Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2012-00457-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Controversias contractuales: procedencia de la adecuación de las pretensiones a
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2012-00457-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2012-00457-02
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
27 de octubre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Radicación número: 25001-23-36-000-2012-00457-02 (59861)
Actor: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
Demandado: INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS S.A.
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN - presupuestos de procedencia / MEDIO DE CONTROL DE
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – procedencia de la adecuación de las pretensiones a
este medio de control / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL – Aplicación del artículo
136 numeral 10 del Código Contencioso Administrativo / RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA – Improcedencia de la reclamación judicial posterior a la liquidación del contrato
sin salvedades.
Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia
condenatoria proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El Instituto de Desarrollo Urbano - IDU demanda en repetición a Ingenieros Civiles
Asociados S.A., con el fin de que se le ordene reintegrar la suma que pagó en
cumplimiento de la sentencia dictada en el proceso de reparación directa en el que se le
impuso una condena patrimonial para reparar los perjuicios sufridos por una persona que
sufrió lesiones en un accidente de tránsito.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
El 11 de octubre de 2012 (fl. 26 c. ppal.) -corregido mediante escrito del 6 de diciembre
de 2012 (fl. 42 c. ppal.)1-, el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, por conducto de
1
Previa inadmisión de la demanda mediante auto del 6 de noviembre de 2012 (fl. 39 c. ppal.).
Radicación número: 25001-23-36-000-2012-00457-02 (59861)
Actor: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
Demandado: Ingenieros Civiles Asociados S.A.
Referencia: Medio de Control de Repetición
apoderada judicial (fl. 1 c. ppal.), presentó demanda de repetición contra Ingenieros
Civiles Asociados S.A. (en adelante ICA S.A.), a fin de que se le condenara a reembolsar
una suma de dinero que tuvo que pagar el Instituto, en cumplimiento de la conciliación
judicial celebrada en el transcurso de la segunda instancia del proceso de reparación
directa promovido por el señor Juan Fernando Montes Villa y otros en contra del IDU,
radicado 2000-01927. Específicamente, en la demanda se pretendió (fl. 42 c. ppal.):
PRIMERA: Que se declare que la firma INGENIEROS CIVILES S.A., es responsable
por los perjuicios patrimoniales causados al Instituto de Desarrollo Urbano, IDU en
desarrollo del Contrato 462 de 1997, cuya ejecución no fue terminada en los términos
pactados por las partes, existiendo abandono de las obras objeto del contrato
configurándose así una culpa grave con ocasión al accidente sufrido por el señor
Juan Fernando Montes Villa el día 14 de abril de 1999, por un hueco entonces
existente en el pavimento situado frente al inmueble identificado con el número 86-
60 de la carrera 11 de la ciudad de Bogotá.
SEGUNDA: Que como consecuencia de la anterior declaración, se condene al
demandado, a cancelar al Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- la suma de
SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO
MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS ($625.945.240.00) Moneda Legal, la cual
canceló el IDU en cumplimiento de la condena impuesta por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera Subsección B, dentro del proceso
de reparación directa No. 2000-01927 instaurado por Juan Fernando Montes Villa y
otros contra el IDU.
TERCERA. Ordenar el cumplimiento y pago del valor de la condena en los términos
indicados por el artículo 192 del Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.
CUARTA: Ordenar el cumplimiento de la sentencia de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 334 y 339 del C.P.C. en concordancia con lo establecido en el artículo
192 del Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
Como fundamento fáctico de sus pretensiones, en síntesis, se adujo lo siguiente:
Entre la Secretaría de Obras Públicas de Bogotá - SOP y la sociedad Ingenieros Civiles
Asociados S.A. se celebró el contrato de obra pública No. 462 de 1997 “con el objeto de
ejecutar las labores necesarias para la recuperación y mantenimiento de la malla vial de
Bogotá D.C.”. Según se estipuló en este negocio jurídico, dicha sociedad tenía a su cargo,
entre otros, el mantenimiento de un tramo vial de la carrera 11.
Mediante decreto 980 del 10 de octubre de 1997 -en concordancia con el art. 2° del
Acuerdo 19 de 1972- se le asignaron al IDU las funciones de “mantenimiento,
rehabilitación, reparación, reconstrucción [y] pavimentación de zonas de espacio público
destinadas a la movilidad” (fl. 43 c. ppal.) que antes tenía la SOP. Por tal motivo, estas
entidades acordaron mediante el convenio interadministrativo del 14 de noviembre de
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Radicación número: 25001-23-36-000-2012-00457-02 (59861)
Actor: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
Demandado: Ingenieros Civiles Asociados S.A.
Referencia: Medio de Control de Repetición
1997, que el IDU continuaría con la coordinación y administración del contrato de obra
pública No. 462 de 1997.
El 14 de abril de 1999, esto es, cuando se encontraba en ejecución el referido contrato,
ocurrió un accidente de tránsito en el que resultó lesionado el señor Juan Fernando
Montes Villa, “por un hueco entonces existente en el pavimento localizado en la calzada
oriental (parte media del carril derecho) de la carrera 11 entre calles 86 y 87, más
exactamente en el pavimento situado frente al inmueble identificado con el número 86-
60 de la carrera 11 de la ciudad de Bogotá” (fl. 43 c. ppal.).
A raíz de ese accidente el IDU fue condenado en sentencia de primera instancia por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca; decisión que fue apelada, pero en el trámite
de la segunda instancia se llegó a un acuerdo conciliatorio por las partes, el cual fue
aprobado mediante providencia del 9 de diciembre de 2010 -exp. 2000-01927-.
Según se expresa en la demanda, ICA S.A. tenía la obligación de ejecutar las obras
pactadas en un tramo de la carrera 11, entre las calles 100 a 64. Sin embargo, durante
la ejecución del negocio jurídico se profirió la resolución No. 0276 del 27 de mayo de
1999 -interpretación unilateral del contrato- y se suscribió un acuerdo entre las partes el
28 de junio de 1999, en virtud de lo cual se estableció cuáles serían las vías que
finalmente tendría que intervenir el contratista de obra, entre las cuales no quedó incluida
la carrera 11. Este acuerdo fue posterior a la ocurrencia del accidente, por lo que se
entiende que en los días anteriores ICA S.A. estaba obligado a realizar las obras de
recuperación y mantenimiento de la vía en la que ocurrió el siniestro.
En ese contexto, en la demanda se aduce que la vía estuvo a cargo del contratista desde
el inicio de la ejecución contractual, hasta el 28 de junio de 1999, sin que en ese tiempo
se hayan ejecutado las obras inicialmente pactadas.
Una lectura integral de la demanda permite comprender que, en relación con estos
hechos, el IDU consideró que ICA S.A. actuó con culpa grave al no ejecutar obra alguna
en la carrera 11 -calles 100 a 64- a pesar de estar contractualmente obligada a ello, lo
que dio lugar al accidente en el que resultó lesionado el señor Juan Fernando Montes
Villa, debido al mal estado de la vía2.
2
Al respecto se señaló (fl. 49 c. ppal.): “Al verificar, los fundamentos de la sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera Subsección B, que condenó al Instituto de Desarrollo
Urbano administrativamente responsable por las lesiones ocasionadas a Juan Fernando Montes Villa,
analizados los medios de convicción descritos en la providencia de acuerdo con las reglas de la sana crítica,
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Radicación número: 25001-23-36-000-2012-00457-02 (59861)
Actor: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
Demandado: Ingenieros Civiles Asociados S.A.
Referencia: Medio de Control de Repetición
2. Trámite de primera instancia
2.1. Mediante auto del 4 de enero de 2013 (fl. 54 c. ppal.), se admitió la demanda,
actuación que fue debidamente notificada a la parte demandada y al Ministerio Público
(fls. 55 a 60 c. ppal.).
2.2. Ingenieros Civiles Asociados S.A. se opuso a las pretensiones, por considerar que
“el mantenimiento y reparación del tramo vial de la carrera 11 entre calles 100 y 64 era a
cargo del IDU”, de manera que, en sede de repetición, no puede derivarse
responsabilidad del contratista, cuando este nunca estuvo autorizado a intervenir esa vía.
Específicamente, se adujo que de conformidad con lo previsto en el mencionado decreto
980 del 10 de octubre de 1997 y el acuerdo 19 de 1972, el IDU es la única entidad
responsable del mantenimiento y reparación del tramo vial en el que ocurrió el accidente.
Así, el hecho de que se haya celebrado un contrato de obra no la desliga de su exclusiva
responsabilidad en la reparación de los perjuicios ocasionados con el incumplimiento de
su deber.
Ahora bien, si se analiza lo ocurrido con ocasión del contrato de obra pública No. 462 de
1997, se observa que el plazo para su ejecución iba hasta el 1 de junio de 1999, lo que
implica que cuando ocurrió el accidente -14 de abril de 1999- el contratista no había
incurrido en mora.
