Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-27-000-2002-01615-02
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-27-000-2002-01615-02
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-27-000-2002-01615-02
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
24 de marzo de 2022
Radicado: 25000-23-27-000-2002-01615-02 (23549)
Demandante: Jaime Andrés Girón Medina
FALLO
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD
Radicación: 25000-23-27-000-2002-01615-02 (23549)
Demandante: JAIME ANDRÉS GIRÓN MEDINA
Demandado: SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL DE BOGOTÁ D.C.
Temas : Reproducción de acto anulado. Impuesto de Industria y Comercio.
Servicios de Salud.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia del 27 de noviembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B” que accedió a las pretensiones de la
demanda.
La parte resolutiva de la sentencia apelada dispuso lo siguiente 1:
“1. Se DECLARA LA NULIDAD del artículo primero (parcial) de la Resolución
SDH-000079 del 11 de marzo de 2013 y del artículo primero (parcial) de la
Resolución SDH-000195 de 3 de julio de 2013, en relación con las siguientes
disposiciones:
De la Resolución SDH-000079 de 2013:
Agrupación Código de Descripción de la actividad CIIU Tarifa por mil
por tarifa Actividad CIIU a Rev. AC DISTRITO CAPITAL
declarar
304 8610 Actividades de hospitales y 9,66
clínicas, con internación
De la Resolución SDH-000195 DE 2013:
Agrupación Código de Actividad Descripción de la actividad CIIU Tarifa por mil
por tarifa CIIU a declarar Rev. AC DISTRITO CAPITAL
304 86211 Actividades de la práctica médica sin 9,66
internación (excepto actividades de
promoción y prevención que realicen
las entidades e instituciones
promotoras y prestadoras de
servicios de salud de naturaleza
pública o privada, con recursos que
provengan del Sistema General de
1 Folios 150 y 151 del c.p.
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Demandante: Jaime Andrés Girón Medina
FALLO
Seguridad Social en Salud).
304 86221 Actividades de la práctica 9,66
odontológica sin internación (excepto
actividades de promoción y
prevención que realicen las
entidades e instituciones promotoras
y prestadoras de servicios de salud
de naturaleza pública o privada, con
recursos que provengan del Sistema
General de Seguridad Social en
Salud).
304 86911 Actividades de apoyo diagnóstico 9,66
(excepto actividades de promoción y
prevención que realicen las
entidades e instituciones promotoras
y prestadoras de servicios de salud
de naturaleza pública o privada, con
recursos que provengan del Sistema
General de Seguridad Social en
Salud).
304 86921 Actividades de apoyo terapéutico 9,66
(excepto actividades de promoción y
prevención que realicen las
entidades e instituciones promotoras
y prestadoras de servicios de salud
de naturaleza pública o privada, con
recursos que provengan del Sistema
General de Seguridad Social en
Salud).
304 86991 Otras actividades de atención de la 9,66
salud humana (excepto actividades
de promoción y prevención que
realicen las entidades e instituciones
promotoras y prestadoras de
servicios de salud de naturaleza
pública o privada, con recursos que
provengan del Sistema General de
Seguridad Social en Salud).
2. Expídanse copias y envíese a la oficina de control interno del DISTRITO
CAPITAL para que efectúe las investigaciones a que hubiere lugar, conforme al
inciso 3°, del artículo 239 del CPACA.
3. En firme esta providencia archívese el expediente, previa devolución de los
antecedentes administrativos a la oficina de origen y del remanente del rubro de
gastos del proceso, si a ello hubiere lugar. Déjense las constancias y anotaciones
de rigor.”
DEMANDA
El actor en ejercicio del medio de control de nulidad formuló las siguientes
pretensiones 2:
“En atención a lo expresado, y de conformidad con las normas expuestas en el
numeral 3. anterior, respetuosamente solicito al H. Despacho decretar la
suspensión inmediata y posterior nulidad del artículo 1° (parcial) de las
Resoluciones Nos. SDH-000079 del 11 de marzo de 2013 y SDH-000195 del 3
de julio de 2013 por reproducir el texto anulado del artículo 1° de la Resolución
No. 1195 de 1998 en lo que guarda relación con las actividades de los hospitales
y clínicas con internación, las actividades de la práctica médica, sin internación,
2 Folio 4 del c.p.
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las actividades de la práctica odontológica, sin intervención, las actividades de
apoyo diagnóstico y terapéutico y otras actividades relacionadas con la salud
humana.”
La demandante invocó como normas violadas, las siguientes:
Artículo 237 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
Artículo 39 numeral 2 de la Ley 14 de 1983.
Artículo 39 literal c) del Decreto 352 de 2002.
Sentencia 15291 del 6 de diciembre de 2006, proferida por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, C.P. Héctor Romero Díaz.
El concepto de la violación se sintetiza así:
Los apartes anulados del artículo 1° de la Resolución 1195 de 1998
Destacó que el Consejo de Estado mediante sentencia del 6 de diciembre de 2006
declaró la nulidad del artículo 1° parcial de la Resolución 1195 de 1998 expedida por
la Secretaría de Hacienda de Bogotá D.C 3.
Lo anterior debido a que la Corporación consideró que conforme al literal d) del
numeral 2 del artículo 39 de la Ley 14 de 1983, continúa vigente la prohibición de
gravar con el impuesto de Industria y Comercio -ICA- a los hospitales adscritos o
vinculados al sistema nacional de salud, y que esta prohibición había sido
incorporada al régimen fiscal del Distrito a través del literal d) del artículo 31 del
Decreto 423 de 1996, de forma que no se podían gravar con ICA los ingresos
recibidos por la prestación de servicios de salud.
