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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2012-00571-02

Unico apelante: garantía de la non reformatio in pejus y el principio de congruencia- COMPETENCIA

Fecha
10 de marzo de 2025
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2012-00571-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFÍQUESE la sentencia proferida el 14 de marzo de 2019 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, y en su lugar, se resuelve: (…) PRIMERO: DECLARAR la responsabilidad patrimonial del INSTITUTO DE DESARROLLO -IDU, por la ocupación permanente de los predios ubicados a los costados nororiental y suroriental de la intersección de la Avenida Boyacá con Avenida Villavicencio de Bogotá de propiedad de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR-, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones. SEGUNDO: DECLARAR la caducidad del medio de control, en relación con las pretensiones dirigidas a obtener la declaratoria de responsabilidad del IDU, por las obras relativas a la «oreja nor-occidental». TERCERA: CONDENAR al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU- a pagar, por concepto de perjuicios materiales, la suma que incidentalmente se determine de conformidad con lo dispuesto en el artículo 193 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y los parámetros indicados en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda. QUINTO: ORDENAR al INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI hacer la devolución de la suma de TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($32.500.000), a favor de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA -CAR-, dentro de los (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. (…) Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: 1. PROCESOS DECLARATIVOS EN GENERAL. (…). En primera Instancia a. Por la cuantía . Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario: (i) De menor cuantía, entre el 4% y el 10% de lo pedido. (ii) De mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido. En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V.(…)» 27 Radicación: 25000-2336-000-2012-00571-02 (65.257) Demandante: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca Demandado Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- Medio de control: Reparación directa SEXTO: ORDENAR al INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTIN CODAZZI hacer la devolución de la suma de TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2012-00571-02

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

10 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., diez (10) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 25000-23-36-000-2012-00571-02 (65.257)
Demandante: Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-
Proceso: Reparación Directa

UNICO APELANTE – garantía de la non reformatio in pejus y el principio de congruencia- COMPETENCIA
EN SEGUNDA INSTANCIA – tratándose de un único apelante se limita a los reparos de la alzada-
CADUCIDAD EN OCUPACIÓN POR OBRAS CON VOCACIÓN DE PERMANENCIA-Cómputo desde que
finalizan las obras, que es cuando se materializa el daño-. CARGA DE LA PRUEBA -colaboración con la
administración de justicia y la práctica del dictamen pericial-.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada contra la sentencia del 14 de marzo de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección «A», que declaró la
responsabilidad patrimonial del Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-, por la
ocupación permanente del predio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria
No. 50s-499859, perteneciente a la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca -CAR-.

SÍNTESIS DEL CASO

Con ocasión de la construcción de algunos tramos viales, contemplados dentro del
objeto del Contrato de Obra No. 042 de 2009, en la intersección de la avenida
Boyacá y la avenida Villavicencio (Bogotá), el IDU, presuntamente, ocupó, de forma
permanente, una franja de terreno, dentro del predio de mayor extensión identificado
con la matrícula inmobiliaria 50S-499859, cuyo propietario es la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR-. Proferida la sentencia condenatoria,
de primera instancia, el IDU apeló esta decisión, por considerar que, sobre las
pretensiones relativas al tramo «oreja nor-occidental», operó la caducidad del medio
de control, al estimar que es una obra terminada con anterioridad al Contrato de
Obra No. 042 de 2009.

ANTECEDENTES

Radicación: 25000-2336-000-2012-00571-02 (65.257)
Demandante: Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca
Demandado Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-
Medio de control: Reparación directa

La demanda

El 29 de noviembre de 20121, por intermedio de apoderado judicial, la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR-, interpuso demanda en ejercicio del
medio de control de reparación directa, con la finalidad que se declare la
responsabilidad patrimonial de Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-, por la
ocupación permanente de un terreno de menor extensión, dentro del predio
denominado el «Tunal», identificado con el folio de matrícula 50S-499859; las
pretensiones se formularon, en los siguientes términos:

«(…) PRIMERA: Se declare responsable al Instituto de Desarrollo Urbano IDU de la
reparación patrimonial que debe hacer a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR, a causa del daño antijurídico causado por la
ocupación permanente de una parte de terreno de menor extensión, que hace parte
del terreno de mayor extensión denominado el Tunal distinguido con el folio de
matricula (sic) inmobiliaria 50S-499859 y al que corresponde el registro catastral
número 58S 195(U/5313) de propiedad de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR.

La parte de terreno de menor extensión ocupada para la construcción de la
intersección vial de la Avenida Villavicencio con Avenida Boyacá junto con las orejas
y conectantes viales y que es motivo de la presente acción, tiene una extensión de
ocupación de TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO con
DOS (36495,2) METROS CUADRADOS, y estas(sic) comprendida dentro de los
siguientes linderos:

A) OREJA NOR-OCCIDENTAL:

POR EL COSTADO NORTE: Partiendo del punto 8 al punto 28, pasando por el punto
47 en dirección oriente y en distancia total 18.60 metros, colindando en este tramo
con predio del IDU-Portal El Tunal de Transmilenio 01-00-00-0024-1002-00.

POR EL COSTADO ORIENTAL: Partiendo del punto 28 al punto 55, pasando por los
puntos 48, 49, 50,51, 52, 53, 54 en dirección sur y en distancia total de 239.96 metros,
colindando en este tramo con la margen occidental de la Avenida Boyacá.

POR EL COSTADO SUR: partiendo del punto 55 al punto 26, pasando por los puntos
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 36, 37 en dirección occidente y en distancia total de 198.80
metros colindando en este tramo con la margen norte de la Avenida Villavicencio.

POR EL COSTADO OCCIDENTE, partiendo del punto 26 al punto 8, pasando por los
puntos 27, 15, 16, 17, 1, 2, 22, 40, 41, 42, 6, 7 en dirección nororiente y en distancia
total de 344.89 metros, colindando en este tramo con el lote denominado CAR-,
Bodega y con predio del IDU -Portal El Tunal de Transmilenio.

Que el área es de 17847,85 metros cuadrados área de la Oreja 887,5 metros
cuadrados área nueva intervenida y 483,63 metros cuadrados área nueva intervenida.

1 Ff. 8-26 C.1.

2

Radicación: 25000-2336-000-2012-00571-02 (65.257)
Demandante: Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca
Demandado Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-
Medio de control: Reparación directa

(…)

B) OREJA NOR-ORIENTAL
(…)
Que el área es de 16799,58 metros cuadrados.

C) OREJA SUR-ORIENTAL
(…)

Que el área es de 476,64 metros cuadrados

El inmueble en mayor extensión en donde se ubica la ocupación permanente, objeto
de esta demanda, es el lote de terreno denominado el Tunal, cuyo folio de matricula
(sic) es el 50S-499859 y comprendido dentro de los siguientes linderos: (…)

SEGUNDA: Que como consecuencia de la anterior declaración se condene al
Instituto de Desarrollo Urbano IDU a responder patrimonialmente e indemnizar en
forma plena y completa a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
CUNDINAMARCA CAR, en la suma de SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETENTA PESOS, ($
6,881,355,070), por concepto del daño antijurídico causado por la ocupación
permanente de una parte de su inmueble de mayor extensión cuyo folio de matrícula
es el 50S-499859, y cuyos terrenos utilizados se encuentran ubicados en la
intersección vial de la avenida Villavicencio con avenida Boyacá donde se
construyeron las orejas y conectantes viales.

TERCERA: Que la Precitada suma a pagar atienda a los principios de reparación
integral y equidad, es decir, que entre otras, debe ser indexada o con la debida
liquidación de intereses, tal como lo ha sostenido el Honorable Consejo de Estado.

CUARTA: La sentencia, una vez ejecutoriada, protocolizada y registrada obrará como
título traslaticio de dominio a nombre del Instituto de Desarrollo Urbano IDU, conforme
al artículo 191 del Código de Procedimiento Administrativo. (…)»

Como fundamento de las anteriores pretensiones, se relataron como hechos de la
demanda, que la Corporación Autónoma Regional de la Sabana de Bogotá y de los
Valles de Ubaté y de Chiquinquirá (CAR) , junto con el Instituto de Crédito Territorial,
adquirió cuatro lotes de terreno que conformaban la hacienda denominada el
«Tunal», situados en el barrio «Las Cruces», que contaban con una extensión de
un millón ochocientos veinticinco mil noventa y seis metros cuadrados, de la
Institución de beneficencia “Zoraida Cadavid Sierra”. Dicho negocio jurídico se
celebró, a través de Escritura Pública del 20 de diciembre de 1968 y se registró el
15 de enero de 1969.

