RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-36-000-2012-00580-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2012-00580-02

Fecha
25 de octubre de 2024
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2012-00580-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera - Subsección A, el 27 de agosto de 2020. SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS por la segunda instancia a la parte demandante, en favor del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia. Para el efecto, las agencias en derecho se fijan en la suma de treinta y ocho millones doscientos treinta mil quinientos veinte pesos ($38´230.520). Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo, en los términos señalados en el artículo 366 del Código General del Proceso. TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2012-00580-02

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

25 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 250002336000201200580-02 (67155)
Demandante: Global Telecomunicaciones S. A. en liquidación
Demandado: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Medio de control: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia

TEMAS: CONTRATO DE CONCESIÓN DE TELEVISIÓN – Procedimiento para la fijación
de las prórrogas / VALOR DE LA PRÓRROGA – Actos administrativos consensuales /
DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS SEGÚN LA LEY - El criterio de recuperación de los
costos del servicio no implica una garantía del flujo de caja utilizado para determinar el
precio de la prórroga.

Surtido el trámite de ley sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo
actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia que negó las pretensiones de la demanda.

La controversia se refiere al valor que la entidad contratante determinó que debía
pagar el contratista por la prórroga de una concesión para la explotación del servicio
público de televisión por suscripción.

I. SENTENCIA IMPUGNADA1

1.
Corresponde a la decisión adoptada el 27 de agosto de 2020, mediante la cual el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó 2 las pretensiones de la demanda
presentada el 29 de noviembre de 2012 por Cablevista S. A. –hoy Global TV
Telecomunicaciones S. A3–, contra la Autoridad de Televisión ANTV –hoy Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 4 –, cuyas pretensiones,
hechos relevantes y fundamentos jurídicos son los siguientes:

1 CD a folio 301 del cuaderno 4.
2 “PRIMERO:
NEGAR las pretensiones de la demanda, conforme a las razones expuestas en la parte
considerativa de esta providencia. SEGUNDO: FÍJENSE por concepto de agencias en derecho a cargo de la
parte demandante la suma de nueve millones quinientos cincuenta y siete mil seiscientos treinta pesos
($9.557.630). (…)”.
3 El contrato fue suscrito con Cablevista S.A. sociedad que cambió su razón social a Global T.V.

Telecomunicaciones S.A., como consta en su certificación de existencia y representación legal (Fls. 97 a 100,
c. 2). Tal hecho es reconocido por las partes en el otrosí 9 al contrato de concesión (Fls. 84 a 87, c. 2).
4 La contratante fue la Comisión Nacional de Televisión, entidad que entró en liquidación y que, por mandato

del art. 14 de la Ley 1507 de 2012, transfirió sus funciones en materia de concesiones a la Autoridad Nacional
de Televisión – ANTV, al igual que asumió cesión de la posición contractual, judicial y administrativa según el
art. 21 ídem. Luego, mediante la Ley 1978 de 2019, (art. 39) se suprimió la ANTV, y se definieron las reglas
atinentes a la liquidación de los contratos y a la cesión de la posición contractual, judicial y administrativa, en
los términos del art. 43: “Todos los contratos celebrados por la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) para
la atención de gastos de funcionamiento deberán ser terminados y liquidados por la Autoridad Nacional de
Televisión en Liquidación. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones sustituirá a la
ANTV en los contratos de concesión suscritos por ésta (…) De la misma manera, el Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones y la Comisión de Regulación de Comunicaciones, de acuerdo con las
competencias que se transfieren por medio de la presente ley, sustituirán a la Autoridad Nacional de Televisión
en la posición que esta ocupare en los procesos judiciales en curso (…)”.

Radicación: 250002336000201200580-02 (67155)
Demandante: Global Telecomunicaciones S. A. en liquidación
Demandado: Mintic (sucesor procesal de la ANTV)
Asunto: Controversias contractuales

Pretensiones5

“1. Que se declare la existencia de un desequilibrio en la ecuación contractual del contrato de
concesión No 204 de 1999 y que se ordene el restablecimiento del equilibrio económico y
financiero.

2. Que se ordene a la AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN suspender el cobro del valor
de la prórroga establecido en los Actos Administrativos señalados, en tanto se adelante el
procedimiento que ajuste y restablezca el equilibrio económico contractual, de conformidad con
el contrato de concesión No 204 de 1999 y el Otrosí No 5 del mismo.

3. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 2012-380-000123-4, “Por la cual se determina
y ordena notificar al concesionario Global TV Telecomunicaciones S.A. (Antes Cable Vista S.A.),
el valor y la forma de pago de la prórroga del contrato de concesión No. 204 de 1999, para la
operación y explotación del servicio público de televisión por suscripción cableada”; expedida por
la COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN (En liquidación) a los 01 días del mes de febrero de
2012.

4. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 2012-380-000401-4, “Por la cual se confirma
la fijación del valor y la forma de pago de la prórroga del contrato de concesión No. 204 de 1999,
suscrito con Global TV Telecomunicaciones S.A. (Antes Cable Vista S.A.), para la operación y
explotación del servicio público de televisión por suscripción cableada”; expedida por la
COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN (En liquidación) a los 23 días del mes de marzo de
2012.

5. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 022 de 2012, expedida por la AUTORIDAD
NACIONAL DE TELEVISIÓN, a los 12 días de junio de 2012, “Por medio de la cual se resuelve
un Recurso de Reposición, interpuesto contra la Resolución 201238000401-4 del 23 de marzo
de 2012- Por la cual se confirma la fijación del valor y la forma de pago de la prórroga del contrato
de concesión No. 204 de 1999 suscrito con Global TV Telecomunicaciones S.A. (Antes Cable
Vista S.A.) para la operación y explotación del servicio público de televisión por suscripción
cableada”

6. Que la AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN adelante el procedimiento de fijación del
valor y forma de pago de la prórroga del contrato de concesión, ajustándose a lo establecido en
el Contrato de Concesión No. 204 de 1999. De tal forma que la Autoridad Nacional de Televisión
desarrolle nuevamente el procedimiento de valoración de la prórroga en un marco de igualdad
con el concesionario GLOBAL T.V. TELECOMUNICACIONES S.A. y sin desconocer los
derechos fundamentales de contradicción y debido proceso.

7. Que la AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN revise y modifique el Otrosí N o 7 al Contrato
de Concesión No 204 de 1999, de manera que GLOBAL T.V. TELECOMUNICACIONES S.A.
tenga la posibilidad de convenir el valor de la prórroga de la concesión, o en su defecto, se
adelante cualquier otra medida que se estime pertinente para evitar un desequilibrio en las
prestaciones económicas del contrato.

8. Que la AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN reconozca al concesionario GLOBAL T.V.
TELECOMUNICACIONES S.A. toda clase de daño emergente y lucro cesante, que se llegare a
causar como consecuencia de la indebida valoración y procedimiento establecido para la fijación
del valor de la prórroga al contrato de concesión No 204 de 1999.”

Hechos relevantes

2.
La Comisión Nacional de Televisión y Cablevista S.A. suscribieron el Contrato de
Concesión No. 204 el 20 de diciembre de 1999, para la operación y explotación del
servicio público de televisión por suscripción cableada en la zona norte del país6 por

5 Transcripción literal, incluidos eventuales errores. Visible a fls. 28 y 29 del c. 4.
6
Conformada por los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena, San Andrés y Providencia y
Sucre, según el contrato.

2

Radicación: 250002336000201200580-02 (67155)
Demandante: Global Telecomunicaciones S. A. en liquidación
Demandado: Mintic (sucesor procesal de la ANTV)
Asunto: Controversias contractuales

un plazo de diez años7. Como contraprestación, el concesionario se obligó a pagar
a la CNTV la suma de quinientos setenta y cinco millones de pesos ($575.000.000)
M/Cte.

3.
En marzo de 2009 se acordó la expansión del servicio concesionado a todo el
territorio nacional (otrosí 5) y en septiembre del mismo año se modificó el
procedimiento para la definición del valor de la contraprestación (otrosí 6), quedando
la CNTV encargada de establecerlo en los términos y plazos pactados. La entidad
fijó el valor de la expansión en la suma de quinientos cincuenta y siete millones
setecientos mil pesos ($557.700.000).

4.
El 31 de mayo de 2010 las partes prorrogaron la concesión por diez años -a partir
del 2 de junio de 2010- (otrosí 7) y se acordó que la CNTV, dentro de los seis meses
siguientes a su suscripción, determinaría el valor que el concesionario debía pagar
conforme al procedimiento convenido. Sin embargo, la entidad amplió unilateral y
arbitrariamente ese término mediante acto administrativo expedido el 21 de febrero
de 2011, pues desconoció la bilateralidad del pacto y se basó en motivos de fuerza
mayor inexistentes, en tanto adujo la frustración de varios procesos de selección de
consultores para definir el valor de las prórrogas, revelando su mora.

5.
Un año después de la suscripción del otrosí 7, la CNTV celebró el contrato de
consultoría8 para delimitar el valor de la citada prórroga, lo que evidenciaba que
para el momento en que éste fue definido y notificado a Cablevista S.A., ya había
vencido el término fijado de común acuerdo.

6.
Al conocer dicho valor, la concesionaria manifestó su oposición, ya que al lado
del componente fijo se había incluido un componente variable que no estaba
previsto en el contrato ni en los otrosíes, conllevando a una modificación unilateral
del negocio jurídico. Indicó que, ante la advertencia que le hizo la entidad de
terminar el contrato si no aceptaba ese valor, se vio forzada a asentir sin haber
podido concertar en un plano de igualdad, todo lo cual generó el desequilibrio
económico alegado.

7.
Puso de presente que, frente al acto administrativo que fijó el valor y forma de
pago de la prórroga, presentó recurso de reposición, el cual fue rechazado por la
entidad bajo el argumento de que era un acto de trámite, no susceptible de
impugnación. Si bien posteriormente la entidad expidió el acto por el cual confirmaba
dichos valores y el concesionario interpuso el recurso de reposición, no atendió sus
argumentos ni observaciones aun cuando se le hizo conocer que tales valores
carecían de sustento en la realidad del mercado. Agregó que en la parte resolutiva
se confirmó una resolución cuya referencia y contenido no correspondía a la de tal
actuación, todo lo cual quebrantaba el debido proceso por la incertidumbre que
generó.

Fundamentos de derecho

7 Contados a partir de la fecha en que Cablevista S. A. iniciara la facturación del servicio, lo que aconteció el 2

de junio de 2000.
8 Contrato de Consultoría No. 036 del 24 de mayo de 2011, suscrito entre la CNTV y la Compañía General de

Inversiones – CGI

3

Radicación: 250002336000201200580-02 (67155)
Demandante: Global Telecomunicaciones S. A. en liquidación
Demandado: Mintic (sucesor procesal de la ANTV)
Asunto: Controversias contractuales

8.
La parte actora fundó su reclamación en los artículos 13, 29, 40 y 83 de la
Constitución Política; artículos 3, 141, 161 y ss. de la Ley 1437 de 2011; artículos 3,
4, 5, 23 y 27 de la Ley 80 de 1993; literal g) del artículo 5 de la Ley 182 de 1995; y
contrato de concesión y sus modificaciones, en particular los otrosíes 7 y 8.

