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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-31-000-2008-00659-01

Acción de reparación directa

Fecha
10 de abril de 2019
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-31-000-2008-00659-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA EN EL SERVICIO ‘POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA’, por el vencimiento del término y el impulso indebido del proceso penal, por parte de la Fiscalía Local de Silvania Cundinamarca, que dio lugar al decreto de la prescripción de la acción penal”. SEGUNDA.- Solicitó que se condena a las demandadas a pagarle a título de perjuicios morales el equivalente a 100 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes “para la fecha en que se profiera la respectiva sentencia, o le mayor valor que legal o jurisprudencialmente se encuentre siendo reconocido” TERCERA.- Pidió que se condena a las demandadas a pagar los perjuicios materiales en cuantía de $2.200.000 por concepto de daño emergente y $286.000.000 como indemnización de “la pérdida de la oportunidad que el actor tenía de ser resarcido por los perjuicios morales sufridos con ocasión del delito del que fue víctima, (en su equivalente a 1000 salarios mínimos legales vigentes para el año 2001, época de la comisión del delito de conformidad con el artículo 97 de la Ley 599 de 2000)”. CUARTA.- Reclamó que las sumas de dinero se le pagaran debidamente indexadas a partir de octubre de 2001 y que se condene a las entidades convocadas al pago de las costas del proceso. 2. Como hechos que fundamentan las pretensiones, la parte demandante expuso que: el 9 de octubre de 2001 sobre la Vía Panamericana que de Subia conduce a Bogotá, Flavio Roberto Enríquez, que entonces se dedicaba a la venta ambulante, le solicitó al conductor del bus de servicio público de placas SOA-316 afiliado a la compañía La Orteguna, que le permitiera subir al automotor a vender su mercancía. Cuando el Bus inició la marcha el demandante le solicitó al conductor que parara para que pudiera bajarse, “recibiendo como respuesta que se lanzara del automotor en movimiento, pues no se iba a detener”. Indicó que “No quedándole otra opción, el señor Flavio Enríquez, bajó del vehículo en movimiento, con tan mala fortuna, que perdió el equilibrio, y cayó al piso, pasándole las llantas cerca de su humanidad, sufriendo lesiones en su humanidad”. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-31-000-2008-00659-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

10 de abril de 2019

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO DERIVADO DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA / DAÑO DERIVADO DE LA EXPEDICIÓN DE LEYES / MODULACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL / RETROACTIVIDAD DE LA SENTENCIA – Excepción

Limitado el problema jurídico a establecer si la declaratoria de inconstitucionalidad de una ley es condición necesaria y suficiente para que pueda llamarse a responder al Estado por los daños que se deriven de su aplicación, desde ya se advierte que el argumento del demandante contrasta con la posición que, de manera mayoritaria, adoptó recientemente la Sala Plena de esta Corporación […] [L]a Sala Plena de lo Contencioso Administrativo concluyó, recogiendo así la tesis de que la declaratoria de inconstitucionalidad habilitaba, sin ninguna otra consideración, para demandar la declaratoria de responsabilidad del Estado, que “…el estudio de la antijuridicidad del daño supuestamente causado por una norma o acto no puede adelantarse al margen del análisis sobre la legalidad de estos últimos”. De manera que si la norma de que se trate es barrida del ordenamiento jurídico con efectos retroactivos “…salta a la vista que habiendo desaparecido por completo el fundamento jurídico directo de la carga impuesta, esta última constituiría un daño que la víctima no está en la obligación de soportar, es decir, se trataría de un típico daño antijurídico” […] Al contrario, cuando el juez de la legalidad –prosiguió el fallo de unificación- determina que “…normas declaradas inconstitucionales sean, temporalmente de obligatorio cumplimiento para los particulares […] lo que significa la declaratoria de inexequibilidad con efectos hacia futuro es que si bien la norma tenía un vicio de inconstitucionalidad, es constitucional mantener su vigencia –y, por ende, su obligatoriedad- entre su expedición y dicha declaratoria, de donde se deriva que durante ese periodo existía la obligación jurídica de asumir las cargas por ella impuesta” […] [S]e advierte que, al momento de modular en el tiempo los efectos de su decisión […] la Corte estableció una excepción a la retroactividad de los alcances de su fallo de inconstitucionalidad, por lo que en línea con las consideraciones precedentes, debe concluirse que respecto de las situaciones contempladas por dicha salvedad (esto es: los procesos en los que ya se había declarado la prescripción, como acá) existía para los ciudadanos la obligación de soportar los efectos propios de la aplicación de la norma. En ese orden de ideas, la aplicación del artículo 531 de la Ley 906 de 2004, antes de que dicha norma fuera declarada inconstitucional por la Corte Constitucional, no puede ser alegada como un hecho generador de daños, toda vez que la vigencia y aplicación de esa norma jurídica comportaba una carga absolutamente general que, por ende, tenían que soportar todas las personas involucradas dentro de la correspondiente actuación penal […] De forma inequívoca, el actor reclamó que se condenara patrimonialmente al Estado como consecuencia de haber expedido una norma que, a la postre, fue declarada inconstitucional, planteamiento que releva a la Sala de un análisis sobre las alternativas que acaban de mencionarse y frente al cual basta reiterar que la inconstitucionalidad sobrevenida es, por sí sola, insuficiente para que se declare la responsabilidad del Estado, en la medida en que el análisis de la antijuridicidad del daño no puede prescindir de los efectos que la Corte Constitucional, en ejercicio de una potestad legal, le haya otorgado a su decisión.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la responsabilidad del Estado por hecho del legislador, cita sentencia de 13 de marzo de 2018, rad., 25000-23-26-000-2003-00208-01, en el mismo sentido 21 de marzo de 2018, rad., 25000-23-26-000-2003-00206-01.

DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

En el estudio de estos casos la jurisprudencia tiene dicho que, para determinar si “hay lugar a la responsabilidad del Estado por el retardo en la adopción de las decisiones judiciales, debe decidirse si la mora estuvo o no justificada, conclusión a la cual se llegará luego de señalar la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como haya sido llevado el caso, el volumen de trabajo que tenga el despacho de conocimiento y los estándares de funcionamiento, que no están referidos a los términos que se señalan en la ley, sino al promedio de duración de los procesos del tipo por el que se demanda la mora, ya que este es un asunto que hay que tratar no desde un Estado ideal sino desde la propia realidad de una administración de justicia con problemas de congestión, derivados de una demanda que supera la limitación de recursos humanos y materiales disponibles para atenderla ” […] [L]a Sala observa que, de la misma forma como se comprueba un actuar regular u ordinario de las partes e intervinientes, la Fiscalía le dio impulso a las actuaciones dentro de términos razonables, sin que se advierta que en algún momento se hubiera desentendido de manera ostensible e injustificada del impulso de la actuación. En ese orden de ideas, así como el daño no puede ser atribuible al comportamiento de las partes, tampoco sería una consecuencia directa y exclusiva del funcionamiento de la Fiscalía. De modo que la causa adecuada de la terminación del proceso obedece, antes que a la mora del impulso de la actuación por parte de la Fiscalía, a la reducción legislativa del término de la prescripción de la acción penal en una cuarta parte. En otras palabras, descartada la presencia de un defectuoso funcionamiento de la Fiscalía en el ejercicio de sus competencias, para esta Corporación es claro que la reducción del término de decadencia de la acción penal, por obvias razones, tendría repercucuiones sobre la oportunidad con la que las autoridades contaban para el impulso de la investigación en la que el demandante había sido reconocido como parte civil.

VALOR PROBATORIO DE LAS COPIAS AUTENTICAS – No está condicionado por el tiempo

[E]l mérito probatorio de las copias auténticas, como lo expone el recurrente, no está condicionado en el tiempo. Tal precisión no la hace la Ley, por lo menos en lo que a las copias de actuaciones judiciales concierne, de manera que es posible razonar que una copia auténtica será válida al margen de que el acto formal de autenticación haya ocurrido con anterioridad al trámite dentro de la cual esté destinada a servir como prueba. En ese orden, nadie discutiría el mérito probatorio de las copias auténticas del proceso penal en el evento de que las mismas hubieran sido aportadas con la demanda […] De manera que Tribunal Administrativo no podía alegar la época de expedición de las copias auténticas para restarles valor probatorio; al hacerlo, incurrió en un error conceptual que lo condujo a desestimar un elemento de juicio que, en criterio de la Sala, cumplía los unos presupuestos mínimos para tener la condición de prueba dentro del proceso. En efecto, descartado que la época de expedición de las copias configure impedimento para conferirles aptitud demostrativa, el que esos documentos hayan sido allegados sin el auto del Juez que las autorizó u ordenó (como lo previenen los artículos 115 y 254 del Código de Procedimiento Civil) aunque a primera vista revelaría un defecto en la producción de esa prueba, con la correlativa disminución de su eficacia, tal conclusión para la Sala es apenas preliminar. Lo anterior debido a que no toda desatención de las reglas que gobiernan la producción de los elementos de juicio implica, sin más, que la prueba deba ser descatalogada del indice de elementos de juicio con los que cuente el proceso […] [H]ay que sopesar la vulneración de que se trate con el derecho a la prueba que tienen las partes y, en general, propiciar un análisis orientado a verificar si, no obastante el defecto en la producción u aportación de una determinada prueba, en todo caso se respetaron principios de incuestionada vigencia como el de publicidad y contradicción, de donde la irregularidad devendrá intrascendente y, precisamente por esa falta de sustantividad, puede entenderse subsanada.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 115 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 254

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA

Bogotá, D.C., diez (10) de abril de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 25000-23-31-000-2008-00659-01(40301)

Actor: FLAVIO ROBERTO ENRÍQUEZ GÓMEZ

Demandado: NACIÓN - CONGRESO GENERAL DE LA REPÚBLICA - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

TEMAS: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – DOCUMENTOS autenticidad de copias de actuaciones judiciales / RESPONSABILIDAD POR EL HECHO DEL LEGISLADOR – antijuridicidad del daño y efectos de la sentencia de inconstitucionalidad / RESPONSABILIDAD POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SÍNTESIS DEL CASO: Flavio Roberto Enríquez Gómez promovió acción de reparación directa contra el Congreso de la República y la Fiscalía General de la Nación para que se declara que son responsables, respectivamente, por expedir una ley inconstitucional que redujo los términos de prescripción de la acción penal y por haber tramitado inadecuadamente la investigación que terminó con declaratoria de la prescripción.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 22 de septiembre de 2010, mediante la cual se resolvió:

“PRIMERO: Negar las pretensiones de la demanda…”.

