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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-27-000-2011-00337-03

Fecha
19 de mayo de 2022
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-27-000-2011-00337-03

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Modificar los numerales tercero y cuarto de la sentencia apelada, los cuales quedarán así: TERCERO.- DECLARAR la nulidad de las resoluciones 00013, 00088 y 00093 del 24 de mayo de 2010, y las resoluciones 230, 231 y 232 del 25 de julio de 2011, por medio de las cuales se asignó una contribución de valorización por beneficio local a los inmuebles identificados con las matrículas inmobiliarias 176-9238 (Lote nro. 10), 172-9236 (Lote nro. 11) y 176-9347 (Lote nro. 05) de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Zipaquirá de propiedad de los señores Lucy Amanda Ochoa de Acosta y Carlos Hernando Acosta Pabón, expedidas por el municipio de Tocancipá, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. CUARTO.- En consecuencia, y a título de restablecimiento del derecho, DECLARAR que los señores Lucy Amanda Ochoa de Acosta y Carlos Hernando Acosta Pabón no están obligados al pago de la contribución de valorización por beneficio local, de que tratan los actos acusados, y ORDENAR al municipio de Tocancipá REINTEGRAR la suma que se acredite como pagada por los demandantes con ocasión de los actos anulados, más los intereses de conformidad con el artículo 193 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. SEGUNDO: En lo demás, confirmar la sentencia apelada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-27-000-2011-00337-03

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

19 de mayo de 2022

Radicación: 25000-23-27-000-2011-00337-01 (22188)
Demandantes: Lucy Amanda Ochoa de Acosta y otro
FALLO

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Asunto: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-27-000-2011-00337-01 (22188)
Demandante: LUCY AMANDA OCHOA DE ACOSTA y CARLOS
HERNANDO ACOSTA PABÓN
Demandado: MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ (CUNDINAMARCA)

Tema: Cumplimiento de orden de tutela.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA- CUMPLIMIENTO DE TUTELA

La Sala dicta sentencia de reemplazo en cumplimiento de la orden de tutela dictada
por la Sección Primera de esta corporación, mediante fallo del 17 de marzo de 2022
(rad. 11001-03-15-000-2021-06219-00, M.P. Oswaldo Giraldo López), que resolvió:

“PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental a la igualdad, de los demandantes, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la parte pertinente de la sentencia
de segunda instancia dictada el 17 de septiembre de 2020 por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado dentro del proceso ordinario 25000 23 27 000 2011 00337 01, y
ORDENAR que dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de esta decisión,
dicte una nueva sentencia complementaria en la que se reemplacen los apartes
correspondientes, teniendo en cuenta las consideraciones aquí expuestas.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes por el medio más expedito y eficaz
esta decisión.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere
impugnada oportunamente en los términos señalados por la Ley”.

Bajo esas condiciones, la Sala decide el recurso de apelación interpuesto por las
partes contra la sentencia del 28 de julio de 2015, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera Subsección C en Descongestión,
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda en los siguientes
términos 1:

“PRIMERO.- ABSTÉNGASE de considerar como medios exceptivos, según las
consideraciones de esta providencia, las siguientes: i) “Presunción de legalidad de los

1 Folios 351 y 352, c.p. 3.

1
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Demandantes: Lucy Amanda Ochoa de Acosta y otro
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actos administrativos”, ii) “Inexistencia de la falta de competencia y falsa motivación”,
iii) “Inexistencia del deber legal de la participación ciudadana previa a la presentación
del proyecto de acuerdo municipal que estableció la contribución de valorización en
Tocancipá”, iv) “La participación ciudadana en la etapa previa a la presentación del
proyecto de acuerdo de la valorización No. 25 de 2009, no es un requisito esencial ni
legal que afecte la validez del acto administrativo acusado”, v) “Inaplicación de la
Resolución Nacional 076 de 1977, por ausencia de reglamentación y de inscripción de
los predios de reserva forestal”, vi) “Convalidación de la actuación administrativa con
la intervención de los demandantes en vía gubernativa y acuerdos de pago”, vii)
Excepción de ilegalidad del artículo 49 del Acuerdo Municipal 05 de 2009, por ser
contrario a una norma superior”, viii) “Cumplimiento de la participación ciudadana en
las etapas previas, durante la discusión y posterior del proyecto de acuerdo de
valorización”, y ix) “Inexistencia de causal de nulidad que afecte la validez del acto
acusado por ausencia de reglamentación del artículo 49 del Acuerdo Municipal 05 de
2009”.

