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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-27-000-2011-00148-01

Documentos que prestan mérito ejecutivo: enunciación normativa

Fecha
21 de febrero de 2019
Consejero ponente
Milton Chaves García
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-27-000-2011-00148-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: De oficio, DECLARAR probada la excepción de inepta demanda frente al mandamiento de pago Nº 900070 de 25 de junio de 2010. SEGUNDO: En lo demás, CONFIRMAR la sentencia del 29 de mayo de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. TERCERO: RECONOCER personería a Lilia Esperanza Amado Ávila como apoderada de la entidad demandada, conforme al poder conferido, que está en el folio 299 del expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-27-000-2011-00148-01

Consejero ponente: Milton Chaves García

21 de febrero de 2019

DOCUMENTOS QUE PRESTAN MÉRITO EJECUTIVO - Enunciación normativa / PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO - Normativa / PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO - Término / PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO - Forma de contabilizar el término / INTERRUPCIÓN DEL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO – Eventos / REINICIO DEL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO – Eventos

La Sala confirma la sentencia apelada, para lo cual reitera el criterio expuesto en sentencia de 6 de julio de 2016, en la que se analizó un asunto similar entre la Sociedad Laura Alejandra y Cia Ltda, de la cual la actora fue deudora solidaria y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN-. Conforme con el artículo 828 del Estatuto Tributario entre los documentos que prestan mérito ejecutivo están las liquidaciones privadas incorporadas a las declaraciones tributarias, las liquidaciones oficiales ejecutoriadas y los actos administrativos ejecutoriados que fijen sumas líquidas de dinero a favor de la Administración y las sentencias. El artículo 817 del Estatuto Tributario, prevé que el término de prescripción de la acción de cobro de los títulos ejecutivos descritos en el artículo 828 ibídem, es de cinco (5) años contados desde el momento en que las obligaciones se hicieron exigibles, esto es, desde: la fecha de vencimiento del término para declarar, la fecha de presentación de la declaración para el caso de las declaraciones extemporáneas, la fecha de presentación de la declaración de corrección respecto de los mayores valores y la fecha de ejecutoria del acto administrativo de determinación del tributo. Por su parte, el artículo 818 del E.T dispone que el término señalado se interrumpe por la notificación del mandamiento de pago, el otorgamiento de facilidades de pago, la admisión de la solicitud de concordato y la declaratoria oficial de liquidación forzosa. Y empieza a correr de nuevo “…desde el día siguiente a la notificación del mandamiento de pago, desde la terminación del concordato o desde la terminación de la liquidación forzosa”. [ E]l término de prescripción de la acción de cobro de las obligaciones a cargo del contribuyente se interrumpió con la expedición de la facilidad de pago 058 de 2002 y de los actos que la modificaron respecto de las obligaciones surgidas con posterioridad a esta, y volvió a contarse desde la notificación de la Resolución 000004 del 23 de febrero de 2009, que dejó sin efectos la facilidad. De otro lado, en el proceso está probado que el último pago de las cuotas acordadas ocurrió el 29 de enero de 2007, lo que indica que la sociedad tuvo dos años para pagar el saldo insoluto de las cuotas acordadas, hasta la expedición del acto administrativo que declaró sin vigencia el plazo concedido, y la omisión en el cumplimiento de esa obligación no es imputable a la Administración. En consecuencia, el mandamiento de pago Nº 900070 del 25 de junio de 2010, que libró la DIAN contra la actora como deudora solidaria, es oportuno, porque fue expedido dentro de los cinco años siguientes a notificación de la Resolución 000004 del 23 de febrero de 2009, que dejó sin efecto la facilidad de pago 058 de 2002, modificada por las Resoluciones 0122 de 2003 y 022 de 2006. Por los argumentos esgrimidos, no prospera la excepción de prescripción planteada.

FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 828 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 817 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 818

FACILIDADES DE PAGO DE OBLIGACIONES FISCALES – Normativa / FACILIDADES DE PAGO DE OBLIGACIONES FISCALES – Término para cancelar la obligación / FACILIDADES DE PAGO DE OBLIGACIONES FISCALES – Consecuencias del incumplimiento del pago / FACILIDADES DE PAGO DE OBLIGACIONES FISCALES – Reinicio del término por incumplimiento del pago / DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO DE LA FACILIDAD DE PAGO – Alcance / DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO DE LA FACILIDAD DE PAGO – Reiteración de jurisprudencia

En relación con las facilidades de pago, el artículo 814 del E.T. establece que la Administración puede concederlas hasta por un término de cinco años para el pago de obligaciones fiscales por concepto de impuestos, retenciones en la fuente, intereses y sanciones, siempre que el deudor o un tercero a su nombre constituya las garantías que respalden las obligaciones insolutas exigidas por la norma. El artículo 814-3 del mismo estatuto facultó a la Administración para que deje “…sin efecto la facilidad para el pago, declarando sin vigencia el plazo concedido, ordenando hacer efectiva la garantía hasta la concurrencia del saldo de la deuda garantizada, la práctica del embargo, secuestro y remate de bienes o la terminación de los contratos si fuere el caso”, cuando el obligado incumpla el pago de las cuotas acordadas, para lo que deberá expedir una resolución, susceptible del recurso de reposición. En lo relativo al momento en que se reanuda el conteo de los cinco años previsto para el ejercicio de la acción de cobro de los títulos ejecutivos sometidos al otorgamiento de facilidades de pago, por cuenta del incumplimiento del deudor, la Sala precisa que cuando se ha declarado incumplida una facilidad de pago, el término de prescripción de la acción de cobro, que se encontraba interrumpido, se cuenta de nuevo a partir de la notificación del acto administrativo que declara incumplida la facilidad de pago, pues con la notificación es oponible el acto al contribuyente. Lo anterior, conforme lo había precisado la Sección al indicar que “si la facilidad de pago se declara sin efectos por la Administración y, por ende, el plazo concedido para cancelar las obligaciones fiscales pierde vigencia, el término de prescripción, que fue interrumpido, debe contarse de nuevo, a partir de la notificación de la resolución que dejó sin efectos el acuerdo de pago”. La Sala advierte que la fuente de las facilidades de pago fue la voluntad del contribuyente de ponerse a paz y salvo de las obligaciones insolutas, expresada en reiteradas solicitudes en tal sentido, lo que llevó a la Administración a que se expidieran los respectivos actos administrativos contentivos de los compromisos de pago. Por lo anterior, la inaplicación que se pretende de las Resoluciones 0122 de 2003 y 022 de 2006 no procede, más aún si se tiene en cuenta que la falta de pago de las cuotas acordadas es una circunstancia imputable al contribuyente, lo que no puede ser utilizado como excusa para alegar la ilegalidad de los actos administrativos que fueron expedidos por cuenta de su voluntad de obligarse, ni para discutir los títulos de ejecución que sirvieron de fundamento al cobro administrativo.

FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 814 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 814-3

SOLICITUD DE COMPENSACIÓN DE LOS INTERESES PAGADOS – Reiteración de jurisprudencia / SOLICITUD DE COMPENSACIÓN DE LOS INTERESES PAGADOS – Improcedencia. Por no haber sido un argumento invocado en la demanda sino en el recurso de apelación, y, por tanto, no se puede decidir en esta etapa procesal, pues el recurso no es la oportunidad para adicionar o corregir la demanda / EXCEPCIÓN DE PAGO Y IMPROCEDENCIA DEL COBRO DE LOS INTERESES MORATORIOS – Alcance / EXCEPCIÓN DE PAGO – Improcedencia

La Sala advierte que el argumento señalado no fue invocado en la demanda. La compensación planteada es un argumento que solo fue formulado en el recurso de apelación, y, por tanto, no se puede decidir en esta etapa procesal, pues el recurso no es la oportunidad para adicionar o corregir la demanda. De otro lado, en relación con la excepción de pago y la correlativa improcedencia del cobro de los intereses moratorios, la Sala precisa que por expresa disposición del artículo 634 del Estatuto Tributario, los agentes de retención, que no paguen oportunamente las retenciones a cargo, deben liquidar y pagar intereses moratorios por cada mes o fracción de retardo (…) Ahora, en el caso concreto, la sociedad, mediante escrito de 23 de diciembre de 2003 pidió a la Administración la aplicación de la sentencia C-231 de 2003, para ser eximida de la obligación de pago de intereses de mora y actualizaciones por las retenciones adeudadas. Lo anterior, fue respondido negativamente por la Administración, mediante oficio de 26 de marzo de 2004, que no fue controvertido por la parte interesada en la oportunidad legal para hacerlo. De esa manera, se infiere que si la actora se encontraba inconforme con la decisión de cobro de los intereses moratorios, por considerarla improcedente, debió controvertir las decisiones que le fueron desfavorables ante la Administración y posteriormente ante la Jurisdicción. No obstante, el 25 de mayo de 2004 la sociedad “desistió de la solicitud de aplicar los criterios de la sentencia C-231 de 2003” y por el contrario, adelantó las gestiones para obtener la modificación de las condiciones de pago establecidas en la Resolución 0122 de 2003, lo que se concretó con la expedición de la Resolución 0022 del 7 de septiembre de 2006, que fijó el cobro de intereses y sanciones. En esos términos, no procede la excepción de pago invocada. (…) Por lo esbozado en esta providencia, es claro que no se desvirtuó la legalidad de los actos acusados y en consecuencia, se torna legítimo el cobro de las obligaciones fiscales adeudadas por parte de la Administración. Lo anterior, sin perjuicio de que descuenten del saldo insoluto las sumas pagadas con ocasión de los Mandamientos de pago Nº 900069 y 900071 del 25 de junio de 2010, proferidos a cargo de la Sociedad Laura Alejandra y Cia Ltda, y el deudor solidario Luis Fernando Palacios Estrada, respectivamente.

FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 634

MANDAMIENTO DE PAGO – Noción / MANDAMIENTO DE PAGO – Es un acto de trámite no demandable ante la jurisdicción contencioso administrativo / EXCEPCIÓN DE INEPTA DEMANDA FRENTE AL MANDAMIENTO DE PAGO – Prosperidad

De otra parte, se tiene que como pretensión primera de la demanda, la actora solicitó que se declare la nulidad del mandamiento de pago Nº 900070 de 25 de junio de 2010. Sobre el particular, la Sala reitera que el mandamiento de pago es el acto administrativo de trámite que da origen al procedimiento administrativo de cobro, cuyo contenido se concreta en la orden de ejecución de una obligación clara, expresa y exigible, que no crea, modifica o extingue una situación jurídica particular y, que conforme lo dispuesto en el artículo 835 del Estatuto Tributario, no es pasible de control por parte de la jurisdicción. Lo anterior, por cuanto en el procedimiento administrativo de cobro se discuten las excepciones que, por disposición del artículo 831 del Estatuto Tributario, tienden a enervar el título ejecutivo, lo que excluye los aspectos de fondo que debieron ser tratados en su oportunidad. En ese orden, tal como lo consideró el Tribunal en la parte motiva del fallo, el mandamiento de pago Nº 900070 de 25 de junio de 2010 no es un acto objeto de control jurisdiccional. Sin embargo, ante la falta de pronunciamiento expreso sobre el particular en la parte resolutiva, la Sala adiciona la sentencia apelada para, de oficio, declarar probada la excepción de inepta demanda frente al mandamiento de pago. Las razones que anteceden son suficientes para adicionar la sentencia apelada y declarar probada la excepción de inepta demanda frente al mandamiento de pago. En lo demás, se confirma la sentencia apelada.

FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 835 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 831

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero ponente: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 25000-23-27-000-2011-00148-01(20410)

Actor: MARÍA HELENA ASTORQUIZA CHÁVEZ

Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES-DIAN

FALLO

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 29 de mayo de 2013 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, que negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN- expidió la Resolución Nº 0058 de 2 de abril de 2002 por medio de la cual concedió a la sociedad Laura Alejandra y Cia Ltda una facilidad para el pago de las obligaciones fiscales adeudadas por concepto de impuesto sobre la renta de los años 1995, 1997, 1998 y 1999, y retención en la fuente por los periodos correspondientes a los años 2000 y 2001 (excepto el 4º periodo del 2000) y el 1er periodo de 2002.

Previa solicitud de la compañía, la DIAN profirió la Resolución Nº 0108 de 27 de septiembre de 2002, en la que modificó la Resolución Nº 058 de 2 de abril de 2002 en el sentido de conceder un plazo de 33 meses para el pago de la deuda fiscal, con vencimiento el 28 de marzo de 2005.

Posteriormente, a solicitud de la sociedad, la DIAN expidió la Resolución Nº 0122 de 28 de octubre de 2003 que modificó por segunda vez la facilidad de pago Nº 0108 de 27 de 2002, otorgando un nuevo plazo de cumplimiento de 36 meses, con vencimiento el 9 de enero de 2006.

El acto anterior fue modificado por medio de la Resolución Nº 00022 de 7 de septiembre de 2006 que estableció como nueva forma de pago nueve (9) cuotas variables, liquidadas a septiembre 1º de 2006, por un valor total de $1.862.262.205.

Previo incumplimiento de los pagos acordados, la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá mediante la Resolución Nº 00004 de 23 de febrero de 2009 dejó sin efecto la facilidad de pago, declaró sin vigencia el plazo concedido a la contribuyente y ordenó iniciar el procedimiento de cobro coactivo.

La señora María Helena Astorquiza Chávez se constituyó en deudora solidaria de la sociedad Laura Alejandra y Cia Ltda, por las obligaciones contenidas en la facilidad de pago Nº 0058 de 2 de abril de 2002, modificada mediante las resoluciones Nº 0108 de 27 de septiembre de 2002, Nº 0122 de 28 de octubre de 2003 y Nº 00022 de 7 de septiembre de 2006, ofreciendo como garantía bienes inmuebles, en su cuotaparte.

El 25 de junio de 2010, la Administración profirió mandamiento de pago Nº 900070 a cargo de la señora María Helena Astorquiza Chávez por cuantía de TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS MCTE ($361.541.000) correspondiente al saldo insoluto.

Contra el mandamiento de pago, la deudora solidaria formuló las excepciones denominadas ausencia de título ejecutivo, prescripción y pago, las cuales fueron decididas mediante la Resolución Nº 00076 de 28 de octubre de 2010 de la División de Gestión de Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, en el sentido de abstenerse de pronunciarse sobre las dos primeras, por ser deudora solidaria, y declarar no probada la excepción de pago interpuesta por la actora.