Además, dicho contrato no obligaba a ICA S.A. a hacer una intervención simultánea en
todos los tramos viales de la ciudad, puesto que para que se efectuaran dichas labores
se debía agotar un trámite ante la interventoría previsto en el mismo contrato, según el
cual se debían identificar los segmentos, realizar estudios técnicos para determinar el tipo
de intervención, estudios de tránsito, así como realizar una valoración económica de las
se tiene que en efecto el señor Juan Fernando Montes Villa sufrió un grave accidente en momentos en que
se movilizaba en una motocicleta de su propiedad, como consecuencia del mal estado del trayecto ubicado
en la carrera 11 con calle 86, que de ese suceso el sujeto quedó con una incapacidad del 71.10%, que el
IDU es la entidad encargada de mantener y conservar las vías de esta ciudad. Igualmente del material
probatorio en el fallo citado, se observa que la reparación del hueco se efectúo el día 21 de abril de 1999,
y el accidente ocurrió el día 14 del mismo mes y año, es decir para la época del funesto suceso la vía no
se encontraba en óptimas condiciones de tránsito o por lo menos con señales que adviertan a los
conductores de tal situación, lo cual sin lugar a dudas, propició un marco fáctico ideal para la exposición
innecesaria de los particulares a un riesgo creado por la negligencia del IDU en el cumplimiento de sus
funciones.
Con base en lo anterior y como ya se manifestó en este escrito, de las pruebas aportadas se tiene que la
vía estaba a cargo del Contratista Ingenieros Civiles Asociados S.A. hasta el día 28 de junio de 1999,
situación que fundamenta la responsabilidad de la firma demandada en el mal mantenimiento de la vía por
lo cual el señor Juan Fernando Montes Villa sufrió los daños y perjuicios que el IDU tuvo que indemnizar”.
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Demandado: Ingenieros Civiles Asociados S.A.
Referencia: Medio de Control de Repetición
obras en los eventos en que la intervención fuera más compleja, de acuerdo con lo
pactado en la cláusula 14 del contrato.
Para el caso específico de la carrera 11 -calles 100 a 64-, se indicó que, dadas las
características técnicas de la calzada, era necesario hacer una intervención más
profunda, razón por la cual desde 8 meses antes de la fecha en que ocurrió el accidente
del señor Juan Fernando Montes Villa se inició el procedimiento previsto en el contrato
para que se autorizaran las obras por la interventoría, pero como esto no ocurrió, el
contratista no pudo hacer la intervención en la malla vial en las condiciones técnicas
especificadas, razón por la cual ulteriormente las partes decidieron excluir del objeto
contractual ese tramo vial mediante la resolución No. 0276 del 27 de mayo de 1999 y el
acuerdo de voluntades del 28 de junio de 1999.
Además, se adujo que en el presente asunto “no se cumplen los supuestos de
responsabilidad para obligar a ICA al pago de lo solicitado por el IDU”, en tanto no se
demostró la culpa grave de la contratista, quien al momento del accidente no había
incumplido el contrato y no tenía a su cargo la señalización del bache en la vía. Esto se
adujo en los siguientes términos (fl. 77 c. ppal.):
[E]n primer lugar, el estado de la vía por donde transitaba el Sr. Montes en su
motocicleta no es en ninguna forma consecuencia de una acción u omisión de mi
representada.
De hecho, el IDU conocía del mal estado de la vía (carrera 11, entre calles 100 y 64),
razón por la cual fue incluida originalmente dentro del alcance del Contrato. Ninguna
acción u omisión, directa o indirecta de ICA se erige como causa de la existencia del
bache en el que el Sr. Montes sufrió su accidente, localizado en la carrera 11 con calle
86.
Adicionalmente, y como ya se explicó ICA tenía un plazo de 18 meses para la
rehabilitación de las vías, el cual vencía el 1 de junio de 1999, esto es, en una época
posterior a la ocurrencia del accidente que nos ocupa, el cual tuvo lugar el 14 de abril
de 1999. Al momento del accidente, en el que debe centrarse el presente análisis, ICA
no estaba en mora de ninguna de sus obligaciones contractuales respecto de la
intervención de la carrera 11 entre calles 100 y 64.
Es más, nunca se multó o impuso sanción alguna a ICA por parte del IDU, en ejecución
del Contrato, relacionada con el segmento vial comprendido entre la carrera 11, calles
100 a 64, como puede observarse en el expediente administrativo correspondiente al
Contrato, el cual se solicita aportar al proceso mediante oficio, como se verá en el
capítulo de pruebas del presente escrito.
Tampoco era obligación de ICA implementar ningún tipo de señalización, cercamiento
o advertencia sobre el estado de las vías antes de su intervención, pues como consta
en el anexo 3 del Pliego de Condiciones, en el cual se especifica el Plan de Manejo de
Señalización y Desvíos, dicha obligación surgía en el momento en que fueran a ser
ejecutadas las obras de recuperación de la Malla Vial de Bogotá.
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Referencia: Medio de Control de Repetición
Por lo anterior, no se configura el elemento de conducta dolosa o gravemente culposa
que permita endilgarle responsabilidad a ICA respecto de los daños sufridos por el
accionante en reparación directa.
La relación causal: al no configurarse el anterior elemento, se desdibuja más aun la
relación causal entre una actuación dolosa o gravemente culposa que haya ejecutado
ICA y que sirva como fuente obligacional de la reparación del daño descrito. No existe
relación causal alguna entre el daño y el actuar de ICA.
2.3. En escrito separado, la accionada formuló demanda de reconvención, en la que
pretendió que se condenara al IDU al pago de una indemnización debido a que no se
hizo efectiva la póliza de responsabilidad por parte de esa entidad3. El proceso se
adelantó con la demanda principal y la de reconvención hasta correrse traslado para
alegar de conclusión en primera instancia. Sin embargo, mediante proveído del 23 de
febrero de 2015 el a quo decretó la nulidad de lo actuado desde al auto admisorio de la
demanda de reconvención, en atención a que no podían tramitarse tales pretensiones en
un mismo proceso (fl. 300 c. ppal.).
2.4. En la audiencia inicial celebrada el 3 de junio de 2015 se declararon imprósperas las
excepciones de caducidad y conciliación (fl. 314 c. ppal.), decisión que fue confirmada
por el Consejo de Estado mediante auto del 23 de junio de 2016 (fl. 342 c. ppal.), aspecto
sobre el que se volverá páginas más adelante. La audiencia inicial se reanudó el 24 de
mayo de 2017 y en ella se fijó el litigio, se prescindió de la audiencia de pruebas y se
corrió traslado para alegar, luego de lo cual se dictó sentencia oral (fl. 384 c. ppal.).
3. La sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 24 de mayo de 2017, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
accedió a las pretensiones de la demanda en los siguientes términos (fl. 389 c. ppal.):
PRIMERO: DECLARAR patrimonialmente responsable a Ingenieros Civiles
Asociados S.A. por el daño patrimonial sufrido por el Instituto de Desarrollo Urbano
-IDU- con ocasión de la conciliación judicial que acordó pagar en favor de Juan
Fernando Montes Villa y otros.
3
En la demanda de reconvención se pretendió: “1.1. Que se declare que el IDU incurrió en una omisión
administrativa al no haber hecho efectiva la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 4556,
expedida por la Compañía CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., con ocasión del
proceso de reparación directa iniciado por el Sr. Juan Fernando Montes y otros, tramitado ante este mismo
Honorable Tribunal, Sección Tercera, Subsección B, Magistrado Ponente Ramiro de Jesús Pazos
Guerrero, dentro del expediente No. 2000-1927.
1.2. Que como consecuencia de la anterior declaración, se condene al IDU a indemnizar a mi representada
los perjuicios que se le causen en razón de dicha omisión, por una suma igual a la cobertura de la póliza
que dejó de hacerse efectiva, esto es, doscientos millones de pesos (COP $200.000.000) debidamente
actualizados a la fecha de la sentencia”.
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Actor: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
Demandado: Ingenieros Civiles Asociados S.A.
Referencia: Medio de Control de Repetición
SEGUNDO: CONDENAR a Ingenieros Civiles Asociados S.A. de C.V., a pagar al
Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-, la suma de $625'945.240, dentro de los seis
meses siguientes a la ejecutoria del presente fallo.
TERCERO: Las sumas reconocidas devengarán intereses en los términos del
artículo 192 del CPACA.
CUARTO: Sin condena en costas ni agencias en derecho.
QUINTO: La presente sentencia se notifica en estrados conforme al artículo 202 del
CPACA y contra ella procede el recurso de apelación a interponerse dentro de los
10 días hábiles siguientes.
Como fundamento de esa decisión, el a quo explicó que ICA S.A. incurrió en una culpa
grave contractual, al no haber ejecutado las obras de reparación y mantenimiento del
tramo vial en que ocurrió el siniestro, pese a estar obligado a hacerlo.
Específicamente, argumentó que, aunque la interventoría no aprobó la intervención de la
vía con reconocimiento de compensaciones adicionales -conforme lo autorizaba la
cláusula 14 del contrato-, esto ocurrió porque la solicitud que en ese sentido presentó la
contratista no cumplió con los requisitos establecidos para ello4.
Sin embargo, aunque se careciera de esa autorización, ICA S.A. no quedaba relevado
de su obligación de intervenir una vía de la que ya había identificado su mal estado, por
cuanto la cláusula 36.2 del contrato establece que “se considera que el CONTRATISTA
ha realizado el examen completo de los sitios de la obra y que ha investigado plenamente
los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los costos de ejecución de
los trabajos, los cuales se incluyen en los precios de su Propuesta. La circunstancia de
que el CONTRATISTA no haya obtenido toda la información que pueda influir en la
determinación de los costos, no lo eximirá de responsabilidad por la ejecución completa
de las obras de conformidad con este Contrato, ni le dará derecho a reconocimiento
adicional alguno por parte de la SOP ya que el CONTRATISTA asume la carga de
diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su
Propuesta” (fl. 387 vto. c. ppal.).
