RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-27-000-2012-00439-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-27-000-2012-00439-01

Fecha
10 de abril de 2019
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-27-000-2012-00439-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. REVOCAR la sentencia del 24 de marzo de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C” en Descongestión. En su lugar: 2. NEGAR las pretensiones de la demanda.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-27-000-2012-00439-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

10 de abril de 2019

PARTICIPACIÓN EN PLUSVALÍA – Reiteración de jurisprudencia. Noción. Es competencia de los concejos municipales y distritales en sus respectivos territorios / PARTICIPACIÓN EN PLUSVALÍA – Alcance del artículo 73 de la Ley 388 de 1997 / PARTICIPACIÓN EN PLUSVALÍA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ – Regulación. Con el Acuerdo 014 de 2001 el Concejo Municipal autorizó la aplicación de la participación en plusvalía en ese territorio / PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POT – Alcance. De establecer la participación en plusvalía, no es necesario expedir un acuerdo autorizando nuevamente su implementación / LIQUIDACIÓN DEL EFECTO PLUSVALÍA – Alcance. Lo puede efectuar el Alcalde Municipal, siempre que el tributo ya esté autorizado en el municipio / CARGOS DE ILEGALIDAD PLANTEADOS EN LA DEMANDA Y NO RESUELTOS EN SENTENCIA FAVORABLE DE PRIMERA INSTANCIA – Alcance. Se deben resolver en segunda instancia, para proteger el derecho de defensa y debido proceso, al no estar la parte actora legitimada para apelar

El artículo 73 de la Ley 388 de 1997 define la plusvalía y, en su parágrafo dispone que “[l]os concejos municipales y distritales establecerán mediante acuerdos de carácter general, las normas para la aplicación de la participación en la plusvalía en sus respectivos territorios”. Como lo advirtió la Sala en la providencia que se reitera, esta norma se refiere a la competencia que tienen las corporaciones locales de representación popular en materia tributaria, conforme con la misma, los concejos municipales o distritales están facultados para establecer la participación en la plusvalía en sus respectivos territorios y, para tal fin, es necesario que se expida un acuerdo de carácter general que así lo disponga. En el caso concreto, se tiene que con la expedición del Acuerdo 014 de 2001, el Concejo Municipal de Tocancipá en sus artículos 292 a 299 reguló la aplicación de la participación en plusvalía en ese territorio, norma compilada por el Decreto 080 de 2007 (Estatuto de Rentas para ese municipio), que en sus artículos 314 a 319 reprodujo las disposiciones sobre la participación en plusvalía reguladas en el Acuerdo 014 de 2001. (…) [S]e advierte que, si bien, como lo señaló el Tribunal, en el parágrafo del artículo 212 del Acuerdo 09 de 2010 (por el cual se revisó y ajustó el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Tocancipá), se dispuso que “[…]el Concejo municipal establecerá mediante Acuerdo de carácter general las normas de aplicación de la participación en la plusvalía en su respectivo territorio (art. 73, Ley 388 de 1997) […]”, esta norma no tiene el alcance que se le otorgó en la sentencia recurrida, por cuanto, como se vio, en ese municipio la participación en plusvalía está establecida desde la expedición del Acuerdo 014 de 2001. Si el Concejo Municipal de Tocancipá ya había hecho uso de la facultad impositiva en materia de participación en plusvalía (con el Acuerdo 014 de 2001), no era necesario que con ocasión de la revisión y ajuste del POT (Acuerdo 09 de 2010), se volviera a expedir un acuerdo que autorizara nuevamente su implementación. En conclusión, a pesar del Acuerdo 09 de 2010, el municipio ya había dado cumplimiento a lo previsto en los artículos 73 y 81 de la Ley 388 de 1997, y facultó al Alcalde de Tocancipá, través del marco jurídico referido, para expedir el Decreto 080 de 2010, por el cual se liquidó el efecto plusvalía, de modo que la sentencia de primera instancia se deberá revocar. Ahora bien, en razón a que, como consecuencia de la prosperidad de la «falta de competencia», el Tribunal no resolvió los demás cargos de ilegalidad planteados en la demanda, es del caso, en esta instancia, referirse a ellos en procura del derecho al debido proceso de la parte actora, que no estaba legitimada para apelar, toda vez que la sentencia le fue favorable (art. 320 CGP).

FUENTE FORMAL: LEY 388 DE 1997 – ARTÍCULO 73 / LEY 9 DE 1989 / LEY 2 DE 1991 / DECRETO 111 DE 2008 (MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ) – ARTÍCULO 314 A 319 / ACUERDO 014 DE 2001 / DECRETO 080 DE 2007 / ACUERDO 09 DE 2010 / LEY 388 DE 1997 – ARTÍCULO 81 / LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 320

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la procedibilidad de resolver los cargos de ilegalidad planteados en la demanda y no resueltos en sentencia favorable de primera instancia se citan las sentencias del Consejo de Estado, Sección Cuarta, de 12 de diciembre de 2014, Exp. 13001-23-31-000-2009-00446-01(19121); de 15 de junio de 2016, Exp. 25000-23-37-000-2012-00409-01(20873); de 15 de septiembre de 2016, Exp. 08001-23-33-000-2012-00114-01(20555); de 23 de noviembre de 2017, Exp. 25000-23-27-000-2011-00273-01(20596); de 24 de noviembre de 2017, Exp. 25000-23-37-000-2012-00019-01(20700), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

VALORIZACIÓN Y PLUSVALÍA – Noción. Independencia de estos tributos / PARTICIPACIÓN EN PLUSVALÍA – Alcance. Es independiente de otros gravámenes que se impongan a la propiedad inmueble y específicamente de la contribución de valorización por la realización de obras públicas / PARTICIPACIÓN EN PLUSVALÍA POR EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS – Presupuestos / MAYOR VALOR DE PREDIO – Alcance. Su financiación se puede efectuar por vía de la contribución de valorización y solo derramada dicha contribución, se puede acudir al efecto plusvalía / CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN – Alcance. Excluye el efecto plusvalía, porque hay identidad, total o parcial en la causa de la obligación tributaria / IDENTIDAD EN EL HECHO GENERADOR DE LA PARTICIPACIÓN DE LA PLUSVALÍA CON LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN – No configuración. Pues se demostró en el caso, que el hecho imponible de ambas es diferente

