Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2012-00703-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2012-00703-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2012-00703-01
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
13 de marzo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 25000232600020120070301 (61893)
Demandante: CAFES ESPECIALES DE COLOMBIA CEC LTDA
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Tema: Intervención administrativa y toma de posesión de bienes,
haberes, negocios y establecimientos de comercio. Decreto –
Ley 4334 de 2008. Ausencia de daño antijurídico. No se acreditó
la causación de costas procesales.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 9 de agosto de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El 30 de octubre de 2009, la sociedad Comercializadora Colombiana de Excelsos
S.A. CI arrendó a Cafés Especiales de Colombia CEC Ltda. el inmueble identificado
con el folio de matrícula inmobiliaria No. 50N – 20277234. Posteriormente, mediante
Resolución No. 1886 del 10 de diciembre de 2009, la Delegada Adjunta para la
Supervisión Institucional de la Superintendencia de Sociedades ordenó la
intervención administrativa y toma de posesión de bienes, haberes, negocios y
establecimientos de comercio de la sociedad Comercializadora Colombiana de
Excelsos S.A. CI, la cual presuntamente realizaba operaciones de captación y
recaudo de dinero al público sin autorización. En vista de ello, el 16 de marzo de
2010, funcionarios de la Superintendencia de Sociedades adelantaron una
diligencia en la que tomaron posesión del inmueble arrendado.
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Radicado: 25000232600020120070301 (61893)
Demandante: Cafés Especiales de Colombia CEC Ltda.
La sociedad Cafés Especiales de Colombia CEC Ltda. considera que la
Superintendencia de Sociedades “es responsable administrativamente por los
daños causados a ella, con motivo de los hechos acaecidos el 16 de marzo de 2010,
cuando en una actuación descuidada y arbitraria, la despojaron de sus bienes y,
además, desalojaron de sus oficinas al personal que laboraba para la misma,
despojándola de paso, del establecimiento de comercio en la que desarrollaba su
objeto social”. Además, estimó que la referida autoridad “incurrió en un error judicial
al expedir sus providencias”, en ejercicio de funciones jurisdiccionales.
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
El 23 de abril de 20121, la sociedad Cafés Especiales de Colombia CEC Ltda. (en
adelante “CEC Ltda.”), mediante apoderado judicial2 y en ejercicio del medio de
control de reparación directa, presentó demanda contra de la Superintendencia de
Sociedades, para que fuera declarada patrimonialmente responsable por el
“descuidado y arbitrario” desalojo de su establecimiento de comercio, así como por
el despojo de los bienes que allí se encontraban, ocurrido el 16 de marzo de 2010.
Además, porque la referida autoridad “incurrió en un error judicial al expedir sus
providencias”, en ejercicio de funciones jurisdiccionales.
Como pretensiones de su demanda, la libelista solicita condenar a la entidad
accionada a pagarle, por perjuicios morales, la suma de $200.000.000; por daño
emergente, la suma de $1.020.285.044; y por lucro cesante, la suma de
$144.000.000.
En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 6 de septiembre
de 2000, la sociedad Comercializadora Colombiana de Excelsos S.A. CI (en
adelante “COLEXCELSOS S.A.”) adquirió la propiedad del inmueble identificado
1 Fl. 2 a 26, C.1.
2 El poder fue otorgado por Lina Cecilia Cardona Pérez, en su condición de representante legal de
la sociedad (Fl. 1 a 2, C.7.).
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Demandante: Cafés Especiales de Colombia CEC Ltda.
con el folio de matrícula inmobiliaria No. 50N – 20277234, ubicado en la Calle 113
No. 7 – 41 de Bogotá D.C.
Indica que, por otro lado, mediante escritura pública No. 0000518 del 1º de marzo
de 2004, otorgada por la Notaría 25 del Círculo de Bogotá, se constituyó CEC Ltda.
Señala que el 30 de octubre de 2009, las sociedades COLEXCELSOS S.A. y CEC
Ltda., suscribieron un contrato de arrendamiento, mediante el cual la primera
concedió a la segunda el uso del inmueble identificado con el folio de matrícula No.
50N – 20277234, a cambio del pago de un canon mensual.
Destaca que mediante Resolución No. 1886 del 10 de diciembre de 2009, la
Delegada Adjunta para la Supervisión Institucional de la Superintendencia de
Sociedades ordenó la intervención administrativa y toma de posesión de bienes,
haberes, negocios y establecimientos de comercio de la sociedad COLEXCELSOS
S.A., la cual presuntamente realizaba operaciones de captación y recaudo de dinero
al público sin autorización.
Sostiene que, por lo anterior, el 16 de marzo de 2010, funcionarios de la
Superintendencia de Sociedades adelantaron una diligencia en la que tomaron
posesión del inmueble arrendado, imponiendo sellos de cerramiento y cambiando
sus guardas de seguridad.
La sociedad CEC Ltda. considera que la Superintendencia de Sociedades “es
responsable administrativamente por los daños causados a ella, con motivo de los
hechos acaecidos el 16 de marzo de 2010, cuando en una actuación descuidada y
arbitraria, la despojaron de sus bienes y, además, desalojaron de sus oficinas al
personal que laboraba para la misma, despojándola de paso, del establecimiento
de comercio en la que desarrollaba su objeto social”. Además, estima que la referida
autoridad “incurrió en un error judicial al expedir sus providencias”, en ejercicio de
funciones jurisdiccionales.
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Demandante: Cafés Especiales de Colombia CEC Ltda.
2. Contestación
El 23 de mayo de 20123 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la
demanda y ordenó su notificación a la entidad demandada y al Ministerio Público.
2.1. La Superintendencia de Sociedades4 se opuso a las pretensiones de la
demanda argumentando que el daño alegado no le era atribuible, toda vez que
todas sus actuaciones y decisiones se adelantaron y adoptaron en cumplimiento de
las facultades que constitucional y legalmente le habían sido conferidas. Formuló
como excepciones las que denominó “inexistencia de responsabilidad del Estado”,
“inexistencia de culpa” y “culpa exclusiva de la víctima”.
3. Alegatos de conclusión en primera instancia
El 21 de marzo de 20175 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
3.1. La demandante6 reiteró los argumentos expuestos en el escrito de la demanda.
3.2. La Superintendencia de Sociedades y el Ministerio Público guardaron silencio.
4. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 9 de agosto de 20177, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda, al constatar que el daño
alegado por el extremo activo no revestía el carácter de antijurídico, toda vez que
las medidas adoptadas con ocasión de la intervención administrativa de la que
había sido objeto la sociedad COLEXCELSOS S.A., eran una carga que estaba en
la obligación jurídica de soportar. Por otra parte, el a quo no se pronunció respecto
3 Fl. 29 a 30, C.1.
4 Fl. 40 a 61, C.1.
5 Fl. 450 a 451, C.2.
6 Fl. 455 a 476, C.2.
7 Fl. 485 a 497, C.4.
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Demandante: Cafés Especiales de Colombia CEC Ltda.
al error jurisdiccional en que, a juicio de la sociedad demandante, habría incurrido
la Superintendencia de Sociedades al “expedir sus providencias”.
