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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2012-01118-01

Fecha
23 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2012-01118-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 28 de julio de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2012-01118-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

23 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 25000232600020120111801 (67711)
Demandante: JOSÉ ANTONIO MORENO VELÁSQUEZ
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL Y OTRO

Tema: No se incurrió en error jurisdiccional en providencia que resuelve
incidente de desacato de acción de tutela.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 28 de julio de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Mediante sentencia T-1063 de 2006, la Corte Constitucional amparó el derecho
fundamental al debido proceso de José Antonio Moreno Velásquez y, entre otras
cosas, ordenó al Fondo Nacional del Ahorro (en adelante FNA), restablecer el
crédito que le había otorgado al tutelante, en los términos inicialmente pactados por
ellos. El 27 de noviembre de 2007, Moreno Velásquez presentó incidente de
desacato ante el Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá - quien había conocido de
la acción de tutela en primera instancia - pues consideró que el FNA había
incumplido lo ordenado por la Corte Constitucional. No obstante, mediante proveído
del 26 de febrero de 2010 el Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá declaró que la
entidad pública no incurrió en desacato.

Contra la decisión anterior Moreno Velásquez interpuso recurso de apelación, el
cual fue rechazado por improcedente por el Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá,
mediante auto del 16 de julio de 2010. Frente a dicha determinación el aquí
demandante presentó recurso de reposición y, en subsidio, de queja. Por auto del

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Demandante: José Antonio Moreno Velásquez

14 de septiembre de 2010, el referido juzgado decidió no reponer la decisión
cuestionada y ordenó la expedición de copias para que se surtiera ante el superior
el trámite de rigor. Posteriormente, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, por medio de providencia del 4 de octubre de 2010, rechazó el
recurso de queja. Inconforme con lo anterior, José Antonio Moreno Velásquez
presentó recurso de súplica, el cual fue rechazado por extemporáneo mediante
proveído del 22 de octubre de 2010. A su turno, Moreno Velásquez interpuso
recurso de reposición contra dicha decisión, el cual fue denegado en auto del 5 de
noviembre de 2010.

Finalmente, José Antonio Moreno Velásquez presentó acción de tutela contra el
Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, aduciendo que habían violado sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia con la expedición
de las precitadas providencias. No obstante, mediante sentencia de tutela del 31 de
enero de 2011, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia negó la
solicitud de amparo, decisión que fue confirmada en alzada por la Sala de Casación
Laboral de la misma Corporación, mediante proveído de tutela del 8 de marzo de
2011. El demandante considera que la Nación - la Rama Judicial y el FNA son
patrimonialmente responsables por los errores jurisdiccionales contenidos en los
proveídos del 26 de febrero de 2010, 16 de julio de 2010, 14 de septiembre de 2010,
4 de octubre de 2010, 22 de octubre de 2010, 5 de noviembre de 2010, 31 de enero
de 2011 y 8 de marzo de 2011, pues vulneraron sus derechos de acceso a la
administración de justicia, doble instancia y buen nombre y le ocasionaron una
merma patrimonial.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 19 de diciembre de 20111, José Antonio Moreno Velásquez, mediante apoderado
judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentó demanda en

1 Fl. 522, C. 1.

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Demandante: José Antonio Moreno Velásquez

contra de la Nación - Rama Judicial y el FNA, para que fueran declarados
patrimonialmente responsables por los errores jurisdiccionales contenidos en los
proveídos del 26 de febrero de 2010, 16 de julio de 2010, 14 de septiembre de 2010,
4 de octubre de 2010, 22 de octubre de 2010, 5 de noviembre de 2010, 31 de enero
de 2011 y 8 de marzo de 2011.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a las
demandadas a pagar, por perjuicios morales, 100 SMLMV; por daño a la vida en
relación, 100 SMLMV; y por “lesión al derecho fundamental del hábeas data y el
buen nombre”, 100 SMLMV. Asimismo, pide por concepto de perjuicios materiales,
condenar al FNA “a asumir el valor de la deuda [$149.135.274], o a condonarla, o
por lo menos dejarla en el valor que en pesos se le prestó, por el valor de
$22.185.000”.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 30 de noviembre
de 1996, José Antonio Moreno Velásquez celebró un contrato de mutuo con el FNA.
Aduce que las condiciones del contrato señalaban que el pago del préstamo se
realizaría en pesos colombianos y en un plazo de 15 años.

Manifiesta que el 2 de julio de 2002, el FNA modificó unilateralmente las condiciones
del contrato, refiriendo que en lo sucesivo el pago se realizaría en UVR y en un
plazo de 30 años.

Arguye que, por lo anterior, en fecha indeterminada, José Antonio Moreno
Velásquez presentó acción de tutela contra el FNA, pretendiendo el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso y a la vivienda digna.

Argumenta que, mediante sentencia de tutela del 2 de agosto de 2006, el Juzgado
29 Civil del Circuito de Bogotá, quien conoció del proceso en primera instancia,
denegó el amparo deprecado.

Afirma que la tutela fue seleccionada para revisión y que mediante sentencia T-1063
de 2006, la Corte Constitucional revocó la decisión del 2 de agosto de 2006 y en su

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Demandante: José Antonio Moreno Velásquez

lugar ordenó al Fondo Nacional del Ahorro: i) restablecer el crédito a los términos
inicialmente pactados; ii) verificar si dicha obligación contemplaba la capitalización
de intereses y, de ser así, dar información clara, cierta, comprensible y oportuna a
Moreno Velásquez sobre cómo operaba el crédito y cuál iba a ser el procedimiento
a seguir por parte del FNA para ajustarlo a la prohibición de capitalización de
intereses; y iii) en el evento en que fuera necesario modificar las condiciones
inicialmente pactadas, se debería contar con el consentimiento o aquiescencia del
accionante.

Indica que el 27 de noviembre de 2007, Moreno Velásquez presentó incidente de
desacato ante el Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá, pues consideró que el
Fondo Nacional del Ahorro había incumplido lo ordenado por la Corte Constitucional
al no haber reliquidado adecuadamente el crédito.

Sostiene que, mediante auto del 26 de febrero de 2010, el Juzgado 29 Civil del
Circuito de Bogotá estimó que el FNA no había incurrido en desacato.

Señala que, en fecha indeterminada, Moreno Velásquez interpuso recurso de
apelación contra la decisión anterior, el cual fue rechazado por improcedente
mediante proveído del 16 de julio de 2010.

Manifiesta que el 23 de julio de 2010, el demandante presentó recurso de queja
contra la providencia que negó tramitar la alzada y que el 14 de septiembre
siguiente, el Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá ordenó la expedición de copias
para que se surtiera el trámite de rigor ante el superior.

Arguye que, mediante auto del 4 de octubre de 2010, el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá rechazó por improcedente el recurso de queja.

Argumenta que el 21 de octubre de 2010, José Antonio Moreno Velásquez interpuso
recurso de súplica contra dicha decisión, el cual se rechazó por extemporáneo
mediante auto del 22 de octubre de 2010.

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Demandante: José Antonio Moreno Velásquez

Afirma que, en fecha indeterminada, Moreno Velásquez presentó recurso de
reposición contra la providencia del 22 de octubre de 2010 y que mediante auto del
5 de noviembre de 2010 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá lo
rechazó por improcedente.

Sostiene que el 19 de enero de 2011, José Antonio Moreno Velásquez acudió a la
Corte Suprema de Justicia y presentó acción de tutela contra el Juzgado 29 Civil del
Circuito de Bogotá y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, aduciendo
que habían violado sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y
de acceso a la administración de justicia con la expedición de las providencias
dictadas los días 26 de febrero de 2010, 16 de julio de 2010, 14 de septiembre de
2010, 4 de octubre de 2010, 22 de octubre de 2010 y 5 de noviembre de 2010, por
cuanto la primera de las providencias estimó que el FNA no incurrió en desacato de
la sentencia T-1063 de 2006 y las demás negaron el trámite del recurso de
apelación interpuesto contra dicha determinación. En la solicitud de amparo pidió
dejar sin efectos las referidas providencias.

Indica que, mediante sentencia de tutela del 31 de enero de 2011, la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de amparo, decisión
que fue confirmada en alzada por la Sala de Casación Laboral de la misma
Corporación, mediante proveído del 8 de marzo de 2011.

El demandante considera que la Nación - la Rama Judicial y el FNA son
patrimonialmente responsables por los errores jurisdiccionales contenidos en los
proveídos del 26 de febrero de 2010, 16 de julio de 2010, 14 de septiembre de 2010,
4 de octubre de 2010, 22 de octubre de 2010, 5 de noviembre de 2010, 31 de enero
de 2011 y 8 de marzo de 2011, pues vulneraron sus derechos de acceso a la
administración de justicia, doble instancia y buen nombre y le ocasionaron una
merma patrimonial.

Sobre el particular, señala que el Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá, en
proveído del 26 de febrero de 2010, estimó que el FNA había dado cumplimiento a

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Demandante: José Antonio Moreno Velásquez

la sentencia T-1063 de 2006, pese a que i) no había restablecido el crédito según
lo pactado inicialmente (pues el informe por el cual alegó que había dado
cumplimiento al fallo de tutela, reconocía “que el crédito se plantea en UVR”); ii)
efectuó de forma unilateral la liquidación del crédito, sin el consentimiento de José
Antonio Moreno Velásquez y iii) continuaba realizando el cobro de cuotas con
anatocismo.

A su turno, frente a las providencias dictadas el 4 de octubre de 2010, 22 de octubre
de 2010 y 5 de noviembre de 2010, indicó que la Convención Americana sobre
Derechos Humanos consagraba el derecho a la doble instancia y, por tanto, “al
negarse el tribunal a conocer de la segunda instancia desconoció los poderes que
un juez de tutela ostenta y vulneró los derechos humanos”.

2. Contestaciones

El 9 de julio de 20132 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la
demanda y ordenó su notificación a las demandadas y al Ministerio Público.

2.1. El FNA3 señaló que como la demanda pretendía cuestionar la legalidad de las
decisiones proferidas por el Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia, la acción
procedente era “la de nulidad y restablecimiento del derecho”.

2.2. La Rama Judicial4 solicitó desestimar las pretensiones de la demanda,
argumentando que en el sub examine no se configuró un error judicial, toda vez que
el trámite del proceso de tutela se surtió conforme a las normas sustanciales y
procedimentales aplicables al caso concreto.

2 Fl. 49 a 50, C. 2.
3 Fl. 55 a 67, C. 2.
4 Fl. 77 a 87, C. 2.

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Demandante: José Antonio Moreno Velásquez

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 25 de enero de 20215 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

3.1. La parte actora6 y el FNA7 reiteraron los argumentos expuestos en la demanda
y en la contestación de la misma, respectivamente.

3.2. La Nación - Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio.

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 28 de julio de 20218 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda al advertir que el proveído del
26 de febrero de 2010 no había incurrido en error jurisdiccional, pues el FNA había
dado estricto cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia T-1063 de 2006.

De otro lado, indicó que los proveídos del 16 de julio de 2010 y 14 de septiembre de
2010 - mediante los cuales se rechazó por improcedente el recurso de alzada contra
la decisión que resolvió el desacato y se ordenó la expedición de copias para surtir
el trámite de queja - tampoco habían incurrido en yerro jurisdiccional, porque el auto
que resolvía un incidente desacato no era pasible de recurso de apelación.

Finalmente, sostuvo que no podía estudiar un error jurisdiccional en los proveídos
del 4 de octubre de 2010, 22 de octubre de 2010, 5 de noviembre de 2010, 31 de
enero de 2011 y 8 de marzo de 2011, pues la parte actora no había precisado los
aspectos que sustentaban la configuración de yerros en aquellos.