SEGUNDO.- DECLÁRESE no probadas las excepciones i) “Ineptitud sustantiva de la
demanda” y ii) “Aceptación de la contribución de valorización con la suscripción de
acuerdo de pago entre los demandantes y demandado” propuestas por el municipio de
Tocancipá.

TERCERO.- DECLÁRESE la nulidad de las Resoluciones Nos. 093 del 24 de mayo de
2010 y 232 del 25 de julio de 2011 por las cuales se impuso la contribución de
valorización por beneficio local al predio denominado Lote No. 05, con Cédula Catastral
No. 25817000000050047 y Matrícula Inmobiliaria No. 176-9347 de propiedad de los
señores Lucy Amanda Ochoa de Acosta y Carlos Hernando Acosta Pabón, expedidas
por el municipio de Tocancipá, de conformidad con la parte motiva de este proveído.

CUARTO.- En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho DECLÁRESE
que los señores Lucy Amanda Ochoa de Acosta y Carlos Hernando Acosta Pabón no
están obligados al pago de la contribución de valorización por beneficio local, de que
tratan los actos acusados. En caso de haber cancelado [sic] alguna suma por este
concepto, ORDÉNESE al municipio de Tocancipá la devolución de la misma junto con
los intereses a que haya lugar según el artículo 863 del Estatuto Tributario.

QUINTO.- NIÉGUENSE las demás pretensiones de la demanda.

(…)”

ANTECEDENTES

En el año 1992, Lucy Amanda Ochoa de Acosta y Carlos Hernando Acosta Pabón
adquirieron de la sociedad Bosque de los Andes Ltda. la propiedad de los inmuebles
identificados con las matrículas inmobiliarias 176-9238 (Lote nro. 10), 172-9236 (Lote
nro. 11) y 176-9347 (Lote nro. 05) de la urbanización Gualamana, ubicada en el
municipio de Tocancipá (Cundinamarca) 2.

El concejo municipal de Tocancipá autorizó el cobro de una contribución de
valorización por beneficio local mediante el Acuerdo 014 de 2009, con el fin de financiar
un conjunto de obras viales en el municipio. Conforme al artículo 3 de dicho Acuerdo,
el monto distribuible mediante valorización se fijó en $71.000.000.000, correspondiente
al 82,6% del costo total de las obras 3. No obstante, el estudio socioeconómico para la
2 Folios 176 a 181, c.p. 1.
3 Folios 308 y 309, c. p. 1.

2
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financiación de obras por valorización contratado por el municipio señaló que el valor
total de las obras era de aproximadamente $76.552.000.000 4.

Mediante las resoluciones 013, 088 y 093 del 24 de mayo de 2010, respectivamente,
el municipio de Tocancipá asignó el valor de la contribución autorizada de cada uno
de los predios de los demandantes en la suma de $827.741.023 (Lote nro. 10),
$192.687.412 (Lote nro. 11) y $181.823.508 (Lote nro. 05) 5.

El 12 de agosto de 2010, los demandantes interpusieron sendos recursos de
reconsideración contra los actos señalados, en los cuales solicitaron como pruebas (i)
allegar al expediente copia de las normas locales relativas a la contribución de
valorización, (ii) la práctica de una inspección ocular o visita técnica a los predios, para
establecer la distancia de estos a las obras viales financiadas, y la influencia o
afectación de la zona industrial del municipio sobre los predios de los demandantes, y
(iii) la elaboración de un dictamen técnico sobre el costo real de las obras de
valorización 6.

Los recursos de reconsideración fueron resueltos por las resoluciones 230, 231 y 232
del 25 de julio de 2011, que negaron la práctica de las pruebas solicitadas, y fijaron el
valor de la contribución de valorización sobre los inmuebles de propiedad de los
demandantes en $552.412.495 (Lote nro. 10), $143.064.481 (Lote nro. 11) y
$163.523.649 (Lote nro. 05), respectivamente7.

Mediante las resoluciones A.P. 2109, 201 y 211 del 3 de noviembre de 2011, el
municipio de Tocancipá concedió a los demandantes una facilidad para el pago de las
sumas cobradas por concepto de contribución de valorización de los inmuebles de su
propiedad, en ocho cuotas bimestrales 8.

DEMANDA

1. Pretensiones

Lucy Amanda Ochoa de Acosta y Carlos Hernando Acosta Pabón, en ejercicio de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitaron que se declarara la
nulidad de las resoluciones 013, 088 y 093 del 24 de mayo de 2010, que asignaron la
contribución autorizada a los predios de los demandantes, y de las resoluciones 230,
231 y 232 del 25 de julio de 2011, que resolvieron los recursos de reconsideración
presentados por los demandantes contra las primeras. Adicionalmente, solicitaron
como restablecimiento del derecho el reintegro de las sumas pagadas por ese
concepto al municipio, más el reconocimiento a su favor de los montos indexados
correspondientes a intereses de mora, indemnización por perjuicios materiales e
inmateriales causados, y la condena en costas a cargo de la parte demandada 9.