Al respecto, la sentencia señaló: “[…] el daño alegado por la sociedad demandante,
a saber, la toma de posesión por parte de la Superintendencia de Sociedades, es
una carga que se encontraba en la obligación de soportar. Así, el daño reclamado
por Cafés Especiales de Colombia CEC Ltda., con ocasión al trámite de intervención
adelantado por la Superintendencia de Sociedades en contra de una pluralidad de
sociedades y personas naturales, no se torna antijurídico, pues constituye una
lesión que estaba obligada a soportar, más aún si su actividad comercial se
ejecutaba en el domicilio de la sociedad intervenida”.
5. Recurso de apelación
El 28 de agosto de 20178, la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual
fue concedido el 22 de mayo de 20189 y admitido el 13 de agosto siguiente10.
5.1. El extremo activo11 argumentó que el daño alegado era atribuible a la
demandada, toda vez que en virtud del proceso de intervención administrativa
adelantado contra COLEXCELSOS S.A., el 16 de marzo de 2010 funcionarios de
dicha entidad irrumpieron arbitrariamente en la oficina que le tenía arrendada y le
impidieron continuar con su uso. Afirmó que la Superintendencia de Sociedades
haciendo uso de su posición dominante, procedió a cambiar las guardas de
seguridad de las puertas de acceso a la oficina y desalojó a su representante legal
y a los vendedores que la acompañaban, constituyendo así una vía de hecho.
Textualmente expuso: “[…] el 16 de marzo de 2010, delegados de la
Superintendencia de Sociedades irrumpieron arbitrariamente en las oficinas de CEC
Ltda., ubicadas en un complejo empresarial en la Calle 113 No. 7 – 21 de Bogotá;
llegaron a la oficina 911 los desalojaron quitándole la tenencia de la misma, los
bienes y el propio establecimiento de comercio. En el entretanto se procedió a
8 Fl. 499 a 505, C.4.
9 Fl. 506, C.4.
10 Fl. 511, C.4.
11 Fl. 499 a 505, C.4.
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Demandante: Cafés Especiales de Colombia CEC Ltda.
cambiar las guardas de la puerta de acceso a la oficina de CEC Ltda., haciendo uso
de su posición dominante, procedió a desalojar de su empresa a Lina Cardona y a
los vendedores de CEC que la acompañaban, situación de incertidumbre en puso
con su actuar la Superintendencia de Sociedad con aquella vía de hecho”.
6. Alegatos de conclusión en segunda instancia
El 1º de octubre de 201812 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
6.1. La parte demandante13 y la Superintendencia de Sociedades14 reiteraron los
argumentos expuestos en el recurso de apelación y en el trámite de primera
instancia, respectivamente.
6.2. El Ministerio Público guardó silencio.
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra
la sentencia del 9 de agosto de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, puesto que la cuantía supera la exigida15, para que un proceso
adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tenga vocación de doble
instancia ante esta Corporación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3°
de la Ley 1395 de 2010.
2. Acción procedente
La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
12 Fl. 515, C.4.
13 Fl. 544 a 578, C.4.
14 Fl. 517 a 519, C.4.
15 El valor de la pretensión se estima en la suma de $1.020.285.044
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proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el
artículo 8616 del Código Contencioso Administrativo.
En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama
la reparación de un daño por hechos imputables a la Superintendencia de
Sociedades.
3. Vigencia de la acción
Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en
oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo,
resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto se trata de
un presupuesto procesal17.
Así, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico
jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la
protección del interés general18, estableció unos plazos para poder ejercer
16 “Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la
reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o
ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera
otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas
o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor
o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas
por la actuación particular o de otra entidad pública.”
17 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad
de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales.
Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la
caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y
generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter
de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para
declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad, actúa al verificarse el
plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius
cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó
anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la
acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración
alguna”. Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252.
18 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal
a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida
justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener
seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no
concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,
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oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan
ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de
las situaciones que se encontraban pendientes de solución.
El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción19, ofrecer estabilidad del
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.
Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.
La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle
configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna
situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una
limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando
como una sanción ipso iure20 que opera por la falta de actividad oportuna en la
esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser
declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”
19 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a
la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción
necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las
acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para
solidificar el concepto de derechos adquiridos
20 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de
los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes
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puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún
reconocimiento o protección de la justicia21, cuya consecuencia, por demandar más
allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad
potestativa de accionar.
El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de
reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a
partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa
o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena
por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.
De otra parte, La Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera
reiterada, que cuando el daño alegado proviene de un error judicial, el término de
caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente al de la ejecutoria de
la providencia judicial que contiene el aludido yerro22.
En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo,
dentro del término de dos (2) años para el vencimiento de la acción, frente a la falla
alegada, teniendo en cuenta: i) que existe certeza que la sociedad demandante tuvo
conocimiento del hecho dañoso el 16 de marzo de 2010, día en que funcionarios de
la Superintendencia de Sociedades adelantaron la diligencia de toma de posesión
del inmueble identificado con el folio de matrícula No. 50N – 20277234, el cual tenía
arrendado (hecho probado 7.1.6.); ii) que el 12 de marzo de 2012 la parte
accionante presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 142
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en
tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es
así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no
admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto
procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
21 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados
por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.
22 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 23 de junio de 2010, Rad: 17493; Auto del 9
de mayo de 2011, Rad.: 40.196; Sentencia del 27 de enero de 2012, Rad: 22.205.
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Radicado: 25000232600020120070301 (61893)
Demandante: Cafés Especiales de Colombia CEC Ltda.
Judicial II ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca23, la cual se declaró
fallida el 7 de abril de esa anualidad24; y iii) que la demanda se presentó el 23 de
abril de 201225.
Por otra parte, respecto al cargo de error jurisdiccional invocado por el extremo
activo, pues estimó que la Superintendencia de Sociedades “incurrió en un error
judicial al expedir sus providencias”, es pertinente resaltar que si bien en el escrito
de la demanda no se indicó cuales fueron las providencias acusadas, ni tampoco se
precisó el fundamento sobre el cual se esgrimió la pretensión resarcitoria por un
yerro judicial, lo cierto es que esta Corporación ha indicado que si el afectado con
la decisión judicial no era parte de la causa donde se cometió el presunto error
judicial, el término de caducidad sólo comenzará a contarse a partir desde que el
perjudicado conoció de la decisión cuestionada26.
Así las cosas, se infiere que el derecho de accionar frente al error jurisdiccional
alegado sobre las presuntas providencias proferidas por la Superintendencia de
Sociedad se ejerció en tiempo, pues i) el 16 de marzo de 2010, día en que se llevó
a cabo la diligencia de toma de posesión, la sociedad conoció materialmente las
providencias que a su juicio, le causaron un daño antijurídico; ii) que el 12 de marzo
de 2012 la parte accionante presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante la
Procuraduría 142 Judicial II ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca 27, la
cual se declaró fallida el 17 de abril de esa anualidad28; y iii) que la demanda se
presentó el 23 de abril de 201229.