Dijo que el numeral 2 del artículo 39 de la Ley 14 de 1983 sigue vigente y la no
sujeción allí contenida está prevista ahora en el literal c) del artículo 39 del Decreto
Distrital 352 de 2002 4, y destacó que la esencia de ambas disposiciones sigue siendo
que las actividades de las instituciones prestadoras de servicios de salud no pueden
ser gravadas con ICA.
Sobre el artículo 1° de las Resoluciones Nos. SDH-000079 del 11 de marzo de
2013 y SDH-000195 del 3 de julio de 2013
Aseguró que la Secretaría de Hacienda Distrital mediante la Resolución SHD-000079
del 11 de marzo de 2013 reprodujo un aparte del texto del artículo 1 de la Resolución
1195 de 1998 anulado. Indicó que conforme a lo señalado por la Corte Constitucional
los hospitales y las clínicas son IPS, y bajo ese supuesto, es evidente la
reproducción del acto anulado 5.
Explicó que por su parte, la Resolución SDH-000195 del 3 de julio de 2013 reproduce
la esencia de la resolución anulada e insiste en gravar con ICA los ingresos
3 Sección Cuarta. Exp. 15291, C.P. Héctor Romero Díaz.
4 “Por el cual se compila y actualiza la normativa sustantiva tributaria vigente, incluyendo las modificaciones
generadas por la aplicación de nuevas normas nacionales que se deban aplicar a los tributo s del Distrito Capital,
y las generadas por acuerdos del orden distrital”.
5 Sentencia C-064 del 30 de enero de 2008. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
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derivados de la prestación de servicios de salud, excepto cuando se trate de
actividades de promoción y prevención.
Por las razones expuestas, solicitó se decrete la suspensión inmediata y luego la
anulación de las resoluciones atacadas.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La Secretaría de Hacienda Distrital de Bogotá D.C., se opuso a las pretensiones
de la demanda en los siguientes términos 6:
Señaló que los artículos 39 de la Ley 14 de 1983 y 4 del Acuerdo 21 de 1983
disponen cuáles son las actividades económicas que no están gravadas con ICA. A
su vez, los artículos 32 y siguientes del Decreto Distrital 352 de 2002 establecen el
hecho generador del ICA, de modo que la persona natural o jurídica o la sociedad de
hecho que realice el hecho generador estará sujeta a este tributo.
Sostuvo que el artículo 39 ibídem por su parte prevé las actividades que no están
sujetas al impuesto, entre ellas “ los servicios prestados por los hospitales adscritos y
vinculados al sistema nacional de salud”.
Manifestó que la Resolución 1195 de 1998, cuyos apartes fueron declarados nulos
por el Consejo de Estado, y las Resoluciones SDH-000079 de 11 de marzo de 2013 y
SDH-000195 de 3 de julio de 2013 no buscan gravar con ICA las actividades allí
descritas, sino que su finalidad es informar a los contribuyentes de este impuesto en
el Distrito Capital, cuáles son los códigos de clasificación de sus actividades cuando
desarrollen aquellas de las gravadas, y con ello, presentar sus declaraciones
tributarias.
Aclaró que el impuesto de industria y comercio no grava a los sujetos, lo que grava
son las actividades que estos desarrollan, por lo que la demandada estima que no
todas las actividades que ejercen los hospitales adscritos al Sistema General de
Seguridad Social en Salud -SGSSS- están excluidas del impuesto.
Evidenció que la no sujeción prevista en el artículo 39 de la Ley 14 de 1983, no tiene
por objeto excluir cualquier entidad que desarrolle actividades de salud, sino que se
limita a entidades que tengan a su cargo la prestación de servicios de salud como
asistencia pública, entendiéndose como el nivel mínimo de salud que le corresponde
al Estado brindar a sus ciudadanos en cumplimiento de sus deberes constitucionales 7.
Advirtió que con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y bajo el actual Sistema
de Seguridad Social en Salud, los servicios del Plan Obligatorio de Salud -POS-,
SOAT, régimen de vinculados y prestación social de vejez, prestados por las
diferentes empresas del sector de salud, públicas o privadas, son las que están
6 Folios 100 a 106 del c.p.
7 Sentencia del 6 de octubre de 2005. Sección Cuarta del Consejo de Estado. Exp. 15060, C.P. Ligia López Díaz;
Sentencia del 2 de marzo de 2001. Sección Cuarta del Consejo de Estado. Exp. 10888, C.P. Juan Ángel Palacio
Hincapié.
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amparadas por la no sujeción. Por tanto, los demás servicios que presten dichas
entidades se encuentran gravados con ICA 8.
Dijo que la Resolución SDH-000195 de 2013 acogió lo resuelto por el Consejo de
Estado, pues dispuso que las entidades que integran el SGSSS que desarrollen
actividades de la práctica médica que no formen parte del SGSSS, esto es, que estén
gravadas con ICA, deberán clasificarse en los códigos CIIU en esta descritos.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B” declaró
la nulidad de los apartes demandados, sin pronunciamiento sobre condena en costas.
Las razones de la decisión se resumen así 9:
Una vez el a quo analizó la Sentencia 15291 de 6 de diciembre de 2006 proferida por
el Consejo de Estado que declaró la nulidad parcial del artículo 1 de la Resolución
1195 de 17 de noviembre de 1998, así como el contenido de las resoluciones
enjuiciadas frente a la resolución anulada, concluyó que si bien el distrito exceptúo del
impuesto de industria y comercio las actividades de promoción y prevención, el
SGSSS también integra las actividades de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de
enfermedades, de modo que estas no pueden estar gravadas con ICA10.