4
Al respecto se señaló (fl. 387 vto.): “El anterior recuento, permite a la Sala establecer que si bien el extremo
demandado solicitó a la interventoría el reconocimiento de compensaciones adicionales para la
rehabilitación del tramo vial de la carrera 11 entre calles 100 y 64, no cumplió con el lleno de requisitos
establecidos en el contrato para que su petición fuera viable y en consecuencia, aceptada por la
interventoría. Por el contrario, se demostró la existencia de discrepancias en el área a intervenir y la
ausencia de una propuesta económica en los términos del clausulado contractual (…).
Así, a juicio de la Sala, la inejecución de las labores encomendadas al contratista no se debieron a la falta
de aprobación por parte de la interventoría de compensaciones adicionales presentadas por Ingenieros
Civiles Asociados, como quiera que la petición no cumplió con las formalidades exigidas en el contrato,
omisión que impedía el aval del interventor, como coordinador y vigilante de la ejecución del contrato,
porque no estaba obligado a autorizar compensaciones especiales o inclusión de ítems no previstos, si no
se reunían las condiciones pactadas en el contrato para el efecto”.
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Radicación número: 25001-23-36-000-2012-00457-02 (59861)
Actor: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
Demandado: Ingenieros Civiles Asociados S.A.
Referencia: Medio de Control de Repetición
En ese sentido, se consideró que, “si bien, la cláusula 15.1 estipuló que los
procedimientos de recuperación y mantenimiento de la malla vial se regirían por lo
estipulado en el contrato y en los anexos del pliego, y en el anexo 3 se dispuso que "la
obligación de realizar el Mantenimiento Rutinario estará vigente para cada Segmento
desde la fecha en que se identifique el Estado de Condición A, o la fecha en que se reciba
el Segmento intervenido, según corresponda, hasta el vencimiento de dos (2) años
contados a partir del día primero del mes calendario siguiente a la fecha en que comience
el Mantenimiento Rutinario", lo cierto es, que con la suscripción del negocio jurídico, el
contratista asumió, además del deber de mantenimiento, labores de reparación y
reconstrucción de la malla vial, que en criterio de la Sala le imponían el deber de intervenir
la vía” (fl. 388 c. ppal.).
De este modo, en la decisión de primera instancia se consideró que “en el proceso quedó
demostrada la desatención de sus deberes contractuales, que como consecuencia de
ese incumplimiento permitió la ocurrencia del daño a la integridad física del señor Juan
Fernando Montes Villa y que su omisión originó la condena al Estado, elementos que, a
juicio de la Sala, configuran la culpa grave exigida como presupuesto subjetivo de
procedencia del medio de control de repetición, por lo cual, se impone acceder a las
pretensiones de la demanda” (fl. 389 vto. c. ppal.).
4. El recurso de apelación y su trámite
4.1. Ingenieros Civiles Asociados S.A. presentó recurso de apelación en el que formuló
dos reparos frente a la decisión de primera instancia, relativos a (i) los aspectos
contractuales que permiten comprender que no incumplió sus obligaciones y (ii) al
régimen de responsabilidad aplicable en la acción de repetición contra persona jurídica.
(i) En primer lugar, se adujo que el contrato No. 462 de 1997 es de obra y no de
concesión, razón por la cual la contratista “no recibió la administración de las zonas
descritas en el anexo 4 del contrato” (se alude a las vías).
Además, de acuerdo con las cláusulas 3.2. y 12.3. del contrato, antes de iniciar cualquier
intervención en la malla vial, tanto contratista como interventor debían identificar
conjuntamente los segmentos de vía a intervenir, de tal manera que quedara
perfectamente clara “su localización, la discriminación del tipo de daños o fallas que se
presente y la clasificación del estado de condición que corresponda”. De este modo, para
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que hubiera lugar a ejecutar trabajos en las vías debía existir un acuerdo entre contratista
e interventor sobre el área a intervenir y la magnitud o alcance de las obras.
Así, “en cumplimiento de la obligación tendiente a la identificación de segmentos
contenida en la cláusula 12.3. del contrato, ICA remitió el oficio COL-MV-DIR- 411 de
fecha 11 de septiembre de 1998, en el cual indicó que las actividades requeridas
excedían el objeto de "reparación del pavimento" contenido en la cláusula segunda del
contrato; por lo que solicitó que, con relación a la carrera 11, se diera aplicación a lo
pactado en la cláusula 14 del contrato”, que establece que “el contratista podrá, antes de
iniciar las obras respectivas, solicitar una compensación adicional equivalente a un
porcentaje determinado de cualquiera de los precios unitarios de los ítems de obra, o la
inclusión de ítems de obra no previstos”, cuando, entre otras razones, haya “falta o
ausencia grave de pavimento” o haya “presencia de arcillas expansivas o finos plásticos
en la subrasante o en la capa de fundación”.
Sin embargo, como no hubo un acuerdo -como lo exigía la cláusula 3.2.- sobre la
determinación de las calidades y precio de la obra en la carrera 11 -calles 100 a 64-,
debido a la existencia de discrepancias técnicas entre el contratista y el interventor, debe
comprenderse que ICA S.A. no estuvo autorizada para iniciar actividades sobre la malla
vial.
En tal sentido, no puede predicarse la existencia de un incumplimiento contractual por
parte de ICA S.A., máxime si se tiene en cuenta que este tramo vial fue excluido del
objeto contractual mediante la resolución No. 0276 del 27 de mayo de 1999 y el acuerdo
de las partes suscrito el 28 de junio de 1999, razón por la cual la demanda de repetición
comporta una actuación de mala fe por parte de la entidad accionante, que expidió dicho
acto y suscribió la referida modificación al negocio jurídico inicialmente celebrado.
(ii) En relación con el régimen de responsabilidad aplicable al presente asunto, se adujo
que el fallador de primer grado erró al considerar que con la sola comprobación del
incumplimiento contractual basta para concluir que se actuó con dolo o culpa grave, a
efectos de atribuir responsabilidad en un juicio de repetición.
Al respecto, adujo que, además de no haberse demostrado ese incumplimiento en el caso
concreto, “en tratándose de acciones de repetición en contra de personas jurídicas, ha
admitido el Consejo de Estado su procedencia siempre que se acredite el dolo o culpa
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Demandado: Ingenieros Civiles Asociados S.A.
Referencia: Medio de Control de Repetición
grave de un empleado o subordinado de la sociedad”5. De este modo, debe revocarse la
decisión de primer grado, por cuanto en ella “no se analiza siquiera la conducta de ningún
empleado o subordinado, de cuyo actuar doloso pudiera responsabilizarse en este
proceso” a la demandada.
4.2. Este recurso fue concedido mediante auto del 20 de junio de 2017 (fl. 414 c. ppal.) y
admitido por esta Corporación en providencia del 30 de octubre de esa anualidad (fl. 418
c. ppal.). Luego, a través de proveído del 28 de noviembre siguiente, se corrió a las partes
traslado para alegar de conclusión (fl. 422 c. ppal.).
4.2.1. En su escrito de alegatos, el IDU solicitó que se confirmara la decisión del a quo, e
insistió en que, por virtud del contrato de obra No. 462 de 1997, la carrera 11 -entre las
calles 100 a 64- estaba a cargo del ICA S.A., de manera que el incumplimiento contractual
derivado de la inejecución de las obras en ese tramo de la vía fue lo que determinó el
accidente por el que tuvo que responder patrimonialmente la entidad accionante (fl. 423
c. ppal.).
4.2.2. Por su parte, ICA S.A. insistió en las consideraciones expresadas en el recurso de
apelación (fl. 446 c. ppal.), mientras que el Ministerio Público guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
1.- Procedencia y oportunidad del medio de control
La acción de repetición, como mecanismo judicial que la Constitución y la ley otorgan al
Estado tiene como propósito el reintegro de los dineros que por los daños antijurídicos
5
Para fundamentar esta postura, trae a colación un aparte jurisprudencial, cuyo tenor es el siguiente: “A la
sazón, debe preverse que para los efectos que interesan a la acción de repetición, la valoración de la culpa
grave o el dolo recae necesariamente sobre la actuación o comportamiento desplegado por un empleado
o subordinado de la persona jurídica, ya sea que éste actúe como cabeza, en ejercicio de la representación
o toma de decisiones, o como un órgano ejecutor que desarrolla las labores o actividades económicas
propias de la empresa u objeto social.
Bajo este entendido, resulta forzoso concluir que en aquellos eventos en que un individuo - órgano de la
persona jurídica particular que presta una función o servicio público – con su actuar gravemente culposo o
doloso causa un daño antijurídico del cual se desprende una condena en contra de la administración
pública, es la persona jurídica en cuyo provecho se desarrolla la actividad social quien debe responder
patrimonialmente ante el Estado que indemnizó el daño consecuencia de su actuar.
Dicho de otra manera, la culpa grave o el dolo cometido por un individuo en el desarrollo del objeto social
o actividad económica de una persona jurídica que ejerce funciones públicas, le es atribuible a ésta para
efectos de la acción de repetición, toda vez que la labor desarrollada por aquel obedece a una relación de
subordinación y se desempeña en provecho y bajo la autoridad del ente social que, en todo caso, se
encuentra sujeto a la observancia del deber de vigilancia y control”. Aparte tomado de la sentencia del 12
de septiembre de 2016, proferida por esta Corporación en el expediente con radicado 56.284 (M.P. Jaime
Orlando Santofimio Gamboa).