5 Fl. 622 (CD), C. 2. Archivo “013 2012-01118”
6 Fl. 622 (CD), C. 2. Archivo “021 20210406”
7 Fl. 622 (CD), C. 2. Archivo “017 20210208”
8 Fl. 624 a 640, C. P.

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Demandante: José Antonio Moreno Velásquez

5. Recurso de apelación

El 18 de agosto de 20219, la parte demandante interpuso recurso de apelación, el
cual fue concedido el 27 de septiembre de 202110 y admitido el 31 de octubre de
202111.

5.1. La parte demandante sostuvo que “no se trata de que el actor se encuentre
inconforme con la decisión del operador judicial por capricho [auto del 26 de febrero
de 2010], y menos aún, que el FNA haya acatado la orden impartida por el juez
constitucional en segunda instancia, en sentencia T-1063-2006; sino que, por el
contrario, hubo un error judicial, por parte del operador judicial, al haber aprobado
el presunto cumplimiento del FNA, cuando en realidad, ello nunca ocurrió”.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 9 de diciembre de 202212 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público
para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

6.1. El FNA13 y la Rama Judicial14 reiteraron lo expuesto en sus contestaciones de
la demanda.

6.2. El Ministerio Público15 solicitó confirmar la sentencia de primera instancia,
aduciendo que el proveído del 26 de febrero de 2010 no había incurrido en error
jurisdiccional porque el FNA había dado cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia
T-1063 de 2006. De conformidad con lo anterior, sostuvo que, por sustracción de
materia, ante la ausencia de error jurisdiccional en la decisión que revolvió el
incidente de desacato, no existía mérito para estudiar los cargos elevados en contra
de las demás decisiones judiciales.

9 Fl. 655 a 656, C. P.
10 Fl. 661, C. P.
11 Fl. 683, C. P.
12 Fl. 684, C. P.
13 Índice 31, SAMAI.
14 Índice 36, SAMAI.
15 Índice 38, SAMAI.

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Demandante: José Antonio Moreno Velásquez

6.3. La parte demandante presentó sus alegatos de forma extemporánea16.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto
en contra de la sentencia del 28 de julio de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73
de la Ley 270 de 1996.

2. Acción procedente

La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el
artículo 8617 de Código Contencioso Administrativo.

En este caso la acción procedente es la reparación directa, porque se reclama la
reparación de un daño proveniente de hechos imputables a la administración de
justicia y al FNA.

3. Vigencia de la acción

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en
oportunidad alguna por las partes, ni la sentencia estimó que tal fenómeno se

16 Índice 40, SAMAI.
17 “Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la

reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la
ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra
causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas
o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor
o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas
por la actuación de un particular o de otra entidad pública”.

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Demandante: José Antonio Moreno Velásquez

produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto
se trata de un presupuesto procesal18.

Así pues, se advierte que, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar
la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el
legislador, apuntando a la protección del interés general19, estableció unos plazos
para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos
plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables,
irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado
hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así
como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de
solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción20, ofrecer estabilidad del

18 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad

de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales.
Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la
caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y
generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter
de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para
declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad actúa al verificarse el
plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius
cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó
anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la
acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración alguna”.
Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252.
19 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal

a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida
justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener
seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no
concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,
esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser
declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia”.
20 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a

la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción
necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las
acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para
solidificar el concepto de derechos adquiridos”.

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Demandante: José Antonio Moreno Velásquez

derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle
configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna
situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una
limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando
como una sanción ipso iure21 que opera por la falta de actividad oportuna en la
puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún
reconocimiento o protección de la justicia22, cuya consecuencia, por demandar más
allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad
potestativa de accionar.

El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de
reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a

21 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de

los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en
tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es
así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no
admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto
procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
22 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “… [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados

por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.

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Demandante: José Antonio Moreno Velásquez

partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación
administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de
propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

La Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que
cuando el daño alegado proviene de un error judicial el término de caducidad
empieza a contabilizarse a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la
providencia judicial que contiene el aludido yerro23.

Frente al error jurisdiccional en que se habría incurrido en los proveídos del 26 de
febrero de 2010, 16 de julio de 2010, 14 de septiembre de 2010 y 4 de octubre de
2010, se advierte que la pretensión se ejerció en tiempo, dentro del término de dos
(2) años previstos para el vencimiento del medio de control, teniendo en cuenta: i)
que las referidas providencias adquirieron firmeza el 11 de octubre de 201024; ii) que
la parte actora presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 22 de septiembre de
2011, la cual se declaró fallida el 24 de noviembre de 201125; y iii) que la demanda
se presentó el 19 de diciembre siguiente26.

Asimismo, se advierte que el cuestionamiento frente a las providencias del 22 de
octubre de 2010 y 5 de noviembre de 2010 también se ejerció en tiempo, teniendo
en cuenta i) que las referidas providencias adquirieron firmeza el 16 de noviembre
de 201027; ii) que la parte actora presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 22

23 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 23 de junio de 2010, Rad: 17493; Auto del 9

de mayo de 2011, Rad.: 40.196; Sentencia del 27 de enero de 2012, Rad: 22.205.
24 Según el artículo 331 del CPC “Las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días

después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse
interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que
resuelva los interpuestos. No obstante, en caso de que se pida aclaración o complementación de
una providencia, su firmeza sólo se producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva”, norma vigente
para ese momento.
25 Fl. 4 a 5, C.1.
26 Fl. 1, C.1.
27 Según el artículo 331 del CPC “Las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días

después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse
interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que
resuelva los interpuestos. No obstante, en caso de que se pida aclaración o complementación de
una providencia, su firmeza sólo se producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva”, norma vigente
para ese momento.

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Radicado: 25000232600020120111801 (67711)
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de septiembre de 2011, la cual se declaró fallida el 24 de noviembre de 201128; y iii)
que la demanda se presentó el 19 de diciembre siguiente29.

La misma suerte corre la pretensión elevada frente a las sentencias de tutela del 31
de enero 2011 y del 8 de marzo de 2011, teniendo en cuenta i) que mediante la
providencia del 8 de marzo de 201130 la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia confirmó la sentencia del 31 de enero 201131; ii) que dicha
decisión cobró ejecutoria con la firmeza del auto del 20 de mayo de 2011, mediante
el cual la Corte Constitucional resolvió no seleccionar para revisión la mencionada
decisión32; iii) que esta se notificó el 10 de junio de 2011, por lo que adquirió firmeza
el 15 de junio siguiente33_34; iv) que la parte actora presentó solicitud de conciliación
extrajudicial el 22 de septiembre de 2011, la cual se declaró fallida el 24 de
noviembre de 201135; y v) que la demanda se presentó el 19 de diciembre
siguiente36, esto es, dentro del término de dos (2) años previstos para el vencimiento
del medio de control.

4. Legitimación en la causa

Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis.

28 Fl. 4 a 5, C.1.
29 Fl. 1, C.1.
30 Fl. 393 a 397, C.1.
31 Fl. 387 a 390, C.1.
32 Corte Constitucional. Sentencia SU-012 de 2020: “En el caso en que la decisión de este Tribunal

sea la no selección para revisión de una providencia de tutela, el efecto principal del auto que así lo
decida, es la ejecutoria formal y material de esa sentencia. En este sentido, la decisión de no
selección en sede de revisión también hace que opere el fenómeno de la cosa juzgada constitucional
inmutable y definitiva”.
33 Sobre el particular, se puede consular:

https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/consultat/consulta.php?campo=rad_codigo&date3
=2011-01-12&date4=2012-12-
02&radi=Radicados&palabra=+T3050679&radi=radicados&todos=%25
34 Según el artículo 331 del CPC, norma vigente para ese momento.
35 Fl. 4 a 5, C.1.
36 Fl. 1, C.1.

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Demandante: José Antonio Moreno Velásquez

4.1. José Antonio Moreno Velásquez (víctima) está legitimado en la causa por
activa, pues presentó las acciones de tutela en las que se profirieron los proveídos
del 26 de febrero de 2010, 16 de julio de 2010, 14 de septiembre de 2010, 4 de
octubre de 2010, 22 de octubre de 2010, 5 de noviembre de 2010, 31 de enero de
2011 y 8 de marzo de 2011, los cuales se acusan de contener un error
jurisdiccional37.

4.2. La Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente
representada por la Rama Judicial, ya que el Juzgado 29 Civil del Circuito de
Bogotá, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, la Sala de
Casación Civil y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
profirieron las providencias que son objeto de reproche.

4.3. El FNA está legitimado en la causa por pasiva, toda vez que fue parte en los
procesos donde se dictaron las providencias acusadas y pudo ser, en alguna
medida, determinador del error judicial alegado respecto de la providencia dictada
por el Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá el 26 de febrero de 2010.

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si las providencias acusadas incurrieron en un
error jurisdiccional y, de ser así, si la actuación del FNA incidió en ello.

6. Solución del problema jurídico

Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
generales sobre la responsabilidad del Estado y sobre el régimen de
responsabilidad por error jurisdiccional.

37 Fl. 42 a 47, C. 1.

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6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado

El artículo 90 de la Constitución Política de 199138 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.

El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el
ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la
ley o el derecho39, que contraría el orden legal40 o que está desprovista de una
causa que la justifique41, resultado que se produce sin derecho al contrastar con las
normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o
protegida42, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto
resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor
patrimonial que sufre. Reductivamente, se dice que daño antijurídico es aquel que
la persona no tiene el deber jurídico de soportar, descripción que sin embargo ilustra
el fenómeno lesivo indemnizable, pero que resulta insuficiente para explicarlo
integralmente.

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño
antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo y que comprende los daños
causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo de ella,
de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han desarrollado para
ello, principalmente por la doctrina, y que han sido acogidos y aplicados por la
jurisprudencia, como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio, con el

38 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia
de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.
39 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945
40 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez

Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.
41 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499;

Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.
42 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva

Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.

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desequilibrio de las cargas públicas, con el riesgo excepcional y con el daño
especial, entre otros43.

Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.

6.2. Régimen de responsabilidad del Estado por error jurisdiccional

En desarrollo del artículo 90 constitucional, el legislador instituyó la responsabilidad
del Estado por la actuación o funcionamiento de sus órganos jurisdiccionales o de
sus funcionarios mediante la Ley 270 de 1996, regulación que en su artículo 65
dispuso lo siguiente:

“Artículo 65. De la Responsabilidad del Estado. El Estado responderá
patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por
la acción o la omisión de sus agentes judiciales.”

La mencionada normatividad estableció que el Estado sería patrimonialmente
responsable por razón o con ocasión de la actuación judicial en los siguientes
eventos: i) defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; ii) error
jurisdiccional y iii) privación injusta de la libertad44.

En cuanto a la modalidad de responsabilidad por la actuación judicial, derivada del
error judicial, el artículo 66 de la Ley 270 de 1996 lo definió como aquel “cometido
por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el
curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley.”
En otras palabras, esta fuente de responsabilidad se refiere a aquellos yerros
emanados de una autoridad jurisdiccional o de particulares investidos
transitoriamente de la función de impartir justicia en un proceso determinado, que
se materializan en una providencia judicial contraria a derecho, mediante la cual se

43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C,
sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386.
44 Cfr. Artículo 65. Ley 270 de 1996.

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interpreta, se declara o se hace efectivo un interés o derecho subjetivo 45 y que causa
un daño antijurídico al destinatario de la decisión, pues de haberse dictado conforme
al ordenamiento jurídico, el resultado hubiera sido adecuado y no habría causado la
afectación patrimonial que se pretende resarcir en el juicio de responsabilidad.

