancia
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considerarlo ilegales y violatorios de derechos de otros participantes del
concurso.
38. En efecto, en la parte considerativa del Decreto No. 912 de 16 de
marzo de 2009, por medio del cual se realizó el nombramiento de Claret
Perea como Notario Séptimo, el Ministerio del interior y de Justicia planteó
que la designación de notaría se fundamentaba en la lista de elegibles
expedida en el Acuerdo No. 142 de 2008, en la que Claret Antonio Perea
Figueroa obtuvo un puntaje que lo hizo acreedor del derecho de ser
nombrado en el círculo notarial de Bogotá, no obstante, advirtió que dicha
designación podía variar según lo que se resolviera en el proceso de
acción popular. En el Decreto se indicó (se trascribe):
“Que el aspirante Claret Antonio Perea Figueroa no acreditó la autoría de la
obra jurídica mediante el mecanismo alterno suspendido provisionalmente por
el Juez Cuarto Administrativo de Ibagué, por lo que cualquiera sea la decisión
que se adopte en ese proceso No. 00413 de 2007, sigue dentro de los aspirantes
con derecho a ser nombrado en el cargo de notario.
Que la decisión final que debe adoptar el juez en la acción popular, si es factor
determinante para establecer la notaría que ha de corresponder a cada uno
de los aspirantes.
Que, en consecuencia y en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 11 del
Decreto 34454 de 2006 y 19 del Acuerdo 1 de 2006 del Consejo Superior, se
procederá a dar curso al nombramiento en propiedad del doctor Claret
Antonio Perea Figueroa, pero la localización notarial definitiva, quedará sujeta a
la decisión de fondo de la acción popular(..)” (Resaltado fuera del texto original)
39. Es decir, el nombramiento realizado por medio del Decreto No. 912 de
2009 no constituyó un derecho adquirido, por el contrario, fue resultado de
una situación provisional que, posteriormente, fue considerada
inconstitucional por la Corte, por lo que se hizo necesario reestablecer los
derechos de los demás concursantes elegidos para ocupar un cargo en las
distintas notarías vacantes, sin que ese hecho constituya un daño
susceptible de reparación. Tal como se mencionó en la referida sentencia,
por equidad y justicia, era necesario redistribuir la asignación de notarías
según las modificaciones que se generaban con la adopción de dicha
decisión.
40. En síntesis, el nombramiento del demandante como Notario Séptimo no
constituyó un derecho adquirido ni se trató de una situación consolidada,
sus derechos de carrera no fueron afectados con el acto que modificó ese
nombramiento, sino que este respondió a una materialización de los
derechos de otros concursantes y de los principios que rigen los concursos
de méritos. En este caso no se probó un daño antijurídico, por lo que
deberán negarse las pretensiones de la demanda.
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Radicación: 25000-23-26-000-2012-00599-01 (60.311)
Actor: Claret Antonio Perea Figueroa y otros
Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro y otros
Referencia: Reparación directa – Decreto 1 de 1984 –
Decisión: Confirma la decisión de primera instancia
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2.3. Condena en costas
41. No hay lugar a la imposición de costas debido a que no se evidencia
en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes,
condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se
proceda de esta forma.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia proferida el 19 de julio de 2017 por el
Tribunal Administrativo Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, en
la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas.
TERCERO: Por Secretaría, una vez ejecutoriado esta providencia, DEVOLVER
el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Aclaración de voto Aclaración de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
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