4 Folio 473, c. a. 1.
5 Folios 80 a 87, 111 a 118, y 143 a 147, c.p. 1.
6 Folios 48, 77, 102 y 103, c. a. 1.
7 Folios 109, 140 y 174, c.p. 1.
8 Folios 203 a 218, c. a. 1.
9 Folios 364 a 370, c.p.

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2. Normas violadas y concepto de violación

Los demandantes invocaron como normas violadas los artículos 23, 29 y 363 de la
Constitución Política; los artículos 22 de la Ley 1.ª de 1943; 168 del Acuerdo Municipal
011 de 2005; 10, 23, 26, 28, 30, 46, 50, 51 y 57 del Acuerdo Municipal 005 de 2009; 3
(num. 9) y 5 del Acuerdo Municipal 004 de 2010, y la Resolución 076 de 1997 de la
Presidencia de la República.

El concepto de la violación se sintetiza así:

Desconocimiento de una exclusión de la contribución de valorización

En primer lugar, señalan que los lotes números 10 y 11 son áreas de reserva forestal
por mandato de la Resolución 076 de 1977 y el artículo 168 del Acuerdo 011 de 2005,
por lo que estaban excluidos del pago de la contribución de valorización.

La calidad de reserva forestal de los predios mencionados fue reconocida por las
resoluciones demandadas 230 y 231 de 2011, que resolvieron los recursos de
reconsideración; no obstante, en tales decisiones se escindió el área protegida, y se
gravó la fracción restante del inmueble, a pesar de que cada predio constituye una
unidad predial indivisible, según lo dispuesto en el Estatuto de Valorización de
Tocancipá (Acuerdo Municipal 005 de 2009), y en el Acuerdo 014 de 2009.

Extemporaneidad de la notificación de la resolución distribuidora de la
contribución

Según el Estatuto de Valorización de Tocancipá, la resolución distribuidora de la
contribución de valorización debe notificarse a más tardar dentro de los veinte días
hábiles siguientes a su expedición. No obstante, la Resolución 093 de 2010 fue
notificada el 6 de julio de 2010; esto es, 27 días hábiles después de proferida, lo que
da lugar a la nulidad del acto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 730 del
Estatuto Tributario.

Violación del debido proceso

El artículo 22 de la Ley 1ª. de 1943 obliga al municipio a informar a los afectados con
el tributo (propietarios de los inmuebles) las características de las obras a construir, su
costo, zonas de influencia, método y sistema de distribución, y permitirles la vigilancia
de la inversión, actuaciones omitidas por el municipio en este caso. Esta omisión no
se subsana con la publicación del Acuerdo 005 de 2009, pues según los artículos 14
y 28 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 565 del Estatuto Tributario, el
acto de asignación debía notificarse personalmente.

Por otra parte, las normas locales obligan a que se identifique plenamente a los
contribuyentes de la contribución. En este caso, las resoluciones 013 y 088 de 2010
identificaron como propietaria de los lotes números 10 y 11 a la sociedad Bosque de
los Andes Ltda. (anterior dueña de los mismos). Además, en la Resolución 093 de
2010 se dijo que el Lote nro. 05 era de propiedad exclusiva de la señora Lucy Amanda
Ochoa, sin incluir al señor Carlos Hernando Acosta, lo que muestra que no se adelantó

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el cobro de la contribución con base en las condiciones individuales de cada
contribuyente.

Se violó el debido proceso como consecuencia de la negativa al decreto y práctica de
las pruebas solicitadas en sede administrativa. Tales pruebas se rechazaron
aduciendo que la asignación de la contribución ya se había hecho con base en
documentos e informes previos (como el estudio practicado por el contratista del
municipio), a pesar de que el objeto de las pruebas solicitadas era precisamente
controvertir esos documentos. Con ello resulta violado el derecho de defensa y
contradicción de los demandantes, por cuanto se tomó una decisión sin atender a la
solicitud de practicar pruebas conducentes, que debían ser valoradas antes de
tomarse una decisión sobre el cobro de la contribución.

Falsa motivación

El cobro de la contribución de valorización se hizo a pesar de que las obras financiadas
por la misma no generan un beneficio real sobre los predios de propiedad de los
demandantes. Por el contrario, tales obras generan perjuicios, pues estimulan el
crecimiento de la zona industrial del municipio y generan contaminación visual y
auditiva, lo cual afecta el aprovechamiento de dos predios de los demandantes que
constituyen reserva forestal, y del tercero, destinado a vivienda campestre.