En la oportunidad legal, la demandante presentó recurso de reposición contra el anterior acto, que fue desatado por medio de la Resolución Nº 00080 de 20 de diciembre de 2010 que confirmó el acto recurrido.

DEMANDA
En ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo –CCA-, la actora formuló las siguientes pretensiones:

“PRINCIPALES
PRIMERO: Que se decrete la nulidad del acto administrativo demandado compuesto por las resoluciones:

1. Mandamiento de pago Nº 900070 de junio 25 de 2010.
2. Resolución que falla excepciones al mandamiento de pago Nº 000076 de 28 de octubre de 2010.
3. Resolución Nº 00080 de diciembre 20 de 2010, por medio de la cual se decide recurso de reposición contra la resolución que resolvió excepciones, notificada por edicto fijado el 5 de enero de 2011 y desfijado el día 19 de enero de 2011.
SEGUNDO: Se inaplique la Resolución Nº 022 de 2006, conforme los fundamentos señalados en la demanda.
TERCERO: Se inaplique la Resolución Nº 122 de 2003, conforme los fundamentos señalados en la demanda.
CUARTO: A título de restablecimiento del derecho se decrete la improcedencia del cobro de intereses de mora producto del cobro coactivo contenido en los actos demandados conforme a los fundamentos señalados en esta demanda y lo probado en el proceso.
QUINTO: A título de restablecimiento del derecho se decrete la prescripción de las siguientes obligaciones:

Nº de ActoTipo DctoFechaConceptoAño/PeriodoImpuestoSanción 1344601050783LP16/02/2000Retención 2000-112.092.000724502002249LP17/03/2000Retención2000-211.768.000724502002339LP14/04/2000Retención2000-315.751.0005LP01/03/2004Retención2000-414.406.0004.322.000111202053843LP16/06/2000Retención2000-512.936.000724502002726LP17/07/2000Retención2000-621.697.000724602001727LP17/08/2000Retención2000-719.930.0001902201050702LP15/09/2000Retención2000-815.534.000201502051686LP17/10/2000Retención2000-915.691.000201501051701LP17/11/2000Retención2000-1015.112.0001344601051405LP16/02/2000Retención2000-1116.110.000201503052459LP16/02/2000Retención2000-1251.278.000201503052504LP16/02/2000Retención2001-111.112.00036009022001636LP16/02/2000Retención2001-214.600.000201503052689LP16/02/2000Retención2001-318.140.000201502052700LP16/02/2000Retención2001-418.284.000201503052854LP16/02/2000Retención2001-520.548.0003600902001759LP16/02/2000Retención2001-617.554.000201502052875LP16/02/2000Retención2001-716.516.000201501052749LP16/02/2000Retención2001-814.928.000201503053124LP16/02/2000Retención2001-916.495.000201503053229LP16/02/2000Retención2001-1015.383.0001344601052865LP16/02/2000Retención2001-1116.793.000201502053108LP16/02/2000Retención2001-1247.008.000201503053366LP16/02/2000Retención2002-19.925.000201502053145LP16/02/2000Retención2002-214.362.000
SEXTO: A título de restablecimiento del derecho se decrete que las siguientes obligaciones ya se pagaron, como consecuencia de la reimputación adecuada de las sumas pagadas por LAURA ALEJANDRA Y CIA LTDA, imputadas inicialmente por la DIAN como intereses y que benefician al deudor solidario:

Nº de ActoTipo DctoFechaConceptoAño/PeriodoImpuestoSanción 704529000060LP09/11/2005Retención 2005-106.686.000704529000142LP09/12/2005Retención2005-115.706.000704529000199LP10/01/2006Retención2005-125.836.00070060000032541LP10/09/2007Sanción Independiente20079.115.000704529000297LP08/02/2006Retención2006-16.093.000704526002769LP13/03/2006Retención2006-25.468.000704530000049LP17/04/2006Retención2006-35.199.000704530000140LP08/05/2006Retención2006-45.975.000704530000231LP12/06/2006Retención2006-53.135.000704531000214LP10/07/2006Retención2006-63.024.0005066604000618LP08/08/2006Retención2006-73.732.000
SUBSIDIARIAS: En caso de no aceptarse la pretensión quinta y sexta principal, a título subsidiario solicito:
PRIMERA SUBSIDIARIA: A título de restablecimiento del derecho, reimputar el valor total pagado a título de intereses por LAURA ALEJANDRA Y CIA LTDA, según el valor que se pruebe dentro del proceso, a capital adeudado y que se cobra en el acto administrativo demandado, para cada una de las obligaciones que son materia de cobro coactivo, teniendo en consideración fecha en que entraron estos recursos a título de intereses a la DIAN, de conformidad con el artículo 804 del E.T., y fecha de causación de la obligación tributaria adeudada. (…) ”

Invocó como normas violadas las siguientes:

Artículos 4, 29, 48, 49, 95 Nº 9 y 122 de la Constitución Política.
Artículos 12 de la Ley 153 de 1887.
Artículo 40 del Código de Régimen Político y Municipal.
Artículos 814,814-1,814-3, 817, 818, 828 y 634 del Estatuto Tributario.
Artículo 7 de la Ley 1066 de 2006
Artículo 2536 del Código Civil
Circular DIAN Nº 00069 de agosto 11 de 2006

El concepto de la violación se sintetiza así:

Prescripción de la acción de cobro
Las obligaciones materia de cobro que corresponden a los periodos 2000 a 2005 se encuentran prescritas. Las Resoluciones Nº 0122 de 2003 y 022 de 2006 que modificaron el acuerdo de pago suscrito por la actora (Resolución 058 de 2002), desconocieron lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1066 de 2006 que prevé como presupuesto para obtener facilidades de pago, que el contribuyente se encuentre al día con las obligaciones de las vigencias posteriores a diciembre 31 de 2004. Por ende, tales actos no tienen vocación de interrumpir el término prescriptivo.

Al expedir la resolución Nº 022 de 2006, la DIAN excedió sus competencias funcionales porque otorgó al contribuyente, para el pago de sus obligaciones, un plazo que supera el máximo previsto en el artículo 814 del E.T.

La demandante incumplió los pagos y plazos estipulados en la facilidad contenida en la Resolución Nº 0108 de 2002 por lo que la Administración debió darle cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 814-3 del E. T., dejando sin efecto el acuerdo, y abstenerse de proferir la Resolución Nº 122 de 2003, que otorgó al contribuyente nuevas condiciones de pago.

En el caso concreto, la prescripción se interrumpe desde el momento en que se concede la facilidad de pago Nº 0058 de 2 de abril de 2002, hasta cuando se presenta el incumplimiento de los plazos fijados y de forma automática se deja sin efecto lo acordado, de acuerdo con el artículo 814-3 del Estatuto Tributario.

La prescripción se estructura en tanto la DIAN omitió ejercer la acción de cobro en oportunidad, y en su lugar, concedió al contribuyente facilidades de pago improcedentes.

Propuso la excepción de ilegalidad sobre las Resoluciones 122 de 2003 y 022 de 2006 y pidió inaplicarlas por violar los artículos 7 de la Ley 1066 de 2006, 814 y 814-1 del Estatuto Tributario, toda vez que la sociedad Laura Alejandra y Cia Ltda no estaba al día en las obligaciones causadas con posterioridad a diciembre 31 de 2004 y además se concedió un plazo para el pago de las obligaciones adeudadas, superior a cinco (5) años.