El error judicial entonces, puede entenderse como “todo acto judicial ejecutado por
el juez en el proceso, que resulta objetivamente contradictorio con los hechos de la
causa o con el derecho y la equidad, desviando la solución del resultado justo al
que naturalmente debió llegar.”46. Es por ello que la decisión que se reputa errada
puede considerarse como un verdadero “acto ilícito contrario a la ley, sea por acción
u omisión, en el curso del proceso sometido a su jurisdicción.”47

Por otra parte, el legislador en el artículo 67 de la ley 270 de 1996 dispuso una serie
de requisitos para la procedencia de esta fuente de responsabilidad, a saber: (i) que
el afectado haya interpuesto los recursos de ley contra la providencia que se reputa
contener el error y; (ii) que dicha decisión judicial haya cobrado firmeza. Lo anterior
se traduce en que la persona que persiga la responsabilidad del Estado con
fundamento en ese título de atribución, para poder reclamar la responsabilidad
producto de una decisión judicial errónea, debe haber presentado oportunamente
los recursos ordinarios48 procedentes para controvertir la providencia a la que se le
atribuye el error y debe haber certeza de que la manifestación judicial acusada es
inmodificable por haber cobrado firmeza, pues, en caso de no haberse controvertido
aquella, el daño se entenderá como debido a la culpa exclusiva de la propia
víctima49 que ahora busca el resarcimiento de los efectos patrimoniales nocivos que
la disposición del juez le pudo haber causado o, podría considerarse que el daño
que pudo haber producido es apenas eventual.

45 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativa. Sección Tercera. Sentencia del 22 de

noviembre de 2001. Rad.: 13164.
46 Felix A. Trigo Represas – Marcelo J. Lopez Mesa, Responsabilidad del Estado, Tratado de

Responsabilidad Civil, Tomo IV, Ed. La Ley Buenos Aires, República Argentina, 2008, pg 170.
47 Ibídem
48 En sentencia del 28 de septiembre de 2015, Rad.: 33.733, la Sección Tercera de esta Corporación

manifestó que debía entenderse que los recursos de ley que menciona el artículo 67 de la Ley 270
de 1996 son los medios ordinarios de impugnación y no los recursos extraordinarios.
49 Artículo 70, Ley 270 de 1996.

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Así las cosas, la ley prevé que cuando tales decisiones implican resultados sin razón
legalmente válida, la misma no esté soportada en pruebas debidamente
recaudadas, se aleje de los cánones procesales, sea el resultado o se dicte bajo el
amparo de una violación al debido proceso o signifique una vía de hecho y que
aquella no pueda además ser corregida por los medios y recursos ordinarios
idóneos en el proceso, se califiquen de error judicial y se ordene la indemnización
de los perjuicios que tal equívoco causó, cuando adicionalmente se encuentren
acreditados en el proceso todos los demás elementos de la responsabilidad
patrimonial del Estado.

Empero, tal error no se refiere a cualquier desacierto contenido en una providencia
judicial, pues este debe surgir de una conducta carente de fundamento objetivo,
debe significar la vulneración de derechos o intereses subjetivos y ser contraria al
ordenamiento jurídico.

Es por ello que el error jurisdiccional contenido en la providencia debe ser
determinante para el proceso y para los intereses de las partes y nunca podrá
convertirse en una instancia adicional del proceso50, por lo que el juez deberá
verificar si la decisión controvertida se encuentra jurídicamente motivada y
probatoriamente sustentada, para luego, en virtud de lo preceptuado en el artículo
90 constitucional y en la Ley 270 de 1996, determinar si el Estado está obligado a
responder patrimonialmente por el daño antijurídico que la decisión de uno de sus
jueces causó, previa comprobación de los demás elementos estructurales de la
responsabilidad patrimonial del Estado. No se trata pues, el juicio que busca
declarar la existencia de responsabilidad de los administradores de justicia por las
decisiones erróneas que estos dicten en desarrollo de sus atribuciones judiciales,
de una tercera instancia del juicio en el cual se dictó la decisión lesiva, ni de evitar
que la misma cobre firmeza, destruir su fuerza obligatoria para sus destinatarios,
así como tampoco de levantar el estado de cosa juzgada sobre el proceso en la cual
se produjo, ni de sustituir la decisión errónea por una más acertada, pues en el

50 Cfr. Tolivar Alas. Leopoldo. La responsabilidad patrimonial del Estado – juez. Tomás Quintana

López [Director]. La responsabilidad patrimonial de la administración pública. Estudio general y
ámbitos sectoriales. Valencia: Tirant lo Blanch. 2009. P.524.

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sistema legal colombiano para ello existen otros mecanismos judiciales apropiados.
En cambio, se trata, como se deduce del texto legal que define la figura, de verificar
si la providencia reputada de contener el error produjo consecuencias patrimoniales
adversas para los destinatarios de esa decisión judicial y que no les corresponde
asumir, así como hacer la imputación de tales daños a la administración de justicia
bajo cuyo amparo y en ejercicio de las potestades estatales se dictó la decisión
errada.

De igual manera, y de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación51, este
error puede ser de carácter fáctico o sustantivo, esto es, puede enmarcarse en una
equivocación entre la realidad procesal y la decisión judicial, o residir en la
aplicación distorsionada del derecho. Es así que se puede presentar, entre otros
casos, cuando la autoridad, en ejercicio de funciones jurisdiccionales: i) no valoró
un hecho debidamente probado, que era fundamental para adoptar una decisión de
fondo; ii) consideró que un hecho era fundamental, cuando realmente no lo era; iii)
no decretó una prueba conducente para determinar un hecho relevante y solucionar
el caso concreto; iv) adoptó la decisión judicial con fundamento en un hecho que
era falso; v) aplicó una norma que no era aplicable al caso concreto; vi) dejó de
aplicar una norma que era necesaria para solucionar la litis; vii) aplicó una norma
inexistente o derogada52 o; viii) actuó sin competencia.

Asimismo, y en punto del régimen de responsabilidad aplicable a los casos de error
jurisdiccional, es dable aclarar que este es un título de atribución de responsabilidad
de carácter subjetivo que impone la carga a la parte demandante de indicar en que
consiste el aludido yerro y demostrar, además del error jurisdiccional, el daño y la
imputación fáctica y jurídica frente al Estado, ante lo cual, la parte demandada, para
eximir su responsabilidad, podrá demostrar la inexistencia del error jurisdiccional,
una causa extraña que rompa la imputación o la ausencia de cualquiera de los
elementos que componen el juicio de responsabilidad patrimonial.

51 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencias del 27 de abril de 2006, Rad.: 14837, del 23

de abril de 2008, Rad.: 16271, del 21 de noviembre de 2017, Rad.: 39515.
52 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 27

de abril de 2006. Rad.: 14837.

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7. Caso concreto

En el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 28 de julio de
2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de
la demanda, la parte activa indicó que “no se trata de que el actor se encuentre
inconforme con la decisión del operador judicial por capricho [auto del 26 de febrero
de 2010], y menos aún, que el FNA haya acatado la orden impartida por el juez
constitucional en segunda instancia, en sentencia T-1063-2006; sino que, por el
contrario, hubo un error judicial, por parte del operador judicial, al haber aprobado
el presunto cumplimiento del FNA, cuando en realidad, ello nunca ocurrió”.

En este sentido, y comoquiera que sólo el extremo activo presentó recurso de
apelación contra la sentencia proferida el 28 de julio de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 357
del CPC, se resolverán únicamente aquellos reparos formulados por el apelante en
el recurso que presentó53. Por ello, a continuación, se analizará exclusivamente si
la providencia del 26 de febrero de 2010, proferida por el Juzgado 29 Civil del
Circuito de Bogotá, incurrió en un error jurisdiccional y, de ser así, si la actuación
del FNA fue la causa determinante que indujo a cometerlo.

No se examinará el error jurisdiccional alegado frente a las providencias del 16 de
julio de 2010, 14 de septiembre de 2010, 4 de octubre de 2010, 22 de octubre de
2010, 5 de noviembre de 2010, 31 de enero de 2011 y 8 de marzo de 2011, pues
frente a ellas no se realizó reproche alguno en la alzada, por lo que permite inferir
que la parte recurrente se encuentra conforme con tales aspectos del fallo
impugnado.

A propósito de este asunto, en sentencia de unificación del 9 de febrero de 2012 54
esta Corporación sostuvo que la competencia del juez de segunda instancia se

53 “Artículo 357. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto

el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en
razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente
relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. […]”.
54 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 9 de febrero de 2012, Rad. 21060.

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encuentra limitada a los aspectos indicados en el recurso de apelación, de manera
que los demás asuntos están llamados a excluirse del debate en la instancia
superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de
congruencia55 como el dispositivo56.

Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si la providencia del 26 de febrero de 2010 incurrió en un
error jurisdiccional y, de ser así, si la actuación del FNA incidió en ello.

7.1. Hechos Probados

7.1.1. Se acreditó que el 30 de diciembre de 1996, José Antonio Moreno Velásquez
y el FNA celebraron un contrato de mutuo e hipoteca ante la Notaría 29 del Círculo
de Bogotá para que el primero de ellos pudiera comprar el “apartamento 301” que
hacía parte del “Conjunto Residencial Multifamiliar Villas de Andalucía”, según da
cuenta copia auténtica de la escritura pública No. 12954 de la referida notaria57. En
el contrato se estipuló lo siguiente:

“(…) k) El (los) exponente (s) deudor (es) autoriza (n) expresa e irrevocablemente al
FONDO NACIONAL DEL AHORRO para que gire y pague a favor del vendedor del
inmueble que se transfiere en esta escritura, sobre el valor del crédito radicado bajo
el número 17.006.830, L) Que para garantizar el pago de la obligación el (los)
exponente (s) deudor (es) compromete su (s) cesantías futuras, su responsabilidad
personas y además constituye (n) hipoteca abierta a favor del FONDO NACIONAL

55 Con relación a la aplicabilidad del principio de congruencia, la providencia del 1° de abril de 2009,

(Rad: 32.800) puntualizó: “De conformidad con el principio de congruencia, al superior, cuando
resuelve el recurso de apelación, sólo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con los
aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad del juez en este caso
se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo recurso y en el
evento en que exceda las facultades que posee en virtud del mismo, se configurará la causal de
nulidad prevista en el numeral 2 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la falta
de competencia funcional”.
56 Dicho principio ha sido definido por la doctrina como: “La facultad exclusiva del individuo de

reclamar la tutela jurídica del Estado para su derecho, y en la facultad concurrente del individuo con
el órgano jurisdiccional, de aportar elementos formativos del proceso y determinarlo a darle fin”. O
como dice COUTURE, es el principio procesal que asigna a las partes y no a los órganos de la
jurisdicción la iniciativa, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso” “Son
características de esta regla las siguientes: “(…). El campo de decisión del juez queda
determinado especial y esencialmente por las pretensiones del demandante debido a que el
juez no puede decidir sobre objeto diverso a lo en ellas contemplado” (negrillas adicionales).
López Blanco, Hernán Fabio, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Parte General,
Tomo I, Dupré Editores, Bogotá, 2005, Pág. 106.
57 Fl. 423 a 434, C 1.

