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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2012-00217-01

Fecha
30 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2012-00217-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE, por las razones expuestas en esta providencia, la Sentencia proferida el 16 de julio de 2015 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, que accedió a varias de las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: DECLARAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación y Ministerio de Relaciones Exteriores responsables del daño ocasionado a los demandantes, con ocasión de la privación injusta de la libertad de Angelmiro Cáceres García por el periodo de 41 meses y 7 días, así como por la situación de abandono a la que se le sometió por parte de esta última entidad, al no disponer de los mecanismos necesarios para garantizar su regreso al país. TERCERO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación a pagar, a título de reparación por los perjuicios morales, las siguientes sumas expresadas en salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia Demandante Fiscalía Rama Judicial General de la Nación Angelmiro Cáceres García 25 SMLMV 75 SMLMV Sandra Liliana Martínez Hernández 12,5 SMLMV 37,5 SMLMV Ángela Dayana Cáceres Martínez 12,5 SMLMV 37,5 SMLMV Laura Daniela Cáceres Martínez 12,5 SMLMV 37,5 SMLMV Jerly Vanessa Cáceres Martínez 12,5 SMLMV 37,5 SMLMV CUARTO: ORDENAR a la Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación que emitan un comunicado en el cual ofrezcan disculpas por la afectación del buen nombre de Angelmiro Cáceres García, en los términos expuestos en esta decisión. 34 de 35 Radicación: 25000-23-36-000-2012-00217-01 (55.988) Demandante: Angelmiro Cáceres García y otros Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011) Decisión: Modifica parcialmente _____________________________________________________________________________________________________________ QUINTO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación a pagar a Angelmiro Cáceres García, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, las […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2012-00217-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

30 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 30 de noviembre de 2023

Radicación: 25000-23-36-000-2012-00217-01 (55.988)
Demandante: Angelmiro Cáceres García y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)

Temas: Reparación directa - Responsabilidad extracontractual del Estado por privación
injusta de la libertad (Convención de Montevideo sobre extradición - Ley 906 de 2004) –
Detención provisional en trámite de extradición – daño especial

Síntesis del caso: El demandante fue capturado en observancia de la circular roja de
Interpol emitida por el gobierno argentino, con el propósito de asegurar su comparecencia
dentro del proceso penal seguido en su contra, por el delito de tenencia, comercialización
y fabricación de estupefacientes. Posteriormente, el gobierno extranjero presentó la
solicitud de detención provisional y formalizó la petición de extradición, en cumplimiento
de la Convención de Montevideo. El ciudadano requerido fue llevado efectivamente ante
la justicia argentina y, finalmente, el Tribunal oral en lo criminal federal emitió sentencia
absolutoria a su favor. Una vez recobró su libertad, las autoridades colombianas se
abstuvieron de disponer o coordinar su regreso inmediato al país, por lo que permaneció
en situación de mendicidad por más de 3 meses, en Buenos Aires, Argentina

Conoce la Sala los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio de
Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la Nación en contra de la
Sentencia proferida el 16 de julio de 2015 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual se
accedieron parcialmente a las pretensiones de la demanda1.

1 En la parte resolutiva se dispuso lo siguiente: “PRIMERO: Declarase judicialmente responsable a la Fiscalía General

de la Nación, por la privación injusta de la libertad del señor Angelmiro Cáceres García de conformidad con lo
señalado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Como consecuencia de la declaración anterior,
condénese a la Fiscalía General de la Nación, a pagar a favor de los demandantes las siguientes sumas de dinero:
a) Por concepto de perjuicios materiales en su modalidad de daño emergente a favor de Sandra Liliana Martínez
Hernández, la suma de cuatro millones quinientos ochenta y nueve mil quinientos setenta pesos ($4.589.570). b)
Por concepto de perjuicios materiales en su modalidad de lucro cesante consolidado a favor de Angelmiro
Cáceres García, la suma de siete millones quinientos diecisiete mil cuatrocientos dieciséis pesos ($7.517.416). c) Por
concepto de perjuicios morales a favor de Angelmiro Cáceres García, en su calidad de víctima, se le reconocerá
el equivalente a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes. d) Por concepto de perjuicios morales
para Sandra Liliana Martínez Hernández, en su calidad de esposa de la víctima, se le reconocerá el equivalente a
veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes. e) Por concepto de perjuicios morales a favor de Jerly
Vanessa, Angela Dayana y Laura Daniela Cáceres Martínez, en su calidad de hijas de la víctima, se le reconocerá
el equivalente a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada una. f) Por concepto de
perjuicios morales a favor de Rosa Virginia Cáceres García, en su calidad de hermana de la víctima, se le
reconocerá el equivalente a trece (13) salarios mínimos legales mensuales vigentes. TERCERO: Declarase
judicialmente responsable a la Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores, por la privación injusta de la libertad
del señor Angelmiro Cáceres García y por la omisión de ayuda a retornar a su país de origen, de conformidad con
lo señalado en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: Como consecuencia de la declaración anterior,
condénese a la Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores, a pagar a favor de los demandantes las siguientes

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 25000-23-36-000-2012-00217-01 (55.988)
Demandante: Angelmiro Cáceres García y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Modifica parcialmente
_____________________________________________________________________________________________________________

La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un
recurso de apelación en contra de una sentencia emitida por un Tribunal
Administrativo2, que conoció en primera instancia en atención a la cuantía
estimada en la demanda, de conformidad con lo previsto por el artículo 152
del CPACA3.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada;
1.3. Trámite relevante en primera instancia; 1.4. Sentencia de primera instancia; 1.5 Recursos
de apelación

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 22 de agosto de 2012, Angelmiro Cáceres García, con su grupo
familiar, presentó demanda, en ejercicio del medio de control de reparación
directa, en contra de la Nación - Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia,
Fiscalía General de la Nación, Dirección Ejecutiva de la Administración
Judicial y la Policía Nacional, con el fin de obtener la reparación de los
perjuicios ocasionados por su extradición ante una corte argentina, para
responder por los cargos de tenencia de estupefacientes con fines de
comercialización y fabricación de estupefacientes, agravados por formar
parte de una organización criminal, así como por la situación de abandono

sumas de dinero: a) Por concepto de perjuicios materiales en su modalidad de daño emergente a favor de Sandra
Liliana Martínez Hernández, la suma de seis millones quinientos ochenta y cinco mil sesenta pesos ($6.585.064). b)
Por concepto de perjuicios materiales en su modalidad de lucro cesante consolidado a favor de Angelmiro
Cáceres García, la suma de veintiún millones trescientos dos mil setenta y un pesos ($21.302.071). c) Por concepto
de perjuicios morales a favor de Angelmiro Cáceres García, en su calidad de víctima, se le reconocerá el
equivalente a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes. d) Por concepto de perjuicios
morales para Sandra Liliana Martínez Hernández, en su calidad de esposa de la víctima, se le reconocerá el
equivalente a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes. e) Por concepto de perjuicios
morales a favor de Jerly Vanessa, Angela Dayana y Laura Daniela Cáceres Martínez, en su calidad de hijas de la
víctima, se le reconocerá el equivalente a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para
cada una. f) Por concepto de perjuicios morales a favor de Rosa virginia Cáceres García, en su calidad de
hermana de la víctima, se le reconocerá el equivalente a treinta y siete (37) salarios mínimos legales mensuales
vigentes. QUINTO: Se niegan las demás pretensiones de la demanda. SEXTO: Se fija por agencias en derecho la
suma de tres millones treinta mil ochocientos dieciocho pesos ($3.030.818) que deberá cancelar la Fiscalía General
de la Nación a favor de la parte actora. SÉPTIMO: Se fija por agencias en derecho la suma de ocho millones
ochocientos mil setecientos ochenta pesos ($8.800.780) que deberá cancelar la Nación – Ministerio de Relaciones
Exteriores a favor de la parte actora (…)”.
2 Ley 1437 de 2011, artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de

radicación (disposición original, vigente para la presentación de la demanda). “El Consejo de Estado, en Sala de
lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de
impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los
tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de
revisión o de unificación de jurisprudencia (…)”.
3 Ley 1437 de 2011, artículo 152 (disposición original, vigente para la presentación de la demanda). “Los Tribunales

Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 6. De los de reparación directa,
inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de
quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.” En este caso, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 157 del CPACA (la disposición vigente para ese momento), la pretensión mayor, sin tener en cuenta los
perjuicios morales, consistió en la suma de $2.000.000.000 solicitados como “daño emergente” en la demanda.

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Radicación: 25000-23-36-000-2012-00217-01 (55.988)
Demandante: Angelmiro Cáceres García y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Modifica parcialmente
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a la que se le sometió en Argentina, después de obtener su libertad dentro
del proceso penal4.

2. En el escrito de subsanación de la demanda se solicitó como
pretensiones declarativas las siguientes (se trascribe)5:

“PRIMERA: Que la Nación Colombiana, Ministerio del Interior, Ministerio de
Justicia, Fiscalía General de la Nación, Dirección Ejecutiva de la Administración
Judicial y Policía Nacional son administrativamente responsables de los perjuicios
materiales y morales causados al señor Angelmiro Cáceres García, como directo
perjudicado y a su núcleo familiar conformado por Sandra Liliana Martínez
Hernández, Angela Dayana Cáceres Martínez, Laura Daniela Cáceres Martínez,
Jerly Vanessa Cáceres Martínez y Rosa Virginia Cáceres García, en falla o falta
del servicio de justicia, por haber ordenado la extradición del Señor Angelmiro
Cáceres García, con hechos y omisiones contrarias a la ley.

SEGUNDA: Que la Nación Colombiana, Ministerio de Relaciones Exteriores, es
administrativamente responsable de los perjuicios materiales y morales causados
al señor Angelmiro Cáceres García, como directo perjudicado y a su núcleo
familiar conformado por Sandra Liliana Martínez Hernández, Angela Dayana
Cáceres Martínez, Laura Daniela Cáceres Martínez, Jerly Vanessa Cáceres
Martínez y Rosa Virginia Cáceres García, por la negligencia del Gobierno
Colombiano en cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores, de no prestar
ayuda al señor Angelmiro Cáceres García y permitir que este estuviese por más
de tres meses en las calles de Buenos Aires, sin recibir la ayuda de ley por parte
del Gobierno Colombiano”.

3. La indemnización solicitada se resume en los siguientes valores:

Perjuicio Demandante Calidad Monto
Angelmiro Cáceres García Víctima directa 2.000 SMLMV6
Sandra Liliana Martínez Hernández Esposa de la víctima 100 SMLMV
Perjuicios Ángela Dayana Cáceres Martínez Hija de la víctima 100 SMLMV
morales Laura Daniela Cáceres Martínez Hija de la víctima 100 SMLMV
Jerly Vanessa Cáceres Martínez Hija de la víctima 100 SMLMV
Rosa Virginia Cáceres García Hermana de la víctima 100 SMLMV

“Daño Angelmiro Cáceres García y Víctima directa y
$2.000.000.0008
emergente” 7 Sandra Liliana Martínez Hernández esposa de la víctima

4 Folios 5 al 26 del Cuaderno No. 1 del Tribunal.
5 Folios 32 al 34 del Cuaderno No. 1 del Tribunal. Es importante indicar que, en el escrito de subsanación de la

demanda no se incluyeron nuevas pretensiones, ni se incluyeron nuevas entidades demandadas, debido a que
solo se aclaró el sentido de las solicitudes, de acuerdo con lo advertido por el tribunal en el auto inadmisorio de la
demanda.
6 La abreviación SMLMV se refiere a salarios mínimos legales mensuales vigentes. En la demanda, en el acápite de

estimación cuantificada, se escribió en letras mil salarios mínimos legales vigentes y entre paréntesis, en número,
2000 SMLMV. Pero, posteriormente, indicó que pedía 2.000 SMLMV, que equivalían a mil millones de pesos,
aproximadamente.
7 Folio 16 del Cuaderno No. 1 del Tribunal. Al revisar los conceptos solicitados en este aparte se advierte que algunos

de ellos corresponden a lucro cesante.
8 Este valor fue discriminado de la siguiente manera: Angelmiro Cáceres se dedicaba a la compra, elaboración y

comercialización de joyería, así como de artesanías, actividades desarrolladas en Colombia y Perú, y recibía un
promedio mensual de $20.000.000, suma que debe calcularse durante todo el tiempo de detención, así como el
lapso durante el cual ha permanecido sin trabajo; Angelmiro Cáceres tenía dos empresas, una en Colombia y otra
en Perú, las cuales le reportaban la suma de $20.000.000 mensuales. Esta cifra, aplicada durante 48 meses, que se
prolongó su privación de la libertad y su repatriación, supera la suma de 960 millones de pesos, aproximadamente;
la pérdida de toda la mercancía que se tenía en su empresa en Perú, al igual que los clientes se abstuvieran de
pagar sus obligaciones y los contratos vigentes se perdieron, lo cual se calcula en una suma superior a 400 millones

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Radicación: 25000-23-36-000-2012-00217-01 (55.988)
Demandante: Angelmiro Cáceres García y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Modifica parcialmente
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4. Como fundamento de las pretensiones, la parte demandante refirió, en
síntesis, los siguientes hechos:

5. 1) Mediante Nota verbal MRC NO. 176/07 se presentó la solicitud de
extradición formulada por el Gobierno argentino respecto de Angelmiro
Cáceres García.