4. Legitimación en la causa
Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
23 Fl. 5, C.3.
24 Ibídem.
25 Fl. 2 a 26, C.1.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.
Sentencia del 1º de noviembre de 2023, Rad.: 46750.
27 Fl. 5, C.3.
28 Ibídem.
29 Fl. 2 a 26, C.1.
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Demandante: Cafés Especiales de Colombia CEC Ltda.
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis30.
4.1. CEC Ltda. es la persona jurídica sobre quien recae el interés jurídico que se
debate en este proceso y está legitimada en la causa por activa, pues se acreditó
que para el 16 de marzo de 2010, día en que la Superintendencia de Sociedades
adelantó la diligencia de toma de posesión de bienes, haberes, negocios y
establecimientos de comercio pertenecientes a COLEXCELSOS S.A., dicha
sociedad era arrendataria de un inmueble de su propiedad, identificado con el folio
de matrícula No. 50N – 20277234 (hecho probado 7.1.4), el cual fue objeto de la
referida medida de intervención cautelar.
4.2. La Superintendencia de Sociedades está legitimada en la causa por pasiva,
puesto que tiene personalidad jurídica propia, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 1º del Decreto 1023 de 201231 y es la entidad que adelantó la diligencia
de toma de posesión de bienes, haberes, negocios y establecimiento de comercio
de propiedad de COLEXCELSOS S.A. (hecho probado 7.1.6), frente a lo cual se
alega la causación de un daño antijurídico por parte de quien para el 16 de marzo
de 2010 fuese su arrendataria. Además,
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si la demandante sufrió un daño antijurídico
consistente en la lesión injustificada al debido proceso, derecho de defensa y a la
propiedad privada, producto de la medida de intervención cautelar decretada por la
Superintendencia de Sociedades sobre el inmueble cuya tenencia tenía en virtud de
un contrato de arrendamiento.
30 Frente al tema, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “la legitimación en la causa
corresponde a un presupuesto procesal de la acción (y no de la pretensión) y, por lo tanto, debe
analizarse de oficio y de manera previa a la decisión de fondo de la litis. En consecuencia, la ausencia
de legitimación material en la causa tanto activa como pasiva impide adentrarse en el fondo del
caso”. Consejo de Estado, Sentencia del 28 de abril de 2021. Rad.: 48436. En igual sentido, ver
sentencia del Consejo de Estado del 8 de octubre de 2020, Rad.: 1760-18. Sentencia del 25 de julio
de 2019, Rad.: 54527 y auto del 10 de septiembre de 2020, Rad.: 0736-18.
31 “Artículo 1º: La Superintendencia de Sociedades es un organismo técnico, adscrito al Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio
propio, mediante el cual el Presidente de la República ejerce la inspección, vigilancia y control de las
sociedades mercantiles, así como las facultades que le señale la ley en relación con otros entes,
personas jurídicas y personas naturales”.
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Radicado: 25000232600020120070301 (61893)
Demandante: Cafés Especiales de Colombia CEC Ltda.
6. Solución al problema jurídico
Antes de entrar a resolver el problema jurídico que se ha planteado es conveniente
hacer unas consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado y frente
a las facultades jurisdiccionales de la Superintendencia de Sociedades.
6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado
El artículo 90 de la Constitución Política de 199132 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.
El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el
ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la
ley o el derecho33, que contraría el orden legal34 o que está desprovista de una
causa que la justifique35, resultado que se produce sin derecho al contrastar con las
normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o
protegida36, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto
resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor
patrimonial que sufre. Reductivamente, se dice que daño antijurídico es aquel que
la persona no tiene el deber jurídico de soportar, descripción que sin embargo ilustra
el fenómeno lesivo indemnizable, pero que resulta insuficiente para explicarlo
integralmente.
La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño
antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo y que comprende los daños
causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo de ella,
32 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia
de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.
33 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945
34 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez
Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.
35 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499;
Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.
36 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva
Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.
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de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han desarrollado para
ello, principalmente por la doctrina, y que han sido acogidos y aplicados por la
jurisprudencia, como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio, con el
desequilibrio de las cargas públicas, con el riesgo excepcional y con el daño
especial, entre otros37.
Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.
6.2. Facultades jurisdiccionales de la Superintendencia de Sociedades
Las superintendencias son organismos administrativos del orden nacional que con
la autonomía administrativa y fiscal que señala la ley ejercen funciones de
inspección y vigilancia.
Además de estas funciones, algunas superintendencias, como es el caso de la
Superintendencia de Sociedades, están autorizadas para ejercer facultades
jurisdiccionales. Ello, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3° del artículo
116 de la Constitución Política. En efecto, el artículo referido, luego de señalar que
la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el
Consejo Superior de la Judicatura38, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales,
los Jueces y la Justicia Penal Militar administran justicia, prevé que
“[e]xcepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas
a determinadas autoridades administrativas”, advirtiendo que “[s]in embargo no les
será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos”.
En desarrollo de esta autorización constitucional, el legislador, mediante la Ley 446
de 1998, atribuyó a la Superintendencia de Sociedades el ejercicio de funciones
jurisdiccionales: i) en materias de reconocimiento de los presupuestos de ineficacia,
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C,
sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386.
38
Sustituida la expresión “Consejo Superior de la Judicatura” por la de “Comisión Nacional de
Disciplina Judicial”, por el artículo 26 del Acto Legislativo 02 de 2015.
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de conformidad con los artículos 133 de la Ley 446 y 76 de la Ley 1116 de 2006 39;
ii) para la designación de peritos, si con ocasión del reembolso de aportes en los
casos previstos en la ley o del ejercicio del derecho de preferencia en la negociación
de acciones, cuotas sociales o partes de interés surgen discrepancias entre los
asociados, o entre éstos y la sociedad respecto al valor de las misma, según
establece el artículo 136 de la Ley 446 de 1998; iii) para conocer de la impugnación
de actas o decisiones de asambleas de accionistas o juntas de socios o de juntas
directivas de sociedades vigiladas, con aplicación del trámite previsto para el
proceso verbal sumario, de acuerdo al artículo 137 de la Ley 446 de 1998 cuyo texto
fue derogado por el artículo 626 literal c) de la Ley 1564 de julio 12 de 2012 40; iv)
con el fin de dirimir discrepancias sobre la ocurrencia de causales de disolución de
sociedades no sometidas a vigilancia y control, o que estándolo, la entidad
respectiva no tenga esa facultad, contenido en el artículo 138 de la Ley 446 de 1998;
y v) para conocer del proceso de insolvencia, al tenor de lo dispuesto en el artículo
6º de la Ley 1116 de 2006 y de las Acciones de Revocatoria y de Simulación
desarrolladas en la misma.
Ahora bien, en la sentencia C-1641 de 200041 la Corte Constitucional declaró
exequible los artículos de la Ley 446 de 1998 que otorgaron facultades
jurisdiccionales a la Superintendencia de Sociedades considerando al efecto lo
siguiente:
“[…] La Constitución señala que en principio corresponde a las autoridades judiciales
ejercer las funciones judiciales, pero autoriza a la ley para que excepcionalmente y
en materias precisas confiera a las autoridades administrativas el ejercicio de una
función de esta naturaleza, siempre y cuando no se trate de adelantar la instrucción
de sumarios ni de juzgar delitos (CP art. 116). En ocasiones anteriores, esta Corte
Constitucional ha indicado hasta donde puede la ley conferir esas atribuciones a las
autoridades administrativas, análisis que se sintetiza a continuación.