9.
Adujo que el rompimiento del equilibrio económico del contrato se presentó con
ocasión de la determinación del valor de la prórroga, proveniente del ejercicio
anormal de las potestades reglamentarias y contractuales de la CNTV, derivadas (I)
del procedimiento unilateral e irregular adelantado por la entidad: (i) al fijar el valor
de la prórroga fuera de los plazos pactados, cuando el concesionario ya había hecho
inversiones; (ii) con valores definidos en un estudio de consultoría carente de bases
en el mercado, del que sólo se conoció información general; (iii) al introducir una
tarifa variable a dicho valor que era ajena al contrato y sus otrosíes, mediante el
abuso de cláusulas exorbitantes, porque el desequilibrio fue tal que para los 10
primeros años se fijó la contraprestación en un valor total de $1.132.700.000 y con
la prórroga, por otros 10 años, se llegaba a 20 mil millones, aproximadamente; y (II)
como ente regulador, la CNTV expidió la Resolución 045 de 2012 que modificó la
tarifa de compensación que los operadores del servicio de televisión debían pagar,
e impuso multiplicar el número de suscriptores por la tarifa mensual, sin que ello
estuviera incluido en el contrato de concesión, lo que aumentó su afectación.

10.
Reclamó no haber podido acordar las condiciones del valor de la prórroga con la
entidad pues, en su lugar, la CNTV expidió el Acuerdo 05 del 26 de diciembre de
2011 aduciendo razones de imprevisibilidad infundadas, relacionadas con los
procesos de contratación de consultoría fallidos. De éste se valió la entidad para
expedir el acto administrativo en el que ella misma extendió el plazo para definir tal
valor, ignorando la bilateralidad del contrato. En adelante, se surtió una actuación
irregular que desconoció el derecho de contradicción y las reglas pactadas para la
definición del valor referido, pues la CNTV creó un nuevo procedimiento sobre la
marcha que vulneró su debido proceso.

11.
Con la expedición de la Resolución 000123-4 del 1° de febrero de 2012 se
vulneraron los principios de confianza legítima y buena fe en tanto el concesionario
confió en que el valor sería definido según las bases pactadas en los otrosíes y no
a través de una modificación unilateral. Reprochó el ejercicio abusivo de esa
potestad excepcional que condujo a la ruptura del equilibrio económico del contrato.
Y agregó que al no permitírsele negociar -so pena de la terminación del contrato- se
presentó un trato discriminatorio, ya que con los concesionarios privados de
televisión abierta sí se concertaron los valores de sus prórrogas.

Contestación de la demanda

12.
La ANTV se opuso a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, afirmó su
competencia constitucional y legal para expedir los actos demandados, y la
conformidad de sus actuaciones bajo el negocio jurídico celebrado; además, el
concesionario aceptó expresamente la determinación del valor de la prórroga. Como
medios de defensa planteó las excepciones de: (i) improcedencia de la acción por
cuanto los actos demandados fueron expedidos con observancia de las

4

Radicación: 250002336000201200580-02 (67155)
Demandante: Global Telecomunicaciones S. A. en liquidación
Demandado: Mintic (sucesor procesal de la ANTV)
Asunto: Controversias contractuales

disposiciones que regulan la materia; (ii) caducidad; (iii) inepta demanda; y, (iv) la
excepción genérica.

Alegatos en primera instancia

13.
Luego de surtido el debate probatorio9, al alegar de conclusión, el actor insistió
en los argumentos de la demanda10, subrayando en la responsabilidad de la entidad
pública por (i) incumplimiento de los términos del contrato de concesión, en especial
de los otrosíes, para la determinación del valor de la prórroga, y (ii) derivado del acto
administrativo de carácter general que modificó la tarifa por compensación a cargo
de los operadores al configurar un hecho del príncipe.

14.
La parte demandada reiteró sus razones de defensa y destacó que hubo una
solicitud de prórroga cuyas bases descansan en los otrosíes 5, 7 y 8; además de
una aceptación expresa del concesionario respecto del valor de la prórroga quien,
además, sí participó activamente en la actuación administrativa.

15.
El Ministerio Público al emitir concepto pidió negar las pretensiones 11, pues la
demandante no acreditó el cumplimiento de la totalidad de los requisitos necesarios
para poder endilgar responsabilidad contractual al Estado.

Fundamentos de la providencia recurrida

16.
El a quo negó las pretensiones de la demanda al considerar que los cargos
imputados por la parte actora correspondían a causales de nulidad del contrato de
concesión 204 de 1999, y no a las de desequilibrio de la ecuación contractual. En
todo caso aclaró que revisado el acervo probatorio, no se acreditó que la ANTV
hubiera abusado de las cláusulas exorbitantes como quiera que:

9 En audiencia inicial celebrada el 10 de octubre de 2018, el a quo decretó las siguientes pruebas. De la parte

demandante: a) contrato de concesión 204 de 1999, b) Resoluciones 2012-380-000123-4 del 1 de febrero de
2012, 2012-380-000401-4 del 23 de marzo de 2012, 022 del 12 de julio de 2012, 2012-380-000354-4 del 14 de
marzo de 2012, y 2011-380-000138-4 del 21 de febrero de 2011, c) otrosíes 5 a 9 del contrato de concesión, d)
observaciones presentadas por la demandante a la Res. 2012-380-000123-4 y propuesta para la determinación
del valor de la prórroga al contrato de concesión, e) oficio 20123400074531 del 12 de marzo de 2012 y su
respuesta, f) recursos de reposición contra las Res. 2012-380-000401-4 y 2012-380-000123-4, g) derecho de
petición presentado ante la ANTV el 20 de noviembre de 2012, y h) constancia de no conciliación extrajudicial.
Se ofició a la ANTV para que aportara: 1. Comunicación en la que Global TV solicitó la prórroga del contrato de
concesión 204 de 1999 y acta 1588 de la Junta Directiva de la CNTV del 11 de febrero de 2010 que aprobó tal
solicitud de prórroga, y 2. Informe de “Valoración de las concesiones y modelo de compensación de televisión
por suscripción” elaborado por la Compañía General de Inversiones - CGI. Se decretaron como pruebas de la
parte demandada -además de algunas que coinciden con las del actor- las siguientes: a) Acta 1427 de 2008,
mediante la cual la CNTV aprobó el proyecto “Valoración de Televisión por suscripción”, b) concursos de méritos
003 de 2008 y 001 de 2009, c) Res. 2009380000891-4 de 2009, por la cual se revocó el concurso de méritos
001 de 2009, d) contrato 036 de 2011 suscrito con CGI S.A.S., e) observaciones de los concesionarios a la
“Presentación preliminar de la valoración y del modelo de compensación del servicio de televisión por
suscripción”, f) memorando 20122500009173 del 31 de enero de 2012, g) acta 1789 de 2012 en la que CGI
S.A.S. recomendó a la CNTV que el valor de la prórroga de las concesiones se componga de un componente
fijo y uno variable, h) Acuerdos 010 de 2006, 03 de 2007, 03 de 2008, 05 de 2011 y 06 de 2010, i) respuesta a
comentarios publicado en la página de la CNTV, j) aceptación del valor de la prórroga de 7 concesionarios, k)
Res. 306 de 2009, por la cual se declaró desierto el concurso de méritos 003 de 2008, l) Resolución 2009-380-
001056-4 del 30 de septiembre de 2009, m) oficio en que el actor aceptó la Res. 2012-380-000123-4, n) Res.
045 de 2012, o) acta 15588 de 2010 que aprobó la solicitud de prórroga del actor, p) escrito E-05-50 de 2012 y
comunicación ER 169976 de 2006. Pruebas que obran en los cuadernos 2 y 3 e índice 29 del aplicativo SAMAI.
10 Fls. 251 a 261, c. principal.
11 Procuraduría 11 Judicial II para asuntos Administrativos. Concepto No. 037 mayo de 2019, visible fls. 244 a

250 del c. 4.

5

Radicación: 250002336000201200580-02 (67155)
Demandante: Global Telecomunicaciones S. A. en liquidación
Demandado: Mintic (sucesor procesal de la ANTV)
Asunto: Controversias contractuales

(i) No se modificó unilateralmente el contrato, pues la prórroga fue solicitada por el
operador voluntariamente quien se comprometió a cumplir las obligaciones que ello
implicaba. Los otrosíes 7 y 8, a través de los cuales se determinaron las condiciones
para establecer el valor de prorrogar el contrato, fueron firmados por ambas partes.
Y en la página web de la CNTV, se publicó de manera preliminar el valor de las
nuevas prórrogas sin que el concesionario realizara alguna observación; una vez
notificado, aceptó tales condiciones.

ii) El acto administrativo mediante el cual se determinó el valor y forma de pago de
la prórroga, se notificó al actor el 1 de febrero de 2012, antes del vencimiento del
plazo máximo fijado en la Res. 201138000138-4 del 21 de febrero de 2011, por lo
que no se probó que la CNTV hubiera fijado el precio por fuera del término pactado.

iii) No hubo afectación a la confianza legítima, pues el valor de la prórroga está
reglado tanto en su composición como en el procedimiento de su determinación, y
ello permite concluir que se trata de un valor determinable y cierto en el cual participó
el concesionario, por lo que no era viable alegar un cambio abrupto o inesperado en
las condiciones del contrato pactado inicialmente.

iv) Las actuaciones de la CNTV se ciñeron al marco contractual y legal vigente, en
tanto la ley atribuyó a la Comisión Nacional de Televisión la función de establecer
la tarifa que se debe pagar por el otorgamiento de las concesiones, sin que ello
obste para que la entidad, en aras de determinar los aspectos necesarios para la
conformación de dicha tarifa, pudiera requerir servicios técnicos y especializados
para ello.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

Síntesis del recurso de apelación:

17.
La parte actora pidió revocar el fallo de primera instancia. Acusa de infundada la
conclusión de que los cargos imputados en la demanda correspondieran a causales
de nulidad del contrato y no al desequilibrio contractual, puesto que se trata de un
contrato bilateral de concesión, y no se demandó un acto administrativo dictado
unilateralmente por la administración. Indicó que los actos administrativos proferidos
con posterioridad a la celebración de dicho contrato son demandables a través del
medio de control de controversias contractuales (art.141 CPACA).