Pago de las obligaciones – indebida aplicación de los intereses de mora
Conforme las sentencias C-231 de 2003 y C-257 de 1998, las obligaciones discutidas ya se pagaron, porque los dineros ingresaron a las arcas de la Administración, a título de intereses. No le es dable a la DIAN exigir que los recursos de la seguridad social con los que se remuneraron tardíamente a la sociedad los servicios médicos y hospitalarios prestados, se destinen al pago de intereses de mora improcedentes, por lo que los rubros pagados por la demandante por ese concepto se deben devolver o aplicar al pago eficiente de los impuestos adeudados.

En el caso concreto no es procedente el pago de intereses de mora pues la tardanza en el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de la demandante obedeció a la ausencia de recursos debido al déficit del Sistema General de Salud, además no se demostró que se hubiera causado perjuicio a la Administración.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La UAE DIAN propuso la excepción de inepta demanda porque en la demanda se omitió exponer los fundamentos de derecho de las pretensiones y el concepto de la violación en relación con actos administrativos demandados. También alegó la caducidad de la acción al considerar que se controvierte la legalidad de las Resoluciones Nº 0122 de 2003 y 022 de 2006, que modificaron el acuerdo de pago Nº 058 de 2002, actos respecto de los cuales ya operó el fenómeno jurídico de la caducidad.

Además, la demandada solicitó desestimar las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente:

No se configura la prescripción de las obligaciones comoquiera que conforme el artículo 818 del E.T existió interrupción del término prescriptivo a partir del momento en que fue notificada la resolución mediante la cual se concedió una facilidad de pago a la demandante (Resolución 0108 del 27 de septiembre de 2002), hasta la fecha en que se notificó la resolución que declaró incumplida la misma (Resolución 000004 del 23 de febrero de 2009).

No se firmó un nuevo acuerdo de pago, sino que se modificó el inicial atendiendo la realidad económica del contribuyente y la solicitud la actora para acceder al beneficio establecido en el artículo 7º de la Ley 1066 de 2006.

En cada una de las modificaciones a la facilidad de pago se pactaron acuerdos con un plazo inferior al que se señala en el artículo 814 del E.T.

Los argumentos de la demanda atacan el acto administrativo que decretó el incumplimiento, lo cual resulta ajeno al escenario que ahora se revisa, destacando que dicho acto no fue objeto de recursos en vía administrativa.
El mandamiento de pago se refirió a obligaciones claras, expresas y exigibles contenidas en documentos que constituyen título ejecutivo a la luz de lo previsto en el artículo 828 del E.T.

Frente a la excepción de ilegalidad adujo que las Resoluciones 122 de 2003 y 022 de 2006 se encuentran en firme y se presumen legales hasta tanto no sean anuladas, revocadas o suspendidas, y no se puede pretender en esta instancia provocar un pronunciamiento por parte de la Administración, para subsanar la omisión del interesado de controvertirlas en la oportunidad legal.

En cuanto a la causación de los intereses moratorios advirtió que el artículo 634 del E.T. establece que se causan en el momento en que no se cancelan de manera oportuna los impuestos, anticipos y retenciones en la fuente, sin excepción alguna.

Los dineros adeudados por la sociedad por retenciones e IVA no provienen de su patrimonio pues esta actuó como recaudadora. Provienen, entonces, de quien solicitó la prestación del servicio o adquirió los bienes.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal encontró ajustados a derecho los actos demandados. Las razones de la decisión se resumen así:

Se declaró no probada la excepción de inepta demanda ya que se acreditó por la parte actora el cumplimiento del requisito formal consistente en exponer las razones por las cuales argumenta que se configura la prescripción de la acción de cobro y el pago de las obligaciones perseguidas en el proceso de cobro coactivo, lo cual le permite al operador judicial abordar el estudio del fondo del asunto.

No se estructuró la caducidad de la acción toda vez que la demanda se interpuso el 19 de mayo de 2011, esto es, dentro de los 4 meses siguientes a la notificación de la Resolución Nº000080 de 2010, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición contra la resolución que falló las excepciones contra el mandamiento de pago y agotó la vía administrativa. No es procedente revisar la caducidad a partir de actos administrativos que no fueron objeto de la demanda.

El mandamiento de pago no es un acto demandable conforme el artículo 835 del E.T. y la jurisprudencia del Consejo de Estado

Respecto del título ejecutivo que sirve de base al proceso de cobro coactivo no concurren ninguna de las causales previstas en el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo para que pierda su carácter eminentemente ejecutorio y su atributo de ejecutabilidad, de lo que se sigue que no es viable mediante la controversia atinente a las excepciones formuladas contra el mandamiento de pago de prescripción de la acción y pago, abrir el debate contra la legalidad de los actos que reconocieron la facilidad de pago y aquellos en los cuales se modificó y se dejó sin efectos el acuerdo por incumplimiento.

Por tanto, en este asunto no se discute la validez o eficacia de las resoluciones que modificaron la facilidad de pago inicial, la resolución que dejó sin efectos el acuerdo de pago, ni las declaraciones privadas.

En lo relativo a la prescripción de la acción de cobro, el Tribunal consideró que en el caso concreto concurrieron dos de las circunstancias que dan lugar a la interrupción del término prescriptivo, a saber, la concesión de la facilidad de pago Nº 58 de abril 5 de 2002 y la notificación del Mandamiento de Pago Nº 900057 de 25 de junio de 2009.

La exigibilidad de la obligación más antigua a cobrar sucedió el 16 de febrero de 2002, por lo que el término prescriptivo inicial previsto en la norma para notificar el mandamiento de pago vencía el 16 de febrero de 2007. No obstante, el término se interrumpió el 4 de abril de 2002 con ocasión de la notificación de la facilidad de pago Nº 58, y empezó a contarse nuevamente a partir del 24 de febrero de 2009, esto es, cuando se dejó sin efecto la facilidad de pago concedida por la Resolución 58 de 2002, modificada por las resoluciones 108 de 2002, 122 de 2003 y 022 de 2007.

La notificación del mandamiento de pago aconteció el 25 de junio de 2009, por lo que fuerza concluir que ocurrió en la oportunidad prevista en la norma.

La excepción de pago no tiene vocación de prosperidad toda vez se dirige a controvertir la legalidad del título ejecutivo y las resoluciones previas al mandamiento de pago, en las cuales se estableció el monto adeudado por el contribuyente por concepto de impuesto e intereses, aspectos que no pueden ser analizados en este proceso.

En relación con los intereses moratorios, consideró que son una sanción prevista en la ley para quien dentro de los términos acordados no cumple total o parcialmente con sus obligaciones formales y/o sustanciales, máxime cuando se trata de deberes por retención en la fuente cuya finalidad es garantizar que los dineros retenidos a favor del Estado para el cumplimiento de sus cometidos y funciones sean puestos a su disposición de manera oportuna.

RECURSO DE APELACIÓN
La demandante apeló el fallo de primera instancia. Lo anterior, con fundamento en lo siguiente:
El análisis sobre la legalidad de las resoluciones que modifican la facilidad de pago se justifica en la medida en que al desvirtuar su validez, se puede concluir que no se interrumpió la prescripción de la acción de cobro.

