Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2002-01794-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2002-01794-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2002-01794-02
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
30 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Expediente: 25000233600020020179402 (69.317)
Demandante: COOTRANSFUN y otro
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
Acción: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia
TEMAS: CONTRATO DE CONCESIÓN - Las adecuaciones de la infraestructura requeridas para
garantizar dicha prestación —entre ellas, la construcción del nuevo horno crematorio—, así como las
demás actividades necesarias para cumplir las obligaciones asumidas, debían ejecutarse por cuenta y
riesgo del Concesionario, conforme a la definición legal del contrato. / PRUEBA DE LA RUPTURA DEL
EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO - Ni el dictamen pericial ni las demás pruebas del
expediente acreditan que, en el balance global del contrato, se haya producido un resultado contable neto
negativo o —desde la perspectiva financiera propia de las concesiones — que las inversiones y costos
asumidos por el Concesionario no pudieran recuperarse con los ingresos derivados de la explotación del
servicio. Ello habría requerido, por ejemplo, un flujo de caja consolidado del proyecto y la verificación de
que su valor presente neto (VPN), descontado a la tasa interna de retorno prevista en la oferta.
Cumplido el trámite de ley, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo
actuado, la Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
La controversia se refiere a un contrato de concesión celebrado para la
administración y operación de los cementerios de propiedad del Distrito Capital. El
concesionario solicitó la reparación de los perjuicios por el retraso en la construcción
de un horno crematorio. Adicionalmente, pidió que se ordenara el pago de una
compensación por la alteración del equilibrio económico del contrato, ocasionada
por el incremento extraordinario en el costo del servicio de recolección de residuos
durante su ejecución.
I. LA SENTENCIA IMPUGNADA
1. El 3 de agosto de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C, profirió la siguiente decisión:
“PRIMERO: DECLARAR probada la CADUCIDAD DE LA DEMANDA DE
RECONVENCIÓN presentada por el Distrito Capital – Unidad Ejecutiva de Servicios
Públicos (UESP), de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la
presente providencia.
SEGUNDO: LIQUIDAR JUDICIALMENTE el contrato de concesión No. 005 de 1995 en
el sentido de NO RECONOCER suma alguna de dinero a la Cooperativa de Trabajo
Asociados del Futuro – COOTRASFUN, en calidad de integrante del consorcio
COOTRASFUN – Carlos J. Silva Bernal, respecto de los gastos reclamados en este
proceso judicial por los motivos expuestos en la presente sentencia.
Radicación: 25000233600020020179402 (69.317)
Actor: COOTRASFUN
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
Referencia: Controversias contractuales
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, por las razones expuestas
en la parte motiva de la presente providencia
CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia.
QUINTO: Ejecutoriada la presente providencia, por secretaría DEVUÉLVASE al
interesado sin necesidad de desglose los anexos y el remanente de la suma que se
ordenó para gastos del proceso si la hubiera, déjese constancia de dicha entrega y
ARCHÍVESE el expediente”1.
2. La sentencia impugnada resolvió la demanda presentada por la Cooperativa de
Trabajo Asociado del Futuro (en adelante, “COOTRANSFUN”), integrante del
Consorcio COOTRANSFUN – Carlos Silva Bernal (en adelante, el “Concesionario”),
contra el Distrito Capital – Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (en
adelante, la “UESP”)2, así como la demanda de reconvención formulada por esta
última.
Demanda principal
3. COOTRANSFUN solicitó que se declarara que la UESP incumplió su obligación
de liquidar el Contrato de Concesión 005 de 1995 (pretensión 1 a). También pidió
que se reconociera que, en dicha liquidación, la UESP debía incluir dos conceptos:
(i) los mayores gastos que asumió en la construcción del horno crematorio del
cementerio sur, derivados de la conducta negligente de la entidad en la obtención
de licencias y del plan de manejo ambiental, y (ii) las mayores sumas que pagó por
la prestación del servicio de recolección de basuras y residuos sólidos, en
comparación con las previsiones iniciales (pretensión 2a)3.
4. Consecuencialmente, solicitó que se liquidara judicialmente el contrato,
reconociendo al Concesionario las sumas que resultaran probadas por los
siguientes conceptos: (i) los mayores costos asociados a la construcción del horno
crematorio, (ii) los perjuicios derivados del retraso en el inicio de su operación y (iii)
las mayores sumas pagadas por la recolección de basuras. Finalmente, demandó
que se ordenara el pago de la condena conforme a las reglas del Código
Contencioso Administrativo (“CCA”) y que se condenara a la UAESP al pago de las
costas.
5. En apoyo de sus pretensiones, relató los siguientes hechos:
1
Cuaderno CE, pp. 1288 – 1318.
2
El Alcalde Mayor de Bogotá, mediante Decreto 782 de 1994, creó la Unidad Ejecutiva de Servicios
Públicos como una dependencia de la Alcaldía Mayor con el mismo nivel y jerarquía administrativa
que las Secretarías del Despacho. Posteriormente, en virtud del Acuerdo Distrital 257 de 2006
(artículo 113), el Concejo Distrital transformó la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, la cual pasó
a denominarse Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. Según el artículo 116 de este
acuerdo, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos está organizada como unidad
administrativa especial del orden distrital del sector descentralizado por servicios, de carácter
eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía administrativa y
presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la Secretaría Distrital del Hábitat (c. ppal 2, pp. 898-
899). El artículo 120 del citado Acuerdo también precisó que “para todos los efectos, las actuaciones
administrativas adelantadas con anterioridad.
3
C. ppal, pp. 2 – 26.
2
Radicación: 25000233600020020179402 (69.317)
Actor: COOTRASFUN
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
Referencia: Controversias contractuales
6. El 2 de marzo de 1995, la UESP abrió una licitación pública para adjudicar un
contrato de concesión para que el contratista, por su cuenta y riesgo, se encargara
de la administración, operación y mantenimiento —por un plazo de cinco años— de
los cementerios y hornos crematorios del Distrito Capital. En el pliego de
condiciones, la entidad no incluyó como obligación del futuro concesionario la
construcción de nuevos hornos crematorios. No obstante, al describir el globo A del
cementerio sur, indicó que en dicho inmueble “se podría ubicar un horno
crematorio”.
7. El Concesionario incluyó en su propuesta la construcción de un nuevo horno
crematorio en el cementerio sur. Asimismo, incorporó en las proyecciones
económicas de su oferta los costos asociados a dicha obra, a fin de recuperar la
inversión durante la ejecución del contrato mediante la explotación del servicio. La
UESP aceptó integralmente la propuesta y, el 7 de julio de 1995, suscribió el
contrato de concesión 005 de 1995.
8. El 6 de mayo de 1996, el Concesionario inició la construcción de las obras civiles
del nuevo horno crematorio. Sin embargo, el 1º de diciembre del mismo año, el
Departamento Administrativo de Medio Ambiente (en adelante, “DAMA”) expidió la
Resolución 632, mediante la cual ordenó suspender la obra hasta que se obtuviera
la licencia ambiental correspondiente.
9. Para obtener la licencia ambiental era necesario implementar un plan de manejo
ambiental (en adelante, “PMA”), cuya preparación y presentación ante el DAMA
correspondía a la UESP. El Concesionario solicitó a la entidad el cumplimiento de
dicha obligación; sin embargo, ésta se negó a gestionarla alegando que era
responsabilidad del contratista. Solo hasta el 15 de octubre de 1998, la UESP inició
el proceso de contratación del PMA del cementerio sur.
10. El 6 de octubre de 1999, tras la presentación del PMA, el Concesionario pudo
reiniciar las obras de construcción del nuevo horno, las cuales concluyeron el 3 de
noviembre del mismo año. El retardo de la UESP en presentar el PMA ante el DAMA
ocasionó que el Concesionario incurriera en mayores costos para la construcción
de las obras civiles, así como para la fabricación y puesta en marcha del nuevo
horno crematorio.
11. Por otra parte, durante la ejecución del contrato, la Empresa Comercial de
Servicios de Aseo Ltda. reclasificó el cementerio como gran productor de basura.
Esta decisión provocó un aumento anormal en el valor de los servicios facturados
por concepto de recolección de residuos, el cual no podía preverse al momento de
presentar la oferta.
12. El 6 de julio de 2000 se terminó el contrato de concesión por vencimiento del
plazo de ejecución. Dentro del término pactado para su liquidación bilateral no se
logró un acuerdo.
3
Radicación: 25000233600020020179402 (69.317)
Actor: COOTRASFUN
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
Referencia: Controversias contractuales
13. Como fundamento jurídico de sus pretensiones, el demandante invocó las
normas del Código Civil atinentes a la responsabilidad por incumplimiento de
obligaciones contractuales. Asimismo, citó las disposiciones de la Ley 80 de 1993
que regulan la responsabilidad contractual y las que consagran el derecho del
contratista a que se mantenga la equivalencia entre derechos y obligaciones surgida
al momento de proponer o contratar. Por último, citó el artículo 25 de la misma Ley,
señalando que la UESP incumplió su obligación legal de planear adecuadamente el
proyecto y contar con las licencias y permisos ambientales necesarios para que se
pudiera adelantar la construcción del nuevo horno crematorio, antes de la apertura
de la licitación.
Contestación de la demanda
14. La UESP se opuso a la prosperidad de las pretensiones formuladas en la
demanda. Propuso la excepción de cláusula compromisoria y alegó que el
Concesionario había convocado un tribunal arbitral y promovido una demanda
contra la entidad, en la que solicitó el pago de las mismas sumas reclamadas en
este proceso, aunque sin pedir la liquidación del contrato. Explicó que, ante la
negativa del Concesionario a cubrir los honorarios de los árbitros, el tribunal cesó
en sus funciones y, con ello, se extinguieron los efectos del pacto arbitral, lo que
permitió acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, pero únicamente
respecto de las pretensiones indemnizatorias. Sostuvo que la cláusula
compromisoria conservaba eficacia frente a la pretensión de liquidación judicial, por
cuanto esta no fue objeto del proceso arbitral.
15. Asimismo, propuso la excepción de caducidad de la acción, señalando que esta
había operado respecto de las pretensiones relacionadas con la indemnización de
perjuicios por las demoras en la construcción del nuevo horno crematorio y la
compensación por el aumento en el costo del servicio de recolección de residuos.
En sustento de esta tesis, afirmó que los efectos del pacto arbitral se extinguieron
cuando ya se había cumplido el plazo legal para ejercer la acción, por lo que las
mencionadas pretensiones no podían ser decididas por la jurisdicción contencioso-
administrativa.
16. Sostuvo que el retraso en la construcción del nuevo horno crematorio era
imputable exclusivamente al Concesionario. Explicó que la demora obedeció a que
el contratista tardó en elaborar el estudio de impacto ambiental (en adelante, “EIA”),
necesario para obtener la licencia ambiental requerida para ejecutar la obra. Añadió
que dicha licencia no se confundía con el PMA exigido a la UESP para todos los
cementerios del Distrito Capital. Finalmente, señaló que la mora en la puesta en
operación del nuevo horno dio lugar a la imposición de una multa mediante la
Resolución 054 de 1998, confirmada por la Resolución 080 del mismo año.
17. Adujo que no se configuró un incumplimiento en la obligación de liquidar el
contrato, toda vez que, durante el término legal para efectuar la liquidación
unilateral, el Concesionario convocó un tribunal arbitral y formuló pretensiones de
contenido patrimonial, lo que impedía a la entidad efectuar el balance final del
negocio jurídico. Finalmente, sostuvo que no era procedente reconocer una
4
Radicación: 25000233600020020179402 (69.317)
Actor: COOTRASFUN
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
Referencia: Controversias contractuales
compensación por el incremento en el costo del servicio de recolección de residuos,
por tratarse de una circunstancia previsible al momento de presentar la oferta.
Añadió que dicho riesgo debía ser asumido por el contratista, habida cuenta de su
experiencia en la administración de cementerios y en la prestación de servicios
funerarios.
Vinculación e intervención de litisconsorte necesario
18. En auto del 2 de octubre de 2002, corregido mediante providencia del 22 de
octubre del mismo año, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca citó al proceso
a Carlos Jorge Silva Bernal como litisconsorte necesario por activa, al ser el
segundo integrante del consorcio que celebró el contrato de concesión objeto del
litigio (en adelante, el “Litisconsorte”)4. En memorial presentado durante la fijación
en lista de la demanda, manifestó “insistir favorablemente en las pretensiones,
hechos, fundamentos y pruebas de la demanda contractual”; además, aportó
documentos y solicitó pruebas adicionales, pero no formuló pretensiones
autónomas5.
