Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-27-000-2008-00092-02
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-27-000-2008-00092-02
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-27-000-2008-00092-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-27-000-2008-00092-02
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
13 de julio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., trece (13) de julio de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 25000232700020080009202
Referencia. Acción de nulidad y restablecimiento del
derecho
Actora: ASOCIACIÓN DE CULTIVADORES DE CAÑA DE
AZÚCAR DE COLOMBIA.
TESIS: EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS, POR MEDIO DE LOS
CUALES SE FIJA LA TARIFA DE CONTROL FISCAL A UNA ENTIDAD
VIGILADA, SE DEBE SEÑALAR EXPRESA Y CONCRETAMENTE LAS
VARIABLES O FACTORES QUE SE TUVIERON EN CUENTA PARA
APLICAR LA FÓRMULA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 4º DE LA LEY
106.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto
por el apoderado de la Contraloría General de la República, contra
la sentencia de 21 de julio de 2015, proferida por la Sección Primera
Subsección “C”, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en
Descongestión, que declaró la nulidad de las resoluciones
ordinarias núms. 00988 de 4 de octubre de 2005, 00702 de
8 de junio de 2007 y 01720 de 29 de noviembre de 2007,
expedidas por la Contraloría General de la República, a través de
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Número único de radicación: 25000232700020080009202.
Actora:ASOCIACIÓNDECULTIVADORESDECAÑADEAZÚCARDE
COLOMBIA.
las cuales se fijó la tarifa de control fiscal para la vigencia de 2005
a la ASOCIACIÓN DE CULTIVADORES DE CAÑA DE AZÚCAR
DE COLOMBIA, ASOCAÑA, en adelante ASOCAÑA, como
administradora del FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS PARA
LOS AZÚCARES CENTIFRUGADOS, LAS MELAZAS DERIVADAS DE
LA EXTRACCIÓN O DEL REFINADO DEL AZÚCAR Y LOS JARABES DE
AZÚCAR, en adelante el FONDO. Asimismo, ordenó a título de
restablecimiento del derecho, declarar que la mencionada
Asociación no está obligada al pago de la tarifa de control fiscal para
la vigencia de 2005, dispuesta en los actos acusados.
I.- ANTECEDENTES
I.1. La ASOCIACIÓN DE CULTIVADORES DE CAÑA DE AZÚCAR
DE COLOMBIA, por medio de apoderado judicial y en ejercicio de
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el
artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en adelante
CCA, presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, tendiente a obtener las siguientes declaraciones y
condenas:
“[…] PRIMERA PRINCIPAL: Que se declare la nulidad de la
Resolución Ordinaria No. 00988 del 4 de octubre de 2005
proferida por la Dirección de la Oficina de Planeación de la
Contraloría General de la República, que fijó en la suma de
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Número único de radicación: 25000232700020080009202.
Actora:ASOCIACIÓNDECULTIVADORESDECAÑADEAZÚCARDE
COLOMBIA.
Setecientos Dos Millones Ciento Treinta y Un mil Trescientos
Dieciséis Pesos ($702.131.316) la tarifa de control fiscal para
la vigencia fiscal de 2005 a la Asociación de Cultivadores de
Caña de Azúcar de Colombia - ASOCAÑA - Fondo de
Estabilización de Precios para los Azúcares Centrifugados, las
Melazas Derivadas de la Extracción o del Refinado del Azúcar
y los Jarabes de Azúcar.
PRETENSIÓN SUBSIDIARIA DE LA PRIMERA
PRINCIPAL: Que se declare la nulidad del artículo 1 de la
Resolución Ordinaria No. 00988 del 4 de Octubre de 2005,
proferida por la Dirección de la Oficina de Planeación de la
Contraloría General de la República, que fijó la tarifa de
control fiscal para la vigencia 2005 en $702.131.316.
SEGUNDA PRINCIPAL: Que se declare la nulidad de la
Resolución Ordinaria No. 00702 del 8 de Junio de 2007
proferida por la Dirección de la Oficina de Planeación de la
Contraloría General de la República, por la cual se resolvió el
recurso de reposición interpuesto por la Asociación de
Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia - ASOCAÑA -
Fondo de Estabilización de Precios para los Azúcares
Centrifugados, las Melazas Derivadas de la Extracción o del
Refinado del azúcar y los Jarabes de Azúcar, contra la
Resolución Ordinaria No. 00988 del 4 de octubre de 2005.
PRETENSIÓN SUBSIDIARIA DE LA SEGUNDA
PRINCIPAL: Que se declare la nulidad parcial de la
Resolución Ordinaria No. 00702 del 8 de Junio de 2007
proferida por la Dirección de la Oficina de Planeación de la
Contraloría General de la República, por la cual se resolvió el
recurso de reposición interpuesto por la Asociación de
Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia - ASOCAÑA -
Fondo de Estabilización de Precios para los Azúcares
Centrifugados, las Melazas Derivadas de la Extracción o del
Refinado del azúcar y los Jarabes de Azúcar, en lo que se
refiere a la confirmación del artículo 1° de la Resolución No.
00988 del 4 de octubre de 2005.
TERCERA PRINCIPAL: Que se declare la nulidad de la
Resolución Ordinaria No. 01720 del 29 de noviembre de 2007
proferida por el Vicecontralor General de la República, por la
cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la
Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia -
ASOCAÑA - Fondo de Estabilización de Precios para los
Azúcares Centrifugados, las Melazas Derivadas de la
Extracción o del Refinado del azúcar y los Jarabes de Azúcar,
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Actora:ASOCIACIÓNDECULTIVADORESDECAÑADEAZÚCARDE
COLOMBIA.
contra la Resolución Ordinaria No. 00988 del 4 de octubre de
2005.
PRETENSIÓN SUBSIDIARIA DE LA TERCERA
PRINCIPAL: Que se declare la nulidad parcial de la
Resolución Ordinaria No. 01720 del 23 de noviembre de 2007
proferida por el Vicecontralor General de la República, por la
cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la
Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia -
ASOCAÑA - Fondo de Estabilización de Precios para los
Azúcares Centrifugados, las Melazas Derivadas de la
Extracción o del Refinado del azúcar y los Jarabes de Azúcar,
en lo que se refiere a la confirmación del artículo 1° de la
Resolución No. 00988 del 4 de octubre de 2005.
CUARTA PRINCIPAL: Que a título de restablecimiento del
derecho se declare que la Asociación de Cultivadores de Caña
de Azúcar de Colombia - ASOCAÑA - Fondo de Estabilización
de Precios para los Azúcares Centrifugados, las Melazas
Derivadas de la Extracción o del Refinado del azúcar y los
Jarabes de Azúcar, no procede el pago de la tarifa de control
fiscal para la vigencia 2005 fijada por los actos administrativos
demandado (sic).
PRIMERA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA A LA CUARTA
PRINCIPAL: Que a título de restablecimiento del derecho se
ordene a la Contraloría General de la República la
reliquidación de la tarifa de control fiscal para ASOCAÑA -
Fondo de Estabilización de Precios para los Azúcares
Centrifugados, las Melazas Derivadas de la Extracción o del
Refinado del azúcar y los Jarabes de Azúcar, correspondiente
a la vigencia fiscal 2005, teniendo en cuenta exclusivamente
los gastos de funcionamiento reportados para dicha vigencia
por el Fondo de Estabilización de Precios para los Azúcares y
los Jarabes de Azúcar administrado por ASOCAÑA, sin
considerar para este efecto las sumas por concepto de
cesiones y compensaciones por estabilización.
SEGUNDA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA A LA CUARTA
PRINCIPAL: Que a título de restablecimiento del derecho se
ordene a la Contraloría General de la República la
reliquidación de la tarifa de control fiscal para ASOCAÑA -
Fondo de Estabilización de Precios para los Azúcares
Centrifugados, las Melazas Derivadas de la Extracción o del
Refinado del azúcar y los Jarabes de Azúcar, correspondiente
a la vigencia fiscal 2005, aplicando la metodología utilizada
por la Contraloría para la liquidación de la tarifa para las
vigencias 2002 y 2003 y en atención a las erogaciones
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Actora:ASOCIACIÓNDECULTIVADORESDECAÑADEAZÚCARDE
COLOMBIA.
realmente realizadas por el Fondo de Estabilización de Precios
para los Azúcares Centrifugados, las Melazas Derivadas de la
Extracción o del Refinado del Azúcar y los Jarabes de Azúcar
administrado por ASOCAÑA, en la vigencia 2005, sin
considerar las sumas por concepto de cesiones y
compensaciones por estabilización dada la naturaleza jurídica
del mismo Fondo.
TERCERA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA A LA CUARTA
PRINCIPAL: Que a título de restablecimiento del derecho se
ordene a la Contraloría General de la República la
reliquidación de la tarifa de control fiscal para ASOCAÑA -
Fondo de Estabilización de Precios para los Azúcares
Centrifugados, las Melazas Derivadas de la Extracción o del
Refinado del azúcar y los Jarabes de Azúcar, correspondiente
a la vigencia fiscal 2005, de tal manera que para la liquidación
de la misma únicamente se tengan en cuenta los gastos reales
sobre los cuales EL FONDO puede hacer un uso discrecional,
sin considerar las sumas por concepto de cesiones y
compensaciones por estabilización.
CUARTA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA A LA CUARTA
PRINCIPAL: Que a título de restablecimiento del derecho se
ordene a la Contraloría General de la República la
reliquidación de la tarifa de control fiscal para ASOCAÑA -
Fondo de Estabilización de Precios para los Azúcares
Centrifugados, las Melazas Derivadas de la Extracción o del
Refinado del azúcar y los Jarabes de Azúcar, correspondiente
a la vigencia fiscal 2005, de tal manera que para la liquidación
de la misma no se tengan en cuenta las sumas por concepto
de cesiones y compensaciones por estabilización.
QUINTA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA A LA CUARTA
PRINCIPAL: Que a título de restablecimiento del derecho se
ordene a la Contraloría General de la República la
reliquidación de la tarifa de control fiscal para ASOCAÑA -
Fondo de Estabilización de Precios para los Azúcares
Centrifugados, las Melazas Derivadas de la Extracción o del
Refinado del azúcar y los Jarabes de Azúcar, correspondiente
a la vigencia fiscal 2005, disminuyéndola, de tal manera que
la liquidación de la misma respete los principio (sic) y normas
constitucionales y en especial el principio de proporcionalidad.
SEXTA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA A LA CUARTA
PRINCIPAL: Que se ordene a la Contraloría General de la
República el restablecimiento de los derechos de ASOCAÑA -
Fondo de Estabilización de Precios para los Azúcares
Centrifugados, las Melazas Derivadas de la Extracción o del
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Número único de radicación: 25000232700020080009202.
Actora:ASOCIACIÓNDECULTIVADORESDECAÑADEAZÚCARDE
COLOMBIA.
Refinado del azúcar y los Jarabes de Azúcar en los términos
que el Tribunal considere, de conformidad con lo que se
pruebe en el proceso.
QUINTA PRINCIPAL: Que a título de restablecimiento del
derecho y en el evento en que ASOCAÑA se vea obligada a
pagar la tarifa de control fiscal para la vigencia 2005 se
condene a la NACIÓN - CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA a pagar a ASOCAÑA, como administrador del
Fondo de Estabilización de Precios para los Azúcares
Centrifugados, las Melazas Derivadas de la Extracción o del
Refinado del Azúcar y los Jarabes de Azúcar, la indemnización
de todos los perjuicios que se le hayan causado, tanto por
daño emergente como por lucro cesante, de conformidad con
lo que se pruebe en este proceso.
SEXTA PRINCIPAL: Que se condene en costas y agencias en
derecho a la demandada.
SÉPTIMA PRINCIPAL: Que, en caso de proferirse una
condena en dinero a cargo de la demandada, se condene a
esta al reconocimiento de los intereses de que trata el inciso
final del artículo 177 del CCA, desde el momento de la
ejecutoria de la sentencia […]”.
I.2. La actora fundamentó su demanda, en síntesis, en los
siguientes hechos:
1º. Mediante la Ley 101 de 23 de diciembre de 19931 se crearon los
Fondos de Estabilización de Precios de Productos Agropecuarios y
Pesqueros, los cuales tienen por objeto procurar un ingreso
remunerativo para los productores y son administrados por la entidad
gremial del subsector correspondiente.
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Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero.
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COLOMBIA.
2º. En virtud del artículo 38 de la Ley 101, las cesiones de
estabilización que los Fondos de Estabilización de Precios de
Productos Agropecuarios y Pesqueros perciben, como fuente de
recursos, constituyen una contribución parafiscal.
3º. Cuando el precio internacional del producto, objeto del Fondo, en
un mercado de referencia, es superior al precio de referencia o a un
límite superior de una franja de valores para ese mercado, el
productor paga al Fondo una cesión por estabilización, la que
constituye una contribución parafiscal y equivale a un porcentaje de
la diferencia entre ambos precios; en contraste, cuando el monto es
inferior, el productor recibe una compensación por estabilización.
4º. A través del Decreto 569 de 30 de marzo de 20002, se organizó
el FONDO, el que funciona como una cuenta especial administrada
por la entidad que representa a los productores, vendedores y
exportadores, que en este caso es la ASOCIACIÓN DE
CULTIVADORES DE CAÑA DE AZÚCAR DE COLOMBIA-
ASOCAÑA, que el 12 de mayo de 2002 celebró un contrato con el
2
“Por el cual se organiza el Fondo de Estabilización de precios para los azúcares centrifugados,
las melazas derivadas de la extracción o del refinado de azúcar y los jarabes de azúcar”.
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COLOMBIA.
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para la administración del
citado FONDO.
5º. El artículo 267 de la Constitución Política establece que la
Contraloría General de la República, como ente encargado del control
fiscal, cuenta con autonomía administrativa y presupuestal.
6º. El artículo 4º de la Ley 106 de 30 de diciembre de 19933 fijó el
cobro de una tarifa de control fiscal por parte de la Contraloría
General de la República a las entidades sujetas a vigilancia.
7º. A partir de 2002, la Contraloría General de la República ha
cobrado a ASOCAÑA, como administrador del FONDO en mención,
la tarifa de control fiscal, de conformidad con lo establecido en la Ley
106.
8º. Para la vigencia correspondiente al año 2002, la entidad
demandada expidió la Resolución Ordinaria núm. 01068 de 30 de
julio de 2002, por medio de la cual liquidó la tarifa de control fiscal
para ASOCAÑA en $2.882.325, con fundamento en el presupuesto
3
“Por la cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría General de la
República, se establece su estructura orgánica, se determina la organización y funcionamiento de la
Auditoría Externa, se organiza el Fondo de Bienestar Social, se determina el Sistema de Personal, se
desarrolla la Carrera Administrativa Especial y se dictan otras disposiciones”.
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COLOMBIA.
de gastos reportado por la actora, mediante comunicación núm.
PC-466-02 de 25 de abril de 2002, que señaló lo siguiente:
“Gasto de funcionamiento (pesos): $1.002.081.773
Gasto de inversión (pesos): $33.771.569.739
Gasto total (pesos): $34.773.651.512”
9º. Para la vigencia fiscal correspondiente a 2003, a través de la
Resolución Ordinaria núm. 1146 de 2 de septiembre de 2003, la
entidad demandada fijó la tarifa de control fiscal a cargo de la actora,
en $2.168.687, según lo informado en la comunicación núm. SF-014-
03 de 8 de mayo de 2003, así:
“Gasto de funcionamiento (pesos): $1.061.370.941
Gasto de inversión (pesos): $53.868.930.716
Gasto total (pesos): $54.930.301.657”
10º. Las tarifas de control fiscal impuestas por la entidad
demandada, para las vigencias 2002 y 2003, fueron pagadas
oportunamente por parte de la actora, como administrador del
FONDO.