Indicó que los actos administrativos demandados transgreden el artículo 39 del
Decreto 352 de 2002 que establece como actividades no sujetas a ICA los servicios
prestados por hospitales (entiéndase clínicas, IPS y demás entidades del sistema)
adscritos o vinculados al SGSSS.
Manifestó que la resolución declarada nula por el Consejo de Estado fue reproducida
sustancialmente en los actos enjuiciados, por lo que se cumplió el primer requisito
establecido en el artículo 239 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
Adicionalmente, constató que a la fecha estaban vigentes los fundamentos jurídicos
que llevaron al Alto Tribunal a la declaratoria de nulidad del artículo 1 parcial de la
Resolución 1195 de 1998, esto es, la no sujeción al ICA de los servicios prestados por
los hospitales adscritos o vinculados al sistema nacional de salud, por lo que estimó
pertinente anular parcialmente los actos demandados.
Dilucidó que la no sujeción de que trata el artículo 39 numeral 2 literal d) de la Ley 14
de 1983 y en el artículo 39 literal c) del Decreto 352 de 2002 es de carácter subjetivo,
ya que el espíritu de la norma era el de excluir de la obligación tributaria a las
entidades que prestan servicios de salud independientemente del origen de sus
recursos.
Finalmente, siguiendo lo preceptuado por el inciso tercero del artículo 239 de la Ley
1437 de 2011, el Tribunal ordenó enviar copias de la sentencia al órgano disciplinario
del Distrito Capital.
8 Sentencia del 22 de abril de 2004. Sección Cuarta del Consejo de Estado. Exp. 13224, C.P. Germán Ayala
Mantilla; Sentencia del 6 de octubre de 2005. Sección Cuarta del Consejo de Estado. Exp. 15060, C.P. Ligia
López Díaz.
9 Folios 150 a 153 del c.p.
10 Sección Cuarta. C.P. Héctor Romero Díaz.
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FALLO
RECURSO DE APELACIÓN
La demandada apeló con fundamento en los siguientes argumentos 11:
Estimó que las resoluciones objeto de control no reproducen de manera idéntica la
Resolución 1195 de 1998 previamente anulada por el Consejo de Estado, en el
entendido de que en estas resoluciones acataron lo dispuesto por la jurisprudencia
ya que no se gravaron los ingresos provenientes del SGSSS.
Igualmente, la apelante solicitó tener en cuenta los argumentos esgrimidos en la
contestación de la solicitud de suspensión provisional de los actos demandados, esto
es, en síntesis, que las resoluciones acusadas no pretenden gravar actividades no
sujetas al ICA sino que se limitan a clasificar las actividades económicas para efectos
de que aquellos contribuyentes que generen ingresos gravados puedan presentar su
declaración privada.
Sostuvo que la Ley 14 de 1983 no excluye a cualquier entidad que preste servicios
de salud, sino que va dirigida a proteger el servicio de salud que en cumplimiento de
sus deberes constitucionales, el Estado está obligado a prestar.
En ese orden de ideas, la exclusión cobija los servicios del POS, SOAT, régimen de
vinculados y prestación social de vejez que presten las empresas públicas o privadas
del sector de salud, así que las demás estarían sujetas al ICA.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
El demandante ratificó lo dicho en la demanda 12.
Por su parte la Secretaría de Hacienda Distrital de Bogotá, señaló que mediante
Sentencia 20204 del 4 de abril de 2019, el Consejo de Estado revaluó las
consideraciones que tuvo para declarar la nulidad de la Resolución 1195 de 1998 y
actualmente es posible que una entidad prestadora de servicios de salud sea sujeto
pasivo del impuesto de industria y comercio por actividades no exentas, según cada
caso concreto13.
El Ministerio Público representado por el Procurador Sexto delegado ante el
Consejo de Estado solicitó modificar la sentencia apelada, pues consideró que el
legislador estableció una no sujeción respecto de unos sujetos pasivos, aunque
debió señalar de forma clara las actividades no sujetas, situación que trató de
enmendar el literal c) del artículo 39 del Decreto 352 de 2002 al mencionar como no
sujetos los servicios prestados por hospitales adscritos o vinculados al sistema
nacional de salud14.
Posteriormente, la Ley 100 de 1993 reorganizó el sector salud bajo el nombre de
SGSSS conformado por el Gobierno Nacional, el Fosyga, las EPS y las IPS. Por ello,
la jurisprudencia indicó que la no sujeción debe entenderse respecto de aquellas
11 Minutos 52:00 a 53:29 del CD de Audiencia Pública visible a folio 123 del c.p.
12 Índice 22 del expediente electrónico.
13 Índice 23 del expediente electrónico. C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
14 Índice 24 del expediente electrónico.
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entidades e instituciones promotoras y prestadoras de servicios de salud, de
naturaleza pública y privada, que componen el SGSSS 15.
Entonces, estimó que los apartes demandados no son completamente nulos porque
las actividades de salud que no son sujetas al ICA son aquellas ejercidas por sujetos
pasivos pertenecientes al SGSSS, y aclaró que el acto enjuiciado buscó ajustarse a
la falta de técnica legislativa y las decisiones jurisprudenciales.