6. 2) El 9 de octubre de 2007, Angelmiro Cáceres fue capturado con fines
de extradición, sin embargo, al día siguiente, 10 de octubre del mismo año,
se expidió la orden de captura, con destino al DAS, por parte del fiscal
general de la Nación.

7. 3) El 19 de diciembre de 2007 se efectuó el reparto del expediente a la
Corte Suprema de Justicia, el cual fue asignado al despacho del magistrado
Jorge Luis Quintero Milanés. Dentro del traslado pertinente se solicitaron
varias pruebas dirigidas a demostrar la ajenidad de Angelmiro Cáceres
respecto de las actividades de narcotráfico investigadas en Argentina,
debido a que ni siquiera se encontraba en ese país cuando ocurrieron los
hechos, pero fueron negadas.

8. 4) El 18 de junio de 2008, la Corte Suprema de Justicia, Sala de casación
penal, emitió concepto favorable en el trámite de extradición, sin tener en
cuenta los argumentos de la defensa.

9. 5) El 14 de julio de 2008, mediante Resolución No. 234, el Gobierno
nacional concedió la extradición de Angelmiro Cáceres García, “para que
comparezca a juicio ante el juzgado federal de primera instancia en lo
criminal y correccional No. 2, Secretaría No. 5 de Lomas de Zamora de la
República de Argentina dentro de la causa No. 4804 por los delitos de
‘tenencia de estupefacientes y fabricación de estupefacientes agravados
por forma de una organización de tres o más personas dedicadas a tales
actividades, de las que a su vez resulta ser el organizador’”.

10. 6) El 29 de septiembre de 2008 se solicitó la libertad de Angelmiro
Cáceres ante la Fiscalía General de la Nación, debido al vencimiento de los
respectivos términos, pero ese mismo día se procedió a su extradición.

11. 7) En el respectivo proceso penal, el Tribunal de La Plata concluyó que
el entonces procesado “nunca estuvo en Argentina, en posesión o

de pesos; la demandante Sandra Martínez realizó 3 giros, por $5.675.152 mediante Titan Intercontinental S.A,
$4.926.511 por medio de Western Union y $10.456.300 mediante Macrofinanciera, para que su esposo “pudiera
sobrevivir en el centro carcelario, que se encontraba, pues la embajada de Colombia en Argentina, nunca hizo
nada por él” y el pago de 5.000 USD realizado el 3 de diciembre de 2007 a favor del abogado Luciano Ciscato;
las consignaciones realizadas por Sandra Martínez en el Banco Popular, por valor de $4.360.000. Además, debe
tenerse en cuenta la pérdida del poder adquisitivo del dinero durante estos años, por lo que, en total, se calculan
estos conceptos, “como mínimo”, en la suma de 2.000 millones de pesos.

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Radicación: 25000-23-36-000-2012-00217-01 (55.988)
Demandante: Angelmiro Cáceres García y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Modifica parcialmente
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fabricación de estupefacientes, y mucho menos que hacía parte de una
red criminal para la distribución, fabricación y mucho menos de tenencia de
sustancias estupefacientes”. Al respecto, indicó que dicha actuación inició
debido a una diligencia de allanamiento practicada en Buenos Aires,
Argentina, en la que supuestamente se encontraba Angelmiro Cáceres. La
anterior información fue confirmada por la Interpol, en compañía de la
Policía Nacional, que suministró los datos de identificación del aquí
demandante, lo que también configuró una falla del servicio imputable a
esta última entidad.

8) Una vez se otorgó la libertad a Angelmiro Cáceres, éste solicitó la
colaboración del gobierno nacional para su retorno al país. Con este
propósito, presentó dos derechos de petición, uno dirigido al Consulado de
Colombia en Buenos Aires y el otro a la Cancillería, sin embargo, no se le
prestó ninguna ayuda y solo se le informó sobre la existencia de un albergue
transitorio9.

12. 9) Angelmiro Cáceres sí acudió al centro indicado por el cónsul de
Colombia, denominado “Caritas Buenos Aires Pastoral de la Misericordia”,
pero no había cupo. Debido a lo anterior, al “no tener recursos para su
subsistencia, debió de acudir a la calle, a pedir limosna para su
subsistencia(…)”.

13. 10) El “estado de pobreza” y la difícil situación que afrontaba Angelmiro
Cáceres fue difundida por varios medios de comunicación, lo que impulsó
a que el gobierno colombiano le entregara un tiquete aéreo, pero debía
pagar los impuestos. Por ello, nuevamente acudió al Consulado de
Colombia en Buenos Aires para que se le otorgara alguna ayuda con esta
suma, pero su solicitud fue negada, por lo que no pudo regresar al país en
ese momento. El 13 de junio de 2011, varios medios de información
argentinos se interesaron en su caso y, al parecer, intercedieron para que
obtuviera su repatriación.

14. 11) A pesar de que Angelmiro Cáceres fue exonerado de
responsabilidad penal, quedó con circular roja vigente, la cual solo pudo ser
levantada, aunque parcialmente, en el año 2012, debido a una acción de
tutela instaurada en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Policía
Nacional.

15. 12) En varios medios de comunicación se presentó al aquí demandante
como un gran narcotraficante –“el rey del extasis”-, lo cual causó enorme

9 Así se le informó: “No obstante (…) a fin de orientar a los compatriotas para que aprovechen los programas de

alimentación y dormida gratuitos que las autoridades locales ofrecen a partir de los paradores y lugares de
albergue transitorio (…) Sobre el particular, el consulado ha informado que el señor Cáceres García no ha
aceptado dirigirse a dichos paradores o comedores”.

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Radicación: 25000-23-36-000-2012-00217-01 (55.988)
Demandante: Angelmiro Cáceres García y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Modifica parcialmente
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perjuicios morales y materiales, no solo para él, sino también para su familia.
Además, debió cancelar altas sumas de dinero por las gestiones realizadas
en Argentina para conseguir abogado, los honorarios profesionales
pagados para su defensa y las cifras que le debieron girar para su
sostenimiento en el establecimiento carcelario donde se encontraba
detenido. Asimismo, no pudo hacer uso de sus productos financieros
personales, así como los de su empresa, al haber sido bloqueados;
restricción esta que aún no se levanta debido a los informes que siguen
suministrando órganos de inteligencia, como el DAS y la Policía Nacional.

1.2. Posición de la parte demandada

16. El 25 de febrero de 2014, el Ministerio de Relaciones Exteriores presentó
contestación a la demanda y manifestó oponerse a las pretensiones allí
formuladas10. En relación con el trámite de extradición explicó que esta
entidad actuaba como ente interlocutor, coordinador, así como de enlace
entre las distintas entidades del Estado y los organismos internacionales, por
lo que esa mera colaboración no la obligaba frente a la privación injusta
alegada. Además, no podría sostenerse que la detención de Angelmiro
Cáceres fue causada por agentes del ministerio, ni tampoco que “el Estado
está obligado a responder por los perjuicios causados a los ciudadanos
como consecuencia del cumplimiento de los deberes internacionalmente
adquiridos, a través de los distintos acuerdos multilaterales”.

17. Por otra parte, en relación con la omisión en la que había incurrido el
Consulado de Colombia en Argentina para facilitar el retorno del
demandante al país, trascribió el artículo 23 del Decreto 3355 de 2009 sobre
las funciones permanentes de los consulados e indicó que lo exigido por
aquel no constituía una obligación impuesta a esta entidad. De todas
maneras, indicó que el consulado adquirió el tiquete para hacer posible el
regreso de Angelmiro Cáceres, por lo que se atendieron sus solicitudes. Por
último, se opuso a la cuantía de la demanda, por la misma ausencia de un
daño antijurídico, y propuso las excepciones de falta de legitimación pasiva
en la causa, debido a que el posible daño que sufrió el demandante no se
debió a una actuación -irregular- u omisión de esta entidad, así como de
indebida escogencia de la acción11.

18. El 3 de marzo de 2014, el Ministerio del Interior presentó contestación a
la demanda, en la que indicó oponerse a las pretensiones, así como no
constarle los hechos narrados por la parte demandante12. Al respecto, la
entidad alegó su falta de legitimación pasiva en la causa, debido a que, en

10 Folios 50 al 60 del cuaderno No. 1 del Tribunal.
11 Ello, al considerar que la acción pertinente correspondía a la de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual

debía dirigirse contra la Resolución No. 234 de 2008 que resolvió la solicitud de extradición.
12 Folios 70 al 74 del cuaderno No. 1 del Tribunal.

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Radicación: 25000-23-36-000-2012-00217-01 (55.988)
Demandante: Angelmiro Cáceres García y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Modifica parcialmente
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el escrito de subsanación de la demanda, los cuestionamientos que se
formularon aludieron a irregularidades cometidas por la Corte Suprema de
Justicia, lo que sería atribuible a la Rama Judicial, de modo que el ministerio
no intervino materialmente en los hechos narrados. Además, resaltó que,
con ocasión de la Ley 1444 de 2011, se escindieron los Ministerios del Interior
y de Justicia y a esta última entidad, según el Decreto 2897 de 2011, se le
asignaron, por intermedio de la oficina de asuntos internacionales, varias
funciones en materia de repatriación, extradición y asistencia judicial.
Asimismo, formuló la excepción identificada como “innominada”.

19. El 10 de marzo de 2014, el Ministerio de Defensa - Policía Nacional
también presentó contestación a la demanda13. En su escrito afirmó haber
actuado en cumplimiento de un deber legal, debido a que se limitó a hacer
efectiva la orden de captura emitida por la Fiscalía General de la Nación.
Además, formuló las excepciones de falta de legitimación pasiva en la
causa y de “inexistencia de falla en el servicio – ausencia de responsabilidad
– requisitos responsabilidad civil extracontractual del Estado”.

20. El 19 de marzo de 2014, el Ministerio de Justicia contestó la demanda y
se opuso a las pretensiones formuladas por la parte demandante14.
Inicialmente sostuvo la excepción de inepta demanda, al no haberse
agotado la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad, dado
que se solicitó la comparecencia del Ministerio del Interior y de Justicia, en
cabeza del Ministerio del Interior, pero para ese momento ya se habían
escindido las dos entidades -interior y justicia-, de acuerdo con la Ley 144 de
2011.

21. Además, sostuvo que, con independencia de lo sostenido en el auto
admisorio de la demanda, el daño alegado fue causado por la autorización
emitida por el Gobierno nacional de extraditar al demandante, sin investigar
si era el autor del delito imputado, luego, había inepta demanda por
indebida escogencia de la acción, así como la caducidad de la acción, al
haber trascurrido más de 4 meses, desde la expedición del respectivo acto
administrativo. Asimismo, propuso las excepciones de falta de legitimación
pasiva en la causa, debido a que el daño expuesto fue ocasionado en virtud
de la convención sobre extradición aprobada mediante la Ley 74 de 1935,
de modo que aquel sería atribuible al Congreso de la República e
inexistencia de falla del servicio por parte del Gobierno Nacional, al haberse
cumplido de manera estricta la normativa en materia de extradición en este
caso.

13 Folios 80 al 89 del cuaderno No. 1 del Tribunal.
14 Folios 103 al 117 del cuaderno No. 1 del Tribunal.

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Radicación: 25000-23-36-000-2012-00217-01 (55.988)
Demandante: Angelmiro Cáceres García y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Modifica parcialmente
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22. El 21 de marzo de 2014, la Fiscalía General de la Nación presentó
contestación a la demanda y se opuso a las pretensiones allí formuladas15.
La entidad expuso que su actuación se ajustó a lo dispuesto en la
Constitución y la ley y que la posterior exoneración de responsabilidad penal
a favor del demandante no se debió a una falla o error de la fiscalía, al
haberse limitado a cumplir el encargo de poner a disposición el solicitado
en extradición al gobierno extranjero. Con fundamento en los argumentos
anteriores, propuso la excepción de falta de legitimación pasiva en la
causa.

23. El 28 de abril de 2014, la Rama Judicial, en su contestación a la
demanda, alegó su falta de legitimación en la causa, de un lado, porque la
orden de captura que finalmente se materializó y afectó la libertad del
demandante fue librada por la Fiscalía General de la Nación y, de otro,
porque quien actúa como juzgador en estos casos es la autoridad
extranjera16. Explicó que, en el procedimiento de extradición no se debatía
la culpabilidad de la persona señalada de cometer un delito en el exterior,
sino que se trataba de un mero trámite administrativo, en el cual la Corte
Suprema de Justicia debía emitir un concepto que indicara si la solicitud
presentada por el Estado requirente cumplía todos los requisitos exigidos en
la ley colombiana, el cual, si es positivo, deja al gobierno en libertad de
autorizar o no la extradición. Además, propuso la excepción “innominada”
y objetó el juramento estimatorio de la cuantía, al resultar desproporcionada
por desconocer la gradualidad de las indemnizaciones fijada por el Consejo
de Estado.

1.3. Trámite relevante en primera instancia

24. Mediante Auto de 22 de octubre de 2012, el despacho ponente remitió
el expediente a la sección primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por razones de competencia17. Lo anterior, debido a que la
acción procedente sería la de nulidad y restablecimiento del derecho,
como quiera que, “conforme al escrito de la demanda, el daño antijurídico
reclamado deviene de la decisión de extradición adoptada por las
entidades del Estado; decisión esta que se encuentra contenida en la
Resolución 234 de 14 de julio de 2008 (…) Dicha decisión tiene carácter de
acto administrativo (…)”.