11º. Mediante informe de auditoría de junio de 2002, la Contraloría
General de la República solicitó a la demandante un Plan de
Mejoramiento, en atención a que los ingresos y egresos del Fondo
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Actora:ASOCIACIÓNDECULTIVADORESDECAÑADEAZÚCARDE
COLOMBIA.
estaban subestimados, debido a que no se discriminaban los valores
totales por concepto de cesiones y compensaciones.
12º. Mediante Circular 006 de 14 de abril de 2004, la Contraloría
General de la República solicitó a la demandante el reporte de
presupuestos de gastos para la liquidación de la tarifa
correspondiente a esa vigencia, realizando la precisión de que la
fijación y cobro de la tarifa se realiza con base en el presupuesto
de gastos realmente ejecutado en el año inmediatamente anterior,
buscando cumplir con principios similares al de certeza tributaria.
13º. Como consecuencia de lo anterior, para la liquidación de la tarifa
de control fiscal correspondiente a la vigencia de 2004, se expidió la
Resolución Ordinaria núm. 1055 de 20 de septiembre de 2004, por
valor de $716.214.038, con fundamento en lo informado por la
actora:
“Gasto de funcionamiento (pesos): $1.390.857.021
Gasto de inversión (pesos): $366.640.936.646
Gasto total (pesos): $368.031.793.667”
14º. Con respecto a la vigencia de 2005, mediante la Resolución
Ordinaria núm. 00988 de 04 de octubre de 2005, la Dirección
de la Oficina de Planeación de la Contraloría General de la República
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Número único de radicación: 25000232700020080009202.
Actora:ASOCIACIÓNDECULTIVADORESDECAÑADEAZÚCARDE
COLOMBIA.
fijó la tarifa de control de la actora en $702.131.316, con fundamento
en la comunicación de 23 de mayo de 2005, que indicó:
“Gasto de funcionamiento (pesos): $1.494.027.319
Gasto de inversión (pesos): $329.627.670.870
Gasto total (pesos): $331.121.698.189”
15º. Con fundamento en lo anterior, el 13 de diciembre de 2005, la
actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación,
siendo resueltos de manera confirmativa; el primero de ellos,
mediante la Resolución Ordinaria núm. 00702 de 8 de junio de
2007; y el segundo, a través de la Resolución núm. 01720 de 29
de noviembre de 2007, expedidas por el Director de la Oficina de
Planeación de la Contraloría General de la República y por el
Vicecontralor de la mencionada entidad.
I.3. En apoyo de sus pretensiones, la actora adujo la violación de
los artículos 2º, 4º, 13, 29, 83, 95, 209, 267, 338 y 363 de la
Constitución Política; 2º, 3º y 36 del CCA; 31, 36, 37, 38, 40 y 46
de la Ley 101; 4º de la Ley 106; 683 del Estatuto Tributario; y 7º
y 9º del Decreto 2025 de 6 de noviembre de 19964.
4
“Por el cual se reglamenta parcialmente el capítulo V de la Ley 101 de 1993, y las leyes 67 de 1983,
40 de 1990, 89 de 1993 y 114, 117, 118 y 138 de 1994”.
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Número único de radicación: 25000232700020080009202.
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En síntesis, señaló los siguientes cargos de violación:
. PRIMER CARGO- INDEBIDA MOTIVACIÓN Y AUSENCIA DE
LA MISMA.
Señaló que como requisito de expedición de cualquier acto
administrativo se necesita que el mismo sea motivado de manera
breve y sumaria. Dicha motivación debe estar soportada en razones
que otorguen sustento fáctico a la decisión tomada por la
Administración.
Sobre el particular, trajo a colación la sentencia de 26 de junio de
1997, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado5, con
el fin de señalar que los actos acusados adolecen de indebida
motivación, ya que modificaron, sin ninguna explicación técnica, la
metodología adoptada por la Contraloría para la liquidación de la
tarifa de control fiscal durante los años 2002 y 2003, lo cual implicó
un aumento desproporcionado y sin justificación ni explicación de
su razonabilidad para la tarifa correspondiente al año 2005, toda
vez que los gastos de funcionamiento del FONDO no se
incrementaron significativamente respecto a las vigencias pasadas.
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 26 de junio
de 1997, núm. único de radicación 13753.
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COLOMBIA.
Que con ello se desconocieron no solo los principios como el de la
buena fe y el de confianza legítima, sino también las normas y
principios aplicables a la gestión fiscal y el alcance que sobre dichos
principios ha definido la Corte Constitucional.
Advirtió que aún más evidente resulta la falsa motivación de las
resoluciones acusadas cuando se aprecian las motivaciones
consideradas por la demandada para su expedición, en tanto en
ellas no se puede establecer cuáles fueron los gastos de la actora
utilizados por la Contraloría para la liquidación de la tarifa de la
vigencia de 2005, situación a la que no escapan las resoluciones
correspondientes a los años anteriores.
Indicó que, en efecto, en la Resolución núm. 00988 de 4 de
octubre de 2005 se invocan los otros factores que componen la
ecuación prevista en el artículo 4º de la Ley 106, pero no se ofrece
el detalle sobre las sumas correspondientes al presupuesto de
gastos tenidas en cuenta para la fijación de la tarifa.
Explicó que las motivaciones expuestas por la Contraloría, que dan
lugar a la liquidación de la tarifa, son insuficientes e incompletas,
en tanto carecen de cualquier referencia al otro factor que integra
la ecuación, contenida en el artículo 4º de la Ley 106, esto es, el
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relacionado con el presupuesto de gastos de la entidad, sujeto al
cobro de la tarifa.
Que, adicionalmente, al haberse aumentado en un 35.000% la
tarifa frente a la cobrada en los años 2002 y 2003, es evidente que
la entidad demandada tenía el deber de motivar y explicar las
razones que la llevaron a aumentar en esa proporción la tarifa.
Sobre la motivación de los actos administrativos y su relación con
el derecho de defensa del particular frente a la Administración, trajo
a colación la sentencia proferida, el 14 de junio de 19966, por la
Sección Cuarta, en la que se indicó que la motivación es el proceso
de razonamiento que debe expresar por norma general la
Administración para llegar a la conclusión inserta en la parte
resolutiva del acto expedido, constituyendo, por lo tanto, un
requisito esencial del acto administrativo que permite conocer al
interesado el porqué de la decisión, con miras a que ejercite el
derecho de defensa.
. SEGUNDO CARGO- LAS RESOLUCIONES ACUSADAS SON
VIOLATORIAS DE NORMAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES.
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 14 de junio
de 1996, núm. único de radicación 7229.
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Expresó que la cuenta manejada por ASOCAÑA no fue creada
como un fondo parafiscal; sin embargo, la misma Ley 101 dispuso
que las cesiones por estabilización que ingresen como recursos,
constituyen contribuciones parafiscales destinadas al cumplimiento
de los objetivos, lo cual, en concordancia con los capítulos V y VI
de la Ley 101 y lo establecido en el Decreto 2025, implica una serie
de presupuestos legales que no pueden ser desconocidos, tanto en
la administración del FONDO como en la destinación que de tales
recursos deba llevarse a cabo.
Que el artículo 38 de la Ley 101 estableció, de manera expresa, que
las cesiones por compensación, como recursos que integran el
Fondo, constituyen contribuciones parafiscales.
Resaltó que el contrato de administración del FONDO celebrado
entre la actora y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
incluyó como obligación a cargo de la primera la administración de
los recursos del FONDO, con sujeción a las disposiciones previstas
en el Capítulo V de la Ley 101 y el Decreto 2025, lo cual implica la
destinación de los recursos provenientes de las contribuciones
parafiscales para los objetivos específicamente señalados en esas
normas.
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Que, por lo anterior, la demandante no se encuentra facultada para
desconocer disposiciones legales, que de manera expresa la obligan
a destinar los recursos provenientes de contribuciones parafiscales
para gastos específicamente previstos en la Ley 101 y en el Decreto
2025, como tampoco para desconocer la naturaleza y los fines que
la Constitución Política y la Ley le han dado a las contribuciones
parafiscales, por lo que el cobro fiscal a un particular que administra
recursos provenientes de tales contribuciones carece de total
fundamento legal.
Igualmente, precisó que el FONDO carece de personería jurídica,
según el concepto de 7 de diciembre de 19957, emitido por la Sala
de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, aspecto que le
impedía actuar como sujeto de derecho y tener capacidad jurídica;
que, por ello, su administración estaba a cargo de la demandante,
quien es la encargada de recibir las cesiones y hacer las
compensaciones según lo ordena la ley; que, por tanto, los dineros
no son de libre destinación y que si bien se registran contablemente
como ingresos y gastos, no corresponden a una erogación real
como sí lo constituyen los gastos de funcionamiento, por lo que
sobre las mismas no podía calcularse la tarifa de vigilancia.
7
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 7 de diciembre de 1995, C.P.
Roberto Suárez Franco, núm. único de radicación 764.
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Advirtió que la Contraloría carecía de competencia para exigirle a
la actora un ajuste en las reglas contables, con el propósito de
mostrar de manera más específica la información relacionada con
los movimientos de recursos relativos a las operaciones de cesión
y compensación por estabilización, dado que la aquí demandante
únicamente estaba obligada a atender los principios de contabilidad
generalmente aceptados y las reglas que al respecto determine el
Contador General de la República, según la sentencia C-529 de 11
de noviembre de 1993 de la Corte Constitucional8.
Señaló que el principio de proporcionalidad, como mandato
constitucional que debe observar la Administración en sus
actuaciones, implica una adecuación entre los medios y fines
utilizados por la autoridad administrativa, de tal manera que
mediante la imposición de determinadas medidas no se vean
sacrificados ciertos principios constitucionales de mayor jerarquía,
que con el logro del fin pretendido a través de la imposición de la
medida puedan verse vulnerados.
Anotó que, teniendo en cuenta la información contable de la actora
y el crecimiento real de la misma entre los años 2002 y 2005,
8
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia de 11 de noviembre de 1993, M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz, núm. único de radicación D-281.
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carece de toda proporcionalidad el cobro de una tarifa de control
fiscal por valor de $702.131.316, cuando en el año 2003, la tarifa
fue cobrada por un valor de $2.168.687.
Así las cosas, al no existir un incremento considerable en el
presupuesto de funcionamiento entre 2003 y 2005, el cuantioso
aumento desconoce, de manera flagrante, el principio de la buena
fe y de la confianza legítima definido en las sentencias SU-360 de
19 de mayo de 19999 y C-108 de 10 de febrero de 200410,
proferidas por la Corte Constitucional, ya que la Contraloría
modificó intempestivamente su interpretación con respecto al
presupuesto de gastos de funcionamiento del FONDO, sin tener en
cuenta los perjudiciales efectos que dicha decisión implicaría para
el correcto funcionamiento de la actora.
Que ello no puede implicar desconocer las situaciones jurídicas
consolidadas durante los años 2002 y 2003, a partir de las cuales
ASOCAÑA, como administrador del Fondo, generó determinadas
expectativas financieras al gremio azucarero, al proyectar tarifas
9
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU- 360 de 19 de mayo de 1999, M.P. Alejandro Martínez
Caballero, núm. único de radicación Expediente T-168937 y acumulados.
10
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU- 108 de 10 de febrero de 2004, M.P. Alfredo Beltrán
Sierra, núm. único de radicación D-4870.
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de control fiscal, fundamentadas en una situación jurídica razonable
con la operación y los gastos reales del FONDO.
Afirmó que otros de los principios que la entidad demandada ha
desconocido en la liquidación de la tarifa de control fiscal, para las
vigencias 2004 y 2005, es el de los actos propios, de conformidad
con las sentencias T-475 de 1992, T-478 de 1998, T-398 de 1997,
T-576 de 1998 y SU-260 de 1998, proferidas por la Corte
Constitucional, en tanto la entidad asumió para 2005 una postura
distinta a la de 2002 y 2003; en consecuencia, las decisiones
acusadas resultan infundadas y violatorias de dicho principio, así
como de la buena fe y confianza legítima.
I.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La Contraloría General de la República, mediante apoderado,
contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de las
pretensiones adujo, en esencia, lo siguiente:
Que la Ley 101, en el artículo 29, define las contribuciones
parafiscales agropecuarias y pesqueras como las que en casos y
condiciones especiales, por razones de interés general, impone la
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ley a un subsector agropecuario o pesquero determinado para
beneficio del mismo.
Trajo a colación el concepto de 29 de noviembre de 199511, emitido
por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, y la
sentencia C-152 de 19 de marzo de 199712, proferida por la Corte
Constitucional, para afirmar que los recursos que administra
ASOCAÑA son públicos y, por ello, están sometidos a control fiscal,
de conformidad con el artículo 267 de la Constitución Política.
Anotó que el Decreto Ley 267 de 22 de febrero de 200013, en su
artículo 4º, expresamente establece quiénes son sujetos de control
fiscal por parte de la Contraloría General de la República, los cuales
están debidamente determinados en los numerales del 1 al 12.
Que, precisamente, en el numeral 12 se incorpora a los
particulares, como ASOCAÑA, al indicar: “[…] Los particulares que
cumplan funciones públicas, respecto de los bienes públicos que
11
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 29 de noviembre de 1995, C.P.
Javier Henao Hidrón, núm. único de radicación 748.
12
Corte Constitucional, Sala Pena, sentencia de 19 de marzo de 1997, M.P. Jorge Arango mejía, núm.
único de radicación D 1420.
13
“Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría General de la
República, se establece su estructura orgánica, se fijan las funciones de sus dependencias y se dictan
otras disposiciones”, expedido por el Presidente de la República.
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obtengan o administren o cuando manejen bienes o recursos de la
Nación […]”.
También, trajo a colación las sentencias de 31 de octubre de 200114
y C-108 de 9 de febrero de 200015 de la Corte Constitucional y de
11 de diciembre de 200116, proferida por el Consejo de Estado,
relacionadas con la proporcionalidad de la fórmula que se emplea
para calcular el valor de la tarifa de control fiscal, la que está
prevista en el artículo 4º de la Ley 106, que consiste en que los
recursos de la Contraloría se calculan en función de los
presupuestos de los entes fiscalizados.
Aseguró que la Contraloría es competente para adelantar el
procedimiento de determinación y fijación individual de la tarifa de
control fiscal, la que se calcula de acuerdo con los gastos que ha
demandado su operación y administración en la vigencia
precedente, en los cuales debe tenerse en cuenta el valor del
presupuesto de funcionamiento de la Contraloría, la sumatoria de
14
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia de 31 de octubre de 2001, M.P. Luis Carlos Sáchica
Aponte, núm. único de radicación D3534.
15
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia de 9 de febrero de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra,
núm. único de radicación D 2440.
16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 11 de diciembre de
2011.
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los presupuestos de gastos de los organismos y entidades vigiladas
y el factor de fiscalización.