Así, resaltó que los apartes que deberían declararse nulos son los tachados a
continuación: “(excepto actividades de promoción y prevención que realice las entidades e
instituciones promotoras y prestadoras de servicios de salud de naturaleza pública o privada,
con recursos que provengan del Sistema General de Seguridad Social en Salud.)”. En ese
sentido, solicitó revocar el ordinal segundo de la sentencia apelada.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, le
corresponde a la Sala determinar si conforme a los artículos 237 y 239 del CPACA,
los actos acusados incurren en la prohibición de reproducción de acto anulado
respecto del artículo 1 de la Resolución 1195 de 1998 (anulado de forma parcial
mediante sentencia 15291 del 6 de diciembre de 2006) 16.
Cuestión Previa
El artículo 1 de la Resolución 1195 de 1998 “ Por medio de la cual se establece la
clasificación de actividades económicas para el impuesto de industria y comercio en el
Distrito Capital” disponía:
“Artículo 1. Establecer la siguiente clasificación de actividades económicas para
el impuesto de Industria y Comercio en el Distrito de Santa Fe de Bogotá.
Código CIIU-A.C. Descripción Actividad Tarifa
Actividad Distrito Por
Capital mil
[…]304 8511 Actividades de las instituciones prestadoras de 7
servicios de salud, con internación
304 8512 Actividades de la práctica médica 7
304 8513 Actividades de la práctica odontológica 7
304 8514 Actividades de apoyo diagnóstico 7
304 8515 Actividades de apoyo terapéutico 7
304 8519 Otras actividades relacionadas con la salud humana 7
[…]” (Resaltado propio del texto. Aparte subrayado declarado nulo)
Mediante Sentencia 15291 del 6 de diciembre de 2006 la Sección Cuarta del Consejo
de Estado declaró la nulidad parcial del artículo 1 de la resolución anteriormente
citada al considerar entre otras cosas que a los municipios les está prohibido gravar
con el impuesto de industria y comercio a los “hospitales adscritos y vinculados al
15 Sentencia del 13 de octubre de 2015. Sección Cuarta del Consejo de Estado. Exp. 15265, C.P. Ligia López
Díaz; Sentencia del 6 de diciembre de 2006. Sección Cuarta del Consejo de Estado. Exp. 15291, C.P. Héctor
Romero Díaz; Sentencia del 12 de mayo de 2005. Sección Cuarta del Consejo de Estado. Exp. 14171 C.P. Juan
Ángel Palacio Hincapié; Sentencia del 10 de febrero de 2005. Sección Cuarta del Consejo de Estado. Exp.15175,
C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.
16 C.P. Héctor Romero Díaz.
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sistema nacional de salud”, expresión que con la entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993, debe entenderse como aquellas entidades e instituciones promotoras y
prestadoras de servicios de salud, ya sean públicas o privadas, que componen el
SGSSS 17.
La referida sentencia consideró que los apartes declarados nulos vulneraban el
artículo 39 numeral 2 literal d) de la Ley 14 de 1983 siempre y cuando tales
actividades sean ejercidas por las entidades que conforman el SGSSS, pues a su
juicio, el acto demandado gravó con ICA los servicios de salud prestados por dichas
entidades pese a la no sujeción prevista en el artículo 31 del Decreto 423 de 1996,
norma vigente al momento de expedición del acto demandado.
Aunado a lo anterior, destacó que en Sentencia C-245 de 9 de abril de 2002 la Corte
Constitucional declaró inexequible el artículo 93 de la Ley 633 de 2000 que
interpretaba con autoridad el numeral 2 literal d) del artículo 39 de la Ley 14 de 1983
y restringía la no sujeción allí contenida 18.
Por otra parte, el 11 de marzo de 2013 la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá
profirió la Resolución SDH-000079 “Por medio de la cual se adopta para la administración
del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros en el Distrito Capital de Bogotá, la
Clasificación de Actividades Económicas -CIIU revisión 4 adaptada por el DANE para
Colombia” la cual en lo que interesa al caso concreto preceptúa lo siguiente:
“Artículo 1°. Establecer la siguiente clasificación de las actividades económicas
para efectos de la administración, control, cobro y determinación del impuesto de
industria y comercio en el Distrito Capital de Bogotá.
Agrupación Código de Descripción actividad Económica CIIU Rev. 4 A.C. Tarifa por
por tarifa Actividad Distrito Capital Mil
CIIU a
Declarar
[…] 304 8610 Actividades de hospitales y clínicas, con internación 9,66
[…]”
La precitada resolución fue modificada por la Resolución SDH-000195 de 3 de julio
de 2013 en los siguientes términos:
“Artículo 1°. Modificar el artículo 1° de la Resolución No. SDH-000079 del 11 de
marzo de 2013, en clasificación de las actividades económicas para efectos de la
administración, control, cobro y determinación del impuesto de industria y
comercio en el Distrito Capital de Bogotá, para las actividades y en los términos
que se señalan a continuación:
Agrupación Código de Descripción actividad Económica CIIU Rev. 4 A.C. Tarifa por
por tarifa Actividad Distrito Capital Mil
CIIU a
Declarar
[…]304 86211 Actividades de la práctica médica, sin internación 9,66
(excepto actividades de promoción y prevención que
realicen las entidades e instituciones promotoras y
17 C.P. Héctor Romero Díaz. Sentencia que reitera: Sentencia del 13 de octubre de 2005. Sección Cuarta del
Consejo de Estado. Exp. 15265, C.P. Ligia López Díaz; Sentencia del 12 de mayo de 2005. Sección Cuarta del
Consejo de Estado. Exp. 14161, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié; Sentencia del 10 de febrero de 2005. Sección
Cuarta del Consejo de Estado. Exp. 15175, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié
18 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
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prestadoras de servicios de salud de naturaleza pública o
privada, con recursos que provengan del Sistema
General de Seguridad Social en Salud.)