Por otra parte, las obras por las cuales se autoriza el cobro de valorización son de
beneficio general y no local, pues benefician a toda la comunidad. Por tanto, la zona
de influencia para efectos de la distribución de la contribución de valorización abarca
todo el municipio, por lo que el gravamen debía distribuirse entre la totalidad de los
predios del municipio, sin gravar los expresamente excluidos, como los pertenecientes
a reserva forestal.

También existe falsa motivación, en cuanto los actos demandados aplican un factor
por grado de beneficio que no corresponde a los predios de los demandantes, dado
que los predios se ubican en promedio a más de 2.250 metros de distancia de las
obras a financiar. El factor de beneficio está mal aplicado, en la medida en que el
impacto de las obras sobre el predio sujeto a contribución debía analizarse respecto
del conjunto de las obras, y no sobre cada una por separado.

El costo de las obras por las cuales se autorizó el cobro de valorización es inferior al
determinado por la administración, como se desprende de la diferencia entre los
valores señalados en el Acuerdo 014 de 2009, y el estudio socioeconómico para la
financiación de obras. El valor establecido para las obras supera los precios de
mercado para las mismas, sin que ni los actos demandados ni sus soportes
puntualicen los montos específicos que conforman la base para el cálculo de la
contribución por valorización.

Falta de competencia para el cobro

Dado que el cobro de la contribución recayó sobre predios excluidos y sin la
participación de los afectados exigida por la ley, el funcionario que efectuó la
liquidación actuó sin competencia para ello.

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Por otra parte, existe una falta de competencia territorial, en tanto se pretende cobrar
valorización por obras sobre una vía que pertenece al departamento de Cundinamarca
y no al municipio, por lo que el municipio no es competente para cobrar valorización
por obras en esa vía. Dada tal falta de competencia para el cobro, el valor de la obra
correspondiente al tramo de propiedad del departamento debió excluirse del valor
exigido a título de contribución por parte del municipio demandado.

Falta de motivación

Los actos demandados incurren en falta de motivación, pues pretenden el cobro sin
explicar cuál era el beneficio particular para los predios de los demandantes, ni indicar
cómo se determinó el monto distribuible, ni los factores de beneficio, ni el costo total
de las obras, ni la capacidad económica de los demandantes, ni la distancia exacta de
los predios respecto de las obras a financiar, a pesar de que esas explicaciones fueron
solicitadas con ocasión de los recursos de reconsideración.

Desviación de poder

El municipio incurrió en desviación de poder con el cobro de la contribución de
valorización efectuada en los actos demandados, en la medida en que las obras se
contrataron e iniciaron antes de la firmeza de las resoluciones de asignación de la
contribución de valorización y del recaudo del tributo. La contribución asignada a los
predios de los demandantes debía confirmarse de todas formas, bajo cualquier
fundamento, ya que esa era la única opción para la administración, pues de no ser así,
quedarían desfinanciadas (o inconclusas) obras ya contratadas e iniciadas.

Violación de los principios de equidad y capacidad contributiva

Los actos demandados violaron los artículos 23 y 26 del Acuerdo Municipal 005 de
2009 (Estatuto de Valorización de Tocancipá), que establecen que para el cobro de la
contribución de valorización debe conocerse la capacidad contributiva de los
afectados, para lo cual debía establecerse la conformación del grupo familiar, nivel
socioeconómico, estrato, y avalúos catastrales de los predios de los contribuyentes,
entre otros datos. En el caso concreto, no se adelantó este estudio frente a los
demandantes; en su lugar, la sociedad contratada por el municipio para el efecto solo
adelantó un estudio sobre el 83% de los inmuebles mediante una encuesta, con lo cual
incumplió el deber de establecer la situación económica y la capacidad de pago de
cada afectado.

Además, la contribución asignada a cada predio en los actos demandados equivale a
un monto exagerado frente al valor catastral de los predios de su propiedad (en
promedio, un 126,3% de su valor catastral), por lo que los demandantes se verían
obligados a vender los predios para poder pagar la contribución cobrada, y a pesar de
ello, no alcanzarían a sufragar la totalidad de lo cobrado. Ello se traduce además en
una expropiación, prohibida por el artículo 58 constitucional. A pesar de la ilegalidad
de los actos por los cuales se cobra la contribución de valorización, la posibilidad de
que se causen intereses de mora llevó a los demandantes a suscribir acuerdos de
pago de la contribución con el municipio.