Demanda de reconvención
19. El 22 de mayo de 2003, la UESP presentó demanda de reconvención contra el
Concesionario6. Como pretensión principal, la UESP solicitó que, “en el evento que
la jurisdicción decida que puede conocer de fondo sobre las pretensiones del
demandante original y accede a liquidar el contrato”, se reconozcan e incorporen en
dicha liquidación las sumas reclamadas en la demanda presentada el 5 de
diciembre de 2002 ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de
Comercio de Bogotá. En subsidio de lo anterior y para el caso en que “el tribunal
arbitral de que trata la pretensión principal (...) declare que no tiene competencia
para conocer del litigio, o de cualquier otra forma el proceso arbitral pierda su
eficacia, de tal manera que no se produce laudo en ese proceso”, la UAESP formuló
el siguiente grupo de pretensiones:
20. Solicitó que se declare que el Concesionario y sus integrantes son
solidariamente responsables por los siguientes hechos constitutivos de
incumplimiento contractual: (1ª) la obtención de un beneficio económico por el uso
del globo B del cementerio central durante un periodo superior al pactado; (2ª) el
impago de la cuota de depreciación de los bienes entregados en concesión; (3ª) el
cobro anticipado, sin autorización contractual, de valores por concepto de aseo y
mantenimiento de áreas comunes; (4ª) el cobro de sumas no autorizadas en los
documentos tarifarios de servicios funerarios; (5ª) la omisión en la entrega del
inventario físico de las bóvedas y demás elementos del cementerio; y (6ª) la omisión
en el pago de los servicios de acueducto y alcantarillado causados durante la
ejecución del contrato.
4
C. ppal, p. 34.
5
C. ppal, pp. 233 – 242.
6
C. 3, pp. 43 – 75.
5
Radicación: 25000233600020020179402 (69.317)
Actor: COOTRASFUN
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
Referencia: Controversias contractuales
21. En apoyo de sus pretensiones, relató los siguientes hechos —adicionales a los
indicados en la demanda principal—:
22. El Concesionario realizó inhumaciones en el globo B del cementerio central
hasta marzo del año 2000. Sin embargo, conforme al pliego de condiciones y al
reglamento de la concesión, aprobado mediante el Decreto 367 de 1995, solo tenía
derecho a prestar servicios y percibir los ingresos correspondientes durante el
primer año de la concesión, es decir, hasta el 7 de julio de 1996. Por lo tanto, obtuvo
un beneficio económico adicional sin realizar reconocimiento alguno a la UAESP.
Además, el Concesionario asumió la obligación de pagar mensualmente una suma
por concepto de la depreciación de los bienes entregados, compromiso que no
cumplió durante la ejecución del contrato.
23. En el reglamento de la concesión, el Alcalde Mayor de Bogotá fijó las tarifas de
los servicios prestados por el concesionario y estableció pagos anuales por
concepto del servicio de aseo y mantenimiento de las áreas comunes. A pesar de
ello, el Concesionario cobró estos servicios por anticipado al momento de las
inhumaciones, lo que le generó un beneficio económico injustificado.
Adicionalmente, cobró sumas superiores a las establecidas en el reglamento por
conceptos como limpieza de mausoleos, instalación de lápidas, utilización de baños
públicos y uso de bóvedas pequeñas y osarios, los que no fueron autorizados por
la autoridad competente.
24. Finalmente, el Concesionario no entregó el documento que debía contener el
inventario de las bóvedas y mausoleos particulares, junto con la identificación y
ubicación de los respectivos propietarios. Por otra parte, no pagó las facturas
expedidas por las empresas que prestaron los servicios de acueducto y
alcantarillado en los cementerios entregados en concesión.
Contestaciones de la demanda de reconvención
25. COOTRANSFUN y el Litisconsorte se opusieron a las pretensiones formuladas
por la UAESP7. Ambos propusieron la excepción de caducidad de la acción,
aduciendo que el plazo para efectuar la liquidación unilateral del contrato expiró el
7 de enero de 2001 y, en consecuencia, el término de caducidad de la acción venció
el 7 de enero de 2003, por lo que la demanda de reconvención, presentada el 22 de
mayo de 2003, habría sido extemporánea. Asimismo, propusieron la excepción de
cosa juzgada, afirmando que todas las pretensiones formuladas por la entidad
estatal —excepto la relativa al incumplimiento en la entrega del inventario— ya
habían sido decididas en un laudo proferido el 5 de julio de 2002.
26. Por otra parte, COOTRANSFUN formuló la excepción de pleito pendiente,
alegando que el presunto incumplimiento en la entrega del inventario físico de las
bóvedas y demás elementos del cementerio dio lugar a la expedición de la
Resolución 054 de 1998, confirmada por la 080 del mismo año, mediante la cual se
impuso una multa. Indicó que esos actos administrativos fueron demandados ante
7
C. ppal, pp. 339 – 382.
6
Radicación: 25000233600020020179402 (69.317)
Actor: COOTRASFUN
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
Referencia: Controversias contractuales
la jurisdicción contencioso-administrativa, por lo que existe un litigio pendiente entre
las partes sobre ese mismo asunto. Finalmente, sostuvo que, sin perjuicio de la
excepción de cosa juzgada, no se configuró ningún cobro indebido por los servicios
de aseo, mantenimiento, limpieza de mausoleos, instalación de lápidas ni por el uso
de baños públicos, toda vez que tales servicios no estaban previstos en el contrato
y generaban costos que debían ser asumidos por los usuarios.
Alegatos en primera instancia
27. Culminada la etapa probatoria, las partes presentaron sus alegatos de
conclusión8. El Litisconsorte afirmó que los documentos del expediente
demostraban que la demora en la construcción del horno crematorio era imputable
a la UAESP, lo que aplazó su puesta en operación e impidió amortizar la inversión.
En relación con la demanda de reconvención, reiteró las excepciones de caducidad
y cosa juzgada9. Por su parte, la UAESP se limitó a reiterar los argumentos
expuestos en la contestación de la demanda principal10. COOTRANSFUN no
presentó alegatos y el Ministerio Público guardó silencio.
28. Estando el expediente para proferir sentencia de primera instancia, el Tribunal
Administrativo declaró la nulidad de lo actuado por falta de jurisdicción, debido a la
existencia de la cláusula compromisoria11. Sin embargo, esta providencia fue
revocada mediante auto del 30 de noviembre de 2021, en el que el Despacho
Ponente concluyó que existía identidad jurídica de objeto, causa y partes entre los
dos procesos y que, al haberse declarado extinguidos los efectos del pacto arbitral
por el impago de los honorarios de los árbitros, esa misma controversia sustancial
podía ser decidida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo12.
8
Mediante auto del 12 de febrero de 2004 (c. ppal., p. 384), el Tribunal decretó las pruebas solicitadas
por las partes. En consecuencia, se tuvieron como tales los documentos aportados con la demanda
inicial, la demanda de reconvención y sus contestaciones. Respecto de COOTRANSFUN, se ordenó
la práctica de los testimonios de Luis Fernando Torres Barón y Oswaldo Riveros y la práctica de dos
dictámenes periciales, uno técnico y otro contable. En cuanto a la UESP, se decretaron los
testimonios de siete personas y la práctica de un dictamen pericial contable. Por su parte, respecto
del litisconsorte necesario, se ordenó la práctica del testimonio de Himelda Tapiero. Finalmente,
como pruebas conjuntas, se decretaron el testimonio de Javier Gutiérrez Oviedo y la expedición de
un oficio a la Cámara de Comercio de Bogotá para que allegara copia de un dictamen practicado en
un proceso arbitral entre las partes, como prueba trasladada. En auto del 13 de abril de 2012 (c. 2,
p. 996), el Tribunal tuvo por desistidas varias de las pruebas decretadas mediante providencia del
12 de febrero de 2004, debido a la inactividad procesal de las partes interesadas. En particular, se
tuvo por desistida la práctica de los testimonios de Himelda Tapiero, Oswaldo Riveros, Herbert
Ramírez Sánchez y Hernando Villalba Ortiz, toda vez que no comparecieron a las diligencias
programadas y la parte interesada no acreditó haberlos citado en debida forma ni justificó su
inasistencia. Asimismo, se declaró el desistimiento de pruebas documentales solicitadas por la parte
actora mediante oficio, por no haberse dado trámite al requerimiento.
9
C 2., pp. 1201 – 1216.
10
C 2., pp. 1192 – 1215.
11
C. 7, pp. 1249 – 1263
12
“Así, además de que existe identidad jurídica de partes, por cuanto en ambos procesos
COOTRASNFUN demanda a la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, hoy UAESP, se concluye que
en ambos procesos lo que se busca es que sean reconocidos en favor de la contratista -demandante-
los mayores valores, costos y gastos generados en la construcción del horno crematorio del
Cementerio del Sur, los perjuicios derivados de no haber podido iniciar la construcción a tiempo y el
mayor valor cancelado por el servicio de recolección de basuras o residuos sólidos. Así, las sumas
que solicita la parte actora le sean reconocidas con base en tales reclamaciones, coinciden en ambos
procesos, así: (i) por concepto de mayores valores, costos y gastos generados pide la suma de
7
Radicación: 25000233600020020179402 (69.317)
Actor: COOTRASFUN
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
Referencia: Controversias contractuales
Los fundamentos de la sentencia impugnada
29. El Tribunal declaró probada la excepción de caducidad respecto de la demanda
de reconvención presentada por la UESP. Indicó que el plazo para la liquidación
unilateral expiró el 7 de enero de 2001 y, en consecuencia, el término para ejercer
la acción venció el 7 de enero de 2003. Como la demanda de reconvención fue
presentada el 22 de mayo de 2003, concluyó que había operado la caducidad. En
contraste, consideró que la demanda principal presentada por COOTRANSFUN el
4 de septiembre de 2002 fue oportuna, al ser esta la fecha relevante para verificar
la oportunidad en el ejercicio de la acción, y no la del auto que declaró extinguidos
los efectos del pacto arbitral.
30. Por otra parte, el Tribunal negó las pretensiones indemnizatorias formuladas en
la demanda principal por los sobrecostos y perjuicios derivados del retraso en la
construcción del nuevo horno crematorio del cementerio sur, al considerar que dicho
retraso era imputable al Concesionario y que su causa determinante correspondía
a una circunstancia previsible al momento de contratar. Señaló que el DAMA ordenó
la suspensión de la obra por no haberse tramitado previamente la licencia ambiental,
y no por la falta de implementación del PMA, instrumento que tiene un alcance
distinto a la licencia. En esta línea, indicó que, aunque el contrato no precisaba
expresamente a quién correspondía tramitar dicha licencia, era obligación del
Concesionario, pues: (i) la construcción del horno era una obra adicional ofertada
por él y no prevista en el pliego de condiciones; (ii) se comprometió a ejecutar todas
las “tareas necesarias y suficientes” para cumplir el objeto contractual, que incluía
dicha obra; y, (iii) la UESP solo asumió el deber de colaborar con el contratista
cuando este lo solicitara para gestionar permisos y licencias.
31. En consonancia con lo anterior, el Tribunal concluyó que no se probó que el
Concesionario hubiera solicitado la colaboración de la UESP para tramitar la licencia
ambiental y que, en todo caso, la obligación de obtener la autorización recaía sobre
el contratista. También advirtió que entre la fecha de suspensión de la obra y la
presentación del EIA por parte del Concesionario —requisito indispensable para
obtener la licencia— transcurrió más de un año y nueve meses. Además, sostuvo
que la necesidad de contar con esa licencia debió preverse al momento de presentar
la oferta, dado que el Decreto 1753 de 1994, reglamentario de la Ley 99 de 1993,
ya se encontraba vigente para entonces y exigía dicha autorización para ejecutar la
obra. Finalmente, destacó que la falta de previsión del Concesionario también se
$438'819,515 -pretensión 3.1 del sub-júdice y 3 del proceso arbitral-; (ii) por concepto de mayor valor
cancelado por el servicio de recolección de basura solicita la suma de $18'380.620 -pretensión 3.3.
ibidem y 7 proceso arbitral- y, (iii) por concepto de perjuicios irrogados como consecuencia de no
haber podido iniciar la operación del Horno Crematorio del Cementerio del Sur de manera oportuna
la suma de $714'821.968 o la que se demuestre -pretensión 3.2. ejusdem y 5 proceso arbitra // En
conclusión, le asiste razón a la recurrente cuando afirma que respecto del litigio que planteó ante esta
jurisdicción la cláusula compromisoria pactada en el contrato de concesión 005 de 1995 dejó de surtir
efectos, pero no porque la declaración que hizo el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio
de Bogotá en el auto del 20 de febrero de 2003 tuviera la virtualidad de extinguir los efectos de dicho
pacto arbitral para todos los conflictos que se pudieran originar en razón o con ocasión de ese
contrato, sino porque, como acaba de verse, el conflicto que se planteó ante la justicia arbitral y el
que se formuló ante la jurisdicción contenciosa administrativa, en lo sustancial, recae sobre la misma
materia”. SAMAI Consejo de Estado (20020179401), Índice 11.