304 86221 Actividades de la práctica odontológica, sin internación 9,66
(excepto actividades de promoción y prevención que
realicen las entidades e instituciones promotoras y
prestadoras de servicios de salud de naturaleza pública o
privada, con recursos que provengan del Sistema
General de Seguridad Social en Salud.)
304 86911 Actividades de apoyo diagnóstico (excepto actividades de 9,66
promoción y prevención que realicen las entidades e
instituciones promotoras y prestadoras de servicios de
salud de naturaleza pública o privada, con recursos que
provengan del Sistema General de Seguridad Social en
Salud.)
304 86921 Actividades de apoyo terapéutico (excepto actividades de 9,66
promoción y prevención que realicen las entidades e
instituciones promotoras y prestadoras de servicios de
salud de naturaleza pública o privada, con recursos que
provengan del Sistema General de Seguridad Social en
Salud.)
304 86991 Otras actividades de atención a la salud humana 9,66
(excepto actividades de promoción y prevención que
realicen las entidades e instituciones promotoras y
prestadoras de servicios de salud de naturaleza pública o
privada, con recursos que provengan del Sistema
General de Seguridad Social en Salud.)
[…]”
Reproducción de acto anulado
El artículo 237 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo dispone:
“Artículo 237. Prohibición de reproducción de acto suspendido o anulado.
Ningún acto anulado o suspendido podrá ser reproducido si conserva en esencia
las mismas disposiciones anuladas o suspendidas, a menos que con
posterioridad a la sentencia o al auto, hayan desaparecido los fundamentos
legales de la anulación o suspensión.”
Respecto a la reproducción de acto anulado la Sala dijo 19:
“Esta disposición consagra la prohibición de reproducir, en esencia, un acto
anulado o suspendido, esto es, poner en vigencia un texto que conserva, en
esencia, el efecto jurídico que de manera provisional o definitiva ha sido retirado
del ordenamiento jurídico, salvo cuando con posterioridad a la sentencia o auto
de suspensión provisional, hayan desaparecido los fundamentos legales de la
anulación o suspensión.
La Sala, en oportunidad anterior, precisó que la reproducción de acto suspendido
o declarado prohibida “ocurre cuando el texto del nuevo acto es idéntico al
anterior o, cuando no siendo así, las disposiciones contenidas en él reproducen
sus efectos jurídicos a pesar de haber sido proscritos del ordenamiento jurídico
mediante sentencia o auto ejecutoriado”.
19 Sentencia del 21 de marzo de 2018. Sección Cuarta del Consejo de Estado. Exp. 22082, C.P. Milton Chaves
García. Que reitera: Auto del 3 de agosto de 2016. Exp. 22054, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Ver
también: Sentencia del 14 de marzo de 2019. Sección Cuarta del Consejo de Estado. Exp. 23596, C.P. Julio
Roberto Piza Rodríguez.
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Demandante: Jaime Andrés Girón Medina
FALLO
En la misma providencia señaló que, en estos casos, se aplica el trámite especial
previsto en el artículo 239 del CPACA, que consta de tres etapas: (i) la
presentación de la solicitud ante el juez que declaró la nulidad; (ii) la decisión
sobre la solicitud de suspensión provisional, el traslado de la solicitud a la
autoridad que profirió el acto acusado y la citación a la audiencia para proferir la
decisión y (iii) la audiencia en la que se resuelve sobre la nulidad del acto.
La Sala indicó que en ese trámite especial, “el juez debe limitarse a constatar si
el acto administrativo cuya nulidad se solicita reprodujo en su esencia un acto
previamente declarado nulo”. En ese sentido, a ese aspecto se limita el análisis
de la Sala.
También precisó que tal verificación no se restringe a que el enunciado normativo
haya sido reproducido textualmente, sino que debe estudiarse si el contenido
normativo de ambos actos les haría producir los mismos efectos jurídicos. Y, que
“Si el juez constata que el acto administrativo acusado no reproduce al anulado
negará la solicitud. Si, por el contrario, considera que hay una reproducción
deberá (…) examinar si a la luz del ordenamiento jurídico actual persisten los
motivos de invalidez del acto reproducido”.” (Subraya la Sala)
De acuerdo con el criterio anteriormente transcrito, el artículo 237 de la Ley 1437 de
2011 proscribe reproducir en esencia un acto que previamente ha sido declarado
nulo o suspendido, es decir, cuyos efectos jurídicos fueron retirados del
ordenamiento jurídico de forma provisional o definitiva, siempre y cuando se
mantengan vigentes los argumentos que llevaron al juez a declarar la nulidad del
acto replicado.
La Sala observa que las normas acusadas en esencia reproducen los apartes del
artículo 1 de la Resolución 1195 de 1998 que fueron declarados nulos mediante
sentencia del 6 de diciembre de 2006 por esta Corporación, pues como se vio en el
acápite anterior, en ellos se establecen los códigos CIIU y las tarifas
correspondientes a servicios relacionados con la salud humana prestados en el
Distrito Capital, presentando diferencias en la tarifa que pasó del 7 por mil al 9,66 por
mil y en la excepción introdujo la Resolución SDH-000195 de 3 de julio de 2013 a las
“actividades de promoción y prevención que realicen las entidades e instituciones promotoras
y prestadoras de servicios de salud de naturaleza pública o privada, con recursos que
provengan del Sistema General de Seguridad Social en Salud”.