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CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

El municipio de Tocancipá se opuso a las pretensiones de la demanda en los
siguientes términos 10:

Los lotes 10 y 11 no están inscritos como parte del área de reserva forestal en la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos, requisito exigido para ser excluidos de la
contribución de valorización. No obstante, el área correspondiente a la reserva forestal
fue excluida del cálculo de la contribución a su cargo.

La falta de notificación de los actos administrativos no constituye causal de nulidad de
los mismos. A pesar de ello, el acto de asignación de la contribución fue notificado por
correo, conforme a lo dispuesto en el Estatuto de Valorización Municipal. En cuanto a
la falta de identificación de los demandantes, estos convalidaron la actuación
administrativa de asignación de la contribución por la interposición de los recusos de
reconsideración, y la celebración de acuerdos de pago con el municipio.

El municipio sí socializó con la comunidad la valorización con posterioridad a su
establecimiento, así como el plan de obras a financiar, mediante varias reuniones y
comunicaciones sobre el proyecto. La participación ciudadana previa a la presentación
del proyecto de acuerdo de valorización no es un requisito esencial que dé lugar a la
nulidad de los actos demandados.

El estudio socioeconómico contratado por el municipio sí dio cuenta de la capacidad
contributiva de los propietarios sujetos a la contribución. Este estudio contiene
información que muestra la participación ciudadana en el proceso de valorización, y la
capacidad de pago de los contribuyentes, conforme los principios de equidad y
capacidad contributiva. El mismo documento y la memoria técnica que lo acompaña
también describe los beneficios de las obras para la zona de influencia determinada,
el valor de las obras financiadas, los factores de liquidación de la contribución y el
método para distribuirla.

Las obras por las cuales se autoriza el cobro de valorización son de beneficio local y
no general, como queda claro en el estudio socioeconómico y la memoria técnica
mencionados, en donde se definió el área de influencia de las obras, y el factor por
grado de beneficio que corresponde a los predios afectados. Los factores aplicables
se encuentran claramente mencionados en las resoluciones demandadas.

La obra en el tramo vial de propiedad del departamento de Cundinamarca contó con
autorización expresa del departamento, así como el cobro de valorización por la misma
obra.

Las pruebas solicitadas fueron negadas en la discusión administrativa, en la medida
en que el estudio socioeconómico y la memoria técnica elaborada para el municipio
resultaban suficientes para determinar los datos, elementos y factores para liquidar la
contribución de valorización, por lo que practicar nuevas pruebas era inconducente
para ello.

10 Folios 243 a 355, c. p. 3.

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SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera Subsección C en
Descongestión, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Las razones
de la decisión se resumen así 11:

Según el Estatuto de Valorización de Tocancipá y la jurisprudencia del Consejo de
Estado, al aplicar el método de distribución de beneficio para el cálculo de la
contribución era posible fraccionar los predios, para excluir de la contribución las áreas
clasificadas como reserva forestal.

El acto que asignó la contribución por el lote número 5 fue notificado irregularmente,
pues fue realizada por fuera del término de veinte días hábiles indicado en el Estatuto
Municipal de Valorización, por lo que resulta nulo por aplicación del artículo 730 del
Estatuto Tributario.

La objeción sobre notificación personal de las características de las obras a construir,
las diferencias sobre su monto, áreas de influencia y método y sistema de distribución,
está orientada contra la norma general que autorizó el cobro de la contribución en el
municipio (Acuerdo 014 de 2009), y no contra los actos particulares objeto de la acción.
Por otra parte, la inconsistencia en la identificación de los propietarios de los predios
no condiciona la validez de los mismos, en tanto el sujeto pasivo es el propietario del
inmueble al momento de la asignación del tributo.

El dictamen pericial practicado en la etapa probatoria sobre la aplicación de los factores
de beneficio para el cálculo de la valorización no alcanza a desvirtuar la presunción de
legalidad de los actos demandados, pues ese dictamen aplicó mal el método
mencionado, al considerar en su análisis el predio frente a cada obra del plan vial
contratado, y no como un conjunto inescindible. Los perjuicios indicados por los
demandantes no provienen de las obras en sí mismas, sino de la actividad industrial
que se lleva a cabo en la zona, y no se encuentran probados.

El beneficio que pueda recibir toda la comunidad por la realización de las obras a
financiar no obsta para calificar la contribución como de beneficio general, y no local.
Por otra parte, los actos demandados no adolecen de falta de motivación, en tanto
contienen una explicación suficiente del plan de obras que se busca financiar, y el
sistema y método para el cálculo de la contribución. La contribución relativa al tramo de
propiedad del departamento contó con autorización expresa para ello.