10
Radicación número: 25001-23-36-000-2012-00457-02 (59861)
Actor: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
Demandado: Ingenieros Civiles Asociados S.A.
Referencia: Medio de Control de Repetición
causados como consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa de un
funcionario o ex servidor público e incluso del particular investido de una función pública,
hayan salido del patrimonio estatal para el reconocimiento de una indemnización.
Como una manifestación del principio de la responsabilidad estatal, el inciso segundo del
artículo 90 de la Constitución Política señala que “en el evento de ser condenado el
Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de
la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra
este”.
En tal sentido, la antes denominada acción de repetición fue consagrada en el artículo 78
del Código Contencioso Administrativo, declarado exequible por la Corte Constitucional
mediante sentencia C-430 de 2000, como un mecanismo para que la entidad condenada
judicialmente en razón de una conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario
o exfuncionario suyo, pudiera solicitar de éste el reintegro de lo que hubiere pagado como
consecuencia de una sentencia, una conciliación o de otra forma de terminación de un
conflicto.
De conformidad con la disposición legal anotada, el particular afectado o perjudicado con
el daño antijurídico por la acción u omisión estatal, estaba facultado para demandar a la
entidad pública, al funcionario o a ambos. En este último evento, la responsabilidad del
funcionario habría de establecerse durante el proceso correspondiente.
Esta posibilidad ha sido consagrada también en ordenamientos especiales tales como la
Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, Ley 270 de 1996, la cual, en su artículo
71, previó que “en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de
un daño antijurídico que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente
culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste”, norma referida, en este
caso, a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial.
El mandato constitucional del inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política,
actualmente encuentra su desarrollo en la Ley 678 del 3 de agosto de 2001, “por medio
de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes
del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía
con fines de repetición”.
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Radicación número: 25001-23-36-000-2012-00457-02 (59861)
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Dicha ley definió la repetición como una acción -hoy medio de control- de carácter
patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o exservidor público que, como
consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa, haya dado lugar al
reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena,
conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. El mismo medio de control se
ejercerá contra el particular o contratista que investido de una función pública haya
ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial.
Según se establece en el artículo 2° de la Ley 678 de 2001, la acción de repetición “es
una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex
servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa
haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una
condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto”.
Esta acción, entendida como una modalidad calificada de acción de regreso que tiene
como uno de sus elementos axiales en la determinación de la responsabilidad de los
accionados la vinculación subjetiva del funcionario o exfuncionario con la causación del
daño -a título de dolo o culpa grave-, tiene como finalidad la protección del patrimonio
estatal, como medio necesario para la realización efectiva de los fines y propósitos del
Estado Social de Derecho6.
La Ley 678 de 2001 reguló tanto los aspectos sustanciales como los procesales del medio
de control de repetición y del llamamiento en garantía con fines de repetición. Con tales
propósitos fijó, bajo la égida de los primeros, generalidades como el objeto, la noción, las
finalidades, el deber de su ejercicio y las definiciones de dolo y culpa grave con las cuales
se califica la conducta del agente o el contratista, al tiempo que consagró algunas
presunciones legales con obvias incidencias en materia de la carga probatoria dentro del
proceso. Y con los segundos, reguló asuntos relativos a la jurisdicción, competencia,
desistimiento, procedimiento, término de caducidad de la acción, oportunidad de la
conciliación judicial o extrajudicial, cuantificación de la condena y determinación de su
ejecución, así como lo atinente al llamamiento en garantía con fines de repetición y las
medidas cautelares en el proceso.
También se ha señalado que los hechos y actos ocurridos bajo la vigencia del régimen
jurídico precedente a la expedición de la Ley 678 de 2001, potencialmente constitutivos
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección A, sentencia de
24 de febrero de 2016, exp. 36.310, M.P.: Hernán Andrade Rincón.
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Radicación número: 25001-23-36-000-2012-00457-02 (59861)
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de la acción de repetición contra funcionarios o exfuncionarios, tenían un régimen
integrado por varias disposiciones tanto sustanciales como procesales que, aunque
dispersas, permitían exigir la responsabilidad del agente del Estado en los términos
consagrados en el inciso segundo del artículo 90 de la Carta Política.
Así las cosas, para dilucidar el conflicto de leyes por el tránsito de legislación, la
jurisprudencia ha sido clara al aplicar la regla general según la cual la norma nueva rige
hacia el futuro, de manera que aquella sólo rige para los hechos producidos a partir de
su nacimiento y hasta el momento de su derogación, pues sólo excepcionalmente las
leyes pueden tener efectos retroactivos.
Lo anterior permite entender que los actos o hechos que originaron la responsabilidad
patrimonial del servidor público acaecidos con anterioridad a la Ley 678 de 2001,
continúan rigiéndose, en lo sustancial, por la normatividad anterior, máxime cuando la
responsabilidad del agente es subjetiva, en tanto única y exclusivamente compromete su
patrimonio por razón o con ocasión de su conducta calificada a título de dolo o culpa
grave.
En estos eventos, esta Corporación ha señalado que los aspectos sustanciales del juicio
de repetición se regirán por las referidas normas, mientras que los aspectos
procedimentales relativos a la jurisdicción y competencia, legitimación, desistimiento,
procedimiento, término de caducidad de la acción, oportunidad de la conciliación judicial
o extrajudicial, cuantificación de la condena y determinación de su ejecución, así como lo
atinente al llamamiento en garantía con fines de repetición y las medidas cautelares en
el proceso, se regirán por la Ley 678 de 2001, por tratarse de normas de carácter
procesal, cuya vigencia es inmediata.
Ahora bien, si los hechos o actos que originaron la responsabilidad patrimonial del
servidor público tuvieron ocurrencia con posterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001,
para determinar y enjuiciar la falla personal del agente público será aplicable esta
normativa en materia de dolo y culpa grave, sin perjuicio de que dada la estrecha afinidad
y el carácter civil que se le imprime a la acción en el artículo 2º de la misma ley,
excepcionalmente se acuda al apoyo de los Códigos Civil y de Comercio, y a los
elementos que doctrinal y jurisprudencialmente se han estructurado en torno a la
responsabilidad patrimonial por el daño, en lo que no resulte irreconciliable con aquélla y
los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de responsabilidad de los
servidores públicos (artículos 6, 121, 122, 124 y 90 de la Constitución Política).
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A su vez, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la demanda y posterior condena
contra la entidad hubieren acaecido con anterioridad a la expedición de la Ley 678 de
2001, las normas sustanciales aplicables para dilucidar si se actuó con culpa grave o dolo
serán las vigentes al tiempo de la comisión de la conducta del agente público, que es la
que constituye la fuente de su responsabilidad patrimonial frente al Estado, así como las
previsiones de los Códigos Civil y de Comercio y lo estipulado en los correspondientes
contratos -para el caso de la responsabilidad de contratistas-.
En lo atinente al caso concreto, debe recordarse que, según se prevé en el artículo 2°
parágrafo 1° de la Ley 678 de 2001, “el contratista, el interventor, el consultor y el asesor
se consideran particulares que cumplen funciones públicas en todo lo concerniente a la
celebración, ejecución y liquidación de los contratos que celebren con las entidades
estatales”7. En ese contexto, estos sujetos estarán sometidos a las prescripciones de ese
cuerpo normativo, en la medida en que, por voluntad expresa del legislador, puede
promoverse frente a ellos la acción de repetición.
En aplicación de ese precepto legal, la jurisprudencia de la Corporación ha admitido la
procedencia del medio de control de repetición contra los contratistas del Estado que
sean personas jurídicas8, bajo la idea de que la regla contenida en el citado parágrafo 1°
7
En sentencia C-484 de 25 de junio de 2002, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del parágrafo
1º de la Ley 678 de 2001, únicamente en relación con el cargo formulado en la demanda, relativo a la
violación del principio de unidad de materia, así: “6.1. El cargo formulado para impetrar que se declare la
inexequibilidad de parágrafo 1° del artículo 2° de la Ley 678 de 2001, esencialmente se hace consistir en
que pese a que el artículo 90 de la Constitución se refiere a los servidores públicos que obren con dolo o
culpa grave en el ejercicio de sus funciones, el precepto acusado que desarrolla esa norma constitucional
incluye, asimilándolos a servidores públicos a los contratistas, interventores, consultores y asesores, lo cual
resulta extraño al contenido mismo de esa norma constitucional y al objeto de la Ley 678 de 2001.
6.2. Conforme a lo dispuesto por el artículo 158 de la Carta, los proyectos de ley deben referirse a una
misma materia, principio éste que impone orden en el contenido de las leyes y evita decisiones sorpresivas
y de materias diferentes en una ley determinada.
6.3. El objeto de la Ley 678 de 2001, es la reglamentación de la determinación de la responsabilidad
patrimonial de los agentes del Estado en ejercicio de la acción de repetición o del llamamiento en garantía
con ese fin, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 90, inciso segundo de la Carta.
6.4. Ello significa, entonces, que no se quebranta el principio de la unidad de materia de la legislación, sin
que la Corte entre a analizar ahora aspectos diferentes al cargo que fue formulado contra la norma acusada
la cual, en consecuencia, resulta exequible, únicamente en relación con el cargo propuesto”.