Al advertirse que las resoluciones demandadas sí reproducen en esencia los apartes
del artículo 1° de la Resolución 1195 de 1998 expedida por la Secretaría de
Hacienda Distrital de Bogotá D.C. previamente declarados nulos, corresponde a la
Sala establecer si los fundamentos que conllevaron a la declaratoria de nulidad del
acto reproducido se encuentran vigentes.
La Sala observa que el criterio jurisprudencial que esta Sección tuvo en cuenta en su
momento para declarar la nulidad de la resolución reproducida cambió, esto por
cuanto en dicha oportunidad uno de los argumentos que valoró fue que la Resolución
1195 de 1998 gravó con ICA servicios de salud prestados por entidades que
conforman el SGSSS, en contravía a la desgravación contenida en el numeral 2
literal d) del artículo 39 de la Ley 14 de 1983. Igualmente, acudió a los criterios
expuestos en las sentencias 15265 del 13 de octubre de 2005 C.P. Ligia López Díaz,
14161 del 12 de mayo de 2005 y 15175 del 10 de febrero de 2005 C.P. Juan Ángel
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FALLO
Al respecto, esta Sala en Sentencia 20204 del 4 de abril de 2019 expuso que las
instituciones a las que alude la Ley 14 de 1983 y a quienes el legislador cobijó con la
no sujeción al ICA, no pueden equipararse con las existentes en el contexto actual
del SGSSS creado por la Ley 100 de 1993, como pasa a verse 20:
“3.1- La historia fidedigna del establecimiento de la norma inicial de
desgravación (i.e. de la prohibición de tributación adoptada en la letra d del
ordinal 2.º, del artículo 39 de la Ley 14 de 1983) consta en la exposición de
motivos que acompañó al respectivo proyecto de ley. Según se indicó en ese
documento, el interés que determinó la aprobación de la disposición fue el de
mantener al margen de tributación «actividades que afectan directamente el nivel
de vida del pueblo colombiano o que el Estado tiene el interés de desarrollar» ,
con lo cual es un hecho cierto que la desgravación que nos ocupa nunca tuvo el
cariz de ser una disposición de fomento de actividades empresariales lucrativas,
sino que su única finalidad era la de coadyuvar en la provisión al conglomerado
social de los bienes y servicios públicos de los que se ocupan las distintas
entidades benéficas contempladas en la norma.
Para el caso de la salud, la disposición no estableció la prohibición de gravamen
con unas indicaciones subjetivas abiertas, sino que circunscribió la desgravación
a una realidad normativa específica, la de ser un «hospital adscrito o vinculado»
al «Sistema Nacional de Salud», con lo cual ató la suerte de la desgravación a la
que tuviera el «Sistema Nacional de Salud», y sus instituciones, que para
entonces regulaban los Decretos 056 y 356 de 1975.
Con el paso del tiempo, la realidad identificada por el legislador en la norma en
cita cambió, al punto de que desaparecieron por completo las categorías jurídicas
en ella señaladas, pues, aunque existe un Sistema de Salud (artículo 4.º de la
Ley 1751 de 2015, Estatutaria de Salud) su concepción, orientación y regulación
son completamente distintas a las del «Sistema Nacional de Salud» que había
sido desarrollado en 1975, al punto de que no existen hospitales adscritos ni
vinculados al Sistema de Salud desarrollado bajo los criterios de regulación de la
Ley 100 de 1993, por las razones que se pasan a precisar.
Desde finales del Siglo XIX, la nueva concepción de las funciones del Estado
llevó a que adquiriera connotaciones públicas una cuestión que hasta entonces
era un problema individual o familiar: garantizarle al ciudadano los medios con los
cuales atender sus necesidades vitales para preservarle de situaciones
materiales degradantes de la condición humana . Partiendo de la simple idea de
asistencia pública, se inició un largo tránsito hasta la adopción de políticas de
seguridad social integral, bajo los principios de universalidad subjetiva (a todos
los ciudadanos), universalidad objetiva (por todos los riesgos sociales), unidad de
gestión y solidaridad financiera. En el derecho colombiano, los esfuerzos
estatales por regular la provisión de salud e integrarla en la incipiente seguridad
social, se materializaron en normas adoptadas en las décadas de los años
sesentas y setentas del siglo pasado. En la decada de los ochentas, el sistema
existente entró en crisis y se inició un debate público para modificar su estructura,
que dio lugar a que en la década de los años noventas, ya bajo el influjo de la
ambiciosa carta de derechos fundamentales de una nueva Constitución, se
acometieran reformas legislativas estructurales, que establecieron una seguridad
social integral, preocupada también por la provisión de salud.
Dentro de ese contexto histórico, las instituciones a las que se refiere la norma de
20 C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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la Ley 14 de 1983, alegada por la demandante y replicada en la normativa local
de Medellín, fueron desarrolladas en 1975. Las normas sobre la materia dictadas
en ese año buscaron institucionalizar la beneficencia iniciada en los años veintes
del siglo anterior y articularla con el Plan Nacional Hospitalario de 1963 (Ley 12
de 1963), misión que se concretó en la creación del «Sistema Nacional de Salud»
(artículo 1.º del Decreto 056 de 1975), que tiempo después fue subrogado por
completo con el establecimiento de un modelo de seguridad social integral
mediante a Ley 100 de 1993.