Contenido: 1. Antecedentes - 2. Consideraciones

ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. La demanda y el trámite de primera instancia – 1.2. Recurso de apelación y trámite de segunda instancia

1.1. La demanda y el trámite de primera instancia

1. El 5 de diciembre de 2008 Flavio Roberto Enríquez Gómez, por intermedio de apoderado judicial, presentó acción de reparación directa en contra del Congreso de la República y la Fiscalía General de la Nación, con el objeto de que se les declarara administrativamente responsables “por Falla del servicio por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y hecho del legislador”. En síntesis, persiguió las siguientes declaraciones y condenas:

PRIMERA.- Que la Nación Congreso de la Republica y la Fiscalía General de la Nación (se transcribe) “son responsables administrativamente de los perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante) y morales sufridos por el demandante (…) originados por FALLA EN EL SERVICIO DEL LEGISLADOR, en virtud de la aprobación del artículo 531 de la Ley 906 de 2004 (Nuevo Código de Procedimiento Penal), por medio del cual se dio vía libre al “Proceso de descongestión, depuración y liquidación de procesos.” y se permitió que “…Los términos de prescripción y caducidad de las acciones que hubiesen tenido ocurrencia antes de la entrada en vigencia de este código, serán reducidos en una cuarta parte que se restará de los términos fijados en la ley. En ningún caso el término prescriptivo podrá ser inferior a tres (3) años. En las investigaciones previas a cargo de la Fiscalía y en las cuales hayan transcurrido cuatro (4) años desde la comisión de la conducta, salvo las exceptuadas en el siguiente inciso por su naturaleza, se aplicará la prescripción”, norma en la que se amparó el Juzgado Unidad Judicial de Silvania y Tibacuy Cundimanarca, para decretar la prescripción de la acción penal por lesiones personales culposas y el consecuente archivo del proceso en el que el demandante estaba constituido como parte civil, pero que fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-1033 del 5 de diciembre de 2006. Pidió asimismo que se declarara una “FALLA EN EL SERVICIO ‘POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA’, por el vencimiento del término y el impulso indebido del proceso penal, por parte de la Fiscalía Local de Silvania Cundinamarca, que dio lugar al decreto de la prescripción de la acción penal”.
SEGUNDA.- Solicitó que se condena a las demandadas a pagarle a título de perjuicios morales el equivalente a 100 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes “para la fecha en que se profiera la respectiva sentencia, o le mayor valor que legal o jurisprudencialmente se encuentre siendo reconocido”
TERCERA.- Pidió que se condena a las demandadas a pagar los perjuicios materiales en cuantía de $2.200.000 por concepto de daño emergente y $286.000.000 como indemnización de “la pérdida de la oportunidad que el actor tenía de ser resarcido por los perjuicios morales sufridos con ocasión del delito del que fue víctima, (en su equivalente a 1000 salarios mínimos legales vigentes para el año 2001, época de la comisión del delito de conformidad con el artículo 97 de la Ley 599 de 2000)”.
CUARTA.- Reclamó que las sumas de dinero se le pagaran debidamente indexadas a partir de octubre de 2001 y que se condene a las entidades convocadas al pago de las costas del proceso.

2. Como hechos que fundamentan las pretensiones, la parte demandante expuso que: el 9 de octubre de 2001 sobre la Vía Panamericana que de Subia conduce a Bogotá, Flavio Roberto Enríquez, que entonces se dedicaba a la venta ambulante, le solicitó al conductor del bus de servicio público de placas SOA-316 afiliado a la compañía La Orteguna, que le permitiera subir al automotor a vender su mercancía. Cuando el Bus inició la marcha el demandante le solicitó al conductor que parara para que pudiera bajarse, “recibiendo como respuesta que se lanzara del automotor en movimiento, pues no se iba a detener”. Indicó que “No quedándole otra opción, el señor Flavio Enríquez, bajó del vehículo en movimiento, con tan mala fortuna, que perdió el equilibrio, y cayó al piso, pasándole las llantas cerca de su humanidad, sufriendo lesiones en su humanidad”.

3. Por esos hechos y en virtud del informe de policía Judicial, la Fiscalía Local del Municipio de Silvania dio apertura a investigación preliminar en contra del conductor del bus. El 7 de octubre de 2004 el representante judicial de la víctima solicitó el cierre de la instrucción, a lo cual accedió el despacho que corrió traslado a las partes para “presentar alegatos previos a la calificación”. El 21 de diciembre de 2004 se profirió resolución de acusación contra Evelio Sánchez por el delito de lesiones personales culposas.

4. El 24 de febrero de 2005 el Juzgado Unidad Judicial Municipal de Silvania y Tibacuy (Cundinamarca) avocó conocimiento de las actuaciones y el 21 de diciembre de 2006, en audiencia pública de Juzgamiento, la Fiscal delegada solicitó la aplicación de la prescripción del artículo 531 de la Ley 906 de 2004, por medio de la cual se redujo el término de esta en una cuarta parte. Tal solicitud fue acogida por el despacho en providencia de 16 de marzo de 2007, por lo que declaró que la acción penal estaba prescrita y terminó el proceso.

5. La Corte Constitucional conoció una demanda de inconstitucionalidad contra el referido artículo y en sentencia C-1033/06 declaró inexequibles sus numerales 1 y 2. En virtud de lo anterior, a juicio del demandante existió “…falla en el servicio tanto del legislador, por la aprobación del referido artículo 531, con el cual se generó impunidad y se causó perjuicios a las víctimas, específicamente a mi representado, al igual que falla del servicio por defectuoso funcionamiento en la administración de justicia, presentado por la Fiscalía General de la Nación, quien dio lugar al vencimiento de los términos, por la mora en la prestación del servicio y en el adelantamiento de las actuaciones a su cargo”.

6. La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante auto de 3 de junio de 2009.

7. La Fiscalía General de la Nación contestó la demanda y se opuso a las pretensiones alegando que no tiene el deber de “…responder ni administrativa ni patrimonialmente de la expedición de las leyes que le corresponde hacer al Congreso de la República”; agregó que “…no se evidencia ni incuria ni mora alguna en el actuar de los servidores públicos que conocieron del proceso penal” y que no se probó “…debida ni plenamente la conculcación, ni la afectación directa y personal del eventual daño”.