Citó la sentencia de 6 de octubre de 200417, proferida por la
Subsección “A”, Sección Cuarta, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en la que se señaló que la tarifa de control fiscal se
calcula individualmente para cada organismo o entidad vigilada, en
función de los presupuestos de los entes fiscalizados, en la vigencia
anterior.
Concluyó que la demandante es sujeto de control por parte de la
Contraloría General de la República, por cuanto maneja recursos
públicos, de ahí que estuviera obligada al pago de la cuota
fiscalizadora que se determinó en los actos acusados.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
Mediante sentencia de 21 de julio de 2015, la Sección Primera -
Subsección “C”- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en
Descongestión, declaró la nulidad de las resoluciones ordinarias
núms. 00988 de 4 de octubre de 2005, 00702 de 8 de junio
de 2007 y 1720 de 28 de noviembre de 2007, expedidas por
17
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Sección Cuarta, Subsección “A”, sentencia de
6 de octubre de 2004, M.P. Juan Manuel Bernal Arévalo, núm. único de radicación 2002-812.
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la Contraloría General de la República, a través de las cuales se fijó
la tarifa de control fiscal para la vigencia de 2005 a la
ASOCIACIÓN DE CULTIVADORES DE CAÑA DE AZÚCAR DE
COLOMBIA, como administradora del FONDO. Asimismo, ordenó,
a título de restablecimiento del derecho, declarar que la
mencionada Asociación no está obligada al pago de la tarifa de
control fiscal para la vigencia de 2005, dispuesta en los actos
acusados, con base en los razonamientos que pueden resumirse
así:
Señaló que en los términos de la Ley 101, del Decreto 569 y del
Contrato de Administración núm. 026 de 12 de mayo de 2000,
celebrado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con la
demandante, esta tiene la calidad de administradora del FONDO.
Que el artículo 36 de la Ley 101 creó los FONDOS DE
ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y
PESQUEROS.
Que, según el artículo 37 ibidem, estos fondos serán administrados,
como cuenta especial, por la entidad gremial administradora del
Fondo parafiscal del subsector agropecuario y pesquero
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correspondiente y también por otras entidades o por intermedio de
contratos de fiducia, de acuerdo con la decisión que para tal efecto
adoptó el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Que de acuerdo con el artículo 38 ibidem, los recursos de los Fondos
de Estabilización de Precios de Productos Agropecuarios y
Pesqueros provendrán de “[…] Las cesiones de estabilización que
los productores, vendedores o exportadores hagan de conformidad
con el artículo 40 de la presente Ley […]”, entre otras fuentes.
Puntualizó que, según el parágrafo 2º del citado artículo 38, las
referidas cesiones de estabilización son contribuciones parafiscales.
Anotó que dicha normativa autorizó al Gobierno Nacional para que
cuando lo considerara necesario, organizara Fondos de
Estabilización de Precios de Productos Agropecuarios y Pesqueros,
razón por lo cual a través del Decreto 569 se instituyó el FONDO
DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS PARA LOS AZÚCARES
CENTRIFUGADOS, LAS MELAZAS DERIVADAS DE LA
EXTRACCIÓN O DEL REFINADO DE AZÚCAR Y LOS JARABES
DE AZÚCAR.
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Destacó que las cesiones de estabilización que recibe el FONDO por
parte de los productores, vendedores o exportadores son aportes
parafiscales, según el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 101 y el
numeral 1 del artículo 4º del Decreto 569; y que estos constituyen
los únicos ingresos de la referida cuenta, como lo expresó el testigo
señor Jorge Ernesto Rebolledo Rueda, Secretario Técnico del
FONDO.
Indicó que el Estatuto Orgánico del Presupuesto establece que las
contribuciones parafiscales son los gravámenes establecidos con
carácter obligatorio por la ley, que afectan a un determinado y
único grupo social o económico y se utilizan para beneficio del
propio sector.
Expresó que la Corte Constitucional, en la sentencia C- 152 de 19 de
marzo de 199718, advirtió que las contribuciones parafiscales son
recursos públicos que pertenecen al Estado, aunque están
destinados a favorecer solamente al grupo, gremio o sector que los
tributa; y que su manejo, administración y ejecución de los
recursos parafiscales puede hacerse por personas jurídicas de
derecho privado (generalmente asociaciones gremiales), en virtud
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-152 de 19 de marzo de 1997, M.P. Jorge Arango
18
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de contratos celebrados con la Nación, de conformidad con la ley
que crea las contribuciones, o por los órganos que forman parte
del presupuesto general de la Nación, como lo prevé el inciso
segundo del artículo 29 del Estatuto Orgánico del Presupuesto.
Que corresponde a la Contraloría General de la República, por
mandato expreso del artículo 267 de la Constitución Política, inciso
primero, el control fiscal de los recursos originados en las
contribuciones parafiscales, para que se inviertan de conformidad
con las normas que las crean.
Estimó que, de acuerdo con lo anterior, la demandante tiene a su
cargo un fondo compuesto por contribuciones parafiscales y, como
tal, es sujeto de control fiscal por parte de la Contraloría General
de la República, según lo previsto en el artículo 267 de la
Constitución Política.
Que el artículo 4º del Decreto 267 dispone que son sujetos de dicho
control los particulares que manejan bienes o recursos de la Nación;
y que en tratándose de fondos parafiscales agropecuarios y
pesqueros el artículo 7º del Decreto 2025 señala que tal organismo
es el competente para adelantar procesos de fiscalización.
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Manifestó que al ser sujeto de control fiscal es claro que las personas
que administran contribuciones parafiscales tienen el deber de pagar
a la Contraloría General de la República la tarifa de control fiscal, de
que trata el artículo 4º de la Ley 106.
Aclaró que esta disposición, ciertamente, autoriza a dicho organismo
para cobrar una tarifa de control fiscal “a los organismos y entidades
fiscalizadas”, sin excluir de modo expreso a las personas encargadas
de administrar las contribuciones parafiscales de los sectores
agropecuarios y pesqueros, como el caso de la demandante.
Consideró que carece de sustento legal la afirmación de la actora
cuando señala que las cesiones y compensaciones no podían ser
tenidas en cuenta para liquidar la tarifa fiscal, dado que la tarifa
legal debe calcularse sobre el total del presupuesto de la entidad
vigilada, no siendo posible excluir de ese rubro los ingresos o
egresos, cualquiera que sea su denominación, conforme lo indica el
artículo 4º de la Ley 106, además de que la orden legal de pagar la
tarifa es general y dirigida a todos los sujetos vigilados, siendo
inviable excusarse de ello aduciendo la especial destinación que
tienen los recursos manejados.
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Afirmó que la Sección Primera del Consejo de Estado, en la sentencia
de 22 de marzo de 201319, precisó el alcance jurídico que debe darse
al “presupuesto de la entidad vigilada”, el cual se refiere al “[…]
instrumento en el cual se ha establecido normativamente la
autorización a un ente para que recaude ingresos y realice los gastos
necesarios para el cumplimiento de sus fines y objetivos dentro de
un período de tiempo determinado […]”.
Que dicha providencia también señaló que si se limita el factor
“presupuesto de la entidad” al presupuesto efectivamente ejecutado,
la capacidad presupuestal del órgano de control puede verse
seriamente afectada, ya que reduce el monto del factor a aplicar en
la fórmula y se desdibuja tanto el mandato constitucional como el fin
buscado en la ley.
Recordó que la Corte Constitucional, en la sentencia C-1148 de 31
de octubre de 200120, sostuvo en relación con la fórmula para
determinar la tarifa de control fiscal, que el cálculo de dicha tarifa
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de
marzo de 2013. C.P. Guillermo Vargas Ayala, núm. único de radicación 25000232700020080026901.
20
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-1148 de 31 de octubre de 2001, M.P. Alfredo Beltrán
Sierra, núm. único de radicación D-3534.
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cuando se trate de la fiscalización de entes particulares que manejan,
en forma total o parcial, fondos o bienes de la Nación, debe calcularse
en relación con el monto de tales fondos o bienes de la Nación y no
con los que correspondan al ente particular como tal, pues estos son
privados y la Contraloría no ejerce fiscalización sobre ellos.
Expresó que no le asiste razón a la demandante, al señalar que las
cesiones recibidas y las compensaciones hechas no hacen parte del
presupuesto del Fondo, dado que tales movimientos financieros
constituyen la finalidad de esa cuenta y que, en consecuencia, son
los principales ingresos y egresos que deben considerarse para
liquidar la tarifa, pues el concepto de presupuesto parte de la idea
que las erogaciones y entradas efectuadas se adelantaron con el fin
de cumplir con el objetivo primordial de la entidad, además de que
por ser dineros de la Nación debe calcularse sobre la totalidad de los
mismos.
Trajo a colación la sentencia proferida el 9 de junio de 2011, por la
Sección Primera del Consejo de Estado21, en la que se dijo que las
entidades que administran recursos parafiscales deben contribuir al
financiamiento de los gastos e inversiones del Estado, en las
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio
de 2011, C.P. María Claudia Rojas Lasso, núm. único de radicación 25000232700020020081201.
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mismas condiciones que las demás personas dentro de los
conceptos de justicia y equidad; que no cabe duda que la previsión
general de pagar la tarifa de control aplica al FONDO; que solo se
podría excusar de tal pago por vía de exención legal, la cual no
existe; y que, por tanto, independientemente de la destinación
exclusiva o no de los dineros manejados, lo cierto es que al ser
estos de la Nación la Contraloría debe adelantar los procesos de
fiscalización sobre ellos.
Precisó que el FONDO sí está obligado al pago de la tarifa, a pesar
de que sus principales ingresos sean aportes parafiscales con
destinación específica, pues los mismos son de la Nación y no están
exentos de ese especial aporte; además porque las cesiones y
compensaciones deben incluirse en el presupuesto del FONDO
vigilado, máxime si se considera que, según el numeral 1 del artículo
38 de la Ley 101 y el numeral 1 del artículo 4º del Decreto 569, los
referidos recursos son la principal fuente de ingresos y egresos que
maneja esa cuenta.
Observó que al momento de estimar la tarifa de control fiscal, en
los actos acusados, la entidad demandada no señaló uno de los
factores que componen la ecuación, prevista en el artículo 4º de la
Ley 106, para liquidar individualmente dicha tarifa, esto es, la cifra
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que equivale al presupuesto de gastos de la entidad vigilada (del
FONDO), aspecto que de suyo supone la expedición irregular de
las resoluciones por la deficiente motivación al respecto, pues de
acuerdo con el artículo 35 del CCA cualquier decisión administrativa
será motivada, mandato refrendado en la Resolución Orgánica
núm. 05488 de 20 de mayo de 2003, expedida por la Contraloría
General de la República, vigente al momento de los hechos, que
establece en el parágrafo 1º del artículo 1º: “[…] La tarifa de control
fiscal deberá fijarse por medio de resolución debidamente motivada
[…]”.
Explicó que la autoridad omitió de forma absoluta manifestar cuál
fue la cifra que adoptó como presupuesto de funcionamiento del
FONDO, a efectos de imponerle la tarifa de control fiscal,
impidiéndole así poder ejercer sus derechos de defensa sobre ese
aspecto; y que con solo afirmar “[…] al aplicar este último factor al
presupuesto de gastos de la Asociación de Cultivadores de Caña de
Azúcar de Colombia -ASOCAÑA- Fondo de Estabilización de Precios
para los azúcares Centrifugados, las Melazas Derivadas de la
Extracción o del Refinado del Azúcar y los Jarabes del azúcar, se
obtiene como Tarifa de Control Fiscal para la vigencia 2005, la suma
de SETECIENTOS DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL
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TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS (sic) PESOS ($702.131.316.00) […]”, no
es posible conocer el monto a que asciende la variable,
correspondiente al presupuesto de la entidad vigilada a la cual se le
va a determinar la tarifa de control fiscal en la fórmula, en tanto
olvidó indicar expresamente ese rubro, circunscribiéndose a señalar
el resultado final.
Mencionó que en un asunto similar, con las mismas partes y en el
que igualmente se discutía la motivación de la liquidación de la tarifa
de control fiscal, el Consejo de Estado22 precisó que en los actos sí
podía conocerse el rubro, ahora echado de menos, así:
“[…] b) En segundo término, se aduce por ASOCAÑA que al
momento de fallarse sobre la legalidad de la tarifa, la
sentencia de primera instancia erróneamente toma como base
la suma de $444.452.051.363, cuando la Contraloría
manifiesta que la ejecución presupuestal de gastos para el
año 2004 asciende a la suma de $367.278.284.000.
Se observa sobre el particular que en efecto el a quo hizo
mención de la primera cifra mencionada, haciendo referencia
a que la demandante en el trámite administrativo -al formular
los recursos de la vía gubernativa- señaló que los ingresos
presupuestados del Fondo por ella administrado ascendían
para el año 2004 a la suma de $444.452.051.363, pero no
tomando ese valor como factor para determinar la tarifa de
control fiscal correspondiente a ASOCAÑA, pues para esto
último la Contraloría General de la República, según
consta en la Resolución 01592 de 31 de octubre de
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera., sentencia de 18 de
julio de 2012, C.P. (E): Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación: 25000-23-27-000-
2006-90783-01.
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2005, por la cual se resuelve el recurso de apelación,
tuvo en cuenta la suma de $367.278.284.000, que
corresponde, como lo ordena la Ley 106 de 1994, al
valor de la ejecución presupuestal de gastos de
ASOCAÑA para el año 2004, informado por la misma
ante el órgano de control […]”.
Que lo anterior, para reforzar la idea de que la Contraloría estaba en
la obligación de señalar expresamente todas las cifras empleadas
para calcular la tarifa, como en aquella oportunidad lo hizo.
Que al no existir certeza respecto al monto tenido en cuenta por el
ente de control, es imposible efectuar un control aritmético, tanto por
la actora como por el fallador de primera instancia, circunstancia que
deviene en la prosperidad del segundo cargo de anulación.
Por último, negó el reconocimiento de indemnización por daño
emergente y lucro cesante, por no estar acreditados en el plenario
y se abstuvo de ordenar el pago de intereses en los términos del
artículo 177 del CCA, dado que no hay una cantidad líquida de
dinero pasible de causar intereses de algún tipo.
III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
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La Contraloría General de la República fincó su inconformidad,
en esencia, así:
Señaló que son sujetos pasivos del tributo especial de la tarifa de
control fiscal los particulares o entidades que manejan fondos o
bienes de la Nación, que sean sujetos a la vigilancia y control fiscal
que ejerce la Contraloría General de la República.
Expresó que es la Constitución Política y la ley la que determina los
sujetos sometidos a la vigilancia de la entidad demandada, cuyos
lineamientos son de público conocimiento, razón por la cual no le
es dable a la actora ni al a quo dictaminar como soporte de una
falsa o indebida motivación de los actos administrativos, a través
de los cuales se fijó la tarifa de control fiscal a la actora, la presunta
ausencia del listado de los sujetos de control que intervinieron o
fueron tenidos en cuenta en la fórmula respectiva.
Indicó que el artículo 4º de la Ley 106 le permite al órgano de
control fiscal establecer individualmente a cada organismo o
entidad vigilada la tarifa, mediante resolución que se expide
anualmente, siendo claro que el valor total del recaudo por este
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concepto no puede superar, por ningún motivo, el valor total de sus
gastos de funcionamiento.