22

Radicado: 25000232600020120111801 (67711)
Demandante: José Antonio Moreno Velásquez

DEL AHORRO en primer grado, que garantiza la suma mutuada de VEINTIDÓS
MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS ($22.185.000) Moneda
Corriente, más el pago de todos los saldos de dinero que resultare (n) a su cargo
por razón del presente mutuo, siendo entendido que esta hipoteca se extiende
también a los intereses de esta obligación (…) Que en las sumas en que se declara
(n) deudor (es) el (los) exponente (s), al igual que las primeras causadas por la
contratación de los seguros de que trata la cláusula siguiente y los intereses
estipulados en la cláusula H) de esta escritura se cancelarán a favor del FONDO
NACIONAL DEL AHORRO o a su orden en la ciudad de Bogotá, en el lugar que al
efecto señale el acreedor en el término inicial de quince (15) años y en ciento
ochenta (180) cuotas mensuales sucesivas. El plazo inicial podrá variar, pero
siempre será determinable teniendo como referencia la tasa de interés variable y la
cuota asignada al crédito. CUOTAS MENSUALES: Las cuotas mensuales se
establecerán de acuerdo con las condiciones fijadas por el FONDO NACIONAL DEL
AHORRO con sus respectivas resoluciones, incrementadas en un veinte por ciento
(20%) anual, en relación con el año inmediatamente anterior, siendo pagadera la
primera de ellas a los sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha en
que el FONDO NACIONAL DEL AHORRO efectúe el desembolso del crédito. Estas
cuotas comprometerán el pago de intereses a la tasa fijada en la cláusula H) de esta
escritura. Es entendido que si la Junta Directiva del FONDO NACIONAL DEL
AHORRO varía la tasa de interés o las condiciones de amortización cuando las
circunstancias económicas de la entidad así lo aconsejen, las cuotas serán
modificadas por la entidad, a fin de adecuarlas a las nuevas tasas. PARÁGRAFO
PRIMERO: En caso de que la cuota mensual señalada en la forma prevista en esta
cláusula no cubra la totalidad de los intereses estipulados en esta escritura, el valor
no cancelado por el deudor se incrementará para todos los efectos contractuales al
valor mutuado (…) H) Que el exponente (s) deudor (res) se obliga (n) a pagar a favor
del FONDO NACIONAL DEL AHORRO o a su orden en la ciudad de Santa Fe de
Bogotá, o en el lugar que al efecto la misma entidad designe, sobre el capital
adeudado, una tasa de interés variable que resultará de tomar el índice de precios
al consumidor (IPC) más el margen o porcentaje previsto para su rango, intereses
que para efectos de este contrato se fija inicialmente en veinticuatro por ciento (24%)
anual efectivo. (…) PARÁGRAFO: EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO queda
autorizado expresa e irrevocablemente para modificar, por medio de acuerdo de la
Junta Directiva, cuando las circunstancias económicas de la entidad así lo
aconsejen, la tasa de interés efectivo pactada en esta cláusula. Es entendido que
dicha modificación implicará cambio en el valor de las cuotas de amortización y
producirá variación en el plazo y su vigencia será desde el momento en que el
FONDO NACIONAL DEL AHORRO por cualquier medio de comunicación lo dé a
conocer al (los) exponente (s) deudor (es) (…)”

7.1.2. Consta que el 12 de septiembre de 2002, el FNA informó a Moreno Velásquez
que, en aplicación de la Ley 546 de 199958, había implementado un nuevo sistema
de amortización de crédito de vivienda denominado “Cuota Decreciente
mensualmente en UVR cíclica por periodos anuales” y, en ese sentido, había

58 “Por la cual se dictan normas en materia de vivienda, se señalan los objetivos y criterios generales

a los cuales deber sujetarse el Gobierno Nacional para regular un sistema especializado para su
financiación, se crean instrumentos de ahorro destinado a dicha financiación, se dictan medidas
relacionadas con los impuestos y otros costos vinculados a la construcción y negociación de vivienda
y se expiden otras disposiciones”.

23

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reliquidado su obligación desde el 31 de agosto de 2002, según da cuenta copia
simple de dicho documento59.

7.1.3. Se probó que, en fecha indeterminada, José Antonio Moreno Velásquez
presentó acción de tutela en contra del FNA, pues consideró que dicha entidad
había vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso y a la vivienda
digna, según da cuenta copia auténtica de la sentencia T-1063 de 2001, proferida
por la Corte Constitucional60.

7.1.4. Se demostró que, en sentencia del 2 de agosto de 2006, el Juzgado 29 Civil
del Circuito de Bogotá negó la solicitud de amparo. Esta información consta en la
sentencia T-1063 de 2006, proferida por la Corte Constitucional61.

7.1.5. Se acreditó que, en fecha indeterminada, la Corte Constitucional seleccionó
para revisión el precitado fallo de tutela. De ello da cuenta copia auténtica de la
sentencia T-1063 de 2006, proferida por la Corte Constitucional62.

7.1.6. Está probado que, mediante la sentencia T-1063 del 7 de diciembre de 2006,
la Corte Constitucional revocó la precitada decisión y, en su lugar, concedió la tutela
amparando el derecho al debido proceso. De ello da cuenta copia auténtica de la
providencia63. En la parte resolutiva este proveído dispuso:

“[…] ORDENAR al Fondo Nacional de Ahorro que en el término de cinco (5) días (i)
restablezca el crédito en pesos y en el plazo indicado, según lo pactado inicialmente
con el demandante; una vez cumplido lo anterior, (ii) en el término de quince (15)
días, verifique si dicho crédito cumple o no con la prohibición de capitalización de
intereses. En caso de que se constate que el crédito del tutelante resulta contrario
a lo que se ha establecido por la Corte Constitucional en dicho sentido y con las
normas legales vigentes, el Fondo Nacional de Ahorro deberá, dentro del mismo
plazo, dar información clara, cierta, comprensible y oportuna al señor José Antonio
Moreno Velásquez respecto de dicha condición, de manera tal que conozca
suficientemente cómo opera el crédito, la composición de las cuotas, el
comportamiento del crédito y cuál va a ser el procedimiento a seguir por parte del
Fondo Nacional de Ahorro para ajustar su crédito a la prohibición de capitalización

59 Fl. 121 a 122, C 10.
60 Fl. 9 a 26, C 1.
61 Ibídem.
62 Fl. 9 a 26, C 1.
63 Ibídem.

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de intereses; (iii) En el evento en que sea necesario modificar las condiciones
inicialmente pactadas del crédito en cuanto al plazo o monto de las cuotas que en
pesos adquirió el demandante y que debe continuar en pesos, será necesario contar
con su consentimiento o aquiescencia, y, en caso contrario, se mantendrán las
condiciones inicialmente pactadas, sin perjuicio de que el Fondo Nacional de Ahorro
pueda acudir ante el Juez competente para dirimir la controversia contractual. Lo
anterior de conformidad con la jurisprudencia que se reitera en este fallo y la
normatividad vigente sobre la materia”

7.1.7. Se acreditó que el 24 de septiembre de 2007, el FNA, en virtud de una petición
presentada por el aquí demandante, le respondió que “su crédito hipotecario se
encuentra en el Sistema de Amortización Cíclico Decreciente CUOTA
DECRECIENTE MENSUALMENTE EN UVR CÍCLICA POR PERIODOS
ANUALES”. De ello da cuenta copia auténtica de dicho documento64.

7.1.8. Consta que el 27 de noviembre de 2007, José Antonio Moreno Velásquez
presentó incidente de desacato contra el FNA, pues consideró que no había
cumplido lo ordenado en la sentencia T-1063 de 2006. De ello da cuenta copia
simple de dicho documento65.

7.1.9. Se probó que, en auto del 28 de noviembre de 2007, el Juzgado 29 Civil del
Circuito de Bogotá requirió al FNA para que acreditara el cumplimiento de la orden
de tutela. Esta información consta en copia auténtica de la providencia66.

7.1.10. Se demostró que el 4 de diciembre de 2007, el FNA manifestó que había
dado cumplimiento al fallo de tutela de la Corte Constitucional. De ello da cuenta
copia auténtica de dicho documento67. Sobre el particular señaló lo siguiente:

“1. El Fondo Nacional de Ahorro una vez conoció el fallo de tutela, a través de la
División de Cartera restableció el crédito a las condiciones inicialmente pactadas y
que se encuentran descritas en la escritura pública que contiene el contrato de
mutuo, esto es, aplicando el sistema de amortización técnicamente denominado
GRADIENTE GEOMETRICO ESCALONADO EN PESOS y demás condiciones de
incremento de cuota, tasa de interés, plazo, etc., y se programó una reunión con el
accionante a efectos de brindarle personalmente las explicaciones necesarias sobre
el procedimiento a seguir para el cumplimiento del fallo.

64 Fl. 50 a 51, C1.
65 Fl. 64 a 65, C1.
66 Fl. 66, C1.
67 Fl. 82 a 84, C1.

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2. Efectivamente hemos sostenido varias reuniones con el afiliado en las oficinas de
nuestra Entidad, donde se le informó al accionante que al restablecer el crédito a las
condiciones inicialmente pactadas, se pudo establecer que capitalizaba intereses,
informándole esta condición de manera clara, cierta, comprensible y oportuna y se
le presentaron liquidaciones de su crédito, en el sistema inicialmente pactado
GRADIENTE GEOMETRICO ESCALONADO EN PESOS, en CICLICO
DECRECIENTE EN UVR con una tasa de interés del 6.5% BA y en CUOTA FIJA
con una tasa de interés del 13.60% EA para que pudiera comparar el
comportamiento del crédito en los diferentes sistemas.

3.- Es importante anotar y resaltar, que el crédito del accionante a partir de la
notificación del fallo y hasta la fecha se está liquidando en el sistema inicialmente
pactado, GRADIENTE GEOMETRICO ESCALONADO EN PESOS, toda vez que
para adecuarlo a un sistema de amortización que no capitalice intereses se hace
necesario el cambio de algunas de las condiciones inicialmente pactadas, como son:
tasa de interés, valor de la cuota y sistema de amortización a aplicar, para que se
pueda cumplir con los parámetros de la Ley 546 de 1999 especialmente lo
estipulado en el artículo 17 y que para ajustarlo se debe OBTENER EL
CONSENTIMIENTO DEL ACCIONANTE, conforme se ordenó en la sentencia y
hasta la fecha no ha manifestado ni verbalmente y ni por escrito de que dichas
condiciones puedan ser variadas.

4. Es importante recordar que el sistema inicialmente pactado, fue aplicado en legal
forma por el Fondo Nacional de Ahorro a pesar de que capitalizaba intereses hasta
el 31 de diciembre de 1999, por estar para esa fecha ajustado a la Ley y solamente
cuando entró en vigencia la Ley 546 de 1.999 que prohíbe la capitalización de
intereses y que establece una tasa fija de intereses durante la vigencia del crédito,
es que se debe ajustar el crédito del accionante con el saldo que aparecía a esa
fecha. Por ello, el saldo de capital que se tuvo en cuenta para la liquidación del
crédito en dicho sistema corresponde al saldo que presentaba la obligación a 31 de
diciembre de 1.999, fecha desde la cual se prohibió la utilización del sistema de
amortización que aplicaba el Fondo hasta ese momento. La orden de tutela es
restablecer el crédito a partir del momento en que se cambió de pesos a UVR, para
seguir aplicando las condiciones inicialmente pactadas y así se ha hecho.

5. Muy respetuosamente, reiteramos a su Despacho que para suprimir la
capitalización de intereses es absolutamente necesaria la alteración de las
condiciones inicialmente pactadas como son tasa de interés y valor de cuota y que
para ello se debe obtener el consentimiento expreso del accionante quien no ha
hecho manifestación alguna.

6. Debemos informar que a pesar de que dentro de las condiciones inicialmente
pactadas se determinó una tasa de interés del 24% EA el Fondo Nacional de Ahorro
está liquidando el crédito a una tasa del 23.37% para no superar el máximo
permitido.

7. Las liquidaciones presentadas en UVR Y CUOTA FIJA tienen una tasa de interés
preferencial y con plazo igual al inicialmente pactado y están aprobados por la
Superintendencia Financiera por cuanto no capitalizan intereses.

8. Aclaramos que al volver a liquidar el crédito bajo las condiciones iniciales, se
modifican las condiciones de liquidación del mismo, dado que en el sistema
GRADIENTE GEOMETRICO ESCALONADO (inicialmente pactado) las variables
con respecto al sistema CICLICO DECRECIENTE EN UVR o CUOTA FIJA EN

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PESOS aumentan, es decir, es el resultado de una mayor tasa de interés y de un
incremento de cuota anual superior y es por esta razón que al restablecer el crédito
el saldo de la deuda aumenta.