Los demandantes adujeron que los actos acusados desconocieron la prohibición prevista en los artículos 86 y 87 de la Ley 388 de 1997, por cuanto la participación en plusvalía es independiente a otros tributos, en este caso, a la contribución por valorización, por lo que frente a una misma obra no se puede exigir valorización y plusvalía. Destacaron que el hecho generador de la plusvalía de que trata el Decreto 080 de 2010, liquidado en el municipio de Tocancipá, tiene origen y fuente en las mismas obras que generaron el cobro de la contribución por valorización dispuesto a través del Acuerdo 014 de 2009. (…) Sobre la participación en plusvalía y su independencia respecto de otros gravámenes, y frente a la ejecución de obras públicas, en la sentencia del 3 de mayo de 2018 que se reitera, la Sala destacó que la prohibición del artículo 86 ib. no ofrece duda alguna en los casos en los cuales se dan los hechos generadores del gravamen consagrados por el artículo 74 de la Ley 388 de 1997, pero que respecto del artículo 87 ib., sí se da una situación especial «cuando el “mayor valor” del predio, se origine en la ejecución de obras públicas dispuestas por los instrumentos de ordenación del territorio, lo indicado es su financiación por vía de la contribución de valorización. Solo, si no se derrama dicha contribución, puede acudirse al efecto plusvalía como mecanismo que retribuya a ese mayor valor, lo que significa que la una -la contribución- excluye al otro -el efecto plusvalía-, porque hay identidad, total o parcial en la causa de la obligación tributaria». Teniendo en cuenta lo anterior, el hecho generador de la participación en plusvalía, por el cual se impuso la obligación a los demandantes respecto de su predio, correspondió a que «se considerara parte del suelo rural como suburbano», esto es, la modificación de rural industrial a suburbano industrial. Así quedó definido tanto en el Acuerdo 09, como en el Decreto 080, ambos del 2010. Por el contrario, la contribución de valorización en su momento, «fue un instrumento de financiación de la ejecución de varias obras públicas», como se dispuso en el Acuerdo 014 de 2009 en su artículo 1º, y se liquidó en cabeza del predio denominado «Santa Lucía» de propiedad del actor (que obtuvo el beneficio de las obras), conforme da cuenta «el estudio socioeconómico para la financiación de obras por valorización». Hecho ratificado por el actor en la demanda. Lo anterior, como se concluyó en la sentencia que se reitera, trae como consecuencia que no exista identidad en el hecho generador de la participación de la plusvalía con el de la contribución de valorización, razón por la cual, este cargo de nulidad tampoco está llamado a prosperar.

FUENTE FORMAL: LEY 388 DE 1997 – ARTÍCULO 86 / LEY 388 DE 1997 – ARTÍCULO 74 / DECRETO 1599 DE 1998 – ARTÍCULO 2

PARTICIPACIÓN EN PLUSVALÍA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ – Regulación del suelo / PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ – Desarrollo normativo para la clasificación del uso del suelo. Alcance de la conformación del suelo rural y suburbano / HECHO GENERADOR Y CÁLCULO DEL EFECTO PLUSVALÍA – Municipio de Tocancipá. Consideración de parte del suelo rural como suburbano (rural industrial a suburbano industrial) / ACUERDO 09 DE 2010 DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ – Alcance. Con su expedición se configuró el primero hecho generador de la participación en plusvalía, previsto en el artículo 74 de la Ley 388 de 1997 / DESARROLLO DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES DEL AREA RURAL NO SUBURBANA AL ÁREA RURAL SUBURBANA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ – Alcance. No excluye la configuración del hecho generador de la plusvalía / ACUERDO 09 DE 2010 DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ – Alcance. Permite una actividad industrial diferente a la que estaba prevista en el Acuerdo 11 de 2005

En este caso, como en el que se reitera, se verificó que en el municipio de Tocancipá, con la expedición del Acuerdo 09 de 2010 (por el que se revisó y ajustó el POT – Acuerdo 011 de 2005), se clasificó el suelo en urbano, de expansión urbana, rural, suburbano y de protección, y se previó, además de lo dispuesto por la norma anterior, que el suelo rural estaría conformado por los terrenos no aptos para el uso urbano, por razones de oportunidad, o por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales de explotación de recursos naturales y actividades análogas. «Pertenecen a esta categoría los Centros Poblados Rurales, las áreas agropecuarias de las Veredas Canavita, El Porvenir, Esmeralda, La Fuente, Tibitó y Verganzo». Por su parte, el suelo suburbano fue clasificado en el mismo Acuerdo 09 de 2010 como «las áreas ubicadas dentro del suelo rural, en la que se mezclan los usos del suelo y las formas de vida del campo y la ciudad, diferentes a las clasificadas como áreas de expansión urbana», y se dispuso que harían parte del suelo suburbano las áreas de actividad industrial, dentro de las que se encuentra el predio en discusión. En consideración a lo anterior, conforme lo estableció el Acuerdo 09 de 2010, se configuró uno de los hechos generadores de la participación en plusvalía previsto en el artículo 74 de la Ley 388 de 1997, esto es, la «consideración de parte del suelo rural como suburbano», porque la zona en donde está ubicado el predio de los demandantes (Vereda Canavita), como se observa del estudio hecho por la Compañía de Desarrollo Territorial CIDETER LTDA., y lo señalado en el informe pericial, pasó de ser suelo rural a suelo suburbano. Hecho que no fue discutido por la parte actora. Así las cosas, al haberse generado el cambio en la clasificación de parte del suelo, por medio de los acuerdos referidos, que representó que el predio de los actores pasara de considerarse rural a suburbano, con los beneficios que ello implica, pues, si bien las áreas suburbanas pueden ser objeto de desarrollo con algunas restricciones de uso, como lo prevé el artículo 10 del Acuerdo 09 de 2010, es indiscutible que le reportó un beneficio al terreno, en comparación con lo permitido en el área rural, motivo por el que este cargo tampoco está llamado a prosperar.

FUENTE FORMAL: ACUERDO 011 DE 2005 (MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ) – ARTÍCULO 52 / ACUERDO 09 DE 2010 – ARTÍCULO 10 / LEY 99 DE 1993 / LEY 142 DE 1994 / DECRETO 3600 DE 2007 / DECRETO 4066 DE 2008 / LEY 388 DE 1997 – ARTÍCULO 74

ESTIMACIÓN DEL EFECTO PLUSVALÍA ANTES Y DESPUÉS DE LA ACCIÓN URBANÍSTICA – Alcance / CÁLCULO DEL EFECTO PLUSVALÍA RESULTADO DEL CAMBIO DE SUELO – Método aplicado / DICTAMEN PERICIAL RENDIDO SOBRE PROCEDIMIENTO LEGAL EQUIVOCADO – Efectos. Conduce a que no se tengan en cuenta las conclusiones expuestas por el Auxiliar de la Justicia

Ahora bien, los demandantes cuestionaron la estimación del efecto plusvalía, esto es, la tasación del precio comercial del terreno, antes y después de la acción urbanística, al considerar que lo realizado por el municipio no concuerda con el valor real del predio. (…) El procedimiento para calcular el efecto plusvalía en los casos en los que hubo cambio en la clasificación de parte del suelo rural como suburbano, dispuesto por el artículo 75 de la Ley 388 de 1997, (…) A su vez, el artículo 25 de la Resolución IGAC 620 de 2008, señala que para calcular el efecto plusvalía, resultado de la clasificación de parte del suelo rural como suburbano, se deberá seguir el siguiente procedimiento (…) Conforme con la normativa y metodología descritas, así como los respectivos acuerdos, el municipio de Tocancipá calculó los valores del terreno, para lo cual aplicó el método de comparación o de mercado, por medio del cual se buscó establecer el valor comercial del bien (…) Pues bien, advertido lo anterior, la Sala parte por precisar que, como lo señaló el a quo, además de que el dictamen pericial no cumplió con los requisitos exigidos por el marco jurídico referido, relativos a la acreditación de las fuentes que tuvo en cuenta para fijar el valor comercial del inmueble como consecuencia del efecto plusvalía, y las pruebas que aportó no dan cuenta de sus conclusiones, la Auxiliar de la Justicia, como sucedió en el caso resuelto en el fallo que se reitera, siguió el procedimiento previsto en los artículos 76 de la Ley 388 de 1997 y 26 de la Resolución 620 de 2008 de la IGAC, que se refieren al cálculo del efecto plusvalía resultado del cambio del suelo, hecho generador que es diferente de la «consideración de parte del suelo rural como suburbano», que tiene un procedimiento especial, establecido en las normas citadas por la Sala. Adicionalmente, tampoco se observa que con la prueba pericial se haya refutado el estudio de mercado efectuado por CIDETER, que sirvió de fundamento para la determinación del efecto plusvalía en el municipio de Tocancipá. Lo anterior es suficiente para desestimar las conclusiones expuestas por la perito, ya que «aunque las normas en cita tienen cierta semejanza en su redacción, presentan diferencias que no puede desconocer la Sala» y, en consecuencia, al no haber sido desvirtuada la liquidación del tributo realizada por el ente demandado, tiene plena validez y debe ser aceptada.