18.
Censuró que el Tribunal de primer grado se limitara a establecer la facultad con
que contaba la accionada para fijar el monto de la prórroga, pero no analizó si hubo
desequilibrio económico del contrato, en relación con que: a) no hubo consenso
entre las partes, pues si bien los otrosíes que regularon el procedimiento de fijación
del valor de la prórroga preveían que el demandante podía presentar observaciones,
lo cierto es que comunicación del 12 de marzo de 2012 se le pidió expresar su
aceptación pura y simple, sin analizar sus argumentos; b) en los otrosíes 7 y 8 se
impuso aquel procedimiento de forma abusiva y leonina, ya que frente al
desacuerdo del concesionario simplemente procedería la terminación del contrato
sin indemnización alguna, generando un vicio en el consentimiento por fuerza.

6

Radicación: 250002336000201200580-02 (67155)
Demandante: Global Telecomunicaciones S. A. en liquidación
Demandado: Mintic (sucesor procesal de la ANTV)
Asunto: Controversias contractuales

Además, hubo exceso de las facultades exorbitantes, ante la inexistencia de
parámetros mínimos o máximos objetivos para definir el marco de actuación de la
CNTV en cada prórroga; y, c) no se mantuvo la equivalencia entre derechos y
obligaciones surgidos al momento de la contratación.

19.
Se desconoció que en el otrosí 8 de 2010 se pactó que la CNTV podía prorrogar
el plazo para lograr tal definición por un término igual -8 meses- pero la Res. 2011-
380-00138-4 amplió por un lapso mayor, incumpliendo lo pactado; así omitió
analizar el desequilibrio económico por tal demora, al afectar el valor del retroactivo
adecuado a la comisión, pues según la cláusula 2 del otrosí 7, “El valor de la
prórroga se causa por el solo otorgamiento de la misma, independientemente de la
operación y explotación del servicio”.

20.
Contrario a lo dicho por el a quo, sí existió un cambio abrupto y desproporcionado
que perjudicó al demandante, ya que con la decisión unilateral adoptada, el valor de
la prórroga desbordó el monto que se venía causando por concepto de concesión.

21.
Precisó que al aludir a los operadores de televisión abierta, hizo referencia a la
aplicación igualitaria del criterio adoptado por el Consejo de Estado, en auto del 3
de diciembre de 2008, Rad. 35.86312, que ordenó la suspensión de lo dispuesto en
el artículo 5 del Acuerdo 03 de 2008 por el cambio de las condiciones originales
pactadas con tales concesionarios, al incluir una reforma que, al igual que ocurrió
en el caso del demandante, de no ser aceptada daba lugar a la terminación del
respectivo contrato.

22.
Reiteró lo argumentado en los alegatos de primera instancia sobre la acreditación
de dos causales de desequilibrio económico contractual. La primera, atañe a la
teoría del hecho del príncipe, ya que la CNTV expidió la Resolución 045 de 2012
que estableció tanto un componente fijo en el valor de la prórroga, como uno variable
calculado de acuerdo al número de suscriptores reportados a la ANTV 13 ,
modificación que incrementó en más del 300% el valor a pagar por concepto de
compensación, afectando la competitividad y rentabilidad del contrato. Respecto al
valor de la prórroga de la concesión -componente variable-, reseñó diversas
características que entrañan consecuencias económicas adversas14, y enfatizó que

12
De dicho auto, citó lo siguiente: “(…) A la Sala no le queda el menor asomo de duda de que mediante el artículo 5° del
Acuerdo 03 de 2008, la Comisión Nacional de Televisión se auto-atribuyó, sin que exista norma legal en el estatuto de
contratación estatal que la consagre o la contemple, una prerrogativa de carácter excepcional consistente en poder imponerle
a los concesionarios del servicio de los canales nacionales de operación privada las condiciones -jurídicas, económicas,
técnicas y hasta de contenidos respecto de la programación correspondiente (…) estipulaciones éstas que el concesionario
estaría en el deber de aceptar en forma incondicional, sin posibilidad de negociar o discutir su alcance o contenido, en forma
total o parcial, eliminando así por completo cualquier opción o posibilidad de que los aspectos convencionales del contrato
que hubieren tenido esa naturaleza y ese origen durante el plazo inicial del correspondiente vínculo contractual puedan
mantener tales circunstancias durante su prórroga, como quiera que, en la hipótesis fáctica contemplada en el acto acusado,
sería únicamente la demandada Comisión Nacional de Televisión la que tendría la prerrogativa de fijar y determinar tales
condiciones de manera unilateral. (…)” M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
13
Expuso que en los primeros 10 años se pagó como contraprestación por la operación y explotación del servicio de televisión
a favor de la CNTV la suma de $1´132.700.000; y luego, por dos años de ejecución de la prórroga, solo por concepto de valor
retroactivo, se tuvo que cancelar la suma equivalente a $2´856.917.379, y por concepto de prórroga futura se proyectó el
pago de $19´115.260.216.
14
Dijo que: i) se asemeja, no debiendo, al concepto de compensación, en atención a su calidad de variable, ii) no permite
recuperar el costo y obtener una rentabilidad razonable, iii) no se estableció teniendo en cuenta las diferencias entre los
distintos concesionarios y las reglas de mercado, iv) al momento de establecerse, se ignoró lo dispuesto en el literal g) del
artículo 5 de la Ley 182 de 1995, v) no se aplicó lo dispuesto en el otrosí 7, vi) no se restableció el contrato afectado, dando
aplicación a lo dispuesto en el artículo 4 numerales 3 y 9, y artículo 5 numeral 1 de la Ley 80 de 1990, vii) existe margen de
error en la proyección de los usuarios totales de la televisión de suscripción, viii) se desconoce el número de hogares que

7

Radicación: 250002336000201200580-02 (67155)
Demandante: Global Telecomunicaciones S. A. en liquidación
Demandado: Mintic (sucesor procesal de la ANTV)
Asunto: Controversias contractuales

con el Informe del 15 de diciembre de 2011 emitido por CGI S.A.S., utilizado por la
ANTV para fijar el componente variable, no se tuvieron en cuenta aspectos sobre la
realidad de la ejecución contractual15.

23.
La segunda causal aducida se relaciona con la existencia de hechos o actos
imputables a la administración que configuran incumplimiento de sus obligaciones
como contratante, lo que en este caso se concretó en que a partir de la Resolución
045 de 2012 se profirieron los 3 actos administrativos cuya nulidad se pretende,
mediante los cuales la entidad desconoció lo pactado inicialmente respecto al valor
de la concesión, incluyéndose el componente variable previamente referido.

24.
Solicitó no ser condenada en costas acorde a lo dispuesto en el numeral 8 del
artículo 365 del CGP.

Trámite de segunda instancia

Alegatos de conclusión

25.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -MinTic-
sucesor procesal de la demandada, pidió confirmar la decisión de primera instancia
en tanto no asistía obligación ni responsabilidad frente a lo pretendido por la parte
actora por inexistencia del desequilibrio contractual aducido; ni se revela causa
alguna que conduzca a la anulación del contrato o de las Resoluciones No. 2012-
380- 000123-4, 2012-380-000401-4 y 022 de 201216.

26.
La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

Objeto de la apelación

27.
En esta instancia corresponde examinar la cuestión decidida únicamente en
relación con los reparos concretos formulados por el apelante. Por tanto, como
metodología de análisis, la Sala examinará si las resoluciones demandadas se

podrán adquirir el servicio y se equipara indebidamente con el número de ellos que corresponde a la sumatoria de todos los
suscriptores de todos los cable operadores, entre otras.
15
Indicó que: i) existe margen de error en la proyección de los usuarios totales de la televisión de suscripción; ii) se desconoce
el número de hogares que presuntamente están en capacidad de adquirir el servicio de televisión por suscripción,
estableciendo en el informe que el número de ellos es igual a la sumatoria de todos los suscriptores de todos los cable
operadores; iii) para calcular los usuarios e ingresos de cada operador, se partió de la base que cada municipio del país tiene
la misma tendencia de crecimiento que los demás, cuando ello no es del todo cierto; iv) “para la proyección se divide los
usuarios proyectados por igual, entre el número de operadores presentes en cada municipio, cuando esta circunstancia
tampoco obedece a una situación real; v) se partió de una tarifa promedio nacional, teniendo en cuenta el salario mínimo de
países latinoamericanos, cuando en la región ello es muy variable, e incluso en Colombia existen municipios que no trabajan
con dicho rubro; vi) se indica un costo mensual de mantenimiento y operación de los vehículos muy inferior; vii) al establecer
los costos de programación por el canal propio, se utilizó una programación que cubre exigencias mínimas de transmisión de
5 horas, pero lo cierto es que se debía contar con un mayor número horario; viii) se tomó como un mercado con repartición
equitativa y con pocas bajas de usuarios que cambian de operador, lo que no corresponde a la realidad; ix) se desconocieron
las deudas de cada concesionario; x) valor desventajoso frente a la cercanía con que se le anunció al demandante el valor
de la expansión; xi) según algunas gráficas se observa mayor desventaja para los operadores ante la existencia de un
componente variable en el valor de la prórroga, tanto para nuevos concesionarios como para los existentes, con tendencia a
la desaparición de un amplio número de prestadores del servicio nacionales por ingreso de compañías extranjeras frente a
las cuales la CNTV tendría el deber de no negar la concesión; xii) el componente variable no tiene en cuenta la estratificación
social; y, xiii) no se indica como morigerar los riesgos para los operadores.
16
Intervención que reposa a índice 15 del aplicativo SAMAI.

8

Radicación: 250002336000201200580-02 (67155)
Demandante: Global Telecomunicaciones S. A. en liquidación
Demandado: Mintic (sucesor procesal de la ANTV)
Asunto: Controversias contractuales

expidieron con infracción al debido proceso de la parte actora, desconociendo la
bilateralidad del pacto, y si su adopción fue arbitraria y unilateral repercutiendo en
que el monto fijado no tuvo en cuenta las circunstancias económicas reales de la
ejecución contractual. Además, y aunque no se haya demostrado una pérdida
contable, analizará si el equilibrio económico del contrato de concesión se alteró por
causas imputables a la entidad estatal: por incumplimiento de sus obligaciones
contractuales y por la expedición de la Resolución 045 de 2012.

Procedimiento de fijación del valor de la prórroga del contrato de concesión –
Marco normativo y contractual

28.
En el pliego de condiciones de la licitación pública 003 de 1999, la Comisión
Nacional de Televisión –en adelante la Comisión, o la CNTV 17 – estableció los
términos para el otorgamiento de contratos de concesión para la operación y
explotación del servicio público de televisión por suscripción en el nivel zonal. Al
precisar el régimen jurídico aplicable, indicó que correspondía a la Ley 80 de 1993
en cuanto a las normas que regulaban el proceso licitatorio, y para la prestación del
servicio, se regiría por las leyes 14 de 1991, 182 de 1995, 335 de 1996 y los
Acuerdos No. 014 de 1997, 049 de 1998, 001, 002 y 004 de 1999, expedidos por la
CNTV y demás normas que adicionen, modifiquen o reglamenten la materia18.