9. El afiliado elevó derecho de petición donde solicita información adicional para
poder avanzar en el proceso de dialogo al cual le dimos respuesta con la
comunicación CS07161578 que recibió personalmente.

10. En los estados de cuenta entregados al accionante, podrá observar que cada
uno de ellos se identifica con un número diferente, esto es, el número de cédula del
afiliado con dos dígitos finales que los diferencian dentro del sistema interno de la
Entidad para su respectiva liquidación y dando cumplimiento a lo ordenado por la
Superintendencia Financiera que ordena conservar los antecedentes del crédito.
Una vez el accionante defina o decida qué sistema de amortización se le debe
aplicar a su crédito, se le estará suministrado el número del crédito otorgado al
mismo.

11. Finalmente, me permito adjuntar estado de cuenta del crédito del accionante en
donde consta que el crédito del accionante se está liquidando en las condiciones
inicialmente pactadas de conformidad con lo ordenado en el fallo de tutela.”

7.1.11. Está probado que, en auto del 7 de diciembre de 2007, el referido juzgado
puso en conocimiento de Moreno Velásquez la respuesta del FNA. De esta
información da cuenta copia auténtica de dicha providencia68.

7.1.12. Se acreditó que el 14 de diciembre de 2007, el aquí demandante manifestó
que “no obstante a que con anterioridad he tenido la oportunidad de hablar con los
asesores del Fondo y se me ha mostrado la tabla que aparece anexa, nunca se me
ha planteado de manera directa cómo sería que quedaría mi crédito”. Esta
información consta en copia auténtica de dicho documento69.

7.1.13. Consta que, en proveído del 25 de enero de 2008, el Juzgado 29 Civil del
Circuito de Bogotá requirió al FNA para que ampliara su respuesta en el trámite del
incidente de desacato. De esta información da cuenta copia auténtica de la
providencia70.

68 Fl. 81, C1.
69 Fl. 87, C1.
70 Fl. 88, C1.

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7.1.14. Se probó que el 4 de febrero de 2008, en atención a la anterior decisión, el
FNA amplió su respuesta. De ello da cuenta copia auténtica de dicho documento71.
Sobre el particular, indicó:

“1.- La Corte Constitucional ordenó al Fondo Nacional de Ahorro: (i) En el término
de cinco días restablezca el crédito en pesos y en el plazo indicado, según lo
pactado inicialmente con el demandante.

Esta orden fue cumplida por la Entidad que represento, por medio de la División de
cartera quien restableció el crédito a las condiciones inicialmente pactadas, tal como
indicamos en el memorial presentado el 4 de diciembre de 2.007, aplicando el
sistema de amortización GRADIENTE GEOMETRICO ESCALONADO EN PESOS,
plazo de 180 cuotas, incremento de cuota del 20% anual y tasa de interés del
23.37% EA, como se estableció en la escritura que contiene el contrato de mutuo.
Al afiliado se le informó de este hecho personalmente en la reunión sostenida con
el afiliado, tal como acepta en el escrito del cual se nos corre traslado.

2. También ordenó la Corte: (ii) En el término de quince días verifique si dicho crédito
cumple o no con la prohibición de capitalización de intereses. En caso de que se
constata que el crédito del tutelante resulta contrario a lo que se ha establecido por
la Corte Constitucional en dicho sentido y con las normas legales vigentes, el Fondo
Nacional de Ahorro deberá, dentro del mismo plazo, dar información cierta, clara,
comprensible y oportuna al señor José Antonio Moreno Velásquez respecto de dicha
condición, de manera tal que conozca suficientemente cómo opera el crédito, la
composición de las cuotas, el comportamiento del crédito y cuál va a ser
procedimiento a seguir por parte del Fondo Nacional de Ahorro para ajustar su
crédito a la prohibición de capitalización de intereses.

En la misma reunión sostenida con el afiliado y que mencione en punto anterior, se
le informó personalmente al accionante que al restablecer el crédito a las
condiciones inicialmente pactadas, se pudo establecer que capitalizaba intereses,
informándole esta condición de manera clara, cierta, comprensible y oportuna y
entregándole tres liquidaciones de su crédito, la primera en el sistema inicialmente
pactado GRADIENTE GEOMETRICO ESCALONADO EN PESOS, la segunda en
CICLICO DECRECIENTE EN UVR y la tercera en CUOTA FIJA EN PESOS, para
que pudiera comparar el comportamiento del crédito en cada uno de los sistemas.

Aclaramos y así se lo hicimos conocer al accionante, que los dos últimos sistemas
(UVR Y CUOTA FIJA) no capitalizan intereses y se encuentran debidamente
aprobados por la Superintendencia Financiera de Colombia.

3.-Es de resaltar que el sistema de amortización inicialmente pactado denominado
GRADIENTE GEOMETRICO ESCALONADO tenía la particularidad de que
capitalizaba intereses lo cual fue permitido por la Ley hasta el 31 de diciembre de
1.999 y que básicamente significaba que con el valor de la cuota asignada, no se
alcanzaba a cubrir ni siquiera el valor de los intereses corrientes generados, por
tanto, la diferencia dejada de pagar se sumaba al capital y sobre este valor se
liquidaban los intereses del mes siguiente y así sucesivamente. Durante la
amortización del crédito llega el momento en que el valor de la cuota alcanza a cubrir

71 Fl. 93 a 96, C1.

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la totalidad de los intereses y la diferencia se abona a capital y en la medida que
pasa el tiempo el pago de intereses es menor y el abono a capital se va haciendo
mayor mensualmente, hasta terminar de pagar la deuda en el plazo inicialmente
pactado, sin embargo, el saldo de la deuda crece de manera significativa
mensualmente.

4.-Es importante poner en su conocimiento que el sistema inicialmente pactado, fue
aplicado en legal forma por el Fondo Nacional de Ahorro a pesar de que capitalizaba
intereses hasta el 31 de diciembre de 1999, por estar para esa fecha ajustado a la
Ley y solamente cuando entró en vigencia la Ley 546 de 1.999 que prohíbe la
capitalización de intereses y que establece una tasa fija de intereses durante la
vigencia del crédito, es que se debe ajustar el crédito del accionante con el saldo
que aparecía a esa fecha. Por ello, el saldo de capital que se tuvo en cuenta para la
liquidación del crédito en dicho sistema corresponde al saldo que presentaba la
obligación a 31 de diciembre de 1.999, fecha desde la cual se prohibió la utilización
del sistema de amortización que aplicaba el Fondo hasta ese momento.

5. Al afiliado se le informó también que para ajustar el crédito a la prohibición de
capitalización de intereses se hace absolutamente necesario modificar algunas de
las condiciones inicialmente pactadas como tasa de interés, valor de la cuota, entre
otros y que conforme a lo ordenado por la Corte en el literal (iii) "En el evento en que
sea necesario modificar las condiciones inicialmente pactadas del crédito en cuanto
a plazo o monto de las cuotas que en pesos adquirió el demandante y que debe
continuar en pesos, será necesario contar con su consentimiento o aquiescencia y
en caso contrario, se mantendrán las condiciones inicialmente pactadas", debemos
contar con su consentimiento, pero a la fecha el afiliado no se ha pronunciado al
respecto, razón por la cual, como ya indicamos en memorial anterior y ratificamos
hoy, el crédito de accionante se está liquidando en las condiciones inicialmente
pactadas, hasta tanto nuestro afiliado elija el sistema que debemos aplicar a su
crédito que más se ajuste a sus necesidades.

6.- Reiteramos, al volver a liquidar el crédito bajo las parámetros iniciales, se
modifican las condiciones de liquidación del mismo, dado que en el sistema
GRADIENTE GEOMETRICO ESCALONADO (inicialmente pactado) las variables
con respecto al sistema CICLICO DECRECIENTE EN UVR o CUOTA FIJA EN
PESOS aumentan, es decir, es el resultado de una mayor tasa de interés y de un
incremento de cuota anual superior y es por esta razón que al restablecer el crédito
el saldo de la deuda aumenta y arroja saldos en mora.

7.-Para resolver las inquietudes planteadas por el accionante en el escrito
presentado ante su Despacho hemos programado otra reunión personalizada para
el día 14 de febrero de 2.008 a las 3 de la tarde en las instalaciones de esta Entidad,
de manera que pueda elegir el sistema de amortización que más se ajuste a sus
necesidades y cuyos resultados estaremos poniendo en conocimiento de su
Despacho. De esta reunión se informó al afiliado mediante la comunicación
CS08017367 enviada a la dirección de correspondencia que reposa en el sistema.”

7.1.15. Se demostró que el 14 de febrero de 2008, empleados del FNA se reunieron
con José Antonio Moreno Velásquez, con el fin de dar cumplimiento a la sentencia

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T-1063 de 2006, según da cuenta copia auténtica del acta de dicha reunión 72. Sobre
el particular se precisó:

“Se procede a explicar en forma clara, cierta, comprensible y oportuna de manera
tal que el afiliado conociera de manera amplia y suficiente cómo opera la obligación
hipotecaria bajo las condiciones inicialmente pactadas (gradiente geométrico
escalonado en pesos), en el cíclico decreciente en U.V.R. y acordándose una nueva
reunión para analizar la liquidación efectuada por el afiliado para cotejarla con la del
Fondo Nacional de Ahorro en el sistema de cuota fija en pesos con una tasa de
interés del 13,6% E.A.

El accionante deja constancia de “haber recibido la explicación financiera del crédito
respecto al cumplimiento del fallo de tutela y manifiesta que en el día de hoy radiqué
en el Fondo Nacional del Ahorro una comunicación donde expongo que acepto la
deuda que presenta el Fondo con el sistema inicialmente pactado al 31 de diciembre
de 1999 en la suma de 29.638.463.11; mi intención en esta reunión también se
refiere al lapso de enero de 2000 a septiembre 3 de 2000 cuanto entre en vigencia
la Ley que prohíbe la capitalización de intereses y por lo tanto abre el control del
crédito a través del saldo insoluto de capital […]”

7.1.16. Consta que el 19 de febrero de 2008, Moreno Velásquez se pronunció frente
al memorial presentado por el FNA señalando que la vulneración de sus derechos
fundamentales continuaba, según da cuenta copia auténtica dicho escrito 73. Como
sustento de lo anterior, sostuvo:

“Se manifiesta por parte del Fondo Nacional del Ahorro que se me ha informado las
diferentes formas en que se puede volver a liquidar el crédito adquirido por el
suscrito aportando unas tablas, que supuestamente se me han puesto en
conocimiento, pero en realidad solo las conozco hasta hoy que las veo en el proceso,
nunca se me informó las opciones que podía tomar y las fluctuaciones de cada una
de ellas, y tampoco es cierto que por que yo no me he pronunciado es que continúan
utilizando este sistema, cuando no es legal que lo hagan y no es cierto que yo no
me haya manifestado. Al contrario, he recurrido en varias ocasiones a fin de que se
me aclaren estos hechos y mi situación futura pero no ha sido posible hasta hoy por
eso he tenido que recurrir a la tutela porque ya no sé qué más hacer, es más se me
citó para el día 15 de febrero del 2008 pero este día tampoco se me decidió nada y
se me dijo que nos reuniéramos para el día martes 19 febrero del 2008 a las 11:00
a.m., para hacerme una propuesta de cuota fija, pero en definitiva hasta hoy no se
me ha solucionado nada, es más ni siquiera se me han dado opciones y yo si al
contrario he pasado incluso una tabla en la cual consta según liquidación que yo no
debo todo eso que dicen que debo, al contrario ya mi deuda es de un 40%
equivalente a OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE APROXIMADAMENTE, no es cierto que
se haya fijado cuota alguna en UN MILON CIENTO NOVENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS según tabla que se adjunta, al contrario

72 Fl. 118 a 119, C1.
73 Fl. 116 a 118, C1.

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lo que yo he venido pagando según recibo enviado por ellos es la suma de
TRESCIENTOS VEINTE MIL A TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL, y me permito
acompañar los últimos seis recibos con constancia de pago de los mismos”

7.1.17. Está probado que el 28 de febrero de 2008, el FNA presentó escrito al
Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá en el que afirmó que había dado
cumplimiento a la orden de tutela. A su vez, en el documento manifestó que, si la
inconformidad del accionante residía en los resultados numéricos que arrojaban las
liquidaciones presentadas, tal aspecto no era competencia del juez de tutela y debía
discutirse en ejercicio de acciones ordinarias. Esta información consta en copia
auténtica de dicho documento74.