FUENTE FORMAL: ACUERDO 09 DE 2010 (MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ) – ARTÍCULO 10 NUMERAL 3 / ACUERDO 09 DE 2010 – ARTÍCULO 177 / LEY 388 DE 1997 – ARTÍCULO 76 / RESOLUCIÓN 620 DE 2008 (INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI) – ARTÍCULO 25 / RESOLUCIÓN 620 DE 2008 – ARTÍCULO 25 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 219 / LEY 1564 DE 2012 (CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO) – ARTÍCULO 235

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION CUARTA

Consejera ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., diez (10) de abril de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 25000-23-27-000-2012-00439-01(21882)

Actor: ENRIQUE SARMIENTO ACOSTA Y OTRO

Demandado: MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ

FALLO

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes demandante y demandada contra la sentencia del 24 de marzo de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C” de Descongestión, que en su parte resolutiva dispuso lo siguiente:

«PRIMERO.- DECLARAR NO PROBADAS las excepciones propuestas por la parte accionada, conforme a las consideraciones antes expuestas.

SEGUNDO.- DECLÁRESE probada la objeción por error grave del dictamen pericial.

TERCERO.- DECLARAR la nulidad del Decreto No. 080 de 10 de diciembre de 2010, en cuanto la liquidación y monto de la participación en plusvalía para el predio identificado con los folios de matrícula inmobiliaria No. 176-6076 (Cédula Catastral 00-00-0006-0018-000).

CUARTO.- DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 595 del 27 de diciembre de 2011, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición promovido por la parte demandante en contra del decreto antes mencionado.

QUINTO.- ORDENAR a título de restablecimiento del derecho que los demandantes no están obligados al pago de la participación del efecto plusvalía que se fijó respecto de los inmuebles de su propiedad en los actos demandados, así como a la correspondiente cancelación de las anotaciones que se hayan efectuado en relación al tributo descrito.

SEXTO.- NIÉGANSE las demás pretensiones invocadas en la demanda.

SÉPTIMO: ABSTENERSE de condenar en costas en esta instancia.

OCTAVO.- DEVUÉLVASE a la parte demandante el remanente de los gastos del proceso, si hubiere lugar a ello.

[…]»

ANTECEDENTES

La Alcaldía Municipal de Tocancipá mediante el Decreto 080 del 10 de diciembre de 2010, determinó el efecto de la plusvalía y el valor de la misma, por metro cuadrado de terreno, entre otros, para el predio de propiedad de los demandantes, por cambio en la clasificación del uso del suelo, de rural industrial a suburbano industrial.

El 8 de marzo de 2011 los demandantes interpusieron recurso de reposición contra la determinación del efecto plusvalía dispuesta por el Decreto 080 de 2010, resuelto por el alcalde municipal mediante la Resolución Nº 595 del 27 de diciembre de 2011, en el sentido de confirmar el acto recurrido.

LA DEMANDA

ENRIQUE SARMIENTO ACOSTA y LUCÍA PINZÓN DE SARMIENTO, en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, formularon las siguientes pretensiones:

«PRINCIPALES:

PRIMERA.- Que se declare la nulidad de la liquidación del efecto de plusvalía de que trata el Decreto No. 080 de fecha 10 de diciembre de 2010, proferido por el Alcalde Municipal de Tocancipá, correspondiente al predio de propiedad de mis representados denominado SANTA LUCÍA, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 176-6076 y cédula catastral No. 00-00-0006-0018-000, cuyo valor asciende a la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CINCUENTA PESOS ($355.348.050).

SEGUNDA.- Que se declare la nulidad de la Resolución 595 de fecha 27 de diciembre de 2011 dictada por el mismo Alcalde Municipal de Tocancipá y por la cual se denegó el recurso de reposición interpuesto por los mismos contribuyentes contra el Decreto anteriormente referido que liquidó el efecto plusvalía.

TERCERA.- Que como consecuencia de las anteriores peticiones y a título de restablecimiento del derecho, se declare que el predio mencionado, no está sujeto al gravamen de plusvalía de que trata el acto anulado.

CUARTA.- Que se ordene la devolución de las sumas pagadas por este concepto, junto con la indexación de que trata la ley.

EN SUBSIDIO, formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERA.- Que se declare la nulidad de la liquidación del efecto plusvalía de que trata el Decreto No. 080 de fecha 10 de diciembre de 2010, proferido por el Alcalde Municipal de Tocancipá, correspondiente al predio de propiedad de mis representados denominado SANTA LUCÍA, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 176-6076 y cédula catastral No. 00-00-0006-0018-000.

SEGUNDA.- Que se declare la nulidad de la Resolución 595 de fecha 27 de diciembre de 2011 dictada por el mismo Alcalde Municipal de Tocancipá y por la cual se denegó el recurso de reposición interpuesto por los mismos contribuyentes contra el Decreto anteriormente referido que liquidó el efecto plusvalía.

TERCERA.- Que como consecuencia de las anteriores peticiones y, a título de restablecimiento del derecho, se declare que el referido predio solo puede ser gravado con la plusvalía que se establezca dentro del proceso, descontándose de dichos valores lo liquidado por la contribución de valorización municipal de que trata el Acuerdo 14 de 2009, respecto del predio.

CUARTA.- Que en consecuencia, se ordene la devolución del exceso pagado con las indexaciones de ley.»

Invocó como disposiciones violadas, las siguientes:

Artículo 338 de la Constitución Política.
Artículos 73, 82, 86 y 87 de la Ley 388 de 1997.
Artículos 25 y 26 de la Resolución 620 de 2008 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC-.
Artículo 212 [parágrafo] del Acuerdo Municipal 09 de 2010.

Como concepto de la violación expuso, en síntesis, lo siguiente:

Manifestó que el Alcalde Municipal de Tocancipá carecía de competencia para determinar y liquidar el efecto plusvalía a través del Decreto 080 de 2010, puesto que, de conformidad con los artículos 338 de la Constitución Política, 73 de la Ley 388 de 1997 y 212 del Acuerdo 09 de 2010, corresponde a los concejos municipales establecer los elementos de ese tributo por medio del respectivo acuerdo.

Afirmó que, contrario a lo señalado como fundamento legal en el Decreto 080 de 2010, el Concejo Municipal de Tocancipá en el Acuerdo 15 de 2008, no otorgó la potestad al alcalde para que dispusiera sobre los elementos esenciales de la participación en plusvalía dentro de su jurisdicción.

Indicó que el acto acusado desconoció la prohibición prevista en los artículos 86 y 87 de la Ley 388 de 1997, por cuanto la participación en plusvalía es independiente a otros tributos (contribución por valorización), por lo que frente a una misma obra no se puede exigir valorización y plusvalía.