En primer término, es claro que este ejercicio jurisdiccional por autoridades no
judiciales representa una excepción al reparto general de funciones entre las ramas
del poder, por lo cual "su alcance es restrictivo: únicamente pueden administrar
justicia aquellas autoridades administrativas determinadas de manera expresa por la
ley, la cual debe indicar las materias precisas respecto de las cuales ello es posible".
Sin embargo, en segundo término, esta Corte ha precisado que ese carácter
39 “Por la cual se establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia y
se dictan otras disposiciones.”
40 Ley 1564 de julio 12 de 2012 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se
dictan otras disposiciones”
41 Corte Constitucional, sentencia C-1641 del 29 de noviembre de 2000
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excepcional no significa que a las autoridades administrativas no se les puedan
atribuir funciones jurisdiccionales permanentes, pues lo excepcional no es "aquello
que no reviste el carácter de permanente" sino aquello que constituye una excepción
de la regla común. Por ende, si "la regla común es el ejercicio de funciones
administrativas por parte de las superintendencias, por lo cual la ejecución de
funciones jurisdiccionales es excepcional. Lo que el constituyente quiso fue esta
excepcionalidad, no la transitoriedad de dicho ejercicio. Si hubiera querido autorizar
sólo el ejercicio transitorio, así lo habría dicho". En tercer término, la Carta señala
campos en donde no es posible conferir atribuciones jurisdiccionales a las autoridades
administrativas pues establece que éstas no podrán instruir sumarios ni juzgar delitos.
Por consiguiente, con base en esos criterios, la Corte ya había admitido que la ley
confiriera funciones judiciales a las superintendencias. Así, la sentencia C-592 de
1992 declaró la constitucionalidad del artículo 32 del Decreto 2651 de 1991, que
establecía que los jueces que estén conociendo de las objeciones presentadas en los
concordatos preventivos obligatorios iniciados con anterioridad a la vigencia del
Decreto 350 de 1989, remitirán el expediente que contiene de la actuación al
Superintendente de Sociedades, a efecto de que éste resuelva tales objeciones.
Consideró entonces esta Corporación que esa norma "se encuadra en la tendencia
legislativa de los últimos años, recogida por el constituyente según señalamiento
anterior, de transferir decisiones a autoridades no judiciales, como superintendencias,
notarías e inspecciones de policía, lo que permite una mayor eficiencia del también
principio fundamental del régimen político, complementario del de la división de
poderes, de la colaboración de los mismos, o de la unidad funcional del Estado". Por
su parte la sentencia C-384 de 2000, MP Vladimiro Naranjo Mesa, declaró la
constitucionalidad del inciso tercero del artículo 52 de la Ley 510 de 1999, según el
cual, los actos dictados por las Superintendencias en uso de sus facultades
jurisdiccionales no tendrán acción o recurso alguno ante las autoridades judiciales,
pero, la decisión por la cual las entidades se declaren incompetentes y la del fallo
definitivo, serán apelables ante las mismas. La Corte consideró que esa atribución de
funciones jurisdiccionales a las superintendencias se ajustaba a los requerimientos
que establece el artículo 116 de la Carta sobre esta materia […]”.
Asimismo, mediante sentencia C 1071 de 2002, esa misma Corporación señaló que
el ejercicio simultáneo de funciones administrativas y judiciales por parte de las
Superintendencias no era incompatible. Al efecto dijo lo siguiente:
“[…] Un primer acercamiento parece llevar a la conclusión que la norma acusada se
ajusta a la jurisprudencia de esta Corporación. Así, no sólo explícitamente esta
disposición confiere funciones judiciales a una superintendencia, a las cuales la
Carta les reconoce la posibilidad de ejercer esas atribuciones. Además, esas
funciones no recaen en ninguna de las áreas prohibidas por la Carta para que las
autoridades administrativas ejerzan funciones judiciales, por cuanto no se trata de
que esas entidades instruyan sumarios o juzguen delitos.
(…)
Una interpretación constitucional sistemática del artículo 116 de la Constitución,
que permite que algunas autoridades administrativas ejerzan funciones judiciales,
lleva a la conclusión de que para que un funcionario administrativo pueda ejercer
funciones jurisdiccionales debe contar con ciertos atributos que son exigidos a los
jueces en general: el haber sido asignado por la ley para conocer de asuntos
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delimitados por ella misma con anterioridad a los hechos que deba conocer, y
contar con independencia e imparcialidad. En efecto, la Carta es clara en señalar
que las decisiones de la justicia son independientes (CP art. 228), y las normas
internacionales de derechos humanos, conforme a las cuales se deben interpretar
los derechos constitucionales (CP art. 93), indican que toda persona tiene derecho
a ser oída, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, para la
determinación de sus derechos y obligaciones (art. 8.1 Convención Interamericana
y art. 14-1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos).
En tales condiciones, es necesario armonizar la posibilidad que confiere el artículo
116 de la Carta de otorgar funciones judiciales a las autoridades administrativas
con los requisitos de imparcialidad, predeterminación e independencia que deben
tener quienes ejercen funciones jurisdiccionales42. De ello se concluye que las
autoridades administrativas pueden tener atribuciones judiciales otorgadas por la
ley, siempre y cuando los funcionarios que ejercen concretamente esas
competencias se encuentren previamente determinados en la ley y gocen de la
independencia e imparcialidad propias de quien ejercita una función judicial.
La anterior doctrina no implica que el ejercicio simultáneo de funciones
administrativas y judiciales por parte de las Superintendencias sea incompatible. La
simultaneidad es admisible si no son lesionados los derechos de los sujetos
procesales ni se compromete la imparcialidad del funcionario que está
administrando justicia. Así, la sentencia C-1641 de 2000 estableció que "bien puede
la ley atribuir funciones judiciales a las Superintendencias, tal y como lo hacen las
disposiciones acusadas.” Con todo, en algunos casos el “ejercicio de esas
competencias judiciales por esas entidades es susceptible de desconocer el debido
proceso, pues si el funcionario que debe decidir judicialmente un asunto en esa
entidad se encuentra sometido a instrucciones al respecto por sus superiores, o
tuvo que ver previamente con la materia sujeta a controversia, es obvio que no
reúne la independencia y la imparcialidad que tiene que tener toda persona que
ejerza una función jurisdiccional en un Estado de derecho (CP art. 228)." 43
Ahora bien, el Decreto 4334 de 200844 estableció a cargo de la Superintendencia
de Sociedades un procedimiento especial de única instancia y con carácter
jurisdiccional, destinado a suspender de manera inmediata las operaciones o
negocios que, a través de captaciones o recaudos no autorizados, infringieran la
actividad financiera irregularmente.