Manifestó que respecto a la fórmula para establecer la tarifa de
control es necesario distinguir entre el concepto de presupuesto de
funcionamiento de la Contraloría, que solo debe incluir los rubros
propios que el ente fiscalizador utiliza para su funcionamiento, del
concepto del presupuesto de los organismos y entidades vigiladas,
pues este último hace referencia al valor de la ejecución
presupuestal de los rubros que conformaban el presupuesto de los
sujetos de control fiscal.
Explicó que contrario a lo señalado por el fallador de primera
instancia, el presupuesto que la Contraloría General de la República
debe tomar en cuenta, frente al destinatario de control fiscal al
momento de liquidar la tarifa, se limita al presupuesto en general
y a los rubros que normativamente lo componen, más no a su
presupuesto de funcionamiento como erradamente lo indica en su
providencia.
Adujo que la fórmula establecida en el artículo 4º de la Ley 106,
preceptúa expresamente que “[…] la Contraloría General de la
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República cobrará una tarifa de control fiscal a los organismos y
entidades fiscalizadas, equivalente a la de aplicar el factor
resultante de la fórmula de dividir el presupuesto de
funcionamiento de la Contraloría sobre la sumatoria del valor de
los presupuestos de los organismos y entidades vigiladas, al
valor de los presupuestos de cada organismo o entidad vigilada
[…]”.
Que al variar dicho criterio el órgano de control mencionado violaría
la normativa aplicable, circunstancia que sí afectaría la validez de
los actos administrativos expedidos.
Agregó que el monto presupuestal tomado para efectos de la
fijación del tributo especial correspondiente a la actora, así como
los restantes destinatarios de la vigilancia fiscal, se limitó al
reportado por estos al momento de rendir la cuenta o informe,
según los parámetros previstos en la Resolución Orgánica núm.
5544 de 17 de diciembre de 2003, vigente para la época de los
hechos, situación que desvirtúa toda afirmación encaminada a
originar la nulidad de las resoluciones acusadas, por la presunta
violación al derecho de defensa basada en el desconocimiento de
este valor.
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Anotó que la rendición a la que se alude debe realizarse por los
jefes de entidad o representantes legales o quien haga sus veces
de los sujetos de control, los cuales encabezan la responsabilidad
de rendir la cuenta o informe anual consolidado por la entidad sobre
su gestión financiera, operativa, ambiental y de resultados, por lo
que es claro que la información que allí se contenga constituye
prueba para cualquier proceso que adelante la Contraloría General
de la República y, por tanto, ostenta el carácter de oficial.
Que siguiendo los lineamientos dados por la Corte Constitucional
en la sentencia C- 1148 de 31 de octubre de 200123, estos
gravámenes deben ser objeto de vigilancia y control fiscal de la
Contraloría General de la República y, por ello, establecerse en la
base de liquidación del citado tributo.
Trajo a colación la sentencia de 18 de julio de 201224, proferida por
la Sección Primera, en la que se dijo que las entidades que
administran recursos parafiscales, como ASOCAÑA, deben
contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado
23
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-1148 de 31 de octubre de 2001, MP. Alfredo Beltrán
Sierra, núm. único de radicación D -3534.
24
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 18 de julio de 2012, M.P. Marco Antonio Velilla
Moreno, núm. único de radicación 2006-90783.
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en las mismas condiciones que las demás personas dentro de los
conceptos de justicia y equidad y, en tal sentido, deben pagar la
tarifa de control fiscal establecida en el artículo 4º de la Ley 106,
de la cual solo se encuentran exentas, por disposición constitucional
y legal, las entidades que administran recursos de la seguridad
social en salud.
Precisó que es evidente que las personas que administran
contribuciones parafiscales de los sectores agropecuarios y
pesqueros ostentan el deber de pagar a la entidad demandada la
tarifa de control fiscal señalada en el artículo 4º de la Ley 106,
norma que no las excluye.
Mencionó que la citada sentencia de la Sección Primera se refirió al
principio de especificidad, advirtiendo que el pago de la tarifa de
control que le corresponde al sujeto de control fiscal no desconoce
el principio de especificidad de la destinación de los recursos
parafiscales.
Que dicha sentencia también se refirió a la legalidad de la
liquidación de la tarifa de control fiscal frente a sujetos, como
ASOCAÑA.
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Alegó que no es dable argumentar premisa diferente a la obligación
que ostenta la Contraloría General de la República de incluir como
parte del cálculo de la tarifa fiscal, frente a la actora, las cesiones
y compensaciones, en el entendido de que forman parte de su
presupuesto y que se trata de un recurso público que se encuentra
bajo su administración.
Mencionó que el Organismo de Control acude al concepto emitido
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección de
Presupuesto Público Nacional, a través del oficio núm. 2-2020-
01820 de 12 de julio de 2012, en el cual cita lo señalado en el
artículo 4º de la Ley 106 y lo manifestado por la Corte
Constitucional en la sentencia C-1148 de 2001, que declaró
exequible el cobro de la tarifa de control fiscal, en lo que respecta
a la legalidad de los tributos y desarrolla a cabalidad el principio
constitucional de autonomía presupuestal, reconocido en favor de
la entidad demandada.
Indicó que de lo citado en el fallo de primera instancia se desprende
que no es facultativo para el sujeto de control ni para la entidad
demandada decidir cuáles rubros se deben tener en cuenta y cuáles
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no para efectos de llevar a cabo la liquidación de la tarifa de control
fiscal, o para establecer por iniciativa propia la exclusión de uno de
esos rubros a algunas entidades, sin poseer el sustento jurídico o
legal que la autorice.
Advirtió que “[…] estos sustentos se observan contradictorios si se
tiene en cuenta la orden judicial impartida a la Contraloría General
de la República de no efectuar el cobro del tributo especial al
precitado sujeto de control, luego de haber reconocido que es
sujeto del mismo, los rubros sobre los cuales se debe establecer
(en primera instancia indica que es respecto a la totalidad de su
presupuesto, para luego limitar esta base a su presupuesto de
funcionamiento) y la inexistencia de exenciones respecto al
cumplimiento de esta obligación [...]”.
Adujo que la entidad demandada dio estricto cumplimiento al
artículo 4º de la Ley 106, que prevé como obligatoria la inclusión
genérica en la fórmula para establecer la tarifa de control fiscal “el
presupuesto de funcionamiento de la Contraloría sobre la sumatoria
del valor de los presupuestos de los organismos y entidades
vigiladas”, que se observan claramente en las resoluciones
acusadas, para obtener el factor base de liquidación sin que esta
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norma imponga, en aparte alguna, la obligación de discriminar de
manera individual las cifras atinentes a los presupuestos de cada
destinatario de control fiscal, así como tampoco el listado de los
mismos.
Sostuvo que si se observa el contenido de las resoluciones acusadas
estas se encuentran sustentadas de idéntica manera a como se
sustentaron en el caso de la sentencia de 17 de septiembre de
201425, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en
los aspectos que el artículo 4º de la Ley 106 requiere de manera
genérica, esto es, identifica la sumatoria del valor de los
presupuestos de los organismos y entidades vigiladas
($77.160.863.606.995); el presupuesto de funcionamiento de la
Contraloría y la norma que la prevé ($163.936.317.747, según la
Ley 921 de 23 de diciembre de 200426), y la forma como se obtuvo
el factor de liquidación ($0.0021246045).
Señaló que el fallo apelado equivocadamente ordena, a título de
restablecimiento, que la actora no debe pagar suma alguna por
concepto de tarifa de control fiscal para la vigencia 2005, cuando
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 17 de
septiembre de 2014, núm. único de radicación 25000232700020100005401 (19528).
26
“Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para
la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2005”.
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en realidad de haberse estado en presencia de las causales de
nulidad, lo procedente era decretar su reliquidación, pues es la ley
que ordena imperiosamente el pago de este tributo a los sujetos
sometidos al control y vigilancia de la entidad demandada.
Que, en consecuencia, las decisiones acusadas reúnen todos los
elementos propios del acto administrativo, reconocidos
jurisprudencial y doctrinalmente: contenido, motivos, finalidad y
forma. Su motivación fue seria, adecuada y suficiente.
Arguyó que el cálculo de la tarifa fiscal para cada anualidad depende
de las variaciones que haya sufrido, no solo del presupuesto del
ente de control o de las entidades vigiladas, sino además de las
modificaciones que sufra el sujeto de control respecto a su
naturaleza jurídica o en la participación en el porcentaje de dineros
en su capital social, en los criterios de aplicación de la ley o
cualquier otra situación que merezca ser tenida en cuenta, sin que
ello signifique la inclusión o exclusión indiscriminada de rubros
presupuestales frente a uno u otro destinatario del control fiscal.
Que, por ello, no resulta desproporcionado el monto fijado por este
concepto para la vigencia 2005 a la actora y, por consiguiente, es
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claro que el mismo dista por poco del valor fijado para la anualidad
inmediatamente anterior.
Alegó que no se desvirtuó el principio de legalidad de que están
investidos los actos demandados, pues estos se desprenden de la
normativa que contiene la fórmula para liquidar la tarifa de control
fiscal.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION
IV.1.- Vencido el plazo, tanto la parte demandada como el
Ministerio Público, dentro de la oportunidad concedida para alegar,
guardaron silencio.
IV.2.- Por su parte, la demandante descorrió el traslado de
alegatos, en forma oportuna, en el que solicita que se confirme la
sentencia apelada, toda vez que la entidad demandada cuando le
impuso y le liquidó la tarifa de control fiscal no indicó la cifra que
equivale al presupuesto del FONDO, correspondiente al factor “C”
de la ecuación, ni demostró que la hubiere señalado de manera
expresa en los actos acusados, lo que le impidió ejercer su derecho
de defensa y de contradicción y pone en evidencia una motivación
inadecuada e insuficiente.
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Adujo que no se pueden identificar los criterios utilizados por el ente
de control fiscal, ni los rubros de gastos usados para definir el
presupuesto base de la demandante para la aplicación de la referida
tarifa de control fiscal.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
En el presente asunto, la actora presentó demanda, en ejercicio de
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, tendiente a
obtener la nulidad de las resoluciones ordinarias núms. 00988
de 4 de octubre de 2005, 00702 de 8 de junio de 2007 y
01720 de 29 de noviembre de 2007, expedidas por el Director
de la Oficina de Planeación de la Contraloría General de la República
y por el Vicecontralor de la mencionada entidad, respectivamente,
a través de las cuales fijó a ASOCAÑA la tarifa de control fiscal,
para la vigencia de 2005, en la suma de $702.131.316.
El fallador de primera instancia declaró la nulidad de las citadas
resoluciones y, a título de restablecimiento del derecho, ordenó
declarar que la actora no está obligada al pago de la tarifa de
control fiscal para la vigencia de 2005, dispuesta en los actos
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acusados, al considerar que al momento de estimar la tarifa de
control fiscal, en los referidos actos, la entidad demandada se
circunscribió a señalar la cifra final, pero no indicó uno de las
variables o factores que componen la ecuación, prevista en el
artículo 4º de la Ley 106, para efectos de liquidarla individualmente
e imponerle dicha tarifa, esto es, la cifra que equivale al
presupuesto del FONDO (entidad vigilada), aspecto que, a su
juicio, supone la expedición irregular de las resoluciones
demandadas por la deficiente motivación y que impidió a la actora
poder ejercer su derecho de defensa sobre ese aspecto.
Ello, teniendo en cuenta que el Ente de Control Fiscal estaba en la
obligación de señalar, expresamente, todas las cifras empleadas para
calcular la tarifa de control fiscal.
Al respecto, la apelante adujo que el monto presupuestal tomado
para efectos de la fijación de la tarifa fiscal, correspondiente a la
actora, así como los restantes destinatarios de la vigilancia fiscal,
se limitó al reportado por estos al momento de rendir la cuenta o
informe, según los parámetros previstos en la Resolución Orgánica
núm. 5544 de 17 de diciembre de 2003, vigente para la época de
los hechos; que la información que allí se contenga constituye
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prueba para cualquier proceso que adelante la Contraloría General
de la República; y que, por tanto, ostenta el carácter de oficial.
Asimismo, alegó que la entidad demandada, en los actos acusados,
para obtener el factor base de liquidación, dio estricto
cumplimiento al artículo 4º de la Ley 106, que establece como
obligación la inclusión genérica del presupuesto de funcionamiento
de la Contraloría y la sumatoria del valor de los presupuestos de los
organismos y entidades vigiladas y la forma como se obtuvo la el
factor de liquidación, sin que esta norma imponga, en aparte
alguna, la obligación de discriminar, de manera individual, las cifras
atinentes a los presupuestos de cada destinatario de control fiscal,
así como tampoco el listado de los mismos.
De manera preliminar, la Sala debe precisar lo siguiente:
En tratándose de los sujetos de control fiscal y la tarifa de
control fiscal, es del caso traer a colación la sentencia proferida
el 15 de diciembre de 201627, en la cual esta Sección, en lo
pertinente, señaló:
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15
de diciembre de 2016, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 13001-
33-31-004-2004-00575-01.
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“[…] Para resolver la controversia se deben tener en cuenta
los antecedentes y la regulación normativa aplicable a
la tarifa de control fiscal28, la cual fue establecida en el
artículo 4º de la Ley 106 de 1993, que reza:
“ARTÍCULO 4o. AUTONOMIA PRESUPUESTARIA La
Contraloría General de la República tendrá autonomía para
el manejo, administración y fijación de su
presupuesto, en concordancia con la ley orgánica de
presupuesto.
Con el fin de desarrollar el presente artículo la
Contraloría General de la República cobrará una
tarifa de control fiscal a los organismos y
entidades fiscalizadas, equivalente a la de aplicar
el factor, resultante de la fórmula de dividir el
presupuesto de funcionamiento de la Contraloría
sobre la sumatoria del valor de los presupuestos de
los organismos y entidades vigiladas, al valor de los
presupuestos de cada organismo o entidad vigilada.
La tarifa de control fiscal será fijada individualmente
para cada organismo o entidad vigilada mediante
resolución del Contralor General de la República.
El valor total del recaudo por este concepto no podrá
superar por ningún motivo el valor total de los gastos
de funcionamiento de la Contraloría General de la
República”.
El artículo 4º de la Ley 106 de 1993 (incisos 2º, 3º y 4º) fue
objeto de estudio de constitucionalidad y mediante la
sentencia C-1148 de 2001, la Corte Constitucional resolvió
declarar exequible el cobro de la tarifa de control fiscal
contenida en este artículo, por las siguientes razones:
“Resulta, también, oportuno mencionar un aspecto
analizado por la Corte, en el sentido de que ninguna
entidad pública o privada que maneje fondos o
bienes de la Nación, puede abrogarse el derecho
28
Según sentencia C-1148 de 2001, que estudió la constitucionalidad del artículo 4º de la
Ley 106 de 1993, la “tarifa de control fiscal” no está enmarcada dentro de los conceptos de
“tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de
los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen” (inciso 2º
del artículo 338 de la Constitución), tal como lo entiende el demandante, sino que
corresponde a un tributo especial, derivado de la facultad impositiva del Estado (arts.
150, numeral 12, y 338 de la Carta). Y que es fijada individualmente a cada una de las entidades
de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación
(art. 267, inciso 1º de la Carta). (Resalta la Sala en esta oportunidad).