Luego, por Escritura Pública 3478 del 15 de noviembre de 1978 de la Notaría 18 de
Bogotá, se efectuó la división material del referido inmueble, correspondiéndole a la
CAR un inmueble de noventa y dos hectáreas ocho mil setecientos sesenta y nueve

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Radicación: 25000-2336-000-2012-00571-02 (65.257)
Demandante: Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca
Demandado Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-
Medio de control: Reparación directa

metros con cuarenta y nueve centésimas de metro cuadrado, el cual se identificó
con el folio de matrícula 50S-499859.

El 23 de noviembre de 2009, comenzó la ejecución del Contrato de Obra IDU -042
de 2009, celebrado entre el Instituto de Desarrollo Urbano IDU y la sociedad
Ingenieros Constructores e Interventores Icein S.A., que tuvo por objeto la
construcción de las «Orejas Nororiental, Suroccidental, Conectantes Nor-Oriental,
Sur-oriental y Sur Occidental, retorno sentido norte-norte de la Avenida Boyacá y
Reforzamiento estructural de los Puentes Vehiculares Existentes de la Avenida
Villavicencio con la Avenida Boyacá, correspondiente al Proyecto de Obra 130 del
“Acuerdo 2005 de Valorización en Bogotá D.C.» . En virtud de dicho contrato, se
edificaron las orejas que permiten a quienes se desplazan por la avenida Boyacá
desde el norte tomar la avenida Villavicencio hacia el oriente, así mismo, esta facilita
a quienes se desplazan por la avenida Boyacá desde el sur, tomar la avenida
Villavicencio hacia el occidente.

Se relató que la ejecución del referido contrato terminó el 7 de enero de 2011. En la
demanda, se alega que la obra ejecutada en virtud de dicho contrato ocupó
parcialmente el inmueble perteneciente a la CAR. Relata la parte actora, que la
Alcaldía Mayor de Bogotá profirió el Decreto 316 del 19 de julio de 2007, cuyo objeto
fue declarar las condiciones de urgencia para la adquisición de predios mediante
expropiación administrativa, más concretamente, las propiedades necesarias para
la edificación de las obras de valorización contempladas en el Acuerdo 180 de 2005,
por Decreto 316 del 19 de julio de 2007. Pese a contar con la posibilidad de acudir
a dicho procedimiento, expuso el escrito de demanda que el IDU ni realizó una oferta
de compra, ni profirió resolución ordenando la expropiación, ni se inscribió en el folio
de matrícula inmobiliaria 50S-499859, actos dirigidos a la enajenación de la zona
que sería ocupada por las orejas y conectantes construidas, en extensión de
36495,2 m2.

Contestación de la demanda, Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-2

2 Ff.65-89 C1.

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Radicación: 25000-2336-000-2012-00571-02 (65.257)
Demandante: Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca
Demandado Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-
Medio de control: Reparación directa

A través de su apoderado judicial, solicitó que se desestimaran las pretensiones de
la demanda. Reconoció que intervino el inmueble con número de matrícula
inmobiliaria 50S-499859, con anterioridad a la ejecución del Contrato de obra No.
IDU-042 de 2009, al edificar, desde 1999, la conexión vial ubicada en el cuadrante
nor-occidental de la intersección vial entre la avenida Boyacá y la avenida
Villavicencio. Asimismo, adujo que dicha intersección, en su cuadrante nor-oriental
fue intervenida para la construcción de la adecuación del espacio público (ciclorutas
y escaleras del puente peatonal), desde el año 2006.

Como excepción previa, propuso la caducidad del medio de control, cargo donde
sugirió computar el término de caducidad desde el 23 de noviembre de 2009, fecha
de la suscripción del Acta No. 1 “inicio de construcción”, en el marco de la ejecución
del Contrato No. IDU 042 de 2009; de igual forma, reiteró, que el bien identificado
en la demanda ya había sido intervenido, por varias obras desde tiempo atrás.
Asimismo, consideró que la demandante no acreditó su imposibilidad de conocer
los hechos que le ocasionaron el presunto daño desde el 23 de noviembre de 2009.
También propuso la «falta de conformación del litisconsorte por pasiva», donde
alegó que debía vincularse a la sociedad Ingenieros Constructores e Interventoras
ICEN SA, contratista de la obra. Por último, propuso, como excepción de fondo, la
inexistencia de los elementos constitutivos de responsabilidad extracontractual.

Sentencia de primera instancia

Por sentencia fechada el 14 de marzo de 20193, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, declaró la responsabilidad
patrimonial del Instituto de Desarrollo Urbano, en los siguientes términos:

«(…) PRIMERO: DECLARAR la responsabilidad patrimonial del INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO -IDU-, por la ocupación permanente de los predios
ubicados a los costados nororiental, noroccidental y suroriental de la intersección de
la Avenida Boyacá con Avenida Villavicencio de Bogotá, de propiedad de la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA -CAR-, de
conformidad con lo expuesto en las consideraciones.

SEGUNDO: CONDENAR al INSTITUTO DE DESARROLLO urbano – IDU a pagar
por concepto de perjuicios materiales, la suma que incidentalmente se determine
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 193 del Código de Procedimiento

3 Ff. 677-690 CP.

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Radicación: 25000-2336-000-2012-00571-02 (65.257)
Demandante: Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca
Demandado Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-
Medio de control: Reparación directa

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y los parámetros indicados en la
parte motiva de la providencia.

TERCERO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda. (…) »

A efecto de proferir esta decisión la Sala de Tribunal, indagó sobre la configuración
de los elementos de responsabilidad patrimonial por parte del IDU, por la ocupación
permanente del predio de propiedad de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca -CAR- con ocasión de la construcción de las orejas y conectantes en
la intersección vial de la avenida Villavicencio con la avenida Boyacá, en la ciudad
de Bogotá. Así, después de referirse al marco jurídico, aplicable a los casos como
el de la referencia, identificó los hechos acreditados en el proceso, y luego, dirigió
su análisis a la configuración de cada uno de los elementos constitutivos de la
responsabilidad, en el caso concreto.

En este punto, la Sala del Tribunal encontró acreditado el daño alegado, al concluir
que los documentos aportados en el plenario daban cuenta de la propiedad de la
CAR, sobre el predio de mayor extensión identificado con el folio de matrícula No.
50S-499859. Para arribar a esta consideración, apreció los siguientes documentos:
i) certificado de matrícula del referido inmueble y ii) las escrituras públicas No. 10330
del 20 de diciembre de 1968 y No. 3478 del 15 de noviembre de 1978.

De igual forma, el a quo tuvo configurada la ocupación permanente del IDU, sobre
una parte del referido inmueble, en virtud de las obras construidas, con ocasión del
Contrato de Obra IDU 042 de 2009. Dicha ocupación la encontró representada en
virtud de la valoración de los siguientes elementos: i) los documentos “Proyecto
Catastrales y Topográficos” y “Segregación Orejas Proyecto Vial Avenida Boyacá –
Avenida Villavicencio”, correspondientes a levantamientos topográficos sobre el
predio identificado con el número de matrícula inmobiliaria 050S-499859 y ii) el
dictamen pericial rendido por el Agustín Codazzi, practicado en el transcurso de la
primera instancia.

Con base en los anteriores elementos, la Sala del Tribunal concluyó que el IDU
ocupó de hecho el predio «el Tunal», perteneciente a la CAR, con ocasión de las
obras construidas entre el 23 de noviembre de 2009 y el 7 de enero de 2011, en
ejecución del Contrato de Obra IDU 042 de 2009. Al respecto, puntualizó la Sala
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Radicación: 25000-2336-000-2012-00571-02 (65.257)
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que, si bien existió una oferta de compra, que fue objeto de inscripción en el folio de
matrícula 50S-499859 el 3 de enero de 2000, esta se canceló el 15 de enero de
2002; sin que en el plenario se demostrara que el IDU agotó de las gestiones
administrativas y/o judiciales, dirigidas a obtener la enajenación voluntaria o forzosa
de los bienes, bajo la guarda de la CAR, con lo cual el demandado infringió las
cargas jurídicas, en lo que toca la afectación de dicho bien.