Habiéndose acreditado el incumplimiento de la facilidad de pago concedida a través de la Resolución Nº 00058 de 2002, la Administración, en ejercicio de sus competencias legales, debió dejar sin vigencia el acuerdo y abstenerse de otorgar nuevos plazos. Lo anterior significa que desde el año 2003 se debe contabilizar el término previsto en el artículo 817 del E.T., por lo que operó la prescripción transcurridos cinco (5) años sin que la Administración iniciara la gestión de cobro.

Las resoluciones Nº 0122 de 2003 y 022 de 2006, que modificaron las condiciones de pago establecidas en la Resolución Nº 00058 de 2002 son ilegales por violación directa del último inciso del artículo 7 de la Ley 1066 y del artículo 814 del E.T. comoquiera que la Administración carecía de competencia para otorgar una facilidad de pago por un plazo superior a los cinco (5) años señalados en el artículo 814 del E. T. Además, desconocen el artículo 814-3 del E.T. pues cuando se incumple una facilidad de pago, esta se debe dejar sin efecto y no prorrogarla, como lo hizo la DIAN.

Se debe aplicar la excepción de ilegalidad prevista en el artículo 240 de la Ley 4 de 1913 y 12 de la Ley 153 de 1887 respecto de las resoluciones Nº 0122 de 2003 y 022 de 2006 y, en consecuencia, declarar probada la excepción de prescripción de la acción de cobro.

La excepción de pago se fundamenta en el hecho que la demandante pagó a la DIAN unas sumas de dinero por concepto de una sanción moratoria, la cual en virtud del artículo 634 del E.T y la sentencia C-231 del 2003, no debió causarse, debido a la situación económica en que se encontraba la sociedad contribuyente.

El pago de los intereses de mora, al ser improcedente, se constituyó en un pago de lo no debido susceptible de ser compensado en su totalidad con las obligaciones fiscales materia de cobro.

El 9 de octubre de 2009, se pidió a la DIAN la compensación y dicha entidad no resolvió la solicitud. Conforme al artículo 855 del E.T. debe accederse a lo pedido, pues el pago indebido de la sanción moratoria está debidamente probado en el expediente de la sociedad, al que no se quiso acumular este proceso.

El acervo probatorio que existe en el proceso da cuenta de que la demandante declaró la retención en la fuente aún sin haber surgido el impuesto, pues no se habían realizado los pagos respectivos al personal, por lo que no es dable considerar que se causó un detrimento al Estado o al erario.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La actora insistió en los planteamientos en que sustentó el recurso de apelación.

La demandada hizo una exposición del debate de la que concluyó que en el año 2009, cuando se profirió y notificó la resolución que dejó sin efecto la facilidad de pago, comenzó nuevamente a contabilizarse el término del artículo 817 del E.T. el cual fue interrumpido con la notificación del mandamiento de pago Nº 900069 de 25 de junio de 2010.

La Ley 1066 de 2006 (art. 7) que adicionó un parágrafo transitorio al artículo 814 del E.T. dispuso que en relación con la deuda objeto de plazo y durante el tiempo que se autorice la facilidad para el pago, se liquidaran intereses calculados de forma diaria, a la misma tasa establecida para el interés moratorio, conforme lo indicado en el artículo 634 del E.T.

La demandante no consignó las retenciones en las fechas establecidas por el Gobierno Nacional, razón por la que al momento de pago o cobro por la vía coactiva, se hace imperioso liquidar la obligación con la tasa de interés vigente.

El Ministerio Público estimó que debe confirmarse la sentencia apelada para lo cual expuso lo siguiente:

Las excepciones en contra del mandamiento de pago son taxativas y en ellas no se analiza la validez del título, por lo que, en el caso concreto resulta improcedente el estudio de legalidad de las resoluciones que otorgaron las nuevas facilidades de pago, pues respecto de aquellas opera la presunción de legalidad y se debe partir de su validez para el estudio de las excepciones solicitadas.

No se configuró la prescripción aludida por la parte actora, en el entendido que, el término que tenía la Administración estuvo interrumpido desde el 4 de abril de 2002 con ocasión de la facilidad de pago Nº 58, luego, dicho plazo a favor de la DIAN comenzó a contarse nuevamente a partir del 24 de febrero de 2009, día siguiente a la notificación de la Resolución Nº 04 de 23 de febrero de 2009, por medio de la cual se dieron por terminadas las facilidades de pago otorgadas a la compañía; y la notificación del mandamiento de pago ocurrió el 25 de junio de 2010.

De acuerdo con la sentencia C-231 de 2003 el único evento excusable para el agente retenedor es el de fuerza mayor, regulado de manera expresa en el artículo 64 del Código Civil. Sin embargo, en el caso que se revisa, no se estructuraron circunstancias de fuerza mayor ya que conforme a las normas contables aplicadas por la sociedad, la retención en la fuente debe aplicarse al momento de su causación, independientemente de que se den o no los recursos para hacer los pagos que la generen.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problema jurídico

En los términos de la apelación interpuesta por la demandante, en calidad de deudora solidaria, la Sala decide sobre la legalidad de la Resolución Nº 000076 del 28 de octubre de 2010 que resolvió las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago 900070 de 25 de junio de 2010, y de su confirmatoria, la Resolución Nº 00080 de 20 de diciembre de 2010.

En el proceso de cobro, la actora propuso las excepciones de pago, prescripción y falta de título. Conviene destacar que hay lugar a pronunciarse sobre las excepciones de pago y prescripción, en el entendido que el deudor solidario puede proponer la excepción de pago efectivo (art. 814-2, inc. 3 del E.T.) y además todas las previstas en el artículo 831 ibídem. En el proceso, la actora no se refirió a la excepción de falta de título.

Asunto de fondo –Reiteración jurisprudencial

La Sala confirma la sentencia apelada, para lo cual reitera el criterio expuesto en sentencia de 6 de julio de 2016, en la que se analizó un asunto similar entre la Sociedad Laura Alejandra y Cia Ltda, de la cual la actora fue deudora solidaria y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN-.

Conforme con el artículo 828 del Estatuto Tributario entre los documentos que prestan mérito ejecutivo están las liquidaciones privadas incorporadas a las declaraciones tributarias, las liquidaciones oficiales ejecutoriadas y los actos administrativos ejecutoriados que fijen sumas líquidas de dinero a favor de la Administración y las sentencias.

El artículo 817 del Estatuto Tributario, prevé que el término de prescripción de la acción de cobro de los títulos ejecutivos descritos en el artículo 828 ibídem, es de cinco (5) años contados desde el momento en que las obligaciones se hicieron exigibles, esto es, desde: la fecha de vencimiento del término para declarar, la fecha de presentación de la declaración para el caso de las declaraciones extemporáneas, la fecha de presentación de la declaración de corrección respecto de los mayores valores y la fecha de ejecutoria del acto administrativo de determinación del tributo.

Por su parte, el artículo 818 del E.T dispone que el término señalado se interrumpe por la notificación del mandamiento de pago, el otorgamiento de facilidades de pago, la admisión de la solicitud de concordato y la declaratoria oficial de liquidación forzosa. Y empieza a correr de nuevo “…desde el día siguiente a la notificación del mandamiento de pago, desde la terminación del concordato o desde la terminación de la liquidación forzosa”.

