Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2012-00838-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2012-00838-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2012-00838-01
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
13 de julio de 2022
Radicado: 25000-23-26-000-2012-00838-01 (52089)
Demandante: Yaqueline Rodríguez Espejo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., trece (13) de julio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Reparación directa
Radicación: 25000-23-26-000-2012-00838-01 (52089)
Demandante: Yaqueline Rodríguez Espejo
Demandado: Nación - Rama Judicial
Tema: Responsabilidad del Estado por error judicial. Se confirma la
decisión de negar las pretensiones de la demanda porque el daño
alegado es imputable a la <<culpa de la víctima>>, quien no
adelantó el trámite de cumplimiento ante el juez de tutela para la
debida protección del derecho fundamental vulnerado.
SENTENCIA
Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala
resuelve el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia del 12 de junio de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que declaró probada la excepción de <<culpa exclusiva de la
víctima>> y negó las pretensiones de la demanda.
La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso
de apelación interpuesto en vigencia de la Ley 270 de 1996 contra una sentencia
proferida en primera instancia por un tribunal, dentro de un proceso de reparación
directa por hechos de la administración de justicia.
El recurso de apelación fue admitido mediante providencia del 25 de septiembre
de 2014. En el término de alegatos de conclusión la entidad demandada solicitó
la confirmación de la sentencia. La demandante y el Ministerio Público guardaron
silencio.
I. ANTECEDENTES
A. Posición de la parte demandante
1.- La demanda que dio origen al proceso fue presentada el 18 de mayo de 2012
por Yaqueline Rodríguez Espejo. Se dirigió contra la Nación - Rama Judicial para
obtener la reparación del daño causado por el error judicial contenido en la
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Demandante: Yaqueline Rodríguez Espejo
providencia del 28 de abril de 2011 proferida por el Juzgado Trece Civil del
Circuito de Bogotá. La demandante alegó que la providencia incurrió en indebida
valoración probatoria y desconoció una decisión de la Corte Constitucional.
2.- En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:
<<A. DECLARATIVAS
PRIMERA: Declarar administrativamente responsable a la NACIÓN – RAMA
JUDICIAL de la totalidad de los perjuicios contra el patrimonio económico de mi
representada, derivados del error jurisdiccional contenido en la sentencia
sustitutiva de segunda instancia proferida por el juzgado trece (13) civil del circuito
de Bogotá el 28 de abril de 2011, dentro del radicado 2006-1078.
B. CONDENATORIAS
PRIMERA: Condenar a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL a pagar a la demandante
las siguientes sumas de dinero:
1.- Como daño material, en la modalidad de daño emergente, la suma de
CATORCE MILLONES DE PESOS ($14.000.000), como consecuencia de los
hechos acaecidos el día 5 de septiembre de 2006 en el que el rodante de placa
QHW-193 resultó incinerado dentro del taller SINCRONAUTOS.
2.- Como daño material, en la modalidad de lucro cesante, la suma de
CINCUENTA MIL PESOS ($50.000) diarios, desde la fecha en que se incineró el
rodante (5 de septiembre de 2006).
3.- Indexar las anteriores sumas de dinero las cuales deben ser pagadas en forma
actualizada (…)>>
3.- Las pretensiones de la demanda se fundaron en las siguientes afirmaciones:
3.1.- El 5 de septiembre de 2006 un vehículo de propiedad de la demandante
resultó incinerado en el taller Sincronautos en Bogotá. Ella había ingresado el
vehículo el día anterior para que fuera sincronizado.
3.2.- La demandante inició un proceso de responsabilidad civil extracontractual
contra el dueño del taller. Las pretensiones fueron negadas el 2 de febrero de
2009 por el Juzgado Treinta y Nueve Civil Municipal de Bogotá, decisión que fue
confirmada el 15 de octubre de 2009 por el Juzgado Trece Civil del Circuito de
Bogotá.
3.3.- La demandante presentó acción de tutela contra la decisión del Juzgado
Trece Civil del Circuito de Bogotá para que se protegiera su derecho al debido
proceso. El amparo fue negado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá en decisión del 26 de noviembre de 2009, providencia que fue confirmada
por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 10 de febrero de
2010.
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Demandante: Yaqueline Rodríguez Espejo
3.4.- La Corte Constitucional seleccionó la acción de tutela de la demandante
para revisión. En sentencia T-589 del 26 de julio de 2010 revocó los fallos de
tutela, concedió el amparo al debido proceso, dejó sin efectos la sentencia
proferida el 15 de octubre de 2009 por el Juzgado Trece Civil del Circuito de
Bogotá, y le ordenó que profiriera nueva sentencia.