En relación con el llamamiento en garantía, concluyó que la compañía aseguradora
ACE Seguros SA, no estaba llamada a responder patrimonialmente por la ocupación
que se le imputa al IDU, comoquiera que este evento, no se trata de un siniestro
cubierto por póliza de seguro de responsabilidad extracontractual No. 12/6105.

Por último, en lo que se refiere a la estimación de los perjuicios, la Sala del Tribunal
descartó la valoración del área ocupada, efectuada en el dictamen pericial del
Instituto Geográfico Agustín Codazzi. A juicio del a quo, el dictamen tuvo por
premisa, para valorar económicamente el predio ocupado, que su destinación
correspondía al desarrollo de un proyecto de vivienda multifamiliar de interés social
de seis niveles, lo que difería del objeto solicitado para la prueba. Explicó la Sala
que dicha metodología no resultaba coherente con las circunstancias fácticas de
caso, las competencias de la CAR y a la destinación que esta entidad le otorgó a
dicho predio, del cual precisó que no tenía ninguna definida. En consecuencia,
profirió condena en abstracto, en los términos del artículo 193 del CGP, con el objeto
de que se promueva incidente por el cual la actora aporte un avalúo de la franja de
terreno ocupada, a fin de obtener el valor comercial del metrocuadrado, indexado,
de dicho inmueble antes de la ocupación (22 de noviembre de 2009), para lo cual
indicó que solo se deberá tener en cuenta la ubicación del predio, los metros
cuadrados y el tipo de terreno. Por último, ordenó la devolución de las sumas
pagadas, por concepto del dictamen pericial, al IGAC.

Recurso de apelación IDU

Contra la anterior decisión, el apoderado del IDU interpuso el recurso de apelación4,
en el cual objetó que la decisión de instancia no haya efectuado un análisis de la

4 Ff. 697-702 CP

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excepción de “Ejercicio Oportuno del Medio de Control”. Al respecto, precisó que
las imágenes satelitales, obrantes en los anexos del dictamen del IGAC, enseñan
que la oreja noroccidental, se encontraba construida y entregada al uso de los
ciudadanos, desde el año 2004, lo cual resulta confirmado por comunicación de la
Secretaría Distrital de Planeación, en dicho anexo, donde se indicó que la referida
obra tuvo lugar entre los años 1999 y 2004.

Punto donde precisó que en el contrato de obra IDU-042 de 2009, no se refirió a la
obra conocida como “oreja nor-occidental”; sin embargo, el terreno ocupado por
dicha construcción fue objeto de las pretensiones de la demanda.

Trámite en la segunda instancia

El 19 de septiembre de 20095, el tribunal concedió el recurso de apelación
interpuesto por el apoderado del IDU y rechazó por extemporáneo el recurso de
«reposición y/o súplica»6 interpuesto por el apoderado del Instituto Geográfico
Agustín Codazzi7.
Una vez aportado el expediente al Consejo de Estado, el despacho sustanciador
por auto del 6 de diciembre de 20198 lo devolvió al tribunal para que diera trámite a
la audiencia de conciliación. Previsto lo anterior, el tribunal por auto del 4 de
septiembre de 2020 requirió a las partes para informar si contaban con ánimo
conciliatorio9.

Allegado nuevamente el expediente a esta Corporación, por auto del 25 de febrero
de 202210, el despacho sustanciador admitió el recurso de apelación interpuesto por
la parte demandada -IDU-. Luego, por auto del 27 de mayo de 202211, se corrió
traslado a las partes para alegar de conclusión y al ministerio público para presentar
su concepto. En este término, presentaron alegatos de conclusión, a través de sus

5 FF. 707-708 CP.
6 Folio 324 C.P.
7 Ff. 704-706
8 Folio 720 CP.
9 Folio 741 ib.
10 Folio 754 ib.
11 Folio 755 ib.

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Radicación: 25000-2336-000-2012-00571-02 (65.257)
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apoderados la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca12, el IDU13 y
Chubb Seguros Colombia S.A. (antes ACE Seguros S.A.).

Alegatos de conclusión

La parte demandante alegó que estaba plenamente acreditada la propiedad de la
CAR sobre el inmueble ilegítimamente ocupado y las vías de hecho incurridas por
el IDU, al ocupar franjas de terreno de su propiedad. De igual forma, afirmó que el
dictamen pericial del instituto Agustín Codazzi se encontraba en firme, por no haber
sido objetado.

En el caso del IDU, recalcó que el problema jurídico que debía plantearse, en la
segunda instancia, debe circunscribirse a examinar lo relativo a la caducidad del
medio de control. Insistió en la falta de análisis del a quo, del anterior presupuesto
procesal y remarcó en la existencia de obras desde el año 2004 en la llamada oreja
“nor-occidental” y la ausencia de referencia a este ítem, en el Contrato de obra IDU-
042 de 2009.

Por último, la llamada en garantía CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A., manifestó
que la póliza de seguro No. 6105, pese a tener por asegurado al IDU, no cobija sino
los hechos que se desprendan del daño antijurídico sobre un tercero, cuando se
prediquen de la conducta del contratista, en la ejecución del contrato de obra IDU
042 de 2009 -ICEIN S.A.-. En este sentido, solicitó confirmar la sentencia de primera
instancia.

I. CONSIDERACIONES

1. Como la demanda se presentó el 29 de noviembre del 2012, el régimen aplicable
es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA). Conforme al artículo 308 del CPACA, éste empezó a regir el 2 de julio de
2012 y sólo se aplica a los procedimientos y actuaciones administrativas que se
inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren, con posterioridad a

12 SAMAI índice 21Archivo

24_ALEGATOSDECONCLUSIONOINTERVENCIONES_ALEGATOSAPELACIONI(.pdf) NroActua 21
13 SAMAI índice 22

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Cundinamarca
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Medio de control: Reparación directa

su entrada en vigencia. Adicionalmente, conforme al artículo 306 de este Código,
en los aspectos no contemplados se seguirá el Código General del Proceso (CGP)
en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

I. Presupuestos procesales

1. Jurisdicción y competencia

2. La jurisdicción contencioso administrativa, como guardián del orden jurídico,
conoce de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones en los que estén involucradas entidades públicas, según
el artículo 104 del CPACA. El Consejo de Estado es competente en segunda
instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 150 del CPACA,
modificado por el artículo 615 del CGP, según el cual conoce de los recursos de
apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales
Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía,
pues el valor de la pretensión material mayor supera los 500 SMLMV exigidos por
el artículo 152.6 del CPACA, esto es, $283’350.00014.

2. Medio de control procedente

3. La reparación directa, art. 140 del CPACA, es el medio de control idóneo para
perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño
invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa, o la ocupación
temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos, o por cualquiera
otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado
siguiendo una expresa instrucción de la misma, o por cualquiera otra causa. En este
caso procede por solicitarse, en la demanda, la indemnización de perjuicios
derivados de la alegada «ocupación permanente» del predio identificado con el folio
de matrícula inmobiliaria No. 50s-499859, perteneciente a la Corporación Autónoma

14 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2012 ($566.400) por 500. La pretensión mayor

(artículo157 CPACA) fue estimada en la suma de $ 6’881355.070.
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Radicación: 25000-2336-000-2012-00571-02 (65.257)
Demandante: Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca
Demandado Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-
Medio de control: Reparación directa

Regional de Cundinamarca -CAR-, por parte del Instituto de Desarrollo Urbano -
IDU-.

3. Legitimación en la causa

4. Está probado que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR-
es propietaria del predio que se alega ocupado, identificado con la matrícula
inmobiliaria 50S-49985915, y, por tanto, está legitimada en la causa.

5. En cuanto a la legitimación en la causa por pasiva, se recuerda que el libelo
reclama la ocupación por cuenta de las obras, adelantadas en la intersección de la
avenida Villavicencio con la avenida Boyacá, con ocasión de la ejecución del
Contrato de Obra No. IDU 042 de 2009.