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a no ser fiscalizada. En la sentencia C-167 de 1995,
se dijo: (…)
Para la Corte, la función fiscalizadora ejercida por la
Contraloría General de la República propende por un
objetivo, el control de gestión, para verificar el
manejo adecuado de los recursos públicos, sean ellos
administrados por organismos públicos o privados,
en efecto, la especialización fiscalizadora que
demarca la Constitución Política es una función
pública que abarca incluso a todos los
particulares que manejan fondos o bienes de la
Nación. Fue precisamente el constituyente quien
quiso que ninguna rama del poder público, entidad,
institución, etc., incluyendo a la misma Contraloría
General de la República, quedara sin control fiscal de
gestión. Entonces que ningún ente, por soberano
o privado que sea, puede abrograrse el derecho
de no ser fiscalizado cuando tenga que ver
directa o indirectamente con los ingresos
públicos o bienes de la comunidad; en
consecuencia, la Constitución vigente crea los
organismos de control independientes (art. 263)
para todos los que manejen fondos públicos y
recursos del Estado, incluyendo a los particulares29.
(…)
De acuerdo con lo expuesto, considera la Corte que
el legislador, en la forma como estableció en el
artículo acusado, está garantizando no sólo la
existencia de recursos suficientes para el
ejercicio del control, sino que al mismo tiempo
garantiza que el Contralor, en el proceso de
obtención de tales recursos, en el proyecto y
fijación de su presupuesto, tenga la menor
injerencia y gestión ante el Congreso y ante el
Ejecutivo, pues, siempre habrá certeza de la
existencia de recursos. (…). Por ello, el medio
desarrollado por el legislador en el precepto
demandado resulta legítimo y la finalidad es
constitucional”. (Resalta y subraya la Sala en esta
oportunidad)-
La norma en mención estableció, además de la autonomía de
la Contraloría para fijar su presupuesto, que el pago de la
29
sentencia C-167 de 1995
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tarifa de control fiscal le corresponde a aquellas
entidades y empresas sujetas a la vigilancia y control
fiscal, las cuales fueron determinadas en el artículo 2º de la
Ley 42 de 26 de enero de 1993 “Sobre la organización del
sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo
ejercen”, en los siguientes términos:
ARTÍCULO 2o. Son sujetos de control fiscal los órganos
que integran las ramas legislativa y judicial, los órganos
autónomos e independientes como los de control y
electorales, los organismos que hacen parte de la estructura
de la administración nacional y demás entidades nacionales,
los organismos creados por la Constitución Nacional y la ley
que tienen régimen especial, las sociedades de economía
mixta, las empresas industriales y comerciales del Estado, los
particulares que manejen fondos o bienes del Estado, las
personas jurídicas y cualquier otro tipo de organización o
sociedad que maneje recursos del Estado en lo relacionado
con éstos y el Banco de la República. Se entiende por
administración nacional, para efectos de la presente ley, las
entidades enumeradas en este artículo. (Resalta la Sala fuera
de texto)
Y el artículo 4° del Decreto Ley 267 de 2000, “Por el cual se
dictan normas sobre organización y funcionamiento de la
Contraloría General de la República, se establece su
estructura orgánica, se fijan las funciones de sus
dependencias y se dictan otras disposiciones”, dispuso:
ARTICULO 4. SUJETOS DE VIGILANCIA Y
CONTROL FISCAL. Son sujetos de vigilancia y
control fiscal por parte de la Contraloría General de
la República:
1. Los órganos que integran las Ramas Legislativa y
Judicial del Poder Público;
2. Los órganos que integran el Ministerio Público y
sus entidades adscritas;
3. Los órganos que integran la organización electoral
y sus entidades adscritas o vinculadas;
4. La Comisión Nacional de Televisión y sus
entidades adscritas o vinculadas;
5. Las corporaciones autónomas regionales o de
desarrollo sostenible;
6. Las universidades estatales autónomas que
administren bienes y recursos nacionales, o que
tengan origen en la nación;
7. El Banco de la República cuando administre
recursos de la Nación, ejecute actos o cumpla
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actividades de gestión fiscal y en la medida en que
lo haga;
8. Los demás organismos públicos creados o
autorizados por la Constitución con régimen de
autonomía;
9. Las entidades u organismos que integran la
Rama Ejecutiva del Poder Público tanto del
sector central como del descentralizado por
servicios, del orden nacional, conforme a lo
previsto en el artículo 38 de la Ley 489 de
199830;
10. Las demás entidades públicas y territoriales que
administren bienes o recursos nacionales o que
tengan origen en la Nación;
11. Las corporaciones, asociaciones y fundaciones
mixtas cuando quiera que administren recursos de la
Nación;
12. Los particulares que cumplan funciones
públicas, respecto de los bienes públicos que
obtengan o administren o cuando manejen
bienes o recursos de la Nación. (Subraya la Sala
en esta oportunidad).
De conformidad con la Ley 489 de 1998, reguladora de la
organización y funcionamiento de las entidades del orden
nacional, las reglas relativas al régimen de las entidades
descentralizadas se aplican, en lo pertinente, a las entidades
territoriales, sin perjuicio de la autonomía que les es propia
constitucionalmente (parágrafo del artículo 2º). Por su parte,
el parágrafo 1º del artículo 68 ibídem prevé que - en los
términos del inciso segundo del artículo 210 de la Constitución
Política - el régimen jurídico previsto para las entidades
descentralizadas del orden nacional es aplicable a las de las
30
ARTICULO 38. INTEGRACION DE LA RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO EN EL ORDEN
NACIONAL. La Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, está integrada por los
siguientes organismos y entidades: (…)
2. Del Sector descentralizado por servicios:
a) Los establecimientos públicos;
b) Las empresas industriales y comerciales del Estado;
c) Las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica;
d) Las empresas sociales del Estado y las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios;
e) Los institutos científicos y tecnológicos;
f) Las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta;
g) Las demás entidades administrativas nacionales con personería jurídica que cree,
organice o autorice la ley para que formen parte de la Rama Ejecutiva del Poder
Público.
PARAGRAFO 1o. Las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta en las que el
Estado posea el noventa por ciento (90%) o más de su capital social, se someten al régimen
previsto para las empresas industriales y comerciales del Estado.
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entidades territoriales, sin perjuicio de las competencias
asignadas por la Constitución y la ley a las autoridades del
orden territorial.
De conformidad con las normas transcritas, es claro
que la calidad de sujeto de control fiscal se deriva del
manejo de fondos, bienes o recursos públicos que las
entidades tengan a su cargo; la norma únicamente
condicionó su cobro a que el organismo obligado esté
sujeto al control fiscal. […]” (Las negrillas y subrayas fuera
de texto).
De acuerdo con la sentencia antes transcrita, la calidad de sujeto
de control fiscal se deriva del manejo de fondos, bienes o
recursos públicos que las entidades tengan a su cargo y el pago de
la tarifa de control fiscal le corresponde a aquellas entidades
y empresas sujetas a la vigilancia y control fiscal.
Por lo tanto, si una entidad es sujeto pasivo del control
fiscal, también lo es del pago de la tarifa fiscal.
En el caso bajo examen, se observa que de acuerdo con el
certificado de existencia y representación legal31, expedido por la
Cámara de Comercio de Cali, ASOCAÑA es una entidad de
naturaleza privada sin ánimo de lucro.
31
Folios 56 a 58 del Cuaderno Principal.
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Tiene, además, la condición de administradora del FONDO32, el
cual funciona como una cuenta especial, en virtud de la autorización
otorgada al Gobierno Nacional, por el artículo 36 33 de la Ley 101,
para organizar Fondos de Estabilización de Precios de Productos
Agropecuarios y Pesqueros, y del artículo 3º34 del Decreto 569 y
del contrato de administración núm. 026 de 12 de mayo de 2000,
suscrito el 12 de mayo de 200235, entre ASOCAÑA, en
representación de los productores, vendedores y exportadores de
los productos objeto de estabilización, y el Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural.
32
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS PARA LOS AZÚCARES CENTRIFUGADOS, LAS
MELAZAS DERIVADAS DE LA EXTRACCIÓN O DEL REFINADO DE AZÚCAR Y LOS JARABES
DE AZÚCAR.
33
“[…] Artículo 36. Sin perjuicio de los Fondos Parafiscales Agropecuarios y Pesqueros regulados en
la presente Ley, créanse los Fondos de Estabilización de Precios de Productos Agropecuarios y
Pesqueros, como cuentas especiales, los cuales tienen por objeto procurar un ingreso remunerativo
para los productores, regular la producción nacional e incrementar las exportaciones, mediante el
financiamiento de la estabilización de los precios al productor de dichos bienes agropecuarios y
pesqueros.
Parágrafo. Cuando el Gobierno Nacional lo considere necesario organizará Fondos de Estabilización
de Precios de Productos Agropecuarios y Pesqueros, dentro de las normas establecidas en la presente
Ley […].”
34
“[…] Artículo 3º. Naturaleza jurídica y administración. El Fondo funcionará como una cuenta
especial, administrada por una entidad representativa de los productores, vendedores y
exportadores de los productos objeto de estabilización, que para el efecto contrate el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en los términos del artículo 37 de la Ley 101
de 1993. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, suscribirá con tal entidad el
contrato correspondiente, en el cual se señalarán los términos y condiciones bajo los
cuales se administrará el Fondo.
Parágrafo 1°. La entidad administradora manejará los recursos que conforman el Fondo de manera
independiente de sus propios recursos, para lo cual deberá llevar una contabilidad separada, de forma
que en cualquier momento se pueda establecer su estado y movimiento.
Parágrafo 2°. La entidad administradora podrá recibir por su gestión una contraprestación hasta del
2 por mil del valor del recaudo originado en pagos de cesiones de estabilización que se efectúen al
Fondo. En el contrato de administración que celebre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
se determinará el momento y la forma como se causará la mencionada contraprestación […]” (Las
negrillas y subrayas fuera de texto).
35
Folios 178 a 186 del C.P.
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Ahora, conforme al artículo 38 de la Ley 101, los recursos de los
Fondos de Estabilización de Precios de Productos Agropecuarios y
Pesqueros provendrán de las siguientes fuentes:
“[…] Artículo 38. Los recursos de los Fondos de Estabilización
de Precios de Productos Agropecuarios y Pesqueros
provendrán de las siguientes fuentes:
1. Las cesiones de estabilización que los productores,
vendedores o exportadores hagan de conformidad con
el artículo 40 de la presente Ley.
2. Las sumas que los Fondos Parafiscales Agropecuarios o
Pesqueros, a los cuales se refiere el capítulo V de la presente
Ley, destinen a favor de los Fondos de Estabilización de
Precios de Productos Agropecuarios y Pesqueros.
3. Los recursos que les sean apropiados en el Presupuesto
Nacional para capitalización.
4. Los recursos que les aporten entidades públicas o personas
naturales o jurídicas de derecho privado, de acuerdo con los
convenios que se celebren al respecto.
5. Los rendimientos de las inversiones temporales que se
efectúen con los recursos de los Fondos en títulos de deuda
emitidos, aceptados, avalados o garantizados en cualquier
otra forma por la Nación, o en valores de alta rentabilidad,
seguridad y liquidez expedidos por el Banco de la República y
otros establecimientos financieros.
Parágrafo 1o. Los Fondos de Estabilización de Precios de
Productos Agropecuarios y Pesqueros podrán recibir
préstamos del Presupuesto Nacional o de instituciones de
crédito -nacionales o internacionales-. La Nación podrá
garantizar estos créditos de acuerdo con las normas de crédito
público.
Parágrafo 2o. Las cesiones a que se refiere el numeral
primero de este artículo son contribuciones
parafiscales […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).
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Como puede apreciarse, el parágrafo 2º del citado artículo 38 prevé
que las cesiones de estabilización, que los productores, vendedores
o exportadores hagan, son contribuciones parafiscales.
En igual sentido, el artículo 4º del Decreto 569 señala que las
cesiones de estabilización, que tienen que pagar el productor,
vendedor o exportador, al Fondo de Estabilización, son
contribuciones parafiscales, así:
“[…] Artículo 4º. Mecanismos para la estabilización de precios.
Para la estabilización de precios se aplicará la siguiente
metodología:
1. Cesión de Estabilización. Es la contribución parafiscal
que tiene que pagar el productor, vendedor o
exportador, al fondo de estabilización, cuando el precio
del mercado internacional de los productos objeto de
este Fondo, en un mercado de referencia, para el día en
que se registre la operación, sea superior al precio de
referencia o al límite superior de una franja de precios
de referencia para ese mercado.
La cesión de estabilización será equivalente a un porcentaje
de la diferencia entre ambos precios, fijado en cada caso por
el Comité Directivo del Fondo, con el voto favorable del
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado. Este
porcentaje deberá estar dentro de un margen que oscile entre
el 80% y el 20%, para el respectivo producto y mercado.
2. Compensación de Estabilización. Es la suma que el Fondo
de Estabilización debe pagar al productor, vendedor o
exportador cuando el precio del mercado internacional de los
productos objeto de estabilización de este Fondo, en un
mercado de referencia, para el día en que se registre la
operación, sea inferior al precio de referencia o al límite
inferior de una franja de precios de referencia para ese
mercado.
La compensación de estabilización será equivalente a un
porcentaje de la diferencia entre ambos precios, fijado en
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cada caso por el Comité Directivo del Fondo, con el voto
favorable del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su
delegado. Este porcentaje deberá estar dentro de un margen
que oscile entre el 80% y el 20%, para el respectivo producto
y mercado.
Parágrafo 1°. Para las operaciones de estabilización en el
mercado interno se tomará el precio más relevante en dicho
mercado.
Parágrafo 2°. Para los efectos de este decreto, entiéndase por
productor la persona que elabora azúcares centrifugados y
melazas derivadas de la extracción o del refinado de azúcar
y/o jarabes de azúcar, con el propósito de enajenarlos en el
mercado interno o de exportación o utilizarlos para su propio
consumo [...]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).
Con relación a las contribuciones parafiscales, resulta
pertinente traer a colación la sentencia C- 15236 de 19 de marzo de
1997, proferida por la Corte Constitucional, señalada por el fallador
de primera instancia, en la que se dijo que dichas contribuciones
son recursos públicos, que pertenecen al Estado, aunque
están destinados a favorecer solamente al grupo, gremio o
sector que los tributa.
Asimismo, precisó que las contribuciones parafiscales, que son
administradas por los particulares, generalmente en virtud de
contratos celebrados por la Nación con corporaciones o
36
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C- 152 de 19 de marzo de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía,
núm. único de radicación D-1420.
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asociaciones gremiales, no se incorporan en el presupuesto de
la Nación.
Así, discurrió la Corte:
“[…] En conclusión, según la Constitución y la ley orgánica de
presupuesto, y de conformidad con la jurisprudencia de esta
Corte, las características esenciales de las
contribuciones parafiscales son éstas:
1a. Son obligatorias, porque se exigen, como todos los
impuestos y contribuciones, en ejercicio del poder coercitivo
del Estado;
2a. Gravan únicamente un grupo, gremio o sector
económico;
3a. Se invierten exclusivamente en beneficio del grupo,
gremio o sector económico que las tributa;
4a. Son recursos públicos, pertenecen al Estado,
aunque están destinados a favorecer solamente al
grupo, gremio o sector que los tributa.