8
Esto se ha precisado al aplicar lo consagrado en el artículo 2° parágrafo 1° de la Ley 678 de 2001, en
tanto por voluntad expresa del legislador, esta acción procede contra el contratista, el interventor, el
consultor y el asesor, sin distinguir si se trata de persona natural o persona jurídica. Al respecto ver, entre
otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 22 de octubre de 2021, exp. 56668, M.P. José Roberto Sáchica Méndez. Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 18 de noviembre de
2021, exp. 61515, M.P. Fredy Ibarra Martínez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 11 de octubre de 2021, exp. 54670, M.P. Fredy Ibarra
Martínez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 29 de noviembre de 2019, exp. 56925, M.P. Guillermo Sánchez Luque. Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 10 de diciembre de
2018, exp. 60423, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
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del artículo 2 de la Ley 678 de 2001, es de carácter procesal y, por ende, de aplicación
inmediata, en tanto se refiere a la legitimación en la causa por pasiva para el trámite de
dicha acción.
Sin embargo, esta consideración se ha efectuado sin reparar en que, más que una norma
procedimental sobre legitimación, con el parágrafo 1° del artículo 2 de la Ley 678 de 2001
en realidad se estableció para contratistas, interventores, consultores y asesores un
nuevo juicio de responsabilidad por culpa grave y dolo -propio de la acción de repetición-
para los eventos en que su incumplimiento contractual tenga implicaciones frente a
terceros y den lugar a una condena contra el Estado.
De acuerdo con las reglas del Estatuto General de la Contratación Estatal previas a la
expedición de la Ley 678 de 2001, la responsabilidad de los contratistas por daños
causados a terceros no se restringe a los eventos en los que estos hayan obrado con
dolo o culpa grave, puesto que la relación con la entidad contratante y su consecuente
régimen de responsabilidad se encuentra íntegramente regulada por las respectivas
estipulaciones contractuales y las normas que conforman el referido Estatuto.
Específicamente, el artículo 4.7 de la Ley 80 de 1993 establece que las entidades
estatales, "sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetirán contra los servidores
públicos, contra el contratista o los terceros responsables, según el caso, por las
indemnizaciones que deban pagar como consecuencia de la actividad contractual”,
mientras que el artículo 52 ejusdem establece que “los contratistas responderán civil y
penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de
la ley. Los consorcios y uniones temporales responderán por las acciones y omisiones
de sus integrantes, en los términos del artículo 7º de esta ley”.
La responsabilidad del contratista por daños infligidos a terceros tiene como su fuente las
conductas desplegadas en el marco del contrato, de ahí que la administración pueda
pretender las declaraciones y condenas correspondientes por la vía del llamamiento en
garantía -en el juicio de responsabilidad extracontractual que promuevan los afectados-
o de la acción contractual de regreso por las indemnizaciones que haya pagado como
consecuencia de la actividad contractual.
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de septiembre de 2016, exp. 56284, M.P.
Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
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Al tratarse de una responsabilidad contractual, en el juicio que se promueva contra
contratistas debe tenerse en consideración lo consignado en la liquidación del contrato,
de modo que si al momento de nacer a la vida jurídica dicho acto -bilateral o unilateral-
se tenía conocimiento del proceso judicial promovido por los terceros dañados con la
conducta del contratista, esta contingencia debía incluirse explícitamente en las
consideraciones de la liquidación, con el fin de que el paz y salvo otorgado al contratista
no surta efectos transaccionales en relación con la acción contractual resarcitoria que
posteriormente formule la entidad. Pero si la contingencia -proceso judicial- no había
tenido lugar al momento de la liquidación, queda a salvo la posibilidad para la
administración de formular la acción de regreso en comento.
En ese contexto, la regulación sobre la responsabilidad del contratista que cause daños
a terceros consagrada en la Ley 678 de 2001 comporta un cambio frente al régimen de
responsabilidad previsto en los artículos 4.7 y 52 de la Ley 80 de 1993, 1604 del Código
Civil y las normas correspondientes del Código de Comercio, pues en esas normas se
establece la posibilidad de ejercer una acción de regreso frente a los contratistas, pero
sin que el fundamento de su responsabilidad se restrinja al dolo o la culpa grave, sino
que se refiere a la intervención que estos colaboradores de la administración tienen en la
causación del daño a los terceros afectados.
Además, al instituirse para el contratista el régimen de responsabilidad por dolo o culpa
grave bajo el cauce procesal de la acción de repetición, se modifican las reglas sobre la
oportunidad para someter a escrutinio de la jurisdicción una controversia de naturaleza
contractual.
La regulación de este juicio de responsabilidad por culpa grave o dolo del contratista,
contenida en el artículo 2° parágrafo 1° de la Ley 678 de 2001, trastoca la actividad
contractual, al desconocer que son las partes, con sujeción a la ley, quienes acuerdan
los derechos y obligaciones a los que cada una se sujeta, asignan riesgos y establecen
elementos de la responsabilidad por los daños que se causen a terceros en la ejecución
del contrato.
Sin embargo, dada la existencia de una expresa voluntad del legislador en consagrar un
nuevo juicio y régimen de responsabilidad para el contratista en los términos anotados,
corresponde al juez establecer una interpretación que dé efecto útil a las disposiciones
normativas vigentes.
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Radicación número: 25001-23-36-000-2012-00457-02 (59861)
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Esa interpretación debe hacerse a la luz de lo previsto en el artículo 38 de la Ley 153 de
1887, que establece que “en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes
al tiempo de su celebración”, salvo en lo concerniente a la aplicación de penas que deban
imponerse por incumplimiento de lo estipulado por las partes, pues esta situación será
gobernada por las normas vigentes al momento en que se incumplió lo pactado. Al
respecto, la citada Ley señaló:
ARTÍCULO 38. En todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al
tiempo de su celebración.
Exceptúanse de esta disposición:
1. Las leyes concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos que resultaren
del contrato, y
2. Las que señalan penas para el caso de infracción de lo estipulado; la cual
infracción será castigada con arreglo á la ley bajo la cual se hubiere cometido.
En igual sentido, el artículo 29 Constitucional establece que “nadie podrá ser juzgado sino
conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente
y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”, garantía que no
se limita al ámbito penal, sino que se extiende a actuaciones administrativas y judiciales 9.
De este modo, el medio de control de repetición consagrado en la Ley 678 de 2001 para
contratistas, interventores, consultores y asesores no resulta aplicable a las situaciones
de incumplimiento de obligaciones contractuales en que estos hayan incurrido, y que
hubieren acaecido antes del 4 de agosto de 2001, fecha de entrada en vigor de la citada
Ley10.
Esto es así, porque con esa nueva regulación, más que establecer una regla procesal
sobre legitimación en la causa para contratistas, en realidad se instituyó un juicio y
régimen de responsabilidad por culpa grave y dolo para quienes durante la ejecución
contractual causen daños a terceros, de manera que su aplicación a los contratos
previamente celebrados comporta una transgresión de lo previsto en los artículos 38
numeral 2 de la Ley 153 de 1887 y 29 Constitucional, al juzgarse la conducta del
contratista con base en un baremo de responsabilidad que no existía al momento en que
ocurrió el hecho en virtud del cual se pretende estructurar el incumplimiento, esto es, bajo
9
Así lo ha precisado al Corte Constitucional, entre otras, en las providencias T-774 de 2004 (M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa); A-063 de 2007 (M.P. Álvaro Tafur Galvis) y T-084 de 2015 (M.P. Maria Victoria
Calle Correa).
10
Ley 678 de 2001 fue publicada en el Diario Oficial No. 44.509, de 4 de agosto de 2001.
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un régimen distinto al que las partes estipularon, con base en las normas del Estatuto
General de la Contratación Estatal.
Para el caso concreto, se encuentra acreditado que el contrato de obra No. 462 se celebró
el 22 de septiembre de 1997 (fl. 1 c. 2 pbas.). En la cláusula décima novena las partes
acordaron que ICA S.A. mantendría indemne al IDU por los perjuicios causados a
terceros con ocasión de la actividad contractual, aspecto frente al cual se acordó en un
mecanismo en virtud del cual las partes harían efectivo el pago de las acreencias
derivadas de la responsabilidad del contratista frente a terceros, así:
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA – INDEMNIZACIÓN:
19.1. El CONTRATISTA será responsable y mantendrá indemne por cualquier
concepto a la SOP frente a cualesquiera acciones, reclamaciones o demandas de
cualquier naturaleza derivadas de daños y/o perjuicios causados a propiedades o a
la vida o integridad personal de terceros o de la SOP o de cualquiera de sus
empleados agentes o contratistas que surjan como consecuencia directa o indirecta
de actos hechos u omisiones del CONTRATISTA sus empleados agentes o
subcontratistas en la ejecución de este Contrato.
19.2. El CONTRATISTA igualmente se compromete a que sus empleados, agentes
y subcontratistas posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los
deberes específicos a ellos asignados para la debida y cabal ejecución del Contrato.
La responsabilidad de que trata esta cláusula incluirá, además de las consecuencias
fijadas en las normas legales aplicables, cualquier daño o perjuicio causados a
propiedades o a la vida o integridad personal de terceros o de la SOP o de cualquiera
de sus empleados, agentes o contratistas originada en cualquier acto, hecho u
omisión de empleados. agentes o subcontratistas que no reúnan tales requisitos
profesionales.