Justamente, el legislador previó a través del artículo 3 de dicha normativa que “[…]
el procedimiento de intervención administrativa se sujetará exclusivamente a
las reglas especiales que establece el precedente decreto y, en lo no previsto, el
Código Contencioso Administrativo. Las decisiones de toma de posesión para
devolver que se adopten en desarrollo del procedimiento de intervención
42 Cfr. sentencias C-1641 de 2000, fundamentos 18 y 19, C-649 de 2001 y C-415 de 2002.
43 En el mismo sentido se pronunció la Corte en la sentencia C-1143 de 2000
44 Por el cual se expidió un procedimiento de intervención administrativa en desarrollo del Decreto
4333 de 2008
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tendrán efectos de cosa juzgada erga omnes, en única instancia, con carácter
jurisdiccional”.
Por demás, mediante sentencia C 145 de 2009 la Corte Constitucional declaró la
exequibilidad de las atribuciones jurisdiccionales otorgadas a la Superintendencia
de Sociedades en virtud del referido Decreto, al constatar que dichas facultades
judiciales "[…] armonizan con la materialidad de los asuntos de los que debe
ocuparse en desarrollo de la función de intervención, en particular la toma de
posesión, que puede suscitar verdaderos conflictos de intereses con eventuales
efectos jurídicos en otros procesos judiciales, dado que en el contexto del Decreto
4334 de 2008 esa medida tiene por finalidad asumir la administración de la
intervenida para devolver los dineros captados irregularmente del público,
adoptando decisiones para cumplir con ese objetivo, los cuales, por su naturaleza
jurisdiccional, escapan al ámbito de control de la justicia contencioso administrativa”.
En suma, la Superintendencia de Sociedades excepcionalmente ejerce funciones
jurisdiccionales como acontece en el caso del procedimiento de intervención de
“toma de posesión para devolver las sumas de dinero aprehendidas o recuperadas”,
donde las decisiones que adopta tienen efectos de cosa juzgada erga omnes, en
única instancia, con carácter jurisdiccional.
7. El caso concreto
En el recurso de apelación presentado contra la sentencia del 9 de agosto de 2017,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las
pretensiones de la demanda, el extremo activo argumentó que el daño alegado era
atribuible a la demandada, toda vez que en virtud del proceso de intervención
administrativa adelantado contra COLEXCELSOS S.A., el 16 de marzo de 2010
funcionarios de dicha entidad irrumpieron arbitrariamente en la oficina que le tenía
arrendada y le impidieron continuar con su uso. Afirmó que la Superintendencia de
Sociedades haciendo uso de su posición dominante, procedió a cambiar las guardas
de seguridad de las puertas de acceso a la oficina y desalojó a su representante
legal y a los vendedores que la acompañaban, constituyendo así una vía de hecho.
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En este sentido, y comoquiera que sólo la parte demandante presentó recurso de
apelación contra el fallo del 9 de agosto de 2017, proferido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 357
del Código de Procedimiento Civil, únicamente se resolverán aquellos reparos
concretos formulados por la sociedad accionante en el recurso presentado45.
Al efecto, es pertinente resaltar que sobre la competencia del ad quem con ocasión
del recurso de apelación, la Sala Plena de esta Sección, mediante sentencia del 9
de febrero de 201246, unificó su jurisprudencia refiriendo que el mencionado recurso
se encuentra sujeto o limitado a los argumentos planteados por el recurrente y que,
por tal motivo, toda inconformidad con lo resuelto por el a quo que no se alegue en
la alzada, está llamada a excluirse del debate de segunda instancia en virtud del
principio dispositivo y de congruencia.
En vista de lo expuesto, a continuación, se analizará exclusivamente si la
Superintendencia de Sociedades es patrimonialmente responsable por el
“descuidado y arbitrario” desalojo del establecimiento de comercio de la
demandante, así como por el despojo de los bienes que allí se encontraban,
ocurrido el 16 de marzo de 2010. No se analizarán los presuntos errores
jurisdiccionales en que pudo incurrir la Superintendencia de Sociedades, toda vez
que no se concretó la providencia que pudo adolecerlos ni qué los fundamentó y
además, porque no fue un cargo expuesto en el recurso de apelación, lo cual denota
que el extremo activo en este aspecto quedó conforme con lo resuelto en el trámite
de primera instancia.
Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si los elementos que estructuran la responsabilidad del
Estado se encuentran acreditados.
45
“Artículo 357. Competencia del Superior. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable
al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto
del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos
íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […] Cuando se hubiere
apelado de una sentencia inhibitoria y la revocare el superior, éste deberá proferir decisión de mérito
aun cuando fuere desfavorable al apelante.”
46 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 9 de febrero de 2012, Rad.: 21060.
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7.1. Hechos probados
Antes de señalar cuáles son los hechos que se encuentran probados en el
expediente, es menester poner de presente que a las fotografías aportadas por la
parte demandante47 se les dará el valor correspondiente, según criterio uniforme de
esta Sala48, conforme al artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, esto es,
teniendo en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que fueron
tomadas, de manera que permitan dar certeza de los hechos que pretenden
acreditar. Sin embargo, dadas las condiciones en que el material fotográfico fue
presentado al plenario, se advierte que no ofrece certeza sobre la persona que lo
realizó, ni tampoco de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que éste
fue realizado, pues la imágenes fotográficas carecen de georreferenciación y de
otros datos que indiquen el momento, lugar y tiempo en que se efectuaron, así como
si corresponden al lugar en donde ocurrieron los hechos que aquí se debaten o a
las condiciones de tiempo en que los hechos que pretenden informar sucedieron o
en el que tal documentación fue producida. Por ello, a estas imágenes no se les
otorgará mérito probatorio en el caso de marras.
Asimismo, se advierte que, aunque en el expediente obra la declaración rendida por
Lina Cecilia Cardona Pérez, represente legal de la sociedad CEC Ltda., lo cierto es
que a la misma no podrá dársele valor probatorio, pues ésta no cumple con las
formalidades que para la recepción de este tipo de declaraciones establece el
artículo 195 del Código de Procedimiento Civil. De hecho, su dicho no produce
consecuencias jurídicas adversas a la parte que integra, ni favorece a la parte
demandada, razón por la cual no tiene el alcance de confesión. Justamente, dicha
declaración proviene de la parte que integra el extremo activo de la litis y puede ser
valorada únicamente en aquello que produzca consecuencias jurídicas adversas o
que favorezca a la parte contraria, de conformidad con lo dispuesto en el numeral
47 1 a 11, C.3.
48 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 28 de agosto
de 2014, Rad. 28.832.
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2º del artículo 195 del CPC49. Sin embargo, como en este caso lo dicho por esta
declarante no ofrece una verdadera confesión de hechos que produzcan
consecuencias jurídicas adversas a la parte que integran, no podrá otorgársele valor
probatorio.
Así pues, se evidencia que, de conformidad con los medios probatorios allegado
oportuna y válidamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:
7.1.1. Se demostró que mediante escritura pública No. 3198 del 8 de junio de 1987
otorgada por la Notaría 1ª del Círculo de Bogotá se constituyó la sociedad
COLEXCELSOS S.A. De esta información da cuenta el respectivo certificado de
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá50.