7.1.18. Se acreditó que el 28 de febrero de 2008, el FNA remitió una comunicación
a Moreno Velásquez, en la que dispuso: “aclaramos todo lo que tiene que ver con
el cumplimiento del fallo de tutela respecto de mantener las condiciones iniciales de
su crédito”. Esta información consta en copia auténtica de dicho documento75, en el
cual precisó:

“1. La Entidad prestó a nuestro afiliado la suma de $22.185.000.00, en la modalidad
de crédito individual, para ser liquidada y cancelada en el sistema de amortización
gradiente geométrico escalonado, único sistema utilizado por el FNA en ese
entonces, es decir antes de ser requerido por la Superintendencia Bancaria, en el
sentido de adecuar el sistema de amortización a lo previsto por. la Ley 546 de 1999.
En este sentido es bueno aclarar que dicho sistema de amortización calcula una
cuota que básicamente no supera el 30% del ingreso del afiliado al momento de su
aprobación, cuota que en términos generales se comporta de manera escalonada
cuando anualmente incrementa su valor en un porcentaje o gradiente determinado
o establecido según el IPC. Así mismo, la tasa de interés corriente que se encuentra
atada al índice de precios al consumidor, índice acumulado en los meses de
noviembre a noviembre sin sobrepasar la tasa máxima interna manejada por la
Entidad, que igualmente no sobrepasaba los niveles de usura determinados por
Súper bancaria. Para el caso que nos ocupa, este crédito nació con una tasa fija del
24% EA, tasa que a través del tiempo ha sido ajustada en los períodos en los cuales
la misma supera los márgenes de usura. La Entidad dio estricto cumplimiento a lo
previsto en el fallo de tutela devolviendo el crédito a las condiciones originalmente
pactadas, manteniendo el plazo inicialmente pactado, así como la tasa de interés, y
aplicando en su liquidación el sistema de amortización gradiente geométrico
escalonado, sistema utilizado en la época de desembolso de esta obligación.

2. Como es de su conocimiento, el FNA redenominó su crédito al sistema de
amortización cíclico decreciente en UVR, cumpliendo con lo estipulado en la ley 546
de 1999, específicamente en lo atinente a la capitalización de intereses, de manera

74 Fl. 123 a 125, C1.
75 Fl. 120 a 122, C1.

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que los saldos insolutos de capital que se obtienen mes a mes sean menores, a
medida que se presentan las amortizaciones, claro está siempre visto en unidades
de valor real. Es lógico que en la medida en que disminuya el saldo de capital
vigente, será menor lo correspondiente al interés corriente, siempre en unidades de
por la Superfinanciera, valor real. El aplicar dicho sistema de amortización por
demás aceptado garantiza la no capitalización de intereses, situación que podrá
observar en la tabla de amortización del crédito, tabla que remitimos en unidades de
valor real, donde es posible evidenciar el comportamiento que muestra el crédito.
Del mismo modo remitimos la tabla de amortización del crédito en pesos, teniendo
en cuenta que los saldos de capital que se obtienen son el resultado de convertir las
unidades de valor real a pesos, siendo pertinente indicar que los mismos varían de
acuerdo a la cotización que presente la unidad de valor real. Con todo, es importante
resaltar que su crédito hoy en día se liquida en el sistema geométrico escalonado
inicialmente pactado, es decir el gradiente.

3. El FNA ha dado cumplimiento a lo ordenado en el fallo de tutela, razón por la cual
a la fecha su crédito se encuentra en el sistema gradiente geométrico escalonado,
sistema originalmente pactado. Sin embargo, conscientes de entender que dicho
sistema no es aceptado por ley, hemos puesto a su disposición la liquidación de su
crédito en el sistema denominado cuota fija en pesos, a una tasa de interés muy
inferior a la pactada, siendo pertinente agregar que al mismo tiempo hemos
propuesto soluciones, o alternativas que permiten además de la rebaja que se da
por la aplicación de una menor tasa, obtener aún una rebaja adicional en el saldo
de la obligación, que a su vez permiten la normalización de su obligación. Todo esto
será posible siempre que de su parte pueda cumplir con el aporte del esfuerzo
económico que deba hacer para poderse acoger al plan de normalización que le
hemos ofrecido. Estamos pendientes aún de su comunicación donde nos indique la
decisión que sobre el particular tome para proceder de inmediato a efectuar las
modificaciones pertinentes”

7.1.19. Consta que el 3 de marzo de 2008, el aquí demandante señaló al Juzgado
29 Civil del Circuito de Bogotá que el FNA le había entregado un recibo de pago por
$37.558.654. En este memorial el actor indicó: “esta suma debe corresponder a una
de las propuestas que recibí en la reunión del 19 de febrero y que yo especifiqué
claramente que me es imposible de pagar (…) Ruego al señor Juez, se ordene la
posibilidad de estudiar la otra propuesta del FNA y la propuesta del cliente que
entregué”. De esta información da cuenta copia auténtica de dicho memorial76.

7.1.20. Se probó que, en autos del 26 de marzo y del 10 de abril de 2008, el Juzgado
29 Civil del Circuito de Bogotá requirió nuevamente al FNA para que se pronunciara
sobre el cumplimiento de la orden de tutela. De esta información da cuenta copia
auténtica de las providencias referidas77-78.

76 Fl. 126, C 1.
77 Fl. 142, C1.
78 Fl. 144, C1.

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7.1.21. Se demostró que el 15 de abril de 2008, el FNA precisó al Juzgado 29 Civil
del Circuito de Bogotá que al crédito de Velásquez Moreno le estaba aplicando el
sistema denominado “Gradiente Geométrico Escalonado en Pesos”, en
cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional. En ese sentido allegó el
estado de cuenta del crédito en 18 folios. Señaló que si la parte actora deseaba que
a su crédito se le aplicara la Ley 549 de 1999 “se deben modificar necesariamente
el valor de las cuotas, la tasa de interés, entre otras circunstancias y por ello, se
debe contar con el consentimiento expreso del accionante”. Esta información consta
en copia auténtica de dicho documento79.

7.1.22. Está probado que el 25 de abril de 2008, el aquí demandante se opuso al
anterior escrito, al considerar que “la apoderada de la entidad solo busca contestar
el requerimiento solicitado por el señor Juez pero sustancialmente no se encuentran
respuestas a la orden emitida por el Despacho”. En ese sentido, solicitó declarar el
desacato de la sentencia de tutela. De ello da cuenta copia auténtica de dicho
documento80.

7.1.23. Se acreditó que, en auto del 30 de mayo de 2008, el Juzgado 29 Civil del
Circuito de Bogotá requirió al FNA para que solicitara pruebas, allegara las que
tuviese en su poder e informara las diligencias hechas para dar cumplimiento al fallo
de tutela. Esta información consta en copia auténtica de la providencia81.

7.1.24. Consta que el 3 de julio de 2008, el FNA reiteró lo expuesto en los
memoriales precedentes e insistió en que había dado cumplimiento a la sentencia
T-1063 de 2006, según da cuenta copia auténtica de dicho documento82.

7.1.25. Se probó que el 18 de julio de 2008, José Antonio Moreno Velásquez se
opuso al anterior memorial y adujo que el FNA había incumplido los términos del
crédito desde su inicio, en marzo de 1997, pues había introducido unilateralmente

79 Fl. 165 a 176, C1.
80 Fl. 177 a 180, C1.
81 Fl. 181, C1.
82 Fl. 186 a 191, C1.

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a la obligación el cobro con anatocismo, el cual no podía ser aplicado a los créditos
de vivienda a largo plazo. Asimismo, sostuvo que con la entrada en vigencia de la
Ley 546 de 1999, las condiciones del crédito debieron modificarse en cuanto a la
capitalización de intereses, el tipo de amortización y la tasa de interés; sin embargo,
el FNA únicamente suspendió la capitalización de intereses. Por lo anterior, solicitó
que se tuviera en cuenta el cálculo que él había efectuado para pagar el crédito de
conformidad con dicha norma. Finalmente, pidió al Juzgado 29 Civil del Circuito de
Bogotá y al FNA que mientras se resolvía el incidente de desacato se modificara el
valor de las cuotas de su crédito, dado que “los últimos recibos enviados a mi casa
por el FNA son imposibles de pagar por mi situación económica”. De ello da cuenta
copia auténtica de dicho documento83.

7.1.26. Se demostró que, mediante auto del 14 de mayo de 2009, el referido juzgado
ordenó al FNA rendir un informe preciso sobre las cuentas que presentó Moreno
Velásquez, según da cuenta copia auténtica de dicha providencia84.

7.1.27. Está probado que 19 de mayo de 2009, el FNA indicó al Juzgado 29 Civil
del Circuito de Bogotá que el crédito concedido a Moreno Velásquez se pactó bajo
el sistema de amortización denominado “Gradiente Geométrico Escalonado en
Pesos”, el cual fue aplicado hasta el 31 de diciembre de 1999, momento en el que
se modificó al sistema denominado “Cíclico Creciente en UVR”. Posteriormente, en
cumplimiento de la sentencia T-1063 de 2006, el crédito regresó a las condiciones
inicialmente pactadas. Asimismo, indicó que el propio accionante reconoció haber
recibido fórmulas alternativas para que su crédito fuera reliquidado; no obstante, las
consideró imposibles de pagar. En ese sentido, afirmó que “efectivamente sí se ha
dado cumplimiento al fallo pero simple y llanamente el accionante no está en las
condiciones económicas de pagar la obligación adquirida”. Finalmente, frente a la
propuesta de pago presentada por el accionante indicó que no era viable, porque
no se ajustaba a ninguno de los sistemas de amortización ofrecidos. Esta
información consta en copia auténtica de dicho documento85.

83 Fl.193 a 196, C1.
84 Fl. 225, C 1.
85 Fl. 228 a 230, C1.

34

Radicado: 25000232600020120111801 (67711)
Demandante: José Antonio Moreno Velásquez

7.1.28. Se acreditó que los días 16 y 26 de junio de 2009, José Antonio Moreno
Velásquez reiteró sus afirmaciones respecto del cumplimiento del fallo de tutela y
allegó “algunos cálculos referentes a los 5 periodos de tiempo del crédito” para la
interpretación de la sentencia de tutela. De esta información da cuenta copia
auténtica de dichos memoriales86-87.

7.1.29. Consta que, mediante auto del 26 de febrero de 2010, el Juzgado 29 Civil
del Circuito de Bogotá declaró que el FNA no incurrió en desacato de la sentencia
T-1063 de 2006. De ello da cuenta copia auténtica de dicha providencia88. El
fundamento de la decisión fue el siguiente:

“Sobre la actitud de las partes una vez proferida la orden de tutela encontramos que
en cumplimiento a ello se restableció el crédito a las condiciones inicialmente
pactadas y se citó para el día 14 de febrero de 2008 al accionante para adelantar
reunión en las instalaciones del FONDO NACIONAL DE AHORRO procediendo a
explicar en forma clara, cierta, comprensible y oportuna de manera tal que el afiliado
conociera amplia y suficientemente, cómo opera la obligación hipotecaria bajo las
condiciones inicialmente pactadas dejando de ello constancia tal y como obra en
documento obrante a folios 112 y 113 suscrito por ambos extremos, en donde
además se acordó entre ellos una nueva reunión para confrontar las liquidaciones
elaboradas por cada uno.