En materia de daños ocasionados por obras públicas, la responsabilidad de la
entidad estatal, como dueña y gestora de la obra, en aplicación del principio “ubi
emolumentum ibi onuos ese debet (donde está la utilidad debe estar la carga), que
prevé las consecuencias de la responsabilidad en cabeza de quien se beneficia de
la obra, (…) pues a ella corresponde la titularidad o dominio de la obra”16, puede
resultar comprometida. Con lo cual, el IDU está legitimado en la causa, por haber
sido la entidad contratante de las obras, a las que se le imputa la ocupación del
inmueble perteneciente a la CAR.

4. Alcance de la apelación y límites funcionales del juez de segunda
instancia.

6. Examinado el recurso de apelación, la Sala resalta que los reparos, sobre la
decisión de primera instancia, se limitaron a la falta de pronunciamiento del a quo
en relación con la caducidad del medio de control, sin que se reprochara u objetara

15 Ff. 13-14 C5.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 1 de junio de

2020. Exp: 49214.
11

Radicación: 25000-2336-000-2012-00571-02 (65.257)
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Medio de control: Reparación directa

las conclusiones de la sentencia impugnada, en relación con la configuración de
alguno de los elementos de responsabilidad patrimonial.

En este sentido, la competencia de la Sala en segunda instancia está enmarcada
por el contenido de los artículos 320 y 328 del CGP17 y el principio de la -non
reformatio in pejus-, en tanto, el recurso se entiende interpuesto en lo que resulte
desfavorable al apelante único -IDU-. Más precisamente, el principio de
congruencia, en estas circunstancias, le impone al ad quem enmarcar su decisión
dentro de los reparos manifestados por el único apelante, sin perjuicio de referirse
a los problemas jurídicos que estén íntimamente relacionados con los cargos del
recurso. A efecto de ilustrar el sentido de estas afirmaciones, en criterio de esta
Sección, la competencia del juzgador de segunda instancia, tiene el siguiente
alcance:

«(…) Esta Sala ha señalado que la competencia del juez en la segunda instancia viene
determinada, en virtud del principio de congruencia -complementado por la garantía
constitucional de la non reformatio in pejus - por el contenido de las alegaciones que el
recurrente esgrima en su ataque en contra de la decisión que impugna, por manera
que el examen del ad quem debe contraerse al estudio, exclusivamente, de aquellos
extremos de la litis que no han quedado fijados con el pronunciamiento del a quo por
razón de haber sido cuestionados por el censor, así como de los problemas jurídicos
íntimamente conectados con estas últimas temáticas. Contrario sensu, el juez que
desata el recurso de alzada carece de competencia para abordar el análisis de asuntos
que, al no haber sido materia de cuestionamiento alguno en el escrito contentivo de la
censura o en su sustentación y si el pronunciamiento objeto de ataque es una
sentencia, han hecho tránsito a cosa juzgada una vez el fallo proferido en la primera
instancia queda ejecutoriado (…)»18( subrayado por fuera del original)

17
«(…) ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar
de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en
costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia. (…)» (negrilla por fuera del original).
18 Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, C.P: Mauricio

Fajardo Gómez, Sentencia del 25 de agosto de 2011, Rad: 66001-23-31-000-1997-03870-01(17613) [
Fundamento de derecho 2.2]; Subsección C, Sentencia del 11 de diciembre de 2024 CP Nicolás Yepes Corrales
[ Fundamento de derecho 4 y 5.2]; Subsección A, Sentencia del 11 de octubre de 2024, 25000-23-36-000-2013-
00002-01 (66.199), CP José Roberto Sáchica Méndez [ Fundamentos de derecho 36 y 37].
12

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En efecto, esta Sección al unificar su jurisprudencia19, definió que bastaba que el
recurso de apelación objetara un «aspecto global» o «general de la sentencia», para
que el juez adquiriera competencia para examinar todos los asuntos relacionados
con este, y los que oficiosamente, puedan ser objeto de decisión en segunda
instancia, como lo son, la «(…) caducidad, la falta de legitimación en la causa y la
indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el
apelante (…)»20

No obstante, aterrizados los anteriores criterios jurisprudenciales, al caso de la
referencia, la Sala puntualiza que los reparos elevados en la apelación se limitaron
a impugnar la falta de pronunciamiento del a quo, en relación con la caducidad de
medio de control, en especial, en lo que se refiera a la oreja «nor-occidental». En
esta medida, no se reprochó en el recurso las conclusiones del tribunal, en torno a
la configuración de la responsabilidad patrimonial del IDU, alguno de sus elementos
o las conclusiones frente al llamado en garantía; asuntos que, en ausencia de
reparos contra los mismos, no resultan susceptibles de un nuevo pronunciamiento
en segunda instancia.

Previsto lo anterior, las consideraciones de la Sala se limitarán a examinar si se
configuró la caducidad del medio de control, con el objeto de establecer – como lo
sugiere el recurrente- si la construcción de la «oreja nor-occidental» resulta
imputable a una construcción anterior a la ejecutada, en virtud del Contrato de Obra
IDU No. 042 de 2009, y, por ende, el medio de control caducó, frente a la misma.

3.1 Sobre el término de caducidad del medio de control de reparación
directa en los casos de ocupación de inmuebles

19 Sobre el alcance de la competencia del Consejo de Estado como juez de segunda instancia ver: Consejo de

Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de unificación del 6 de abril de 2018,
rad. 05001-23-31-000-2001-03068-01(46005) [Fundamento de derecho 19]. Allí se precisó: «(…)Este
entendimiento del principio de congruencia y de los límites competenciales del ad quem frente el recurso de
apelación es el que la Sala acoge y reitera, de manera que si se apela un aspecto global de la sentencia, el juez
adquiere competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte de ese aspecto más general, aunque de
manera expresa no se haya referido a ellos el apelante único. Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de la
potestad que tiene el juzgador de pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean
necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y
la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos
de su inconformidad con la providencia censurada. (…)
20 Ibidem.

13

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7. La jurisprudencia de esta Sección ha sido reiterativa en indicar que la ocupación
puede ser temporal o permanente, distinción que adquiere relevancia por las
afectaciones que se derivan y, de contera, por las reglas que frente al término de
caducidad resultan aplicables. Así:

«Se entiende que existe una ocupación permanente cuando la administración se
instala en el terreno, ya sea construyendo allí una obra pública, destinándolo como
lugar de asentamiento de algún grupo humano determinado, ubicando una unidad
militar, etc, [sic] es decir cuando toma posesión definitiva del mismo,
asumiéndolo como propio -de facto-, para desarrollar allí cualquiera de los
fines estatales. La ocupación es temporal, cuando esa posesión o instalación en el
terreno es apenas transitoria, ocurre para atender una necesidad específica.»21.
(Negrillas fuera del texto original).

8. En este sentido, la ocupación es temporal cuando la Administración se instala en
el inmueble de manera limitada en el tiempo, para atender una necesidad
específica, restringiendo el uso del bien por un lapso determinado, sin que comporte
una afectación física o material definitiva, de modo que la satisfacción de la
necesidad coincide con la finalización de la invasión. En estos casos, el término de
caducidad se computa desde el día siguiente a aquel en el que cesó la ocupación,
que es el momento a partir del cual, el afectado padece de un perjuicio cierto22,
causado durante el tiempo de la instalación23, salvo que, por razones especiales, el
perjudicado únicamente conozca la producción del daño con posterioridad, caso en
el cual, el inicio del conteo se desplaza hasta ese momento24.