29.
En el capítulo 4 reguló las condiciones económicas de la futura concesión,
indicando que a quien resultara seleccionado le correspondía pagar: (i) un valor por
la concesión, esto es, la contraprestación por el derecho a operar y explotar el
servicio de televisión por suscripción, liquidado con base en las sumas establecidas
en el anexo 2 de dicho pliego; y, (ii) un valor de compensación equivalente al 10%
del total de los ingresos brutos mensuales provenientes exclusivamente de la
prestación de este servicio, en la forma que resulte de multiplicar el número de
suscriptores durante el correspondiente periodo de causación por la tarifa de
suscripción cobrada al usuario, y el 10% de los ingresos brutos por pauta
publicitaria19.

30.
El 20 de diciembre de 1999, entre la CNTV y Cablevista S.A. se suscribió el
contrato de concesión para la operación y explotación del servicio público de

17 Organismo creado por la Ley 182 de 1995 “Por la cual se reglamenta el servicio de televisión y se formulan

políticas para su desarrollo, se democratiza el acceso a éste, se conforma la Comisión Nacional de Televisión,
se promueven la industria y actividades de televisión, se establecen normas para contratación de los servicios,
se restructuran entidades del sector y se dictan otras disposiciones en materia de telecomunicaciones”. La
citada ley se expidió en desarrollo de los artículos 76 y 77 de la Constitución Política, cuyo texto original, antes
de la reforma que introdujo el Acto Legislativo 2 de 2011, era el siguiente:
“ARTÍCULO 76. La intervención estatal en el espectro electromagnético utilizado para los servicios de televisión,
estará a cargo de un organismo de derecho público con personería jurídica, autonomía administrativa,
patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio. Dicho organismo desarrollará y ejecutará los planes y
programas del Estado en el servicio a que hace referencia el inciso anterior.”
“ARTÍCULO 77. La dirección de la política que en materia de televisión determine la ley sin menoscabo de las
libertades consagradas en esta Constitución, estará a cargo del Organismo mencionado.
La televisión será regulada por una entidad autónoma del orden nacional, sujeta a un régimen propio. La
dirección y ejecución de las funciones de la entidad estarán a cargo de una Junta Directiva integrada por cinco
(5) miembros, la cual nombrará al Director. Los miembros de la Junta tendrán período fijo. El Gobierno Nacional
designará dos de ellos. Otro será escogido entre los representantes legales de los canales regionales de
televisión. La Ley dispondrá lo relativo al nombramiento de los demás miembros y regulará la organización y
funcionamiento de la Entidad (…)”.
18 Fls. 549 del c. 3.
19 Fls. 561 a 564, c. 3.

9

Radicación: 250002336000201200580-02 (67155)
Demandante: Global Telecomunicaciones S. A. en liquidación
Demandado: Mintic (sucesor procesal de la ANTV)
Asunto: Controversias contractuales

televisión por suscripción en la zona norte, compuesta por los departamentos de
Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena, San Andrés y Providencia
y Sucre, y será programador, administrador y operador del servicio. Servicio público
de televisión que, en todo caso, estaría sujeto a la intervención, dirección, vigilancia,
regulación y control de la entidad estatal (cláusula 1).

31.
Se pactó un plazo de ejecución de 10 años que podía ser prorrogado, siempre
que fuera solicitado por el concesionario y éste acreditara previamente haber
cumplido los requisitos exigidos para estos efectos por la Comisión. Se aclaró
expresamente que la prórroga no operaba de forma automática y que la solicitud
del interesado no “obliga[ba] a LA COMISIÓN a suscribirla con EL
CONCESIONARIO, sin el lleno de los requisitos aquí establecidos” (cláusula 4).

32.
En las cláusulas 5 y 6 del referido contrato, se estipuló que como contraprestación
por el derecho a la operación y explotación del servicio de televisión por suscripción,
el concesionario debía cancelar a la Comisión la suma de quinientos setenta y cinco
millones de pesos M/Cte ($575.000.000). Suma que se pagaría de forma diferida,
en un plazo de dos (2) años20.

33.
A su vez, en la cláusula 6, se pactó que Cablevista debía pagar directamente a
la CNTV como compensación por la explotación del servicio concesionado, el diez
por ciento (10%) del total de los ingresos brutos mensuales provenientes
exclusivamente de la prestación de este servicio, resultado de multiplicar el número
de suscriptores durante el correspondiente periodo de causación por la tarifa de
suscripción cobrada al usuario. Así mismo, el diez por ciento (10%) de los ingresos
brutos mensuales, percibidos por concepto de pauta publicitaria21, tal como estaba
establecido desde el pliego de condiciones.

20 “a) Un primer pago, correspondiente al quince por ciento (15%) del valor total de la concesión, a la firma del

contrato.
b) Un segundo pago, correspondiente al quince por ciento (15%) del valor total de la concesión, pagadero antes
del último día hábil del vencimiento del primer (1er) semestre siguiente a la firma del contrato. Adicionalmente
deberán cancelarse los intereses causados entre la fecha del pago anterior y este pago, calculados sobre el
saldo de la deuda y liquidados con base en el interés corriente bancario vigente a la fecha del pago.
c) Un tercer pago, correspondiente al quince por ciento (15%) del valor total de la concesión, pagadero antes
del último día hábil del vencimiento del segundo (2o) semestre siguiente a la firma del contrato. Adicionalmente
deberán cancelarse los intereses causados entre la fecha del pago anterior y este pago, calculados sobre el
saldo de la deuda y liquidados con base en el interés corriente bancario vigente a la fecha del pago.
d) Un cuarto pago, correspondiente al quince por ciento (15%) del valor total de la concesión, pagadero antes
del último día hábil del vencimiento del tercer (3r) semestre siguiente a la firma del contrato. Adicionalmente,
deberán cancelarse los intereses causados entre la fecha del pago anterior y este pago, calculados sobre el
saldo de la deuda y liquidados con base en el interés corriente bancario vigente a la fecha del pago.
e) Un último pago, correspondiente al quince por ciento (15%) del valor total de la concesión, pagadero antes
del último día hábil del vencimiento del tercer (4o) semestre siguiente a la firma del contrato. Adicionalmente,
deberán cancelarse los intereses causados entre la fecha del pago anterior y este pago, calculados sobre el
saldo de la deuda y liquidados con base en el interés corriente bancario vigente a la fecha del pago”. Fls. 3 y
4, c. 2.
21 En la cláusula 7 del contrato se determinó que la anterior suma de dinero se debía pagar trimestralmente en

la siguiente forma: “A partir del inicio y explotación del servicio de televisión por suscripción correspondiente al
primer trimestre del año 2000, de los ingresos causados entre el primero (1° de enero) y el treinta y uno (31) de
marzo, dicho pago se efectuará antes o el día quince (15) de mayo; entre el primero (1°) de abril y treinta (30)
de junio, dicho pago se efectuará antes o el día quince (15) de agosto; entre el primero (1°) de julio y el treinta
(30) de septiembre, dicho pago se realizará antes o el día quince (15) de noviembre y entre el primero (1°) de
octubre y el treinta y uno (31) de diciembre, dicho pago se efectuará antes o el día quince (15) de febrero del
año 2001 y así sucesivamente hasta el término de duración de la concesión.
El pago deberá estar acompañado por una certificación suscrita por el representante legal y el contador o
Revisor Fiscal, según el caso, certificando los ingresos brutos recibidos durante el trimestre en cuestión por el
cobro de suscripción mensual (discriminando tarifas y números de usuarios) y la pauta si es del caso.

10

Radicación: 250002336000201200580-02 (67155)
Demandante: Global Telecomunicaciones S. A. en liquidación
Demandado: Mintic (sucesor procesal de la ANTV)
Asunto: Controversias contractuales

34.
Por tanto, el concesionario estaba obligado al pago del valor por la concesión y
al de la compensación acorde a lo establecido en el negocio jurídico; también se
comprometió frente a la prestación al servicio público concesionado, a acatar las
órdenes que durante el desarrollo de contrato le impartiera la Comisión (cláusula
12). La CNTV se obligó a adelantar las actividades de inspección, vigilancia,
seguimiento y control para una adecuada prestación del citado servicio público, de
acuerdo con el régimen legal aplicable al objeto concesionado, al ser la entidad
encargada de regular, intervenir, gestionar y controlar el uso del espectro
electromagnético para la prestación de dicho servicio22.

35.
La Ley 182 de 1995, que sentó las bases legales para el desarrollo y regulación
de este servicio público, puso en cabeza de la CNTV y de su Junta Directiva, entre
otras, las siguientes funciones:

“ARTÍCULO 5o. FUNCIONES. <Artículo derogado por el artículo 51 de la Ley 1978 de 2019> En
desarrollo de su objeto corresponde a la Comisión Nacional de Televisión:

a. <Ver Notas de Vigencia> Dirigir, ejecutar y desarrollar la política general del servicio de televisión
determinada en la ley y velar por su cumplimiento, para lo cual podrá realizar los actos que considere
necesarios para preservar el espíritu de la ley;

b. <Ver Notas de Vigencia> Adelantar las actividades de inspección, vigilancia, seguimiento y control
para una adecuada prestación del servicio público de televisión
(…)
e. <Ver Notas de Vigencia> Reglamentar el otorgamiento y prórroga de las concesiones para la
operación del servicio, los contratos de concesión de espacios de televisión y los contratos de cesión
de derechos de emisión, producción y coproducción de los programas de televisión, así como los
requisitos de las licitaciones, contratos y licencias para acceder al servicio, y el régimen sancionatorio
aplicable a los concesionarios, operadores y contratistas de televisión, de conformidad con las
normas previstas en la ley y en los reglamentos 23;

En caso de que el concesionario incumpla las fechas de pago antes señaladas, deberá cancelar intereses de
mora, correspondientes al doble del interés bancario corriente, sin que exceda la tasa máxima permitida por la
Ley.
Así mismo, deberá informar mensualmente, dentro de los quince primeros días calendario del mes siguiente, el
valor de las compensaciones a favor de la entidad, causadas en el mes anterior, debidamente certificadas.
En el evento en que la certificación e informe de que trata el presente numeral, no se alleguen a la Comisión
dentro de los términos previstos, el CONCESIONARIO se hará acreedor a las sanciones a que haya lugar por
incumplimiento. (...)”
22 El artículo 3 de la Ley 182 de 1995, disponía: “El organismo al que se refieren los artículos 76 y 77 de la