7.1.2. Se acreditó que, el 6 de septiembre de 2000, COLEXCELSOS S.A. adquirió
la propiedad del inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 50N
– 20277234, ubicado en la Calle 113 No. 7 – 41 de Bogotá D.C. De esta información
da cuenta el correspondiente certificado de tradición y libertad del referido
inmueble51.
7.1.3. Se probó que mediante escritura pública No. 0000518 del 1º de marzo de
2004 otorgada por la Notaría 25 del Círculo de Bogotá se constituyó la sociedad
CEC Ltda. De esta información da cuenta el respectivo certificado de existencia y
representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá52.
7.1.4. Se acreditó que el 30 de octubre de 2009, las sociedades COLEXCELSOS
S.A. y CEC Ltda., suscribieron un contrato de arrendamiento, mediante el cual la
primera concedió a la segunda el uso del inmueble identificado con el folio de
49 Artículo 195: “Requisitos de la confesión. La confesión requiere: 1. Que el confesante tenga
capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el derecho que resulte de lo confesado; 2. Que
verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan
a la parte contraria; 3. Que recaiga sobre hechos respectos de los cuales la ley no exija otro medio
de prueba; 4. Que sea expresa, consciente y libre; 5. Que verse sobre hechos personales del
confesante o de que tenga conocimiento; y 6. Que se encuentre debidamente probado, si fuere
extrajudicial o judicial trasladada”.
50 Fl. 161 a 164, C.4.
51 Fl. 123 a 125, C.1.
52 Fl. 1 a 3, C.7.
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matrícula No. 50N – 20277234, a cambio del pago de un canon mensual.53. De esta
información da cuenta copia auténtica del referido documento54.
7.1.5. Consta que mediante Resolución No. 1886 del 10 de diciembre de 2009, la
Delegada Adjunta para la Supervisión Institucional de la Superintendencia de
Sociedades ordenó la intervención administrativa y toma de posesión de bienes,
haberes, negocios y establecimientos de comercio de la sociedad COLEXCELSOS
S.A., la cual presuntamente realizaba operaciones de captación y recaudo de dinero
al público sin autorización. De esta información da cuenta copia auténtica del
referido proveído55. El fundamento de la decisión fue el siguiente:
“[…] una vez analizadas las operaciones que conoció esta Superintendencia y que
fueron adelantadas por la sociedad, se pudieron establecer los siguientes hechos
objetivos y notorios de captación o recaudo no autorizado de dinero al público: i)
contratos suscritos entre Enlace de Negocios Ltda. y CI ECO CAFÉ S.A. (hoy
COEXCELSOS); ii) actividades de recaudo no autorizado de dineros al público
desarrolladas por la sociedad; iii) operaciones realizadas en virtud de contratos de
ofertas de cesión de derechos económicos con pacto de readquisición; v) recaudo no
autorizado por contratos denominados ofertas de cesión de derechos económicos con
pacto de readquisición y, v) pasivo compuesto por obligaciones con más de veinte
(20) personas o más de cincuenta (50) obligaciones.”
7.1.6. Se demostró que el 16 de marzo de 2010, funcionarios de la Superintendencia
de Sociedades adelantaron una diligencia en la que tomaron posesión del inmueble
perteneciente a COLEXCELSOS S.A y arrendado por CEC Ltda. En ésta impusieron
sellos de cerramiento y cambiaron las guardas de seguridad del inmueble. De esta
información da cuenta copia auténtica del acta de dicha diligencia56. En este
documento se lee lo siguiente:
“[…] A los 16 días del mes de marzo de dos mil diez (2010), encontrándose presente
por una parte el doctor Edgar Sánchez García, mayor de edad, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 79.331.389 de Bogotá y domiciliado en Bogotá, en su
calidad de agente interventor y en uso de sus facultades legales, acompañado por
una parte de la doctora Viviana Torres Castañeda, asesora jurídica, por otra parte,
Karime Falla, Liliana Medina, Juana Caicedo y, Diego Ramírez, Claudia Pardo y Ángel
Triana, en representación de la Superintendencia de Sociedades, por medio de la
presente acta se deja constancia de la TOMA DE POSESIÓN del inmueble ubicado
53 La nomenclatura completa del inmueble arrendado es la siguiente: Calle 113 No. 7 – 21, Edificio
Teleport, Torre A, Oficina No. 901.
54 Fl. 53 a 57, C.1.
55 Fl. 44 a 49, C,7.
56 Fl. 4 a 5, C.3.
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en la Calle 113 No. 7 – 41, Torre A, Oficina 911 de la ciudad de Bogotá D.C., donde
fuimos atendidos por Kathy Cifuentes, CC 52.913.110 de Bogotá, inmueble al que se
ingresó de forma libre y espontánea dejando constancia de ello que la presente
diligencia se realizó con pleno conocimiento de los moradores que se encontraban
presentes.
Dentro de la diligencia se presentó la señora Lina Cecilia Cardona Pérez, en calidad
de representante legal de Cafés Especiales de Colombia, quien manifiesta y pone de
presente el contrato de arrendamiento con fecha de 30 de octubre de 2009.
Se procedió a hacer un registro y al hacer la inspección, se procedió a la imposición
de sellos y al cambio de las guardas de seguridad.
Se deja constancia que las señoras Lina Cecilia Cardona Pérez y Katty Cifuentes
sacaron sus elementos personales e igualmente, se encuentran 2 cajas con
documentos en general”
7.2. Análisis de los elementos de la responsabilidad del Estado
En aras de resolver los cargos invocados en los recursos de apelación, la Sala
analizará de forma ordenada cada uno de los elementos de la responsabilidad
patrimonial del Estado, ya que la configuración de dicho instituto jurídico depende
de la sumatoria de los componentes que lo conforman. Por lo anterior, se hace
necesario abordar dichos elementos de la siguiente manera: i) el daño antijurídico y
ii) su imputación frente al Estado.
Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende
a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia del daño como elemento
esencial del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de toda
utilidad, ya que aún ante su existencia, no será posible declarar responsabilidad
patrimonial de la Administración57-58.
57 Sobre este aspecto Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.
Sentencias del 13 de agosto de 2008, Rad. 16516; 6 de junio de 2012, Rad. 24633; 5 de marzo de
2020, Rad. 50264.
58 Frente a la existencia del daño como elemento de la responsabilidad, la Corte Suprema de Justicia
considera lo siguiente: “cabe afirmar que dentro del concepto y la configuración de la responsabilidad
civil, es el daño un elemento primordial y el único común a todas las circunstancias, cuya
trascendencia fija el ordenamiento. De ahí que no se dé responsabilidad sin daño demostrado, y que
el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto teórica como empírica, sea la
enunciación, establecimiento y determinación de aquel, ante cuy falta resulta inoficiosa cualquier
acción indemnizatoria”. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 4 de abril
de 1968. Por su parte, el profesor Fernando Hinestrosa expresa sobre este particular lo siguiente:
“La responsabilidad, entendida latamente como la obligación de resarcir daños y perjuicios, parte de
un dato imprescindible: el daño. La presencia de un quebranto, independientemente del esmero en
su definición y de la exigencia de actualidad o consolidación de él, o de su certidumbre o su
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7.2.1. El daño antijurídico
El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el
ordenamiento; es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho, que
contraría el orden legal o que está desprovista de una causa que la justifique,
violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta
contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor
patrimonial que sufre. Reductivamente, se dice que daño antijurídico es aquel que
la persona no tiene el deber jurídico de soportar, descripción que sin embargo ilustra
el fenómeno lesivo indemnizable, pero que resulta insuficiente para explicarlo
integralmente.