19.3. Para efectos de lo prescrito en esta cláusula la SOP dará aviso escrito al
CONTRATISTA y le proveerá la información básica que posea sobre el tema dentro
de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que por cualquier medio se haya
enterado de la existencia de cualquier juicio, acción, querella o demanda iniciada
contra la SOP o en la cual ésta tenga interés, por motivos relacionados con los actos,
hechos u omisiones del CONTRATISTA, sus empleados o dependientes o sus
subcontratistas o asociados en la ejecución de este Contrato.
19.4. El CONTRATISTA se pronunciará a más tardar dentro de los diez (10) días
siguientes a aquel en que haya recibido el aviso, para informar si considera que la
reclamación que le fue avisada por la SOP cabe dentro de los juicios, acciones
querellas o demandas a que se refiere esta cláusula. En caso de que el
CONTRATISTA niegue que la reclamación que le fue notificada corresponde a
aquellas cuyas consecuencias económicas debe asumir por concepto de lo dispuesto
en esta cláusula, la SOP podrá solicitar al tribunal de arbitramento que dirima el punto
y de definirse que sí corresponde, el CONTRATISTA deberá responder además por
cualquier sobrecosto que su negativa haya causado a la SOP. En el caso en que el
CONTRATISTA no se pronuncie expresamente centro de los diez (10) Días
mencionados se entenderá que acepta que la reclamación corresponde a aquellas
cuyas consecuencias económicas debe asumir e informará sobre la forma cómo
asumirá dicha responsabilidad.
19.5. El CONTRATISTA tendrá el derecho a participar y a unirse a su costo, con los
abogados que escoja, en la defensa adelantada por la SOP, pero en caso de conflicto
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entre el CONTRATISTA y la SOP sobre el curso de la defensa o la solución del
correspondiente proceso la SOP tendrá la competencia exclusiva para tomar las
decisiones o acciones que correspondan, salvo que el CONTRATISTA haya
aceptado que la respectiva reclamación con todas sus consecuencias corresponde
a aquellas cuyas consecuencias económicas debe asumir en cuyo caso se entenderá
que el criterio de los abogados que señale EL CONTRATISTA prevalecerá al tomar
la SOP cualquier decisión o acción que deba adelantarse en desarrollo de su
defensa.
19.6. El CONTRATISTA pagará a nombre de la SOP las sumas necesarias para
cumplir con cualquier condena, o incluso para atender los embargos o el
requerimiento de pólizas u otras medidas provisionales que emitan las autoridades
dentro de los cinco (5) Días Calendario posteriores a una solicitud en ese sentido
hecha por la SOP, soportada por una copia de la orden correspondiente de las
autoridades. Si la condena u orden pertinente es recurrida por la SOP, la obligación
del CONTRATISTA de pagar será pospuesta hasta la fecha en que el recurso
correspondiente sea decidido. En el caso de mora se causarán intereses en los
porcentajes previstos en la cláusula trigésima de este Contrato.
19.7. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilización de los instrumentos
procesales que resulten aplicables, por cualquiera de las partes.
A su vez, el hecho en virtud del cual se demanda ocurrió el 14 de abril de 1999, día del
siniestro en el que resultó lesionado el señor Juan Fernando Montes Villa a causa del mal
estado en que se encontraba la vía pública, situación que, de acuerdo con lo señalado
por la parte demandante, ocurrió debido al incumplimiento de la obligación de intervenir
la carrera 11 -entre calles 100 y 64- de Bogotá, a cargo de ICA S.A.
Así las cosas, aplicar a este contrato y hechos acaecidos antes de la vigencia de la Ley
678 de 2001 el régimen y juicio de responsabilidad por culpa grave o dolo del contratista
por ella consagrado, comportaría un desconocimiento del régimen de responsabilidad
estipulado por las partes, así como de las normas del Estatuto General de la Contratación
Estatal que regulan esta materia.
Bajo este entendido, el medio de control de repetición instaurado por el IDU contra ICA
S.A., se torna en improcedente, en tanto lo que se pretende es que se declare la
responsabilidad del contratista que, al no cumplir con lo pactado en el contrato de obra
No. 462 de 1997 sobre la ejecución de tareas de recuperación y mantenimiento de la
malla vial, ocasionó daños a terceros en hechos ocurridos el 14 de abril de 1999.
Ante esa imputación de responsabilidad, la parte demandada ha sostenido a lo largo del
proceso que no se encuentra acreditado el incumplimiento contractual alegado, porque
con las pruebas aportadas no se puede establecer, como se alega en la demanda, que
ICA S.A. estuviera siquiera habilitado para realizar alguna intervención en ese tramo vial,
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por cuanto el contrato de obra no implicó que la contratista recibiera la administración de
las franjas viales descritas en los anexos técnicos.
Además, la accionada demostró que, de acuerdo con lo pactado en las cláusulas 3.2. y
12.3. del contrato, la ejecución de las tareas de mantenimiento de la malla vial requería
el agotamiento de un procedimiento en el que las partes determinaran conjuntamente la
“localización [de las obras], la discriminación del tipo de daños o fallas que se presente y
la clasificación del estado de condición que corresponda”. Sin embargo, como no hubo
un acuerdo -como lo exigía la cláusula 3.2.- sobre la determinación de las calidades y
precio de la obra en la carrera 11 -calles 100 a 64-, debido a la existencia de discrepancias
técnicas entre el contratista y el interventor sobre la obra requerida, ICA S.A. no estuvo
autorizada para iniciar actividades sobre la malla vial, a pesar de haberse solicitado por
la aquí demandada la aplicación del mecanismo de compensación adicional previsto en
la cláusula 14, dada la mayor complejidad de la obra que se requería en el referido tramo
vial.
En ese contexto, como las partes en conflicto explícitamente discuten sobre los alcances
e incumplimiento del contrato de obra No. 462 de 1997, en punto de la determinación de
las obras que debían ejecutarse en el tramo vial en el que ocurrió el siniestro del 14 de
abril de 1999, la Sala considera que las pretensiones que ahora se resuelven son propias
del medio de control de controversias contractuales previsto en el artículo 141 del
CPACA, que establece que “cualquiera de las partes de un contrato del Estado podrá
pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare
su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales,
que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras
declaraciones y condenas”.
Así las cosas, resulta procedente la adecuación del medio de control de repetición, al de
controversias contractuales, toda vez que esta decisión no afecta los derechos de
defensa y contradicción de las partes, pues en sus distintas intervenciones, ellas mismas
han planteado un debate sobre los alcances y cumplimiento de la obligación de ejecutar
las labores de recuperación y mantenimiento de la malla vial y los efectos nocivos que
esto produjo en relación con el patrimonio de la entidad accionante, cuestión que
corresponde a un debate propio del medio de control de controversias contractuales.
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Radicación número: 25001-23-36-000-2012-00457-02 (59861)
Actor: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
Demandado: Ingenieros Civiles Asociados S.A.
Referencia: Medio de Control de Repetición
Visto lo anterior, la Sala precisa que, en aplicación de lo previsto en el artículo 40 de la
Ley 153 de 1887 -modificado por el art. 624 del CGP11- el cómputo de la caducidad en el
presente asunto debe hacerse con sujeción a lo previsto en el artículo 136 numeral 10
del Decreto 01 de 1984, que establece que en las acciones relativas a contratos, “el
término de caducidad será de dos (2) años que se contará a partir del día siguiente a la
ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento”.
Aunque en el presente asunto se juzgará la conducta contractual desplegada por ICA
S.A. durante la ejecución del contrato de obra No. 462 de 1997, lo cierto es que por
tratarse de una acción de regreso en la que el IDU pretende que su contratista responda
por las indemnizaciones que esa entidad ha debido pagar como consecuencia de la
actividad contractual -art. 4.7 Ley 80 de 1993-, el cómputo de la caducidad no puede
iniciarse desde el 14 de abril de 1999 -fecha del siniestro vial-, pues en ese momento la
conducta del contratista no había tenido efectos nocivos frente a la entidad, sino desde
la fecha en que esa conducta contractual causó efectivamente una afectación al
patrimonio del IDU, al imponerse una condena patrimonial en concreto a la entidad
accionada.
La condena impuesta al IDU en el proceso de reparación directa con radicado 2000-
01927 quedó en firme el 21 de enero de 2011 -fecha en que quedó ejecutoriado el auto
que aprobó la conciliación judicial (fl. 209 c. 2 pbas.)-. De este modo, el plazo máximo
para ejercer el derecho de acción fenecía el 22 de enero de 2013. Y como la demanda
fue presentada el 11 de octubre de 2012 (fl. 26 c. ppal.), se concluye que el derecho de
acción fue ejercido oportunamente.
2.- Caso concreto
Hechas las anteriores precisiones sobre la procedencia del medio de control de
controversias contractuales en el caso concreto, corresponde a la Sala determinar si ICA
S.A. debe responder patrimonialmente ante el IDU, por incumplir con la obligación de
11
ARTÍCULO 624. Modifíquese el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual quedará así:
“Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las
anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las
diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las
notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los
recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los
términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.
La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación
de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad”.
21
Radicación número: 25001-23-36-000-2012-00457-02 (59861)
Actor: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
Demandado: Ingenieros Civiles Asociados S.A.
Referencia: Medio de Control de Repetición
ejecutar las labores de recuperación y mantenimiento de la malla vial pactada en el
contrato de obra No. 462 de 1997, lo que presuntamente ocasionó el accidente de tránsito
en el que resultó lesionado el señor Juan Fernando Montes Villa.