Destacó que, en su entender, el hecho generador de la plusvalía de que trata el Decreto 080 de 2010, liquidado en el municipio de Tocancipá, tiene origen y fuente en las mismas obras que generaron el cobro de la contribución por valorización dispuesto a través del Acuerdo 14 de 2009 (obras previstas en el POT).

Adujo que el ente demandado no tuvo en cuenta el procedimiento dispuesto por los artículos 76 de la Ley 388 de 1997, 25 y 26 de la Resolución 620 de 2008 del IGAC, en relación con el nuevo precio comercial de los bienes que se utilizó para el cálculo del efecto plusvalía, dado que no se ajustó a la realidad que determina el valor comparativo relacionado con la oferta y la demanda, los valores o precios correspondientes a las negociaciones que por terrenos similares se realizan en la zona frente al predio en cuestión, lo cual trae como consecuencia que se determinara el gravamen sobre un valor excesivo.

OPOSICIÓN

El Municipio se opuso a las pretensiones de la demanda, por los motivos que se resumen a continuación:
Propuso las excepciones de «ineptitud sustantiva de la demanda», al considerar que no se demandaron todos los actos que hicieron parte del proceso de formación de la contribución de valorización; «presunción de legalidad de los actos administrativos», pues no se ha demostrado la irregularidad en la que incurrió la autoridad demandada e «inexistencia de la falta de competencia y falsa motivación», que sustentó en que no se configuraron las causales de nulidad invocadas, pues las decisiones de la administración se profirieron conforme con los principios de legalidad y competencia, y se ajustaron a derecho respecto de la formación, imposición y liquidación de la participación en el efecto plusvalía.

En cuanto al fondo, sostuvo que la participación en la plusvalía se estableció en uso de sus facultades legales y constitucionales, con base en acuerdos expedidos previamente (Acuerdos 014 de 2001 y 02 de 2002), que fueron compilados en el Estatuto de Rentas del municipio de Tocancipá (Decretos 080 de 2007 y Decreto 111 de 2008).

Afirmó que antes de la entrada en vigencia del Acuerdo Municipal 09 de 2010, en Tocancipá se había aprobado a través del Acuerdo 14 de 2001 y el Plan de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 11 de 2005), la reglamentación de la participación en plusvalía, que incluye los hechos generadores, las acciones urbanísticas, estimación y liquidación del efecto plusvalía, entre otros.

Precisó que los hechos generadores de la plusvalía fueron las acciones urbanísticas adelantadas, que se concretaron en la incorporación de suelo rural a suelo suburbano -como se dispuso en el Decreto 080 de 2010-, y que fue autorizada por el Concejo Municipal mediante el Acuerdo 09 de 2010, que difiere de los hechos por los que se gravó en su momento con la contribución por valorización dispuesta por el Acuerdo 014 de 2009, de manera que no hubo doble tributación.

Señaló que en aplicación de los procedimientos previstos por el IGAC, para efectos de establecer los avalúos ordenados por la Ley 388 de 1997, se tuvieron en cuenta las zonas geoeconómicas homogéneas frente a los métodos de comparación o de mercado, incluso el estudio de las ofertas o transacciones recientes de bienes semejantes y comparables, para así asignarle el valor comercial al predio en discusión. Todo lo cual se realizó con sustento en el estudio técnico para la determinación del efecto plusvalía elaborado por la Compañía de Desarrollo Territorial CINDETER LTDA, con ocasión del contrato de consultoría Nº 328 del 30 de diciembre de 2008.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C”, en Descongestión, «declaró no probadas las excepciones propuestas y probada la objeción por error grave del dictamen pericial»; accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas, con fundamento en las consideraciones que se resumen a continuación:

El a quo negó la prosperidad de los medios exceptivos, en concreto la «ineptitud sustantiva de la demanda», en razón a que los actos demandados fueron los que delimitaron la situación particular de los actores frente al pago de la participación en la plusvalía, derivada de los hechos generadores especificados por el ente territorial, de modo que no era necesario controvertir los demás actos que sirvieron como apoyo normativo para proferir las decisiones particulares.

Advirtió que los fundamentos aducidos frente a las demás excepciones se dirigen a controvertir el fondo del asunto, por lo que ameritan decisión en el estudio de legalidad de los actos enjuiciados.

Declaró probada la objeción por error grave del dictamen pericial propuesta por la parte demandada, por cuanto la auxiliar de la justicia que efectuó el peritazgo no tuvo en cuenta a cabalidad el procedimiento dispuesto por la Resolución Nº 620 de 2008 del IGAC en aplicación de la ley 388 de 1997, para la determinación de la realidad económica del predio objeto de análisis, pues, además de no allegar el estudio de las ofertas recientes efectuadas a inmuebles similares y comparables, así como otras deficiencias en la valoración efectuada, las pruebas allegadas para el efecto no dan cuenta de los hechos que se pretendían acreditar con el decreto de la experticia.

Respecto del fondo del asunto, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, porque consideró que el Alcalde Municipal no estaba facultado para liquidar la plusvalía a través del Decreto 080 de 2010, sin que previamente el Concejo Municipal expidiera el acuerdo que estableciera los elementos esenciales del tributo.

Destacó que el artículo 212 del Acuerdo 09 de 2010 dispuso de manera expresa la necesidad de que mediante otro acuerdo se fijaran las bases de la plusvalía en el Municipio de Tocancipá, por lo que sin el cumplimiento de ese requisito, el ejecutivo local desbordó su competencia.

Al efecto, advirtió que ninguna de las demás normas invocadas por el ente demandado para acreditar la autorización previa, se refieren a la aplicación y liquidación del efecto plusvalía, motivo por el cual devienen en nulos los actos acusados.

Indicó que en el expediente no se acreditó el pago de suma alguna en relación con la participación en plusvalía por parte de los demandantes, razón por la que negó la pretensión de devolución.

Finalmente, se abstuvo de condenar en costas, porque no se cumplen los presupuestos del artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la ley 446 de 1998.

RECURSO DE APELACIÓN

La entidad demandada inconforme con la decisión de primera instancia, interpuso recurso de apelación, con fundamento en lo siguiente:

Adujo que el Tribunal no tuvo en cuenta que, previo a la expedición del Decreto 080 de 2010, en el Municipio de Tocancipá se expidieron acuerdos de carácter general que reglamentaban la participación en plusvalía en su jurisdicción.

Al efecto, puso de presente que la plusvalía en el municipio se reguló desde el Acuerdo 014 de 2001 (artículos 292 a 297), norma que posteriormente se compiló, junto con los Acuerdos 02 de 2002 y 08 de 2002, en el Decreto 080 de 2007 (artículos 314 a 319), el cual, a su vez, fue objeto de ajuste a través del Decreto 111 de 2008 (artículos 314 a 319).

Destacó que los Acuerdos 011 de 2005 y 09 de 2010, por los que se revisó y ajustó el POT en Tocancipá, regularon igualmente lo relativo al efecto plusvalía, razón por la cual, el a quo debió tener en cuenta la diferencia entre las normas urbanísticas de carácter general que determinaron la aplicación del efecto plusvalía, y las de carácter tributario que disponen sobre la participación específica en el territorio.