25. El 18 de febrero de 2013, el despacho de la sección primera, a quien le
correspondió en reparto el proceso, propuso el conflicto negativo de
competencias, debido a que la Resolución No. 234 de 2018 “no es la
actuación contraria a derecho en que se fundamenta la demanda para

15 Folios 121 al 127 del cuaderno No. 1 del Tribunal.
16 Folios 121 al 127 del cuaderno No. 1 del Tribunal.
17 Folios 36 al 39 del Cuaderno No. 1 del Tribunal.

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Radicación: 25000-23-36-000-2012-00217-01 (55.988)
Demandante: Angelmiro Cáceres García y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Modifica parcialmente
_____________________________________________________________________________________________________________

solicitar la reparación por los perjuicios presuntamente causados, sino la
ejecución y los posteriores efectos de ésta decisión”18.

26. El 9 de septiembre de 2013, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sala plena, dirimió el conflicto de competencia y dispuso
que la presente acción de reparación directa la continuara conociendo la
sección tercera19. Al respecto, se explicó que, “lo realmente pretendido por
el accionante es que se condene a la demandada al pago de los perjuicios
materiales y morales ocasionados a causa de la negligencia y omisión de
las demandadas en la prestación del servicio de justicia, lo cual puede
pretenderse a través de la acción de reparación directa (…) Súmese a lo
anterior, el hecho de que no se pretende la nulidad de un acto
administrativo particular y concreto (Resolución de extradición) (…)”.

1.4 . Sentencia de primera instancia

27. El 16 de julio de 2015, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A, profirió Sentencia de primera instancia, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda20. Inicialmente se
aclaró que, de acuerdo con la fijación del litigio, se solicitó la
responsabilidad de las entidades demandadas “por la presunta extradición,
detención y abandono del señor Angelmiro Cáceres García en el país de
Argentina”, pero sin que se persiguiera la declaratoria de nulidad de la
resolución que concedió la extradición, por lo que “solo se analizarán los
supuestos o imputaciones que no guarden relación con la legalidad del
acto administrativo”.

28. Debido a lo anterior, separó el estudio del caso en dos grupos, el
primero, las imputaciones que no correspondía analizar21 y, el segundo, las
que sí se debían resolver en este caso.

29. Respecto de las que sí debía analizar, se observa que se negaron las
pretensiones respecto de la Policía Nacional, debido a que la captura fue
realizada por integrantes del grupo de investigaciones trasnacionales del
Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-, con base en la circular
roja emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal – INTERPOL.

18 Folios 44 al 50 del Cuaderno No. 1 del Tribunal.
19 Folios 9 al 22 (tiene una numeración distinta dentro del mismo cuaderno) del Cuaderno No. 1 del Tribunal.
20 Folios 228 al 239 del cuaderno del Consejo de Estado.
21 Dentro de las imputaciones que, a juicio del Tribunal no debía analizar, aludió a la Rama Judicial, entidad a la
que se le cuestionó la omisión del decreto de pruebas relevantes dentro del trámite de extradición, para demostrar
la ajenidad del detenido en los cargos imputados, sin embargo, el tribunal sostuvo que estos eran aspectos que
afectaban la validez del aludido acto administrativo y que no eran del resorte de este medio de control. De todas
maneras, tampoco se encontró configurado un posible error judicial, debido a que las pruebas solicitadas no
aludían a los requisitos exigidos por la ley procesal para conceder la extradición, por lo que no eran pertinentes.
En el mismo sentido, debido a la naturaleza de la intervención del Ministerio de Justicia dentro del trámite, no era
posible analizar su responsabilidad, debido a la presunción de legalidad de la Resolución No. 234 de 2008.

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Radicación: 25000-23-36-000-2012-00217-01 (55.988)
Demandante: Angelmiro Cáceres García y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Modifica parcialmente
_____________________________________________________________________________________________________________

30. Respecto de la Fiscalía y el Ministerio de Relaciones Exteriores, advirtió
que, con ocasión del trámite de extradición, Angelmiro Cáceres fue
detenido, la privación de su libertad fue injusta, debido a que se profirió
sentencia absolutoria a su favor, y existió una deficiencia en los convenios y
tratados internacionales -como ocurre con la Convención Interamericana
sobre extradición elaborada en Caracas, el 25 de febrero de 1981-, la cual
sería imputable al Ministerio de Relaciones Exteriores, entidad que negocia
en nombre de Colombia los acuerdos internacionales, al no haberse
determinado el procedimiento a seguir en el evento de que el ciudadano
extraditado sea posteriormente absuelto. Además, esta última entidad
conceptuó que la normativa aplicable era la Convención de Montevideo
sobre extradición, ratificada por Colombia mediante la Ley 74 de 1935, y no
la Ley 906 de 2004, legislación esta que consagra parámetros más estrictos
para conceder la extradición y, a su vez, más garantistas.

31. En consecuencia, respecto del daño consistente en la privación injusta
de la libertad se concluyó que, el período comprendido entre el 9 de
octubre de 2007, fecha de la captura, y el 29 de septiembre de 2008, fecha
de su entrega al Estado argentino, debía ser reparado por la Fiscalía General
de la Nación. Además, el lapso ocurrido, desde el 30 de septiembre hasta el
15 de marzo de 2011, fecha en que se dictó la sentencia absolutoria, es
atribuible al Ministerio de Relaciones Exteriores.

32. Por otra parte, respecto del daño consistente en la falta de
colaboración de las autoridades colombianas para su retorno al país, indicó
que si bien, de acuerdo con el artículo 16 de la aludida convención, el gasto
de traslado hacia Colombia debió ser asumido por el Estado Argentino, a los
consulados se les asignan funciones relacionadas con la promoción y
salvaguarda de los intereses de los nacionales, así como la prestación de
asesoría jurídica, social y asistencia solicitada por los mismos, sin que dichas
gestiones se hubieren realizado en este asunto. Por lo tanto, al encontrar
probada la falla del servicio, se declaró la responsabilidad del Ministerio de
Relaciones Exteriores, durante el período comprendido entre el 16 de marzo
y el 30 de junio de 2011, fecha probable del regreso del demandante a
Colombia.

33. Finalmente, al liquidar los perjuicios materiales, se tuvieron en cuenta
la fecha en que se causaron y, según los períodos indicados anteriormente,
fueron atribuidos a cada entidad. En relación con los perjuicios morales, al
advertir que, Angelmiro Cáceres permaneció inicialmente en Colombia
durante 11 meses y 20 días y en Argentina por 32 meses y 29 días, la condena
debía ser asumida en el 25% por la Fiscalía General de la Nación y en el 75%
por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

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Radicación: 25000-23-36-000-2012-00217-01 (55.988)
Demandante: Angelmiro Cáceres García y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Modifica parcialmente
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1.5 Recursos de apelación

34. El 13 de agosto de 2015, la Fiscalía General de la Nación interpuso
recurso de apelación, mediante el cual se solicitó que se revocara la
Sentencia de primera instancia y, en su lugar, se negaran las pretensiones
de la demanda22, al configurarse el hecho de un tercero23. Además, explicó
que esta entidad actuó en el marco de las funciones asignadas por la ley
colombiana y solo “obró como ejecutante de la orden de captura emitida
por el gobierno argentino, es decir fue dicho gobierno el encargado de
realizar las correspondientes verificaciones”. Es decir, su intervención no
devino de alguna decisión autónoma de su parte, sino por el cumplimiento
de los instrumentos sobre cooperación internacional, de modo que es un
trámite de gobierno a gobierno.

35. El 19 de agosto de 2015, el Ministerio de Relaciones Exteriores presentó
recurso de apelación, mediante el cual solicitó que se revocara la sentencia
de primera instancia y se declararan las excepciones propuestas24. En
relación con el primer daño reconocido: la privación injusta de la libertad,
inicialmente señaló que el tribunal le atribuyó a esta entidad una deficiencia
contenida en la Convención interamericana sobre extradición, sin
embargo, dicho instrumento no puede ser tenido en cuenta como
fundamento jurídico, debido a que Colombia no ha manifestado su
consentimiento en obligarse a ella.

36. De todas maneras, este ministerio realiza una labor de cooperación con
todas las entidades nacionales y territoriales que tienen competencia sobre
el objeto del acuerdo internacional que se va a suscribir, por lo que la
obligación que adquiere el Estado depende del interés y los términos de
negociación manifestado por esas entidades. Adicionalmente, los tratados
tienen control por el poder legislativo y por la Corte Constitucional, sin que
la ausencia de norma jurídica le pueda ser atribuible al ministerio, porque no
hace parte de sus funciones, y más bien debería asignársele al Congreso de
la República. Asimismo, frente a la norma jurídica aplicable al trámite de
extradición, explicó que, de acuerdo con el artículo 35 de la Constitución
Política y las sentencias de la Corte Constitucional, el tratado público
siempre será de aplicación principal y preferente y la ley solo de carácter
supletoria. En consecuencia, el ministerio actuó en observancia del
ordenamiento jurídico y no se le podía imputar alguna responsabilidad, solo
por la indicación acerca del tratado aplicable al caso concreto.

22 Folios 251 al 262 del cuaderno del Consejo de Estado.
23 Esto, debido a que la orden de captura fue solicitada por la Dirección de asuntos jurídicos internacionales del

Ministerio de Relaciones Exteriores, en observancia del tratado suscrito por Colombia, así como de la convención
de las Naciones unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas suscrito en Viena, el 20
de diciembre de 1988.
24 Folios 274 al 281 del cuaderno del Consejo de Estado.

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Radicación: 25000-23-36-000-2012-00217-01 (55.988)
Demandante: Angelmiro Cáceres García y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Modifica parcialmente
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37. Respecto del segundo daño, esto es, la situación de abandono de
Angelmiro Cáceres en Argentina, informó que las autoridades consulares
acompañaron al demandante durante la detención (seguimiento de sus
garantías al debido proceso y a la defensa, como contar con asistencia
jurídica, velar por sus condiciones de detención, comunicación con sus
familiares, entre otras), así como después de que obtuvo su libertad, al
atender todas sus llamadas y peticiones. Si bien en su momento se le informó
que el consulado no tenía presupuesto para lograr su regreso a Colombia,
le indicaron los sitios de albergue y paradores del gobierno local a los cuales
podía acceder, sin que hubiera aceptado esas sugerencias25.

38. Además, se adquirió un tiquete aéreo para el 2 de julio de 2011 con
destino a Cúcuta y se le informó a la Dirección de migraciones argentina
sobre su situación de vulnerabilidad, para que se le exonerara del pago de
habilitación de salida, pero Angelmiro Cáceres finalmente manifestó su
deseo de retornar de forma terrestre. Asimismo, trascribió un informe rendido
por el Consulado de Colombia en Buenos Aires, Argentina, en el que se
indicaron las visitas carcelarias realizadas al entonces procesado, así como
los distintos oficios dirigidos al Tribunal Oral de La Plata, a la Dirección
General de Asuntos Jurídicos de Cancillería Argentina y otras autoridades
judiciales, indagando sobre el cambio de abogado defensor, el trámite del
juicio y si la privación de la libertad por más de 3 años se ajustaba a la
normativa vigente.

39. Por último, cuestionó que el lucro cesante se haya liquidado con base
en el salario mínimo legal vigente para el año 2015, que los perjuicios morales
se hayan reconocido solo con base en los registros civiles y que se haya
declarado la responsabilidad del ministerio “por dos hechos
completamente diferentes y realiza una condena por materiales sin razón o
justificación valedera”.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán; 2.2. Identificación
del daño; 2.3. Análisis del trámite de extradición en el que se produjo la detención; 2.4.
Estudio del daño especial; 2.5. Entidades a las que se le atribuye el daño consistente en la
privación injusta de la libertad; 2.6. Abandono del ciudadano extraditado en el país
requirente, después de obtener su libertad; 2.7. Liquidación de perjuicios; 2.8. Costas

25 Destacó que, una vez se dictó su absolución, se comunicó esta situación al coordinador de Asistencia
connacionales y promoción de comunidades colombianas al exterior; se respondieron los derechos de petición
formulados por el aquí demandante; se indagó con la oficina de asuntos jurídicos de la Cancillería Argentina y el
Ministerio de Relaciones Exteriores argentino sobre la existencia de algún compromiso para el pago de los gastos
del extraditado después de su absolución, pero se otorgó una respuesta negativa, y se adelantaron varias
gestiones con la Cancillería de Colombia y la Organización Internacional para las Migraciones para asegurar el
retorno de Angelmiro Cáceres, por lo que sí se le prestó toda la colaboración necesaria.