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Radicación: 25000233600020020179402 (69.317)
Actor: COOTRASFUN
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
Referencia: Controversias contractuales
evidenció en que la construcción inició en mayo de 1996, a pesar de que había
proyectado su entrega para octubre de 1995.
32. Respecto al aumento anormal en el valor de los servicios facturados por
concepto de recolección de residuos, el Tribunal negó el restablecimiento del
equilibrio económico del contrato al considerar que esta era una circunstancia
previsible. Asimismo, consideró que los montos facturados por la empresa
prestadora del servicio no demostraban una afectación anormal y grave sobre la
economía del contrato.
33. Finalmente, el Tribunal ordenó la liquidación del contrato sin reconocer saldos
a favor de ninguna de las partes. Señaló que en dos laudos arbitrales distintos se
impusieron condenas tanto a favor del Concesionario como de la UESP; no
obstante, consideró improcedente incorporar tales valores al balance final del
contrato, por cuanto no se acreditó el estado de cumplimiento de dichas decisiones
ni la cuantía actualizada de los intereses de mora allí reconocidos.
II. EL RECURSO DE APELACIÓN
34. El Litisconsorte solicitó que se revoque la sentencia apelada y, en su lugar, se
acceda a las pretensiones de la demanda13. En cuanto a la decisión de negar la
indemnización solicitada por el retraso en la construcción y puesta en operación del
horno crematorio, originado en la suspensión ordenada por el DAMA, sostuvo que
la obtención de la licencia ambiental era una obligación de la UAESP y no del
Concesionario.
35. Argumentó que la construcción del horno no podía calificarse como una “obra
adicional” ofertada por el Concesionario y, a partir de ello, derivar su obligación de
obtener la licencia ambiental. En respaldo de esta postura, señaló que el pliego de
condiciones establecía expresamente que en el globo A del cementerio sur “se
podría ubicar un horno crematorio”, lo cual reflejaba una necesidad de la
Administración, coherente con su objetivo de desincentivar la inhumación de
cadáveres en bóvedas, que debía haber sido contemplada en la fase de planeación
del contrato para gestionar la respectiva autorización ambiental.
36. Sostuvo que la cláusula sobre las obligaciones de la UESP establecía que la
entidad debía obtener la licencia ambiental e implementar el PMA —no simplemente
colaborar en su trámite—, lo cual quedó ratificado en el oficio del 2 de diciembre de
1998 del DAMA y en la comunicación del 5 de enero de 1999 de la Personería
Delegada para la Protección del Medio Ambiente, documentos que no fueron
debidamente apreciados por el Tribunal. Asimismo, citó la declaración de Luis
Fernando Torres Varón, quien dirigió la construcción de la obra y afirmó que, una
vez iniciado el plazo del contrato, se entregaron a la UESP los planos necesarios
para que la entidad “diera conducto regular a los permisos necesarios para la
iniciación de la construcción”.
13
Cuaderno CE, pp. 1322 – 1327.
9
Radicación: 25000233600020020179402 (69.317)
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Demandado: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
Referencia: Controversias contractuales
37. Finalmente, adujo que la decisión del Concesionario de contratar la elaboración
del EIA se adoptó únicamente para viabilizar la terminación de la construcción del
horno y recuperar la inversión, sin que ello implicara que la obtención de la licencia
ambiental fuese una obligación a su cargo. Asimismo, sostuvo que no existió
tardanza en el inicio de la obra, toda vez que el plazo de dieciséis semanas debía
contarse a partir de la autorización para comenzar las intervenciones.
38. Respecto al incremento de los costos asumidos por el servicio de recolección
de residuos, el apelante señaló que el incremento efectivo alcanzó un 7000%, de
modo que sus efectos resultaron ser anormales y extraordinarios y, por tanto,
alteraron el equilibrio económico del contrato. Concretamente, indicó que “si bien es
cierto que en una oferta se pueden o mejor se deben hacer proyecciones sobre la
variación, resulta por lo menos imprevisible para cualquier persona en la proyección
de una oferta formular una [sic] incremento en un 7000%. Se puede predecir una
reclasificación como grande productos [sic] de basura, pero no un incremento en tal
porcentaje”.
Trámite en segunda instancia
39. Dentro del término legal, las partes presentaron sus alegatos de conclusión. El
Litisconsorte reiteró íntegramente los argumentos expuestos en el recurso de
apelación14. Por su parte, la UESP solicitó que se confirmara la sentencia, afirmando
que el Concesionario ofreció la construcción del horno por su cuenta y riesgo como
un “incentivo adicional” para lograr la adjudicación del contrato, y que, aun así,
demoró el inicio de su construcción. Añadió que la entidad únicamente tenía la carga
de colaborar en los trámites de licencias a cargo del contratista y que no se probó
que este hubiera formulado una solicitud en tal sentido. Finalmente, sostuvo que la
demanda y el recurso partían de una premisa incorrecta, al considerar que la
licencia ambiental era un componente del PMA, sin que existiera equivalencia
jurídica entre ambos instrumentos15.
40. El Ministerio Público presentó un concepto en el que solicitó confirmar la
sentencia16. Indicó que el retraso en la construcción del horno crematorio era
atribuible al Concesionario, porque: (i) debió haber concluido su construcción en
octubre de 1995, dieciséis semanas después del inicio del contrato; (ii) la obligación
de obtener la licencia ambiental era del contratista y dicha autorización difería del
PMA que debía implementarse en cada uno de los cementerios; y, (iii) el EIA,
necesario para obtener la licencia, se elaboró casi dos años después de que el
DAMA ordenó la suspensión de la obra. Por otra parte, sostuvo que al momento de
presentar la oferta era conocido el alto volumen de residuos generados por la
operación de los cementerios, por lo que también podía preverse la reclasificación
como gran productor de basura —potestad reglada de la empresa prestadora del
servicio— y el correlativo aumento de la facturación.
14
SAMAI Consejo de Estado (20020179402), Índice 29.
15
SAMAI Consejo de Estado (20020179402), Índice 28.
16
SAMAI Consejo de Estado (20020179402), Índice 30.
10
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III. CONSIDERACIONES
Objeto de la apelación
41. Corresponde a la Sala determinar si (i) la obligación de obtener la licencia
ambiental para la construcción del horno crematorio del cementerio sur recaía sobre
la UESP, por lo que el retraso en la finalización de la obra y en el inicio de su
operación resultaría imputable a dicha entidad, y (ii) si bien era previsible una
variación en los montos facturados por concepto de recolección de residuos, el
incremento efectivo habría alcanzado una magnitud anormal y extraordinaria, que
rompió el equilibrio económico del contrato de concesión.
42. La Sala confirmará la sentencia apelada. Primero, porque la obtención de los
permisos y licencias para la construcción del horno crematorio del cementerio sur
era una responsabilidad del Concesionario —no una obligación de la UESP—, por
lo que el contratista debe asumir los efectos económicos derivados de la suspensión
ordenada por el DAMA, que retrasó tanto la culminación de la obra como el inicio
de su operación17. Segundo, porque no está demostrado que el incremento en el
costo del servicio de recolección de residuos haya sido anormal o extraordinario ni
que su impacto económico alterara el equilibrio económico del contrato hasta el
punto de justificar su restablecimiento a punto de no pérdida.
La obligación de obtener la licencia ambiental para la construcción del horno
crematorio
43. El 2 de marzo de 1995, fecha en la que se expidió el acto administrativo de
apertura de la licitación que condujo a la adjudicación y posterior celebración del
contrato de concesión, se encontraba vigente la Ley 99 de 1993, cuyo título VII,
relativo a las licencias ambientales, fue reglamentado por el Decreto 1753 de 1994.
El artículo 19 de dicha ley establecía que la ejecución de obras, el establecimiento
de industrias o el desarrollo de cualquier actividad que pudiera producir deterioro
grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente, o introducir
modificaciones notorias al paisaje, requería de una licencia ambiental18.
44.El artículo 8º, numeral 20, del Decreto 1753 de 1994, estableció que las
Corporaciones Autónomas Regionales eran competentes para otorgar licencias
ambientales para la construcción de obras y el desarrollo de actividades sobre
cementerios, cuando no existiera un plan de ordenamiento y uso del suelo aprobado
17
La Resolución 054 de 1998, confirmada por la 080 del mismo año (C.P 2, pp. 261 – 326), mediante
la cual se impuso una multa por varios hechos, incluyendo el retraso en la construcción del horno
crematorio del cementerio sur, fue anulada en sentencia del 25 de octubre de 2001 proferida por el
Tribunal de Cundinamarca (C.P 2, pp. 246 – 260) por falta de competencia funcional. Esta decisión
fue confirmada en segunda instancia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 14 de junio de 2012, Rad. 25000-23-26-000-1999-
00880-01 (22223), C. P. Danilo Rojas Betancourth.
18
Ley 99 de 1993, art. 49: “La ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de
cualquier actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a
los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o
notorias al paisaje requerirán de una Licencia Ambiental”.
11
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por las autoridades municipales o distritales y por la respectiva autoridad ambiental
competente19. El artículo 12 del mismo decreto precisaba que los distritos cuya
población urbana fuera superior a un millón de habitantes, serían competentes -
dentro de su respectivo perímetro urbano- para otorgar licencias ambientales en los
mismos casos definidos para las Corporaciones Autónomas Regionales20. En
consecuencia, tal como lo indicó el DAMA en la motivación de la Resolución 632 de
199621, para acometer la construcción del nuevo horno crematorio en el cementerio
sur, se requería la obtención de la autorización ambiental de esa entidad, que tenía
a su cargo esta función conforme al Decreto 673 de 199522.
45. Para la época en que se estructuró y desarrolló la licitación, no existía ninguna
norma jurídica que radicara en cabeza de las entidades estatales la obligación de
obtener una licencia ambiental si el objeto del contrato comprendía la ejecución de
una obra, el desarrollo de una actividad o el establecimiento de una industria que,
por sus impactos ambientales, requeriría su otorgamiento. El numeral 12 del artículo
25 de la Ley 80 de 1993 no establecía esta obligación, pues el deber que imponía
a las entidades estatales, como parte de la planeación de los procesos de
contratación, consistía en elaborar los “estudios, diseños y proyectos requeridos”23.
Por ende, a diferencia de lo señalado por el demandante, la Ley no era la fuente de
la presunta obligación de la entidad estatal de obtener antes de abrir la licitación, la
licencia ambiental para la ejecución de la obra.
46. La ausencia de un deber legal de obtener la licencia ambiental antes de abrir la
licitación se explica, además, porque la construcción del nuevo horno crematorio del
cementerio sur fue incorporada por el Concesionario en su oferta sin que dicha obra
hubiera sido exigida por la entidad en los documentos del proceso de selección. La
Sala constata que bajo el pliego de condiciones no se imponía al futuro contratista
19
Decreto 1753 de 1994, art. 20: “Las Corporaciones Autónomas Regionales, son competentes en
su respectiva jurisdicción para otorgar Licencia Ambiental en los siguientes casos: (…) 20. La
Construcción de obras y desarrollo de las siguientes actividades, cuando no exista un plan de
ordenamiento y uso del suelo aprobado por las autoridades municipales o distritales y por la
respectiva autoridad ambiental competente:
a) Hospitales; b) Cementerios; c) Centros de acopio para almacenamiento y distribución de
alimentos; d) Sistemas de transporte masivo; e) Construcción, ampliación, modificación, adecuación
y operación de terminales para el transporte terrestre de pasajeros y carga”.
20
Decreto 1753 de 1994, art. 12: “Los municipios, distritos y áreas metropolitanas, cuya población
urbana sea superior a un millón de habitantes, serán competentes, dentro de su respectivo perímetro
urbano, para otorgar Licencias Ambientales en los mismos casos definidos para las Corporaciones
Autónomas Regionales”.
21
En los considerandos de este acto administrativo, en que se ordenó la suspensión de la obra, se
señaló: “Que, de conformidad con el numeral 20 del artículo octavo del Decreto Reglamentario 1753
de 1994, la construcción de obras y desarrollo de cementerios, deberá contar con la respectiva
Licencia Ambiental otorgada por la respectiva autoridad ambiental competente”.
22
Decreto Distrital 673 de 1993, art. 1. “El DAMA es la autoridad ambiental dentro del perímetro
urbano del Distrito Capital”. Art. 2º: “El DAMA ejecutará las funciones asignadas en los artículos 65
y 66 de la Ley 99 de 1993 y específicamente las siguientes (…) 9. Expedir y efectuar el seguimiento
a las licencias ambientales, concesiones, permisos y autorizaciones que le corresponda otorgar”.
23
Ley 80 de 1993, art. 25 (versión previa a la reforma de la Ley 1474 de 2011): “Principio de
economía. En virtud de este principio: (…) 12. Con la debida antelación a la apertura del
procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso, deberán elaborarse los estudios,
diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones o términos de referencia. La exigencia
de los diseños no regirá cuando el objeto de la contratación sea la construcción o fabricación con
diseños de los proponentes”.