Advirtió que lo previsto en el parágrafo del artículo 212 del Acuerdo 09 de 2010, según el cual, «le correspondía al concejo municipal establecer mediante acuerdo de carácter general las normas de aplicación de la plusvalía en ese territorio», corresponde a la transcripción del artículo 73 de la Ley 388 de 1997, que entendido así, para este caso no produce efecto jurídico, en la medida en que el ente territorial cumplió con esa disposición en una norma urbanística y los elementos de dicho tributo ya estaban definidos en una norma anterior de carácter tributario como es el Acuerdo 014 de 2001 (Estatuto de Rentas de Tocancipá), compilado por el Decreto 080 de 2007 y ajustado por el Decreto 111 de 2008.

Destacó que si los elementos de la plusvalía ya estaban regulados en una norma de carácter tributario (Decreto 111 de 2008), que se encontraba vigente, no era necesario, como lo entendió el Tribunal, que se expidiera un nuevo acto en virtud de lo previsto en el Acuerdo 09 de 2010.

Señaló que conforme con las normas de autorización referidas, el alcalde profirió el Decreto 080 de 2010, a partir del cual se liquidó la participación en plusvalía a los predios ubicados en el área afectada, dentro de la que se encuentra el inmueble de los demandantes, con base, entre otros documentos, en el informe final del estudio de plusvalía Nº 327 del 30 de diciembre de 2008, realizado por la consultora CIDETER LTDA.

Por su parte, los demandantes interpusieron recurso de apelación adhesiva, al considerar que el a quo no dispuso sobre la devolución de la suma indebidamente pagada por estos respecto de la participación en el efecto plusvalía ordenada en virtud de los actos acusados, que corresponde a la suma de «$294.341.897».

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La demandante reiteró lo aducido en la primera instancia y en el recurso de apelación adhesiva, e insistió en que en el Municipio de Tocancipá no existe acuerdo de carácter general que establezca las normas de participación en plusvalía, como lo dispone el parágrafo del artículo 212 del Acuerdo 09 de 2010 -POT-. De manera subsidiaria solicitó que de no confirmarse por ese motivo la sentencia recurrida, se resuelva lo atinente a que por las mismas obras se está cobrando la contribución de valorización y la participación en plusvalía, lo cual implica una doble tributación, y revisar la estimación del tributo, porque los valores asignados no corresponden a la realidad, prueba de esto, es el dictamen pericial practicado en el curso del proceso realizado conforme con los procedimientos establecidos por la Ley 388 de 19997.

La parte demandada reiteró lo expuesto en el recurso de apelación.

El Ministerio Público solicitó la confirmación del fallo apelado. Frente a la apelación de la demandada, expresó que no es suficiente la reglamentación general sobre plusvalía para que el municipio disponga cuando a bien lo tenga cobrarla mediante un decreto del alcalde, porque solo se describen los hechos generadores, sin especificar cuál o cuáles de estos la generan en una zona o subzona en particular, situación que establece el concejo, en virtud del principio de representación, como corresponde a los tributos en general.

En cuanto a la apelación adhesiva de la demandante, pidió que se accediera a la solicitud de devolución de las sumas pagadas por concepto de la participación en la plusvalía, decisión que se da por virtud de la nulidad de los actos acusados, y porque fue probado en el proceso.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Se discute la legalidad de los actos administrativos que determinaron la participación del efecto plusvalía a cargo de los demandantes sobre el predio de su propiedad identificado con cédula catastral 00-00-0006-0018-000, y matrícula inmobiliaria 176-60-76, denominado «Santa Lucía».

En los términos de los recursos de apelación, corresponde establecer i) si el Alcalde Municipal era competente para expedir el decreto demandado, por el cual se determinó la participación del efecto plusvalía a cargo de los demandantes sobre el predio «Santa Lucía». De prosperar este cargo, es decir, si se advierte que el ejecutivo local no excedió sus facultades, la Sala proveerá sobre ii) la contribución por valorización y la plusvalía como tributos independientes; iii) el hecho generador y el cálculo del efecto plusvalía en el caso concreto; y, iv) la procedencia de la devolución de lo pagado por los demandantes en relación con la obligación discutida.

En relación con la controversia planteada, frente a una situación fáctica y jurídica similar, respecto de un predio ubicado en el mismo sector sujeto a plusvalía en la vereda Canavita, del municipio de Tocancipá, la Sala se pronunció en la sentencia del 3 de mayo de 2018, Exp. 21836, por lo que, en lo pertinente, se reitera el criterio expuesto en esa oportunidad.

Competencia del Alcalde para expedir el decreto demandado. Alcance del artículo 73 de la Ley 388 de 1997. Reiteración jurisprudencial.

El artículo 73 de la Ley 388 de 1997 define la plusvalía y, en su parágrafo dispone que « [l]os concejos municipales y distritales establecerán mediante acuerdos de carácter general, las normas para la aplicación de la participación en la plusvalía en sus respectivos territorios».

Como lo advirtió la Sala en la providencia que se reitera, esta norma se refiere a la competencia que tienen las corporaciones locales de representación popular en materia tributaria, conforme con la cual los concejos municipales o distritales están facultados para establecer la participación en la plusvalía en sus respectivos territorios y, para tal fin, es necesario que se expida un acuerdo de carácter general que así lo disponga.

En el caso concreto, se tiene que con la expedición del Acuerdo 014 de 2001, el Concejo Municipal de Tocancipá en sus artículos 292 a 299 reguló la aplicación de la participación en plusvalía en ese territorio, norma compilada por el Decreto 080 de 2007 (Estatuto de Rentas para ese municipio), que en sus artículos 314 a 319 reprodujo las disposiciones sobre la participación en plusvalía reguladas en el Acuerdo 014 de 2001.

A su vez, por medio del Decreto 111 de 2008 el Alcalde Municipal hizo ajustes al Estatuto de Rentas -Decreto 080 de 2007-, e incluyó igualmente las normas sobre la participación en plusvalía que venían reguladas desde el Acuerdo No. 014 de 2001 y en el Decreto 080 de 2007. Norma de actualización que mantuvo la vigencia del tributo en su jurisdicción.

Conforme con lo anterior y atendiendo al criterio de la Sala, se advierte que, si bien, como lo señaló el Tribunal, en el parágrafo del artículo 212 del Acuerdo 09 de 2010 (por el cual se revisó y ajustó el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Tocancipá), se dispuso que « […] el Concejo municipal establecerá mediante Acuerdo de carácter general las normas de aplicación de la participación en la plusvalía en su respectivo territorio (art. 73, Ley 388 de 1997) […]», esta norma no tiene el alcance que se le otorgó en la sentencia recurrida, por cuanto, como se vio, en ese municipio la participación en plusvalía está establecida desde la expedición del Acuerdo 014 de 2001.

Si el Concejo Municipal de Tocancipá ya había hecho uso de la facultad impositiva en materia de participación en plusvalía (con el Acuerdo 014 de 2001), no era necesario que con ocasión de la revisión y ajuste del POT (Acuerdo 09 de 2010) se volviera a expedir un acuerdo que autorizara nuevamente su implementación.

En conclusión, a pesar del Acuerdo 09 de 2010, el municipio ya había dado cumplimiento a lo previsto en los artículos 73 y 81 de la Ley 388 de 1997, y facultó al Alcalde de Tocancipá, través del marco jurídico referido, para expedir el Decreto 080 de 2010, por el cual se liquidó el efecto plusvalía, de modo que la sentencia de primera instancia se deberá revocar.