No se violó el debido proceso por la negativa a practicar las pruebas solicitadas, en la
medida en que esas pruebas no tenían capacidad para variar el sentido de la decisión
tomada. Por otra parte, no hay prueba de que la administración tuviese motivos
diferentes a los expuestos para expedir los actos, por lo que no se presenta desviación
de poder.

Por último, el Tribunal estimó que no se vulneró el principio de equidad tributaria, por
cuanto los actos demandados solo aplicaron los actos generales que crearon el tributo
y establecieron la forma de determinarlo. En lo que hace al reconocimiento de perjuicios

11 Folios 266 a 353, c. p. 4.

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Demandantes: Lucy Amanda Ochoa de Acosta y otro
FALLO

solicitada, se debe reconocer intereses, y negarse la indemnización por daño
emergente y lucro cesante, así como los perjuicios morales, por falta de prueba de su
causación.

RECURSO DE APELACIÓN

Los demandantes apelaron la sentencia de primera instancia con fundamento en los
siguientes argumentos 12:

El Tribunal interpretó indebidamente las normas locales que permiten escindir los
predios para efectos del cálculo de la contribución, pues tales disposiciones solo
aplican a predios con características diferenciales de explotación económica sujetos
al gravamen, y no a predios excluidos, como los declarados como reserva forestal. Se
insiste en que no había lugar a dividir los predios para el cálculo de la contribución,
pues se encuentran excluidos de la contribución en su totalidad.

No se examinaron en su integridad los cargos relativos a la falta de participación previa
de los contribuyentes en el proyecto de valorización, y a la ausencia de beneficio local.
Tales cargos no se dirigían solamente contra los actos generales, sino contra los
particulares que asignaron la contribución a cargo de los demandantes. Además, el
Acuerdo 05 de 2009 contempla expresamente el deber del municipio de informar a los
contribuyentes previamente a la asignación de la contribución.

Se omitió también el análisis del cargo relativo a la falta de determinación de la
capacidad de pago de cada contribuyente en particular. El error en la identificación de
los demandantes como propietarios de los predios sujetos a gravamen muestra que
no se hizo la caracterización individual de los contribuyentes que exigían las propias
normas locales. Tampoco se examinó la objeción sobre el costo de las obras, que no
solo afecta a los actos generales, sino a los particulares que asignan la contribución
correspondiente a cada predio.

El Tribunal le imputó al dictamen pericial practicado un error grave, sin que hubiese
sido objetado por ninguna de las partes, y sin contar con otra prueba técnica que
validara su opinión.

Insistieron en que las obras viales a financiar no producen ningún beneficio a los
predios de su propiedad, pues incrementan los niveles de contaminación generados
por el desarrollo de las áreas industriales, en detrimento de las actividades de vivienda
campestre.

En cuanto a la falta de competencia territorial, el Tribunal confundió la autorización de
construcción de obras en vías del departamento, con la potestad de cobro de la
contribución por valorización. La contribución por la obra en ese tramo debía ser
recaudada exclusivamente por el departamento, cuestión diferente de la construcción
misma de la obra.

No había lugar a avalar la negativa a practicar las pruebas solicitadas, pues ello no
puede basarse en que afecten o no la decisión, sino en si son necesarias, útiles y
pertinentes. Se recalca también en la existencia de un desvío de poder, en tanto la

12 Folios 357 a 388, c. p. 4.

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decisión de la Administración se vio condicionada por la adjudicación y
perfeccionamiento previo de los contratos relativos a la construcción del plan vial ojeto
de financiación.

Por último, insistieron en que se violó el principio de equidad tributaria en la fijación de
la contribución, pues no hubo un examen efectivo de la diferencia entre los montos
cobrados y el valor de los inmuebles sobre los que recaía el gravamen. No se examinó
la pretensión subsidiaria de inaplicar el Acuerdo 014 de 2009, con base en los
argumentos planteados en la demanda. Además, se negó injustificadamente el
reconocimiento de la indexación y el pago de intereses, con base en precedentes
jurisprudenciales inaplicables.

Por su parte, el municipio de Tocancipá impugnó la sentencia del Tribunal con base
en los siguientes puntos 13:

El Tribunal aplicó indebidamente el artículo 730 num. 3 del Estatuto Tributario, como
fundamento de la nulidad de las resoluciones 093 de 2010 y 232 de 2011, pues los
demandantes convalidaron la actuación que dio lugar a la expedición de los actos
mencionados con la interposición del recurso de reconsideración.