Posteriormente encontramos a folio 114 carta emanada del FONDO NACIONAL DE
AHORRO en la que se da una clara explicación sobre la forma en que se hizo
entrega del crédito al afiliado y que corresponde al cumplimiento preciso a lo
ordenado por la H. Corte Constitucional en lo referente a restablecer el crédito en
pesos y en el plazo indicado. Igualmente en dicha comunicación se hace exposición
respecto de la liquidación presentada por el señor JOSE ANTONIO MORENO
VELASQUEZ y hace caer en cuenta de errores en que se incurrió al momento de
elaboración de la misma y cuya exposición comparte el despacho como el no
mostrarse en dicha liquidación los intereses de mora que se generaron cuando no
se efectuó el pago oportuno, el no aplicar las tasas de interés a términos efectivos
o lo referente al cambio de la tasa de interés efectuada a partir de septiembre de
2000 con base en la resolución No. 014 que aplica a créditos hipotecarios
desembolsados antes de la entrada en vigencia de ella lo que no es del caso por
datar el crédito que dio origen a este proceso de fecha anterior. Además, en dicha
comunicación se hace referencia a la diligencia que se encuentra pendiente por
parte del accionante respecto de su decisión sobre la posibilidad de cumplir o no
con los esfuerzos económicos que contemplan los planes de pago expuestos por la
accionada.

86 Fl. 231 a 235, C1.
87 Fl. 257 a 259, C1.
88 Fl. 260 a 262, C1.

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Radicado: 25000232600020120111801 (67711)
Demandante: José Antonio Moreno Velásquez

Así, indistintamente de que el accionante se encuentre en desacuerdo con los
planes de pago y saldos de la obligación que refiere la accionada, lo cierto es que
esta si ha dado cumplimiento a lo ordenado por vía de tutela pues se restableció el
crédito en pesos y por el plazo indicado, verificándose que el crédito inicialmente
otorgado en efecto contempla capitalización de intereses, se ha entregado en forma
clara, cierta, comprensible y oportuna los términos referentes a cómo funciona el
crédito, la composición de las cuotas, el comportamiento del crédito y el
procedimiento a seguir con tal de ajustar el crédito a la prohibición de capitalizar
intereses y como quiera que no so ha obtenido un consentimiento o aquiescencia
proveniente del demandante para modificar las condiciones inicialmente el crédito
sigue en las condiciones en que fue pactado con los intereses de mora generados
por el no pago oportuno de cuotas y con la consecuencia que igualmente conlleva
el pago de las cuotas que tan solo cubrieren una parle de los intereses y que no
abonaron a capital.

Y es que en últimas lo que motivo la interposición de la tutela fueron las vías de
hecho en que incurrió la accionada al modificar de manera unilateral e inconsulta las
condiciones del crédito de vivienda pasándolo de un plazo de 15 a 30 años y
cambiando el denominado sistema Gradiente Geométrico Escalonado al de U.V.R.
haciendo uso sin lugar a duda de su posición dominante y por ello se dispuso el
cumplir con las condiciones iniciales. Así las cosas, acreditado como aparece al
interior del plenario el cumplimiento a la orden impartida en el fallo de tutela, se tiene
que el ente accionado acató lo dispuesto en él y que otra cosa muy diferente es que
el resultado de aquello continúe sin satisfacer las aspiraciones del accionante quien
tiene a su alcance una vía ordinaria si es que considera que no se está cumpliendo
el acuerdo inicial. De ahí que, advertida tal situación, sin entrar en más
consideraciones al respecto por no ser necesario, el Despacho se abstendrá de dar
aplicación al artículo 52 del decreto 2591 de 1991”

7.1.30. Se probó que el 5 de marzo de 2010, Moreno Velásquez interpuso recurso
de apelación contra la decisión anterior. Esta información consta en copia auténtica
de dicho documento89.

7.1.31. Se demostró que, mediante auto del 16 de julio de 2010, el Juzgado 29 Civil
del Circuito de Bogotá “denegó” el recurso de apelación por improcedente, según
da cuenta copia auténtica de dicha providencia90.

7.1.32. Está probado que el 23 de julio de 2010, el aquí demandante presentó
recurso de reposición y, en subsidio, de queja contra la precitada decisión. De ello
da cuenta copia auténtica de dicho documento91.

89 Fl. 263 a 267, C1.
90 Fl. 270, C 1.
91 Fl. 271 a 274, C1.

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Radicado: 25000232600020120111801 (67711)
Demandante: José Antonio Moreno Velásquez

7.1.33. Se acreditó que, en proveído del 14 de septiembre de 2010, el Juzgado 29
Civil del Circuito de Bogotá decidió no reponer el auto del 16 de julio de 2010 y
ordenó la expedición de copias para que se surtiera ante el superior el trámite de
rigor. Esta información consta en copia auténtica de la providencia92.

7.1.34. Consta que, en auto del 4 de octubre de 2010, la Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá rechazó por improcedente el referido recurso
de queja, según da cuenta copia auténtica de dicha providencia93.

7.2. Ausencia de error jurisdiccional

En el caso sub examine se tiene que el daño alegado consiste en la lesión
injustificada a los derechos de acceso a la administración de justicia y al buen
nombre de la parte actora, así como la merma patrimonial que afirma que sufrió,
producto de la decisión proferida por el Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá el
26 de febrero de 2010, que declaró que el FNA no incurrió en desacato de la
sentencia T-1063 de 2006.

Ahora bien, se advierte que, según el artículo 67 de la Ley 270 de 1996, para que
sea procedente reclamar indemnización de perjuicios por un error jurisdiccional, el
afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley contra dicha providencia y
ésta deberá encontrarse en firme94.

Bajo el anterior contexto, se observa que en el sub lite se cumplen los presupuestos
para estudiar la eventual configuración de un error jurisdiccional en la providencia
del 26 de febrero de 2010, proferida por el Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá,
pues se encontraba en firme y frente a ella no procedían recursos, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 52 del Decreto 2591 de 199195 (hecho probado 7.1.34.).

92 Fl. 276 a 277, C1.
93 Fl. 329, C1.
94 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de julio de 2012, Rad.: 22581.
95 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política […]. Artículo 52. Desacato. La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con
base en el presente Decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y
multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales salvo que en este Decreto ya se hubiere señalado

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Radicado: 25000232600020120111801 (67711)
Demandante: José Antonio Moreno Velásquez

Así pues, en orden a establecer si el Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá incurrió
en el error jurisdiccional, en primer lugar, debe referirse que la Corte Constitucional
resolvió lo siguiente en la sentencia T-1063 de 2006 (hecho probado 7.1.5.):

“[…] ORDENAR al Fondo Nacional de Ahorro que en el término de cinco (5) días (i)
restablezca el crédito en pesos y en el plazo indicado, según lo pactado inicialmente
con el demandante; una vez cumplido lo anterior, (ii) en el término de quince (15)
días, verifique si dicho crédito cumple o no con la prohibición de capitalización de
intereses. En caso de que se constate que el crédito del tutelante resulta contrario
a lo que se ha establecido por la Corte Constitucional en dicho sentido y con las
normas legales vigentes, el Fondo Nacional de Ahorro deberá, dentro del mismo
plazo, dar información clara, cierta, comprensible y oportuna al señor José Antonio
Moreno Velásquez respecto de dicha condición, de manera tal que conozca
suficientemente cómo opera el crédito, la composición de las cuotas, el
comportamiento del crédito y cuál va a ser el procedimiento a seguir por parte del
Fondo Nacional de Ahorro para ajustar su crédito a la prohibición de capitalización
de intereses; (iii) En el evento en que sea necesario modificar las condiciones
inicialmente pactadas del crédito en cuanto al plazo o monto de las cuotas que en
pesos adquirió el demandante y que debe continuar en pesos, será necesario contar
con su consentimiento o aquiescencia, y, en caso contrario, se mantendrán las
condiciones inicialmente pactadas, sin perjuicio de que el Fondo Nacional de Ahorro
pueda acudir ante el Juez competente para dirimir la controversia contractual. Lo
anterior de conformidad con la jurisprudencia que se reitera en este fallo y la
normatividad vigente sobre la materia.”

A su turno, se tiene que mediante proveído del 26 de febrero de 2010 – el cual se
acusa de haber incurrido de un error jurisdiccional, el Juzgado 29 Civil del Circuito
de Bogotá advirtió que el FNA no había incurrido en desacato de la orden impartida
por la Corte Constitucional (hecho probado 7.1.29.), con base en la siguiente
argumentación:

“Sobre la actitud de las partes una vez proferida la orden de tutela encontramos que
en cumplimiento a ello se restableció el crédito a las condiciones inicialmente
pactadas y se citó para el día 14 de febrero de 2008 al accionante para adelantar
reunión en las instalaciones del FONDO NACIONAL DE AHORRO procediendo a
explicar en forma clara, cierta, comprensible y oportuna de manera tal que el afiliado

una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. La
sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al superior
jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción”. Sobre el
particular, la Corte Constitucional, en la sentencia C-296 de 1996, precisó: “Porque el legislador al
guardar silencio sobre el otorgamiento del recurso de apelación al auto que decide el incidente de
desacato, implícitamente no lo está consagrando. Es decir, intencionalmente la norma guarda
silencio para así no consagrar el recurso; esto por cuanto el principio general del procedimiento civil
es exactamente ese: que sólo las providencias que expresamente se señalan por la ley como
apelables, lo son. Por lo cual, si el legislador expresamente no las menciona, no lo son”.

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Radicado: 25000232600020120111801 (67711)
Demandante: José Antonio Moreno Velásquez

conociera amplia y suficientemente, cómo opera la obligación hipotecaria bajo las
condiciones inicialmente pactadas, dejando de ello constancia tal y como obra en
documento obrante a folios 112 y 113 suscrito por ambos extremos, en donde
además se acordó entre ellos una nueva reunión para confrontar las liquidaciones
elaboradas por cada uno.

Posteriormente encontramos a folio 114 carta emanada del FONDO NACIONAL DE
AHORRO en la que se da una clara explicación sobre la forma en que se hizo
entrega del crédito al afiliado y que corresponde al cumplimiento preciso a lo
ordenado por la H. Corte Constitucional en lo referente a restablecer el crédito en
pesos y en el plazo indicado. Igualmente en dicha comunicación se hace exposición
respecto de la liquidación presentada por el señor JOSE ANTONIO MORENO
VELASQUEZ y hace caer en cuenta de errores en que se incurrió al momento de
elaboración de la misma y cuya exposición comparte el despacho como el no
mostrarse en dicha liquidación los intereses de mora que se generaron cuando no
se efectuó el pago oportuno, el no aplicar las tasas de interés a términos efectivos
o lo referente al cambio de la tasa de interés efectuada a partir de septiembre de
2000 con base en la resolución No. 014 que aplica a créditos hipotecarios
desembolsados antes de la entrada en vigencia de ella lo que no es del caso por
datar el crédito que dio origen a este proceso de fecha anterior. Además, en dicha
comunicación se hace referencia a la diligencia que se encuentra pendiente por
parte del accionante respecto de su decisión sobre la posibilidad de cumplir o no
con los esfuerzos económicos que contemplan los planes de pago expuestos por la
accionada.