Ahora bien, en razón a que, como consecuencia de la prosperidad de la «falta de competencia», el Tribunal no resolvió los demás cargos de ilegalidad planteados en la demanda, es del caso, en esta instancia, referirse a ellos en procura del derecho al debido proceso de la parte actora, que no estaba legitimada para apelar, toda vez que la sentencia le fue favorable (art. 320 CGP).

La valorización y la plusvalía. Independencia de estos tributos.

Los demandantes adujeron que los actos acusados desconocieron la prohibición prevista en los artículos 86 y 87 de la Ley 388 de 1997, por cuanto la participación en plusvalía es independiente a otros tributos, en este caso, a la contribución por valorización, por lo que frente a una misma obra no se puede exigir valorización y plusvalía. Destacaron que el hecho generador de la plusvalía de que trata el Decreto 080 de 2010, liquidado en el municipio de Tocancipá, tiene origen y fuente en las mismas obras que generaron el cobro de la contribución por valorización dispuesto a través del Acuerdo 014 de 2009.

Los artículos 86 y 87 de la Ley 388 de 1997 establecen lo siguiente:

«ARTÍCULO 86. INDEPENDENCIA RESPECTO DE OTROS GRAVAMENES. La participación en plusvalía es independiente de otros gravámenes que se impongan a la propiedad inmueble y específicamente de la contribución de valorización que llegue a causarse por la realización de obras públicas, salvo cuando la administración opte por determinar el mayor valor adquirido por los predios conforme a lo dispuesto en el artículo 87 de este ley, caso en el cual podrá cobrarse contribución de valorización por las mismas obras.

[…]

Artículo 87. PARTICIPACIÓN EN PLUSVALIA POR EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. Cuando se ejecuten obras públicas previstas en el plan de ordenamiento territorial o en los planes parciales o en los instrumentos que los desarrollen, y no se haya utilizado para su financiación la contribución de valorización, las correspondientes autoridades distritales, municipales o metropolitanas ejecutoras, podrán determinar el mayor valor adquirido por los predios en razón de tales obras, y liquidar la participación que corresponde al respectivo municipio, distrito o área metropolitana, conforme a las siguientes reglas: […]».

Sobre la participación en plusvalía y su independencia respecto de otros gravámenes, y frente a la ejecución de obras públicas, en la sentencia del 3 de mayo de 2018 que se reitera, la Sala destacó que la prohibición del artículo 86 ib. no ofrece duda alguna en los casos en los cuales se dan los hechos generadores del gravamen consagrados por el artículo 74 de la Ley 388 de 1997, pero que respecto del artículo 87 ib., sí se da una situación especial «cuando el “mayor valor” del predio, se origine en la ejecución de obras públicas dispuestas por los instrumentos de ordenación del territorio, lo indicado es su financiación por vía de la contribución de valorización. Solo, si no se derrama dicha contribución, puede acudirse al efecto plusvalía como mecanismo que retribuya a ese mayor valor, lo que significa que la una -la contribución- excluye al otro -el efecto plusvalía-, porque hay identidad, total o parcial en la causa de la obligación tributaria».

Teniendo en cuenta lo anterior, el hecho generador de la participación en plusvalía, por el cual se impuso la obligación a los demandantes respecto de su predio, correspondió a que «se considerara parte del suelo rural como suburbano», esto es, la modificación de rural industrial a suburbano industrial. Así quedó definido tanto en el Acuerdo 09, como en el Decreto 080, ambos del 2010.

Por el contrario, la contribución de valorización en su momento, «fue un instrumento de financiación de la ejecución de varias obras públicas», como se dispuso en el Acuerdo 014 de 2009 en su artículo 1º, y se liquidó en cabeza del predio denominado «Santa Lucía» de propiedad del actor (que obtuvo el beneficio de las obras), conforme da cuenta «el estudio socioeconómico para la financiación de obras por valorización». Hecho ratificado por el actor en la demanda.

Lo anterior, como se concluyó en la sentencia que se reitera, trae como consecuencia que no exista identidad en el hecho generador de la participación de la plusvalía con el de la contribución de valorización, razón por la cual, este cargo de nulidad tampoco está llamado a prosperar.

El hecho generador y el cálculo del efecto plusvalía

El ente demandado sostiene que el predio de propiedad de los demandantes, denominado «Santa Lucía» se benefició con el efecto plusvalía por el cambio de clasificación del suelo de rural industrial a suburbano industrial, sin embargo, a juicio de la parte actora, al conservarse la misma actividad industrial, el cambio de clasificación de rural a rural suburbana no le reportó beneficio a los terrenos, por lo que no habría lugar al cobro del gravamen.

Se discute entonces si se configuró el hecho generador de la plusvalía y si se calculó adecuadamente el efecto plusvalía, en concreto, si los valores comerciales se ajustan a la realidad.

En este caso, como en el que se reitera, se verificó que en el municipio de Tocancipá, con la expedición del Acuerdo 09 de 2010 (por el que se revisó y ajustó el POT – Acuerdo 011 de 2005), se clasificó el suelo en urbano, de expansión urbana, rural, suburbano y de protección, y se previó, además de lo dispuesto por la norma anterior, que el suelo rural estaría conformado por los terrenos no aptos para el uso urbano, por razones de oportunidad, o por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales de explotación de recursos naturales y actividades análogas. «Pertenecen a esta categoría los Centros Poblados Rurales, las áreas agropecuarias de las Veredas Canavita, El Porvenir, Esmeralda, La Fuente, Tibitó y Verganzo».

Por su parte, el suelo suburbano fue clasificado en el mismo Acuerdo 09 de 2010 como «las áreas ubicadas dentro del suelo rural, en la que se mezclan los usos del suelo y las formas de vida del campo y la ciudad, diferentes a las clasificadas como áreas de expansión urbana», y se dispuso que harían parte del suelo suburbano las áreas de actividad industrial, dentro de las que se encuentra el predio en discusión.

En consideración a lo anterior, conforme lo estableció el Acuerdo 09 de 2010, se configuró uno de los hechos generadores de la participación en plusvalía previsto en el artículo 74 de la Ley 388 de 1997, esto es, la «consideración de parte del suelo rural como suburbano», porque la zona en donde está ubicado el predio de los demandantes (Vereda Canavita), como se observa del estudio hecho por la Compañía de Desarrollo Territorial CIDETER LTDA., y lo señalado en el informe pericial, pasó de ser suelo rural a suelo suburbano. Hecho que no fue discutido por la parte actora.

Así las cosas, al haberse generado el cambio en la clasificación de parte del suelo, por medio de los acuerdos referidos, que representó que el predio de los actores pasara de considerarse rural a suburbano, con los beneficios que ello implica, pues, si bien las áreas suburbanas pueden ser objeto de desarrollo con algunas restricciones de uso, como lo prevé el artículo 10 del Acuerdo 09 de 2010, es indiscutible que le reportó un beneficio al terreno, en comparación con lo permitido en el área rural, motivo por el que este cargo tampoco está llamado a prosperar.

Ahora bien, los demandantes cuestionaron la estimación del efecto plusvalía, esto es, la tasación del precio comercial del terreno, antes y después de la acción urbanística, al considerar que lo realizado por el municipio no concuerda con el valor real del predio.

Al efecto, la parte actora aseguró que los valores establecidos por el ente demandado, no son los comerciales reales «por los cuales se puede vender, disponer o enajenar el predio en cuestión. Los avalúos deben tener en cuenta el valor comparativo relacionado con la oferta y la demanda, esto es, los valores o precios correspondientes a las negociaciones que por terrenos similares se han realizado para dicha fecha en la zona, y resalta que los valores correspondientes a los avalúos ya mencionados son excesivos y muy altos. Por esta razón se objeta dicho avalúo, solicitándose en el proceso un experticio sobre el particular».