12
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la construcción de un horno en el globo correspondiente al cementerio sur; tan solo
se señalaba, en el capítulo general de descripción de las áreas del proyecto, que
“dentro de este globo [se refiere al del cementerio sur] se encuentra también un
terreno en donde se podría ubicar también un horno crematorio o bóvedas”24.
47. Por su parte, la minuta contractual publicada junto con el pliego establecía, en
su cláusula segunda, que el objeto del contrato consistía en la “Administración,
operación y mantenimiento de los cementerios y del horno crematorio de propiedad
del Distrito Capital, en concordancia con lo establecido en el reglamento de la
concesión”25, sin hacer mención a la construcción de la obra. Ningún otro
documento de la licitación incorporado al expediente conduce a una conclusión
contraria. Así, al no haberse contemplado inicialmente como parte del objeto
contractual la construcción del nuevo horno crematorio, no podía exigirse a la UESP
que obtuviera con antelación al proceso de selección la correspondiente licencia
ambiental.
48. La Sala no pasa por alto que, al definir el alcance de las propuestas, el pliego
de condiciones no solo contempló que los oferentes podían presentarlas para todos
los cementerios —norte, central o sur— o únicamente para algunos. También previó
que, para la formulación de las propuestas técnica y económica, los interesados
debían proyectar la evolución de la demanda de servicios —como exhumaciones,
inhumaciones, venta de esqueletos, arriendo de bóvedas— y, con base en dicha
proyección, programar las ampliaciones de infraestructura que resultaran
necesarias. De este modo, el pliego otorgó a los proponentes un margen
significativo de autonomía técnica para definir las inversiones requeridas a fin de
garantizar la calidad en la prestación de los servicios funerarios en los cementerios
entregados en concesión:
“VI. LAS PROPUESTAS
ALCANCE DE LAS PROPUESTAS
La propuesta técnica y económica se debe presentar para periodo de contratación de
cinco años, con posibilidad de prórroga, si la comunidad y la Administración Distrital
acogen la continuidad del servicio con el mismo concesionario.
De acuerdo con los intereses de cada oferente, se podrán presentar las propuestas de
la siguiente manera:
● Para todos los cementerios y el horno crematorio.
● Para el cementerio central y el cementerio del sur.
● Para el cementerio del norte y el horno crematorio.
Ningún proponente podrá formar parte de más de un consorcio o unión temporal que
haya formulado propuesta.
El oferente deberá realizar las visitas que considere necesarias para alcanzar el debido
conocimiento de los cementerios y el horno crematorio, ya que en ningún momento
posterior podrá argumentar el desconocimiento de las mismas, elemento de ajuste o
24
C.P 12, p. 241.
25
C.P 5, p. 52.
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corrección a los términos de la propuesta o del contrato que llegase a celebrarse, bajo
ninguno de sus aspectos.
Podrá también tener acceso a todos los documentos relativos a los cementerios y horno
crematorio que reposan en la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos.
Igualmente deberá proyectar la evolución esperada de los servicios a prestar.
Consecuentemente con esto deberá programar las ampliaciones de infraestructura,
recursos humanos y equipos que garanticen el cumplimiento del contrato” (Énfasis
añadido)26.
49. Siguiendo el pliego de condiciones, en la oferta presentada el 24 de abril de
1995, el Concesionario incluyó la construcción de un nuevo horno crematorio en el
cementerio sur, “compuesto por dos (2) cámaras, operado con gas natural, cuyos
diseños y presupuesto se presentarán a la interventoría que para el efecto designe
la ciudad capital”27. En el “formulario INST-03” se incluyeron diversas obras, entre
ellas la construcción del horno crematorio en el cementerio sur28, acompañada de
un cronograma detallado29, así como de dos documentos adicionales que contenían
las especificaciones técnicas de la obra civil y las condiciones técnicas del horno30.
50. El 2 de junio de 1995, el comité evaluador de la UESP solicitó al Concesionario
que (i) precisara los costos, tiempos y descripción de las inversiones iniciales
conforme a los cuadros del formulario INST-03, y (ii) detallara, en un escrito
explicativo las estimaciones de ingresos y egresos rubro por rubro31. El 5 de junio
siguiente, el Concesionario atendió esta solicitud. En su documento de respuesta,
el proponente especificó las cantidades de obra estimadas y los precios unitarios
correspondientes a diversas intervenciones incluidas en su propuesta, como la
construcción de nuevas bóvedas en el pabellón oriental del cementerio central,
nuevas baterías sanitarias en el mismo globo y la remodelación de oficinas en el
cementerio norte. En lo concerniente a la construcción del nuevo horno crematorio
en el cementerio sur (ítem 1.A.3.1), indicó lo siguiente:
“Se propone construir los hornos crematorios para el cementerio del sur y tratar así de
cubrir el déficit de bóvedas. La inversión estimada es de $150.000.000. Ver
especificaciones de los hornos y equipos los folios 160 al 174 de nuestra propuesta, se
pretende construir similar a los existentes en el cementerio del norte. En caso de ser
aprobada la presente propuesta entregarán las cantidades de obra detalladas. La
ejecución de las actividades se programó para un tiempo de (16) semanas”32.
51. En línea con lo anterior, al discriminar los flujos de ingresos y egresos del
proyecto, el Concesionario identificó el monto de la inversión inicial y las cuotas de
amortización, incluyendo una estimación de $150’000.000 para la construcción del
horno crematorio. Conforme al esquema retributivo definido por la UESP, basado
en la cesión al Concesionario de los ingresos generados por la prestación de los
26
C.P. 5, p. 13.
27
C.P. 5, p. 111.
28
C.P 5, p. 183.
29
C.P 5, p. 184 - 185.
30
C.P 5, p. 186 - 199.
31
C.P 5, p. 314.
32
C.P 5, p. 317.
14
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servicios funerarios, previa deducción de la participación ofrecida a favor de la
entidad y de la cuota de depreciación de los activos fijos, la inversión en el horno
crematorio se remuneraba mediante los ingresos ordinarios derivados de la
explotación del servicio. Esta conclusión es congruente con la declaración rendida
por Luis Fernando Torres Varón, quien presentó asesoría externa al proponente en
la elaboración de su ofrecimiento y señaló las consideraciones económicas que se
tuvieran en cuenta para ofertar la construcción de esta obra:
“El consorcio ofertante propuso la construcción del horno crematorio y efectivamente de
las tablas y cuadros estadísticos anexos a la ley del contrato, llámese pliego de
condiciones, se deducía la cantidad de servicios que se dejarían de presentar en el
momento de limitar el uso de un número determinado de bóvedas. Sumado a ello, el
comportamiento estadístico del horno crematorio del cementerio existente del norte, del
cual, aplicando elementales fórmulas matemáticas, se deducía al futuro los posibles
servicios de cremación que se desviarían hacia el nuevo horno crematorio”33.
52. En síntesis, los documentos del expediente relativos al proceso licitatorio
permiten inferir que: (i) la construcción del horno crematorio del cementerio sur no
fue una exigencia impuesta por el pliego de condiciones, sino una obligación
asumida por el Concesionario al incorporarla en su oferta, en ejercicio de la
autonomía técnica reconocida en dicho pliego para definir las adecuaciones de
infraestructura necesarias para garantizar la adecuada prestación de los servicios
generadores de ingresos operacionales; (ii) la UESP no estaba obligada a gestionar,
antes de la suscripción del contrato, la licencia ambiental correspondiente a una
obra que no formaba parte del objeto inicialmente descrito en los documentos del
proceso; y (iii) dicha obligación constructiva se integró al objeto del contrato como
consecuencia directa de la aceptación de la propuesta formulada por el
adjudicatario.
53. Lo anterior explica que en la cláusula segunda del contrato finalmente suscrito
se haya incorporado una oración no contenida en la minuta publicada con el pliego
de condiciones:
“Cláusula II. OBJETO. El presente contrato tiene por objeto la administración, operación
y mantenimiento de los cementerios y del horno crematorio de propiedad del Distrito
Capital, en concordancia con el reglamento de la concesión, y todas aquellas normas
pertinentes que regulen este servicio. Igualmente, la construcción de un horno
crematorio compuesto por dos (2) cámaras, en el cementerio Sur, operado con gas
natural, cuyos diseños y presupuesto se presentarán a la interventoría que para el efecto
designe el Distrito Capital, de acuerdo a la propuesta presentada y que forma integral
del presente contrato”34 (Énfasis añadido).
54. Por las razones que se expondrán a continuación, la Sala considera que la
responsabilidad de obtener las autorizaciones y permisos necesarios para la
construcción de dicha obra —incluida la licencia ambiental— también recaía sobre
el Concesionario.
33
C.P 10, p. 8.
34
C.P 2, p. 12.
15
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55. En primer lugar, el literal h) de la cláusula V del contrato estableció la siguiente
obligación a cargo de la UESP: “Colaborar con el CONCESIONARIO, cuando éste
lo solicite, en las gestiones que deba realizar ante las autoridades y entidades de
cualquier orden, para obtener permisos, licencias o similares, requeridos directa o
indirectamente para la ejecución y cumplimiento del contrato”. A diferencia de lo
argumentado por el apelante, la estructura sintáctica de esta cláusula permite
concluir que la gestión y obtención de los permisos y licencias recaía en el
Concesionario, mientras que la única obligación exigible a la entidad consistía en
prestar la colaboración necesaria en dicha gestión, siempre que fuera solicitada
expresamente.
56. Pero aun si se admitiera que esta estipulación del contrato no puede
interpretarse en el sentido previamente expuesto y que el contrato no definió cuál
parte debía gestionar las autorizaciones ambientales para la construcción del nuevo
horno crematorio, las reglas de integración contractual conducen a la misma
conclusión. El artículo 871 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo
1603 del Código Civil —disposiciones aplicables al contrato estatal conforme al
artículo 13 de la Ley 80 de 1993—, establece que los contratos deben celebrarse y
ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligan no solo a lo expresamente
pactado, sino también a todo lo que corresponde a su naturaleza, conforme a la ley,
la costumbre o la equidad natural. Esta regla impone considerar la configuración
legal del contrato como criterio determinante para definir las obligaciones implícitas
que lo componen.
57. El contrato celebrado entre las partes corresponde a una concesión. Conforme
al artículo 32.4 de la Ley 80 de 1993, son contratos de concesión aquellos que
celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona, llamada
concesionario, la prestación, operación, explotación, organización o gestión, total o
parcial, de un servicio público, o la construcción, explotación o conservación total o
parcial de una obra o bien destinados al servicio o uso público. También
comprenden todas aquellas actividades necesarias para la adecuada prestación o
funcionamiento de la obra o servicio, las cuales deben ejecutarse por cuenta y
riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a
cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas,
valorización o en la participación que se le otorgue en la explotación del bien.
58. En este caso, el contrato de concesión celebrado por las partes tuvo por objeto
la organización y prestación de los servicios funerarios mediante la operación de los
cementerios de propiedad del Distrito Capital. Las adecuaciones de la
infraestructura requeridas para garantizar dicha prestación —entre ellas, la
construcción del nuevo horno crematorio—, así como las demás actividades
necesarias para cumplir las obligaciones asumidas, debían ejecutarse por cuenta y
riesgo del Concesionario, conforme a la definición legal del contrato. Esta
característica comportaba que el contratista debía definir, dentro de los límites
fijados en el contrato y en el reglamento de la concesión, los esquemas
organizativos, las fuentes de financiación, los parámetros técnicos y las inversiones
necesarias para adecuar la infraestructura, asegurar la eficiencia del servicio,
16
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incentivar su utilización y generar los ingresos que, según el esquema retributivo
pactado, constituían su única fuente de remuneración.
59. A partir de este marco normativo, le correspondía al Concesionario adelantar
todas las gestiones necesarias para ejecutar las prestaciones asumidas y sufragar
los costos asociados. Esto comprendía no solo la contratación de las obras civiles
y la instalación de los hornos crematorios, sino también el cumplimiento de los
requisitos legales indispensables para su materialización, entre ellos, la obtención
de la licencia ambiental requerida por el DAMA. De lo contrario, este componente
del contrato —incorporado a partir de la propuesta formulada por el propio
Concesionario— no se ejecutaría por su cuenta, sino por la de la entidad estatal,
que habría debido asumir los costos requeridos para su obtención, incluidos los
relativos a la elaboración del EIA exigido para tramitar la licencia35. Una hipótesis
de esta índole resulta incompatible con la naturaleza del contrato de concesión, que
implicaba su ejecución por cuenta y riesgo del contratista, bajo un esquema
remuneratorio que no contemplaba la afectación de apropiaciones
presupuestales36.