Así, indistintamente de que el accionante se encuentre en desacuerdo con los
planes de pago y saldos de la obligación que refiere la accionada, lo cierto es que
esta sí ha dado cumplimiento a lo ordenado por vía de tutela pues se restableció el
crédito en pesos y por el plazo indicado, verificándose que el crédito inicialmente
otorgado en efecto contempla capitalización de intereses, se ha entregado en forma
clara, cierta, comprensible y oportuna los términos referentes a cómo funciona el
crédito, la composición de las cuotas, el comportamiento del crédito y el
procedimiento a seguir con tal de ajustar el crédito a la prohibición de capitalizar
intereses y como quiera que no se ha obtenido un consentimiento o aquiescencia
proveniente del demandante para modificar las condiciones inicialmente el crédito
sigue en las condiciones en que fue pactado con los intereses de mora generados
por el no pago oportuno de cuotas y con la consecuencia que igualmente conlleva
el pago de las cuotas que tan solo cubrieren una parle de los intereses y que no
abonaron a capital.

Y es que en últimas lo que motivó la interposición de la tutela fueron las vías de
hecho en que incurrió la accionada al modificar de manera unilateral e inconsulta las
condiciones del crédito de vivienda pasándolo de un plazo de 15 a 30 años y
cambiando el denominado sistema Gradiente Geométrico Escalonado al de U.V.R.
haciendo uso sin lugar a duda de su posición dominante y por ello se dispuso el
cumplir con las condiciones iniciales. Así las cosas, acreditado como aparece al
interior del plenario el cumplimiento a la orden impartida en el fallo de tutela, se tiene
que el ente accionado acató lo dispuesto en él y que otra cosa muy diferente es que
el resultado de aquello continúe sin satisfacer las aspiraciones del accionante quien
tiene a su alcance una vía ordinaria si es que considera que no se está cumpliendo
el acuerdo inicial. De ahí que, advertida tal situación, sin entrar en más
consideraciones al respecto por no ser necesario, el Despacho se abstendrá de dar
aplicación al artículo 52 del decreto 2591 de 1991.”

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Radicado: 25000232600020120111801 (67711)
Demandante: José Antonio Moreno Velásquez

El primer cargo que formuló la parte accionante contra la precitada providencia se
relaciona con haber concluido que el FNA no incurrió en desacato de la sentencia
T-1063 de 2006, pese a que dicha entidad no había restablecido el crédito según lo
pactado inicialmente por las partes. Lo anterior, con fundamento en que, en
respuesta a una petición elevada por Moreno Velásquez, el FNA había reconocido
que “el crédito se plantea en UVR [sistema de amortización que no correspondía al
que se había pactado]”.

Sobre el particular, debe señalarse que si bien el 24 de septiembre de 2007 - antes
de que se iniciara el trámite del incidente de desacato - el FNA dio respuesta a una
petición presentada por José Antonio Moreno Velásquez, afirmando que “su crédito
hipotecario se encuentra en el Sistema de Amortización Cíclico Decreciente CUOTA
DECRECIENTE MENSUALMENTE EN UVR CÍCLICA POR PERIODOS
ANUALES” (hecho probado 7.1.8.), lo cierto es que, ante el requerimiento efectuado
por el Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá en auto del 28 de noviembre de 2007
(hecho probado 7.1.9.), el FNA, en escrito del 4 de diciembre de 2007, indicó que
“… a través de la División de Cartera restableció el crédito a las condiciones
inicialmente pactadas y que se encuentran descritas en la Escritura pública que
contiene el contrato de mutuo, esto es, aplicando el sistema de amortización
técnicamente denominado GRADIENTE GEOMETRICO ESCALONADO EN
PESOS y demás condiciones de incremento de cuota, tasa de interés, plazo, etc.
[…] Finalmente, me permito adjuntar estado de cuenta del crédito del accionante en
donde consta que el crédito del accionante se está liquidando en las condiciones
inicialmente pactadas de conformidad con lo ordenado en el fallo de tutela” (hecho
probado 7.1.10).

Asimismo, se observa que, el 28 de febrero de 2008, el FNA remitió una
comunicación a Moreno Velásquez, con el propósito de aclarar lo concerniente al
cumplimiento del fallo de tutela (hecho probado 7.1.18) y frente a la obligación de
restablecer el crédito a las condiciones inicialmente pactadas consignó la siguiente
información:

“1. La Entidad prestó a nuestro afiliado la suma de $22.185.000.00, en la modalidad
de crédito individual, para ser liquidada y cancelada en el sistema de amortización

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Radicado: 25000232600020120111801 (67711)
Demandante: José Antonio Moreno Velásquez

gradiente geométrico escalonado, único sistema utilizado por el FNA en ese
entonces, es decir antes de ser requerido por la Superintendencia Bancaria, en el
sentido de adecuar el sistema de amortización a lo previsto por. la ley 546 de 1999.
En este sentido es bueno aclarar que dicho sistema de amortización calcula una
cuota que básicamente no supera el 30% del ingreso del afiliado al momento de su
aprobación, cuota que en términos generales se comporta de manera escalonada
cuando anualmente incrementa su valor en un porcentaje o gradiente determinado
o establecido según el IPC. Asimismo, la tasa de interés corriente que se encuentra
atada al índice de precios al consumidor, índice acumulado en los meses de
noviembre a noviembre sin sobrepasar la tasa máxima interna manejada por la
Entidad, que igualmente no sobrepasaba los niveles de usura determinados por
Superbancaria. Para el caso que nos ocupa, este crédito nació con una tasa fija del
24% EA, tasa que a través del tiempo ha sido ajustada en los períodos en los cuales
la misma supera los márgenes de usura. La Entidad dio estricto cumplimiento a lo
previsto en el fallo de tutela devolviendo el crédito a las condiciones originalmente
pactadas, manteniendo el plazo inicialmente pactado, así como la tasa de interés, y
aplicando en su liquidación el sistema de amortización gradiente geométrico
escalonado, sistema utilizado en la época de desembolso de esta obligación.”

Con fundamento en lo anterior, estima la Sala que el cargo propuesto por el
demandante no está llamado a prosperar, pues, como acaba de verse, en el trámite
del incidente de desacato el FNA señaló y explicó de forma detallada a José Antonio
Moreno Velásquez que había restablecido el crédito al sistema denominado
“Gradiente Geométrico Escalonado en Pesos” en cumplimiento de la sentencia T-
1063 de 2006, de ahí que la conclusión a la que se arribó en el proveído del 26 de
febrero de 2010 no pueda catalogarse como errada o equivocada y, por ende,
incursa en error jurisdiccional frente a este punto.

Ahora bien, en cuanto al cargo relacionado con el hecho de que el FNA efectuó de
forma unilateral la liquidación del crédito, la Subsección precisa que, aunque de la
información rendida por el FNA en el trámite incidental se desprende que este
“reliquidó” la obligación al restablecerla a las condiciones inicialmente pactadas
(hecho probado 7.1.10.), esta actuación no se realizó de manera arbitraria sino que
se hizo en cumplimiento de lo decidido en la sentencia T-1063 de 2006, que dispuso
“ORDENAR al Fondo Nacional de Ahorro que en el término de cinco (5) días (i)
restablezca el crédito en pesos y en el plazo indicado, según lo pactado inicialmente
con el demandante” (hecho probado 7.1.5.), por lo que, contrario a lo alegado por el
señor Moreno Velásquez, dicho restablecimiento no requería de su consentimiento.
En ese sentido, el referido cargo tampoco está llamado a prosperar. De hecho, mal
podría pensarse que debía contarse con el consentimiento del demandante para

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Radicado: 25000232600020120111801 (67711)
Demandante: José Antonio Moreno Velásquez

cumplir con lo ordenado por la Corte Constitucional en sentencia T-1063 de 2006,
pues los fallos de tutela son de obligatorio cumplimiento y su observancia no está
supeditada a la aquiescencia de las partes del proceso constitucional.

La misma conclusión se predica frente al cuestionamiento que realiza la parte
accionante, relacionado con que se continuaba efectuado el cobro de cuotas con
anatocismo, toda vez que el crédito celebrado entre el FNA y José Antonio Moreno
Velásquez preveía la capitalización de intereses y dado que estos no lograron llegar
a un acuerdo para modificarlo, lo que procedía, de acuerdo con lo ordenado en la
sentencia T-1063 de 2006, era mantener “las condiciones inicialmente pactadas, sin
perjuicio de que el Fondo Nacional de Ahorro pueda acudir ante el Juez competente
para dirimir la controversia contractual” (hecho probado 7.1.5.). Además, debe
destacarse que la orden de tutela no hizo distinción alguna sobre excluir la
capitalización de intereses, si era un tema pactado desde el inicio entre las partes.

Así pues, se advierte que no le asiste razón al extremo activo cuando afirma que se
configuró un error jurisdiccional en el proveído del 26 de febrero de 2010, pues se
advierte que el FNA cumplió con los términos previstos en la sentencia T-1063 de
2006.

Una lectura detenida de los argumentos expuestos en la decisión objeto de
reproche permite auscultar los criterios razonables y concretos que la sustentan,
pues sus motivaciones fueron congruentes con los medios probatorios, sin que se
observe la comisión de un error jurisdiccional que demuestre sin ningún asomo de
duda una actuación subjetiva, caprichosa y arbitraria por parte del operador de
justicia.

De conformidad con lo anterior, la Sala estima que la parte actora pretende utilizar
como una nueva instancia el medio de control de reparación directa sin el debido uso
que se le debe dar cuando se demanda al Estado por error jurisdiccional, pues busca
controvertir nuevamente la decisión del 26 de febrero de 2010, proferida por el
Juzgado 29 del Circuito de Bogotá, en la que se declaró que el FNA no había
incurrido en desacato de la sentencia T-1063 de 2006.

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Radicado: 25000232600020120111801 (67711)
Demandante: José Antonio Moreno Velásquez

A propósito, esta Subsección ha señalado que el proceso judicial que se tramita
ante el juez de lo contencioso administrativo no tiene –ni puede tener– la vocación
de constituirse en una instancia adicional, a las tramitadas dentro del cauce
procesal en el cual se aduce la configuración del error jurisdiccional, pues el juicio
al que conduce el ejercicio de la acción de reparación directa tiene como
presupuesto la intangibilidad de la cosa juzgada que reviste a la providencia
judiciales a las cuales se le endilga la producción del daño antijurídico96.

Finalmente, dado que no se acreditó la configuración de un error judicial, resulta
claro que no hay lugar a hacer análisis alguno respecto de la actuación del FNA, por
cuanto la responsabilidad endilgada por la parte actora se fundamentó en que dicha
entidad fue la determinadora del error jurisdiccional alegado; sin embargo, se
reitera, este no se configuró.

Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia del 28 de julio de 2021, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la
demanda, por las razones expuestas en esta providencia.

8. Condena en costas

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia una actuación
temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446
de 1998 para que ésta proceda y las mismas no se hallan probadas.

96 Este criterio ha sido expuesto, entre otras, en las siguientes providencias de esta Subsección:

Sentencia del 17 de noviembre de 2011, Rad.: 250002326000 1997 05238 01 (22982); Sentencia
del 6 de junio de 2012, Rad.: 250002326000 1997 15324 01 (24.690); Sentencia del 27 de junio de
2013, Rad.: 250002326000 2001 02345 01 (28.189); Sentencia del 29 de enero de 2014, Rad.:
250002326000 2000 02527 01 (28.215); Sentencia del 12 de febrero de 2014, Rad.: 250002326000
2001 00349 02 (28.428); Sentencia del 28 de agosto de 2014, Rad: 250002326000 2001 02368 01
(29.540); Sentencia del 1° de octubre de 2014, Rad: 250002326000 2000 01292 01 (27.862);
Sentencia del 12 de febrero de 2015, Rad: 250002326000 2000 02235 02 (28.482); Sentencia del
23 de octubre de 2017, Rad.: 25000-23-26-000-2009-01042-01(49493).

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Radicado: 25000232600020120111801 (67711)
Demandante: José Antonio Moreno Velásquez

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 28 de julio de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la
demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de
origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado Magistrado

VF

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