En relación con las facilidades de pago, el artículo 814 del E.T. establece que la Administración puede concederlas hasta por un término de cinco años para el pago de obligaciones fiscales por concepto de impuestos, retenciones en la fuente, intereses y sanciones, siempre que el deudor o un tercero a su nombre constituya las garantías que respalden las obligaciones insolutas exigidas por la norma.

El artículo 814-3 del mismo estatuto facultó a la Administración para que deje “…sin efecto la facilidad para el pago, declarando sin vigencia el plazo concedido, ordenando hacer efectiva la garantía hasta la concurrencia del saldo de la deuda garantizada, la práctica del embargo, secuestro y remate de bienes o la terminación de los contratos si fuere el caso”, cuando el obligado incumpla el pago de las cuotas acordadas, para lo que deberá expedir una resolución, susceptible del recurso de reposición.

En lo relativo al momento en que se reanuda el conteo de los cinco años previsto para el ejercicio de la acción de cobro de los títulos ejecutivos sometidos al otorgamiento de facilidades de pago, por cuenta del incumplimiento del deudor, la Sala precisa que cuando se ha declarado incumplida una facilidad de pago, el término de prescripción de la acción de cobro, que se encontraba interrumpido, se cuenta de nuevo a partir de la notificación del acto administrativo que declara incumplida la facilidad de pago, pues con la notificación es oponible el acto al contribuyente.

Lo anterior, conforme lo había precisado la Sección al indicar que “si la facilidad de pago se declara sin efectos por la Administración y, por ende, el plazo concedido para cancelar las obligaciones fiscales pierde vigencia, el término de prescripción, que fue interrumpido, debe contarse de nuevo, a partir de la notificación de la resolución que dejó sin efectos el acuerdo de pago”.

Caso Concreto

María Helena Astorquiza Chávez, en su condición de deudora solidaria de la sociedad Laura Alejandra y Cia Ltda, por las obligaciones contenidas en la facilidad de pago Nº 0058 de 2 de abril de 2002, alega que operó la prescripción de la acción de cobro prevista en el artículo 817 del E.T., toda vez que transcurrieron más de cinco (5) años, desde el momento en que la obligación se hizo exigible, sin que la Administración profiriera el mandamiento de pago.

Adicionalmente, afirma que está probada la excepción de pago respecto de las obligaciones cuyo cobro pretende la Administración, toda vez que la sociedad realizó pagos por concepto de intereses de mora improcedentes, los cuales equivalen a la suma que ahora se le exige pagar.

Por su parte, la DIAN sostiene que hubo una interrupción del término prescriptivo conforme el artículo 818 del E.T, por lo que la entidad fiscalizadora conservó la competencia para ejercer la acción de cobro. También señala que el artículo 634 del E.T. establece que los intereses moratorios se causan en el momento en que no se cancelan de manera oportuna los impuestos, anticipos y retenciones en la fuente, sin excepción alguna.

En el proceso están demostrados los siguientes hechos:

La sociedad Laura Alejandra y Cia Ltda solicitó el 4 de marzo de 2002, una facilidad de pago, la cual le fue concedida por la Administración mediante la Resolución 058 del 2 de abril de 2002, respecto de las siguientes obligaciones:

Renta
1995, 1997, 1998, 1999 y 2000.

Retenciones
1997 – 2 a 12
1998 – 1 a 12
1999 – 1 a 12
2000 – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 11 y 12
2001 – 1 a 12
2002 – 1
Valor total de la facilidad
$2.325.993.840

Plazo acordado
36 meses
Pago de la primera cuota: 28/06/2002
Pago última cuota: 28/03/2005
Fecha de notificación de la facilidad
4/04/2002

En la Resolución 058 de 2002 se constituyó como deudora solidaria de la sociedad Laura Alejandra y Cia Ltda la señora María Helena Astorquiza Chávez y ofreció como garantía bienes inmuebles de su propiedad.

Luego, por solicitud de la compañía contribuyente, elevada el 2 de abril de 2002, la DIAN expidió la Resolución 0108 del 27 de septiembre de 2002, que modificó la Resolución 058 de 2002, así:

Renta
1997, 1998, 1999 y 2000.

Retenciones
1998 – 3 a 12
1999 – 1 a 12
2000 – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 11 y 12
2001 – 1 a 12
2002 – 1 y 4
Valor total de la facilidad
$2.166.627.695

Plazo acordado
33 meses
Pago de la primera cuota: 28/09/2002
Pago última cuota: 28/03/2005
Fecha de notificación de la facilidad
01/10/2002

Posteriormente, atendiendo a lo pedido por la sociedad, la DIAN profirió la Resolución 0122 del 28 de octubre de 2003 que modificó la facilidad de pago 0108 de 2002 por ampliación del plazo y abono extraordinario, así:
Renta
1998, 1999 y 2000.

Retenciones
1998 – 5, 6, 9, 10, 11, 12
1999 – 1 a 12
2000 – 1 a 12
2001 – 1 a 12
2002 – 1 y 2
Valor total de la facilidad
$1.937.332.779

Plazo acordado
36 meses
Pago de la primera cuota: 01/12/2003
Pago última cuota: 01/09//2006
Fecha de notificación de la facilidad
18/11/2003

Por escrito de 29 de diciembre de 2003 la sociedad solicitó a la DIAN aplicar la sentencia C-231 de 2003 y declarar que la sociedad Laura Alejandra y Cia Ltda no está obligada a pagar intereses de mora ni actualizaciones por concepto de los impuestos y retenciones adeudadas. Asimismo, solicitó la devolución de los intereses pagados por cuenta de los compromisos de pago suscritos, para lo que anexó los recibos oficiales de pago correspondientes.

A través del oficio Nº 0030-175-03233 del 26 de marzo de 2004, la Administración negó lo pedido. El 25 de mayo de 2004, la sociedad desistió de la solicitud presentada.

El 29 de junio de 2005, la sociedad informó a la Administración sobre el pago de algunas cuotas acordadas en las resoluciones 0058 de 2002, 0108 de 2002 y 0122 de 2003.

El 11 de agosto de 2006, la sociedad adjuntó los recibos oficiales de pago de los periodos de febrero a septiembre de 2005 por concepto de retenciones y el 24 de agosto siguiente pidió la modificación de la facilidad de pago contenida en la Resolución 0122 de 2003, que fue concedida por la Administración mediante la expedición de la Resolución 0022 del 7 de septiembre de 2006, así:
Renta
2004

Retenciones
1998 – 9, 10, 11, 12
1999 – 1 a 12
2000 – 1 a 12
2001 – 1 a 12
2002 – 1 y 2
2003 – 12
2004 – 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12
2005 – 10, 11, 12
2006 – 1, 2, 3, 4, 5, 6
Valor total de la facilidad
$1.862.262.205

Plazo acordado
9 meses
Pago de la primera cuota; 01/10/2006
Pago de la última cuota: 01/06/2007
Fecha de notificación de la facilidad
18/11/2003

El 23 de febrero de 2009, la entidad demandada expidió la Resolución 000004 “POR MEDIO DE LA CUAL SE DEJA SIN EFECTO UNA FACILIDAD DE PAGO”, en la que ordenó iniciar el procedimiento de cobro respecto de las obligaciones que se indican a continuación:
Renta
2004
Sanción
2003