60. Esta conclusión se refuerza con una lectura integral de otras cláusulas del
contrato y del reglamento de la concesión adoptado mediante el Decreto 367 de
1995, incorporado al contenido contractual conforme al literal d) de la cláusula XLII.
El segundo inciso de la cláusula II, relativa al objeto, estableció que “el
Concesionario, por su cuenta y riesgo, ejecutará todas las tareas necesarias y
suficientes para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato”. Al no haberse
previsto distinción alguna respecto de las obligaciones comprendidas en dicho
objeto, debe entenderse que también recaía en el Concesionario la ejecución de
todas las actividades necesarias para cumplir su compromiso de construir y poner
en operación el nuevo horno crematorio. Entre ellas se encontraba la obtención de
la licencia ambiental exigida por la normativa vigente como condición previa al inicio
de la construcción del nuevo horno crematorio.
35
Decreto 1753 de 1994, art. 23: “El estudio de impacto ambiental se exigirá en todos los casos que
requieran Licencia Ambiental de acuerdo con la Ley y los reglamentos. El estudio de impacto
ambiental deberá corresponder en su contenido y profundidad a las características del proyecto, obra
o actividad”.
36
El pliego de condiciones (CP 12, P. 265) estableció: “RETRIBUCION DEL CONCESIONARIO
En la elaboración de su propuesta económica, el oferente debe tener en cuenta que la única
retribución que percibirá será un porcentaje de los recaudos efectivos logrados por la prestación de
los servicios inherentes a la naturaleza de los cementerios y del horno crematorio de propiedad del
Distrito Capital. Las tarifas de los servicios son fijadas por el Alcalde Mayor del Distrito Capital, y bajo
ninguna circunstancia pueden ser modificadas unilateralmente por el Concesionario. En ningún caso
y bajo ninguna circunstancia el proponente podrá argumentar desequilibrio económico del contrato
por omisiones o errores cometidos por el proponente en la elaboración de su propuesta económica.
El Concesionario es responsable por recaudar las tarifas de los servicios prestados. Igualmente
girará al Distrito Capital, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la terminación de cada mes,
la provisión por depreciación de los bienes del Distrito dados en Concesión, y la participación pactada
al Distrito bien sea como una suma fija mensual, como un porcentaje de los recaudos, o cualquier
combinación acordada en el contrato. Para la elaboración de los cálculos de su retribución, los
oferentes no tendrán en cuenta los recursos provenientes de los derechos de uso o arrendamiento
de los locales externos a los cementerios y los certificados de inhumación para Jardines
Cementerios. Estos recursos deberán ser recaudados por el Concesionario y consignados dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la terminación de cada mes, exclusivamente en las cuentas
que para el efecto destine la Alcaldía Mayor”.
17
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Referencia: Controversias contractuales
61. En esa misma línea, el reglamento de la concesión —incorporado al contenido
contractual conforme al literal d) de la cláusula XLII— estableció que “con el fin de
lograr una adecuada prestación de los servicios, el concesionario gozará de
autonomía financiera, administrativa y técnica, manteniéndose siempre bajo las
condiciones fijadas en este reglamento y en el contrato de concesión”; y que “deberá
realizar sus actividades operativas enmarcadas dentro del contexto de protección
del medio ambiente, tanto en sus instalaciones, mediante la limpieza y
mantenimiento de estas, como en la operación técnica de sus diferentes
actividades”37. Estas disposiciones corroboran la autonomía técnica y
responsabilidad ambiental del Concesionario para la ejecución de sus obligaciones
contractuales.
62. El oficio del 2 de diciembre de 1998, suscrito por el DAMA, y la comunicación
del 5 de enero de 1999, expedida por la Personería Delegada para la Protección del
Medio Ambiente —ambos citados por el apelante en sustento de su impugnación—
no desvirtúan la conclusión indicada por la Sala.
63.En el primero de estos documentos, expedido por el DAMA para responder a
una petición del Concesionario, se indicó lo siguiente:
“En atención a la información presentada por Usted mediante el radicado de la
referencia, nos permitimos informarle que el Coordinador General de la Unidad Ejecutiva
de Servicios Públicos informó mediante radicado de fecha 15 de octubre que se había
dado inicio al proceso de contratación para la elaboración del Plan de Manejo Ambiental
del Cementerio del Sur y que con el presupuesto de 1999 se realizará el de los otros
cementerios distritales // Que en atención a la información suministrada, este
Departamento dispuso requerir a la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos para que
presente un informe preliminar sobre el estado ambiental de los tres cementerios
distritales que se encuentran en funcionamiento mientras que son elaborados los Planes
de Manejo Ambiental entregados por este Departamento para tal efecto // Es importante
aclarar que ese consorcio no está obligado elaborar y presentar los Planes de Manejo
Ambiental para los Cementerios Distritales pues dicha obligación está en cabeza de la
UESP”38.
64. Por otra parte, en el segundo documento —la comunicación de la Personería
Delegada para la Protección del Medio Ambiente en respuesta a una solicitud del
Concesionario— se reiteró lo dicho en el primero:
“Con el número de la referencia fue recibida y radicada en esta Delegada, copia de su
comunicación dirigida al Subdirector de Calidad Ambiental del D.A.M.A., relacionada con
los cementerios distritales // Al respecto me permito informarle que en visita practicada
al citado Departamento se estableció que mediante oficio SJ-ULA No. 28643 de
diciembre 2 de 1998, el Jefe de la Unidad Legal Ambiental le comunicó a Usted, que el
Coordinador General de la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, informó mediante
radicado de octubre 15 del año en curso, que se había dado inicio al proceso de
contratación para la elaboración del plan de manejo ambiental del cementerio del sur y
que con el presupuesto de 1999 se realizará el de los otros cementerios distritales //
Igualmente le comunicó, que en atención a la información suministrada el D.A.M.A.,
dispuso requerir a la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, para que presente un
informe preliminar sobre el estado ambiental de los tres cementerios distritales que se
encuentran en funcionamiento mientras que son elaborados los planes de manejo
37
C.P. 5, pp. 71 – 72.
38
C. 2, p. 137.
18
Radicación: 25000233600020020179402 (69.317)
Actor: COOTRASFUN
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
Referencia: Controversias contractuales
ambiental entregados por ese Departamento para tal efecto // Así mismo le aclaró que
el consorcio Cootransfun, no está obligado a elaborar y presentar los planes de manejo
ambiental para los cementerios distritales, pues dicha obligación está en cabeza de la
UESP”39.
65. Estos documentos no conducen a una conclusión distinta a la planteada: la
responsabilidad por la obtención de las licencias y permisos necesarios para la
construcción del nuevo horno crematorio estaba radicada en cabeza del
Concesionario, a quien correspondía adelantar las gestiones requeridas y asumir
los costos asociados a su cumplimiento. En primer lugar, ni el DAMA ni la Personería
Distrital son partes del contrato de concesión y, en consecuencia, sus
manifestaciones no definen el alcance de las obligaciones asumidas por quienes sí
ostentan tal calidad. En segundo lugar, ambas comunicaciones se refieren
exclusivamente a la elaboración y presentación del PMA de los tres cementerios
objeto de la concesión, y no a la licencia ambiental exigida para ejecutar las obras
del nuevo horno crematorio en los predios del cementerio sur. Por ello, resulta
necesario distinguir entre estos dos instrumentos.
66. Conforme al artículo 2º del Decreto 1753 de 1994, la licencia ambiental se
entendía como la autorización previa otorgada mediante acto administrativo a una
persona para la ejecución de un proyecto, obra o actividad que, conforme a la ley y
los reglamentos, pudiera causar deterioro grave a los recursos naturales renovables
o al medio ambiente, o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje.
En ella se establecían los requisitos, obligaciones y condiciones que el beneficiario
debía cumplir para prevenir, mitigar, corregir, compensar y manejar los efectos
ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada40.
67. En cuanto al PMA, el artículo 1º del Decreto 1753 de 1994 lo definía como el
instrumento que establece las acciones necesarias para corregir, mitigar, controlar
y compensar los impactos ambientales negativos generados durante la ejecución
de un proyecto, obra o actividad41. Por su parte, el artículo 25.6 disponía que el PMA
era un elemento integrante del EIA, que es un instrumento de planificación
ambiental y de apoyo a la toma de decisiones, requerido por la autoridad
competente para definir las medidas de prevención, corrección, mitigación y
compensación de los impactos negativos del proyecto42. En algunos casos —como
39
C. 2, p. 53.
40
Decreto 1753 de 1994, art. 2º: “La licencia ambiental es la autorización que otorga la autoridad
ambiental competente, mediante acto administrativo, a una persona, para la ejecución de un
proyecto, obra o actividad que conforme a la ley y a los reglamentos, puede producir deterioro grave
a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o
notorias al paisaje, y en la que se establecen los requisitos, obligaciones y condiciones que el
beneficiario de la Licencia Ambiental debe cumplir para prevenir, mitigar, corregir, compensar y
manejar los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada”.
41
Decreto 1753 de 1994, art. 1º: “Definiciones. Para la correcta interpretación de las normas
contenidas en el presente Decreto, se adoptan las siguientes definiciones: (…) Plan de Manejo
Ambiental: Es el plan, de manera detallada, establece las relaciones que se requieren para corregir,
mitigar, controlar, compensar, y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos
causados en desarrollo de un proyecto, obra o actividad; incluye también los planes de seguimiento,
evaluación y monitoreo y los de contingencia”.
42
Decreto 1753 de 1994, art. 24º: “El estudio de impacto ambiental tendrá los siguientes objetivos y
alcances: 1. Describir, caracterizar y analizar el medio biótico, abiótico y socioeconómico, en el cual
se pretende desarrollar el proyecto, obras o actividad (…) 6. Diseñar los planes de prevención,
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Actor: COOTRASFUN
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
Referencia: Controversias contractuales
las obras de pavimentación sin alteración de especificaciones técnicas— podía
exigirse la presentación de un PMA, sin que ello implicara la obligación de obtener
una licencia ambiental43. Finalmente, el artículo 38 establecía que los proyectos y
actividades que, antes de la entrada en vigor del decreto, hubieran obtenido los
permisos ambientales requeridos, podían continuar ejecutándose, pero la autoridad
ambiental podía exigir la presentación de un PMA, mas no la obtención de una
licencia44.
68. En este contexto, aunque tanto la licencia ambiental como el PMA constituían
instrumentos orientados a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos
ambientales que pudiera ocasionar la ejecución de un proyecto, obra o actividad, no
eran equivalentes desde el punto de vista jurídico. En el caso concreto, bajo la
vigencia de la Ley 99 de 1993 y del Decreto 1753 de 1994, la licencia ambiental era
una autorización previa y obligatoria, exigida para acometer la construcción del
nuevo horno crematorio del cementerio sur. En contraste, el PMA era un instrumento
de manejo y control ambiental aplicable a la operación de los tres cementerios
existentes con anterioridad a la expedición de dicha ley, que podía ser exigido por
el DAMA en aplicación del régimen de transición45.
69. En síntesis, estos dos instrumentos no eran equivalentes ni se confundían en
uno solo. El DAMA podía exigir, para actividades amparadas por el régimen de
transición, la implementación de un PMA, sin que ello implicara la obligación de
obtener una licencia ambiental ni, por consiguiente, la elaboración de un EIA, dentro
del cual el PMA constituye uno de sus componentes. De hecho, como se demostrará
mitigación, corrección, compensación de impactos y manejo ambiental a que haya lugar para
desarrollar el proyecto, obra o actividad”.
43
Decreto 1753 de 1994, art. 11: “Los proyectos, obras o actividades de pavimentación que no
incluyan cambios en las especificaciones técnicas de vías y pavimentación, no requerirá Licencia
Ambiental. Para estos casos la autoridad ambiental competente podrá exigir el plan de manejo
ambiental, sin perjuicio de la obligación de solicitar y obtener los correspondientes permisos,
concesiones o autorizaciones a que haya lugar”.
44
Decreto 1753 de 1994, art. 38: “Los proyectos, obras o actividades, que conforme a las normas
vigentes antes de la expedición del presente Decreto, obtuvieron los permisos, concesiones,
licencias y autorizaciones de carácter ambientales que se requerían, podrán continuar, pero la
autoridad ambiental competente podrá exigirles, mediante providencia motivada, la presentación
planes de manejo, recuperación o restauración ambiental (…) Los proyectos, obras o actividades
que con anterioridad a la expedición de la Ley 99 de 1993 iniciaron actividades, no requerirán
Licencia Ambiental. Tampoco requerirán Licencia Ambiental aquellos proyectos de competencia de
las Corporaciones Autónomas Regionales que iniciaron actividades antes de la expedición del
presente Decreto. Lo anterior no obsta para que dichos proyectos, obras o actividades cumplan con
la normatividad ambiental vigente, excluido el requisito de obtener Licencia Ambiental”.