La Sala advierte que el dictamen pericial solicitado por los demandantes, luego de su práctica fue objetado por el municipio por «error grave», objeción que prosperó, dadas las falencias que advirtió el a quo. No obstante como se trata del medio de prueba por medio del cual se pretendía controvertir los estudios de mercado realizados por el municipio, la Sala lo tendrá en cuenta para esos efectos, con el fin garantizar el debido proceso, en el marco de la valoración conforme con reglas de la sana crítica.

El procedimiento para calcular el efecto plusvalía en los casos en los que hubo cambio en la clasificación de parte del suelo rural como suburbano, dispuesto por el artículo 75 de la Ley 388 de 1997, señala:

«ARTICULO 75. EFECTO PLUSVALIA RESULTADO DE LA INCORPORACION DEL SUELO RURAL AL DE EXPANSION URBANA O DE LA CLASIFICACION DE PARTE DEL SUELO RURAL COMO SUBURBANO. Cuando se incorpore suelo rural al de expansión urbana, el efecto plusvalía se estimará de acuerdo con el siguiente procedimiento:
1. Se establecerá el precio comercial de los terrenos en cada una de las zonas o subzonas beneficiarias, con características geoeconómicas homogéneas, antes de la acción urbanística generadora de la plusvalía. Esta determinación se hará una vez se expida el acto administrativo que define la nueva clasificación del suelo correspondiente.
2. Una vez se apruebe el plan parcial o las normas específicas de las zonas o subzonas beneficiarias, mediante las cuales se asignen usos, intensidades y zonificación, se determinará el nuevo precio comercial de los terrenos comprendidos en las correspondientes zonas o subzonas, como equivalente al precio por metro cuadrado de terrenos con características similares de zonificación, uso, intensidad de uso y localización. Este precio se denominará nuevo precio de referencia.
3. El mayor valor generado por metro cuadrado se estimará como la diferencia entre el nuevo precio de referencia y el precio comercial antes de la acción urbanística al tenor de lo establecido en los numerales 1 y 2 de este artículo. El efecto total de la plusvalía, para cada predio individual, será igual al mayor valor por metro cuadrado multiplicado por el total de la superficie objeto de la participación en la plusvalía.
Este mismo procedimiento se aplicará para el evento de calificación de parte del suelo rural como suburbano».
A su vez, el artículo 25 de la Resolución IGAC 620 de 2008, señala que para calcular el efecto plusvalía, resultado de la clasificación de parte del suelo rural como suburbano, se deberá seguir el siguiente procedimiento:

Artículo 25º.- […]
1. El precio comercial de los terrenos en cada una de las zonas o subzonas beneficiarias con características geoeconómicas homogéneas, antes de la acción urbanística generadora de la plusvalía, se determinará teniendo en cuenta las condiciones jurídicas, físicas y económicas vigentes antes de la adopción del plan de ordenamiento territorial. Para la estimación del valor comercial deberá emplearse el método de mercado y/o de renta. Este valor se denominara precio de referencia (P1).

2. Una vez se apruebe el plan parcial o las normas específicas de las zonas beneficiarias, mediante las cuales se asignen usos, intensidades y zonificación se determinara el nuevo precio comercial de los terrenos comprendidos en las correspondientes zonas o subzonas como equivalente al precio por m2 de terrenos con características similares de zonificación, uso, intensidad de uso y localización. Este valor se determinará haciendo uso del método (técnica) residual y el método de comparación o de mercado. Este valor se denominará nuevo precio de referencia (P2).

3. El mayor valor generado por m2, se estimará como la diferencia entre el nuevo precio de referencia (P2) y el precio comercial antes de la acción urbanística (P1), ajustado a valor presente aplicando el IPC a la fecha de adopción del plan parcial o de las normas específicas de las zonas o subzonas beneficiarias.

4. El efecto total de la plusvalía, para cada predio individual, será igual al mayor valor por metro cuadrado multiplicado por el total de la superficie objeto de la participación en la plusvalía.

Conforme con la normativa y metodología descritas, así como los respectivos acuerdos, el municipio de Tocancipá calculó los valores del terreno, para lo cual aplicó el método de comparación o de mercado, por medio del cual se buscó establecer el valor comercial del bien a partir de los siguientes elementos:

El ente demandado tuvo en cuenta las zonas geoeconómicas homogéneas definidas por el IGAC para la elaboración de los avalúos, además de utilizar los métodos de comparación o de mercado, que correspondieron a la técnica valuatoria que busca establecer el valor comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas o transacciones recientes, de bienes semejantes y comparables al objeto de avalúo; y el de capitalización de rentas o ingresos, trayendo a valor presente la suma de los probables ingresos o rentas generadas en la vida remanente del bien objeto de avalúo, con una tasa de capitalización o interés.
De acuerdo con el informe final de la liquidación del tributo realizado por el municipio de Tocancipá (contenido en el estudio realizado por CIDETER), se observa que para efectos de establecer el valor comercial de los predios, producto de las acciones urbanísticas adoptadas por el Acuerdo 09 de 2010, se tuvo en cuenta el precio comercial de los terrenos en cada una de las zonas o subzonas beneficiarias con características geoeconómicas homogéneas, antes de la acción urbanística generadora de la plusvalía y después, por los años 2009 y 2010, identificando el sector de la vereda Canavita (donde está ubicado el predio), y determinó el valor por metro cuadrado.
Señaló explícitamente los medios por los cuales obtuvo la información e identificó las fuentes para establecer el comparativo de ofertas y transacciones que se realizaron en el mercado inmobiliario del sector.
Se previeron las normas urbanísticas generales en el suelo rural suburbano, como tipo de edificación, área mínima de lote, frente mínimo de lote, índice de ocupación índice de construcción, retroceso, aislamiento lateral, posterior y contra vías, y número de pisos, según se trate de industrial individual, industrial comercial y comercio y servicios.

Pues bien, advertido lo anterior, la Sala parte por precisar que, como lo señaló el a quo, además de que el dictamen pericial no cumplió con los requisitos exigidos por el marco jurídico referido, relativos a la acreditación de las fuentes que tuvo en cuenta para fijar el valor comercial del inmueble como consecuencia del efecto plusvalía, y las pruebas que aportó no dan cuenta de sus conclusiones, la Auxiliar de la Justicia, como sucedió en el caso resuelto en el fallo que se reitera, siguió el procedimiento previsto en los artículos 76 de la Ley 388 de 1997 y 26 de la Resolución 620 de 2008 de la IGAC, que se refieren al cálculo del efecto plusvalía resultado del cambio del suelo, hecho generador que es diferente de la «consideración de parte del suelo rural como suburbano», que tiene un procedimiento especial, establecido en las normas citadas por la Sala.

Adicionalmente, tampoco se observa que con la prueba pericial se haya refutado el estudio de mercado efectuado por CIDETER, que sirvió de fundamento para la determinación del efecto plusvalía en el municipio de Tocancipá.

Lo anterior es suficiente para desestimar las conclusiones expuestas por la perito, ya que «aunque las normas en cita tienen cierta semejanza en su redacción, presentan diferencias que no puede desconocer la Sala» y, en consecuencia, al no haber sido desvirtuada la liquidación del tributo realizada por el ente demandado, tiene plena validez y debe ser aceptada.