8. El Congreso de la Republica propuso las defensas de: “Inexistencia de responsabilidad del congreso por el hecho de la ley”, en el sentido de que “…no es responsable por el hecho de la expedición de las leyes, cuando llegaren a causar daño alguno a personas naturales o jurídicas por cuanto tal cometido lo hacen en cumplimiento de una norma de carácter constitucional…”. Y la de “Cobro de lo no debido. Inexistencia de daño antijurídico”, que soportó en que la expedición de la Ley 906 de 2004 fue un acto legítimo que, por lo mismo, no causó ningún daño.

9. El plazo para descorrer el traslado de las excepciones corrió en silencio. Recolectados los elementos de juicio y presentados por el demandante y el Congreso de la República alegatos de conclusión, en sentencia de 22 de septiembre de 2010 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca denegó las pretensiones de la demanda.

10. En lo pertinente, consideró que “…las pruebas allegadas al expediente, indispensables para demostrar el supuesto de hecho alegado en la demanda, concretamente las copias del proceso penal que cursó ante la Unidad Judicial Municipal de Silvania y Tibacuy, se encuentran en su totalidad en copia simple, por lo que esta Colegiatura observa que el señor apoderado de la parte actora desconoció lo señalado por esta Corporación en el auto de 10 de diciembre de 2009 (fl. 72 cuaderno principal), en relación con los requisitos de autenticidad del acervo probatorio”.

11. Indicó el Tribunal que en los cuadernos 2 y 3 reposaban copias simples del proceso penal; y ostentaban esa condición porque “…a pesar de que las mismas fueron acompañadas de una certificación suscrita por el señor Secretario de la Unidad Judicial Municipal de Silvania y Tibacuy, emitida el 30 de mayo de 2008 (…) su aducción al proceso, aunque lícita, fue fruto de la iniciativa espontánea del apoderado del demandante, quien solicitó tales documentos en el Juzgado en mención (hipótesis del numeral 5 del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil) y las aportó como anexos de la demanda, mas no fueron incorporadas al proceso con ocasión de un auto que las ordenara (hipótesis del numeral 7 del artículo 115 ibídem), circunstancia por la que, en los términos de la norma citada, “no tendrán valor probatorio de ninguna clase”.

12. Por las razones expuestas, como la parte demandante “…no se esforzó en demostrar el patrón fáctico con que sustentó su demanda”, y en consideración a que lo deseable habría sido solicitar las aludidas copias en el acápite probatorio de la demanda, el Tribunal denegó las pretensiones.

Recurso de apelación y trámite de segunda instancia

13. La parte demandante apeló la decisión para que se revocara y en su lugar se accediera a las pretensiones con fundamento en los siguientes argumentos:

14. A su juicio, a pesar de que con el libelo se allegaron “copias simples e informales del renombrado proceso penal, el Tribunal ordenó oficiar al despacho en donde se encontraban, con el fin de que remitiera las mismas pero auténticas” de manera que esa prueba se decretó por petición del demandante que, además, tramitó el oficio respectivo.

15. En relación con las copias auténticas aportadas al proceso el 22 de abril de 2010, sostuvo que se allegaron al plenario estando en curso el debate probatorio, de manera legal y oportuna, e indicó que las certificaciones que de ellas hizo el Secretario del Juzgado Unidad Judicial Municipal de Silvania Cundinamarca el 30 de mayo de 2008 tienen plena validez, habida cuenta que no existe un término legal de vigencia de la autenticidad de esos documentos.

16. Solicitó, entonces, que se acceda a las pretensiones ya que, en su entender, están reunidos los presupuestos de la responsabilidad del Estado por la promulgación de una ley inconstitucional, así como los perjuicios relacionados con la deficiente prestación del servicio de justicia.

17. Por auto de 25 de febrero de 2011 el despacho admitió la apelación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia y mediante providencia de 4 de mayo de 2010 corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto de fondo.

18. El Congreso de la República, además de respaldar las razones del a quo y reiterar en lo fundamental los argumentos que soportaron sus excepciones, indicó que, no obstante que la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del artículo 531 dela Ley 906 de 2004, al referirse a los efectos retroactivos de la sentencia consideró que cobijaría los procesos en los que no se hubiera concretado la prescripción. Agregó con respaldo en una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que decidió un asunto similar que, en este caso era posible sostener que el Congreso no había ocasionado un daño especial al expedir el artículo 531 de la Ley 906 de 2004, en la medida en que mientras estuvo vigente esa norma todos los administrados de los cuales podían predicarse sus supuestos se vieron sometidos a sus efectos jurídicos.

19. La Fiscalía General de la Nación coadyuvó asimismo las conclusiones del Tribunal en relación con el incumplimiento por parte del demandante de la carga de la prueba.

20. El Ministerio Público estimó que, si bien las copias del proceso penal debieron ser objeto de valoración, en todo caso la sentencia tenía que ser adversa al demandante, porque no toda declaratoria de inconstitucionalidad implica responsabilidad estatal. Y en punto al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, estimó que no se probó la demora injustificada en el trámite de la acción penal.

21. El consejero Ramiro Pazos Guerrero, en auto de 29 de marzo de 2019, manifestó a la Sala su impedimento para conocer del asunto, dado que participó en la decisión de primera instancia. Dicho impedimento fue declarado fundado en providencia de la misma fecha.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Presupuestos procesales 2.2. Planteamiento del problema jurídico 2.3. La aptitud demostrativa de las copias allegadas en primera instancia 2.4. Análisis de la responsabilidad en el caso concreto. 2.4.1. Antijuridicidad del daño en relación con el Congreso de la República. 2.4.2. Antijuridicidad del daño en relación con la actuación de la Fiscalía General de la Nación. 2.5. Sobre la condena en costas.