El artículo 29 del Estatuto Orgánico del Presupuesto
(artículo 2o. de la ley orgánica 225 de 1995), distingue
inequívocamente dos clases de contribuciones
parafiscales: las que se administran por los
particulares, generalmente en virtud de contratos
celebrados por la Nación con corporaciones o
asociaciones gremiales, a las cuales se refiere el inciso
primero; y, las que se administran por "los órganos que
formen parte del Presupuesto General de la Nación", de las
cuales trata el inciso segundo.
Las unas y las otras originan recursos públicos del Estado.
Pero las primeras no se incorporan en el presupuesto
de la Nación, al paso que las segundas sí se incorporan,
pero "solamente para registrar la estimación de su cuantía y
en capítulo separado de las rentas fiscales".
De todas maneras, un principio esencial de la parafiscalidad
es éste: jamás las rentas parafiscales pueden
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confundirse con las rentas fiscales ni, menos, con los
ingresos corrientes de la Nación. Principio que se aplica a
las dos clases de rentas parafiscales contempladas en el
artículo 29 citado.
5a. Como se dijo, el manejo, la administración y la
ejecución de los recursos parafiscales pueden hacerse
por personas jurídicas de derecho privado
(generalmente asociaciones gremiales), en virtud de
contrato celebrado con la Nación, de conformidad con
la ley que crea las contribuciones, o por los órganos que
forman parte del presupuesto general de la Nación, como lo
prevé el inciso segundo del artículo 29 del Estatuto Orgánico
del Presupuesto (art. 2o., ley 225 de 1995). (…)
6a. El control fiscal de los recursos originados en las
contribuciones parafiscales, para que se inviertan de
conformidad con las normas que las crean, corresponde
a la Contraloría General de la República, por mandato
expreso del artículo 267 de la Constitución, inciso primero.
7a. A las características anteriores hay que agregar otra,
expresamente consagrada en la propia Constitución: las
contribuciones parafiscales son excepcionales. Así lo consagra
el numeral 12 del artículo 150 al facultar al Congreso para
establecer excepcionalmente, contribuciones parafiscales en
los casos y bajo las condiciones que establezca la ley”.
[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).
En virtud de lo anterior, ASOCAÑA, al manejar recursos públicos,
como son las contribuciones parafiscales, es objeto de control
fiscal por parte de la Contraloría General de la República y, en
consecuencia, está sujeta a la tarifa de control fiscal.
Lo anterior, sin perder de vista que la mencionada actora tiene la
condición de administradora del FONDO y como tal administra esas
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contribuciones parafiscales, con fundamento en el contrato de
administración núm. 026 de 12 de mayo de 2000, suscrito el 12 de
mayo de 200237 con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y,
por ende, esos recursos no se incorporan en el presupuesto de la
Nación, en tanto que, como se dijo anteriormente, las contribuciones
parafiscales que son administradas por los particulares, en virtud de
contratos celebrados por la Nación con corporaciones o asociaciones
gremiales, no se incorporan en el presupuesto de la Nación.
Al efecto, es oportuno advertir que esta Sección, en la sentencia
proferida el 18 de julio de 201238, que ahora se prohíja, precisó que
ASOCAÑA es sujeto de control fiscal por parte del Ente de
Control Fiscal y tiene el deber de pagar la tarifa de control
fiscal, de que trata el artículo 4º de la Ley 106, a la Contraloría
General de la República, en los siguientes términos:
“[…] 3.1 Naturaleza jurídica de Asocaña. Carácter
parafiscal de los Recursos que administra. Exigibilidad
de la tarifa de control fiscal a la demandante en su
condición de sujeto de ese control.
De acuerdo con el certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio de Cali que obra a
folios 3 a 5 del cuaderno principal, la Asociación de
37
Folios 178 a 186 del C.P.
38
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18
de julio de 2012, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 25000-23-27-
000-2006-90783-01.
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Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia, -ASOCAÑA-, es
una de entidad de naturaleza privada sin ánimo de lucro.
Además, en los términos de la Ley 101 de 1993 y del Decreto
569 de 2000, tiene la condición de administrador del Fondo
de Estabilización de precios para los azúcares centrifugados,
las melazas derivadas de la extracción o del refinado de
azúcar y los jarabes de azúcar, por virtud del contrato de
administración de 12 de mayo de 2000 que, en cumplimiento
de lo dispuesto en esa normativa, celebró el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural con la agremiación
demandante.
En la citada ley39, que constituye la “Ley General de Desarrollo
Agropecuario y Pesquero”, cuyo objeto es desarrollar los
artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Política, se estableció
la creación de contribuciones parafiscales agropecuarias y
pesqueras, así como la conformación de Fondos Parafiscales
con los recursos provenientes de aquellas, e igualmente la
creación de Fondos de Estabilización de Precios de Productos
Agropecuarios y Pesqueros.
En efecto, de acuerdo con la normativa referida, son
contribuciones parafiscales agropecuarias y pesqueras las que
en casos y condiciones especiales, por razones de interés
general, impone la ley a un subsector agropecuario o
pesquero determinado para beneficio del mismo (artículo 29
de la Ley 101 de 1993); su administración se realiza
directamente por las entidades gremiales que reúnan
condiciones de representatividad nacional de una actividad
agropecuaria o pesquera determinada y que hayan celebrado
un contrato especial con el Gobierno Nacional, sujeto a los
términos y procedimientos de la ley que haya creado las
contribuciones respectivas; las colectividades beneficiarias de
contribuciones parafiscales agropecuarias y pesqueras
también pueden administrar estos recursos a través de
sociedades fiduciarias, previo contrato especial con el
Gobierno Nacional (artículo 30 ibídem); los recursos
provenientes de contribuciones parafiscales agropecuarias y
pesqueras y los patrimonios formados por éstos, constituyen
Fondos especiales en las entidades administradoras, las
cuales estarán obligadas a manejarlos en cuentas separadas,
de modo que no se confundan con los recursos y patrimonio
propios de dichas entidades (artículo 32 ibídem).
39
Ley 101 de 1993, Diario Oficial núm. 41.149 de 23 de diciembre de 1993.
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De otro lado, se prevé en la Ley 101 de 1993 que, sin perjuicio
de los Fondos Parafiscales Agropecuarios y Pesqueros, se
crean los Fondos de Estabilización de Precios de Productos
Agropecuarios y Pesqueros, como cuentas especiales, los
cuales tienen por objeto procurar un ingreso remunerativo
para los productores, regular la producción nacional e
incrementar las exportaciones, mediante el financiamiento de
la estabilización de los precios al productor de dichos bienes
agropecuarios y pesqueros (artículo 36). Estos Fondos serán
administrados, como cuenta especial, por la entidad gremial
administradora del Fondo parafiscal del subsector
agropecuario y pesquero correspondiente, y también por
otras entidades o por intermedio de contratos de fiducia, de
acuerdo con la decisión que para tal efecto adopte el Ministerio
de Agricultura (artículo 37 ibídem).
Conforme al artículo 38 ibídem, los recursos de los
Fondos de Estabilización de Precios de Productos
Agropecuarios y Pesqueros provendrán de las
siguientes fuentes: 1) las cesiones de estabilización
que los productores, vendedores o exportadores hagan
de conformidad con el artículo 40 de la misma ley; 2)
las sumas que los Fondos Parafiscales Agropecuarios o
Pesqueros, a los cuales se refiere el capítulo V de la ley 101
de 1993, destinen a favor de los Fondos de Estabilización de
Precios de Productos Agropecuarios y Pesqueros; 3) los
recursos que les sean apropiados en el Presupuesto Nacional
para capitalización; 4) los recursos que les aporten entidades
públicas o personas naturales o jurídicas de derecho privado,
de acuerdo con los convenios que se celebren al respecto; y
5) los rendimientos de las inversiones temporales que se
efectúen con los recursos de los Fondos en títulos de deuda
emitidos, aceptados, avalados o garantizados en cualquier
otra forma por la Nación, o en valores de alta rentabilidad,
seguridad y liquidez expedidos por el Banco de la República y
otros establecimientos financieros.
Las cesiones a que se refiere el numeral primero antes
referido son contribuciones parafiscales, según lo
establecido en el parágrafo 2º del artículo 38 de la Ley
General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero.
La Ley 101 de 1993 autorizó al Gobierno Nacional para
que, cuando lo considerara necesario organizará
Fondos de Estabilización de Precios de Productos
Agropecuarios y Pesqueros40, a lo cual en efecto
40
Parágrafo único del artículo 36 de la Ley 101 de 1993.
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procedió, entre otros, a través del Decreto 569 de
200041, por el cual se organiza el Fondo de
Estabilización de precios para los azúcares
centrifugados, las melazas derivadas de la extracción o
del refinado de azúcar y los jarabes de azúcar.
En los artículos 3º y 4º de este Decreto se establece la
naturaleza jurídica y la administración del mencionado Fondo,
así como la metodología de la estabilización de precios que
corresponde al mismo, destacándose en esta última
norma el carácter de contribución parafiscal que tiene
la cesión de estabilización, en los siguientes términos:
“Artículo 3º. Naturaleza jurídica y administración. El
Fondo funcionará como una cuenta especial,
administrada por una entidad representativa de los
productores, vendedores y exportadores de los
productos objeto de estabilización que para el efecto
contrate el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural en los términos del artículo 37 de la Ley 101
de 1993. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, suscribirá con tal entidad el contrato
correspondiente, en el cual se señalarán los términos
y condiciones bajo los cuales se administrará el
Fondo.
Parágrafo 1º. La entidad administradora manejará
los recursos que conforman el Fondo de manera
independiente de sus propios recursos, para lo cual
deberá llevar una contabilidad separada, de forma
que en cualquier momento se pueda establecer su
estado y movimiento.
Parágrafo 2º. La entidad administradora podrá
recibir por su gestión una contraprestación hasta del
2 por mil del valor de recaudo originado en pagos de
cesiones por estabilización que se efectúen al Fondo.
En el contrato de administración que celebre el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se
determinará el momento y la forma como se causará
la mencionada contraprestación.”
“Artículo 4º. Mecanismos para la estabilización de
precios. Para la estabilización de precios se aplicará
la siguiente metodología:
41
Diario Oficial núm. 43.962 de 5 de abril de 2000.
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1. Cesión de estabilización: Es la contribución
parafiscal que tiene que pagar el productor,
vendedor o exportador, al fondo de estabilización,
cuando el precio del mercado internacional de los
productos objeto de este Fondo, en un mercado de
referencia, para el día en que se registre la
operación, sea superior al precio de referencia o al
límite superior de una franja de precios de referencia
para este mercado.
La cesión de estabilización será equivalente a un
porcentaje de la diferencia entre ambos precios,
fijada en cada caso por el Comité Directivo del Fondo,
con el voto favorable del Ministro de Agricultura y
Desarrollo Rural, o su delegado. Este porcentaje
deberá estar dentro de un margen que oscile entre
el 80% y el 20$, para el respectivo producto y
mercado.
2. Compensación de Estabilización. Es la suma que
el Fondo de Estabilización debe pagar al productor,
vendedor o exportador, cuando el precio del mercado
internacional de los productos objeto de este Fondo,
en un mercado de referencia, para el día en que se
registre la operación, sea inferior al precio de
referencia o al límite inferior de una franja de precios
de referencia para este mercado. […]” (negrillas y
subrayado de la Sala)
Conforme a lo anterior, es claro que la Asociación de
Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia, ASOCAÑA,
es un particular que maneja bienes o fondos públicos
(contribuciones parafiscales42 y otros recursos
42
La Corte Constitucional ha perfilado en su jurisprudencia las notas características
de las contribuciones parafiscales, en los siguientes términos: “Según la Constitución
y la ley orgánica de presupuesto, y de conformidad con la jurisprudencia de esta Corte,
las características esenciales de las contribuciones parafiscales son: 1a. Son
obligatorias, porque se exigen, como todos los impuestos y contribuciones, en
ejercicio del poder coercitivo del Estado; // 2a. Gravan únicamente un grupo, gremio
o sector económico; // 3a. Se invierten exclusivamente en beneficio del grupo,
gremio o sector económico que las tributa; // 4a. Son recursos públicos, pertenecen al
Estado, aunque están destinados a favorecer solamente al grupo, gremio o sector que los
tributa; // 5a. El manejo, la administración y la ejecución de los recursos parafiscales
pueden hacerse por personas jurídicas de derecho privado (generalmente
asociaciones gremiales), en virtud de contrato celebrado con la Nación, de
conformidad con la ley que crea las contribuciones, o "por los órganos que forman
parte del presupuesto general de la Nación; // 6a. El control fiscal de los recursos
originados en las contribuciones parafiscales, para que se inviertan de conformidad
con las normas que las crean, corresponde a la Contraloría General de la República;
// 7a. Las contribuciones parafiscales son excepcionales. Así lo consagra el numeral
12 del artículo 150 al facultar al Congreso para establecer "excepcionalmente,
contribuciones parafiscales en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley"
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públicos) y, como tal, es sujeto de control fiscal por
parte de la Contraloría General de la República.
En efecto, el artículo 267 de la Carta Política de 1991
determinó como función pública a cargo de la Contraloría
General de la República el control fiscal de la gestión de la
administración y de los particulares que manejen fondos
o bienes de la Nación. Por su parte, la Ley 42 de 199343,
sobre organización del sistema de control fiscal financiero y
los organismos que lo ejercen, estableció en el artículo 28 que
serían objeto de dicho control “las entidades que
administren o manejen contribuciones parafiscales”.
Además, el artículo 4º del Decreto 267de 200044 establece
que son sujetos de dicho control los particulares que
manejen bienes o recursos de la Nación.
Ahora bien, si alguna duda hubiere acerca del carácter
de sujeto de control fiscal de ASOCAÑA, la misma es
disipada a través del Decreto 2025 de 199645, en cuyo
artículo 7º se prevé expresamente que: “La Contraloría
General de la República ejercerá el control fiscal sobre
las contribuciones parafiscales, de conformidad con las
disposiciones legales y adecuado a las normas que
regulan cada fondo en particular”.
En ese contexto, al ser sujeto de control fiscal, es claro
que las personas que administran contribuciones
parafiscales tienen el deber de pagar a la Contraloría
General de la República la tarifa de control fiscal de que
trata el artículo 4º de la Ley 106 de 1993.
Esta disposición, ciertamente, autoriza a dicho organismo
para cobrar una tarifa de control fiscal “a los organismos y
entidades fiscalizadas”, sin excluir de modo expreso a las
personas encargadas de administrar las contribuciones
(negrillas ajenas al texto original) (Sentencia C-152 de 1997, reiterada en la
sentencia C-543 de 2001). Esta misma Corporación, en la sentencia C-651 de 2001,
precisó que: “Si bien los recursos parafiscales pueden ser administrados por
particulares en virtud de contratos especiales que celebre el Gobierno Nacional, no
por ello se despojan de su naturaleza de recursos públicos y, por lo tanto, se
encuentran sujetos a todo el rigor de los controles por parte de las autoridades del
Estado en los términos establecidos por la Constitución y la ley que las crea.”
43
Diario Oficial núm. 40.732, de 27 de enero de 1993.
44
Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría General
de la República, se establece su estructura orgánica, se fijan las funciones de sus dependencias
y se dictan otras disposiciones (Diario Oficial núm. 43.905, de 22 de febrero de 2000).
45
"Por el cual se reglamenta parcialmente el capítulo V de la Ley 101 de 1993 y las leyes 67
de 1983, 40 de 1990, 89 de 1993 y 114, 117, 118 y 138 de 1994". El capítulo V de la Ley 101
de 1993 se refiere precisamente a las contribuciones parafiscales agropecuarias y pesqueras.