Conforme con lo aducido, ante la prosperidad de la apelación de la entidad demandada y la negativa frente a la nulidad deprecada, la Sala se releva de pronunciarse sobre la solicitud presentada por los demandantes en el recurso de apelación adhesiva, relacionada con la devolución de la suma «indebidamente pagada». En consecuencia, se revocará la sentencia apelada y, en su lugar, se negarán las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. REVOCAR la sentencia del 24 de marzo de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C” en Descongestión. En su lugar:

2. NEGAR las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección

MILTON CHAVES GARCÍA JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Ausente con permiso

Fls. 346 y 347 c.p.
Al predio identificado con cédula catastral 00-00-0006-0018-000 «Santa Lucía», a nombre de Enrique Sarmiento Acosta, sobre un área total de 67.000 metros y el área afectada de 21.530, para un total por el gravamen a cargo de $355.348.050 (fls. 4 y 32 c.p.)
Fls. 17 a 24 c.p.
Fls. 35 a 39 c.p.
Fls. 25 a 31 c.p.
Fls. 2 y 3 c.p.
Fls. 50 a 78 c.p.
Fls. 318 a 347 c.p.
Decretado por auto del 5 de octubre de 2012 (Fls. 90 y 91 c.p.).
Fls. 349 a 370 c.p.
Fls. 399 y 400 c.p.
C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Se reitera la sentencia del 3 de mayo de 2018, Exp. 21836, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Actor: Mariane Banziger, Demandado: Municipio de Tocancipá.
Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones.
Definió conceptos del tributo como la «Noción», «Hecho Generador», «Monto de la participación», «exigibilidad y cobro de la participación», «Formas de pago de la participación» y «Destinación de los recursos», Fls. 89, 105 a 110 c.a. 3.
Fls. 256 a 259 c.a. 4
A pesar de que el acuerdo no obran en el expediente, fue invocado por el ente demandado como norma de autorización en el Decreto 080 de 2010, y no fue controvertido por la parte actora. (Fl. 16 c.p.)
Como se anotó en la sentencia que se reitera, «mediante providencia del 10 de octubre de 2014, proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión Oral de Zipaquirá, que se encuentra en firme, se negó la pretensión de nulidad de los artículos 314 a 319 del Decreto 111 de 2008, porque el juez de instancia advirtió que la adición de las normas relacionadas con la plusvalía “a la letra son las mismas que se encuentran previstas en el Acuerdo No. 014 de 2001 y en el Decreto 080 de 2007”, lo que significa que mediante dicho decreto, se actualizó el Estatuto de Rentas del Municipio de Tocancipá».
Tal como se concluyó en la sentencia del 3 de mayo de 2018, Exp. 21836, Actor: Mariane Banziger de Munger, Demandado: Municipio de Tocancipá, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

Art. 212, Parágrafo. El concejo municipal establecerá mediante acuerdo de carácter general las normas de aplicación de la participación en la plusvalía en su respectivo territorio (art. 73 L. 388 de 1997).
«Artículo 81. LIQUIDACIÓN DEL EFECTO DE PLUSVALIA. Con base en la determinación del efecto de plusvalía por metro cuadrado calculado para cada una de las zonas o subzonas objeto de la participación como se indica en el artículo precedente, el alcalde municipal o distrital liquidará, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes, el efecto plusvalía causado en relación con cada uno de los inmuebles objeto de la misma y aplicará las tasas correspondientes, de conformidad con lo autorizado por el concejo municipal o distrital.
[…]».
En este sentido, cfr. las sentencias de 12 de diciembre de 2014, Exp. 19121, de 15 de junio de 2016, Exp. 20873, de 15 de septiembre de 2016, Exp. 20555, y de 23 de noviembre de 2017, Exp. 20596, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, entre otras.

Cfr. el artículo 2 del Decreto 1599 de 1998, por el cual se reglamentan las disposiciones referentes a la participación en plusvalía de que trata la Ley 388 de 1997.
« […] (i) la incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana o la consideración de parte del suelo rural como suburbano, (ii) el establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de usos del suelo o (iii) la autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación, bien sea elevando el índice de ocupación o el índice de construcción, o ambos a la vez».
Exp. 21836, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Fls. 16, 17 y 29 del c.p.
Fl. 26 c.a. 4
Fl. 117 c.a. 2
Fl. 8 c.p.
Sentencia del 3 de mayo de 2018, Exp. 21836.
Acuerdo 11 de 2005, el suelo rural está « […] conformado por los terrenos no aptos para el uso urbano, por razones de oportunidad o por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales de explotación de recursos naturales y actividades análogas. Pertenecen a esta categoría los Centros Poblados Rurales».
Fl.12 reverso del cuaderno anexo 2.
«[…] que pueden ser objeto de desarrollo con restricciones de uso, de intensidad y de densidad, garantizando el autoabastecimiento en servicios públicos domiciliarios, de conformidad con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y en la Ley 142 de 1994». (Fl. 12 reverso del cuaderno anexo 2.)
En el numeral 1.2.2 de dicho estudio, que sirve de fundamento para la liquidación de la plusvalía, consta que el hecho generador de la plusvalía por la consideración de suelo rural como suburbano «[a]plica a los predios localizados en la vereda Canavita, Tibitoc, Verganzo y el Porvenir, que se incluyen en el Área de actividad industrial, que en el acuerdo 11 de 2005 estaban considerados como Rurales». (Fl. 194 del cuaderno anexo 1)
Fl. 105 c.p.
En el dictamen pericial, la perito afirmó que «según el Acuerdo número 09 de 2010 que tiene el PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, donde se encuentra ubicado el inmueble objeto de este dictamen, en el Capítulo 2 de la CLASIFICACIÓN DEL SUELO en el territorio Municipal, según el artículo 10 […] que el inmueble objeto de la experticia se encuentra ubicado en el área rural suburbana […] en el sector de la vereda Canavita […]» (Fls. 103 y 104 del c.p.)
Así lo estableció el Municipio de Tocancipá en la Liquidación de la plusvalía, al señalar que los predios localizados, entre otras, en la vereda «Canavita», serían sujetos al gravamen por la incorporación del suelo rural al suelo de expansión urbana o la consideración de parte del suelo rural como suburbano. (Fl. 194 del cuaderno anexo 1)

Conforme con el Acuerdo 09 de 2010, en el suelo suburbano se permite una actividad industrial diferente a la que estaba prevista en el Acuerdo 11 de 2005 para el suelo rural, porque corresponde a industria liviana a mediana y mediana a pesada, que genera impacto ambiental y urbanístico en su área de influencia. También se permiten usos compatibles y condicionados diferentes a los autorizados en el área rural.
Fl. 11 c.p.
Fls. 210 a 223 del cuaderno 1 anexo – Estudio de avalúos y de mercado realizado por CIDETER.
Fls. 212 y 213 cuaderno 1 anexo.
Fls. 216 a 223 cuaderno 1 anexo.
Fls. 98 y 99 cuaderno 2 anexo.
Fls. 107 y 108 c.p. (correspondientes al dictamen pericial)
Arts. 75 de la Ley 388 de 1997 y 25 de la Resolución 620 de 2008 del IGAC.
Sentencia del 3 de mayo de 2018, Exp. 21836.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.