45
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 18 de febrero de 2021, Exp. 63001-23-33-000-
2018-00171-01, C. P. Nubia Margoth Peña Garzón: “De lo anterior se advierte que tanto la licencia
como el PMA buscan fijar parámetros para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y
efectos ambientales que pudiese ocasionar el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Sin
embargo, se diferencian en los siguientes aspectos: 1.- La licencia ambiental lleva implícito todos los
permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los
recursos naturales renovables necesarios durante el tiempo de vida útil del proyecto, obra o
actividad, a diferencia del PMA que solamente se limita a incluir planes de seguimiento, contingencia
y abandono, según la naturaleza del proyecto, obra o actividad. // 2.- La licencia ambiental se otorga
de manera previa a la iniciación del proyecto, obra o actividad. Por su parte, el PMA tiene dos
connotaciones a saber: i) hace parte del Estudio de Impacto Ambiental, el cual es un instrumento
básico para la toma de decisiones dentro del proceso de licenciamiento ambiental; y ii) servir como
instrumento de manejo y control para proyectos, obras o actividades que estén amparados por un
régimen de transición”.
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Referencia: Controversias contractuales
más adelante al analizar la causa determinante del retraso, en este caso debieron
elaborarse dos PMA: el primero, exigido a la UESP, para la operación de los tres
cementerios, cuyas actividades no requerían licencia ambiental por preexistir a su
expedición; el segundo, integrante del EIA que debía presentarse para obtener la
licencia ambiental necesaria —no para la operación de los cementerios— sino para
la construcción del nuevo horno crematorio, inversión propuesta por el
Concesionario y cuya gestión correspondía exclusivamente a este, como ya se
explicó.
70. Finalmente, la declaración de Luis Fernando Torres Varó, citada por el
Concesionario como fundamento de su apelación, no constituye una prueba que
permita atribuir a la UESP la obligación de obtener la licencia ambiental. El señor
Torres Varó no ostentaba la calidad de representante del consorcio proponente ni
de sus integrantes, pues en el marco del proceso licitatorio actuó como asesor46.
Por ende, su testimonio no refleja, desde el punto de vista jurídico, la voluntad del
oferente que se expresó en el contrato, concretamente en la cláusula V, conforme
a la cual correspondía al Concesionario “obtener permisos, licencias o similares,
requeridos directa o indirectamente para la ejecución y cumplimiento del contrato”.
71. El testigo reconoció expresamente que la propuesta no contemplaba una
distribución de obligaciones según la cual la construcción del horno estaría a cargo
del Concesionario, mientras que la obtención de la licencia ambiental
correspondería a la UESP. Señaló que, por ser la entidad concedente la propietaria
del predio, este trámite debía correr por su cuenta47. Sin embargo, esta es una
apreciación jurídica, no una declaración sobre un hecho percibido con los sentidos,
por lo que no es atendible. Además, conforme a lo explicado por la Sala, ocurre
exactamente lo contrario: dado que la construcción del horno fue una inversión
propuesta por el Concesionario en ejercicio de la autonomía técnica reconocida en
el pliego, todas las gestiones necesarias para su ejecución —incluido el trámite de
permisos, la suscripción de contratos para su construcción y la recuperación de la
inversión mediante la explotación del servicio— corrían por su cuenta y riesgo.
La causa determinante del retraso en la conclusión de las obras del nuevo
horno crematorio
72. Definido que la obligación de obtener la licencia ambiental para la construcción
del nuevo horno crematorio recaía sobre el Concesionario, corresponde ahora a la
46
“PREGUNTADO: Ingeniero, por favor precísele al despacho las actividades que usted ha
desarrollado durante su vincula con la cooperativa COOTRANSFUN. CONTESTÓ: (…) Las labores
que debería desempeñar en un comienzo eran las de asesor. Una vez miembro de la cooperativa se
me contrató para elaborar la consultoría para los diseños de un horno crematorio que se construiría
en los predios del cementerio sur (…) Durante todo el período de ejecución de la obra asistió al
consorcio como asesor en todo lo concerniente a remodelaciones, mejores de los comentarios.
Grosso modo ese es un resumen de lo actuado o en la vida del consorcio”. C P. 10, p. 4.
47
“Una vez en ejecución el contrato se remiten los diseños para que con el conducto regular se
inicien los trámites pertinentes (entiéndase entrega formal del predio, trámite permisos entidad de
servicios públicos, pago de impuestos por concepto de delineación, demarcación, ocupación de vías
y licencia de construcción entre otros). Si bien textualmente la propuesta no expresa que estos
deberán ser por cuenta de la UESP, profesional y comercialmente estos son del tenor del dueño de
los predios por consecuencia la interpretación ha de ser la expuesta anteriormente”. C P. 10, p. 9.
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Sala determinar si el tiempo que tardó en adelantar ese trámite fue la causa eficiente
del retraso en la culminación de la obra, o si, por el contrario, la elaboración y
presentación del PMA para los tres cementerios del Distrito Capital —instrumento
que, como se explicó previamente, no es equivalente a la licencia— tuvo alguna
incidencia real en ese retraso, al cual el demandante anuda los perjuicios cuya
reparación reclama. En este punto, la Sala enfatiza que debe distinguirse entre: (i)
el PMA exigido a la UESP para la operación de los tres cementerios, cuyas
actividades no requerían licencia ambiental; y (ii) el PMA que integraba el EIA que
debía ser presentado para obtener la licencia ambiental necesaria —no para la
operación de los cementerios— sino para la construcción del nuevo horno
crematorio, inversión propuesta por el Concesionario.
73. En el proceso quedó acreditado que, el 11 de diciembre de 1996, mediante la
Resolución 632, el DAMA ordenó la suspensión de la obra de construcción del horno
crematorio en el cementerio sur. La razón jurídica que sustentó dicha decisión no
fue la ausencia de un PMA para la operación de los cementerios entregados en
concesión —instrumento que, para ese momento, ni siquiera había sido requerido—
, sino la omisión del trámite previo de la licencia ambiental, exigida por el artículo 2º
del Decreto 1753 de 1994. Así se consignó expresamente en el acto administrativo,
cuyo texto permite identificar con nitidez la causa determinante de la medida de
suspensión:
“CONSIDERANDO:
Que en atención a dicha solicitud, funcionarios de la Subdirección de Calidad Ambiental
del DAMA practicaron visita técnica al Cementerio del Sur, ubicado en la Avenida 27 Sur
No. 31-30, y como resultado de dicha diligencia se emitió el Concepto Técnico No. 884
del 24 de septiembre del mismo año, en el cual se dejó constancia de que en ese lugar
se encuentran en construcción dos (2) hornos crematorios que utilizarán gas natural
como combustible, y que el administrador del cementerio no exhibió, en el momento de
la visita, documento alguno tramitado ante la autoridad ambiental competente que
habilitara la ejecución del proyecto // Que el artículo 66 de la Ley 99 de 1993 atribuye
competencia a los municipios, distritos o áreas metropolitanas con población urbana
igual o superior a un millón (1.000.000) de habitantes para ejercer, en lo que sea
aplicable al medio ambiente urbano, las mismas funciones que la ley asigna a las
Corporaciones Autónomas Regionales. // Que el artículo 1º del Decreto Distrital 673 de
1995 dispone: ‘El DAMA es la autoridad ambiental dentro del perímetro urbano del
Distrito Capital’. // Que conforme al numeral 3 del artículo 2º del mismo decreto,
corresponde al DAMA realizar acciones orientadas a prevenir, controlar y mitigar los
impactos ambientales, así como preservar, administrar y conservar el medio ambiente y
los recursos naturales en el Distrito Capital // (…) Que de acuerdo con el numeral 20 del
artículo 8º del Decreto Reglamentario 1753 de 1994, la construcción de obras y el
desarrollo de cementerios deben contar con la respectiva Licencia Ambiental otorgada
por la autoridad competente.
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.– Ordenar al señor Hugo Suárez, en su calidad de administrador
del Cementerio del Sur, ubicado en la Avenida 27 Sur No. 31-30, la suspensión inmediata
de la obra consistente en la construcción de dos (2) hornos crematorios en ese lugar,
hasta tanto se obtenga la correspondiente Licencia Ambiental”48 (Énfasis añadido).
48
C.P 2, p. 48.
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74. También se encuentra acreditado que la exigencia de elaborar y presentar el
PMA para los cementerios entregados en concesión —requerimiento formulado por
el DAMA en aplicación del régimen de transición previsto en el Decreto 1753 de
1994— fue planteada a la UESP más de diez (10) meses después de haberse
ordenado la suspensión de las obras del horno crematorio por falta de licencia
ambiental. Así lo registra el Concepto Técnico No. 1865 del DAMA, donde se señaló
como antecedente que “el 28 de octubre de 1997, mediante memorando No. 815,
la Subdirección de Calidad Ambiental entregó a la Subdirección Jurídica los
Términos de Referencia para la elaboración e implementación del plan de manejo
ambiental”49. Este dato concuerda con el contenido de un memorando interno de la
UESP, en el cual el director jurídico de la entidad solicitó al interventor del contrato
emitir concepto sobre el requerimiento del DAMA y precisar si la implementación del
PMA se encontraba dentro de las obligaciones del Concesionario:
“Asunto: Solicitud de concepto jurídico sobre la elaboración del Plan de Manejo
de Cementerios
Mediante el oficio SCA-UEE-18446 del 29 de octubre de 1997, la doctora Lucy
Esperanza González M., Jefe de la Unidad de Evaluación y Estudios del
Departamento Administrativo del Medio Ambiente – DAMA, remitió a esta Unidad
los Términos de Referencia del Plan de Manejo de Cementerios en el Distrito
Capital, los cuales deberán ser presentados ante esa entidad dentro de un plazo
de 90 días, contados a partir del momento de su radicación, es decir, desde el 30
de octubre de 1997 // (…) Teniendo en cuenta que el plazo establecido por el
DAMA se cumple el próximo 13 de marzo y a la fecha no se ha llevado a cabo el
estudio para la elaboración del Plan de Manejo Ambiental de Cementerios, de
forma comedida solicito emitir el concepto jurídico de la respuesta dada por el
concesionario a fin de establecer quién es el responsable de la elaboración del
plan antes citado”50.
75. En consecuencia, la Sala concluye que, durante este primer período, la
exigencia del PMA no tuvo incidencia causal en el hecho generador del perjuicio
que el demandante atribuye al retraso en la ejecución de la obra. Tal requerimiento
fue posterior a la orden de suspensión, adoptada exclusivamente por la omisión en
la obtención previa de la licencia ambiental. Si el Concesionario hubiera presentado
oportunamente el EIA y tramitado la correspondiente licencia, habría podido
culminar las obras, al margen de que, con posterioridad —y en aplicación del
régimen de transición previsto en el Decreto 1753 de 1994—, el DAMA exigiera un
PMA para la operación de los tres cementerios concesionados. Incluso luego de
octubre de 1997 —cuando la UESP fue requerida para elaborar dicho PMA—, la
causa determinante del retraso persistió en la demora del propio Concesionario en
preparar el EIA necesario para obtener la licencia ambiental que habilitaba la
reanudación y terminación del nuevo horno crematorio.
76.El Decreto 1753 de 1993 establecía lo siguiente en su artículo 23: “El estudio
de impacto ambiental se exigirá en todos los casos que requieran Licencia
Ambiental de acuerdo con la Ley y los reglamentos. El estudio de impacto ambiental
49
C.P 8, p. 60.
50
C.P 8, p. 799.
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deberá corresponder en su contenido y profundidad a las características del
proyecto, obra o actividad”. En desarrollo de esta previsión, el artículo 30 regulaba
el procedimiento correspondiente y disponía que, una vez presentado el EIA, la
autoridad ambiental podía solicitar, dentro de los 30 días hábiles siguientes, la
información adicional que considerara indispensable. Recibida dicha información,
contaría con 15 días hábiles para requerir conceptos técnicos a otras entidades, las
cuales debían remitirlos en un plazo máximo de 60 días hábiles. Vencido este
término, o una vez allegada toda la información requerida, la autoridad expediría un
auto de trámite que así lo declarara, a partir del cual decidiría sobre la viabilidad del
proyecto y otorgaría o negaría la licencia ambiental en un término no superior a 60
días hábiles. Así, para agotar el procedimiento tendiente al otorgamiento de la
licencia necesaria para culminar la construcción del horno crematorio, era
indispensable que el Concesionario presentara el EIA correspondiente.
77. Los documentos del expediente evidencian que el Concesionario no presentó
el estudio de impacto ambiental sino hasta el 25 de agosto de 1998, es decir, un
año y ocho meses después de haberse ordenado la suspensión de la obra por no
contar con la respectiva licencia ambiental. Así consta en el memorando 23155 del
DAMA, dirigido al Coordinador General de la entidad concedente, en el que se
señaló: “Le informo que mediante radicado 16151 de agosto 25 corriente, la
Cooperativa de Trabajo Asociado de Servicios Funerarios – COOTRANSFUN
entregó el Estudio Impacto Ambiental de los Hornos Crematorios”51.