2.1. Presupuestos procesales

22. El presente asunto es de conocimiento de esta jurisdicción por ser las demandadas – Congreso de la República y Fiscalía General de la Nación – entidades públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, norma vigente en el momento de la presentación de la demanda.

23. Esta Corporación es además competente para conocer el recurso de apelación interpuesto en este proceso de doble instancia, seguido ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tal como lo dispone el artículo 129 del C.C.A., habida cuenta que la cuantía de la demanda alcanza la exigida en vigencia de la Ley 446 de 1998 para que esta Sala conozca de la acción de reparación directa.

24. En relación con la oportunidad para el ejercicio de la acción, se advierte que la misma se promovió en el término consagrado en el artículo 136 del C.C.A., por lo cual no operó el fenómeno jurídico de caducidad de la acción, puesto que, para el caso concreto, el hecho dañoso ocurrió en el mes de marzo de 2007 y la demanda fue radicada el 5 de diciembre de 2008.

25. A propósito de la legitimación activa en la causa, corrobora la Sala que el demandante no sólo obra dentro del proceso reconocido formalmente como tal, sino que se encuentra facultado por el ordenamiento jurídico para promover la presente acción de reparación directa al tener, de conformidad con los hechos y pretensiones de la demanda, la condición de titular del interés que es materia de la controversia, como presunta víctima de las actuaciones irregulares de las entidades demandadas.

26. En lo que tiene que ver con la legitimación pasiva en la causa, observa esta Corporación que la demanda se dirigió contra los presuntos responsables de los daños y, por ende, sujetos pasivos de la relación jurídica debatida en el proceso: el Congreso de la República por expedir una ley inconstitucional y la Fiscalía General de la Nación por el inadecuado impulso que le dio a la investigación penal.

2.2. Planteamiento del problema jurídico

27. El demandante impugnó la Sentencia de primera instancia en la que se denegaron sus pretensiones por deficiencias en el cumplimiento de la carga de la prueba. En la sustentación del recurso alegó, en síntesis, que las copias del proceso penal que allegó en curso de la primera instancia son documentos auténticos y que, como tales, debió valorarlos el Tribunal.

28. Despejado lo anterior, el recurrente solicitó que se accediera a las pretensiones ya que la declaración de inconstitucionalidad del artículo 531 de la Ley 906 de 2004, como el incumplimiento de los términos previstos para que se adelantara la investigación penal, eran circunstancias que perjudicaron al demandante “al no haber podido conocer la verdad, recibir justicia e indemnización de perjuicios”.

29. En ese mismo orden desarrollará las consideraciones esta Sala. En un primer momento, se estudiará la aptitud demostrativa de las copias del proceso penal donde el demandante afirma que se constituyó parte civil; y como desde ya se anticipa que las alegaciones al respecto son fundadas, este Sala abordará de fondo el mérito de la controversia, esto es: de una parte analizará si existe responsabilidad del Congreso de la República por la expedición de una ley declarada inconstitucional; y de la otra, estudiará si, como lo alegó el demandante, se presentó un inadecuado impulso de la actución penal por parte de la fiscalía, con incidencias sobre la declaratoria de prescripción.

2.3. La aptitud demostrativa de las copias allegadas en primera instancia

30. A juicio de la Sala los eventuales defectos que se presentaron en la aducción de las copias de la actuación penal seguida contra Evelio Sánchez, como se verá enseguida, no fueron de una entidad tal que impusiera desestimar por completo el mérito probatorio de esos documentos.

31. Para comenzar, es preciso poner de presente que en el auto que abrió a pruebas el proceso, además de que -contrario a lo que se aseveró en la decisión apelada- el Tribunal Administrativo ordenó oficiar al “Juzgado Unidad Judicial Municipal de Silvania Cundinamarca” con el propósito de que allegara copia auténtica de la totalidad de la causa penal, allí se advirtió a las partes en el sentido de que “tienen la carga procesal de allegar en copia auténtica los documentos que con la demanda y su contestación hayan sido aportados en copia simple…”.

32. En línea con lo anterior, al margen de que no se encuentra que con la demanda se hubiera acompañado (como se aseveró en la sentencia y se admitió en la apelación), copias simples del proceso penal, lo cierto es que el auto de pruebas ordenó que se oficiara a la autoridad competente a fin de que allegara copias auténticas de esa causa.

33. Ello pone en evidencia que en este asunto lo que adquirió relevancia para efectos probatorios era que las copias que se allegaran tuvieran el mismo valor probatorio que el original, en síntesis: que fueran auténticas, de manera que si así ocurría, cumpliendose la finalidad esperada, las mismas debían ser tenidas como pruebas en virtud del principio de instrumentalidad de las formas.

34. Las reproducciones que se aportaron al proceso el 22 de abril de 2010 fueron autenticadas por el Secretario del Juzgado Penal en fecha anterior (30 de mayo de 2008) al auto en el que el Tribunal Administrativo decretó las pruebas en esta causa (10 de diciembre de 2009). Empero, esa circunstancia, contrario a lo que sugirió el Tribunal en la sentencia apelada, no determinaba que carecieran de autenticidad y, por ende, de eficacia demostrativa.

35. Las cosas son de ese modo porque el mérito probatorio de las copias auténticas, como lo expone el recurrente, no está condicionado en el tiempo. Tal precisión no la hace la Ley, por lo menos en lo que a las copias de actuaciones judiciales concierne, de manera que es posible razonar que una copia auténtica será válida al margen de que el acto formal de autenticación haya ocurrido con anterioridad al trámite dentro de la cual esté destinada a servir como prueba.