Constitución Política se denominará: Comisión Nacional de Televisión (CNTV). Dicha entidad es una persona
jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica y con la independencia funcional
necesaria para el cumplimiento de las atribuciones que le asignan la Constitución, la ley y sus estatutos (…)”.
Por su parte, el artículo 4 de la misma norma, establecía que: “Corresponde a la Comisión Nacional de Televisión
ejercer, en representación del Estado la titularidad y reserva del servicio público de televisión, dirigir la política
de televisión, desarrollar y ejecutar los planes y programas del Estado en relación con el servicio público de
televisión de acuerdo a lo que determine la ley; regular el servicio de televisión, e intervenir, gestionar y controlar
el uso del espectro electromagnético utilizado para la prestación de dicho servicio, con el fin de garantizar el
pluralismo informativo, la competencia y la eficiencia en la prestación del servicio, y evitar las prácticas
monopolísticas en su operación y explotación, en los términos de la Constitución y la ley”.
23 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-726 del 14 de octubre de

2009. Indicó, entre otras cosas, lo siguiente: “Esta Corporación se ha referido a la naturaleza jurídica de la
CNTV y al alcance de sus facultades constitucionales y legales, y ha puesto de presente que en los artículos 76
y 77 de la Constitución Política se previó la existencia de un ente autónomo con independencia administrativa,
patrimonial y técnica, encargado de dirigir la política que en materia de televisión señale la Ley, así como de
ejercer la intervención estatal en el espectro electromagnético, en relación con el servicio público de televisión;
y para estos efectos, la Ley 182 de 1995 desarrolló dichos artículos constitucionales, creando la Comisión
Nacional de Televisión” (…) “La potestad reglamentaria, entendida como la producción de un acto administrativo
que hace real el enunciado abstracto de la ley para encauzarla hacia la operatividad efectiva en el plano de lo
real, no es una facultad exclusiva del Presidente de la República, sino que otros órganos administrativos o

11

Radicación: 250002336000201200580-02 (67155)
Demandante: Global Telecomunicaciones S. A. en liquidación
Demandado: Mintic (sucesor procesal de la ANTV)
Asunto: Controversias contractuales

Y el artículo 12 fijó como funciones de su Junta Directiva, las siguientes:

a) <Literal derogado por el artículo 51 de la Ley 1978 de 2019> Adoptar las medidas necesarias para
desarrollar el objeto y las funciones constitucionales y legales de la entidad;

b) <Literal derogado por el artículo 51 de la Ley 1978 de 2019> Fijar las tarifas, tasas y derechos a
que se refiere la presente Ley, de conformidad con los criterios establecidos en la misma;

c) <Literal derogado por el artículo 51 de la Ley 1978 de 2019> Asignar las concesiones para la
operación del servicio público de televisión, así como adjudicar y celebrar los contratos de concesión
de espacios de televisión y, en general, autorizar al Director para la celebración de los demás
contratos de acuerdo con la ley;

d) <Literal derogado por el artículo 51 de la Ley 1978 de 2019> <Ver Notas de Vigencia> Aprobar y
suscribir antes de su vencimiento, la prórroga de los contratos de concesión de espacios de televisión
abierta de Inravisión, para lo cual las entidades concedentes cederán previamente dichos contratos
a la Comisión Nacional de Televisión;

e) <Literal derogado por el artículo 51 de la Ley 1978 de 2019> Adoptar los Estatutos de la entidad,
en los cuales se regularán los aspectos no previstos en esta Ley;
(…)
h) Sancionar, de conformidad con las normas del debido proceso y con el procedimiento previsto en
la ley, a los operadores del servicio, a los concesionarios de espacios de televisión y a los contratistas
de los canales regionales por violación de sus obligaciones contractuales, o por transgresión de las
disposiciones legales y reglamentarias o de las de la Comisión, relacionadas con el servicio;

i) <Literal derogado por el artículo 51 de la Ley 1978 de 2019> Reglamentar de modo general las
condiciones y requisitos que deben cumplir los acuerdos que celebren los concesionarios de
espacios de televisión (…)”

36.
En estos términos, la Comisión profirió el Acuerdo 010 del 24 de noviembre de
200624, en cuyos artículos 22 y 23 reiteró el deber de los concesionarios de este
servicio de pagar un valor como contraprestación por el otorgamiento de la
concesión “en la forma que determine la Junta Directiva de la Comisión”. Además,
indicó que la presentación de la oferta o de la solicitud para el otorgamiento de una
concesión, así como la petición de expansión de cobertura y/o prórroga del contrato
por parte del concesionario “implica su declaración en el sentido de haber realizado
los análisis correspondientes y la consecuente inclusión en sus modelos de
rentabilidad económica de la asunción de los riesgos mencionados"25.

37.
El artículo 36 ejusdem, reguló las condiciones para la prórroga de los contratos
de concesión, y señaló expresamente que era potestad de la CNTV acceder o no a
dichas solicitudes acorde a la verificación de requisitos exigidos al interesado y, en
caso de que sí se otorgara la extensión del plazo contractual, el concesionario tenía
el deber de suscribir con la Comisión el respectivo otrosí al contrato de concesión,

autónomos pueden estar revestidos de esta prerrogativa, bien por voluntad del mismo constituyente, bien por
obra del legislador. En el caso específico de la CNTV, derivadas de su autonomía institucional, se le han
reconocido facultades regulatorias; la propia Constitución Política así lo prescribe, cuando en el inciso 2º del
artículo 77 indica que “La televisión será regulada por una entidad autónoma del orden nacional, sujeta a un
régimen propio.” El propósito perseguido por el constituyente con esta atribución normativa consiste en dotar
de instrumentos al ente encargado de dirigir la política que en materia de televisión señale la ley, a fin de que
pueda actuar con la independencia frente al ejecutivo que reclama la naturaleza de su función. Las facultades
regulatorias de la CNTV no tienen un carácter residual frente a la potestad reglamentaria general del Presidente
de la República, sino que, más bien, desplazan tal potestad. Se trata, por tanto, de una potestad normativa
exclusiva y excluyente”.
24 “Por medio del cual se reglamenta el servicio de televisión por suscripción”.
25 Parágrafo 2, artículo 14 del Acuerdo 010 de 2006.

12

Radicación: 250002336000201200580-02 (67155)
Demandante: Global Telecomunicaciones S. A. en liquidación
Demandado: Mintic (sucesor procesal de la ANTV)
Asunto: Controversias contractuales

“en el cual manifestará expresamente su voluntad de sujetarse íntegramente a las
disposiciones previstas en el presente Acuerdo, las cuales manifestará también que
conoce y acepta”.

38.
A su vez, en el artículo 37 ib., dispuso que el valor de la prórroga y su forma de
pago serían definidos por la Junta Directiva de la CNTV, debiendo atender los
criterios establecidos en el literal g) del artículo 5 de la Ley 182 de 1995. Las mismas
condiciones aplicaban para la solicitud de prórroga anticipada (art. 38).

39.
La reiteración de la forma en que se haría la definición del valor y forma de pago
de las prórrogas fue el reflejo de las atribuciones legales y reglamentarias atinentes
a la prestación de este servicio público, quedando en el ámbito decisorio de la Junta
Directiva, a través de sus miembros expertos26, la fijación de “los derechos, tasas
y tarifas que deba percibir por concepto del otorgamiento y explotación de las
concesiones para la operación del servicio de televisión, y las que correspondan a
los contratos de concesión de espacios de televisión, así como por la adjudicación,
asignación y uso de las frecuencias”27.

40.
Lo anterior explica la dinámica y evolución que han representado los retos en
materia de servicios asociados a las tecnologías de la información, como el de la
televisión, y su necesario relacionamiento con el uso y regulación del espectro
electromagnético sujeto a gestión y control del Estado; variables que permitían
definir el valor de los derechos, tasas y tarifas aplicables a este tipo de concesiones
en un contexto que necesariamente debía reconocer las realidades de este mercado
específico, y justificaba que el legislador hubiese sujetado tal determinación a la
verificación de ciertos criterios, para ser llenados de contenido, como son:

“ “(…) la cobertura geográfica, la población total y el ingreso per cápita en el área de
cubrimiento, con base en las estadísticas que publique el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística, así como también la recuperación de los costos del servicio público
de televisión; la participación en los beneficios que la misma proporcione a los
concesionarios, según la cobertura geográfica y la audiencia potencial del servicio; así como
los que resulten necesarios para el fortalecimiento de los operadores públicos, con el fin de
cumplir las funciones tendientes a garantizar el pluralismo informativo, la competencia, la
inexistencia de prácticas monopolísticas en el uso del espectro electromagnético utilizado
para los servicios de televisión y la prestación eficiente de dicho servicio”. 28

41.
De forma que al constatar tales criterios -zonas, periodos, mercado y costos,
entre otros- se definirían los valores de cualquiera de tales operaciones en un
momento determinado. Claramente no se razonó en función de mantener las
mismas condiciones originales de la concesión respecto de la expansión del servicio
o de sus prórrogas sin considerar algún factor de incidencia, como si sólo aplicaran
índices o variables de corrección monetaria, sino que tales escenarios debían

26 La Ley 182 de 1995 estableció: “ARTÍCULO 8. REQUISITOS Y CALIDADES PARA SER MIEMBRO DE LA

JUNTA DIRECTIVA. <Artículo derogado por el artículo 51 de la Ley 1978 de 2019> Para ser miembro de la
Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión se requieren los siguientes requisitos:
1. Ser ciudadano colombiano y tener más de 30 años en el momento de la designación.
2. Ser Profesional Universitario o tener más de diez (10) años de experiencia en el sector de la televisión (…).”
27 Art. 5 de la Ley 182 de 1995.
28 Ibidem.

13

Radicación: 250002336000201200580-02 (67155)
Demandante: Global Telecomunicaciones S. A. en liquidación
Demandado: Mintic (sucesor procesal de la ANTV)
Asunto: Controversias contractuales

responder al contexto de un mercado real en el que se concretaran las condiciones
económicas a ser reconocidas al Estado.

42.
Tal plataforma guarda coherencia con la utilización del instrumento de la
concesión (art. 1 de la ley 182 ib.29), negocio jurídico que responde a los desafíos
que trae consigo la operación y explotación de un bien o servicio por un periodo más
o menos prolongado, ante la imposibilidad de prever en el estadio germinal del
acuerdo una estipulación frente a los innumerables factores que pueden surgir en
la ejecución del contrato; es por ello que esta tipología negocial se ha calificado
como un contrato inacabado o incompleto, en particular, tratándose de nuevas
tecnologías, cuyo auge y evolución se ha caracterizado por avanzar a grandes
pasos en las últimas décadas30, y que, respecto del servicio público de televisión
sub examine, plantó criterios en el ámbito normativo para llegar a las definiciones
anotadas, entre ellas, las condiciones económicas de las prórrogas.

43.
Lo anterior, también bajo la premisa irreductible de amparar la confianza mutua
que se deriva del conocimiento y aceptación de lo acordado, incluido el estado del
mercado, las metodologías y procedimientos convenidos, la reglamentación en la
definición de sus valores, los riesgos asociados a la operación y explotación de la
concesión, con el fin de definir los términos económicos de la actividad concesional
en función del valor mismo de la interrelación negocial, origen de la proyección de
continuidad que podía surgir entre las partes.