3.5.- El Juzgado Trece Civil del Circuito de Bogotá profirió una nueva sentencia
el 28 de abril de 2011, en la que negó las pretensiones y confirmó la sentencia
de primera instancia en el proceso ordinario.
3.6.- Según la demandante, la anterior providencia no se ajustó a lo ordenado
por la Corte Constitucional y vulneró el debido proceso porque: (i) no valoró el
certificado de la Cámara de Comercio del taller demandado, del cual se
desprende que se dedicaba a la reparación de automotores; (ii) valoró
indebidamente la prueba testimonial practicada porque los testigos nunca
negaron que en el taller se realizaban actividades peligrosas, y (iii) no tuvo en
cuenta la confesión ficta del demandado a partir de la cual se tomaban por ciertos
los hechos de la demanda que no fueron desvirtuados.
B. Posición de la parte demandada
4.- La Rama Judicial propuso la excepción de <<culpa exclusiva de la víctima>>.
Adujo que la demandante debió iniciar un incidente de desacato contra el fallo
que, en su concepto, se apartó de lo ordenado por la Corte Constitucional.
C. Sentencia recurrida
5.- En sentencia de primera instancia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
encontró configurada la excepción de <<culpa exclusiva de la víctima>>. Precisó
que según la Ley 270 de 1996, esta excepción se configura cuando el
demandante no interpone los recursos de ley. En este caso, la demandante no
presentó el incidente de desacato, que era el recurso con el que contaba para el
cumplimiento del fallo de tutela.
D. Recurso de apelación
6.- La demandante manifiesta que: (i) el incidente de desacato no es un recurso
para revocar una providencia, pues <<atentaría contra la cosa juzgada material
y la seguridad jurídica>>; y (ii) se encuentran configurados los presupuestos del
error judicial.
II. CONSIDERACIONES
E. Asuntos procesales
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Demandante: Yaqueline Rodríguez Espejo
7.- La Sala se pronunciará de fondo porque la acción de reparación directa se
presentó dentro del término de dos años previsto en el artículo 136 del C.C.A.
En efecto, la providencia judicial acusada de incurrir en error judicial es la
sentencia del 28 de abril de 2011 proferida por el Juzgado Trece Civil del Circuito
de Bogotá, la cual quedó ejecutoriada el 12 de mayo de 2011 1. A su turno, la
demanda se presentó el 18 de mayo de 2012.
F. Decisión
8.- La Sala confirmará la sentencia de primera instancia porque, tal y como lo
sostuvo el tribunal, el daño alegado es imputable a la <<culpa de la víctima>>
quien no adelantó el trámite de cumplimiento ante el juez de tutela para la debida
protección del derecho fundamental vulnerado.
9.- Luego de que la Corte Constitucional amparó el derecho de la demandante,
el Juzgado Trece Civil del Circuito de Bogotá profirió nueva sentencia el 28 de
abril de 2011 en la que negó las pretensiones de la demanda a partir de las
siguientes consideraciones: (i) indicó que la inasistencia del demandado al
interrogatorio de parte implicaba tomar por ciertos los hechos de la demanda,
según los cuales en el taller se desarrollaban actividades peligrosas por el uso
de máquinas y combustibles. También estableció que el incendio se causó
porque el dueño del taller no tomó las precauciones para evitar daños; (ii) señaló
que la prueba testimonial2 demostraba que el automotor se encontraba
estacionado, sin que ninguna persona lo estuviere manipulando, pues el
establecimiento estaba cerrado; (iii) estimó desvirtuada la presunción de
confesión ficta y consideró que no se configuraba la actividad peligrosa porque
no existía prueba que indicara que se desplegó alguna <<actividad sobre el
vehículo>>; (iv) concluyó que no se demostró la responsabilidad del demandado,
quien recibió el vehículo para hacerle reparaciones, pero en la mañana siguiente
<<sin mediar manipulación alguna (no existe prueba en contrario) por un corto
circuito (causa probable determinada por los bomberos) se incendió el automotor
(…) no configurándose la culpa como elemento para la determinación de la
responsabilidad>>.
10.- Si la accionante consideraba que la nueva sentencia no seguía los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la sentencia T – 589 de 2010,
debió iniciar el trámite de cumplimiento de la tutela, pues el juez de tutela tiene
competencia, mediante este mecanismo, para darle efectiva protección al
derecho fundamental amparado.