Al respecto, es suficientemente indicativo el trámite legislativo de esta ley.
Inicialmente, el debate sobre la reforma de la seguridad social se limitó al sistema
pensional, porque ya se habían dado pasos para la organización del sistema de
salud en la Ley 10 de 1990 (que derogó expresamente el Decreto 356 de 1975,
que había establecido el régimen de adscripción y vinculación al SNS). Sin
embargo, una vez presentado el proyecto de reforma pensional en 1992, el
Congreso señaló la necesidad de abordar una reforma integral en salud, a partir
de múltiples propuestas que coincidían en la competencia entre los sectores
público y privado y en la necesidad de separar a los aseguradores y a los
prestadores del servicio. Fue así que se terminó planteando una propuesta
unificada, cuya aprobación derivó en la adopción de un nuevo sistema que
reestructuró, con parámetros novedosos, sin parangón con los que le
precedieron, la prestación de servicios de salud.
Por tanto, con la promulgación de la Ley 100 de 1993, como desarrollo de la
concepción constitucional de seguridad social, se estableció un SGSSS distinto
del que consagraban la Ley 10 de 1990 y cualquier otra regulación previa. El
objetivo declarado de este nuevo sistema, es el de procurar la ampliación de la
cobertura hasta lograr que toda la población acceda al sistema (artículo 6.º), para
lo cual se unificó la normatividad (ibidem), razón por la cual perdieron vigencia las
regulaciones anteriores.
3.2- En consecuencia, la Sala concluye que la red institucional del sector
salud desarrollada en 1975, que es a la que se refiere la norma de la Ley 14 de
1983, no subsite en el presente y no son conmutables las instituciones de ese
régimen con las del actual. Los operadores jurídicos no pueden desconocer que
la Ley 10 de 1990 y, con mayor razón, la Ley 100 de 1993, tuvieron el efecto de
restarle eficacia normativa a la referencia hecha en la letra d) del ordinal 2.º del
artículo 39 de la Ley 14 de 1983 a los «hospitales adscritos o vinculados» al
Sistema Nacional de Salud.
En este punto, se recalca que la desgravación contemplada en la Ley 14 de 1983
y en las posteriores normas que la complementaron no estaba dada a las
prestaciones de servicios de salud, sino a aquellas que fueran desarrolladas por
unos señalados sujetos, hoy inexistentes, los «hospitales adscritos o vinculados»
al «Sistema Nacional de Salud». De suerte que cualquier ejercicio interpretativo
que plantee que la desgravación cobija a las actividades de salud, por el simple
hecho de serlo e independientemente de que quienes las lleven a cabo no
encuadren dentro de la categoría de hospitales adscritos y vinculados al SNS
exigida por la norma, implicaría la conformación, por parte del juzgador, de una
lex tercia carente de fundamento legal y opuesta al claro dictado de la letra d) del
ordinal 2.º del artículo 39 de la Ley 14 de 1983; al tiempo que las propuestas
encaminadas a señalar que las actuales IPS son equiparables a las categorías
de hospitales adscritos y vinculados al SNS empleadas por la norma, no solo
contrarían la interpretación histórica de la norma, sino que constituyen un
ejercicio de integración analógica de la disposición encaminado a suplir los
vacíos actuales (por circunstancias sobrevinientes) de la disposición.
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Corolario de lo anterior, la Sala adopta como criterio de decisión, en el presente
caso y hacia futuro, la posición de que la desgravación en ICA de los ingresos
derivados de actividades relacionadas con la salud humana es la que está
contemplada en el artículo 111 de la Ley 788 de 2002 (ajustada en los términos
decididos por la Corte Constitucional en la sentencia C-1040 de 2003),
exclusivamente, y no la consagrada en la letra d) del ordinal 2.º, del artículo 39
de la Ley 14 de 1983 (incorporada en el artículo 259 del Decreto 1333 de 1986),
la cual quedó desprovista de eficacia normativa.
Atendiendo a los motivos en los que se funda el criterio de decisión, para la Sala
resultan inaplicables las disposiciones incluidas en los ordenamientos
municipales que reproducen la letra d) del ordinal 2.º del artículo 39 de la Ley 14
de 1983, como ocurre en el sub lite (artículo 144 del Acuerdo municipal 057 de
2003). En el mismo sentido cabe aclarar que la desgravación de ingresos con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley 788 de 2002 opera en
todo el territorio nacional, incluso si ese mandato no ha sido incorporado en la
normativa municipal, porque obedece a una disposición constitucional, derivada
del inciso 5.º del artículo 48 superior, tal como lo identificó la Corte Constitucional
en la sentencia C-1040 de 2003. Consecuentemente, ninguna autoridad
municipal podrá obviar el alcance de esa desgravación.
Finalmente, para la Sala es claro que el criterio de decisión adoptado no conlleva
que quienes realizan actividades relacionadas con la salud humana le trasladen a
los usuarios del sistema el monto de la tributación determinada, en la medida en
que el ICA es un impuesto directo que, a diferencia de figuras indirectas como el
IVA, no da derecho a que el empresario le repercuta el impuesto a sus clientes.
4- Precisada la norma que rige la desgravación en el ICA de los ingresos
derivados de la prestación de servicios de salud (i.e. el artículo 111 de la Ley 788
de 2002, en la versión resultante tras el pronunciamiento de constitucionalidad
hecho en la sentencia C-1040 de 2003), procede la Sala a especificar el alcance
actual de la disposición.