9. En contraposición, la ocupación permanente, supone un cambio de afectación25
de un bien, generalmente al «uso público», que no siguió los causes regulares (ej:
expropiación y/o adquisición voluntaria, L.9/89). En consecuencia, la ausencia de

21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 14 de septiembre

del 2000. Exp: 11417, CP Alier Eduardo Hernández Enríquez [Fundamento de derecho 1]
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera. Auto de

Unificación del 9 de febrero de 2011. Rad: 54001-23-31-000-2008-00301-01(38271), CP Danilo Rojas
Betancourth [Fundamento de derecho 3]. En vigencia del CCA, pero extensible a hechos ocurridos en rigor del
CPACA, como lo determinó la Corte Constitucional en sentencia del 29 de agosto de 2023, SU-335 de 2023,
MP Diana Fajardo Rivera [Fundamento de derecho f].
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto del 2 de noviembre de
2000, exp: 18086 Alier Eduardo Hernández Enríquez; Sentencia del 17 de febrero de 2005, 68001-23-15-000-
2004-01086-01(28360), CP Alier Eduardo Hernández Enríquez; Sentencia del 10 de junio del 2009, Rad: 73001-
23-31-000-2000-00006-01(22461), CP Enrique Gil Botero [ Fundamento de derecho 1].
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 7 de mayo de

2008. 68001-23-15-000-1996-01456-01(16922), CP Ruth Stella Correa [ Fundamento de derecho 3.2].
25 Sobre el alcance del término «afectación» ver: Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo,

Seccion Tercera, Subsección A, Sentencia del 9 de mayo de 2012, Rad: 25000-23-26-000-1993-04137-
01(21906) CP: Mauricio Fajardo Gómez [ Fundamento jurídico 2.2.1].
14

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un título jurídico sobre la cosa, con el cual acreditar su dominio, repercute en que
esta también constituya una vulneración del derecho de propiedad de un
administrado, particular y/o entidad pública26, sobre este escenario el profesor
Miguel S. Marienhoff, precisó:

«(…) Para que la administración pública pueda afectar válidamente una cosa al uso
público, es indispensable que dicha cosa se halle en poder del Estado en virtud de
un título jurídico que le haya permitido adquirir el dominio de la cosa. La doctrina
está conteste en ello. Tal exigencia es fácilmente comprensible, pues el Estado no
puede afectar al uso público cosas que no le pertenezcan. Si la administración
Pública afectase al uso público cosas ajenas, es decir de los administrados o
particulares, sin contar con la conformidad de éstos o sin cumplir con los requisitos
establecidos en la ley fundamental, vulneraría la garantía constitucional de
inviolabilidad de la propiedad (…)»27(negrilla y subrayado por fuera del original)

10. En consonancia a las anteriores reflexiones doctrinales, la jurisprudencia de
esta Sección al referirse al alcance de la responsabilidad por ocupación permanente
agregó que esta última debe tener «(…) la virtud suficiente para limitar las
atribuciones del titular del derecho de dominio sobre el bien inmueble, y que
además tenga vocación de permanencia en el tiempo aun cuando no se
busque la realización de una obra por parte de la administración (…).»28
(Negrillas fuera del texto original).

Véase que esta ocupación no está llamada a cesar, por lo que no puede sujetarse
al mismo derrotero que a la temporal a efectos del cómputo de la caducidad29, de
manera que la jurisprudencia ha determinado que (…) la ocupación permanente de
un inmueble implica un daño de ejecución instantánea, que se produce en un
único momento claramente determinable en el tiempo y que establece un punto
de referencia para computar el término de caducidad de la acción de reparación
directa(…)30 (negrillas fuera del texto original).

26 Evento posible, tratándose de bienes fiscales de las entidades públicas (dominio privado), por ejemplo:

Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, C.P.: Danilo Rojas
Betancourth, Sentencia del 25 de septiembre de 2017, 25000-23-26-000-2007-00411-01(38141) [ Fundamento
jurídico 12 y sigs.]
27 Marienhoff Miguel S., Tratado del Dominio Público, Tipografía Editora Argentina, (Buenos Aires- Argentina)

1960, p.167.
28 Ibídem Exp. 38271 [Fundamento de derecho 35]. Haciendo referencia a: Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto del 9 de abril del 2008. 08001-23-31-000-2005-03756-
01(33834), CP Ramiro Saavedra Becerra [ Fundamento de derecho 1. 2.].
29 En la medida en la que las situaciones no pueden quedar permanentemente indefinidas, contrariando la

seguridad jurídica. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A, Sentencia del 9
de mayo de 2012, Rad: 25000-23-26-000-1993-04137-01(21906) CP: Mauricio Fajardo Gómez [ Fundamento
de derecho 1.2] y Sentencia del 5 de julio de 2018, rad. 47001-23-31-000-2006-00937-01(43916), CP Marta
Nubia Velásquez Rico [ Fundamento de derecho 2], entre otras.
30 Supra, Exp: 38271 [ Fundamento de derecho 43].

15

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En casos en los que la ocupación se ha dado (…) con ocasión de la realización de
una obra pública con vocación de permanencia(…), el término (…)debe calcularse
desde que la obra ha finalizado, o desde que el actor conoció la finalización de la
obra sin haberla podido conocer en un momento anterior(…)31.

En estos eventos, el propietario del bien ocupado permanentemente sufre, entre
otros, la lesión a su derecho real de manera definitiva32, al punto que la reparación
es compensatoria y consiste en el valor del bien33, sin perjuicio de que se puedan
reconocer otros perjuicios siempre que se prueben.

En otras palabras, el propietario del bien tiene la certeza de la producción del daño
desde que la Administración terminó la construcción en su predio, sin haber
constituido la servidumbre o surtido el trámite de enajenación, momento a partir del
cual, en consecuencia, debe computarse el término de caducidad.

4. Caso concreto, la configuración de la caducidad frente a la
ocupación/afectación del tramo «oreja nor-occidental».

11. A efecto de resolver los cargos de la apelación, vale subrayar que, como lo
afirmó el recurrente, en la decisión impugnada no se hizo un pronunciamiento
expreso, en relación con la caducidad de la acción; sin embargo, de la motivación
del fallo se extrae que el a quo tuvo en cuenta que el Contrato de Obra IDU 042 de
2009 se ejecutó entre el 23 de noviembre de 2009 y el 7 de enero de 2011, lo que
concluyó de apreciar el Acta No. 33 Liquidación del contrato34. En sujeción al marco
jurídico sobre el cual se valora el cómputo de la caducidad, en los casos de
ocupación permanente, y, constatadas las consideraciones probatorias del a quo,

31 Supra, Exp: 38271.[ Fundamento de derecho 31]
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del rad. 12 de febrero

de 2004, rad. 25000-23-26-000-1995-01497-01(15179), CP Ramiro Saavedra Becerra. Reiterado en sentencia
del 10 de agosto del 2005, rad. 15001-23-31-000-1990-10957-01(15338), CP Ruth Stellla Correa [ Fundamentos
de derecho 5.1 y 6]
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 3 de abril de 1997.

Exp: 9718, CP Ricardo Hoyos Duque [ Fundamento de derecho1]. Criterio reiterado en sentencias del 10 de
mayo del 2001, rad.: 20001-23-31-000-1993-00273-01(11783), C.P. Jesús María Ballesteros [ Fundamento de
derecho 2]; y del 10 de agosto de 2005, rad: 15001-23-31-000-1990-10957-01(15338) [ Fundamento de derecho
I]. Conclusión que emanaba, en su momento, del artículo 220 del CCA y, actualmente, del artículo 190 del
CPACA.
34 Ff. 146 -148C1

16

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la Sala concluye que la oportunidad para interponer la demanda contentiva del
medio de control de reparación directa transcurrió hasta el 8 de enero de 201335,
tratándose de la ocupación permanente, imputable a las obras cuya construcción
obedece a la ejecución del Contrato de Obra IDU-042 de 2009.

12. Precisado lo anterior, con el objeto de resolver los cargos relativos a la
configuración de la caducidad de la acción, necesariamente, la Sala deberá precisar
si el tramo de la obra: «oreja nor-occidental», resulta imputable al Contrato de Obra
IDU 042 de 2009, o, si, por el contrario, su construcción se predica de otra obra cuya
terminación haya sido anterior, y, por tanto, pueda desprenderse de las
circunstancias fácticas de la litis, que sobre las pretensiones que tocan dicho tramo
de obra operó la caducidad del medio de control.

13. En lo que toca a la determinación de la existencia y ubicación de la «oreja nor-
occidental», la decisión de primera instancia valoró, las siguientes pruebas: i)
Contrato No. 042 de 2009; ii) el plano «Estudios Catastrales y Topográficos»; iii) el
plano «Segregación Orejas Proyecto Vial Avenida Boyacá, Avenida Villavicencio»;
y, iv) el dictamen Pericial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, de los cuales
dedujo su existencia, cabida y linderos en el área determinada en las pretensiones
de la demanda.