Previo a resolver la cuestión planteada, la Sala precisa que, de acuerdo con lo previsto
en la cláusula trigésima segunda del contrato de obra No. 462 de 1997, las partes
pactaron someter los conflictos derivados de su ejecución, al conocimiento de la justicia
arbitral12.
Al respecto, la Sala precisa que, en la medida en que no se propuso la excepción de
compromiso al contestar la demanda, se estima que las partes renunciaron tácitamente
al pacto arbitral. Esto es así porque la jurisprudencia en la que se concluyó que la
renuncia al pacto arbitral debe ser expresa no es aplicable a este caso porque la demanda
y su contestación se presentaron con anterioridad.
En relación con la aplicación retroactiva del cambio jurisprudencial acogido en el auto de
unificación del 18 de abril de 2013, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado dijo lo siguiente:
La jurisprudencia del Consejo de Estado, en un primer momento, aceptó la posibilidad
de la renuncia tácita de las partes de un contrato estatal a la aplicación de la cláusula
compromisoria, cuando una de ellas instauraba demanda ante la jurisdicción
administrativa y la otra no excepcionaba falta de jurisdicción. Posteriormente, la Sala
Plena de esta Sección unificó la jurisprudencia y señaló que la derogatoria de la
cláusula compromisoria exige un pacto revestido de las mismas formalidades
empleadas para su nacimiento, con lo cual concluyó que se requería escrito. Esta
decisión no moduló sus efectos13.
La demanda se presentó el 6 de mayo de 2005, fecha para la cual la jurisprudencia
consolidada se inclinaba por la posibilidad de la “renuncia tácita” a la cláusula
compromisoria. Criterio que solo vino a ser cambiado en decisión de 18 de abril de
2013, para exigir la renuncia expresa mediante escrito.
Aunque la variación de jurisprudencia por regla general tiene efectos sobre todos los
casos a los que se aplica, no se puede desconocer que un nuevo criterio, aplicado a
las demandas interpuestas con anterioridad, puede -como sucede en este caso-
12
Así: “CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA – SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: 32.1. Cualquier
diferencia relacionada con la ejecución de este contrato asociada a aspectos técnicos será resuelta a través
de amigables componedores, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el decreto 2279 de 1989
o las normas que lo reemplacen, modifiquen o adicionen, [o] por una firma asesora de ingeniería. La firma
asesora de ingeniería será seleccionada libremente por la parte que suscita la controversia, entre el grupo
de firmas que se ha acortado por las partes. Si se suscita la controversia técnica y aún no hay acuerdo
sobre la escogencia de la firma asesora de ingeniería, se procederá como se indica en el numeral 32.6 de
esta cláusula (…). 32.8. Cualquier divergencia que surja entre las partes con ocasión de la celebración,
ejecución o liquidación de este contrato, quien no sea posible solucionar amigablemente o para el cual este
contrato no prevé mecanismos de solución distintos, serán dirimidas por un tribunal de arbitramiento de
conformidad con las siguientes reglas [se establecen las reglas con que funcionaría el tribunal].”.
13
Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 18 de abril de 2013, Rad, 17859
[fundamento jurídico 2.5.4.].
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Radicación número: 25001-23-36-000-2012-00457-02 (59861)
Actor: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
Demandado: Ingenieros Civiles Asociados S.A.
Referencia: Medio de Control de Repetición
entrañar una afectación al derecho de acceso a la justicia, al imponer una carga
desproporcionada al demandante, luego de muchos años de estar pendiente de que
se revuelva su controversia. Adicionalmente, la aplicación del criterio de la renuncia
tácita es consonante con las nuevas disposiciones introducidas en la Ley 1563 de 2012
sobre arbitraje y del Código General del Proceso.
La jurisprudencia de esta Subsección ha considerado necesario aplicar la regla de la
renuncia tácita a la cláusula compromisoria, cuando las partes acuden a la jurisdicción
contenciosa, con el fin de garantizar el acceso a la administración de justicia, en los
eventos de demandas presentadas con anterioridad al cambio de criterio
jurisprudencial14.
Como al momento de la presentación de la demanda la jurisprudencia del Consejo de
Estado aceptaba la renuncia tácita de las partes de un contrato estatal a la cláusula
compromisoria, se conocerá de la demanda no obstante la cláusula compromisoria
pactada por las partes.15
De este modo, la presente controversia debe resolverse de fondo, dada la renuncia tácita
a la cláusula compromisoria inicialmente pactada por las partes.
Como lo ha señalado esta Subsección, la estructuración de la responsabilidad por
incumplimiento contractual requiere la concurrencia de los siguientes elementos: (i) la
existencia de un contrato válidamente celebrado; (ii) la preexistencia de una o varias
obligaciones originadas en el contrato que son desconocidas por el deudor; (iii) el
comportamiento antijurídico de la parte a quien se le atribuye el incumplimiento, que, en
el plano contractual, se traduce en la infracción de las cláusulas contractuales, por acción
o por omisión, y que se concreta en la falta de cumplimiento de la prestación debida en
la forma y en el tiempo establecidos, y (iv) un daño que tenga relación causal entre el
comportamiento antijurídico del deudor y la prestación insatisfecha.
Para el caso concreto, el análisis de responsabilidad al que se encuentra avocada la Sala
debe pasar por la verificación de los efectos que sobre el presente conflicto tuvo la
conciliación judicial celebrada por las partes en el proceso de controversias contractuales
con radicado 2002-01985 (acumulado), que fue aprobada íntegramente por el Consejo
de Estado mediante providencia del 24 de octubre de 2013 (fl. 100 c. 4 pbas.), y en la
que expresamente se estipuló que ese acuerdo fungía como liquidación del contrato de
obra No. 462 de 1997 (fl. 39 c. 4 pbas.).
14
Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 28 de junio de 2019, Rad, 44009
[fundamento jurídico 3.1.1.].
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia
del 18 de agosto de 2020. CP Guillermo Sánchez Luque. Radicación número: 08001-23-31-000-2005-
01245-01(36875). Ver también Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A. Sentencia 7 de mayo de 2021. CP José Roberto Sáchica Méndez. Radicación número:
76001-23-31-000-2002-01766-01(48746).
23
Radicación número: 25001-23-36-000-2012-00457-02 (59861)
Actor: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
Demandado: Ingenieros Civiles Asociados S.A.
Referencia: Medio de Control de Repetición
Durante la ejecución del contrato de obra surgieron varias diferencias entre las partes,
las cuales se sometieron al escrutinio de la jurisdicción contenciosa en las acciones
ejecutivas de radicado 2002-02258-01 y 2003-00429-01, así como los procesos de
controversias contractuales 2002-2337 y 2003-00655, los cuales fueron acumulados con
el proceso 2002-01985, todos tramitados ante el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
En el transcurso del período probatorio del proceso 2002-01985 (acumulado) las partes
celebraron un acuerdo de conciliación en relación con todas las pretensiones, entre las
cuales se encontraba la de liquidación del contrato que fue solicitada en la demanda de
controversias contractuales instaurada por ICA S.A. en el expediente con radicado 2002-
01985 -antes de la acumulación- y en la demanda de reconvención formulada por el IDU
en ese mismo proceso.
Como el objeto del proceso 2002-01985 (acumulado) comprendía, entre otras
pretensiones, la de liquidación del contrato, las partes estipularon que con ese acuerdo
se daba por liquidado el contrato de obra No. 462 de 1997, luego de que se llegaran a
acuerdos por varios conceptos, que arrojaron valores a reconocer a ICA S.A. por
$7.329.554.117,33 y al IDU por $14.582.565.813,31. Estas acreencias fueron
compensadas por acuerdo entre las partes y el valor restante fue actualizado a julio de
2011, con lo que finalmente acordaron que ICA S.A. debía reconocer al IDU la suma de
$11.205.146.035,90 como cruce final de cuentas (fls. 1 a 40 c. 4 pbas.).
Según se observa en la conciliación celebrada por las partes, el acuerdo fue producto de
la validación del cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de ellas, así como
de la determinación de su cuantía, de modo que materialmente constituyó una verdadera
liquidación del contrato, en tanto se trató de un “balance final o corte definitivo de cuentas
de la relación contractual, cuyo propósito fundamental [fue] determinar quién le debe a
quién y cuánto”16; decisión a la que se llegó por los propios contratantes al verificar en
qué medida y de qué manera cumplieron las obligaciones recíprocas derivadas del
contrato, con el fin de saldar las respectivas cuentas luego de culminarse la relación
contractual, con ocasión de la declaratoria de caducidad del contrato adoptada mediante
la resolución 3199 del 23 de mayo de 2002 (fl. 69 c. 2 pbas.). Y en tal sentido, las partes
expresamente señalaron que ese acuerdo comportaba la liquidación del contrato de obra
en comento.
16
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 5 de octubre de 2016, exp. 36712 (M.P. Hernán
Andrade Rincón).
24
Radicación número: 25001-23-36-000-2012-00457-02 (59861)
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Demandado: Ingenieros Civiles Asociados S.A.
Referencia: Medio de Control de Repetición
De acuerdo con lo previsto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y en la jurisprudencia
de la Corporación, “la liquidación del contrato corresponde a un balance final en relación
con el cumplimiento del objeto del contrato, acción que compromete el análisis
pormenorizado de su contenido obligacional, en tanto por su finalidad debe generar un
estado final de ejecución del mismo; así, tal acto contendrá, entre otros, los
reconocimientos que se encuentren directamente relacionados con el objeto y las
obligaciones contenidas en el contrato. Se trata, ni más ni menos, de una facultad que se
deposita en las partes de un contrato, para consignar las condiciones finales de ejecución,
con la finalidad de poder declararse a paz y salvo o si a ello hubiere lugar, a declararse
como deudoras o acreedoras. Desde este punto de vista, la liquidación del contrato
estatal cuando se realiza de mutuo acuerdo es un verdadero negocio jurídico, llamado a
concluir el contrato mediante la determinación concreta y clara de los aspectos técnicos,
económicos y financieros ejecutados”17.