En el caso sub examine se tiene que el daño alegado consiste en la lesión
injustificada al debido proceso y a la propiedad privada, producto de la medida de
intervención cautelar decretada por la Superintendencia de Sociedades sobre el
inmueble identificado con el folio de matrícula No. 50N – 20277234, cuya tenencia
tenía la sociedad CEC Ltda., en virtud del contrato de arrendamiento celebrado el
30 de octubre de 2009.
Así pues, según los hechos probados y la declaración de parte atrás referida, está
probado que el 30 de octubre de 2009 la sociedad COLEXCELSOS S.A. arrendó a
CEC Ltda. el inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 50N –
20277234 (hecho probado 7.1.4). Adicionalmente, se probó que mediante
Resolución No. 1886 del 10 de diciembre de 2009, la Delegada Adjunta para la
Supervisión Institucional de la Superintendencia de Sociedades ordenó la
intervención administrativa y toma de posesión de bienes, haberes, negocios y
establecimientos pertenecientes a la sociedad COLEXCELSOS S.A., la cual
presuntamente realizaba operaciones de captación y recaudo de dinero al público
sin autorización (hecho probado 7.1.5), situación que motivó que el 16 de marzo
siguiente, funcionarios de la mentada entidad tomaran posesión del citado inmueble,
advenimiento más o menos probable. En ausencia de daño no hay obligación, y el aserto, por demás
obvio, pone de presente el carácter estrictamente resarcitorio de la responsabilidad en el derecho de
tradición romanista.” Hinestrosa, Fernando., “Devenir del derecho de daños”, Revista de Derecho
Privado, Universidad Externado de Colombia, n.º 32, enero-junio de 2017, 5-26. Pág. 6.
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impusieran sellos de cerramiento y cambiaran sus guardas de seguridad (hecho
probado 7.1.6.).
Visto lo anterior, es menester poner de presente que el artículo 1º del Decreto – Ley
4334 de 200859 señala que el Gobierno Nacional interviene “[…] por conducto de la
Superintendencia de Sociedades, de oficio o a solicitud de la Superintendencia
Financiera, en los negocios, operaciones y patrimonio de las personas naturales o
jurídicas que desarrollan o participan en la actividad financiera sin la debida
autorización estatal, conforme a la ley, para lo cual se le otorgan a dicha
Superintendencia amplias facultades para ordenar la toma de posesión de los
bienes, haberes y negocios de dichas personas, con el objeto de restablecer
y preservar el interés público amenazado. Asimismo, procederá la intervención
del Gobierno Nacional en los términos anteriormente expuestos, cuando dichas
personas realicen operaciones de venta de derechos patrimoniales de contenido
crediticio derivados de operaciones de libranza sin el cumplimiento de los requisitos
legales”.
A su turno, el artículo 2º ibídem señala que la intervención es “[…] el conjunto de
medidas administrativas tendientes, entre otras, a suspender de manera inmediata
las operaciones o negocios de personas naturales o jurídicas que: a) a través de
captaciones o recaudos no autorizados, tales como pirámides, tarjetas prepago,
venta de servicios y otras operaciones y negociaciones masivas, generan abuso del
derecho y fraude a la ley al ejercer la actividad financiera irregular; b) realicen
operaciones de venta de derechos patrimoniales de contenido crediticio derivados
de operaciones de libranza sin el cumplimiento de los requisitos legales. Como
consecuencia de alguna de las anteriores circunstancias, se dispone la organización
de un procedimiento cautelar que permita la pronta devolución de recursos
obtenidos en desarrollo de tales actividades”.
De otra parte, el artículo 3º ejusdem establece que el procedimiento de intervención
administrativa y las decisiones de “toma de posesión para devolver las sumas de
dinero aprehendidas o recuperadas” tendrán: i) efectos de cosa juzgada erga
59 Por el cual se expide un procedimiento de intervención en desarrollo del Decreto 4333 del 17 de
noviembre de 2008.
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omnes, ii) en única instancia y iii) con carácter jurisdiccional. De hecho, este artículo
dispone que “el presente procedimiento de intervención administrativa se sujetará
exclusivamente a las reglas especiales que establece el presente decreto y, en lo
no previsto, el Código Contencioso Administrativo. Las decisiones de toma de
posesión para devolver que se adopten en desarrollo del procedimiento de
intervención tendrán efectos de cosa juzgada erga omnes, en única instancia,
con carácter jurisdiccional”.
Además, el artículo 5º del Decreto – Ley 4334 de 2008 señala que son sujetos de
intervención “[…] las actividades, negocios y operaciones de personas naturales o
jurídicas, nacionales o extranjeras, establecimientos de comercio, sucursales de
sociedades extranjeras, representantes legales, miembros de juntas directivas,
socios, factores, revisores discales, contadores, empresas y demás personas
naturales o jurídicas vinculadas directa o indirectamente, distintos a quienes tienen
exclusivamente como relación con estos negocios el de haber entregado sus
recursos”.
Adicionalmente, el artículo 6º de la precitada normativa reza que “[…] la intervención
se llevará a cabo cuando existan hechos objetivos o notorios que a juicio de la
Superintendencia de Sociedades indiquen la entrega masiva de dineros a personas
naturales o jurídicas, directamente o a través de intermediarios, mediante la
modalidad de operaciones no autorizadas tales como pirámides, tarjetas prepago,
venta de servicios y otras operaciones semejantes a cambio de bienes, servicios o
rendimientos sin explicación financiera razonable. Asimismo, procederá la
intervención del Gobierno Nacional en los términos anteriormente expuestos,
cuando existan hechos objetivos o notorios que a juicio de la Superintendencia de
Sociedades indiquen la realización de operaciones de venta de derechos
patrimoniales de contenido crediticio derivados de operaciones de libranza sin el
cumplimiento de requisitos legales”.
En un mismo sentido, el artículo 7º de la pluricitada disposición establece que la
Superintendencia de desarrollo de la intervención administrativa podrá adoptar,
entre otras, las siguientes medidas: “(…) a) La toma de posesión para devolver, de
manera ordenada, las sumas de dinero aprehendidas o recuperadas; b) la
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revocatoria y reconocimiento de ineficacia de actos y negocios jurídicos, celebrados
con antelación a la toma de posesión; c) La devolución de bienes a terceros, no
vinculados a la actividad autorizada (….)”.