Retenciones
1998 – 6
1999 – 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
2000 – 1 a 12
2001 – 1 a 12
2002 – 1 y 2
2003 – 12
2004 – 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12
2005 – 10, 11, 12
2006 – 1, 2, 3, 4, 5, 6
Valor total
$677.662.000

La resolución da cuenta de que el 29 de enero de 2007 la sociedad contribuyente realizó el pago parcial de las obligaciones acordadas por los siguientes conceptos:
Concepto
Recibo oficial de pago
Valor
Retención 1998-9
5198505001924
$1.400.000
Retención 1998 -10
5198505001926
$660.000
Retención 1998 – 11
5198505001917
$746.000
Retención 1998 – 12
5198505001919
$36.597.000
Retención 1999 – 2
5198505001920
$32.188.000
Retención 1999 – 3
5198505001922
$30.311.000

La DIAN profirió el Mandamiento de Pago Nº 900070 del 25 de junio de 2010, contra la actora, como deudora solidaria de la sociedad Laura Alejandra y Cia Ltda. La demandante propuso excepciones que fueron resueltas desfavorablemente por medio de la Resolución Nº 00076 de 28 de octubre de 2010.

Contra la resolución señalada la demandante interpuso el recurso de reposición, resuelto por la Resolución Nº 00080 de 20 de diciembre, que confirmó el acto recurrido.

Del recuento anterior se tiene que el término de prescripción de la acción de cobro de los títulos de ejecución conformados por las declaraciones privadas presentadas por la sociedad contribuyente, se interrumpió con la expedición de la facilidad de pago contenida en la Resolución 058 del 2002, que concretó la voluntad del contribuyente de ponerse al día en el pago de las obligaciones que adeudaba, en un plazo de 36 meses, previa constitución de las garantías exigidas por la normativa fiscal.

La Administración modificó en tres oportunidades la facilidad de pago referida, en atención a las solicitudes elevadas por la sociedad contribuyente, a fin de permitirle a la sociedad sufragar las obligaciones insolutas derivadas de las cuotas acordadas, esto es, mediante la expedición de las Resoluciones 0108 de 2002, 0122 de 2003 y 0022 de 2006, que, por demás, incluyeron otras obligaciones surgidas con posterioridad a la mencionada Resolución 058 de 2002.

La Sala advierte que la fuente de las facilidades de pago fue la voluntad del contribuyente de ponerse a paz y salvo de las obligaciones insolutas, expresada en reiteradas solicitudes en tal sentido, lo que llevó a la Administración a que se expidieran los respectivos actos administrativos contentivos de los compromisos de pago.

Por lo anterior, la inaplicación que se pretende de las Resoluciones 0122 de 2003 y 022 de 2006 no procede, más aún si se tiene en cuenta que la falta de pago de las cuotas acordadas es una circunstancia imputable al contribuyente, lo que no puede ser utilizado como excusa para alegar la ilegalidad de los actos administrativos que fueron expedidos por cuenta de su voluntad de obligarse, ni para discutir los títulos de ejecución que sirvieron de fundamento al cobro administrativo.

Por lo demás, se desestiman los argumentos de la apelante tendientes a controvertir la legalidad de las Resoluciones 0108 de 2002, 0122 de 2003 y 0022 de 2006 dado que en concordancia con el artículo 829-1 del Estatuto Tributario, la oportunidad para discutir la legalidad de dichos actos no es durante el procedimiento de cobro coactivo, sino ante la jurisdicción, mediante el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

En ese orden, el término de prescripción de la acción de cobro de las obligaciones a cargo del contribuyente se interrumpió con la expedición de la facilidad de pago 058 de 2002 y de los actos que la modificaron respecto de las obligaciones surgidas con posterioridad a esta, y volvió a contarse desde la notificación de la Resolución 000004 del 23 de febrero de 2009, que dejó sin efectos la facilidad.

De otro lado, en el proceso está probado que el último pago de las cuotas acordadas ocurrió el 29 de enero de 2007, lo que indica que la sociedad tuvo dos años para pagar el saldo insoluto de las cuotas acordadas, hasta la expedición del acto administrativo que declaró sin vigencia el plazo concedido, y la omisión en el cumplimiento de esa obligación no es imputable a la Administración.

En consecuencia, el mandamiento de pago Nº 900070 del 25 de junio de 2010, que libró la DIAN contra la actora como deudora solidaria, es oportuno, porque fue expedido dentro de los cinco años siguientes a notificación de la Resolución 000004 del 23 de febrero de 2009, que dejó sin efecto la facilidad de pago 058 de 2002, modificada por las Resoluciones 0122 de 2003 y 022 de 2006. Por los argumentos esgrimidos, no prospera la excepción de prescripción planteada.

Excepción de pago - solicitud de compensación - Reiteración jurisprudencial

En el recurso de apelación la actora alegó que la Administración no respondió la solicitud de compensación de los intereses pagados en cumplimiento de la facilidad de pago presentada el 9 octubre del año 2009, que se entiende favorable a los intereses de la sociedad contribuyente respecto de los valores que son objeto de cobro.

La Sala advierte que el argumento señalado no fue invocado en la demanda. La compensación planteada es un argumento que solo fue formulado en el recurso de apelación, y, por tanto, no se puede decidir en esta etapa procesal, pues el recurso no es la oportunidad para adicionar o corregir la demanda.

De otro lado, en relación con la excepción de pago y la correlativa improcedencia del cobro de los intereses moratorios, la Sala precisa que por expresa disposición del artículo 634 del Estatuto Tributario, los agentes de retención, que no paguen oportunamente las retenciones a cargo, deben liquidar y pagar intereses moratorios por cada mes o fracción de retardo; así mismo, en el caso de las facilidades de pago a que se refiere el artículo 814 ejusdem, la resolución que las concede, incluye las obligaciones originadas por concepto de impuestos, intereses y sanciones.

Ahora, en el caso concreto, la sociedad, mediante escrito de 23 de diciembre de 2003 pidió a la Administración la aplicación de la sentencia C-231 de 2003, para ser eximida de la obligación de pago de intereses de mora y actualizaciones por las retenciones adeudadas. Lo anterior, fue respondido negativamente por la Administración, mediante oficio de 26 de marzo de 2004, que no fue controvertido por la parte interesada en la oportunidad legal para hacerlo.

De esa manera, se infiere que si la actora se encontraba inconforme con la decisión de cobro de los intereses moratorios, por considerarla improcedente, debió controvertir las decisiones que le fueron desfavorables ante la Administración y posteriormente ante la Jurisdicción.

No obstante, el 25 de mayo de 2004 la sociedad “desistió de la solicitud de aplicar los criterios de la sentencia C-231 de 2003” y por el contrario, adelantó las gestiones para obtener la modificación de las condiciones de pago establecidas en la Resolución 0122 de 2003, lo que se concretó con la expedición de la Resolución 0022 del 7 de septiembre de 2006, que fijó el cobro de intereses y sanciones.

En esos términos, no procede la excepción de pago invocada.