Los defectos de la notificación de los actos administrativos no constituyen causal de
nulidad de los mismos, ya que la notificación solo afecta la eficacia y oponibilidad del
acto. Además, la remisión que hacen los Acuerdos municipales 05 y 014 de 2009 a las
normas del Estatuto Tributario nacional se refiere a las normas de notificación,
discusión y cobro de la contribución de valorización, pero no a las causales de nulidad
de los actos administrativos.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Los demandantes reiteraron en términos generales, los argumentos expuestos en la
demanda y en el recurso de apelación14.

Por su parte, el demandado insistió en lo dicho en la contestación de la demanda y
en su recurso de apelación 15.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

En cumplimiento de la sentencia de tutela proferida el 17 de marzo de 2022 por la
Sección Primera de esta Corporación (rad. 11001-03-15-000-2021-06219-00, M.P.
Oswaldo Giraldo López), dicta la Sala sentencia de reemplazo.

En vista de que el referido fallo de tutela ordenó “DEJAR SIN EFECTOS la parte
pertinente de la sentencia de segunda instancia dictada el 17 de septiembre de 2020
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado dentro del proceso ordinario 25000 23 27
000 2011 00337 01, y ORDENAR que dentro de los treinta (30) días siguientes a la
notificación de esta decisión, dicte una nueva sentencia complementaria en la que se
reemplacen los apartes correspondientes”, se concluye que deben permanecer

13 Folios 389 a 415, c. p. 4.
14 Folios 460 a 463 c. p. 4.
15 Folios 464 a 487 c. p. 4.

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Demandantes: Lucy Amanda Ochoa de Acosta y otro
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inalterados los demás puntos tratados en la sentencia que se reemplaza, como la
delimitación del problema jurídico, la aceptación del impedimento manifestado por la
doctora Stella Jeannette Carvajal Basto para el conocimiento del presente asunto, y el
reconocimiento de personería para actuar al apoderado de los demandantes.

Por lo tanto, la Sala estima necesario retomar el análisis efectuado sobre la legalidad
del cobro de la mencionada contribución de valorización, en los siguientes términos:

Nulidad del acto administrativo fundamento de los actos acusados

El Concejo municipal de Tocancipá autorizó mediante el Acuerdo 014 de 2009 el cobro
de una contribución de valorización por beneficio local para la construcción del plan
de obras que allí se establece, por valor de $86.000.000.000. En ese contexto, el
acuerdo fijó un monto distribuible de $71.000.000.000, correspondiente al 82,6% del
costo total de las obras, y ordenó liquidar el gravamen por el método “factores del
beneficio”; es decir, sobre factores o coeficientes numéricos que calificaban las
características diferenciales de los predios y las circunstancias que los relacionan con
las obras, a saber: área de terreno, destinación económica y grado de beneficio.

El Acuerdo 14 de 2009 fue demandado en acción de simple nulidad por la violación de
los artículos 22 de la Ley 1ª. de 1943 y, 48 y siguientes del Acuerdo 05 de 2009,
aduciéndose que en el proceso de formación y expedición del Acuerdo 14 no se había
garantizado el principio de participación ciudadana, porque los propietarios o
poseedores afectados por la contribución de valorización no habían sido convocados
antes, durante ni después de la expedición de dicho acuerdo para intervenir en esa
actuación.

Dicha acción fue decidida en segunda instancia por la Sección Primera del Consejo de
Estado16, que anuló el mencionado Acuerdo 14 de 2009 por expedición irregular, al
encontrar probado que en su formación se habían desconocido los requisitos y
procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico y, específicamente, el
principio de participación ciudadana establecido en los artículos 22 de la Ley 1ª de
1943, 49 y 50 del Acuerdo 05 de 2009. Al respecto, señaló esa sentencia:

“… antes de presentar ante el Concejo de Tocancipá el Proyecto de acuerdo 22 de
2009, “por el cual se autoriza el cobro de una contribución de valorización por beneficio
local para la construcción de un plan de obras”, la administración municipal debía
brindar información a la ciudadanía sobre su contenido, a través de audiencias
públicas, entre otros mecanismos de participación.

Así pues, bien lo consideró el a quo cuando señaló “que, en efecto, el artículo 22 de la
Ley 1ª de 1993 contiene la obligación de garantizar la participación de los beneficiarios
en la formación del presupuesto de la obra y en la distribución del impuesto, así como
facilitar la vigilancia de la inversión de los fondos y que, por su parte, los artículos 48 y
siguientes del Acuerdo 05 de 2005, por medio del cual se adoptó el Estatuto de
Valorización de Tocancipá, imponen a la administración municipal el deber de
implementar sistemas que permitan a los ciudadanos conocer sobre los planes de obra
y sobre la contribución de valorización, así como el de garantizar la participación
ciudadana previamente a la presentación del proyecto de acuerdo”.