Como negocio jurídico que es, la liquidación bilateral tiene efecto vinculante para las
partes que lo suscriben con el propósito de finalizar la relación negocial, de acuerdo con
lo previsto en los artículos 1602 y 1603 del Código Civil, de manera que a quienes la
suscriben no les resulta jurídicamente plausible adelantar actuaciones o reclamaciones
judiciales posteriores que vayan en contravía de lo que autónomamente pactaron con
antelación.
Para el caso específico del contrato de obra No. 462 de 1997, la cláusula décima novena
estableció que la condena patrimonial impuesta al IDU por la conducta contractual de ICA
S.A., era una acreencia inherente a la ejecución de ese contrato, en tanto en esa cláusula
se establecieron los parámetros para determinar la responsabilidad del contratista frente
a las afectaciones causadas a terceros -19.1-, se señaló el deber de información de la
existencia de procesos judiciales a cargo de la administración, así como el mecanismo
que debía emplear para incluir al contratista en el respectivo juicio de responsabilidad
civil -19.3 a 19.5- y se estipuló la obligación de pago de las condenas patrimoniales que
en ese contexto se causaran por el contratista -19.6-18.
17
Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 22 de octubre de 2021, exp. 56668
(M.P. José Roberto Sáchica Méndez).
18
“CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA – INDEMNIZACIÓN: 19.1. El CONTRATISTA será responsable y
mantendrá indemne por cualquier concepto a la SOP frente a cualesquiera acciones, reclamaciones o
demandas de cualquier naturaleza derivadas de daños y/o perjuicios causados a propiedades o a la vida
o integridad personal de terceros o de la SOP o de cualquiera de sus empleados agentes o contratistas
que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos hechos u omisiones del CONTRATISTA sus
empleados agentes o subcontratistas en la ejecución de este Contrato. / 19.2. El CONTRATISTA
igualmente se compromete a que sus empleados, agentes y subcontratistas posean la experiencia,
conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes específicos a ellos asignados para la debida y cabal
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Radicación número: 25001-23-36-000-2012-00457-02 (59861)
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Referencia: Medio de Control de Repetición
Por virtud de lo pactado por las partes en la cláusula décima novena, el contratista estaba
obligado a responder por los daños causados en desarrollo del contrato de obra No. 462
de 1997, de manera que al conocerse el proceso de reparación directa con radicado
2000-01927 que fue promovido contra el IDU, correspondía a esta entidad activar el
mecanismo de reclamación pactado en el contrato, a efectos de incluir esta contingencia
en los valores a incluirse en el cruce final de cuentas pretendido en la demanda de
reconvención formulada en el proceso de controversias contractuales 2002-01985 -previa
acumulación-, y en la liquidación efectuada voluntariamente por las partes en la
conciliación judicial a la que se impartió aprobación.
Pese a lo anterior, el IDU no solo faltó al deber de información de la existencia del proceso
judicial en su contra al omitir la activación de los mecanismos procesales de llamamiento
en garantía o denuncia del pleito, sino que luego de impuesta la condena en su contra el
9 de diciembre de 2010 -exp. 2000-01927-, concurrió con el contratista a dejarlo a paz y
salvo por esta circunstancia, en la medida en que la liquidación pactada en la conciliación
ejecución del Contrato. La responsabilidad de que trata esta cláusula incluirá, además de las
consecuencias fijadas en las normas legales aplicables, cualquier daño o perjuicio causados a propiedades
o a la vida o integridad personal de terceros o de la SOP o de cualquiera de sus empleados, agentes o
contratistas originada en cualquier acto, hecho u omisión de empleados. agentes o subcontratistas que no
reúnan tales requisitos profesionales. / 19.3. Para efectos de lo prescrito en esta cláusula la SOP dará
aviso escrito al CONTRATISTA y le proveerá la información básica que posea sobre el tema dentro de los
treinta (30) días siguientes a la fecha en que por cualquier medio se haya enterado de la existencia de
cualquier juicio, acción, querella o demanda iniciada contra la SOP o en la cual ésta tenga interés, por
motivos relacionados con los actos, hechos u omisiones del CONTRATISTA, sus empleados o
dependientes o sus subcontratistas o asociados en la ejecución de este Contrato. / 19.4. El CONTRATISTA
se pronunciará a más tardar dentro de los diez (10) días siguientes a aquel en que haya recibido el aviso,
para informar si considera que la reclamación que le fue avisada por la SOP cabe dentro de los juicios,
acciones querellas o demandas a que se refiere esta cláusula. En caso de que el CONTRATISTA niegue
que la reclamación que le fue notificada corresponde a aquellas cuyas consecuencias económicas debe
asumir por concepto de lo dispuesto en esta cláusula, la SOP podrá solicitar al tribunal de arbitramento
que dirima el punto y de definirse que sí corresponde, el CONTRATISTA deberá responder además por
cualquier sobrecosto que su negativa haya causado a la SOP. En el caso en que el CONTRATISTA no se
pronuncie expresamente centro de los diez (10) Días mencionados se entenderá que acepta que la
reclamación corresponde a aquellas cuyas consecuencias económicas debe asumir e informará sobre la
forma cómo asumirá dicha responsabilidad. / 19.5. El CONTRATISTA tendrá el derecho a participar y a
unirse a su costo, con los abogados que escoja, en la defensa adelantada por la SOP, pero en caso de
conflicto entre el CONTRATISTA y la SOP sobre el curso de la defensa o la solución del correspondiente
proceso la SOP tendrá la competencia exclusiva para tomar las decisiones o acciones que correspondan,
salvo que el CONTRATISTA haya aceptado que la respectiva reclamación con todas sus consecuencias
corresponde a aquellas cuyas consecuencias económicas debe asumir en cuyo caso se entenderá que el
criterio de los abogados que señale EL CONTRATISTA prevalecerá al tomar la SOP cualquier decisión o
acción que deba adelantarse en desarrollo de su defensa. / 19.6. El CONTRATISTA pagará a nombre de
la SOP las sumas necesarias para cumplir con cualquier condena, o incluso para atender los embargos o
el requerimiento de pólizas u otras medidas provisionales que emitan las autoridades dentro de los cinco
(5) Días Calendario posteriores a una solicitud en ese sentido hecha por la SOP, soportada por una copia
de la orden correspondiente de las autoridades. Si la condena u orden pertinente es recurrida por la SOP,
la obligación del CONTRATISTA de pagar será pospuesta hasta la fecha en que el recurso correspondiente
sea decidido. En el caso de mora se causarán intereses en los porcentajes previstos en la cláusula
trigésima de este Contrato. / 19.7. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilización de los
instrumentos procesales que resulten aplicables, por cualquiera de las partes ”.
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Radicación número: 25001-23-36-000-2012-00457-02 (59861)
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Referencia: Medio de Control de Repetición
judicial no se incluyeron los valores relacionados con la condena patrimonial impuesta en
ese proceso, lo que sin duda excluyó la posibilidad de reclamar judicialmente por la
eventual responsabilidad que pudiera tener ICA S.A. al tenor de lo estipulado en la
cláusula décima novena del contrato19.
En ese contexto, como el contrato de obra No. 462 de 1997 se liquidó sin salvedad alguna
en relación con la condena patrimonial impuesta al IDU en el proceso de reparación
directa con radicado 2000-01927, la Sala concluye que no resulta procedente efectuar la
reclamación judicial del pago efectuado por la entidad, razón por la cual se negarán las
pretensiones de la demanda.
3. Costas
De conformidad con el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, en la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas,
cuya liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil; no obstante, aquella no
procederá si en el proceso se ventila un asunto de “interés público”.
Al estar encaminado este proceso a la protección del patrimonio público, cuya finalidad
es la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho, es uno
de aquellos en que se ventila un interés público. Por esta razón, no hay lugar a condenar
en costas a la parte vencida en este proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca el 24 de mayo de 2017, cuya parte resolutiva quedará así:
19
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación, la liquidación bilateral del contrato puede comprender
acuerdos de naturaleza transaccional, en tanto con ese negocio jurídico puede lograrse (i) la eliminación
de un litigio presente o futuro; (ii) la extinción de obligaciones; y, (iii) la determinación de los intereses
contrapuestos dando certidumbre a la relación jurídica controvertida mediante concesiones mutuas. Al
respecto ver: Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 28 de febrero de 2011. Exp. 28281 (M.P.
Ruth Stella Correa Palacio), postura reiterada en la sentencia del 22 de octubre de 2021, exp. 56668 (M.P.
José Roberto Sáchica Méndez).
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Radicación número: 25001-23-36-000-2012-00457-02 (59861)
Actor: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
Demandado: Ingenieros Civiles Asociados S.A.
Referencia: Medio de Control de Repetición
SEGUNDO. ADECUAR el presente asunto al medio de control de controversias
contractuales.
TERCERO. NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
CUARTO. Sin condena en costas.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el enlace:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Firmado electrónicamente
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
VF
28
Sigue leyendo
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