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Radicación: 25000-23-36-000-2012-00217-01 (55.988)
Demandante: Angelmiro Cáceres García y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Modifica parcialmente
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2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán

40. El Tribunal, en la sentencia de primera instancia, accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda respecto de dos daños. En primer lugar,
consideró que la privación de la libertad de Angelmiro Cáceres fue injusta,
debido a que se demostró su detención efectiva y la posterior sentencia
absolutoria proferida a su favor. En segundo lugar, declaró la
responsabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores por el desamparo
afrontado por el demandante en Argentina, una vez obtuvo su libertad. Las
entidades recurrentes, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de
Relaciones Exteriores, indicaron que su actuación se limitó a materializar la
orden de captura emitida por el gobierno argentino y señalar el tratado
aplicable al caso concreto, respectivamente, por lo que no se podía
declarar su responsabilidad por la privación injusta de la libertad de
Angelmiro Cáceres. Además, el ministerio sostuvo que había prestado el
acompañamiento y asistencia, tanto legal como social, al aquí
demandante, durante su detención y en el período que siguió a su libertad,
por lo que no se configuró ninguna falla del servicio frente al segundo daño.

41. En esta providencia, la Sala decidirá el fondo del asunto porque
encuentra reunidos los presupuestos procesales para fallar, entre ellos, la
oportunidad en la presentación de la demanda.

42. Respecto de la privación injusta de la libertad, se tiene que, en efecto,
el 22 de marzo de 2011 se celebró la audiencia en el marco del proceso
penal adelantado en Argentina, en la que se expusieron “los fundamentos
del fallo dictado el pasado 15 de marzo del corriente año en la causa nº
2758/09, seguida contra Angelmiro Cáceres García”, sin que allí se hubiera
dejado constancia de la interposición de algún recurso en su contra, por lo
que se contará el término de caducidad a partir de dicha fecha26. Además,
el 8 de mayo de 2012 se presentó la solicitud de conciliación prejudicial y el
3 de julio del mismo año se declaró fallida para la Policía Nacional, así como
para el Ministerio de Relaciones Exteriores y el 18 de julio de 2012 lo propio
para la Fiscalía General de la Nación, Dirección ejecutiva de Administración
Judicial y el Ministerio del Interior. En consecuencia, dado que la demanda
se presentó el 22 de agosto de 2012, la acción de reparación directa se
ejerció dentro de la oportunidad prevista por el artículo 164, numeral 2, inciso
i del CPACA.

43. Respecto de la situación de abandono del demandante en Argentina,
una vez obtuvo su libertad, en la sentencia de primera instancia se indicó

26 En el expediente obra un certificado de antecedentes penales expedido el 29 de abril de 2011, en Buenos Aires,

Argentina, en el que se informó que Angelmiro Cáceres carecía de algún registro en ese sentido (fl. 39 Cno. de
pruebas No. 2 del Tribunal), por lo que se infiere que la sentencia absolutoria no fue revocada.

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Radicación: 25000-23-36-000-2012-00217-01 (55.988)
Demandante: Angelmiro Cáceres García y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Modifica parcialmente
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que, por lo menos, el 30 de junio de 2011, Angelmiro Cáceres pudo retornar
al país, de modo que en esa fecha se habría superado la alegada omisión
de las autoridades colombianas de permitir o coordinar su regreso a
Colombia. En el expediente se advierte que, a inicios de julio de 2011, aún
se estaban respondiendo las peticiones formuladas por Angelmiro Cáceres
y el consulado adquirió un tiquete aéreo para el 2 de julio de ese año, por
lo que si se tiene en cuenta esta última fecha y el momento de la
presentación de la demanda, la acción también en este caso se ejerció de
manera oportuna.

44. En el presente asunto está demostrado que, Angelmiro Cáceres fue
capturado el 9 de octubre de 2007, en cumplimiento de la circular roja
emitida por la INTERPOL, con base en el requerimiento realizado por el
gobierno Argentino27. Además, con base en la información anterior y de las
notas verbales M.R.C 147/07 de 9 de octubre de 2007 y M.R.C 148/07 de 10
de octubre de 2007 remitidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el 10
de octubre de ese año, la Fiscalía General de la Nación decretó la captura
con fines de extradición del aquí demandante, por lo que suscribió una
nueva acta de captura el 10 de octubre de 200728 y, después de autorizarse
su extradición por el Gobierno colombiano, el 28 de agosto de 2008 se puso
a disposición de las autoridades argentinas. Además, el 15 de marzo de
2011, una vez finalizó el periodo probatorio, el Tribunal de La Plata anunció
la absolución del procesado y dispuso su libertad, “la que se hará efectiva
desde el lugar donde se encuentre detenido”29.

45. De acuerdo con lo anterior, en esta providencia, la Sala modificará
parcialmente la Sentencia de primera instancia que accedió a las
pretensiones de la demanda, únicamente en lo relacionado con el
reconocimiento de perjuicios morales y materiales, así: Mantendrá la
declaratoria de responsabilidad del Estado por la privación injusta de la
libertad de Angelmiro Cáceres García, dado que al demandante se le
ocasionó un daño especial que no estaba en el deber jurídico de soportar,
así como por la situación de abandono a la que se le sometió en Argentina,
una vez obtuvo su libertad, al tener que permanecer varios meses en ese
país, por no contar con recursos para disponer su retorno de manera
inmediata a Colombia. Atribuirá esos daños a la Fiscalía General de la
Nación y al Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes de manera conjunta
adelantaron el trámite de extradición y materializaron la privación de la
libertad del demandante durante el período aludido, hasta su absolución
por la justicia argentina, en cumplimiento de los deberes del Estado de
cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia. Asimismo,

27 Así se constata con el Informe DAS.DGOP.GIT.817967 de 10 de octubre de 2007, que aportó el acta de derechos

del capturado suscrita el 9 de octubre de ese mismo año. Folios 90 al 93 del Cuaderno de pruebas No. 4 del
Tribunal.
28 Folios 191 al 196 del Cuaderno de pruebas No. 2 del Tribunal.
29 Folio 121 del Cuaderno de pruebas No. 2 del Tribunal.

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Radicación: 25000-23-36-000-2012-00217-01 (55.988)
Demandante: Angelmiro Cáceres García y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Modifica parcialmente
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esta última entidad, al no haber activado los mecanismos diplomáticos
necesarios para lograr el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el
Estado requirente frente al transporte del ciudadano extraditado, una vez
recuperó su libertad. Por último, liquidará los perjuicios ocasionados a los
demandantes, de acuerdo con lo probado en el proceso y conforme a los
criterios desarrollados por la Sala de Subsección en casos similares.

46. Para la resolución del caso, la Sala abordará los asuntos en el siguiente
orden: primero, identificará que se acreditaron los daños consistentes en la
afectación del derecho a la libertad y la situación de desamparo de
Angelmiro Cáceres en Argentina, a la espera de que se garantizara o se
coordinara, en condiciones dignas, su regreso a su país de origen. Luego, de
un lado, analizará la legalidad del trámite de extradición en el que se
produjo la detención y expondrá las razones por las cuales se considera que
estuvo ajustado a la ley. Seguidamente, estudiará la configuración del daño
especial. Posteriormente, dado que en este caso no se evidenció el hecho
exclusivo de la víctima, así como tampoco el hecho de un tercero, atribuirá
el daño a la Fiscalía General de la Nación y al Ministerio de Relaciones
Exteriores30. De otro lado, analizará las acciones concretas desarrolladas por
el Ministerio de Relaciones Exteriores para exigir el cumplimiento de los
compromisos internacionales adquiridos entre los Estados, en materia de
custodia y trasporte del solicitado en extradición. Finalmente, liquidará la
indemnización de los perjuicios, así como las costas.

47. Por último, se confirmarán las determinaciones relativas a la
exoneración de responsabilidad del Ministerio de Defensa – Policía Nacional,
Rama Judicial y Ministerio del Interior, así como aquellas que negaron
algunas solicitudes por concepto de perjuicios materiales, debido a que no
fueron recurridas por la parte demandante, que era la que tenía el interés
jurídico de hacerlo. Asimismo, se confirmará la condena en costas impuesta
en primera instancia, como quiera que esta determinación no fue
cuestionada por las entidades demandadas, por lo que se mantendrán las
sumas allí impuestas, las cuales, una vez actualizadas, corresponden a
$4.844.267,4931 para la Fiscalía General de la Nación y $14.066.609,2432 para
el Ministerio de Relaciones Exteriores.

30 De la lectura de la demanda y del escrito de subsanación se concluye que, a esta entidad, se le atribuyeron los

2 daños alegados por la parte demandante, es decir, de un lado, la privación injusta de la libertad y, de otro, su
omisión en el desarrollo de actuaciones pertinentes que permitieran su retorno al país. De todas maneras, en el
evento de que se estimara que al Ministerio de Relaciones Exteriores solo se le atribuyó el segundo daño, esta
aparente incongruencia entre lo solicitado en la demanda y el fallo de primera instancia no fue discutida por el
ministerio en su recurso de apelación.
31 Se aplicó la siguiente fórmula: Ca = Ch x IPC final /IPC inicial. Entonces, Ca= 3.030.818 x 136,45 (octubre 2023)

/85,37 (julio 2015) y Ca = $4.844.267,49.
32 Se aplicó la siguiente fórmula: Ca = Ch x IPC final /IPC inicial. Entonces, Ca= 8.800.780 x 136,45 (octubre 2023)

/85,37 (julio 2015) y Ca = $14.066.609,24.

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Radicación: 25000-23-36-000-2012-00217-01 (55.988)
Demandante: Angelmiro Cáceres García y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Modifica parcialmente
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2.2. Identificación de los daños

48. La Sala encuentra probado que Angelmiro Cáceres García sufrió un
daño derivado de la privación de su libertad, la cual ocurrió, desde el 9 de
octubre de 2007 hasta el 15 de marzo de 2011, es decir, 41 meses y 7 días.

49. De igual forma encuentra probada la situación de abandono
afrontada por Angelmiro Cáceres en Argentina, al no poder regresar de
manera inmediata a su país de origen. En efecto, con los derechos de
petición presentados por Angelmiro Cáceres y su apoderado33, las
respuestas dadas a dichas solicitudes34, así como las comunicaciones
verbales que en dichos documentos se hace referencia, es posible constatar
que, por más de 3 meses, aquel debió valerse por sus propios medios, en
condiciones bastante precarias, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, a
la espera de que las autoridades colombianas hicieran posible o
coordinaran su regreso al país, después de que el Gobierno nacional
autorizara su extradición y se dispusiera su absolución por parte de la
administración de justicia argentina35.

50. Respecto del periodo que padeció este daño, debe indicarse que, al
no existir en el expediente el récord migratorio del demandante para
establecer la fecha exacta de su ingreso al país, con base en los
documentos que reposan en el expediente, se constata que el mismo
ocurrió, desde el 16 de marzo hasta inicios del mes de julio de 2011 -por lo
menos, hasta el 2 de julio de 2011-, cuando el demandante pudo finalmente
regresar al país. No obstante, el tribunal estableció el anterior periodo hasta
el 30 de junio de 2011, por tanto, como la parte demandante no controvirtió
dicha determinación, se tendrá en cuenta el lapso fijado en la sentencia de
primera instancia.

33 En el expediente se observan los siguientes documentos: petición de 5 de abril de 2011 suscrito por el apoderado

de Angelmiro Cáceres, con destino a la Cancillería de Colombia (fls. 106 al 108 del Cno. de pruebas No. 2 del
Tribunal), así como las solicitudes de 27 de mayo, 15 y 22 de junio de 2011 suscritas por Angelmiro Cáceres y dirigidas
al cónsul de Colombia (fls. 133, 134 y 136 del Cno. de pruebas No. 2 del Tribunal)
34 Se observan las siguientes respuestas: Oficio GAIC No. 23392 de 20 de abril de 2011 (fl. 128 del Cno. de pruebas

No. 2 del Tribunal); escrito de 20 de mayo de 2011 suscrito por el cónsul de Colombia y dirigido a Angelmiro
Cáceres; Oficio No. 434 de 1 de julio de 2011 suscrito por el cónsul de Colombia a la Dirección Nacional de
Migraciones, para que se exonerara a Angelmiro Cáceres del pago de habilitación de salida (fl. 128 del Cno. de
pruebas No. 2 del Tribunal) y el escrito de 29 de junio de 2011 firmado por el cónsul de Colombia y que resuelve,
de manera negativa, la petición de proporcionar copia de la comunicación cruzada entre la embajada de
Colombia y la Cancillería argentina (fl. 135 del Cno. de pruebas No. 2 del Tribunal).
35 En la sentencia de primera instancia se fijó este último período, desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio de 2011

–“fecha probable de su regreso a Colombia porque no se tiene certeza de la fecha exacta”. En efecto, en relación
con esta última fecha, de acuerdo con las manifestaciones de las partes en los escritos de demanda y
contestación, se conoce que la Cancillería de Colombia contribuyó para la adquisición de un tiquete aéreo, con
destino a Colombia, para el 2 de julio de 2011, sin embargo, al parecer éste no fue utilizado por el demandante
principal, quien optó por hacer su desplazamiento por vía terrestre.

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Radicación: 25000-23-36-000-2012-00217-01 (55.988)
Demandante: Angelmiro Cáceres García y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Modifica parcialmente
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2.3. Análisis del trámite de extradición en el que se produjo la detención

51. La Constitución Política, en el artículo 35, modificado por el artículo 1º
del Acto Legislativo No. 1 de 1997, prevé que la extradición “se podrá
solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y, en su
defecto, con la ley”. Para la época de los hechos, existía el tratado
multilateral de extradición conocido como Convención de Montevideo
suscrito el 26 de diciembre de 193336 y aprobado por Colombia mediante la
Ley 74 de 1935.