44.
Bajo el anterior marco de actuación, la CNTV mediante acta 1427 del 26 de junio
de 2008, autorizó la contratación del proyecto "Valoración Televisión por
Suscripción" por un valor de hasta $747.040.000 y la respectiva modificación
presupuestal31.

45.
De conformidad con el artículo 4 de la Ley 182 de 1995 según el cual corresponde
a la Comisión Nacional de Televisión ejercer en representación del Estado la
titularidad y reserva del servicio público de televisión y regular este servicio, junto
con lo establecido en el literal e) de los artículos 5 y 48 ejusdem, que establecen la
competencia de la CNTV para expedir el reglamento para las prórrogas, dicha

29 “La televisión es un servicio público sujeto a la titularidad, reserva, control y regulación del Estado, cuya

prestación corresponderá, mediante concesión, a las entidades públicas a que se refiere esta Ley, a los
particulares y comunidades organizadas, en los términos del artículo 365 de la Constitución Política”.
30 Sólo a manera de ilustración, puede citarse a la Unión Internacional de Comunicaciones – UIT, al indicar que

“CUANDO SE ACORDÓ EL REGLAMENTO DE LAS TELECOMUNICACIONES INTERNACIONALES (RTI) en
1998, todavía existía una clara distinción entre los diferentes servicios (teléfono, video, etc.), así como entre
medios para prestarlos. Sólo se recibían llamadas de voz o telefax por la línea telefónica. Las computadoras
disponían en su mayoría de sus propias redes, y la radiodifusión era otro mundo separado. Desde entonces, la
convergencia de las tecnologías existentes y la aparición de otras nuevas ha cambiado radicalmente el
panorama… una innovación clave es el paso de las redes de telecomunicaciones basadas en circuitos a las
redes basadas en paquetes que utilizan el protocolo Internet (IP): las llamadas redes de la próxima generación
o NGN. La estructura “vertical” de las redes independientes está evolucionando hacia una estructura “horizontal”
basada en el IP, que puede entregar muchos tipos de contenido a través de una misma plataforma. Esto tiene
profundas implicaciones para el mercado, para los organismos reguladores y, en último término, para lograr que
las comunicaciones estén al alcance de la gente en todo el mundo. El enorme incremento del número de abonos
a la telefonía y la banda ancha móviles está impulsando el desarrollo y las reformas… Esto ha planteado retos
fundamentales para los organismos reguladores –y, en muchas jurisdicciones, ya se considera que la
convergencia significa que han dejado de ser útiles las antiguas distinciones entre servicios. Conferencia
Mundial de Telecomunicaciones Internacionales 2012. Tomado de la página web del MinTic, visible en
https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-60990_recurso_2.pdf.
31 Fls. 101 y 102, c. 3.

14

Radicación: 250002336000201200580-02 (67155)
Demandante: Global Telecomunicaciones S. A. en liquidación
Demandado: Mintic (sucesor procesal de la ANTV)
Asunto: Controversias contractuales

entidad profirió el Acuerdo 003 del 17 de julio de 2008 (2 años antes de la
terminación del plazo de la concesión) en el que dispuso que una vez recibiera de
parte de los concesionarios solicitud de prórroga y se determinara por la Junta
Directiva de la Comisión que era procedente continuar con el trámite respectivo, se
debían adelantar conversaciones tendientes a convenir los ajustes de tipo jurídico,
económico y técnico, pero para “efectos de las contraprestaciones y demás
estipulaciones económicas, deberán tener en cuenta las conclusiones y
recomendaciones de los estudios que con tal propósito hubiere contratado la
Comisión Nacional de Televisión"32.

46.
Mientras se desarrollaba el proceso de contratación del consultor para elaborar
los estudios para la determinación del valor de las prórrogas y expansiones, el 4 de
mayo de 2009 la CNTV y el demandante suscribieron el otrosí 5 al contrato 204 de
1999, en el que se amplió su objeto a fin de agregar que éste podría prestar el
servicio en las zonas centro y occidente del país, siempre “sujeto a la intervención,
dirección, vigilancia, regulación y control de la Comisión”.

47.
Se acordó que el valor de la expansión de la concesión sería definido por la
Comisión, de conformidad con el concurso de méritos que estaba adelantando cuyo
objeto era "Contratar los servicios de consultoría para la valoración de las prórrogas
de la concesión de los operadores de televisión por cable, el valor de las
expansiones... a otra (s) área (s) geográfica (s) o a nivel nacional...". Como
procedimiento a seguir se pactó que: (i) la Comisión informaría al concesionario el
valor definido para la expansión del cubrimiento; y (ii) éste contaría con un término
de quince (15) días calendario para manifestar su conformidad o presentar
observaciones en caso de desacuerdo; (iii) la concedente daría respuesta a las
observaciones del concesionario en un plazo no superior a quince (15) días
calendario; y. (iv) agotado el procedimiento sin lograr un acuerdo sobre el valor de
la expansión del cubrimiento, se daría por terminada la autorización para la
mencionada extensión, sin perjuicio de la obligación de Cablevista de pagar la suma
proporcional al tiempo que prestó el servicio33.

48.
El 9 de junio de 2009, mediante oficio 2009-370-011893-2, petición reiterada el 1
de octubre de 2009 y el 7 de enero de 201034, Cablevista S.A. pidió prorrogar el
contrato de concesión 204 de 1999, y para los efectos invocó lo dispuesto en el
artículo 38 del Acuerdo 010 de 2006 de la CNTV, así:

"… por medio del presente documento y en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 38
del Acuerdo 010 de 2006, me sirvo solicitar la prórroga anticipada del CONTRATO DE
CONCESIÓN No. 204, suscrito el día 17 de diciembre de 1999 entre la COMISIÓN NACIONAL
DE TELEVISIÓN y CABLEVISTA S.A. (...)

La presente solicitud se sustenta en el hecho que la Sociedad Concesionaria ha cumplido
todos los requisitos legales y Reglamentarios (sic) establecidos para reclamar la prórroga
anticipada del Contrato de Concesión referenciado" 35.

32 Artículo 3.
33 Cláusula segunda, parágrafos 2 y 3. Fls. 54 a 62, c. 2.
34 Fl. 149, c. principal.
35 Fls. 147 y 18, c. principal.

15

Radicación: 250002336000201200580-02 (67155)
Demandante: Global Telecomunicaciones S. A. en liquidación
Demandado: Mintic (sucesor procesal de la ANTV)
Asunto: Controversias contractuales

49.
El 9 de septiembre de 2009, mediante otrosí 6 al contrato de concesión, las partes
reconocieron que en la cláusula 2 del otrosí 5 se estableció el valor de la expansión
de manera diferente a como se pactó con los demás concesionarios a los que les
fue aprobada por la CNTV, por tanto, procedieron a modificar el texto de la referida
cláusula ajustando el contrato a los actos emitidos por el ente regulador, en la misma
forma que la pactada con los otros concesionarios:

"CLÁUSULA PRIMERA: Modificar la cláusula segunda del otrosí No. 5 al contrato No. 204 de
1999 suscrito entre la Comisión Nacional de Televisión y Cablevista S.A., la cual quedará así:

"CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DE LA EXPANSIÓN.- El valor de la expansión del
cubrimiento del contrato de que trata el presente Otrosí, que corresponde a la contraprestación
que EL CONCESIONARIO se compromete a cancelar por el otorgamiento de la autorización
para la expansión del cubrimiento del contrato de concesión, será definido por LA COMISIÓN,
de conformidad con lo establecido en los Acuerdos 010 de 2006 y 003 de 2007, o en las
normas que lo deroguen o modifiquen.”36 (se resalta)

50.
Tras comprobar que la petición de prórroga de Cablevista S.A. cumplía con los
requisitos técnicos para seguir prestando el servicio de televisión por suscripción,
mediante Acta 1588 de la Junta Directiva del 11 de febrero de 2010, se aprobó la
extensión del plazo de ejecución por 10 años, y se ordenó a la Subdirección de
Asuntos Legales realizar el respectivo otrosí y “establecer la cláusula resolutoria,
que señala que la prórroga está sujeta al pago establecido por la CNTV”. De igual
manera, se indicó que la CNTV era la que debía definir el valor de las prórrogas37.

51.
Con lo expuesto hasta aquí, la Sala enfatiza que desde el pliego de condiciones
de la licitación pública 003 de 1999, que concluyó con la firma del contrato 204 del
mismo año, era claro para el concesionario demandante que la definición del valor
de la concesión, de la compensación por la explotación del servicio de televisión por
suscripción, de las expansiones y de las prórrogas, al igual que su forma de pago,
eran aspectos que conforme al ordenamiento jurídico vigente debía definir la CNTV.
También se había estipulado que el número de suscriptores era un factor dentro del
cálculo del monto a pagar por compensación.

52.
A su vez, conoció que el valor de las prórrogas iba a ser definido por la entidad a
través de contrato de consultoría suscrito con un tercero para dicho fin, como se
dispuso desde los Acuerdos 10 de 2006 y 003 de 2008. En ese marco, presentó y
reiteró en 3 oportunidades solicitud de prórroga del contrato de concesión y, como
bien se previó en la normatividad mencionada, al hacerlo, aceptaba de forma
expresa su consentimiento para que la CNTV, luego de hacer los respectivos
estudios, determinara el valor de la contraprestación que debía pagar, montos que
se causarían con la sola autorización de continuar la prestación del servicio.

53.
Con este conocimiento, y pudiendo advertir la metodología a emplear, pues son
evidentes las similitudes con el procedimiento adoptado para definir el valor de la
expansión del servicio, el demandante decidió de forma libre y autónoma suscribir
el otrosí 7 del 31 de mayo de 2010 atinente a la prórroga, en cuya cláusula segunda
se acordó que se agotaría el siguiente procedimiento: (i) la CNTV comunicaría el

36 Fls. 63 a 66, c.2.
37 Fls. 150 a 159, c. principal.

16

Radicación: 250002336000201200580-02 (67155)
Demandante: Global Telecomunicaciones S. A. en liquidación
Demandado: Mintic (sucesor procesal de la ANTV)
Asunto: Controversias contractuales

monto final al concesionario; (ii) dentro de los 15 días siguientes el concesionario
podría pronunciarse sobre tal suma, manifestando su conformidad o planteando
observaciones tendientes a modificarla; (iii) dentro de los 15 días siguientes, la
CNTV adoptaría un acto administrativo en el que podía confirmar el valor de la
prórroga por aceptación del concesionario, acoger la propuesta económica
presentada por el concesionario, o rechazarla38.