36. En ese orden, nadie discutiría el mérito probatorio de las copias auténticas del proceso penal en el evento de que las mismas hubieran sido aportadas con la demanda. Por lo mismo, el hecho de que las que se allegaron tuvieran fecha de expedición anterior al auto por medio del cual ordenó que se allegaran al proceso, es una situación que no los despoja de su naturaleza y alcances, pues ya eran auténticas al margen de la existencia del proceso en el que se solicitaron como prueba.

37. De manera que Tribunal Administrativo no podía alegar la época de expedición de las copias auténticas para restarles valor probatorio; al hacerlo, incurrió en un error conceptual que lo condujo a desestimar un elemento de juicio que, en criterio de la Sala, cumplía los unos presupuestos mínimos para tener la condición de prueba dentro del proceso.

38. En efecto, descartado que la época de expedición de las copias configure impedimento para conferirles aptitud demostrativa, el que esos documentos hayan sido allegados sin el auto del Juez que las autorizó u ordenó (como lo previenen los artículos 115 y 254 del Código de Procedimiento Civil) aunque a primera vista revelaría un defecto en la producción de esa prueba, con la correlativa disminución de su eficacia, tal conclusión para la Sala es apenas preliminar.

39. Lo anterior debido a que no toda desatención de las reglas que gobiernan la producción de los elementos de juicio implica, sin más, que la prueba deba ser descatalogada del indice de elementos de juicio con los que cuente el proceso.

40. Así, en desarrollo de una idea sentada en líneas precedentes, con excepción de los casos en los que la prueba sea obtenida en franca vulneración de derechos fundamentales o de principios procesales, en donde no cabe discutir la aplicación de la máxima constitucional conforme a la cual “…es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso” (art. 29), los demás supuestos exigen integrar al razonamiento, consideraciones que van más allá de la comprobada inobservancia de una determinada disposición jurídica.

41. En otros términos, hay que sopesar la vulneración de que se trate con el derecho a la prueba que tienen las partes y, en general, propiciar un análisis orientado a verificar si, no obastante el defecto en la producción u aportación de una determinada prueba, en todo caso se respetaron principios de incuestionada vigencia como el de publicidad y contradicción, de donde la irregularidad devendrá intrascendente y, precisamente por esa falta de sustantividad, puede entenderse subsanada.

42. En el asunto que concentra la atención de la Sala, las copias del proceso penal se ellegaron al expediente de manera pública, toda vez que la parte demandante las provocó mediante un memorial en el que, a la vez, desistía de la práctica de unos testimonios; y aunque es cierto que, de esos documentos no se corrió traslado, ya que en la providencia que enseguida profirió el Tribunal Administrativo se limitó a aceptar el desistimiento de la prueba testimonial, dichas copias llegaron a integrar el expediente en momentos en los que la fase instructiva aún estaba abierta. No se observa, por lo demás, que alguna de las partes o el Tribunal hubieran reparado en los defectos en los que, a la postre, se fundamentó el a quo para denegar las pretensiones.

43. En conclusión, nada impedía que las copias del proceso penal aportadas de manera espontánea por la parte demandante sirvieran como elemento de juicio para el análisis de las pretensiones de la demanda. De un lado porque, se insiste, no era imperioso que hubieran sido expedidas con posterioridad al auto que abrió a pruebas el proceso; del otro, porque la falta del auto del juez penal ordenando su expedición no comportó en este caso una conculcación efectiva y grave de garantías procesales.

44. La ausencia de ilegalidad en la incorporación de esos documentos se refuerza todavía más si se considera que, con la expedición del Código General del Proceso (normativa que sucedió en el tiempo a la que el Tribunal utilizó en su momento) no es necesario que medie orden o autorización del juez como presupuesto de validez de las copias auténticas, evolución que no puede ser desconocida por esta Corporación con miras a evidenciar el verdadero alcance que esa omisión pudo llegar a tener.

2.4. Análisis de la responsabilidad en el caso concreto

45. Como le asiste razón al demandante en su ataque contra la tesis fundamental de la sentencia recurrida, la Sala entrará a estudiar las pretensiones de la demanda, en la que se invoca el hecho del legislador y la deficiente prestación del servicio de administración de justicia como fuentes de los daños cuya indemnización se persigue.

46. En la demanda se reclamó de manera expresa una indemnización por “…la pérdida de la oportunidad que el actor tenía de ser resarcido por los perjuicios morales sufridos con ocasión del delito del que fue víctima”, daño derivado de la aplicación de una Ley (art. 531 L. 906 de 2004) posteriormente declarada inconstitucional, como del inadecuado trámite de la actuación penal en la que esa norma fue tenida en cuenta.

47. La Sala no determinará si el demandante experimentó o no una pérdida de oportunidad, en la medida en que, como pasa a explicarse a continuación, los daños que alegó padecer no tienen la condición de ser antijurídicos.

2.4.1. Antijuridicidad del daño en relación con el Congreso de la República

48. Flavio Roberto Enríquez pidió que se declarara que el Estado es responsable como consecuencia de haber expedido un artículo declarado inconstitucional (el artículo 531 de la Ley 906 de 2004), norma jurídica que se usó como fundamento para la terminación de la acción penal adelantada contra Evelio Sánchez por el delito de lesiones personales culposas.

49. Limitado el problema jurídico a establecer si la declaratoria de inconstitucionalidad de una ley es condición necesaria y suficiente para que pueda llamarse a responder al Estado por los daños que se deriven de su aplicación, desde ya se advierte que el argumento del demandante contrasta con la posición que, de manera mayoritaria, adoptó recientemente la Sala Plena de esta Corporación.