Finalmente, el artículo 9º del Decreto – Ley 4334 de 2008 determina que la toma de
posesión para la devolución de las sumas de dinero aprehendidas o recuperadas
conlleva, entre otras, : “[…] 1) El nombramiento de un agente interventor, quien
tendrá a su cargo la representación legal, si se trata de una persona jurídica, o la
administración de los bienes de la persona natural intervenida y la realización de los
actos derivados de la intervención que no estén asignados a otra autoridad; 2) La
remoción de los administradores y revisor fiscal, salvo que en razón de las
circunstancias que dieron lugar a la intervención, la Superintendencia no decida
removerlos; 3) Las medidas cautelares sobre los bienes del sujeto intervenido y la
orden de inscripción de la medida en la Cámara de Comercio del domicilio principal
y de sus sucursales, si las hubiere, respecto de aquellos sujetos a esa formalidad:
[…] 5) La congelación de cualquier activo y cualquier título en instituciones
financieras de la persona intervenida, los cuales quedarán a disposición inmediata
del agente interventor, quien podrá disponer de los mismos para los fines de la
intervención […] 7) La exigibilidad inmediata de los créditos a favor de la persona
intervenida”.
Bajo el anterior contexto, se observa que no existe prueba en el expediente que
permita acreditar, con grado de certeza, que la sociedad demandante sufrió un daño
antijurídico constituido en la lesión injustificada al debido proceso y a la propiedad
privada, producto de la medida de intervención cautelar decretada por la
Superintendencia de Sociedades sobre los bienes, haberes, negocios y
establecimientos de comercio pertenecientes a COEXCELSOS S.A., dentro de los
cuales figuraba el inmueble arrendado atrás referido.
Sobre el particular, es importante señalar que en virtud de lo dispuesto en los
artículos 1º, 3º y 7º del Decreto 4334 de 2004, la Superintendencia de Sociedades
tenía el deber legal de: i) ordenar la intervención administrativa de COEXCELSOS
S.A., pues esa sociedad presuntamente realizaba operaciones de captación y
recaudo de dinero al público sin autorización; y ii) ordenar la toma de posesión de
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sus bienes, haberes y establecimientos de comercio, mientras se determinaba si,
en efecto, sus negocios, operaciones y patrimonio se derivaban de la captación o
recaudo de dinero no autorizado.
Es así, que las actuaciones desplegadas legítimamente por los funcionarios de la
Superintendencia de Sociedades por si mismas no constituyen un daño antijurídico,
pues no se probó que estas obedecieran al capricho y/o que fueran motivadas en
alguna arbitrariedad del funcionario competente que dictó la orden, ni tampoco que
transgredieran los derechos iusfundamentales cuya afectación alegaron los
accionantes en su escrito de demanda.
Es que la Superintendencia de Sociedades tenía la obligación legal de adelantar el
trámite de intervención administrativa sobre los bienes, haberes, negocios y
establecimientos de comercio de propiedad de COEXCELSOS S.A., y ordenar,
además, las medidas de intervención necesarias, mientras se determinaba si,
efectivamente, sus negocios, operaciones y patrimonio se derivaban de la captación
o recaudo de dinero no autorizado, al amparo de lo dispuesto en los artículos 5, 6 y
7 del Decreto 4334 de 2008 (hecho probado 7.1.5.).
Según lo expuesto, en el sub judice ninguna prueba permitió establecer que la
sociedad demandante hubiere sufrido un menoscabo antijurídico, consistente en la
lesión injustificada a los derechos fundamentales al debido proceso y a la propiedad
privada.
Al efecto, se echa de menos que el extremo activo, a través de los diferentes medios
probatorios con los que procesalmente se cuenta en un trámite judicial, tales como
testimonios u otros, hubiere acreditado, con grado de certeza, que las actuaciones
de la Superintendencia de Sociedades obedecieron a una arbitrariedad de sus
funcionarios y/o que en el curso de la diligencia de toma de posesión llevada a cabo
el 16 de marzo de 2010 se hubiere transgredido derecho fundamental alguno.
Así pues, lo probado en el expediente no permitió acreditar la causación de un daño
antijurídico, pues el escaso recaudo probatorio no permitió establecer y/o siquiera
inferir, que la Superintendencia de Sociedades hubiese actuado de forma
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descuidada o arbitraria al realizar la diligencia de toma de posesión del inmueble
donde operaba el establecimiento de comercio de la sociedad accionante.
Finalmente, es pertinente señalar que los medios decretados y practicados en el
proceso, tampoco permitieron establecer que en la diligencia del 10 de marzo de
2010, cuando funcionarios de la Superintendencia de Sociedades tomaron posesión
del inmueble perteneciente a COLEXCELSOS S.A y arrendado por CEC Ltda., y
además impusieron sellos de cerramiento y cambiaron las guardas de seguridad del
citado bien, la representante legal de la sociedad accionante hubiere manifestado
reparo alguno y/o presentado oposición a dicho trámite, que permitiera evidenciar
la vulneración de algún derecho de índole iusfundamental. Por el contrario, se
reitera, lo probado en el presente asunto litigioso permitió determinar con suficiencia
que el procedimiento llevado por la Superintendencia de Sociedad se adelantó en
cumplimiento y estricta observancia de las facultades que legalmente le han sido
conferidas, lo cual, en modo alguno, supondría transgresión alguna al debido
proceso y a la propiedad privada y menos, la causación de un daño antijurídico
susceptible de indemnización.
De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra entonces, que en el presente caso
la parte actora no cumplió con la carga probatoria que le correspondía, teniendo en
cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de
Procedimiento Civil, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, de donde la
antijuricidad del daño que alega requiere de prueba, cuya omisión por la
demandante, a quien corresponde tal onus, impide establecer la existencia de uno
de los elementos estructurales de la responsabilidad, sin el cual, en los términos del
artículo 90 de la Constitución Política, no es posible su declaración.
Por otra parte, en su aspecto sustancial, debemos considerar que la causación de
un daño antijurídico genera la obligación correlativa de indemnizarlo a quien lo
sufre y, como obligación de contenido crediticio de reparación integral del mismo,
su prueba corresponde a quien lo alega y reclama, tal y como se desprende del
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artículo 1757 del Código Civil60; de donde tratándose de la prueba del nacimiento
y existencia de una obligación, es un deber insoslayable del acreedor que solo
excepcionalmente puede suplirse por orden del juez o en virtud de la ley, pues ello
rompe el equilibrio de la relación subyacente a la discusión de la obligación misma.
De conformidad con lo expuesto, la Sala encuentra que en el sub examine no se
configuró un daño antijurídico, como elemento primario y esencial de la
responsabilidad, lo que hace infructuoso el análisis de los demás elementos del
instituto indemnizatorio, pues debe recordarse que la responsabilidad es una
institución de carácter derivado que depende necesariamente de la suma y
presencia condicional de la totalidad de sus elementos y que, ante la ausencia de
alguno de estos, no puede reconocerse la obligación de reparar.
En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia del 9 de agosto de 2017, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones de la
demanda, al constatar que no se probó el daño antijurídico alegado, como principal
elemento de la responsabilidad, sin el cual no es posible estructurar responsabilidad
alguna en contra de la Administración.
8. Condena en costas
No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia una actuación
temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446
de 1998 para que ésta proceda y las mismas no se hallan probadas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
60 “Artículo 1757. Persona con la carga de la prueba. Incumbe probar las obligaciones o su extinción
al que alega aquéllas o ésta.”
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RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del del 9 de agosto de 2017, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la
demanda, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: SIN COSTAS
TERCERO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado Magistrado
VF
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