52. De acuerdo con el artículo 1 de dicho tratado, los Estados signatarios
se obligan a entregar a cualquiera de los otros Estados que los requiera, a
los individuos que se hallen en su territorio y estén acusados o hayan sido
sentenciados por una conducta que tenga el carácter de delito por las leyes
de ambos Estados y tenga como pena mínima un año de prisión. Además,
la convención exige copia de la sentencia condenatoria ejecutoriada o de
la orden de detención, dependiendo del evento de que se trate.

53. Por otra parte, según los artículos 496 y siguientes de la Ley 906 de 2004,
el Ministerio de Relaciones Exteriores es el órgano encargado de recibir la
solicitud y trasladarla al Ministerio de Justicia y del Derecho para que inicie
el trámite, anexando un concepto en el que exprese si se debe proceder
con sujeción a convenciones o usos internacionales o si se debe proceder
de acuerdo con las normas de procedimiento penal nacionales (artículo
496; en este caso, se aludió a la Convención de Montevideo)37. De existir
una solicitud de detención provisional, la fiscalía debe decretar la captura
de la persona requerida y, de no ser así, la captura se ordenará cuando se
presente la solicitud formal de extradición (artículo 509). El Ministerio de
Justicia y del Derecho debe examinar que la documentación allegada con
la solicitud de extradición esté acorde con lo descrito en la convención
internacional o en la ley y, en caso de encontrar que los documentos son
suficientes, debe enviar las diligencias a la Corte Suprema de Justicia para
que emita concepto favorable o desfavorable sobre la extradición
(artículo 499).

54. El concepto emitido por la Corte se debe fundamentar “en la validez
formal de la documentación presentada, en la demostración plena de la
identidad del solicitado, en el principio de la doble incriminación, en la
equivalencia de la providencia proferida en el extranjero y, cuando fuere el
caso, en el cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos” (artículo
502). En caso de ser negativo o desfavorable, el Gobierno Nacional se obliga

36 Este tratado fue suscrito por Honduras, Estados Unidos, Salvador, República Dominicana, Haití, Argentina,
Colombia, Paraguay, México, Panamá, Guatemala, Brasil, Ecuador, Nicaragua, Chile, Perú y Cuba.
37 Si bien en la Ley 906 de 2004 se alude al Ministerio del Interior y de Justicia, actualmente cumple dichas funciones

el Ministerio de Justicia y del Derecho.

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Radicación: 25000-23-36-000-2012-00217-01 (55.988)
Demandante: Angelmiro Cáceres García y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Modifica parcialmente
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a presentar una respuesta negativa al Estado requirente y, en el supuesto
contrario, el gobierno estará en la libertad de obrar según sus propias
consideraciones (artículo 501). Finalmente, el Gobierno Nacional deberá
emitir la Resolución que niegue o conceda la extradición (artículos 503 y
491).

55. En el presente asunto, la Sala observa que la Embajada de Argentina,
mediante Notas verbales M.R.C. 147/07 y 148/07 del 9 y 10 de octubre de
2007, respectivamente, solicitó la detención, con fines de extradición, del
ciudadano colombiano Angelmiro Cáceres García, “por los delitos de
tenencia de estupefacientes y fabricación de estupefacientes, agravados
por formar parte de una organización de tres o más personas dedicadas a
tales actividades, de las que a su vez resulta ser el organizador”38.

56. El 9 y 10 de octubre de 2007, mediante Oficios OAJ.E. 1981, 1982, 1983
y 1984, el Ministerio de Relaciones Exteriores remitió la referida solicitud a la
Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación y
al Ministerio del Interior y de Justicia39. El 10 de octubre de 2007, la fiscalía
dictó orden de captura40, la cual se había hecho efectiva por agentes del
DAS el día anterior, en cumplimiento de una circular roja emitida por la
INTERPOL. Ese mismo día, se le notificó personalmente al detenido de la
resolución anterior41 (que dispuso su captura) y la fiscalía puso en
conocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores, INPEC y DAS la captura
efectuada42.

57. El 11 de octubre de 2007, mediante Oficio OAJ.E.2001, el Ministerio de
Relaciones Exteriores le informó a la Embajada de Argentina acerca de la
captura del ciudadano solicitado en extradición y advirtió que, de acuerdo
con el artículo 10 de la Convención de Montevideo, “[s]i dentro de un plazo
máximo de dos meses, contados desde la fecha en que se notificó al Estado
requirente el arresto del individuo, no formalizara aquél su pedido de
extradición, el detenido será puesto en libertad y no podrá solicitarse de
nuevo su extradición sino en la forma establecida por el artículo 5º”43.

58. El 6 de diciembre de 2007, el Ministerio de Relaciones Exteriores remitió,
en ese momento, al Ministerio del Interior y de Justicia y a la Dirección de
Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, la nota verbal
M.R.C. No. 176/07 de 4 de diciembre de 2007, mediante la cual el Estado
requirente adjuntó la documentación necesaria para formalizar el pedido
de extradición de Angelmiro Cáceres44. Seguidamente, el 11 de diciembre

38 Folios 81 y 84 del Cuaderno de pruebas No. 4 del Tribunal.
39 Folios 79 y 80, así como 82 y 83 del Cuaderno de pruebas No. 4 del Tribunal.
40 Folios 116 al 120 del Cuaderno de pruebas No. 4 del Tribunal.
41 Folio 136 del Cuaderno de pruebas No. 4 del Tribunal.
42 Folios 122 al 125 del Cuaderno de pruebas No. 4 del Tribunal.
43 Folio 143 del Cuaderno de pruebas No. 4 del Tribunal.
44 Folios 145 al 147 del Cuaderno de pruebas No. 4 del Tribunal.

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Radicación: 25000-23-36-000-2012-00217-01 (55.988)
Demandante: Angelmiro Cáceres García y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Modifica parcialmente
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de 2007, el Ministerio del Interior y de Justicia remitió las diligencias a la Corte
Suprema de Justicia45.

59. Mediante Auto de 25 de febrero de 2008, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Penal, ordenó correr traslado a las partes, con el fin de
que solicitaran las pruebas necesarias para su defensa, previo a emitir
concepto sobre el asunto46. Debido a lo anterior, el defensor de Angelmiro
Cáceres presentó su solicitud de práctica de pruebas47, la cual fue resuelta
desfavorablemente por la Corte Suprema, mediante Auto de 16 de abril de
200848. El 27 de mayo de 2008, la Procuraduría General de la Nación allegó
su concepto favorable sobre la petición de extradición49.

60. El 18 de junio de 2008, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Penal, emitió concepto favorable a la solicitud de extradición, toda vez que
el Gobierno argentino remitió la documentación pertinente por vía
diplomática; se allegó copia auténtica de la decisión que describía los
comportamientos atribuidos al solicitado en extradición; se allegó copia de
la legislación penal argentina aplicable al caso concreto, así como aquella
que regulaba la prescripción de la acción penal y de la pena; se
proporcionaron los datos de filiación del reclamado en extradición y, por
último, la conducta investigada se encontraba consagrada como delito en
las legislaciones colombiana y argentina y su pena mínima no era inferior a
1 año de prisión50.

61. Mediante Resolución No. 234 de 14 de julio de 2008, el Gobierno
nacional concedió la extradición de Angelmiro Cáceres para que
compareciera a juicio ante el Juzgado federal de primera instancia en lo
criminal y correccional No. 2; se ordenó la entrega al Estado requirente, bajo
el compromiso de dar cumplimiento a las condiciones previstas por el
artículo 494, inciso 2, de la Ley 906 de 200451 y advirtió de que solo podía ser
juzgado por los delitos por los cuales se autorizó la extradición52.

62. Por medio de oficios del 29 de julio de 2008, el Ministerio del Interior y de
Justicia le remitió copia al Ministerio de Relaciones Exteriores de la aludida
resolución ejecutiva que concedió la extradición y le solicitó que, por su
conducto, el Estado requirente ofreciera la garantía a que se refiere el
artículo 494 de la Ley 906 de 200453. En cumplimiento de este último

45 Folio 2 del Cuaderno de pruebas No. 4 del Tribunal.
46 Folio 15 del Cuaderno de pruebas No. 4 del Tribunal.
47 Memorial que obra en los folios 21 y 22 del Cuaderno de pruebas No. 4 del Tribunal.
48 Auto que resuelve solicitud de pruebas. Folios 25 al 31 del Cuaderno de pruebas No. 4 del Tribunal.
49 Folios 43 al 50 del Cuaderno de pruebas No. 4 del Tribunal.
50 Folios 53 al 74 del Cuaderno de pruebas No. 4 del Tribunal.
51 Ley 906 de 2004, artículo 494. “(…) Si según la legislación del Estado requirente, al delito que motiva la extradición

corresponde la pena de muerte, la entrega sólo se hará bajo la condición de la conmutación de tal pena, e
igualmente, a condición de que al extraditado no se le someta a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua o confiscación”.
52 Folios 195 al 200 del Cuaderno de pruebas No. 4 del Tribunal.
53 Folios 221 al 223 del Cuaderno de pruebas No. 4 del Tribunal.

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Radicación: 25000-23-36-000-2012-00217-01 (55.988)
Demandante: Angelmiro Cáceres García y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Modifica parcialmente
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compromiso, se allegó la Nota M.R.C. 184 de 14 de agosto de 2008 por parte
del Gobierno argentino54. Asimismo, mediante oficio de 19 de agosto de
2008, el Ministerio del Interior y de Justicia le comunicó al fiscal general de la
Nación dicha resolución, la cual había cobrado firmeza, al no ser
impugnada55.

63. El 23 de septiembre de 2008, el apoderado de Angelmiro Cáceres
solicitó su libertad, al considerar que se había superado el término previsto
por el artículo 11 de la Convención de Montevideo56. Mediante Auto de 29
de septiembre de 2008, el fiscal general de la Nación negó dicha petición,
como quiera que el plazo de 2 meses debía contarse a partir del momento
en que el solicitado fue dejado a disposición del gobierno extranjero -no de
la resolución ejecutiva que concedió la extradición-, lo cual ocurrió en este
caso con el Oficio DAI 008504 de 28 de agosto de 2008, sin que se hubiera
superado dicho lapso57.

64. Finalmente, el 29 de septiembre de 2008, la Policía Nacional de
Colombia hizo entrega de Angelmiro Cáceres a los “Policiales Argentinos de
INTERPOL”58; hecho que fue comunicado el 2 de octubre de 2008 por la
Fiscalía General de la Nación al Ministerio del Interior y de Justicia59.

65. En este caso, inicialmente se dio cumplimiento a la circular roja emitida
por la INTERPOL, sin embargo, una vez se comunicó la solicitud de detención
con fines de extradición, la fiscalía, después de verificar los requisitos
correspondientes (que exista orden de detención librada en contra del
solicitado y el Estado requirente ofrezca pedir oportunamente la
detención60), dictó orden de captura, razón por las cuales las respectivas
autoridades dejaron al solicitado a disposición de dicha entidad y se le
notificó esa determinación.

66. En consecuencia, se cumplió con lo exigido en el artículo 28 de la
Constitución Política para que procediera la restricción del derecho a la
libertad de una persona, pues se contaba con el mandamiento escrito de
autoridad judicial competente, es decir, primero, con el requerimiento
realizado por una autoridad judicial argentina, el cual fue incluido en el
registro de INTERPOL y, después, con la orden de captura proferida por la

54 Folio 225 del Cuaderno de pruebas No. 4 del Tribunal.
55 Folio 226 del Cuaderno de pruebas No. 4 del Tribunal.
56 Ley 74 de 1935, artículo 11. “Concedida la extradición y puesta la persona reclamada a disposición del agente

diplomático del Estado requirente, si dentro de dos meses contados desde la comunicación en ese sentido no
hubiera sido aquella enviada a su destino será puesta en libertad, no pudiendo ser de nuevo detenida por el
mismo motivo (...)”.
57 Folios 47 al 50 del Cuaderno de pruebas No. 2 del Tribunal.
58 Folio 228 del Cuaderno de pruebas No. 4 del Tribunal.
59 Folio 227 del Cuaderno de pruebas No. 4 del Tribunal.
60 Ley 74 de 1935, artículo 10. “El Estado requirente podrá solicitar, por cualquier medio de comunicación, la

detención provisional o preventiva del individuo siempre que exista a lo menos, una orden de detención dictada
en su contra y ofrezca pedir oportunamente la extradición. El Estado requerido ordenará la inmediata detención
del inculpado (…)”.

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Demandante: Angelmiro Cáceres García y otros
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Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
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fiscalía, la cual cumplió con las formalidades legales y se sustentó en un
motivo previamente definido en la ley, esto es, en la existencia de una nota
diplomática por medio de la cual se solicitó al ciudadano con fines de
extradición. Lo anterior, según lo señalado en el artículo 35 de la C.P., en las
obligaciones adquiridas por el Estado en la Convención de Montevideo y en
otros instrumentos internacionales -también se aludió a la Convención de las
Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias
sicotrópicas de 1988-, así como en las normas del Código de Procedimiento
Penal.