Examinados los anteriores elementos por la Sala, se evidencia que estos dan
cuenta de la existencia de la «oreja nor-occidental», aunque no resultan pertinentes,
para concluir, si la misma puede atribuirse al Contrato de Obra No. 042 de 2009.

Para comenzar, con la demanda se aportaron los planos: i) «Segregación Orejas
Proyecto Vial» - fechado 30 de noviembre de 2011-36; y ii) «Proyecto de Estudios
Catastrales y Topográficos» - fechado 15 de agosto de 201037. Si bien, en ambos
documentos se representa la llamada «oreja nor-occidental» y en el plano
«Segregación Orejas Proyecto Vial» se identifican los linderos de la obra, los que
coinciden con los identificados en las pretensiones y en el avalúo comercial que

35 Se anota que para el presente asunto, la conciliación extrajudicial no es requisito de procedibilidad, habida

cuenta la demandante es una persona de derecho público (núm. 1| artículo 161 del CPACA), ni se ejerció en el
presente asunto.
36 Cd aportado con la demanda, carpeta planos, archivo: 001.
37 Cd aportado con la demanda, carpeta planos, archivo: 002.

17

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acompañó la demanda38, no resultan documentos pertinentes y conducentes para
imputar el referido tramo vial, a la obra adelantada, en ejecución del Contrato de
Obra No. 042 de 2009.

14. A juicio de la Sala, los documentos conducentes para tener por demostrado que
la «oreja noroccidental» se construyó en ejecución del Contrato de Obra No. 042 de
2009, corresponden a los anexos, el pliego de condiciones, a los estudios previos y
la propuesta del contratista, elementos susceptibles de representar si la
construcción «oreja nor-occidental» resultó contemplada en el objeto del referido
contrato. No obstante, con la demanda solo se allegó la minuta del Contrato de Obra
No. 042 de 200939, las prórrogas de este40 y las actas asociadas a su ejecución41;
por su parte, en el objeto de contrato, como lo subrayó el recurrente, no se mencionó
dicha oreja:

«(…) OBJETO DE CONTRATO. El CONTRATISTA se compromete con para el
IDU, a ejecutar a precios unitarios fijos las obras requeridas para la
CONSTRUCCIÓN DE LAS OREJAS NOR-ORIENTAL, SUR OCCIDENTAL,
CONECTANTES NORORIENTAL, SUR-ORIENTAL Y SUR OCCIDENTAL, -
RETORNO SENTIDO NORTE-NORTE DE LA AVENIDA BOYACÁ Y
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS PUENTES VEHICULARES
EXISTENTES DE LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA VILLAVICENCIO CON LA
AVENIDA BOYACÁ, CORRESPONDIENTES AL PROYECTO CÓDIGO DE OBRA
130 DEL ACUERDO 180 DE 2005 DE VALORIZACIÓN EN BOGOTA D.C. de
acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en
el Pliego de Condiciones, en especial las consignadas en el Anexo Técnico
separable (Capítulo 4 del pliego de condiciones), los apéndices y la propuesta
presentada el 24 de agosto de 2009, y los apéndices los cuales hacen parte integral
de este contrato.(…)»

Ahora bien, en el desarrollo de la audiencia inicial celebrada el 15 de octubre de
201542,se decretó la práctica de un dictamen pericial encargado al Instituto
Geográfico Agustín Codazzi -IGAC- que tuvo por finalidad establecer «área de
terreno ocupada y el valor de la misma»43. En esa misma audiencia, el a quo, con

38 Se trata del documento denominado «Estudios Catastrales y Topográficos Corporación Autónoma Regional

de Cundinamarca “CAR”» 50s-499859 COMPLEMENTO LINDEROS -TOPOGRÁFICOS OREJAS VIALES
INTERSECCIÓN AVENIDA BOYACÁ CON AVENIDA VILLAVICENCIO PREDIO EL TUNAL Y PROYECCCIÓN
DEL METRO CUADRADO. Ff. 464-471 C1.
39 Ff. 90-120 C1.
40 Prorroga Número 1. Ff. 121-122 C1; Prórroga número 2. Ff. 123-124 C1.
41 Acta de mayores cantidades de obra Ff. 125-127 C1; Acta de Inicio ff. 128-129 C1; acta de terminación de

obra folio 131 C1; Acta recibo final de obra No.29 132-141 C1; Acta recibo final de obra No.31 143-145 C1;
Acta No.33 Liquidación del Contrato ff. 146-151 C1
42 Ff. 315-318 C1.
43 Ib. «(…) La entidad accionada, solicita se libren oficios al Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” para que

determine el valor del área intervenida por el IDU para la ejecución del contrato de obra N°042 de 2009”. Al
18

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la finalidad de prescindir del decreto de una inspección judicial, ordenó que se
ampliara el objeto de la experticia encargada al IGAC, con el fin de abordar los
puntos propuestos en cuestionarios44, por las partes. De estos cuestionarios se
desprende que el encargo del IGAC, también debía precisar si el objeto del Contrato
IDU-042 de 2009, se ejecutó dentro del predio de mayor extensión identificado con
folio de matrícula 50 S-49985945, así como, se debía identificar y delimitar la parte
ocupada del mismo.

En vista de cumplir la finalidad de la experticia, el Agustín Codazzi, elevó memorial
el 27 de marzo de 2017, con inquietudes dirigidas a las partes46, que fueron
abordadas el 17 de mayo por la CAR y el IDU47. Pese a los pronunciamientos de
las partes, por memorial del 16 de agosto de 2017, el IGAC manifestó que las
referidas respuestas, no fueron satisfactorias, en lo que respecta al cuestionamiento
sobre la «oreja noroccidental», allí se precisó, lo siguiente 48:

(…) ¿En lo que refiere a la oreja noroccidental (i) y parte de la porción suroriental (III),
se debe aclarar la situación jurídica actual, en términos de a que matrícula inmobiliaria
se encuentran vinculadas, así mismo se debe resolver y aportar la siguiente
documentación?

Respuesta CAR “Estas se encuentran vinculadas al predio matriz”
Respuesta IDU” (…) encontrándose que el área que corresponde al folio de matrícula
50S-539220 se traslapó con el área que contiene el folio de matrícula

Conclusión: De las respuestas de las dos entidades se pueden concluir que existen
inconsistencias de ámbito jurídico, sin embargo, que luego del análisis realizado por
el IDU se tiene que la oreja noroccidental (i) y parte de la porción suroriental (III), se
encuentran en el folio 50S-499859. Adicionalmente, se menciona que se entrega
información del RT 40024, la cual no se encuentra en la información enviada a nuestra
entidad. (…).

Posteriormente, consta en el expediente que por Oficio 20184250092423 del 25 de
abril de 201849 la directora técnica de Gestión Judicial del IDU solicitó al director

respecto considera el Despacho que el medio de prueba es útil pertinente y conducente, que conforme a la
normatividad que rige la materia -Ley9 de 1989, la Ley 388 de 1997 y el Decreto 1420 de 1998 – que
determinada la idoneidad y los parámetros para tal fin; por lo tanto, solo se accederá al decreto de este medio
de prueba, a fin de establecer el área de terreno ocupada y el valor de la misma (…)»
44 Ib. «(…) Despacho hay un consenso de las partes a desistir del medio de prueba siempre que el informe del

Agustín Codazzi, contemple los aspectos planteados para la inspección judicial, por lo tanto, se les concede el
término de tres (3) días, para que aporten cuestionario sobre cuáles son los temas de inspección judicial que
debe hacer parte del informe del Agustín Codazzi (…)»
45 Cuestionarios obrantes a Ff.319(CAR) y 320(IDU)
46 Ff. 498 y 452 C1.
47 Ff. 462-463 C1 y Oficio 20173250111363 del IDU
48 Ff. 490- 494 C1.
49 Ff. 536-537 C1

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técnico de proyectos de la entidad «(…) los insumos estos que sirvieron de base
para adelantar la contratación y posterior ejecución del contrato de obra No. IDU-
042 de 2009, cuyo objeto fue la construcción de las orejas nororiental, sur-
occidental, conectantes nor-oriental, sur oriental y sur occidental, retorno sentido
norte – norte de la avenida Boyacá y reforzamiento estructural de los puentes
vehiculares existentes en la intersección avenida Villavicencio con la avenida
Boyacá (…)». Igualmente, por memorial del 20 de marzo de 201850, el IGAC expresó
que no podía rendirse el dictamen, mientras las partes no alleguen información
adicional, requerimiento que fue ratificado por el tribunal, en auto del 13 de abril de
201851.