4.1- Las notas distintivas del supuesto de hecho consagrado en la norma,
requieren que se acrediten dos circunstancias: en primer lugar, que el
contribuyente sea una entidad integrante del SGSSS y, en segundo lugar, que los
ingresos percibidos por ese contribuyente correspondan a recursos de la
seguridad social destinados a la finalidad del sistema de seguridad social, de
conformidad con el artículo 48 de la Constitución y las normas legales que
desarrollan el derecho a la seguridad social.
La primera circunstancia viene determinada por el artículo 155 de la Ley 100 de
1993, que consagra el listado de los integrantes del SGSSS, entre los cuales se
encuentran las IPS y las EPS, ya sean públicas, privadas o mixtas, si bien son las
IPS las que tienen como función prestar los servicios de salud en el nivel de
atención correspondiente a los afiliados y beneficiarios del Sistema (letra i del
artículo 156 y artículo 185 ejusdem).
Respecto de la segunda circunstancia, cabe señalar que el sentido preciso del
artículo 111 de la Ley 788 de 2002, cuando dispone que «no forman parte de la
base gravable del impuesto de industria y comercio los recursos de las entidades
del SGSSS», es el de establecer una desgravación para las actividades de
servicios de salud realizadas por las IPS, que son remuneradas con recursos que
pertenecen al SGSSS y, por ende, están vinculados a la finalidad especial
considerada en el artículo 48 constitucional; así mismo, debido a que la Corte
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Constitucional declaró inexequible la referencia a los servicios de salud que
inicialmente contemplaba la disposición, estarían desgravados los ingresos por la
realización de otras actividades que estén remuneradas con recursos del
SGSSS, como podría ser la venta de medicamentos o tecnologías relacionadas
con la salud.” (Subraya la Sala)
De lo anterior se extracta que la alusión que realizó el numeral 2 literal d) del artículo
39 de la Ley 14 de 1983 a los “hospitales adscritos o vinculados al sistema nacional de
salud” hace referencia a las instituciones que fueron desarrolladas en 1975. Luego,
con la Ley 10 de 1990 que reorganizó el Sistema Nacional de Salud -SNS-, se
derogó expresamente el Decreto 356 de 1975 que estableció el régimen de
adscripción y vinculación al SNS y posteriormente, con la promulgación de la Ley 100
de 1993 se creó el SGSSS cuyo fin principal era el de aumentar la cobertura al punto
de que toda la población pudiera acceder al sistema, con lo cual se unificó la
normatividad, quedando sin vigencia las regulaciones anteriores.
Acorde con lo anterior, la Sala adoptó un nuevo criterio de decisión que establece
que los ingresos provenientes de actividades relacionadas con la salud humana que
no están gravados con el impuesto de industria y comercio se rigen por lo
preceptuado en el artículo 111 de la Ley 788 de 2002, en los términos de la
Sentencia C-1040 de la Corte Constitucional de 5 de noviembre de 2003 21, toda vez
que la disposición consignada en el numeral 2 literal d) del artículo 39 de la Ley 14
de 1983, quedó desprovista de eficacia normativa.
Para el efecto, deben concurrir dos situaciones: primero, que la entidad
efectivamente haga parte del SGSSS (IPS y EPS públicas, privadas y mixtas) y
segundo, que los recursos provengan del sistema de seguridad social y su propósito
sea exclusivamente el indicado en el artículo 48 de la Constitución Política.
Cabe señalar, que la Sala consideró que la no sujeción contemplada en el numeral 2
literal d) de la Ley 14 de 1983, no se encaminó a desgravar las actividades
concernientes a la salud humana por su naturaleza en sí, independientemente de
quienes las lleven a cabo, sino a aquellas efectuadas por los sujetos allí señalados,
los cuales, en la normativa actual son inexistentes.
En ese orden de ideas, la Sala observa que no se dan las condiciones contempladas
en los artículos 237 y 239 de la Ley 1437 de 2011 para declarar la nulidad de los
actos acusados, pues se reitera que el criterio en que se basó la sentencia del 6 de
diciembre de 2006 que declaró la nulidad parcial del artículo 1º de la Resolución
1195 de 1998 expedida por la Secretaría de Hacienda de Bogotá en el que se
fundamenta la alegada reproducción de acto anulado, fue replanteado por la Sala
para precisar que la desgravación en ICA de los ingresos derivados de actividades
relacionadas con la salud humana es la que está contemplada en el artículo 111 de
la Ley 788 de 2002 (ajustada en los términos establecidos por la Corte Constitucional
en la sentencia C-1040 de 2003), exclusivamente, y no la consagrada en la letra d)
del ordinal 2 del artículo 39 de la Ley 14 de 1983, la cual quedó desprovista de
eficacia normativa.
Así, prospera el cargo de apelación y la Sala procederá a revocar la sentencia
apelada, para en su lugar, denegar las súplicas de la demanda.
21 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
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FALLO
Finalmente, en atención a lo previsto en el artículo 188 del CPACA, no procede la
condena en costas, por cuanto en el presente asunto se debate una pretensión de
nulidad general, la cual lleva inmersa un interés público.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: Revocar la sentencia del 27 de noviembre de 2017, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, en el
trámite del medio de control de nulidad instaurado por Jaime Andrés Girón Medina.
En su lugar:
“PRIMERO: Denegar las súplicas de la demanda.”
SEGUNDO: No condenar en costas en esta instancia.
Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.
(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección Salvo voto
(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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