67. Además, el trámite se agotó en observancia de dicha convención y,
en lo pertinente, en las disposiciones de la Ley 906 de 2004. Por lo tanto, se
observa que no existió ninguna irregularidad o desconocimiento de los
requisitos dispuestos en la ley por parte de las entidades que intervinieron en
el trámite de extradición. Por el contrario, de acuerdo con las obligaciones
señaladas en las referidas normativas, una vez se recibió la solicitud de
extradición por parte del Estado extranjero, las autoridades administrativas y
judiciales actuaron de conformidad con el ordenamiento jurídico y se
observaron los plazos allí previstos, estos son, para formalizar la solicitud de
extradición, una vez verificada la captura, y para el envío del requerido a
territorio extranjero, una vez fue puesta la persona a disposición del agente
diplomático del Estado requirente.

68. Al respecto, se precisa que, en el estudio de constitucionalidad del
artículo 566 del Decreto Ley 2700 de 1991, cuyo texto es similar al actual
artículo 509 de la Ley 906 de 2004, la Corte Constitucional afirmó que el
trámite de extradición “opera sobre la base de la necesaria ejecución de
decisiones judiciales adoptadas, cuyos antecedentes (internos en el Estado
requirente) no son objeto del análisis de las autoridades colombianas, ni
podrían incidir en la inconstitucionalidad de la norma legal que en Colombia
contempla lo referente a la captura”61.

69. De todas maneras, si bien la detención, como el trámite adelantado,
respetó las garantías del ciudadano solicitado en extradición, así como las
oportunidades en que cada fase debía agotarse, la Sala advierte la
configuración de un daño especial, por lo que estudiará el caso bajo este
régimen objetivo de responsabilidad.

2.4. Estudio del daño especial

70. Mediante la Sentencia de unificación de 5 de julio de 201862, la Corte
Constitucional precisó que los artículos 90 de la Constitución Política de
Colombia y 68 de la Ley 270 de 1996 no establecen un título específico de

61 Corte Constitucional, Sentencia C-700 de 14 de junio de 2000.
62 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-072 del 5 de julio de 2018.

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imputación, sino que prevén la posibilidad de que el juez adecúe la
situación específica al título pertinente. Además, recordó que la falla en el
servicio es el título de imputación preferente y que los títulos de
responsabilidad objetiva son residuales, reservados para aquellos casos en
que el régimen subjetivo es insuficiente para resolver la situación
determinada63.

71. La Corte Constitucional también señaló que, “la posibilidad que
tienen los administrados de ser resarcidos cuando el Estado les ocasione un
daño que no estaban en el deber de soportar en el marco de la privación
injusta de la libertad es un derecho que se deriva de la efectividad de los
derechos, la igualdad y la libertad, al paso de estar previsto en el artículo 90
de la Constitución y, en tal virtud, el criterio de sostenibilidad fiscal no se erige
en una barrera para ofrecer la protección efectiva de tales derechos”. Así,
es posible que el Estado, con su actuar legítimo, inflija daños a particulares,
lo que conlleva, por razones de igualdad y de equidad, a que la persona
deba ser reparada.

72. La Sala encuentra acreditada la existencia de una actuación lícita por
parte de las entidades que intervinieron en el trámite de extradición. Esta
figura, según ha afirmado la Corte Constitucional, “se caracteriza por ser
un mecanismo de cooperación internacional destinado a evitar que, al
amparo de la inviolabilidad del territorio, los delincuentes que han
transgredido la ley penal de otro país queden impunes por el hecho de su
fuga, teniendo en cuenta la imposibilidad del Estado ofendido para
aprehenderlos dentro del territorio de otro”. Así, se trata de un “instrumento
de asistencia y solidaridad internacional que busca desarrollar el principio
de colaboración entre los Estados”64. No obstante, en cumplimiento de esos
deberes, el Estado afectó injustificadamente el derecho a la libertad
personal de Angelmiro Cáceres.

73. En efecto, las autoridades adelantaron adecuadamente el trámite
previsto por la ley para aquellos casos en que un Estado solicita la
extradición de un ciudadano que se encuentra en territorio colombiano y
no incurrieron en error en la identificación del solicitado en extradición,
verificaron los requisitos exigidos (la decisión judicial extranjera describía los
comportamientos atribuidos al solicitado en extradición, los cuales
configuraban un delito en las dos legislaciones, sancionado con pena de
prisión superior a 1 año y no se encontraba prescrita la acción) y se

63 En la providencia se afirmó: “Es necesario reiterar que la única interpretación posible –en perspectiva judicial-

del artículo 68 de la Ley 270 de 1996 es que el mismo no establece un único título de atribución y que, en todo
caso, le exige al juez contencioso administrativo definir si la decisión que privó de la libertad a un ciudadano se
apartó de los criterios que gobiernan la imposición de medidas preventivas, sin que ello implique la exigencia
ineludible y para todos los casos de valoraciones del dolo o la culpa del funcionario que expidió la providencia,
pues, será en aplicación del principio iura novit curia63, aceptado por la propia jurisprudencia del Consejo de
Estado, que se establezca cuál será el régimen que ilumine el proceso y, por ende, el deber demostrativo que le
asiste al demandante”.
64 Sentencia C-243 de 2009, Sentencia T-919 de 2012 y Sentencia C-700 de 2000

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observaron los términos en que debían trascurrir determinados trámites, no
obstante, al final, la imputación realizada en contra de Angelmiro Cáceres
no tuvo ningún fundamento y por ello se dictó sentencia absolutoria a su
favor. Es decir, el daño se produjo por la inadecuada valoración fáctica y
probatoria sobre el mérito de la causa penal en contra del ciudadano
requerido y no por una falla de las entidades nacionales encargadas de
atender la solicitud.

74. En la sentencia absolutoria proferida por el Tribunal oral en lo criminal
federal No. 2 primero se concluyó lo siguiente (se trascribe)65:

“(…)Es que, los elementos utilizados en la instancia anterior para mantener la
pesquisa en su contra, concretamente las intervenciones telefónicas dispuestas,
no dejan de ser meros indicios para conseguir otras pruebas de cargo, que en
este caso no se obtuvieron. La mera trascripción de lo escuchado por el personal
a cargo de tal procedimiento, sin corroboración alguna relacionada con la
identidad de los interlocutores, no resulta dirimente en la especie, dado que ella
sirve como punto de partida para efectuar medidas de prueba fehacientes que
corroboren la hipótesis, empero en sí no alcanzan para verificar la realidad que
pretenden plasmar. Aparece entonces la versión absolutoria esgrimida por el
representante de la vindicta pública, ajustada a derecho y a las constancias de
la causa: no se advierte error de apreciación en la prueba recolectada como
tampoco arbitrariedad en su valoración, en atención a la estricta aplicación del
principio prescripto en el art. 3 del C.P.P ‘in dubio pro reo’”.

75. En el trámite de extradición, las autoridades del Estado requerido (en
este asunto, Colombia) no verifican la existencia de elementos probatorios
mínimos para fundamentar la captura (tales como indicios de
responsabilidad o inferencias de participación en el delito), ni hay
intervención de un juez con el fin de estudiar la posible responsabilidad del
involucrado, es decir, en estos casos, el fundamento de la afectación a los
derechos del ciudadano es el cumplimiento de una obligación internacional
y ello significa una reducción en sus garantías como detenido.

76. Debido a lo anterior, Angelmiro Cáceres soportó la afectación de su
derecho a la libertad, como consecuencia de la obligación del Estado de
honrar sus compromisos internacionales. La responsabilidad resulta objetiva,
porque, pese a no existir una falla en el trámite, el Estado causó un daño en
virtud del cumplimiento de sus deberes con otros Estados, al haber
autorizado su extradición y, en esa medida, haber sido sometido a la justicia
argentina por varios años. La búsqueda del interés general, a través de la
colaboración entre los Estados y el compromiso de enfrentar conjuntamente
la criminalidad, ocasionó una afectación que debe ser reparada por quien
asumió ese deber, esto es, el Estado colombiano.

77. En conclusión, no existe ningún título jurídico que justifique, de manera
definitiva, la privación de la libertad de Angelmiro Cáceres, de manera que

65 Folios 111 al 125 del Cuaderno de pruebas No. 2 del Tribunal.

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la presunción de inocencia del demandante frente a los hechos que le
fueron imputados por el Estado extranjero se mantuvo incólume. No
obstante, al aquí demandante se le generó un daño anormal, especial y
grave que no estaba en el deber de soportar y que deberá ser indemnizado.

2.5. Entidad a la que se le atribuye el daño consistente en la privación
injusta de la libertad

78. La Sala no advierte la configuración del hecho exclusivo de la víctima,
causal eximente de responsabilidad posible en materia de privaciones
injustas de la libertad. El demandante no desplegó ninguna actuación de la
cual se pueda predicar su incidencia en la causación del daño. Por el
contrario, sus intervenciones se orientaron a presentar los argumentos y las
respectivas justificaciones tendientes a demostrar su inocencia en el
comportamiento investigado.

79. Además, tampoco se advierte la configuración del hecho de un
tercero como causal eximente de responsabilidad, debido a que la solicitud
presentada por el Estado extranjero no puede considerarse como una
actuación irresistible para las autoridades nacionales. Como se ha
explicado en párrafos anteriores, la extradición es un mecanismo pactado
entre los Estados para hacer eficiente la justicia penal en un territorio
diferente al del Estado requirente, de manera que el Estado colombiano no
puede excusar su responsabilidad en dicha causal, cuando su actuación
deriva de la aplicación de un acuerdo voluntario con otro Estado. En todo
caso, se reitera, las autoridades colombianas son las que ordenaron la
captura, materializaron la aprehensión del demandante y autorizaron su
remisión al gobierno requirente, para que fuera juzgado por su sistema
judicial.

80. Por otra parte, la Sala observa que, en la Ley 906 de 2004, se estableció
que las solicitudes de extradición serían tramitadas por varias entidades, esto
es, el Ministerio de Relaciones Exteriores (encargado de recibir la solicitud y
trasladarla al Ministerio de Justicia y a la fiscalía, conceptuar acerca de la
normativa aplicable al trámite de extradición, entre otras actuaciones), el
Ministerio de Justicia y del Derecho (encargado de verificar que la
documentación allegada con la solicitud de extradición esté acorde con la
ley) y la fiscalía (encargada de decretar la captura de la persona
requerida). Asimismo, la ley dispuso que la Corte Suprema de Justicia
intervenga en el trámite y emita un concepto que, en el caso de ser
favorable, deja en libertad al Gobierno Nacional para decidir si concede o
no la solicitud de extradición, según la conveniencia nacional.

81. En ese sentido, la Sala encuentra que la responsabilidad por los daños
ocasionados en virtud del trámite de extradición debería ser atribuida

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solidariamente a todas las entidades que intervinieron en dicho trámite,
debido a que la causa adecuada del daño fue el trámite en sí mismo que
permitió la extradición y posterior remisión al país extranjero para que fuera
juzgado por su sistema judicial, y no las actuaciones aisladas desplegadas
por cada entidad. Además, habida cuenta de que cada una de ellas
influyó, por igual, en la imposición de la carga restrictiva de la libertad del
ciudadano66.

82. Como se mencionó en párrafos anteriores, el daño se generó en virtud
del cumplimiento de un compromiso internacional, lo cual compete
principalmente al Gobierno Nacional, a través de sus distintos ministerios, y a
la fiscalía encargada de concretar la solicitud de detención. Es decir, no se
trata de una actividad jurisdiccional, tampoco de una actividad
administrativa, debido a que el trámite de extradición se adelanta,
esencialmente, en ejercicio de una función política y de gobierno y, por
tanto, en este último recae el deber de reparar los eventuales daños
causados con dicha actividad.

83. En este caso, debido a la exoneración ordenada respecto de algunas
entidades demandadas -sin que dicha determinación fuera recurrida-, se
declarará la responsabilidad únicamente del Ministerio de Relaciones
Exteriores y de la Fiscalía General de la Nación. Además, a pesar de la
solidaridad que para la Sala existe en este tipo de asuntos, se les condenará
al pago de perjuicios, en las proporciones señaladas en el fallo de primera
instancia, con el propósito de no agravar la situación de las entidades
recurrentes.

2.6. Abandono del ciudadano extraditado en el país requirente, después de
obtener su libertad

84. Como se indicó anteriormente, se demostró que, desde el 16 de marzo
hasta el 30 de junio de 2011, Angelmiro Cáceres permaneció en Buenos
Aires, Argentina, subsistiendo por sus propios medios y sin que se garantizara
su regreso al país o su permanencia durante ese lapso en condiciones
dignas. En efecto, en el derecho de petición radicado el 5 de abril de 2011
ante la Cancillería de Colombia por parte de su apoderado, se informó que
el aquí demandante “esta[ba] durmiendo en la calle, no (…) [tenía] dinero
para sus necesidades vitales, todo lo anterior producto de su extradición por

66 En el mismo sentido ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección

C. Sentencia de 28 de febrero de 2020, expediente No. 17001-23-31-000-2008-00255-01(50501). En la cual se
consideró: “como se vio, en el trámite de la solicitud de extradición que acude como hecho generador del daño
antijurídico fue determinante la actuación conjunta de la Fiscalía General de la Nación, del Ministerio de
Relaciones Exteriores y del Ministerio del Interior, situación de la que emana la obligación solidaria prescrita por el
artículo 234466 del C.C. y que, si bien no exige la integración de un litisconsorcio necesario, sí insta a la entidad
demandada a satisfacer la totalidad de la condena en virtud de la subrogación dispuesta por el artículo 1578 66
ibídem y a repetir contra las demás entidades que contribuyeron a la causación del mencionado daño antijurídico
– privación injusta de la libertad”.