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parafiscales de los sectores agropecuarios y pesqueros […]”
(Las negrillas y subrayas fuera de texto).
Por lo tanto, no cabe duda que la actora, como administradora de
contribuciones parafiscales, estaba obligada a pagar una tarifa de
control fiscal, conforme lo indicó el Tribunal de primera instancia,
en la sentencia apelada.
Ahora, comoquiera que la controversia gira en torno a establecer si
la Contraloría General de la República, para efectos de liquidar
individualmente y fijar la tarifa de control fiscal a la actora, debía
señalar expresamente, en los actos acusados, la cifra o el valor
equivalente al presupuesto del FONDO (entidad vigilada), así como
las demás variables o factores, tenidos en cuenta para aplicar la
fórmula, prevista en el artículo 4º de la Ley 106, para ello es
pertinente tener en cuenta lo siguiente:
El citado artículo 4º es del siguiente tenor:
“[…]ARTÍCULO 4o. AUTONOMIA PRESUPUESTARIA
La Contraloría General de la República tendrá
autonomía para el manejo, administración y fijación
de su presupuesto, en concordancia con la ley
orgánica de presupuesto.
Con el fin de desarrollar el presente artículo la
Contraloría General de la República cobrará una
tarifa de control fiscal a los organismos y
entidades fiscalizadas, equivalente a la de
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COLOMBIA.
aplicar el factor, resultante de la fórmula de
dividir el presupuesto de funcionamiento de la
Contraloría sobre la sumatoria del valor de los
presupuestos de los organismos y entidades
vigiladas, al valor de los presupuestos de cada
organismo o entidad vigilada.
La tarifa de control fiscal será fijada
individualmente para cada organismo o entidad
vigilada mediante resolución del Contralor
General de la República.
El valor total del recaudo por este concepto no podrá
superar por ningún motivo el valor total de los gastos
de funcionamiento de la Contraloría General de la
República […]” (Las negrillas y subrayas fuera de
texto).
Sobre la tarifa de control fiscal, su fijación y la obligación
de precisar los valores concernientes a los factores que
se tuvieron en cuenta para fijarla, la sentencia proferida el
22 de marzo de 201346 por esta Sección, que confirmó la
sentencia de 26 de mayo de 2010, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que declaró la nulidad de las
resoluciones núms. 1197 de 19 de octubre de 2007, 1805 de 28
de diciembre de 2007 y 0520 de 5 de junio de 2008, expedidas
por la Contraloría General de la República, a través de las cuales
se fijó la tarifa de control fiscal de 2007 a la Agencia Nacional
de Hidrocarburos, indicó:
46
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22
de marzo de 2013, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación
25000232700020080026901.
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Número único de radicación: 25000232700020080009202.
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COLOMBIA.
“[…] Ley 106 de 1993
ARTÍCULO 4o. AUTONOMIA PRESUPUESTARIA.
La Contraloría General de la República tendrá autonomía para
el manejo, administración y fijación de su presupuesto, en
concordancia con la ley orgánica de presupuesto.
Con el fin de desarrollar el presente artículo la Contraloría
General de la República cobrará una tarifa de control fiscal a
los organismos y entidades fiscalizadas, equivalente a la de
aplicar el factor, resultante de la fórmula de dividir el
presupuesto de funcionamiento de la Contraloría sobre la
sumatoria del valor de los presupuestos de los organismos y
entidades vigiladas, al valor de los presupuestos de cada
organismo o entidad vigilada.
La tarifa de control fiscal será fijada individualmente para
cada organismo o entidad vigilada mediante resolución del
Contralor General de la República.
El valor total del recaudo por este concepto no podrá superar
por ningún motivo el valor total de los gastos de
funcionamiento de la Contraloría General de la República.”
Conforme lo anterior, la fórmula adoptada por la Ley se
explica de la siguiente manera:
“A” corresponde al presupuesto de funcionamiento de la
Contraloría, “B” a la suma de los presupuestos de los
organismos y entidades vigiladas y “C” al presupuesto de la
entidad a la cual se le va a determinar la tarifa de control
fiscal.
Cuando se trata de establecer el concepto del factor “C”
se acude al alcance jurídico que debe darse al
“presupuesto de la entidad”, esto es, el concepto
jurídico determinado llamado “presupuesto” que
refiere al instrumento en el cual se ha establecido
normativamente la autorización a un ente para que
recaude ingresos y realice los gastos necesarios para el
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cumplimiento de sus fines y objetivos dentro de un
período de tiempo determinado.
[…]
La interpretación que hace tribunal acude al concepto de
presupuesto efectivamente ejecutado para significar aquella
parte del presupuesto de la entidad que efectivamente fue
gastado o invertido según la apropiación correspondiente,
interpretación que se aleja de la concepción literal de
“presupuesto de la entidad” contenida en la norma y que
mengua el querer de la Ley.
En relación con el fin buscado por el legislador al consagrar
en la Ley 106 de 1993 el artículo 4, vale recordar que la
llamada cuota de control fiscal no es más que el desarrollo del
mandato constitucional instaurado en el parágrafo 4 del
artículo 267 de la Constitución Política que establece que la
Contraloría General de la República tendrá autonomía
administrativa y presupuestal. Pues bien, si se limita que el
factor “presupuesto de la entidad” al presupuesto
efectivamente ejecutado, la capacidad presupuestal del
órgano de control puede verse seriamente afectada ya
que reduce el monto del factor a aplicar en la formula y
se desdibuja tanto el mandado constitucional como el
fin buscado en la Ley.
Por lo tanto no es dable interpretar el concepto
“presupuesto de la entidad” como el presupuesto
efectivamente ejecutado, dado que ello riñe con la Ley
del presupuesto que, como se ha visto, se dirige a
señalar que este se encuentra conformado por las
apropiaciones dirigidas a gastos de funcionamiento,
servicios de deuda pública y gastos de inversión.
[…]
-. Motivación de los actos administrativos demandados.
La inconformidad planteada por el recurrente en este preciso
punto se dirige a señalar que, contrario a lo afirmado por la
demandante y acogido en el fallo impugnado, los actos
administrativos acusados omitieron explicar de dónde
provinieron los factores utilizados en la fórmula para
determinar la tarifa de control fiscal.
Advierte la Sala que la motivación de los actos administrativos
consiste en éste contenga los fundamentos de hecho y de
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derecho que han sido tenidos en cuenta por la Administración
para tomar una decisión, fundamentos que requieren ser
expuestos en el acto a razón de que el afectado con este
conozca fehacientemente los motivos que tuvo la autoridad
para crear, modificar o extinguir su situación jurídica según
sea el caso.
La motivación de los actos administrativos comporta un
requisito de validez dirigido a que se garantice al afectado con
su expedición, que pueda controvertirlo bajo la certeza
jurídica de sus motivos, siendo que, si estos no existen o riñen
con la verdad, el acto estará viciado de nulidad.
En el presente asunto la falta de motivación encontrada por
el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca
señala:
“Por su parte la Contraloría, al desatar los
recursos de reposición y apelación no se tomó el
trabajo de señalar concretamente la cantidad
exacta sobre la cual aplicó el factor 0.0019292,
esto es, la base gravable tomada para el cálculo
final de la mencionada tarifa.”
Según la entidad recurrente el acto administrativo
demandado, Resolución No. 01197 de 19 de octubre de 2007,
efectivamente precisa el valor concerniente a los factores
tenidos en cuenta para determinar la tarifa de control fiscal
de la Agencia Nacional de Hidrocarburos para la vigencia fiscal
2007, para corroborar lo anterior, la Sala ilustrará la formula
aritmética aplicada para constatar, según lo dispuesto en el
acto acusado, si los factores de aquella fueron señalados por
la entidad demandada. Se tiene que la formula está
compuesta así:
Siendo el factor “A”, el presupuesto de funcionamiento de la
Contraloría, se dijo en el acto:
“Que la Ley No. 1110 de diciembre 27 de 2006, “Por
la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y
Recursos de Capital y Ley de apropiaciones para la
vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de
2006” apropió para gastos de funcionamiento de la
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Contraloría General de la República la suma de $
182.195.102.620.”
En cuanto el factor “B”, que representa la sumatoria de los
presupuestos de las entidades se dijo:
“Que la Oficina de Planeación recopiló directamente
la información de la ejecución presupuestal de gastos
en la vigencia fiscal 2006, de los organismos y
entidades vigilados por la Contraloría General de la
República, cuya sumatoria fue de $
94.440.468.869.625”
De lo anterior se colige que contrario a lo dicho por la
Contraloría, el acto administrativo omite concretar cuál
es el presupuesto de la entidad, es decir, carece de la
ilustración requerida para cumplir la exigencia de
motivación del acto, motivación que permite a la entidad
cuya tarifa de control fiscal le es impuesta, verificar si
los factores utilizados por la Contraloría para ello fueron
acertados y corresponden a la realidad presupuestal de
las entidades, de manera que se tenga certeza sobre los
valores que sirvieron de base para aplicar la fórmula.
Se advierte entonces que le asiste razón al Tribunal al
encontrar fundado el cargo expuesto en la demanda en
cuanto la ausencia de motivación en los términos
explicados, por lo que el alegato del apelante único no se
encuentra llamado a prosperar […]” (Las negrillas y subrayas
fuera de texto).
Y la Corte Constitucional, en la sentencia C- 1148 de 31 de octubre
de 200147, al realizar el examen de exequibilidad del citado artículo
4º de la Ley 106, se refirió sobre la fórmula para calcular dicha
tarifa fiscal, en los siguientes términos:
“[…] 4.8 En cuanto a la fórmula concreta establecida en los
incisos acusados del artículo 4 de la Ley 106 de 1993, que
consiste en que los recursos de la Contraloría se calculen
47
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C- 1148 de 31 de octubre de 2001, M.P. Alfredo Beltrán
Sierra, núm. único de radicación D-3534.
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en función de los presupuestos de los entes fiscalizados,
resulta una fórmula proporcionada y razonable, que, en sí
misma, tampoco viola la Carta, y no hay ningún precepto
constitucional que prohíba adoptar esta clase de cálculos.
Esto no quiere decir que la fórmula ideada por el legislador no
pueda sustituirse o cambiarse por otra, si así se decide en otra
ley, pero siempre sin menoscabo alguno de la autonomía de ese
organismo de control. Lo que la Corte señala es que si el
legislador consideró que, en aras de la autonomía presupuestal
de la Contraloría, en la labor fiscalizadora que realiza ante la
administración y ante los particulares o entidades que manejan
fondos o bienes de la Nación, esta labor se garantiza con la
menor intervención de la Contraloría en el proceso de elaboración
y aprobación del presupuesto, la fórmula establecida en la
disposición acusada, a pesar de ser distinta a las de otros entes
que ejercen funciones públicas, como manifestación de poder del
Estado, este sólo hecho no viola la Constitución.
4.9 Debe, en todo caso, precisarse y es apenas obvio, que el
cálculo de la tarifa de control fiscal, cuando se trate de la
fiscalización de entes particulares que manejan, en forma
total o parcial, fondos o bienes de la Nación, debe
calcularse en relación con el monto de tales fondos o
bienes de la Nación y no con los que correspondan al ente
particular como tal, pues éstos son privados, y la
Contraloría no ejerce fiscalización sobre ellos […]” (Las
negrillas y subrayas fuera de texto).
Además de lo anterior, en sentencia de 5 de julio de 201848, la
Sección Quinta precisó que al determinar la cuota de control fiscal,
el presupuesto que el órgano de control fiscal debe tener en cuenta,
frente a las entidades vigiladas, es aquel que comporta los rubros
comprendidos en este concepto, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 111 de 1996, esto es, gastos de funcionamiento,
48
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta-Descongestión,
sentencia de 5 de julio de 2018, C.P. Rocío Araújo Oñate, número único de radicación 25000-
23-27-000-2011-00154-01.
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servicio de deuda, gastos de inversión y operación comercial, sin
incluir los rubros que tienen naturaleza parafiscal, dada su
destinación específica atribuida por la ley, en los siguientes
términos:
“[…] Para fijar la tarifa de control fiscal, la Contraloría,
requiere a los sujetos sometidos a control la información sobre
la ejecución presupuestal del año anterior a aquel sobre el
cual se fijará la cuota de auditaje y sobre el presupuesto de
gastos aprobado para el año sobre el cual recaerá la cuota,
diferenciando entre las entidades estatales de todo orden y
personas naturales y jurídicas.
El presupuesto que debe tenerse en cuenta frente a las
entidades vigiladas es aquel que comporta los rubros
comprendidos en este concepto, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 111 de 199649, esto es, gastos de
funcionamiento, servicio de deuda, gastos de inversión y
operación comercial, tal como igualmente lo concluyó la Corte
Constitucional en la sentencia C-1645 de 2000.50
[…]
4.3.4. El Consejo de Estado – Sección Primera, al fijar
el alcance jurídico de la expresión ‘presupuesto de la
entidad’, para efectos de determinación del monto de la
tarifa de control fiscal, precisó que este concepto
normativamente hace referencia a la autorización a un ente
para recaudar ingresos y realizar los gastos necesarios para
el cumplimiento de sus fines y objetivos dentro de un período
de tiempo determinado, “dentro de la cual se debían
precisar las apropiaciones dirigidas a gastos de
49
“Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que
conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto.” Corte Constitucional, Sentencia C-1645 del
29 de noviembre de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz
50
“El presupuesto de gastos o ley de apropiaciones incluye las apropiaciones para las
distintas ramas del poder público, órganos de control, Ministerios, Departamentos
Administrativos, establecimientos públicos, etc, distinguiendo entre gastos de funcionamiento,
servicio de la deuda pública y gastos de inversión, clasificados y detallados en la forma que
indiquen los reglamentos”.
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funcionamiento, servicios de deuda pública y gastos de
inversión.”51
Según lo anterior, en la base para calcular la tarifa de
control fiscal no se pueden incluir conceptos que no
correspondan a la conformación del presupuesto en la
forma anotada y que no estén de acuerdo con los gastos
indicados como susceptibles de incorporarse en éste.
Así las cosas, resulta evidente a la luz del marco normativo y
conceptual expuesto que el presupuesto que debe tener en
cuenta el órgano de control para determinar la cuota de
control fiscal es el establecido en la ley de apropiaciones
dictada para la vigencia fiscal correspondiente, sin incluir los
rubros que tienen naturaleza parafiscal dada su
destinación específica atribuida por la ley. […]”
(Destacado fuera de texto).
De acuerdo con lo anterior, es menester puntualizar que la entidad
demandada debe fijar individualmente una tarifa de control fiscal
a las entidades vigiladas, equivalente a la de aplicar el factor
resultante de la fórmula de dividir el presupuesto de funcionamiento
de la Contraloría (que corresponde a “A” dentro de fórmula) sobre
la sumatoria del valor de los presupuestos de los organismos y
entidades vigiladas (que corresponde a “B” dentro de la fórmula),
al valor de los presupuestos de cada organismo o entidad vigilada
(que corresponde a “C” dentro de la fórmula), así:
51
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 22
de marzo de 2013, expediente 25000-23-27-000-2008-00269-01
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Frente al valor de los presupuestos de cada organismo o
entidad vigilada, el cual corresponde en la fórmula al concepto
del factor “C”, debe precisarse lo siguiente:
1. El concepto de presupuesto debe ser entendido como el
instrumento en el cual se ha establecido la autorización a un ente
para que recaude ingresos y realice los gastos necesarios para el
cumplimiento de sus fines y objetivos dentro de un período de
tiempo determinado.