50. En efecto, en Sentencia de 13 de marzo de 2018 (y en idéntico sentido el fallo del 21 de marzo de ese mismo año), el Consejo de Estado se dio por tarea “…determinar si hay lugar a declarar la responsabilidad de la Nación-Congreso de la República por los daños que haya podido causar la expedición de una ley posteriormente declarada inexequible, sin efectos retroactivos por la Corte Constitucional”, lo anterior “…teniendo en cuenta que, en relación con este tema, la Corporación ya ha proferido varias decisiones, algunas de ellas en sentido distinto”.

51. En lo pertinente, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo concluyó, recogiendo así la tesis de que la declaratoria de inconstitucionalidad habilitaba, sin ninguna otra consideración, para demandar la declaratoria de responsabilidad del Estado, que “…el estudio de la antijuridicidad del daño supuestamente causado por una norma o acto no puede adelantarse al margen del análisis sobre la legalidad de estos últimos”. De manera que si la norma de que se trate es barrida del ordenamiento jurídico con efectos retroactivos “…salta a la vista que habiendo desaparecido por completo el fundamento jurídico directo de la carga impuesta, esta última constituiría un daño que la víctima no está en la obligación de soportar, es decir, se trataría de un típico daño antijurídico” –se resalta-

52. Al contrario, cuando el juez de la legalidad –prosiguió el fallo de unificación- determina que “…normas declaradas inconstitucionales sean, temporalmente de obligatorio cumplimiento para los particulares (…)[ , ] lo que significa la declaratoria de inexequibilidad con efectos hacia futuro es que si bien la norma tenía un vicio de inconstitucionalidad, es constitucional mantener su vigencia –y, por ende, su obligatoriedad- entre su expedición y dicha declaratoria, de donde se deriva que durante ese periodo existía la obligación jurídica de asumir las cargas por ella impuesta”.

53. En ese orden de ideas, como “…la decisión que se adopta sobre la constitucionalidad de la norma lleva implícita una decisión sobre la constitucionalidad de sus efectos”, en el caso que ocupa la atención de la Sala, la Corte Constitucional declaró “INEXEQUIBLE el artículo 531 de la Ley 906 de 2004 ‘por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal’, a partir de la fecha de publicación de la Ley 906 de 2004”. A primera vista, entonces, los presuntos daños de los que se queja el demandante, ocasionados con la expedición de dicho artículo, podrían considerarse antijurídicos.

54. No obstante, se advierte que, al momento de modular en el tiempo los efectos de su decisión (potestad que encuentra respaldo en el artículo 45 de la Ley 270 de 1996), la Corte Constitucional indicó lo siguiente: “…es claro que los efectos retroactivos de la sentencia se aplicarán es en aquellos procesos en los que no se haya ya concretado la prescripción o caducidad especial cuya inexequibilidad se decreta”.

55. Como se observa, la Corte estableció una excepción a la retroactividad de los alcances de su fallo de inconstitucionalidad, por lo que en línea con las consideraciones precedentes, debe concluirse que respecto de las situaciones contempladas por dicha salvedad (esto es: los procesos en los que ya se había declarado la prescripción, como acá) existía para los ciudadanos la obligación de soportar los efectos propios de la aplicación de la norma.

56. En ese orden de ideas, la aplicación del artículo 531 de la Ley 906 de 2004, antes de que dicha norma fuera declarada inconstitucional por la Corte Constitucional, no puede ser alegada como un hecho generador de daños, toda vez que la vigencia y aplicación de esa norma jurídica comportaba una carga absolutamente general que, por ende, tenían que soportar todas las personas involucradas dentro de la correspondiente actuación penal.

57. En este punto de las consideraciones es importante poner de presente que el demandante no cuestionó las razones por las cuales la Corte Constitucional decidió establecer una excepción a los efectos retroactivos de la inconstitucionalidad, en los términos que acaban de indicarse; tampoco alegó que en su caso no era aplicable dicha excepción, lo cual sería indicativo de un error judicial, ni planteó que, al margen de la validez de la norma, su aplicación le irrogó un daño especial.

58. De forma inequívoca, el actor reclamó que se condenara patrimonialmente al Estado como consecuencia de haber expedido una norma que, a la postre, fue declarada inconstitucional, planteamiento que releva a la Sala de un análisis sobre las alternativas que acaban de mencionarse y frente al cual basta reiterar que la inconstitucionalidad sobrevenida es, por sí sola, insuficiente para que se declare la responsabilidad del Estado, en la medida en que el análisis de la antijuridicidad del daño no puede prescindir de los efectos que la Corte Constitucional, en ejercicio de una potestad legal, le haya otorgado a su decisión.

2.4.2. Antijuridicidad del daño en relación con la actuación de la Fiscalía General de la Nación

59. A pesar de que la terminación del proceso en las condiciones anotadas le cerró al demandante la posibilidad de reclamar la indemnización de los perjuicios derivados del delito, advierte la Sala que esa situación no sobrevino como consecuencia directa de una demora injusatificada de la Fiscalía en el impulso de la acción penal, por lo que desde esta óptica los daños que alegó haber padecido tampoco serían antijurídicos.

60. En el estudio de estos casos la jurisprudencia tiene dicho que, para determinar si “hay lugar a la responsabilidad del Estado por el retardo en la adopción de las decisiones judiciales, debe decidirse si la mora estuvo o no justificada, conclusión a la cual se llegará luego de señalar la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como haya sido llevado el caso, el volumen de trabajo que tenga el despacho de conocimiento y los estándares de funcionamiento, que no están referidos a los términos que se señalan en la ley, sino al promedio de duración de los procesos del tipo por el que se demanda la mora, ya que este es un asunto que hay que tratar no desde un Estado ideal sino desde la propia realidad de una administración de justicia con problemas de congestión, derivados de una demanda que supera la limitación de recursos humanos y materiales disponibles para atenderla”.