54.
Puntualmente, y anticipando la posibilidad de que en el marco de ese
procedimiento convencional no se lograra un consenso sobre tal valor, las partes
incluyeron una condición resolutoria expresa. En el numeral 2 de la cláusula
segunda del otrosí 739, estipularon que si se agotaba el procedimiento sin llegar a
un acuerdo la entidad debía “dar por terminada la prórroga”. En ese caso, además
del efecto propio de tal condición, se indicó que el concesionario debía pagar a la
CNTV una suma proporcional al tiempo adicional durante el cual explotó el servicio,
calculada con base en la suma pagada por el otorgamiento inicial de la concesión
por cada zona.

55.
La Comisión se obligó a que “dentro de los seis (6) meses siguientes a la
suscripción del presente otrosí”, determinaría y notificaría al Concesionario los
valores de la prórroga. Luego, las partes suscribieron el otrosí 8 del 18 de agosto
de 2010, en el que ampliaron este plazo, desde el 22 de junio de 2010, en los
siguientes términos:

38 “CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DE LA PRÓRROGA.- EL CONCESIONARIO se obliga a pagar a favor de

la COMISIÓN por el derecho a la operación y explotación del servicio de televisión por suscripción, los valores
que por concepto de la prórroga de la concesión determine la COMISIÓN dentro del término establecido a
continuación, conforme al procedimiento y metodología que para tal efecto señale y de acuerdo con las
siguientes reglas:
1.- Causación: El valor de la prórroga se causa por el solo otorgamiento de la misma, independientemente de
la operación y explotación del servicio.
2. - Procedimiento para determinar los valores por concepto de la prórroga de la concesión:
a) La COMISIÓN determinará y notificará al CONCESIONARIO los valores de la prórroga de la concesión dentro
de los seis (6) meses siguientes a la suscripción del presente otrosí.
b) El CONCESIONARIO tendrá un término de quince (15) días calendario contados a partir de la notificación de
los valores por concepto de prórroga, para manifestar por escrito su aceptación o para presentar su propuesta
debidamente soportada y explicada en caso de desacuerdo sobre el valor de la concesión establecido por la
COMISIÓN.
c) La COMISIÓN en un plazo no superior a quince (15) días calendario, contados a partir de la radicación del
documento del CONCESIONARIO al que se refiere el literal anterior, optará a través de acto administrativo por
una de las siguientes alternativas:
i) Confirmar el valor de la concesión determinado inicialmente por la COMISIÓN, en caso de que el
concesionario manifieste por escrito la aceptación del mismo o guarde silencio al respecto.
ii) Aceptar y adoptar el valor que por concepto de la prórroga de la concesión haya propuesto el
CONCESIONARIO.
iii) Rechazar el valor que por concepto de la prórroga de la concesión haya propuesto el CONCESIONARIO y
en el mismo acto dar por terminada la prórroga, sin que se genere por este hecho sanción alguna en contra del
CONCESIONARIO, ni indemnizaciones, ni restituciones de ningún tipo a favor de la COMISIÓN (se subraya).
El rechazo de la propuesta y la consecuente terminación de la prórroga de la concesión no exime al
CONCESIONARIO de pagar el valor causado desde el momento en que se concedió ésta, hasta la fecha de
notificación del acto que rechaza la propuesta del CONCESIONARIO.
El valor causado se calculará tomando como base la sumatoria del valor establecido en los Pliegos de
Condiciones de las Licitación (sic) No. 003 de 1999, para la concesión de las zonas centro, norte y occidente,
esto es, la suma de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($575.000.000), zona
norte; MIL CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.136.000) (sic) zona occidente; y MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE, zona centro; actualizados desde la
fecha de adjudicación hasta la firma del presente otrosí de acuerdo con el índice de precios al Consumidor IPC
acumulado, certificado por la autoridad colombiana competente”. (Fl. 69 a 71, c. 2)
39 ídem.

17

Radicación: 250002336000201200580-02 (67155)
Demandante: Global Telecomunicaciones S. A. en liquidación
Demandado: Mintic (sucesor procesal de la ANTV)
Asunto: Controversias contractuales

“CLÁUSULA PRIMERA: Modificar el literal a, y el inciso tercero del numeral iii) del literal c.,
del numeral 2 de la cláusula segunda del otrosí N° 7 al contrato de televisión por suscripción
N° 204 de 1999, los cuales quedarán así:

"CLÁUSULA SEGUNDA: (...)

2.- Procedimiento para determinar los valores por concepto de la prórroga de la concesión:
a. La COMISIÓN determinará y notificará al CONCESIONARIO los valores de la prórroga de
la concesión dentro de los ocho (8) meses siguientes al 22 de junio de 2010, prorrogables, si
así lo estima necesario la CNTV. (se resalta)
(...)
c. ...
iii) ... El valor causado se calculará tomando como base el valor establecido en los Pliegos de
Condiciones de la Licitación N° 003 de 1999 para la operación y explotación del servicio de
televisión por suscripción para la zona norte, centro y occidente; valor que, actualizado desde
la fecha adjudicación del contrato, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor IPC
acumulado, hasta el mes anterior a la fecha de la suscripción del presente otrosí, certificado
por la autoridad colombiana competente, arroja un total de CINCO MIL SETECIENTOS CINCO
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE
($5.705´280.423)"40.

56.
Los ocho (8) meses acordados corrían desde el 22 de junio de 2010 hasta el 22
de febrero de 2011. Sin embargo, la CNTV profirió la Resolución 2011-380-000138-
441 el 21 de febrero de 2011, en la cual se amplió por un año el plazo para que la
entidad determinara el valor de las prórrogas de concesión, hasta el 22 de febrero
de 2012, e hizo un recuento sobre los hechos que motivaron dicha decisión, de los
cuales, además de los concursos de mérito fallidos en 2008 y 2009 se resalta que:

(i) Durante el término señalado en el otrosí 8, la Oficina de Planeación y las
Subdirecciones Administrativa y Financiera y de Asuntos Legales, presentaron a la
Junta Directiva, el 21 de octubre de 2010, el proyecto “Valoración de la televisión
por suscripción y definición de un modelo de compensación…”; el 10 de noviembre
del mismo año, la primera de ellas informó que tal proceso no podía ser adelantado
por la CNTV, por lo que solicitó autorización para la selección y contratación de una
banca de inversión.

(ii) En acta del 1679 del 11 de noviembre de 2010, la Junta Directiva de la entidad
aprobó el proyecto de valoración y autorizó adelantar los trámites administrativos,
presupuestales y contractuales para su ejecución. Se proyectó dar inicio al concurso
de méritos 001 de 2011 con el objeto de contratar la consultoría para determinar
entre otros, el valor de las prórrogas de concesión, resaltándose que en el numeral
1.8. del pliego de condiciones publicado en el SECOP, se preveía la necesidad, por
cronograma, de contar con al menos 67 días hábiles para su desarrollo, y se
estableció un plazo de 8 meses para la ejecución del contrato.

57.
El 24 de mayo de 2011 la CNTV suscribió el contrato 036 con la Compañía
General de Inversiones S.A.S. -CGI-42, cuyo objeto fue realizar la consultoría para
determinar los mercados relevantes sujetos de regulación ex ante en el sector de
televisión, así como determinar el valor de las prórrogas de la concesión de los

40 Fls. 78 y 79, c.2.
41 “Por la cual se extiende el plazo establecido para la valoración de las prórrogas de las concesiones de

televisión por suscripción cableada”.
42 Fls. 138 a 148, c. 3.

18

Radicación: 250002336000201200580-02 (67155)
Demandante: Global Telecomunicaciones S. A. en liquidación
Demandado: Mintic (sucesor procesal de la ANTV)
Asunto: Controversias contractuales

operadores de televisión por cable, de las expansiones, y de la adjudicación de
concesiones a nuevos operadores con cualquier tecnología de transmisión, así
como un modelo para determinar la tarifa de compensación de la televisión por
suscripción, entre otros aspectos.

58.
El 12 de diciembre de 2011, CGI presentó el informe 4 con los "Resultados de
los supuestos de proyección y de las valoraciones de las concesiones de operación
de televisión por suscripción"43, y el 15 de diciembre siguiente, la CNTV publicó en
su página web la presentación preliminar de dicha valoración y del modelo de
compensación del servicio de televisión por suscripción, con el fin de que se
presentaran observaciones por parte del sector, entre el 15 de diciembre de 2011 y
el 16 de enero de 2012.

59.
En curso de este término, el 26 de diciembre de 2011 la Comisión profirió el
Acuerdo 0544, cuyo artículo 3 modificó el artículo 37 del Acuerdo 010 de 2006 que
regulaba el valor y pago de la prórroga, pero reiterando que los concesionarios
debían pagar el valor por concepto de la prórroga en los términos que la entidad lo
estableciera, teniendo en cuenta que su cálculo debía atender los criterios
señalados en el literal g) del artículo 5° de la Ley 182 de 1995.

60.
El 23 de enero de 2012 el consultor dio respuesta a las observaciones 45 y el 31
de enero siguiente, mediante Acta 1789 de la Junta Directiva 46 determinó por
unanimidad acoger la recomendación presentada por el consultor, en el sentido de
definir que el valor de la prórroga de las concesiones de televisión por suscripción
quedaba integrado por un componente fijo (costos administrativos) asumido por los
operadores en partes iguales, y un componente variable que correspondería a la
suma de 658,29 pesos del 2012 por suscriptor, indexados anualmente con el IPC
de acuerdo al anexo metodológico planteado por el consultor.

61.
El 1º de febrero de 2012, con la expedición de la Resolución 2012-380-00123-
47
4 , la CNTV dio inicio al procedimiento pactado a fin de determinar el valor de la
prórroga. El objeto de esta resolución era informar el monto preliminar establecido
por la CNTV para que el concesionario pudiera manifestar sus observaciones y, de
haber lugar a ello, introducir las modificaciones solicitadas en el acto definitivo que
fijara el valor de la prórroga. Al respecto dispuso:

“ARTÍCULO PRIMERO: Determinar que el valor por concepto de la prórroga del contrato de
concesión N° 204 de 1999, suscrito con Global T.V.... para la operación y explotación del
servicio de televisión por suscripción cableada, está compuesto por la sumatoria de los
siguientes montos:
a) Un componente fijo equivalente a la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS
($42.853.719) M/CTE.

43 Fls. 162 a 189, c. principal.
44 “Por medio del cual se modifica el reglamento del servicio público de televisión por suscripción en cuanto al

criterio para la contabilización del plazo, las garantías, las prórrogas y la valoración de las prórrogas de las
concesiones".
45 Fls. 189 a 193, c. principal.
46 Fls. 194 a 203, c. principal.
47 "Por la cual se determina y ordena notificar al concesionario Global T.V. Telecomunicaciones S.A. (Antes

Cablevista S.A.), el valor y la forma de pago de la prórroga del contrato de concesión N° 204 de 1999 para la
operación y explotación del servicio público de televisión por suscripción cableada".