78. La Sala no pasa por alto que la UESP presentó el PMA para la operación del
cementerio sur el 22 de febrero de 1999, según consta en el Concepto Técnico 1856
del DAMA: “El 22 de febrero de 1999, mediante radicado DAMA No. 39.30, el
gerente de la UESP presenta el PMA para la operación del cementerio sur” 52. No
obstante, el lapso de aproximadamente seis (6) meses entre la entrega del EIA por
parte del Concesionario al DAMA para licenciar la construcción del nuevo horno y
la presentación del PMA para la operación de los tres cementerios por la entidad
concedente no tuvo incidencia causal directa en la fecha de reanudación de las
obras.
79. En primer lugar, porque, tal como se mostró anteriormente, la exigencia de
elaboración y presentación del PMA sobrevino con posterioridad a la orden de
suspensión de la construcción, que fue adoptada exclusivamente con fundamento
en la ausencia de licencia ambiental. En segundo lugar, porque la licencia era la
autorización previa exigida por el DAMA para acometer la construcción del nuevo
horno crematorio, conforme al Decreto 1753 de 1994, mientras que el PMA no
constituía un título habilitante para la ejecución de estas obras, sino una medida
adoptada por la autoridad ambiental dentro del régimen de transición para controlar
los efectos derivados de la operación y prestación de todos los servicios funerarios
en los tres cementerios existentes antes de la entrada en vigor de dicho decreto.
Finalmente —y no menos importante—, porque no existió una diferencia temporal
entre la emisión del concepto técnico favorable al EIA presentado por el
51
C.P 2, p. 142.
52
C.P 8, p. 61.
24
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Concesionario, que daba paso a la obtención de la licencia, y el emitido sobre el
PMA presentado por la UESP. Así se desprende de los considerandos de la
Resolución 358 de abril de 1999, mediante la cual se requirió el cumplimiento de
este último:
“Que mediante radicado DAMA No. 20482 del 15 de octubre de 1998, el Coordinador
General de la UESP informó que ya se había iniciado el proceso de contratación para la
elaboración del Plan de Manejo Ambiental del Cementerio del Sur, con cargo al
presupuesto de esa vigencia, y que para los demás cementerios se requerirían recursos
del presupuesto correspondiente al año 1999.
Que, teniendo en cuenta la situación presupuestal manifestada por la UESP, se
determinó solicitar a dicha entidad un informe preliminar sobre el estado actual de los
tres cementerios distritales, mientras se elaboraban y evaluaban los respectivos planes
de manejo ambiental. Este requerimiento fue formulado por la Unidad Legal Ambiental
de este Departamento mediante oficio SI-ULA No. 28639 del 2 de diciembre de 1998.
Que el 22 de febrero de 1999, bajo radicado DAMA No. 3930, el Gerente de la UESP
presentó el Plan de Manejo Ambiental del Cementerio del Sur.
Que mediante Concepto Técnico No. 1856 del 12 de abril de 1999, la Subdirección de
Calidad Ambiental de este Departamento evaluó la información presentada bajo el citado
radicado, y concluyó que era técnica y ambientalmente viable la ejecución del Plan de
Manejo Ambiental del Cementerio del Sur, tanto para la operación actual como para la
implementación de nuevas obras y servicios.
Que la Subdirección de Calidad Ambiental, mediante Concepto Técnico No. 1861 del 12
de abril de 1999, evaluó el estudio de impacto ambiental presentado para la construcción
y operación de los hornos crematorios, concluyendo que la ejecución del proyecto es
viable desde el punto de vista ambiental, siempre que se ajustara a las recomendaciones
formuladas en el citado concepto”53 (Énfasis añadido).
80. En resumen, dado que ofertó por su cuenta la construcción de una obra sujeta
a licenciamiento conforme al régimen ambiental vigente al momento de contratar, el
Concesionario debió prever las gestiones necesarias para obtener dicha
autorización, incluyendo los tiempos requeridos para elaborar el EIA. Tales trámites
estaban bajo su control, y la duración efectiva del procedimiento de licenciamiento
se explica por su propia conducta, ya que transcurrió aproximadamente un año y
ocho meses desde la orden de suspensión de la obra hasta la presentación del EIA
requerido para expedir la licencia.
81. En el plenario no obra prueba de un hecho que hubiese obstaculizado el trámite
de presentación del EIA, del cual dependía la obtención de la licencia ambiental y,
con ella, la reanudación de las obras. El hecho de que entre la entrega del EIA del
horno por parte del Concesionario al DAMA y la presentación del PMA de operación
de los cementerios por la UESP a la misma autoridad ambiental haya transcurrido
un lapso de aproximadamente seis (6) meses no constituía una limitación para
avanzar en el procedimiento de licenciamiento de la obra de construcción ni
representó —desde el punto de vista causal— un obstáculo para concluir las obras.
Como lo explicó la Sala, el PMA exigido a la UESP correspondía al instrumento de
manejo ambiental para la operación de los tres cementerios y no guardaba relación
directa con el licenciamiento ambiental de la obra de construcción del nuevo horno
53
C.P 2, pp. 47 – 48.
25
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Referencia: Controversias contractuales
crematorio, que exigía al Concesionario la presentación de un EIA con su propio
plan de manejo ambiental, específico para dicha inversión.
82. Al hilo de lo anterior, la Sala concluye que, dado que correspondía al
Concesionario obtener los permisos y licencias necesarios para la construcción del
horno crematorio del cementerio sur —incluida la presentación oportuna del EIA
para obtener la licencia ambiental exigida por el DAMA—, y que la elaboración del
PMA a cargo de la UESP no tuvo incidencia causal en el retraso de la obra,
corresponde al demandante asumir, a su costa, los efectos económicos derivados
de dicha circunstancia.
83. Sin perjuicio de las consideraciones precedentes —que bastan para desestimar
los reparos del apelante en cuanto a la imputación del retraso en la obra—, la Sala
advierte que la metodología propuesta para cuantificar los perjuicios alegados
tampoco resulta jurídicamente atendible. En el marco de un contrato de concesión
como el que ocupa a la Sala, no es viable estimar el perjuicio patrimonial a partir de
la mera comparación entre los costos directos previstos para el momento
inicialmente proyectado de ejecución de la obra y aquellos efectivamente asumidos
al llevarla a cabo en una fecha posterior. Como se explicará enseguida, este
enfoque desconoce la naturaleza financiera del contrato de concesión, en virtud del
cual la retribución del contratista no proviene del pago de un precio por parte de la
entidad contratante, sino del retorno esperado sobre la inversión efectuada.
84. Como lo explicó la Sala al examinar la estructura económica de la oferta
presentada por el Concesionario, esta contemplaba la ejecución de una serie de
inversiones iniciales —entre ellas, la construcción del nuevo horno crematorio
durante las primeras dieciséis semanas del contrato—, cuya recuperación o
remuneración estaba prevista a través de los ingresos generados por la explotación
de los cementerios y las adecuaciones a su infraestructura durante el período de
cinco años. Estos flujos de caja, proyectados en el tiempo, definían la tasa interna
de retorno del proyecto que guiaba la decisión empresarial del Concesionario, quien
asumía por su cuenta y riesgo la financiación de dichas inversiones.
85. El hecho de que una de esas inversiones —las requeridas para la construcción
y puesta en funcionamiento del nuevo horno crematorio— se desplazara en el
tiempo, como ocurrió en este caso por causas atribuibles al Concesionario,
ciertamente pudo haber generado un aumento en los costos directos de la obra civil,
como lo alegó el demandante. Sin embargo, ese efecto no agota las consecuencias
económico-financieras derivadas del desplazamiento.
86. El aplazamiento de una inversión de capital (CAPEX) como esta también implica
que el activo entra en operación en una etapa posterior, por lo que se reducen
proporcionalmente los gastos de operación y mantenimiento (OPEX) que el
contratista debe asumir. En otras palabras, el Concesionario debió operar y
mantener el horno durante un período más corto que el previsto originalmente en la
propuesta aceptada por la Administración. Además, desde una perspectiva
estrictamente financiera, el diferimiento temporal de la inversión incrementa la
rentabilidad del proyecto —si se mantienen constantes las demás variables—, en
26
Radicación: 25000233600020020179402 (69.317)
Actor: COOTRASFUN
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
Referencia: Controversias contractuales
virtud del valor del dinero en el tiempo: al no tener que inmovilizar los recursos desde
el inicio, el Concesionario pudo obtener rendimientos sobre dichos fondos durante
el lapso en que no los destinó a la inversión comprometida, con lo cual se redujo su
costo de oportunidad.
87. En conclusión, para determinar el perjuicio material alegado por el demandante
—que, en todo caso, no es jurídicamente imputable a la UESP— no podía
considerarse de forma aislada el eventual mayor costo en la construcción del nuevo
horno crematorio derivado de su desplazamiento temporal. La acreditación efectiva
de ese perjuicio exigía valorar, de manera integral, las variables propias de la
estructura económica del contrato de concesión, entre ellas: (i) los ingresos
derivados de la operación del horno; (ii) el incremento de los costos directos de su
construcción; (iii) la reducción proporcional de los gastos de operación y
mantenimiento, asociada a su entrada tardía en funcionamiento; y, (iv) el
diferimiento del costo de oportunidad de la inversión. Solo a partir de esta evaluación
podía establecerse con certeza si se produjo un menoscabo patrimonial por el
retraso en la construcción del horno.
La alteración del equilibrio del contrato por el presunto carácter extraordinario
y anormal del incremento de los costos por la recolección de residuos
88. El Concesionario sostuvo en su apelación que, si bien era previsible una
variación en los montos facturados por la prestación del servicio de recolección de
residuos sólidos, la magnitud efectiva del incremento fue anormal y extraordinaria,
al punto de romper el equilibrio económico del contrato de concesión.
89. El “equilibrio de la ecuación económica del contrato”54 y la “equivalencia entre
derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar”55, así
como el derecho a su restablecimiento cuando se rompa o altere por causas no
imputables a quien resulte afectado, no pueden determinarse sin atender a la
distribución de riesgos contractuales. Como ha señalado la Subsección, la voz
riesgo alude a circunstancias externas a las partes del negocio jurídico, que resultan
identificables y cuantificables, y que pueden modificar los resultados económicos
esperados, tanto en los ingresos como en los costos56.
90. Así entendido, el riesgo tiene una doble dimensión: su materialización puede
generar tanto efectos desfavorables —v. gr., un incremento de costos— como
efectos favorables —la disminución de estos—. Por ejemplo, en un contrato de obra
a precio global, el constructor asume el riesgo de mayores o menores cantidades
de obra. Si las cantidades realmente ejecutadas resultan ser menores a las
previstas al momento de proponer, el constructor obtendrá, ceteris paribus, un
retorno mayor porque sus costos directos serán inferiores a los inicialmente
estimados, sin que por ello la entidad comitente pueda abstenerse de pagar el precio
54
Ley 80 de 1993, art. 5.1
55
Ley 80 de 1993, art. 27.
56
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 7 de febrero de 2025 (párrs. 34 – 37), Expediente 25000-23-36-000-2020-00396-01
(70.250), C. P. José Roberto Sáchica Méndez.
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Radicación: 25000233600020020179402 (69.317)
Actor: COOTRASFUN
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
Referencia: Controversias contractuales
total, salvo pacto en contrario. Con todo, la concreción del riesgo también puede
producir efectos desfavorables cuando resulta necesario ejecutar una mayor
cantidad de obra. En tal caso, el contratista debe soportar el efecto, sin que sea
procedente reclamar a la entidad el pago de sumas adicionales.
91. El oferente que asume un riesgo calcula —diligentemente debe hacerlo— la
probabilidad de su ocurrencia y su impacto sobre los flujos esperados, con el fin de
determinar el costo de asumir la contingencia y definir el valor de su oferta. Por esta
razón, la oferta económica debe reflejar la asunción de riesgos, ya que su
distribución busca que la parte que los asuma soporte los efectos de su eventual
materialización. De este modo, los riesgos asignados forman parte de la
equivalencia entre derechos y obligaciones surgida al momento de proponer o
contratar (Ley 80 de 1993, art. 27). Considerado el riesgo asignado como
componente integral de las condiciones económicas pactadas inicialmente, su
concreción no altera el equilibrio financiero del contrato, pues se entiende que su
ocurrencia y efectos ya estaban incorporados en la ecuación que determinó dicho
equilibrio. En consecuencia, sus efectos deben ser asumidos, dentro de los límites
acordados, por la parte a la que se le asignó y así aceptó al contratar.