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Radicación: 25000-23-36-000-2012-00217-01 (55.988)
Demandante: Angelmiro Cáceres García y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Modifica parcialmente
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parte del gobierno Colombiano”67. Por esta razón, solicitó que se le otorgara
el respectivo tiquete para su regreso al país, se le proveyera alguna suma de
dinero para costear su desplazamiento o, incluso, que se le concediera
permiso para trabajar, con el fin de obtener los recursos necesarios para
sufragar su manutención diaria. La anterior fue una de las varias
comunicaciones escritas y verbales mediante las cuales Angelmiro Cáceres
solicitó la intermediación o la actividad directa de las autoridades
colombianas para solucionar su retorno al país y, durante el intervalo, se le
proporcionara un lugar digno de habitación.

85. Frente a las anteriores peticiones, mediante oficio de 20 de abril de
2011 suscrito por el coordinador de asistencia a connacionales del Ministerio
de Relaciones Exteriores, se indicó que no existía presupuesto para atender
gastos de alojamiento de personas en estado de calle y vulnerabilidad, sin
embargo refirió la existencia de albergues transitorios68. Además, respecto a
los gastos que debían hacerse para garantizar su traslado al país de origen,
se informó que se realizaría el seguimiento correspondiente69.
Posteriormente, en oficio de 20 de mayo de 2011 suscrito por el cónsul de
Colombia en Buenos Aires, se le extendió una nueva respuesta, en términos
similares al anterior70.

86. En el recurso de apelación, el Ministerio de Relaciones Exteriores
trascribió un informe rendido el 14 de junio de 2011 por el Consulado de
Colombia en Argentina, sin embargo, ese documento no obra como
prueba en el expediente y, como consta en el Oficio de 29 de junio de
2011dirigido por el cónsul de Colombia a Angelmiro Cáceres71, se le informó
a este último que no se le podría suministrar copia “de la correspondencia
cursada por la embajada de Colombia a la Cancillería argentina en
desarrollo del proceso de asistencia consular y su repatriación a Colombia”,
de modo que, sobre las gestiones concretas adelantadas por dicha entidad
respecto de la solicitud del demandante sobre su regreso al país, solo se
aportaron al expediente los dos oficios indicados anteriormente.

87. Ahora bien, el artículo 16 de la Convención de Montevideo prevé lo
siguiente: “Los gastos de prisión, custodia, manutención y transporte de la
persona, así como de los objetos a que se refiere el artículo anterior, serán
por cuenta del Estado requerido, hasta el momento de su entrega, y desde
entonces quedarán a cargo del Estado requirente” (subrayas fuera del
texto).

67 Folios 106 y 107 del Cuaderno de pruebas No. 2 del Tribunal.
68 Folio 118 del Cuaderno de pruebas No. 2 del Tribunal.
69 , “[e]l Consulado de Colombia en Buenos Aires ha efectuado el seguimiento correspondiente al caso y continúa

atento a brindar la orientación dentro del marco de la competencia consular. En tal sentido se está realizando la
consulta con las autoridades competentes frente a los puntos d y e del Derecho de petición, teniendo en cuenta
lo establecido en la Resolución número 234 del 14 de julio de 2008, ‘por medio de la cual se resuelve una solicitud
de extradición’”.
70 Folio 131 del Cuaderno de pruebas No. 2 del Tribunal.
71 Folio 135 del Cuaderno de pruebas No. 2 del Tribunal.

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Radicación: 25000-23-36-000-2012-00217-01 (55.988)
Demandante: Angelmiro Cáceres García y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Modifica parcialmente
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88. En coherencia con lo anterior, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
casación penal, al momento de emitir su concepto realizó la siguiente
advertencia (se trascribe): “Y, por último, en caso de que Cáceres García
[se]a absuelto, sobreseído, declarado con culpable por cualquier otra vía
legal, de los cargos que dieron origen a su extradición y dejado en libertad,
al regresar al país de origen, el Estado requirente deberá asumir los gastos
de transporte y manutención del extraditado de acuerdo con su dignidad
humana (artículos 1º y 93 de la Constitución Política)”72 (subrayas fuera del
texto).

89. Lo anterior permite establecer que, desde el momento de su entrega,
los gastos del ciudadano extraditado se encontraban a cargo del Estado
requirente, por lo que los costos asociados a su transporte para el regreso al
país debían ser asumidos por aquel. Si lo anterior constituía un compromiso
asumido por los Estados firmantes del aludido tratado multilateral de
extradición, la Sala estima que las autoridades colombianas omitieron
desplegar las acciones necesarias y pertinentes para que se observara de
manera efectiva dicha obligación. Por el contrario, se sometió al ciudadano
extraditado a una larga espera, sin que, por lo menos, se le proveyeran
condiciones mínimas para su subsistencia digna en Argentina, mientras
aguardaba su retorno.

90. Es importante recordar que la Dirección de asuntos jurídicos
internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores actúa como canal
diplomático, en este caso, entre las autoridades nacionales y el Estado
requerido, por lo que dicha intermediación debió desplegarla ese ministerio,
sin que la carga de no respuesta o falta de asunción de responsabilidades
del Estado extranjero se le pueda trasladar al connacional. Lo anterior es
coherente con las funciones asignadas en el artículo 8 del Decreto 3355 de
2009, según las cuales, debe “[a]delantar los trámites que en materia de
extradición le correspondan al Ministerio”.

91. Llama la atención que, en las respuestas a los derechos de petición
formulados por Angelmiro Cáceres, el consulado colombiano aludió a su
falta de presupuesto para atender a los connacionales “en situación o de
vulnerabilidad, o de calle o de dificultad económica”, a pesar de que la
solicitud del aquí demandante no consistía propiamente en que se le

72 Folio 72 del Cuaderno de pruebas No. 4 del Tribunal “El tema suyo está siendo tratado desde un principio por
este Consulado a través del suscrito y de la asesora jurídica, abogada (…), desde que usted nos comunicara que
había sido absuelto de culpa y cargo el pasado 15 de marzo (…) En este sentido, quiero decirle que aún desde su
detención en Argentina, este Consulado ha brindado a usted la asistencia consular que se ofrece a todos los
connacionales colombianos en territorio argentino, de acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones
Consulares de 1963 (…) Como a usted ya le hemos explicado en reiteradas ocasiones, esta misión consular no
cuenta con un presupuesto para la ayuda en Argentina de personas en situación o de vulnerabilidad, o de calle
o de dificultad económica (…) Tenga en cuenta que la respuesta y solución de su petición no puede hacerse en
términos inmediatos y la respuesta la tendrá una vez el caso sea estudiado y decidido por los entes competentes
para ello”

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Radicación: 25000-23-36-000-2012-00217-01 (55.988)
Demandante: Angelmiro Cáceres García y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Modifica parcialmente
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proveyera alguna ayuda humanitaria para su vivienda. Por el contrario, en
las varias comunicaciones realizadas por el demandante principal, se exigía
el cumplimiento de los compromisos internacionales que, en su criterio,
tenían los Estados que participaron en su extradición y que lo sometieron por
varios años a la justicia argentina. Como lo resaltó el tribunal, la situación
precaria de Angelmiro Cáceres en Buenos Aires, Argentina, no devino de
una decisión autónoma adoptada como parte del desarrollo de su
proyecto de vida, sino por la omisión de las respectivas autoridades en
honrar y hacer honrar las obligaciones que cada parte tenía en el trámite
de extradición.

92. Desde el mes de marzo de 2011, el Consulado de Colombia en
Argentina fue enterado de la libertad ordenada a favor de Angelmiro
Cáceres, sin embargo, para el 20 de abril de ese año, fecha de respuesta a
uno de los derechos de petición, solo se indicó que aún se estaban
“realizando la consulta con las autoridades competentes”. En el mismo
sentido, el 20 de mayo de 2011 se le continuaba respondiendo que los
términos de solución no eran inmediatos y que debía aguardar al estudio de
su caso, pero sin que se le garantizara, como dispone la convención, su
manutención y transporte.

93. De otro lado, a pesar de que las partes -demandante y demandada-
reconocieron como hecho cierto la compra de un tiquete aéreo a nombre
de Angelmiro Cáceres, para su regreso a Colombia el 2 de julio de 2011, no
existe evidencia de que éste se hubiera podido utilizar efectivamente. La
parte demandante explicó que, dicho boleto no pudo ser empleado
debido a que no se contaban con los recursos necesarios para cancelar el
impuesto de salida. En contraste, si bien el Ministerio de Relaciones Exteriores
aludió a una comunicación enviada a la Dirección de migraciones
argentina sobre su situación de vulnerabilidad, con el fin de que se le
exonerara del pago de habilitación de salida, se desconoce cuál fue la
respuesta emitida por el gobierno extranjero y si realmente se aplicó dicha
exoneración, razón por la cual el argumento defensivo planteado por dicha
entidad -la efectiva ayuda proporcionada a Angelmiro Cáceres y la
voluntad de este último de transportarse por vía terrestre- no tiene respaldo
probatorio.

94. En consecuencia, al Ministerio de Relaciones Exteriores, entidad que
conoció la situación de Angelmiro Cáceres en Buenos Aires y no desplegó
los mecanismos diplomáticos pertinentes para asegurar su sostenimiento
digno, hasta que se dispusiera su regreso efectivo a su país de origen, se le
imputará la responsabilidad a título de falla del servicio.

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Radicación: 25000-23-36-000-2012-00217-01 (55.988)
Demandante: Angelmiro Cáceres García y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Modifica parcialmente
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2.7. Liquidación de perjuicios

2.7.1. Perjuicios inmateriales

95. En relación con los perjuicios morales, la privación de la libertad, de
acuerdo con las reglas de la experiencia, causa una afectación de índole
moral, así como sentimientos de angustia, zozobra e incertidumbre, entre
otros, tanto en la persona que sufre la detención como en su núcleo familiar
y afectivo, por esta razón el perjuicio será reconocido a favor del
demandante.

96. En este caso, Angelmiro Cáceres estuvo privado de la libertad durante
41 meses y 7 días. Por tanto, de acuerdo con los criterios de indemnización
definidos en la Sentencia de unificación de 29 de noviembre de 202173, al
demandante principal le correspondería una indemnización de 100
SMLMV74.

97. Además está acreditado el parentesco de la víctima directa con
Angela Dayana, Laura Daniela y Jerly Vanessa Cáceres Martínez -hijas-, así
como su relación matrimonial con Sandra Liliana Martínez Hernández, con
los respectivos registros civiles de nacimiento y matrimonio75, razón por la
cual se les reconocerá la suma de 50 SMLMV a favor de cada una de ellas,
esto es, lo equivalente al 50% de la indemnización otorgada a la víctima
directa, por encontrarse en el primer nivel y haberse acreditado su
afectación moral.

98. En efecto, los testigos Nohora Clemencia Martínez Hernández, Narly
Esperanza Quiroga Céspedes, William Vega Mantilla y Gerson Durán
Escalante refirieron que, después de la captura de Angelmiro Cáceres, su
esposa e hijas quedaron en una situación bastante precaria, debido a que
su esposo y padre era quien asumía su manutención, razón por la cual
debieron afrontar muchas dificultades económicas y ello forzó a que Sandra
Liliana Martínez tuviera que conseguir alguna fuente de ingresos, por fuera
del hogar. Además, el grupo familiar se encontraba bastante deprimido,
lloraban con frecuencia y casi no comían, debido a los señalamientos que
les hacían, tanto en su entorno, como en el colegio de las menores, por lo
que debieron ser matriculadas en otra institución educativa. De hecho, el

73 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 29 de noviembre de

2021, exp. 18001-23-31-001-2006-00178-01 (46681).
74 En la providencia se establecieron unos criterios para el cálculo de la indemnización, según el tiempo de

privación de la libertad del afectado directo. Así, se refirió que, si la privación de la libertad tiene una duración
igual o inferior a un mes se debe indemnizar con una suma fija equivalente a 5 SMLMV, de ahí en adelante por
cada mes adicional transcurrido se suma un monto de 5 SMLMV y por cada día adicional al último mes transcurrido
se debe sumar una fracción equivalente a 0,166 SMLMV, la cual se obtiene de dividir 5 SMLMV entre los 30 días
que generalmente tiene un mes. Lo anterior hasta llegar a un tope de 100 SMLMV, correspondiente a las
privaciones de la libertad con una duración igual o menor a 20 meses.
75 Folios 1 al 3 y 7 del Cuaderno de pruebas No. 2 del Tribunal.

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Radicación: 25000-23-36-000-2012-00217-01 (55.988)
Demandante: Angelmiro Cáceres García y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Modifica parcialmente
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declarante Yerson Durán sugirió acompañamiento psicológico, pero
desconocía si, por su misma situación, pudieron obtenerlo.