En cumplimiento de lo anterior, por memorial del 19 de mayo de 201852 se allegó:
copia simple de los memorandos: i) No. 20183250106843 del IDU; ii) No. 3-2018-
09323 de la Secretaría Distrital de Planeación; y iii) No. 20182250100533 de la
Dirección Técnica de predios del IDU53. En este último memorial, se indicó que los
insumos que sirvieron para adelantar la contratación y posterior ejecución del
Contrato de Obra IDU No. 042 de 2009, podían ser consultados en su centro de
documentación y en links transcritos en el oficio. Ahora bien, consultados dichos
enlaces54, la Sala verificó que estos no permiten acceder a ningún contenido, con
lo cual, resultó imposible acceder a los documentos que sirvieron de insumo a la
contratación No. 042 de 2009.

15. Por otra parte, al examinarse el dictamen pericial elaborado por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi -IGAC-, se resalta por la Sala que dicha experticia no
valoró los insumos, que dan cuenta de la contratación y ejecución del Contrato de
Obra No. 042 de 2009; circunstancia, que no fue objeto de pronunciamiento por
parte de la demandada, en la contradicción del dictamen55, ni en el recurso de
apelación, ni se advierte que dichos documentos obren en el plenario. Por ende, los
anteriores elementos evidencian la falta de colaboración del IDU en la práctica del
referido medio de prueba, en los términos del numeral 8 del Artículo 78 del CGP y

50 Ff. 518-523 C1
51 Ff. 525-526 C1.
52 Ff 566-567 C1.
53 Ff. 602-603 C1.
54 Ib. Dirección Web del centro de documentación https://webidu.idu.gov.co/pmb/index.php; Dirección web de
la página de los productos del «Contrato IDU 38 de 2006 (sic)»
https://webidu.idu.gov.co/jspui/browse?type=Contrato+IDU+37+de+2006&value Lang=es.
55 Audiencia de pruebas del 3 de septiembre de 2008, Ff. 663- 664

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del 233 del CGP56, con lo cual, la falta de incorporación de estas pruebas
documentales, resulta imputable a la conducta procesal de la demandada, quien no
se adhirió a sus deberes de autorresponsabilidad en la obtención y práctica de
pruebas 57 y su conducta puede constituir un indicio grave en su contra -punto que
será objeto de referencia más adelante-.

Adicionalmente, la Sala aprecia, a partir del dictamen pericial del IGAC, que este
tuvo por fuente exclusiva los documentos provenientes de la CAR58, para determinar
la ubicación y área de la «oreja noroccidental», así:

56 «(…) Artículo 233. Deber de colaboración de las partes

Las partes tienen el deber de colaborar con el perito, de facilitarle los datos, las cosas y el acceso a los lugares
necesarios para el desempeño de su cargo; si alguno no lo hiciere se hará constar así en el dictamen y el juez
apreciará tal conducta como indicio en su contra.

Si alguna de las partes impide la práctica del dictamen, se presumirán ciertos los hechos susceptibles de confesión
que la otra parte pretenda demostrar con el dictamen y se le impondrá multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos
mensuales.

PARÁGRAFO. El juez deberá tener en cuenta las razones que las partes aduzcan para justificar su negativa a facilitar
datos, cosas o acceso a los lugares, cuando lo pedido no se relacione con la materia del litigio o cuando la solicitud
implique vulneración o amenaza de un derecho propio o de un tercero. (…)»
57 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera, Subsección C, Sentencia del 22 de

mayo de 2024, [ Fundamento de derecho 7.1] «(…) La jurisprudencia de la Corporación ha sido enfática en señalar
que la carga de la prueba se constituye en un principio de autorresponsabilidad que tienen las partes en litigio para
que los hechos que sirven de sustento a las normas jurídicas, cuya aplicación reclaman, aparezcan demostrados en
el proceso y que, además, le indica al juez cómo debe fallar cuando no aparezcan probados tales hechos. Es así
que, si la parte actora demuestra los supuestos fácticos sobre los cuales sustenta sus pretensiones,
consecuencialmente obtiene una sentencia favorable a sus peticiones; contrario sensu, si dicha parte asume una
conducta contraria, no cumpliendo con la carga de la prueba exigida en el artículo 167 de CGP, procede la
desestimación de las pretensiones, que conllevaría a un fallo adverso a sus intereses. En este caso, entonces, se
advierte que la demandante inobservó el principio autorresponsabilidad porque, además de que las pruebas que
aportó al proceso no resultan suficientes para demostrar el incumplimiento alegado, tampoco hubo diligencia de su
parte en tanto, en desconocimiento de los artículos 162.190 y 166.591 del CPACA, no allegó las documentales que
se encontraban en su poder, (…)»
58 Aparecen mencionados en el numeral 7.1.2. donde se individualizaron así frente a la oreja noroccidental: i) Copia

física del Certificado de Tradición y Libertad con matrícula inmobiliaria N° 50S-499589 de la oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Sur, impreso el día 30 de enero de 2015(predio de mayor extensión). Área
940.936,05m2; Copia Física de la Escritura Pública N 3478 con fecha 15 de noviembre de 1978, protocolizada en la
Notaría 18 de Bogotá (predio de mayor extensión); Plano del Proyecto Estudios Catastrales y Topográficos del predio
Parque el Tunal, matrícula inmobiliaria N50S-499859, escala 1:2:500 de Agosto 15 de 201, realizado por avales
Ingeniería Inmobiliaria Ltda.; Memorando SGEN con número 20183112912 de Febrero 27 de 2018 de la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, firmado por la Doctora Ana Erika Jineth Peña Castellanos; información
Catastral. (P.12 C5)
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Como ocurre con la representación contenida en el dictamen (arriba), los planos
aportados por la CAR se limitaron a representar topográficamente la «oreja
noroccidental», sin que aparezca en ellos la representación de otros tramos que en
la demanda se imputa que fueron construidos, en virtud del Contrato de Obra No.
042 de 2009. A título de ilustración, el plano «Segregación Orejas Proyecto Vial»,
solo se demarcó la «oreja noroccidental», en la intersección entre la avenida Boyacá
y la avenida Villavicencio:

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La falta de representación de los tramos «oreja nororiental», entre otros, cuya
construcción se menciona en el objeto del contrato No.042 de 2009 (ver ut supra),
llama la atención de la Sala, en especial al constatarse del anexo fotográfico del
dictamen adelantado por el IGAC, imágenes donde se representan las «oreja
nororiental, sur-oriental» finalizadas y en uso por el tráfico terrestre- según se relata
en el dictamen las visitas a área se realizaron el 8 de marzo de 2017 y el 21 de junio
de 2018-, pues dichas representaciones (los planos), por su fecha coinciden, con el
periodo en que debía estar en ejecución la referida obra y cuando esta había
concluido.

16. En este sentido, cobra relevancia para clarificar estos puntos oscuros, la
referencia a los anexos del dictamen, realizada por el recurrente, en especial al
«Concepto Predios intervenidos en el Tunal» elaborado por Dirección del Taller del
Espacio Público de la Secretaría de Planeación de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el
17 de mayo de 2018, dirigido a la Secretaría General de la CAR59, cuya información
coincide con el memorial 3-2018-0933 del 18 de mayo de 2018 de la misma
entidad60.