61. El estudio de la actuación penal no pone en evidencia la hipótesis tipificada en el artículo 69 de la Ley 270 de 1996. En efecto, se observa que una vez que Flavio Roberto Enríquez fue admitido como parte civil, en ejercicio de sus prerrogativas realizó el llamamiento en garantía de la aseguradora y solicitó la vinculación de terceros civilmente responsables (del dueño del vehículo y de la empresa afiliadora); solicitó pruebas y promovió otras actuaciones que corresponden –todas- al ejercicio más natural de sus derechos como parte interesada, en todo lo cual no se observa que hubiera incurrido en una utilización disfuncional (abuso del derecho) que repercutiera en una dilación anormal de la investigación.

62. Tampoco se advierte que el investigado o los demás intervinientes, hubieran dilatado en forma flagrante el desarrollo de la investigación que adelantaba la Fiscalía; sus intervenciones y, en general, las conductas que asumieron, no fueron más allá de lo que ordinariamente resultaba previsible en ese tipo de procedimientos.

63. Ahora, desde la perspectiva del ente investigador, la Sala observa que, de la misma forma como se comprueba un actuar regular u ordinario de las partes e intervinientes, la Fiscalía le dio impulso a las actuaciones dentro de términos razonables, sin que se advierta que en algún momento se hubiera desentendido de manera ostensible e injustificada del impulso de la actuación. En ese orden de ideas, así como el daño no puede ser atribuible al comportamiento de las partes, tampoco sería una consecuencia directa y exclusiva del funcionamiento de la Fiscalía.

64. De modo que la causa adecuada de la terminación del proceso obedece, antes que a la mora del impulso de la actuación por parte de la Fiscalía, a la reducción legislativa del término de la prescripción de la acción penal en una cuarta parte.

65. En otras palabras, descartada la presencia de un defectuoso funcionamiento de la Fiscalía en el ejercicio de sus competencias, para esta Corporación es claro que la reducción del término de decadencia de la acción penal, por obvias razones, tendría repercucuiones sobre la oportunidad con la que las autoridades contaban para el impulso de la investigación en la que el demandante había sido reconocido como parte civil.

66. Y como por las razones indicadas, Flavio Roberto Enríquez estaba en la obligación de soportar la aplicación de la norma que redujo el plazo de prescripción, los daños cuya indemnización reclama no tendrían la connotación de antijurídicos, motivo suficiente para denegar las pretensiones de la demanda.

2.5. Sobre la condena en costas

67. La Sala se abstendrá de condenar en costas porque no se dan los supuestos del artículo 171 del Código Contencioso Administrativo.

3. DECISIÓN

68. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR, aunque por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión, la sentencia apelada, proferida el 22 de septiembre de 2010 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

TERCERO: Con cargo a los interesados, expídanse copias de la presente decisión.

CUARTO: por Secretaría, una vez de ejecutoriado este proveído, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ ALBERTO MONTAÑA PLATA

Folios 316 y 317 del cuaderno principal.
Para la época de presentación de la demanda, esto es, 5 de diciembre de 2008, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de $230’750.000, de conformidad con lo previsto en la Ley 446 de 1998, artículo 40, numeral 6º. Para el caso presente, la sola pretensión atinente a la indemnización del daño por pérdida de oportunidad se calculó en $286’000.000.
Principio que, formulado de manera abreviada, consiste en que dice que no es admisible declarar la invalidez de un acto cuando éste cumple la finalidad para la cual estaba destinado, por supuesto, siempre que se respete el derecho de defensa. De allí se extrae el postulado según el cual no toda irregularidad puede calificarse como violación al debido proceso.
Las consideraciones expuestas están en línea con la posición adoptada en sentencia de unificación de 28 de agosto de 2013 (No. Interno 25.022), en la que se expusieron razones que –mutatis mutandis- son predicables de este asunto. Entonces se consideró: “En esa perspectiva, constituye una realidad insoslayable que el moderno derecho procesal parte de bases de confianza e igualdad de armas, en las que los aspectos formales no pueden estar dirigidos a enervar la efectividad del derecho material, sino que deben ser requisitos que garanticen la búsqueda de la certeza en el caso concreto y, por lo tanto, impidan que el juez adopte decisiones denegatorias de pretensiones por exceso ritual manifiesto. Así las cosas, se debe abogar por un derecho procesal dinámico, en el que las partes asuman sus responsabilidades a partir de un escenario serio en el que se defiendan los intereses subjetivos que se debaten al interior del litigio, sin que el operador judicial promueva rigorismos formales que entorpezcan la aplicación del mismo”.
Sentencia de 13 de marzo de 2018, Rad., 250002326000200300208-01 (en el mismo sentido 21 de marzo de 2018, Rad., 250002326000200300206-01).
Ibídem.
Ídem.
Prevé el artículo 98 de la Ley 599 de 2000 que: “La acción civil proveniente de la conducta punible, cuando se ejercita dentro del proceso penal, prescribe, en relación con los penalmente responsables, en tiempo igual al de la prescripción de la respectiva acción penal. En los demás casos, se aplicarán las normas pertinentes de la legislación civil”.
(pie de página de la cita) “Se ha dicho que al Estado se le deben exigir los medios que corresponden a su realidad, haciendo caso omiso de las utopías y de la concepción ideal del Estado perfecto, omnipotente y omnipresente. A esto se ha llamado la teoría de la relatividad del servicio, a fin de no pedir más de lo posible, pero con la misma lógica debe concluirse que el Estado debe todo cuanto esté a su alcance”. Sentencia de 15 de febrero de 1996, M.P. Jesús María Carrillo Ballesteros, expediente 9940”, citada en sentencia de 30 de agosto de 2018 ya citada.

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