99. De otro lado, se negarán las pretensiones respecto de la demandante
Rosa Virginia Cáceres García, toda vez que, si bien se probó la relación de
parentesco con la víctima directa76, no se acreditó de manera concreta el
dolor, la angustia o zozobra que afrontó por la privación de la libertad de su
hermano, así como tampoco la relación estrecha con la víctima. Al
respecto, no resulta claro si la aludida demandante conformaba o no el
núcleo familiar de Angelmiro Cáceres, dado que, a pesar de que la testigo
Marly Esperanza Quiroga indicó que si lo integraba, Yerson Durán Escalante
informó que la hermana solo visitaba la casa de la familia. Además, la
testigo Nora Clemencia Martínez Hernández, a pesar de que estuvo más de
un año acompañando a Sandra Martínez y a sus hijas, no hizo ninguna
referencia a la demandante. Asimismo se destaca que, ninguno de los
testigos hizo referencia al grado de afectación de la aludida demandante
por la detención de su hermano, por lo que se revocará la determinación
de primera instancia que accedió a su reconocimiento.

100. En relación con los perjuicios morales por el segundo daño, el tribunal
incluyó el período que Angelmiro Cáceres estuvo en Buenos Aires, después
de que recobró su libertad, dentro del lapso de privación de la libertad, y
reconoció la misma suma de 100 SMLMV. Dado que este aspecto de la
decisión no fue recurrido por la parte demandante -con el propósito de
solicitar su incremento o una suma adicional-, se mantendrá dicha suma a
favor de la víctima directa, así como los porcentajes señalados en la
sentencia de primera instancia, es decir, 25% a cargo de la Fiscalía General
de la Nación y 75% para el Ministerio de Relaciones Exteriores, respecto de
los perjuicios morales liquidados a favor de todos los demandantes.

101. Por otra parte, la Sala considera que toda privación injusta de la
libertad trae consigo una intensa vulneración del derecho al buen nombre
de quien la padeció. En efecto, el ejercicio del ius puniendi del Estado se
sustenta en la confianza legítima de toda la población que lo acata porque
presume su corrección. De manera que, la reclusión Angelmiro Cáceres
García también le generó un daño consistente en el menoscabo en su
reputación y la afectación de su imagen en su entorno social. Esta situación
se encontró acreditada con los testimonios practicados en el proceso y las
noticias sobre la captura con fines de extradición que fueron publicadas en
varios medios de comunicación77.

76 Folios 4 y 6 del Cuaderno de pruebas No. 2 del Tribunal.
77En estas notas periodísticas se informó que, Angelmiro Cáceres fue extraditado a Argentina, al haber sido
acusado de traficar éxtasis hacia dicho país. Folios 171 al 173 del Cuaderno de pruebas No. 2 del Tribunal.

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Radicación: 25000-23-36-000-2012-00217-01 (55.988)
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Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Modifica parcialmente
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102. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, esta afectación se
deriva siempre y necesariamente en un perjuicio sobre la reputación, o el
concepto que de la persona tenían los demás78, un deterioro de la
apreciación que se tenía del sujeto por la conducta que observaba en su
desempeño dentro de la sociedad79. Este asunto, que podría parecer
coyuntural, ha sido considerado en la jurisprudencia un factor intrínseco de
la dignidad humana que a cada persona debe ser reconocida tanto por el
Estado, como por la sociedad80. De ahí la gravedad del perjuicio que debe
repararse con ocasión de la vulneración al buen nombre de Angelmiro
Cáceres.

103. En consecuencia, una vez acreditados el nexo de causalidad, la
imputabilidad y por tanto la antijuridicidad de la privación injusta de la
libertad, todos los perjuicios que de ella se deriven deben ser declarados por
el juez siempre que estén acreditados y hayan sido solicitados. La excepción
a este último requisito ha sido reconocida en la jurisprudencia de esta
corporación pacífica y repetidamente desde la sentencia de unificación
proferida el 28 de agosto de 2014 por esta Sección81: si uno de los perjuicios
probados encaja en la categoría de perjuicios a bienes constitucional y
convencionalmente protegidos, debe ser declarado de oficio por el juez, es
decir, aunque no haya sido solicitado en la demanda.

104. Por tal motivo, se ordenará al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la
Fiscalía General de la Nación para que emitan un comunicado en el que se
disculpen con la víctima por el perjuicio causado. De acuerdo con el
principio según el cual este tipo de reparaciones integrales debe
concertarse con la víctima, Angelmiro Cáceres le informará a dichas
entidades, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si el
documento solamente le será entregado en físico a él o si, además, desea
que se publique en las plataformas de comunicación y difusión de las
respectivas entidades, por lo que así procederán las demandadas una vez
tengan conocimiento de esa decisión. De no hacerse ninguna
manifestación durante ese lapso, se entenderá que la víctima opta porque
las disculpas se expresen de forma privada, por lo que las entidades
procederán a cumplir esta orden de manera inmediata.

2.7.2. Perjuicios materiales

105. En la sentencia de primera instancia se reconocieron, por concepto de
daño emergente, varias de las consignaciones realizadas en Colombia, con
destino a Argentina, durante el período de privación de la libertad de

78 Corte Constitucional. Sentencia C-489 de 2002.
79 Corte Constitucional. Sentencia C-452 de 2016.
80 Corte Constitucional. Sentencia T-977 de 1999.
81 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, Sentencia de
Unificación de 28 de agosto de 2014, Radicación No. 05001-23-25-000-1999-01063-01, Exp. 32988

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Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
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Angelmiro Cáceres, con el propósito de atender los gastos que hicieran
posible su subsistencia durante su reclusión. Al respecto, la Sala ha sostenido
que se tratan de gastos que de todas maneras habría incurrido el
demandante en el evento de no estar privado de la libertad, como quiera
que corresponden a erogaciones que hubiera realizado para asegurar su
cuidado y manutención. Por esta razón, se negará su reconocimiento y se
procederá a revocar, en lo pertinente, la sentencia recurrida.

106. Por último, por concepto de lucro cesante, la sentencia de primera
instancia liquidó este perjuicio con base en el salario mínimo legal mensual
vigente para ese momento, al presumir la capacidad laboral del
demandante principal.

107. Sobre este perjuicio, en la Sentencia de unificación de 18 de julio de
201982, la Sección estableció como presupuestos para la procedencia de
este perjuicio los siguientes: 1) que sea solicitado por la parte interesada y 2)
que se pruebe suficientemente que, con ocasión de la detención, la
persona privada de la libertad dejo o perdió la posibilidad de percibir sus
ingresos. Adicionalmente, para la liquidación de esta tipología de perjuicio
se exigió: 1) que se establezca un periodo indemnizable que, por regla
general, es el tiempo de duración de la privación de la libertad y 2) que se
pruebe el monto de los ingresos.

108. La Sala mantendrá la indemnización por este perjuicio, debido a que
se encuentra acreditado que el demandante ejercía una actividad
económica lícita al momento de la detención. En efecto, en el proceso se
practicaron varios testimonios referidos anteriormente, en los que se informó
que Angelmiro Cáceres era artesano y tenía un taller de joyería en el que
elaboraba sus productos y los ofrecía posteriormente en varios municipios.
Por lo anterior, se actualizarán las sumas reconocidas en la sentencia de
primera instancia, dado que, de llegar a liquidarse dichos períodos con base
en el salario mínimo legal mensual vigente, arrojaría una suma superior que
sería desfavorable para la situación de las entidades recurrentes. En
consecuencia, se reconocerán las siguientes sumas, una vez actualizadas:

• $12.015.361,52 a cargo de la Fiscalía General de la Nación, por el
período comprendido entre el 9 de octubre de 2007 y el 29 de
septiembre de 200883.
• $30.381.702,54 a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, desde el
30 de septiembre de 2008 hasta el 15 de marzo de 201184.

82 Expediente 44.572.
83 Se aplicó la siguiente fórmula: Ca = Ch x IPC final /IPC inicial. Entonces, Ca= 7.517.416 x 136,45 (octubre 2023)

/85,37 (julio 2015) y Ca = $12.015.361,52.
84 Se aplicó la siguiente fórmula: Ca = Ch x IPC final /IPC inicial. Entonces, Ca= 19.008.325 x 136,45 (octubre 2023)

/85,37 (julio 2015) y Ca = $30.381.702,54.

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• $3.666.178,30 a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, por el
período comprendido entre el 16 de marzo y 30 de junio de 201185.

109. Es importante indicar que este último período será reconocido como
perjuicio material causado por el abandono al que se le sometió a
Angelmiro Cáceres en Argentina, debido a que durante varios meses no
pudo obtener ningún ingreso derivado del ejercicio de su actividad
económica. De hecho, el demandante principal solicitó colaboración al
consulado colombiano para que se le concediera un permiso de trabajo,
sin embargo, se le informó que dicha autoridad no podía “actuar como
parte en este tipo de solicitudes ante autoridades locales”86, lo que confirma
que durante ese lapso también perdió la posibilidad de obtener los recursos
que antes de su detención generaba.

2.8. Costas

110. El artículo 188 del CPACA dispone: “Salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código
de Procedimiento Civil”. En ese orden, el artículo 365 del CGP, aplicable al
presente proceso, consagra que se condenará en costas “a la parte
vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación (…)”. El artículo 361 de esa normativa indica que las
costas se componen de expensas y gastos sufragados en el proceso y
agencias en derecho.

111. Para la fijación de las agencias en derecho se tendrán en cuenta los
criterios establecidos en el artículo tercero del Acuerdo No. 1887 de 2003 de
la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, vigente para el
momento de presentación de la demanda87. Respecto de su valor, el
numeral 3.1.3 del artículo 6 estableció que, para la segunda instancia de
procesos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pueden ser
fijadas “Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las
pretensiones, reconocidas o negadas en la sentencia”.

112. En atención a que la parte demandante participó activamente en
todas las fases del proceso, al intervenir en las audiencias, presentar
alegatos de conclusión en primera y segunda instancia, entre otras
actuaciones, la Sala considera razonable tasar las agencias en derecho en

85 Se aplicó la siguiente fórmula: Ca = Ch x IPC final /IPC inicial. Entonces, Ca= 2.293.746 x 136,45 (octubre 2023)

/85,37 (julio 2015) y Ca = $3.666.178,30.
86 Oficio GAIC No. 23392 de 20 de abril de 2011. Folio 128 del Cuaderno de pruebas No. 2 del Tribunal.
87 “La naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado o la parte que litigó

personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo
que sean equitativas y razonables”.

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Demandante: Angelmiro Cáceres García y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
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12 SMLMV a favor de dicha parte, por esta instancia, es decir, 6 SMLMV a
cargo de cada entidad.

113. De existir costas en virtud de expensas y gastos sufragados durante el
proceso, se procederán a liquidar por Secretaría en el caso de que se
hubieren causado.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la constitución y la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE, por las razones expuestas en esta
providencia, la Sentencia proferida el 16 de julio de 2015 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, que
accedió a varias de las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: DECLARAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación y Ministerio
de Relaciones Exteriores responsables del daño ocasionado a los
demandantes, con ocasión de la privación injusta de la libertad de
Angelmiro Cáceres García por el periodo de 41 meses y 7 días, así como
por la situación de abandono a la que se le sometió por parte de esta última
entidad, al no disponer de los mecanismos necesarios para garantizar su
regreso al país.

TERCERO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores y a la
Fiscalía General de la Nación a pagar, a título de reparación por los
perjuicios morales, las siguientes sumas expresadas en salarios mínimos
legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia

Demandante Fiscalía Rama Judicial
General de la
Nación
Angelmiro Cáceres García 25 SMLMV 75 SMLMV
Sandra Liliana Martínez Hernández 12,5 SMLMV 37,5 SMLMV
Ángela Dayana Cáceres Martínez 12,5 SMLMV 37,5 SMLMV
Laura Daniela Cáceres Martínez 12,5 SMLMV 37,5 SMLMV
Jerly Vanessa Cáceres Martínez 12,5 SMLMV 37,5 SMLMV

CUARTO: ORDENAR a la Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores y a la
Fiscalía General de la Nación que emitan un comunicado en el cual
ofrezcan disculpas por la afectación del buen nombre de Angelmiro
Cáceres García, en los términos expuestos en esta decisión.

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Radicación: 25000-23-36-000-2012-00217-01 (55.988)
Demandante: Angelmiro Cáceres García y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Modifica parcialmente
_____________________________________________________________________________________________________________

QUINTO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores y a la
Fiscalía General de la Nación a pagar a Angelmiro Cáceres García, por
concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, las
sumas de $34.047.880,84 y de $12.015.361,52, respectivamente, conforme se
explicó en la parte motiva de esta decisión.

SEXTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

SÉPTIMO: MANTENER la condena en costas impuesta a la parte demandada
por la primera instancia, que corresponden a las sumas de $4.844.267,49
para la Fiscalía General de la Nación y de $14.066.609,24 para el Ministerio
de Relaciones Exteriores.

OCTAVO: CONDENAR en costas a la parte demandada por la segunda
instancia. Por Secretaría del tribunal, se ordena liquidar las costas, que
incluirán la suma de 12 SMLMV, que corresponde a 6 SMLMV para cada
entidad, por concepto de agencias en derecho de esta instancia.

NOVENO: EJECUTAR esta sentencia en los términos establecidos en los
artículos 192 del CPACA.

DÉCIMO: Para el cumplimiento de esta providencia, EXPEDIR copia de la
sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 114
del Código General del Proceso. Para tal efecto, el tribunal de instancia
cumplirá lo previsto por el artículo 329 del CGP.

UNDÉCIMO: Por Secretaría de la Sección, una vez ejecutoriada esta
providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su
competencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Con salvamento parcial de voto Con aclaración de voto

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

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