2. Los presupuestos de cada organismo o entidad vigilada se
encuentran conformados por las apropiaciones dirigidas a gastos de
funcionamiento, servicios de deuda pública y gastos de inversión y
operación comercial, sin incluir los rubros que tienen naturaleza
parafiscal, dada su destinación específica atribuida por la ley.
3. No es dable interpretar o limitar el “presupuesto de la entidad”
al presupuesto efectivamente ejecutado, dado que la capacidad
presupuestal del órgano de control puede verse seriamente
afectada ya que reduce el monto del factor a aplicar en la fórmula
y se desdibuja tanto el mandado constitucional como el fin buscado
en la Ley, además de que riñe con la Ley del presupuesto que, como
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se dijo, se dirige a señalar que este se encuentra conformado por
las apropiaciones dirigidas a gastos de funcionamiento, servicios de
deuda pública y gastos de inversión, conforme se precisó por esta
Sección en la citada sentencia de 22 de marzo de 2013.
Asimismo, cabe destacar que en los actos administrativos, por
medio de los cuales se fija la tarifa de control fiscal a una entidad
vigilada, se debe señalar de manera expresa y concreta las
variables o factores tenidos en cuenta para aplicar la fórmula,
prevista en el artículo 4º de la Ley 106, y calcularla o liquidarla, a
fin de que la entidad vigilada pueda cumplir la exigencia de
motivación del acto y permitir a la entidad verificar si los factores
utilizados por el Ente de Control Fiscal para ello fueron acertados y
corresponden a la realidad presupuestal de ella, de manera que se
tenga certeza sobre los valores que sirvieron de base para aplicar
la fórmula.52
Ahora, en relación con dicho factor “C”, correspondiente al valor de
los presupuestos de la actora, el apelante sostuvo que al
52
Ver sentencia de 22 de marzo de 2013 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación
25000232700020080026901).
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COLOMBIA.
momento de liquidar la referida tarifa la Contraloría General de la
República debe tomar en cuenta el presupuesto en general y los
rubros que lo componen y no el presupuesto de funcionamiento,
como erradamente lo indica la sentencia apelada, pues al variar
dicho criterio se violaría la normativa aplicable y se afectaría la
validez de los actos acusados.
Al respecto, la Sala debe precisar que si bien es cierto que en la
página 30 del fallo apelado el a quo se refirió al presupuesto de
funcionamiento cuando advirtió que “[…] la autoridad omitió de
forma absoluta manifestar cuál fue la cifra que adoptó como
presupuesto de funcionamiento del pluricitado Fondo, a efectos de
imponerle la tasa de control fiscal, impidiéndole así poder ejercer
su derecho de defensa sobre ese aspecto […]”, limitando este factor
solo a ese concepto, también lo es que en la página 20 de la referida
providencia, fue muy claro al indicar que el valor del presupuesto
de la actora debe calcularse sobre el total de su presupuesto,
cuando al efecto dijo:
“[…] Sin embargo, la apreciación de la accionante carece de
sustento legal, por un lado, pues la tarifa legal debe
calcularse sobre el total del presupuesto de la
entidad vigilada, no siendo posible excluir de ese
rubro los ingresos o egresos, cualquiera que sea su
denominación, como lo indica el artículo 4 de la Ley 106 de
1993, por el otro, la orden legal de pagar la tarifa es general
y dirigida a todos los sujetos vigilados, siendo inviable
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exculparse de ello aduciendo la especial destinación que
tienen los recursos manejados. […]” (Las negrillas y
subrayas fuera de texto).
En el caso bajo examen, al confrontar el contenido de los actos
acusados con el alcance que le ha dado la Corporación en las
sentencias transcritas, esto es sobre la fijación de la tarifa de
control fiscal, así como lo reseñado específicamente con relación a
la obligación de concretar los valores concernientes a los factores
tenidos para su fijación, la Sala advierte que la Contraloría omitió
dicha obligación, dado que no concretó el presupuesto de la
actora.
Al efecto, se trascriben los apartes pertinentes de los actos
acusados53, que dan cuenta sobre los factores utilizados para
calcular la tarifa de control fiscal a la actora:
• En la Resolución Ordinaria núm. 00988 de 04 de octubre de
200554, “Por la cual se fija la tarifa de control fiscal para la vigencia
fiscal de 2005 a la Asociación de Caña de Azúcar de Colombia-
ASOCAÑA- Fondo de Estabilización de precios para los azúcares
53
Los actos acusados solo tuvieron como destinatario a la ASOCIACIÓN DE CULTIVADORES DE
CAÑA DE AZÚCAR DE COLOMBIA-ASOCAÑA-.
54
Folios 59 a 63 del Cuaderno Principal.
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centrifugados, las melazas derivadas de la extracción o del refinado
de azúcar y los jarabes de azúcar”, expedida por la Directora de la
Oficina de Planeación de la Contraloría General de la República, se
indicó lo siguiente:
“[…] Que la Oficina de Planeación recopiló directamente la
información de la ejecución presupuestal de gastos en la
vigencia fiscal 2004, de los organismos y entidades
vigilados por la Contraloría General de la República, cuya
sumatoria fue de $77.160.863.606.995.
Que la Ley No. 921 de diciembre 23 de 2004, “Por la cual se
decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley
de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31
de diciembre de 2005” apropió para gastos de
funcionamiento de la Contraloría General de la República
la suma de $163.936.317.747.
Que el valor del factor resultante de la fórmula de dividir
el presupuesto de gastos de funcionamiento de la
Contraloría General de la República por la sumatoria de
los presupuestos de gastos de los organismos y
entidades vigilados, fue de 0.0021246045.
Que el valor fijado en la presente resolución es el monto a cargo
de la entidad aquí señalada.
Que mediante Resolución Orgánica No. 05488 de mayo 20 de
2003, el Contralor General de la República delegó en el Director
de la Oficina de Planeación, la función de fijar individualmente
la tarifa de control fiscal.
RESUELVE:
Artículo 1°. Fijase el valor de la tarifa de control fiscal para la
vigencia 2005 a la siguiente entidad, en las cuantías que a
continuación se detallan:
NOMBRE DE LA APORTES DE LA RECURSOS
ENTIDAD NACIÓN PROPIOS
Asociación de
Cultivadores de Caña de 0 702.131.316
Azúcar de Colombia -
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ASOCAÑA- Fondo de
Estabilización de precios
para los azúcares
Centrifugados, las
Melazas Derivadas de la
Extracción o del
Refinado de Azúcar y los
Jarabes de Azúcar
[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).
• En la Resolución Ordinaria núm. 00702 de 8 de junio de
200755, “Por la cual se decide el recurso de reposición presentado
contra la Resolución Ordinaria No. 00988 de 04 de octubre de 2005,
por medio de la cual se fija la tarifa de control fiscal, vigencia 2005, a
la Asociación de Cultivadores de Caña -ASOCAÑA- Fondo de
Estabilización de precios para los azúcares centrifugados, las melazas
derivadas de la extracción o del refinado del azúcar y los jarabes de
azúcar”, expedida por el Director de la Oficina de Planeación de la
Contraloría General de la República, se señaló lo siguiente:
“[…] Por tanto, la Oficina de Planeación, cuantificó el
valor de la ejecución presupuestal de gastos en la
vigencia 2004, de los organismos y entidades vigilados
por la Contraloría General de la República en la suma de
$77.160.863.606.995,oo y, como la apropiación para
gastos de funcionamiento de la Contraloría General de la
República, de acuerdo con la Ley No. 921 de 2004
ascendió a la suma de $163.936.317.747,oo; el valor
resultante de la fórmula de dividir el presupuesto de
gastos de funcionamiento de la Contraloría General de la
República por la sumatoria de los presupuestos de
55
Folios 99 a 124 Cuaderno Principal.
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gastos de los organismos vigilados, fue de
0.0021246045.
Este último factor es el aplicable al presupuesto de gastos del
Fondo de Estabilización de Precios para los Azúcares
Centrifugados, las Melazas Derivadas de la Extracción o del
Refinado del Azúcar y los Jarabes de Azúcar, por tanto la Tarifa
de Control Fiscal para la vigencia 2004, es de Setecientos dos
millones Ciento treinta y un mil Trescientos diez y seis (sic)
pesos ($702.131.316) para pago con recursos propios.
[…]
En este caso, para desarrollo del marco legal reseñado, se
expide la Resolución 00988 del 04 de octubre de 2005 en la
que, de acuerdo a las normas previstas en el ordenamiento, se
aplica una fórmula de la cual se deriva el valor a pagar como
tarifa de control fiscal.
[…]
Es decir, en este caso, el asunto que nos ocupa estaba reglado
y por ello, los actos de la administración están casi totalmente
determinados de antemano. Se hace únicamente necesario que
con la información suministrada por la propia Entidad
impugnante a la Contraloría General de la República se haga
una elemental aplicación aritmética que refleja la suma a
pagar. De esta manera se tomaron en cuenta las circunstancias
y los fines propios de un sujeto de control fiscal por la
Contraloría General de la República.
La Oficina de Planeación, motivó suficientemente la
Resolución objeto del recurso cuando manifestó que
cuantificó el valor de la ejecución presupuestal de gastos
en la vigencia 2004, de los organismos y entidades
vigilados por la Contraloría General de la República en la
suma de $77.160.863.606.995,oo y, como la apropiación
para gastos de funcionamiento de la Contraloría General
de la República, de acuerdo con la Ley No. 921 de 2004
ascendió a la suma de $163.936.317.747,oo; el valor
resultante de la fórmula de dividir el presupuesto de
gastos de funcionamiento de la Contraloría General de la
República por la sumatoria de los presupuestos de
gastos de los organismos vigilados, fue de
0.0021246045.
Al aplicar este último factor al presupuesto de gastos de
la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de
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Colombia -ASOCAÑA- Fondo de Estabilización de Precios
para los Azúcares Centrifugados, las Melazas Derivadas
de la Extracción o del Refinado del Azúcar y los Jarabes
del azúcar, se obtiene como Tarifa de Control Fiscal para
la vigencia 2005, la suma de SETECIENTOS DOS
MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS
DIEZ Y SEIS (sic) PESOS ($702.131.316.00), con cargo
a sus recursos propios […]” (Las negrillas y subrayas fuera
de texto).
• Y en la Resolución núm. 01720 de 29 de noviembre de 200756,
“Por medio de la cual se decide el recurso de apelación en contra de
la Resolución Ordinaria No. 00988 de 04 de octubre de 2005, por
medio de la cual se fija la tarifa de control fiscal, vigencia 2005, a la
Asociación de Cultivadores de Caña -ASOCAÑA- Fondo de
Estabilización de precios para los azúcares centrifugados, las melazas
derivadas de la extracción o del refinado del azúcar y los jarabes de
azúcar”, expedida por el Vicecontralor de la Contraloría General de la
República, no se hizo referencia acerca de los factores utilizados para
calcular la tarifa de control fiscal a la actora, sino sobre la
obligatoriedad del pago de la misma.
En efecto, al examinar la motivación de las resoluciones acusadas,
se evidencia que si bien es cierto que la entidad demandada en los
citados actos administrativos indicó el valor correspondiente al
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Folios 508 a 519 del Cuaderno Principal.
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presupuesto de funcionamiento de la Contraloría
($163.936.317.747), el cual corresponde, en la fórmula antes
señalada, al factor “A”, la suma de los presupuestos de los
organismos y entidades vigiladas ($77.160.863.606.995), que
corresponde al factor “B”, y el valor del factor resultante de la
fórmula de dividir el presupuesto de gastos de funcionamiento de
la Contraloría por la sumatoria de los presupuestos de gastos de los
organismos y entidades vigilados (0.0021246045), así como la cifra
final ($702.131.316), también lo es que omitió concretar el valor
correspondiente al presupuesto de la entidad demandante,
el cual corresponde al concepto del factor “C”.
Por tal razón, la Sala considera que los actos acusados carecen de
la ilustración requerida para cumplir con la exigencia de
motivación de los actos, la cual le hubiera permitido a la entidad
demandante verificar si los factores utilizados por el Ente de Control
para fijar la tarifa de control fiscal, fueron acertados y
correspondían a la realidad presupuestal de ella, es decir a la
suministrada o reportada en el informe a dicha entidad, de manera
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que tuviera certeza sobre los valores que sirvieron de base para
aplicar la fórmula57.
Ciertamente, dicho valor, correspondiente al presupuesto de la
entidad demandante, debía ser concretado para: poder identificar
los rubros de gastos usados por la Contraloría para definirlo;
verificar y tener certeza si los factores o criterios utilizados para
ello fueron acertados y correspondían a la realidad presupuestal de
la actora, habida cuenta que de los actos acusados no se podía
establecer; determinar si los valores que sirvieron de base del
presupuesto de la entidad se limitaron al efectivamente ejecutado
en el año inmediatamente anterior; comprobar si para definir el
presupuesto base de la entidad actora se tuvieron en cuenta tanto
los gastos de funcionamiento, como servicios de deuda pública y
gastos de inversión y operación comercial y si se tuvieron en cuenta
o no los rubros que tienen naturaleza parafiscal.
57
Así lo ha sostenido la Sección en la ya citada sentencia de 22 de marzo de 2013: “[…] De lo
anterior se colige que contrario a lo dicho por la Contraloría, el acto administrativo omite concretar
cuál es el presupuesto de la entidad, es decir, carece de la ilustración requerida para cumplir
la exigencia de motivación del acto, motivación que permite a la entidad cuya tarifa de
control fiscal le es impuesta, verificar si los factores utilizados por la Contraloría para ello
fueron acertados y corresponden a la realidad presupuestal de las entidades, de manera
que se tenga certeza sobre los valores que sirvieron de base para aplicar la fórmula.
Se advierte entonces que le asiste razón al Tribunal al encontrar fundado el cargo expuesto en la
demanda en cuanto la ausencia de motivación en los términos explicados […]” (Destacado fuera de
texto).
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Así las cosas, se evidencia una indebida o ausencia de
motivación de las resoluciones acusadas, toda vez que dichos
actos se apartaron de los parámetros acertados de juridicidad
cuando omitieron concretar el valor correspondiente al presupuesto
de la entidad demandante.
En consecuencia, le asistió razón al Tribunal de primera instancia al
encontrar fundado el cargo expuesto en la demanda y, en tal
sentido, los argumentos del recurso interpuesto por la entidad
demandada no tienen la vocación de modificar la sentencia de
primera instancia, dado que se presentó un vicio que afecta la
validez de los actos acusados en su totalidad y, por ende, se
desvirtuó la presunción de legalidad de los mismos58.
En este orden de ideas, se confirmará la sentencia apelada, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
58
Ver sentencia de 24 de agosto de 2018 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2008-
00388-00 (Acumulado 11001-03-24-000-2008-00173-00), en la que se precisó:
“[…] En el anterior contexto, al estar probados los cargos de falta de competencia y falsa motivación,
la Sala concluye que se desvirtúa por los demandantes la presunción de legalidad de los
actos acusados, razón por la cual declarará su nulidad. […]” (Destacado fuera de texto).
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando
Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente
al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 13 de julio de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por
los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión
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judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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