11.- Al respecto, el trámite de cumplimiento de los fallos de tutela puede usarse
de forma simultánea o independiente al incidente de desacato y en aquel el juez
1 F. 127 c.2.
2 Sobre el particular, le restó merito probatorio a los dichos del hijo y esposo de la demandante por ser de
oídas y ser testigos sospechosos y le dio preponderancia a las declaraciones de terceros no vinculados con
las partes quienes manifestaron que el establecimiento estaba cerrado.
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Demandante: Yaqueline Rodríguez Espejo
de tutela cuenta con plenos poderes para la protección del derecho amparado.
La Corte Constitucional indicó lo siguiente en la sentencia T–271 de 2015:
<<El demandante en tutela cuenta con dos mecanismos, que puede utilizar
simultánea o sucesivamente ante el incumplimiento de la orden emitida en el
respectivo fallo. Así, el mencionado decreto [2591 de 1991] faculta al accionante
para pedir el cumplimiento de la orden de tutela a través del denominado “trámite
de cumplimiento” y/o para solicitar por medio del “incidente de desacato” que sea
sancionada la persona que incumple dicha orden>>.
12.- En efecto, el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 señala que el juez
<<mantendrá la competencia hasta que esté completamente restablecido el
derecho o eliminadas las causas de la amenaza>> y que podrá adoptar
<<directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo>>, lo
cual, según la Corte, inclusive abarca la posibilidad de modificar la orden original
(T-086/2003). Al respecto, en sentencia SU-1158 de 2003 la Corte Constitucional
precisó el alcance de las potestades del juez de tutela en el trámite de
cumplimiento:
<<[e]l juez competente debe estar permanentemente alerta para que la orden de
tutela sea cumplida y, aún de oficio, debe emplear todos los mecanismos
necesarios para que el derecho fundamental no sea violado o no se amenace
su violación. Para tal fin, el juez encargado de hacer cumplir la orden de tutela
debe aplicar no solamente el artículo 27 del decreto 2591 de 1991, sino el artículo
23 del decreto 2591 de 1991 que lo faculta para establecer todos los efectos
para el caso concreto, evitar toda nueva violación y amenaza, perturbación o
restricción y disponer todo “lo necesario para que el derecho sea libremente
ejercido sin más requisitos”. Es decir que el juez no puede omitir lo
jurídicamente permitido para hacer cumplir la orden de tutela>>.
13.- Era entonces el juez de tutela el competente para determinar si se incumplió
la orden impartida y, en tal caso, adoptar los mecanismos dirigidos a obtener su
cumplimiento y garantizar efectivamente el derecho fundamental que se estimó
vulnerado en la tutela. La activación de este mecanismo permite que el juez
incluso adopte directamente el fallo de reemplazo, punto sobre el cual la
jurisprudencia de la Corte ha señalado:
<<Cuando a pesar de que en anteriores ocasiones se ha ordenado dictar un nuevo
fallo, el juez de instancia se niega a proferirlo o lo hace separándose de las reglas
fijadas en la jurisprudencia constitucional. En estos casos, el juez de tutela debe
tomar directamente las medidas necesarias, pudiendo incluso dictar sentencia
sustitutiva o de reemplazo, pues no quedaría alternativa distinta para garantizar la
real y efectiva protección de los derechos fundamentales, entre los que se
encuentra el de acceso a la administración de justicia>> (SU-332 de 2019).
14.- De acuerdo con el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, la causal de <<culpa
exclusiva de la víctima>> se configura cuando esta <<haya actuado con culpa
grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley>>. Es decir, el precepto
no limita la procedencia de la excepción a la no interposición de los <<recursos
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Radicado: 25000-23-26-000-2012-00838-01 (52089)
Demandante: Yaqueline Rodríguez Espejo
de ley>> y, por ende, no excluye otros eventos de exoneración de
responsabilidad derivados del actuar gravemente culposo o doloso de la víctima.
15.- Por lo anterior, la Sala declarará la culpa exclusiva de la víctima porque su
comportamiento de no acudir al trámite de cumplimiento de la tutela, siendo este
un instrumento que la ley le otorgaba para para corregir el error demandado,
constituye una conducta que le es atribuible y que de haberla cumplido le habría
permitido impedir que ocurriera el daño cuya reclamación persigue en este
proceso. Al igual que el legislador considera que no recurrir una providencia que
permite corregir el error en el proceso constituye culpa de la víctima, no agotar
un trámite judicial con el mismo propósito también estructura esta causal de
exoneración por negligencia de la víctima.
G.- Costas
16.- En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar
de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con
lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado
por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida el 12 de junio de 2014 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca por las razones expuestas en esta
providencia.
SEGUNDO: Sin CONDENA en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente a su tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
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