En dicho documento, se hizo referencia a un concepto de la Dirección de Norma
Urbana de la Secretaría Distrital, en donde se identificó que: I) en los planos
topográficos B82/1-2 “El Tunal” solo se encuentran identificadas las «orejas
noroccidental y suroccidental» de la intersección de las Avenidas Boyacá y Ciudad
de Villavicencio; ii) en el plano TU/1-03 “Parque Distrital el Tunal” no aparece
ninguna señalización de la «oreja nororiental»; y a la consulta absuelta por la
Dirección de Vías Transporte y Servicios Públicos, donde se precisó que iv) los
planos topográficos TU1/1-02, TU1/1-03 y TU1-1-04 «se encuentran
desactualizados en lo referente a la malla vial». Por último, el referido documento,
al analizar las «imágenes históricas de la Web http. mapas.bogota.gov.co»,
concluyó lo siguiente:

«(…) Como se ilustra en las figuras 3 y 4, el desarrollo de la intersección se empezó a
desarrollar entre los años 1998 y 2004 (costado nor-occidental) habiendo sido
desarrollada la conexión nor-oriental entre los años 2009 y 2004) (…)»

59 Ff. 47-52 C5 Dictamen pericial IGAC
60 Ff. 590-601 C1
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En suma, de la anterior conclusión, apreciadas las imágenes obrantes en las figuras
3 y 4 por la Sala, se evidencia que el tramo vial “oreja nor-occidental» -como lo
sugiere el recurrente- ya se encontraba edificado desde el año 1998, es decir, con
anterioridad a las obras adelantadas con ocasión del Contrato No. 042 de 1998. En
efecto, las figuras 3 y 4 contienen las «Ortofotos» históricas de la intersección entre
la avenida Boyacá y la avenida Villavicencio, en los años 1998, 2004, 2007, 2009 y
2014, las cuales se extraen algunas, directamente de la fuente indicada en el
documento, para mayor claridad:

«Ortofoto» correspondiente al año 1998

61

«Ortofoto» correspondiente al año 2007

62

«Ortofoto» correspondiente al año 2014

61 Imagen consultada en el 31 de enero de 2024, a las 11:58 am, en la web mapas.bogota.gov.co, URL: Mapas

Bogotá, Dato:«Mosaico de fotografías áreas Bogotá D.C. Año 1998»[ Captura de pantalla].
62 Imagen consultada en el 29 de enero de 2024, a las 10:53 am, en la web mapas.bogota.gov.co, URL:

_ags_c45c2818-de58-11ef-8b90-000d3a53393f.pdf, Dato:«Mosaico de fotografías áreas Bogotá D.C. Año
2007».
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17. Valorados los anteriores elementos de forma conjunta y con sujeción a las reglas
de la sana crítica, para la Sala, se concluye que la construcción del tramo «oreja
nor-occidental», no resulta imputable al objeto Contrato de Obra No. 042 de 2009;
y, por el contrario, es posible establecer que su construcción, se remonta a varios
años antes de la celebración de dicho convenio, circunstancia de la cual se deriva
que la ocupación o afectación, que se desprende de dicha obra, ya no es susceptible
de reclamo judicial, por haber operado la caducidad del medio de control, sobre la
misma. Esto, al evidenciarse que la oreja noroccidental ya estaba construida, para
el 28 de noviembre de 2010, dos años anteriores a la interposición de la demanda.

18. Por otra parte, la Sala encuentra que los anteriores medios de prueba no
permiten extender esta conclusión a las obras relativas al espacio público, a las que
se refirió el IDU en su contestación de la demanda. Lo anterior, al verificarse que
las indicaciones realizadas en dicho escrito resultan vagas (ej:no se precisó su
ubicación ni se imputaron a otro contrato de obra), no se aportaron medios de
prueba para respaldar dichas afirmaciones -art. 167 CGP-, no fueron objeto de
análisis en la experticia del IGAC, ni la Sala cuenta con los conocimientos técnicos
para diferenciar dichas obras en las imágenes satelitales anteriormente
referenciadas. Por último, se subraya que en este punto adquiere relevancia la
conducta del IDU, frente a la elaboración del dictamen, al no aportar en medios
idóneos documentos relativos a la contratación No. IDU 042 de 2009 impidió que la
Sala haga uso de los mismos para constatar sus afirmaciones, y, además, se
configura un indicio en su contra.

63 Imagen consultada en el 31 de enero de 2024, a las 12:00 am, en la web mapas.bogota.gov.co, URL: Mapas

Bogotá, Dato:«Mosaico de fotografías áreas Bogotá D.C. Año 2014»[ Captura de pantalla]
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19. Por consiguiente, en virtud de las anteriores consideraciones la Sala modificará
la sentencia del 14 de marzo de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección «A», a efecto que se declare la
caducidad de las pretensiones de la demanda relativas a la ocupación permanente
que se predica de la denominada «OREJA NOR-OCCIDENTAL», en lo demás, la
decisión de primera instancia será confirmada.

Costas

20. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en
la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por el Código General del Proceso.

El artículo 365 del CGP señala que hay lugar a condenar en costas a la parte
vencida en un proceso o a quien se resuelve desfavorablemente el recurso. El
artículo 361 ibidem establece que las costas «(…) están integradas por la totalidad
de las expensas y gastos sufragados durante el curso de proceso y por las agencias
en derecho (…)». Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las tarifas
que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura.

El numeral 8 del artículo 365 del CGP dispone que «solo habrá lugar a costas cuando
en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
En relación con las agencias en derecho correspondientes a esta instancia, el
numeral 1 del mismo artículo establece que «se condenará en costas a la parte
vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación». Asimismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo
366 del mismo estatuto, se tiene en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la
gestión realizada, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales si las
hubiere.

En atención a lo dispuesto en el Acuerdo No. 10554 de 201664, del Consejo Superior

64 «(…).“Artículo 5º—Fijación de tarifas. Las tarifas máximas de agencias en derecho se establecen en salarios

mínimos mensuales legales vigentes, o en porcentajes relativos al valor de las pretensiones de la demanda
reconocidas o negadas en la sentencia.
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de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda, la Sala fijará
las agencias en derecho, en la segunda instancia, que están a cargo de la parte
demandante en la suma equivalente al 2 SMLMV, la cual se reconocerá, en favor
de la demandada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFÍQUESE la sentencia proferida el 14 de marzo de 2019 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, y en su
lugar, se resuelve:

(…) PRIMERO: DECLARAR la responsabilidad patrimonial del INSTITUTO DE
DESARROLLO -IDU, por la ocupación permanente de los predios ubicados a los
costados nororiental y suroriental de la intersección de la Avenida Boyacá con
Avenida Villavicencio de Bogotá de propiedad de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR-, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones.

SEGUNDO: DECLARAR la caducidad del medio de control, en relación con las
pretensiones dirigidas a obtener la declaratoria de responsabilidad del IDU, por las
obras relativas a la «oreja nor-occidental».

TERCERA: CONDENAR al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU- a
pagar, por concepto de perjuicios materiales, la suma que incidentalmente se
determine de conformidad con lo dispuesto en el artículo 193 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y los parámetros
indicados en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: ORDENAR al INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI hacer la
devolución de la suma de TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
($32.500.000), a favor de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
CUNDINAMARCA -CAR-, dentro de los (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia.

(…) Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: 1. PROCESOS DECLARATIVOS EN GENERAL. (…).
En primera Instancia
a. Por la cuantía . Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario:
(i) De menor cuantía, entre el 4% y el 10% de lo pedido.
(ii) De mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido.
En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V.(…)»

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SEXTO: ORDENAR al INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTIN CODAZZI hacer la
devolución de la suma de TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
($32.500.000), a favor del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU-, dentro
de los (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

SÉPTIMO: NOTIFÍQUESE esta providencia al INSTITUTO GEOGRÁFICO
AGUSTIN CODAZZI.

OCTAVO: Sin condena en costas

NOVENO: Ejecutoriada la presente providencia, liquídese por secretaria de la
sección los gastos ordinarios del proceso y en caso de remanentes devuélvanse al
interesado lo anterior de conformidad a lo establecido por los artículos 7 y 9 del
Acuerdo N° 2552 de 2004 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura (…)

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia, y FÍJESE las agencias en
derecho de segunda instancia, en la suma de dos (2) SMLMV, a cargo de la parte
demandante.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES

VF

Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de
forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que
el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el link .
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando

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con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al
expediente, los abogados tienen la responsabilidad de
registrarse en el sistema Samai.

29

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