Finalmente, se reitera que la falta de consignación oportuna de las retenciones a cargo de la sociedad demandante, que dio origen al procedimiento de cobro que se debate, afectó el recaudo de las rentas que le corresponden a la Nación. Máxime cuando se desconocieron los plazos legales y los pactados en sendas facilidades de pago, convenidas con la sociedad contribuyente.

Por lo esbozado en esta providencia, es claro que no se desvirtuó la legalidad de los actos acusados y en consecuencia, se torna legítimo el cobro de las obligaciones fiscales adeudadas por parte de la Administración. Lo anterior, sin perjuicio de que descuenten del saldo insoluto las sumas pagadas con ocasión de los Mandamientos de pago Nº 900069 y 900071 del 25 de junio de 2010, proferidos a cargo de la Sociedad Laura Alejandra y Cia Ltda, y el deudor solidario Luis Fernando Palacios Estrada, respectivamente.

De otra parte, se tiene que como pretensión primera de la demanda, la actora solicitó que se declare la nulidad del mandamiento de pago Nº 900070 de 25 de junio de 2010.

Sobre el particular, la Sala reitera que el mandamiento de pago es el acto administrativo de trámite que da origen al procedimiento administrativo de cobro, cuyo contenido se concreta en la orden de ejecución de una obligación clara, expresa y exigible, que no crea, modifica o extingue una situación jurídica particular y, que conforme lo dispuesto en el artículo 835 del Estatuto Tributario, no es pasible de control por parte de la jurisdicción. Lo anterior, por cuanto en el procedimiento administrativo de cobro se discuten las excepciones que, por disposición del artículo 831 del Estatuto Tributario, tienden a enervar el título ejecutivo, lo que excluye los aspectos de fondo que debieron ser tratados en su oportunidad.

En ese orden, tal como lo consideró el Tribunal en la parte motiva del fallo, el mandamiento de pago Nº 900070 de 25 de junio de 2010 no es un acto objeto de control jurisdiccional. Sin embargo, ante la falta de pronunciamiento expreso sobre el particular en la parte resolutiva, la Sala adiciona la sentencia apelada para, de oficio, declarar probada la excepción de inepta demanda frente al mandamiento de pago.

Las razones que anteceden son suficientes para adicionar la sentencia apelada y declarar probada la excepción de inepta demanda frente al mandamiento de pago. En lo demás, se confirma la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: De oficio, DECLARAR probada la excepción de inepta demanda frente al mandamiento de pago Nº 900070 de 25 de junio de 2010.

SEGUNDO: En lo demás, CONFIRMAR la sentencia del 29 de mayo de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

TERCERO: RECONOCER personería a Lilia Esperanza Amado Ávila como apoderada de la entidad demandada, conforme al poder conferido, que está en el folio 299 del expediente.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha.

JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Presidente de la Sección
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

MILTON CHAVES GARCÍA
JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ

Fl. 110-115 c.a. Fl. 116-122 c.a. Fl. 125-130 c.a. Fl. 133-139 c.a. Fl. 151-156 c.a. Fl. 23-26 c.p. Fl. 37-42 c.p. Fl. 50-59 c.p. Sentencias de 3 de mayo de 2018, exp 21376, C.P Jorge Octavio Ramirez Ramírez; del 10 de septiembre de 2015, exp 19614 C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; Sentencia 18970 del 4 de abril de 2013, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Proceso acumulado Rad. 25000232700020110008301 y 25000232700020110014401, Expediente 20824, C.P Martha Teresa Briceño de Valencia (E). Se revisó la legalidad de los administrativos dictados dentro del proceso de cobro coactivo adelantado contra la Sociedad LAURA ALEJANDRA Y CIA LTDA y el deudor solidario Luis Fernando Palacios Estrada.
“Art. 817. Término de prescripción de la acción de cobro. La acción de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de: 1. La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por el Gobierno Nacional, para las declaraciones presentadas oportunamente. 2. La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en forma extemporánea. 3. La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con los mayores valores. 4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o discusión. La competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será de los Administradores de Impuestos o de Impuestos y Aduanas Nacionales respectivos, o de los servidores públicos de la respectiva administración en quien estos deleguen dicha facultad y será decretada de oficio o a petición de parte.”
Es de anotar que de acuerdo con el artículo 818 del E.T, el término de prescripción de la acción de cobro que se interrumpe “empezará a correr de nuevo [entre otros supuestos] desde el día siguiente a la notificación del mandamiento de pago”. Sentencia 15783 del 22 de febrero de 2007, C.P. Héctor J. Romero. Referenciada en el numeral segundo de los considerandos de la Resolución 058 de 2002. Referenciada en el numeral segundo de los considerandos de la Resolución 0108 de 2002. Referenciada en el numeral segundo de los considerandos de la Resolución 0122 de 2003. Folios 124 a 148 del cuaderno 1 del expediente2011-00083. Folios 150 a 160 del cuaderno 1 del expediente 2011-00083. Folio 165 del cuaderno 1 del expediente 2011-00083. Folios 167 a 170 del cuaderno 1 del expediente 2011-00083. Folios 207 a 214 del cuaderno 1 del expediente 2011-00083. Folio 225 del cuaderno 1 del expediente 2011-00083. Folio 23-26 del cuaderno principal.
“ARTÍCULO  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6533" \l "829-1" \h 829-1. Efectos de la revocatoria directa. En el procedimiento administrativo de cobro, no podrán debatirse cuestiones que debieron ser objeto de discusión en la vía gubernativa. La interposición de la revocatoria directa o la petición de que trata el artículo 567, no suspende el proceso de cobro, pero el remate no se realizará hasta que exista pronunciamiento definitivo". En ese sentido ver la sentencia proferida el 20 de septiembre de 2017 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Radicado: 76001-23-31-000-2010-00855-02(21693). Actor: Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca - COMFAMILIAR ANDI –COMFANDI. La resolución se notificó el 25 de febrero de 2009. Expediente 20824. Consejera ponente: Martha Teresa Briceño de Valencia (E). Argumentó la solicitante que se encontraba dentro de un supuesto de hecho considerado como caso fortuito o de fuerza mayor, justificante de la mora en las obligaciones fiscales, razón por la que no hay lugar a la causación de intereses de mora conforme la providencia citada. Folio 165 c.p expediente 2011-8301
Expediente 20824. Consejera ponente: Martha Teresa Briceño de Valencia (E).
“Art. 835.- Intervención del contencioso administrativo.

Dentro del proceso de cobro administrativo coactivo, sólo serán demandables ante la Jurisdicción Contencioso - Administrativa las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución; la admisión de la demanda no suspende el proceso de cobro, pero el remate no se realizará hasta que exista pronunciamiento definitivo de dicha jurisdicción”.
“Art. 831.- Excepciones. Contra el mandamiento de pago procederán las siguientes excepciones: 1.- El pago efectivo. 2.- La existencia de un acuerdo de pago. 3.- La de falta de ejecutoria del título. 4.- La pérdida de ejecutoria del título por revocación o suspensión provisional del acto administrativo, hecha por autoridad competente. 5.- La interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 6.- La prescripción de la acción de cobro, y 7.- La falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profirió”.

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Radicado: 25000-23-27-000-2011-00148-01 (20410)
Demandante: María Helena Astorquiza Chávez

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Radicado: 25000-23-27-000-2011-00148-01 (20410)
Demandante: María Helena Astorquiza Chávez

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