92. Aunque el negocio jurídico celebrado entre la UESP y el Concesionario no
contiene una cláusula particular de distribución de riesgos ni se elaboró una matriz
de riesgos, como lo exige el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007 —que no estaba
vigente a la sazón—, ello no significa que no existiera una distribución implícita,
derivada tanto de la naturaleza del contrato como de sus estipulaciones. En este
caso, las variaciones en los montos facturados por el servicio de recolección de
residuos, generados por la operación de los cementerios y hornos crematorios,
constituyen una variable sujeta al dominio y control empresarial del Concesionario,
inescindiblemente ligada a la gestión de los servicios funerarios, que eran la
principal obligación a su cargo. Por tanto, debe retener sus consecuencias, ya sean
favorables o desfavorables, pues constituyen un riesgo asumido por él. Esta
conclusión ya había sido expuesta por la Subsección en un caso análogo:
“Conforme lo explicó la Sala, el contrato es en sí mismo un instrumento de distribución
de riesgos, y las partes asumen —en línea de principio— todos aquellos asociados al
cumplimiento de sus obligaciones. Esta consideración es particularmente relevante
tratándose de un contrato de concesión de bienes estatales, porque el contratista asume
la explotación del activo por su cuenta y riesgo. Según ha dicho la Corporación, esto
supone que el contratista soporta los efectos de los ‘riesgos internos empresariales’, esto
es, los que son inherentes ‘al objeto de la organización misma del concesionario (…),
debido a que se encuentran en su órbita de manejo o administración’.
A tono con las anteriores consideraciones, la Sala advierte que los efectos del alza en la
facturación del servicio público de aseo entre noviembre de 2004 y diciembre de 2005
los debe retener el concesionario, pues los volúmenes de escombros y basuras eran una
variable bajo su administración y control, es decir, dependían directamente de su gestión.
Dicho de otro modo, este riesgo, amén de previsible, era inherente a la operación
empresarial del Consorcio Renacer y a la explotación de los activos concesionados”57.
57
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 10 de septiembre de 2021 (párr. 207), Rad. 25000-23-26-000-2010-00779-01 (51219),
C. P. José Roberto Sáchica Méndez.
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Radicación: 25000233600020020179402 (69.317)
Actor: COOTRASFUN
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
Referencia: Controversias contractuales
93. Además de la naturaleza del contrato de concesión, esta conclusión se funda
en las estipulaciones pactadas por las partes. Por una parte, conforme al literal m)
de la cláusula IV, el Concesionario se obligó a “cancelar el valor de los servicios de
acueducto, alcantarillado, aseo, energía y teléfonos de los cementerios”58, sin
limitación alguna respecto de las variaciones en los montos facturados. Por otra
parte, en la cláusula VIII se estableció que “en la remuneración pactada se
encuentran comprendidos la totalidad de los costos administrativos, financieros,
operativos (…) y cualesquiera otros correspondientes a la prestación de los
servicios”59.
94. Como corolario, se precisó que dicha remuneración “incluye la amortización de
las inversiones efectuadas por el CONCESIONARIO para la organización y puesta
en funcionamiento de la concesión, siendo entendido que el DISTRITO no queda
obligado a reintegrar suma alguna al CONCESIONARIO por aquella parte de la
inversión que no haya sido completamente amortizada al término del plazo de la
concesión, salvo los casos de Ley”60. De estas cláusulas se sigue que las
variaciones en los montos facturados por concepto del servicio de recolección de
residuos, generados por la operación de los cementerios y hornos crematorios, son
un riesgo que debía ser asumido exclusivamente por el Concesionario y no pueden
trasladarse a la entidad contratante.
95. La Subsección ha señalado que aun si los efectos de un riesgo asignado —
debido a su carácter extraordinario o inusitado— desbordan los umbrales implícitos
o explícitos bajo los cuales fue asumido por el contratista, ello no implica, ipso facto,
que la entidad estatal deba compensarlo. En tales eventos, el análisis sobre la
procedencia de la compensación debe efectuarse conforme al criterio de alteración
del equilibrio económico del contrato causada por circunstancias imprevisibles61.
Desde este punto de vista, la ocurrencia de esta clase de circunstancias constituye
una condición necesaria, pero no suficiente, para justificar una compensación. En
consecuencia, la entidad está obligada a restablecer dicho equilibrio si el
acaecimiento del evento genera una situación deficitaria o de pérdida en el balance
financiero global, pues el artículo 5.1 de la Ley 80 de 1993 dispone que la ecuación
contractual debe restablecerse a un “punto de no pérdida” cuando la alteración es
causada por situaciones imprevistas y no imputables a las partes.
96. Las pruebas obrantes en el expediente no acreditan que las variaciones en las
sumas pagadas por concepto del servicio de recolección de residuos hayan
producido una alteración del equilibrio económico del contrato de concesión que
justifique su restablecimiento a punto de no pérdida. En el dictamen pericial
elaborado a solicitud del demandante por la contadora Ana Libia Ferreira, con
fundamento en los comprobantes de egreso anexos al peritaje —también aportados
junto con la demanda—, se presentó el siguiente cálculo:
58
C.P 5, p. 328.
59
C.P 5, p. 332.
60
Ídem.
61
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 7 de febrero de 2025 (párr. 53), Expediente 25000-23-36-000-2020-00396-01 (70.250),
C. P. José Roberto Sáchica Méndez.
29
Radicación: 25000233600020020179402 (69.317)
Actor: COOTRASFUN
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
Referencia: Controversias contractuales
“De acuerdo con soportes de contabilidad del Consorcio Cootransfun, por el periodo de
facturación Julio 3/99 a Enero 2/2000 (6 meses), la Empresa le canceló a ECSA la suma
de $5.506.830.00.
Para el semestre siguiente (Enero 3 a Junio 30 de 2000), el Consorcio canceló a ECSA
la suma de $24.380.620.00.
El valor extra pagado a la ECSA, es la diferencia entre los dos (2) valores anteriores:
Diferencia = $24.380.620.00 Menos (-) $5.506.830.00
Diferencia = $18.873.790.00 Presunto Daño Emergente
Fecha = Octubre 10/2000 (Fecha en que se giró el cheque).
3.5.2. Lucro Cesante: Rendimientos Financieros
En el Cuadro No.11 se liquidan la actualización y los intereses de mora del PRESUNTO
Daño Emergente que soportó el CONSORCIO por la suspensión de la obra, siguiendo
las directrices estipuladas por el Artículo 4°., Numeral 8°. de la Ley 80 de 1993. A
continuación se describen las columnas del Cuadro No. 11.
Columna 1. Fecha de generación del Presunto Daño Emergente: En la fecha en que se
giró el segundo cheque: Octubre 10/00.
Columna 2. Valor del Presunto Daño Emergente: Es igual al sobrepago a la ECSA.
Presunto Daño Emergente: $ 18'873.790.00
Columnas 3 y 4. Fechas de Inicio de Año y Fin de Año: Teniendo en cuenta que el
Presunto Daño Emergente aún no se ha devuelto al CONSORCIO y, dado que para
actualizar la suma debida se debe emplear la tasa de inflación del año anterior, para
años completos o fracciones de ellos, se requiere determinar de manera precisa las
fechas en las cuales incidieron esas tasas”62.
97. Este dictamen pericial, respecto del cual la parte demandante no solicitó
aclaraciones ni complementaciones, tan solo da cuenta de un incremento, de un
semestre a otro, en las sumas pagadas por el Concesionario por el servicio de
recolección de residuos sólidos, de no más de $19’000.000. Sin embargo, no
justifica por qué dicho incremento podría considerarse extraordinario o anormal en
un contrato en el que se proyectaron ingresos, por la explotación del servicio entre
1995 y 1999, superiores a $7.000’000.000 en precios corrientes63, ni cuáles fueron
las causas que lo originaron, las cuales podrían estar asociadas a una mayor
demanda de los servicios funerarios, de los cuales derivaban los ingresos
operacionales del Concesionario.
98. El dictamen tampoco prueba que este incremento haya roto el equilibrio
económico del contrato, en el sentido de generar una situación deficitaria o de
pérdida en el balance global del negocio jurídico. El perito se limitó a registrar una
variación en uno solo de los costos operativos de la concesión; sin embargo, esta
demostración resulta insuficiente para acreditar el supuesto fáctico del que depende
la exigibilidad del derecho subjetivo al restablecimiento del equilibrio por
circunstancias imprevistas: la existencia de una situación de pérdida que justifique
62
C.P 11, p. 29.
63
De acuerdo con el documento aclaratorio aportado por la UESP, en el que se detalló el flujo de
fondos del proyecto, los ingresos proyectados por la prestación de los servicios funerarios ascendían
a $1.058.301.573 para el año 1995; $1.371.222.123 para 1996; $1.476.473.430 para 1997;
$1.580.616.140 para 1998; y $1.771.188.260 para 1999.
30
Radicación: 25000233600020020179402 (69.317)
Actor: COOTRASFUN
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
Referencia: Controversias contractuales
que, pese a no tratarse de un hecho imputable a la entidad concedente, esta auxilie
a su contratista para restablecer la ecuación económica hasta un “punto de no
pérdida”, como lo estableció expresamente el legislador64.
99. En síntesis, ni el dictamen pericial ni las demás pruebas del expediente
acreditan que, en el balance global del contrato, se haya producido un resultado
contable neto negativo o —desde la perspectiva financiera propia de las
concesiones65— que las inversiones y costos asumidos por el Concesionario no
pudieran recuperarse con los ingresos derivados de la explotación del servicio. Ello
habría requerido, por ejemplo, un flujo de caja consolidado del proyecto y la
verificación de que su valor presente neto (VPN), descontado a la tasa interna de
retorno prevista en la oferta —o un WACC razonable para el proyecto—, resultara
negativo. Ante la ausencia de esa demostración, la Sala confirmará la decisión de
desestimar esta pretensión.
Costas
100.En ausencia de prueba sobre temeridad o mala fe en la actuación procesal de
las partes, la Sala se abstendrá de imponer condena en costas, conforme a lo
dispuesto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por
el artículo 55 de la Ley 446 de 199866.
64
En este sentido se ha pronunciado la Sección Tercera: “Es cierto que la fijación de nuevos
impuestos o su incremento puede afectar el equilibrio económico del contrato, pero es necesario que
el contratista pruebe que el mayor valor que asume por la carga impositiva afecta en forma grave y
anormal la utilidad esperada, si pretende ver restablecida dicha ecuación, que fue lo que en el
presente caso no ocurrió. Por tal motivo, la Sala hace suyo lo afirmado por JEZE cuando señala que
‘Para calcular el monto de dicha carga (se refiere a la excepcional), es preciso sumar el total de los
gastos propios de la explotación y el total de los ingresos y créditos, comparando luego los dos
totales. No debe deducirse, del déficit total, la parte que correspondería al alza que se juzga previsible
de los elementos del precio de costo. (...) para determinar si la explotación es deficitaria, se debe
considerar todo el contrato y no tal o cual parte de éste. Puede suceder que una cláusula del contrato
entrañe una pérdida. Esto no basta; es necesario tener en cuenta todas las cláusulas del contrato.
Si, con todos estos elementos, la explotación no resulta deficitaria debido a circunstancias
excepcionales, la teoría de la imprevisión no se aplica. Ello sucederá con mayor razón si, en
definitiva, el contratante obtiene un beneficio del conjunto del contrato’”. Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 29 de mayo de 2003, Rad. 73001-23-
31-000-1996-4028-01 (14577), C. P. Ricardo Hoyos Duque.
65
“La fuente de los recursos destinados a financiar la ejecución del objeto material de la concesión
y particularmente la responsabilidad de su consecución, constituye por tanto, el elemento básico que
integra la definición del negocio concesional y, "distingue claramente la concesión del contrato de
obra pública, porque en éste la retribución del contratista consiste en un precio"; ello da lugar a
entender que la concesión se estructura y se caracteriza como un típico negocio financiero en el cual
el particular destina a la construcción de una obra pública, a la prestación de un servicio o a la
explotación de un bien de dominio público, recursos propios o gestados por él por su propia cuenta
y bajo su propia responsabilidad, mientras que el Estado se obliga a las correspondientes
prestaciones que permiten al concesionario recuperar su inversión y obtener sus ganancias mediante
cualquiera de los mecanismos permitidos por la ley y convenidos en cada caso para obtener el
repago de la inversión privada y sus rendimientos”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 18 de marzo de 2010, Rad. 25000-23-26-000-1994-
00071-01 (14390), C. P. Mauricio Fajardo Gómez.
66
La demanda se presentó el 4 de septiembre de 2002 (Cuaderno ppal., p. 47). La Ley 1437 de 2011
solo se aplica a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigor
. Por lo tanto, este proceso se rige por el CCA.
31
Radicación: 25000233600020020179402 (69.317)
Actor: COOTRASFUN
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
Referencia: Controversias contractuales
IV. PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 3 de agosto de 2022 proferida el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los
abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
VF
32
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