16 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera. Sentencia del 15 de noviembre

de 2019, exp. 2012-00023-01, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

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Demandantes: Lucy Amanda Ochoa de Acosta y otro
FALLO

(…)

En este sentido y en primer lugar, la Sala advierte que las reuniones de socialización
se realizaron con posterioridad a la expedición del Acuerdo 14 de 7 de septiembre de
2009, esto es, los días 15, 16, 17, 22, 23 y 24 de septiembre de 2009, por lo que no
cumplieron lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1ª de 1993 y en el Acuerdo 05 de
2009.

(…)

En lo atinente al estudio socioeconómico que fue presentado junto con el acuerdo de
valorización, la Sala considera que el mismo no tenía como finalidad garantizar el
principio de participación sino que, como su nombre lo indica, hace una caracterización
de los habitantes que serían objeto de la medida administrativa.

(…)

Bajo las anteriores consideraciones, a diferencia de lo estimado por el a quo, esta Sala
advierte que ni del estudio socioeconómico para la financiación de obras por
valorización ni de los testimonios referidos, se puede deducir que la administración
municipal haya garantizado la participación y socialización del Proyecto de Acuerdo 25
de agosto de 2009 con anterioridad a su discusión y aprobación en el Concejo
Municipal.

(…)

En síntesis, esta Sala concluye que en la elaboración y trámite del Acuerdo 14 de
2009, “[p]or el cual se autoriza el cobro de una Contribución de Valorización por
Beneficio Local para la construcción de un Plan de Obras”, la administración y el
Concejo de Tocancipá desconocieron lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1ª de
1943 y en los artículos 49 y 50 del Acuerdo No. 05 de 2009 – Estatuto de Valorización
de Tocancipá y que, por ende, el acto administrativo está viciado de nulidad”.

Las resoluciones demandadas en este caso asignaron la contribución de valorización
autorizada por el Acuerdo 14 de 2009 a los predios de propiedad de los demandantes
conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del mismo acuerdo, modificado por el Acuerdo
03 de 2010, únicamente en cuanto al plazo para expedir el acto de asignación.

Los efectos de la anulación del Acuerdo 014 de 2009 dispuesta por la sentencia citada
inciden de manera inmediata y obligatoria sobre los juicios de legalidad relacionados
con situaciones jurídicas no consolidadas, como la debatida en el presente proceso,
dado que la nulidad declarada dejó desprovisto de fundamento jurídico a los actos de
21q asignación acusados.

En consecuencia, y por las razones que acaban de anotarse, la Sala revocará la
sentencia apelada, y anulará los actos demandados en cuanto asignaron la
contribución de valorización por beneficio local establecida en el Acuerdo Municipal 14
de 2009 a los predios de los demandantes y que, por ende, perdieron su sustento
jurídico al ser anulada la norma que les servía de fundamento.

De acuerdo con lo anterior, y conforme con lo previsto en el artículo 170 del Código
Contencioso Administrativo, se dispondrá, a título de restablecimiento del derecho, que
no se adeuda suma alguna por la contribución de valorización liquidada en los actos
demandados. Adicionalmente, el municipio de Tocancipá deberá reintegrar a los

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demandantes las sumas que hubieren pagado con ocasión de las resoluciones
anuladas, más los intereses de conformidad con el artículo 193 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo..

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Modificar los numerales tercero y cuarto de la sentencia apelada, los
cuales quedarán así:

TERCERO.- DECLARAR la nulidad de las resoluciones 00013, 00088 y 00093 del
24 de mayo de 2010, y las resoluciones 230, 231 y 232 del 25 de julio de 2011, por
medio de las cuales se asignó una contribución de valorización por beneficio local
a los inmuebles identificados con las matrículas inmobiliarias 176-9238 (Lote nro.
10), 172-9236 (Lote nro. 11) y 176-9347 (Lote nro. 05) de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Zipaquirá de propiedad de los señores Lucy Amanda
Ochoa de Acosta y Carlos Hernando Acosta Pabón, expedidas por el municipio de
Tocancipá, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

CUARTO.- En consecuencia, y a título de restablecimiento del derecho,
DECLARAR que los señores Lucy Amanda Ochoa de Acosta y Carlos Hernando
Acosta Pabón no están obligados al pago de la contribución de valorización por
beneficio local, de que tratan los actos acusados, y ORDENAR al municipio de
Tocancipá REINTEGRAR la suma que se acredite como pagada por los
demandantes con ocasión de los actos anulados, más los intereses de
conformidad con el artículo 193 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

SEGUNDO: En lo demás, confirmar la sentencia apelada.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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