19

Radicación: 250002336000201200580-02 (67155)
Demandante: Global Telecomunicaciones S. A. en liquidación
Demandado: Mintic (sucesor procesal de la ANTV)
Asunto: Controversias contractuales

b) Un componente variable calculado como el resultado de multiplicar el factor "Número de
Suscriptores Reportados Mensualmente por el CONCESIONARIO", por el factor "Tarifa de
Concesión Variable (TCV)" establecido en el "Anexo Metodológico".

PARÁGRAFO 1: Los valores a los que se refiere el presente artículo se establecen de
conformidad con el "Anexo Metodológico" elaborado por CGI S.A.S., en ejecución del contrato
de consultoría N° 036 de 2011, que hace parte integral de la presente resolución.

PARÁGRAFO 2: De conformidad con lo pactado en el otrosí de prórroga del contrato de
concesión, el valor de la prórroga se causa por el solo otorgamiento de la misma, por lo cual,
en caso de renuncia o terminación anticipada del contrato de concesión por cualquier motivo,
el CONCESIONARIO esta obligado a pagar a la COMISIÓN, adicionalmente al valor del
componente fijo y el variable causado, el valor que la Entidad dejaría de percibir por concepto
del componente variable, proyectado con base en el reporte del último pago que se haga por
este concepto, por el periodo que falte por explotar la concesión.” 48

62.
La CNTV no impuso la obligación de abonar dicho valor, ya que el concesionario
tenía la facultad de presentar observaciones antes de la emisión de la resolución
definitiva. En consecuencia, la situación del concesionario no fue modificada, pues
en caso de no llegar a un acuerdo sobre el valor de la prórroga no estaba obligado
a realizar el pago y, en su lugar, el contrato se resolvía en los términos acordados
en la cláusula 2ª del otrosí 7. La CNTV precisó que por el carácter de trámite de la
decisión, ésta no admitía recursos49.

63.
El 8 de marzo de 2012, tras conocer el valor preliminar de la prórroga, el
concesionario presentó observaciones50 a la resolución de trámite de la CNTV y a
los estudios del consultor en los que ésta se basaba, proponiendo una modificación
al valor. Solicitó revisar los supuestos de valoración de la prórroga por las siguientes
razones: (i) el procedimiento desarrollado por la Comisión para el establecimiento
de tal valor desconoce la realidad del mercado y los derechos fundamentales al
debido proceso y contradicción del operador Global T.V.; (ii) la modificación
unilateral del contrato de concesión desfiguraba la bilateralidad propia del mismo; y
(iii) se vulneraron los derechos de contradicción e igualdad al fijar dicho valor.

64.
Formuló su propuesta sustentada principalmente en dos puntos; (a) que se
tomara como valor de la prórroga sólo un componente fijo, siguiendo los
lineamientos y procedimientos establecidos en el contrato de concesión y sus
otrosíes 5 a 8; y (b) que se desestimara totalmente la valoración de la prórroga
mediante un componente variable, pues desdibuja la naturaleza de la prórroga del
contrato, simulando un tipo de compensación que en ningún momento fue
concertada entre las partes. No obstante, manifestó su aceptación al cálculo
presentado por la entidad, así:

"Aceptación

Manifestamos que en el evento que la CNTV no reciba las observaciones presentadas por el
concesionario, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes a las que no
renunciamos, y en cumplimiento del deber contractual de mitigación del riesgo, mientras las
demás autoridades realizan las revisiones pertinentes de las actuaciones de la CNTV,
aceptamos el valor establecido para la prórroga, como se dijo solo como una forma de mitigar
el perjuicio irremediable frente a la terminación sin sustento del contrato de concesión, toda

48 Fls. 20 y 21, c.2.
49 Folio 24, c. 2.
50 Fls. 105 a 111, c. 2.

20

Radicación: 250002336000201200580-02 (67155)
Demandante: Global Telecomunicaciones S. A. en liquidación
Demandado: Mintic (sucesor procesal de la ANTV)
Asunto: Controversias contractuales

vez que la no aceptación del valor de la prórroga implicaría la terminación del mismo por lo
que llamamos a la CNTV a la cordura y concertación respecto de la fijación del valor de la
prórroga so pena de violentar además de los derechos del Concesionario la misma industria
de la Televisión"51.

65.
Luego, el 1 de marzo de 2012 el concesionario presentó recurso de reposición
contra la Resolución 2012-380-000123-4, con los mismos argumentos52. La entidad
declaró su improcedencia, tal como lo había indicado en el referido acto53.

66.
El 12 de marzo de 2012, la CNTV respondió a cada una de las observaciones
presentadas por el concesionario sin acceder a modificar la suma inicialmente
comunicada y le pidió con carácter urgente, dentro de los dos (2) días siguientes,
aclarar de manera pura y simple, sin salvedades, evasivas o condiciones, si
aceptaba voluntariamente el valor de la prórroga de la concesión; en caso de no
recibir respuesta o nuevamente advertir salvedades o condiciones, procedería
según lo pactado para este caso54.

67.
Tras recibir las respuestas de la CNTV, el 22 de marzo de 2012 el concesionario
envió comunicación en que expresó su aceptación al valor de la prórroga informado
por la CNTV 55 . Esta manifestación la expresó sin condiciones, salvedades o
reservas, pues si bien dijo que lo haría sin perjuicio de sus derechos constitucionales
y legales, no manifestó motivo de controversia.

68.
Siguiendo el procedimiento acordado, la CNTV expidió la Resolución 2012-380-
000401-4 del 23 de marzo de 2012, mediante la cual se fijó el valor de la prórroga56,
y a pesar de haber expresado su aceptación, el concesionario interpuso recurso de
reposición solicitando su revocatoria57. Esta solicitud fue negada por la ANTV en la
Resolución 022 de 201258, en la cual ratificó que el valor de la prórroga respetaba
los criterios de valoración establecidos en el artículo 5º de la Ley 182 de 1995, y
destacó que el concesionario había conocido previamente las respuestas de la
CNTV a sus observaciones y aceptó el valor de la prórroga antes de la expedición
de la resolución impugnada. Descartó que existiera un desequilibrio contractual, en
la medida en que el componente variable:

"…se comporta únicamente en relación con los beneficios que obtenga EL CONCESIONARIO
del mercado y en dicho sentido la prestación se determina como el resultado de su propia

51 Fl. 111, c. 2.
52 Fls. 120 a 132, c.2.
53 Fls. 101 a 104, c. 2.
54
Fls. 112 a 117, c. 2.
55 Fl. 118, c. 2.
56 Fls. 28 a 40, c. 2.
57 Fls. 133 a 142, c.2. La demandante presentó dos argumentos contra la Res. 401-4, el primero señalaba que

el Acuerdo 10 de 2006 establecía un plazo de 6 meses contados a partir de la firma de la prórroga para la
determinación de su valor, y que el término que se tomó la entidad para determinarlo demuestra "que… no ha
asumido un compromiso serio para el establecimiento del valor de la prórroga y por el contrario ha desarrollado
en forma unilateral un procedimiento sujeto a plazos discrecionales encaminados a la satisfacción exclusiva de
sus intereses... el hecho de que con ocasión de la prórroga no se conoció el valor de la misma condicionó al
operador (...), a asumir los gastos e inversiones necesarios para la prestación eficiente del servicio
desconociendo si el valor de la prórroga permitiría recuperar la inversión realizada. Manifiesta que actuó en
desarrollo de la confianza legítima y del antecedente administrativo sentado con ocasión de la fijación de los
valores que por expansión había pagado EL CONESIONARIO en 1999". Finalmente, argumentó que la fijación
de la tarifa de la concesión variable se aparta de la realidad del mercado de televisión por suscripción generando
una situación de excesiva onerosidad para el cumplimiento de las prestaciones a cargo del operador.
58 Fls. 43 a 53, c. 2.

21

Radicación: 250002336000201200580-02 (67155)
Demandante: Global Telecomunicaciones S. A. en liquidación
Demandado: Mintic (sucesor procesal de la ANTV)
Asunto: Controversias contractuales

gestión, es decir no puede concluirse un rompimiento del equilibrio cuando precisamente el
componente variable equilibra la renta del CONCESIONARIO al pago de la concesión
dependiendo únicamente su gestión".

69.
La descripción del procedimiento pactado por las partes en el otrosí 7 y 8 al
contrato de concesión y el recuento sobre la forma como se cumplió dicho
procedimiento permite arribar a varias conclusiones.

70.
La primera, es que la Resolución 2012-380-00123-4 del 1º de febrero de 2012
fue un acto de trámite. Este acto correspondió a una actuación preliminar,
enmarcada en el procedimiento pactado en el otrosí 7, con el fin de preparar una
decisión definitiva sobre el valor de la prórroga59; fase en la cual se acordó que el
concesionario podía presentar observaciones. La citada resolución no creó,
modificó o extinguió una situación jurídica concreta para el concesionario. Un
requisito de la sentencia que define el examen de legalidad de un acto administrativo
es que sea definitivo, o que de ser de trámite ponga fin a la actuación administrativa
o modifique la situación jurídica del destinatario. Dado que la Resolución 2012-380-
00123-4 del 1º de febrero de 2012 no cumple estos requisitos, la Sala se abstendrá
de pronunciarse sobre la presunción de legalidad de este acto60.

71.
La segunda conclusión es que la Resolución 2012-380-000401-4 del 23 de marzo
de 2012 y la Resolución 022 de 2012, que la confirmó, constituyen actos
administrativos contractuales. Esta conclusión se apoya en cuatro razones:

(i) De acuerdo con el artículo 77 de la Ley 80 de 1993, estas resoluciones se
expidieron “con motivo u ocasión de la actividad contractual”61. Si el contrato de
concesión 204 de 1999 no estuviera en ejecución, no habría existido “motivo u
ocasión” para que la CNTV emitiera este acto de carácter particular y concreto, que
impuso obligaciones dinerarias al concesionario.

(ii) El objeto de estas resoluciones consistió en fijar el valor que el concesionario
debía pagar por la prórroga de dicho negocio jurídico. En otras palabras, el objeto
del acto administrativo era definir uno de los elementos del contrato durante la
prórroga: el precio a pagar como contraprestación por el otorgamiento de un plazo
adicional para explotar el servicio concesionado.

(iii) El objeto de la obligación impuesta al concesionario era el pago de un precio por
la prórroga de la concesión, no una tasa u otro tipo de tributo. Como lo han sostenido
la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, la tasa tiene como fuente el poder
de imperio del Estado y su creación se somete al principio de legalidad (origen ex
lege). En cambio, como ocurre en este caso, el precio se origina en una relación
contractual (origen ex contractu), cuyas partes son la entidad estatal que ofrece un
bien o servicio y el particular que asume la obligación de pagar ese precio por

59 “Los actos de trámite, que comprenden los preparatorios, de ejecución y, en general, todos los actos de

impulso procesal, son los que no crean, modifican o extinguen una situación jurídica concreta, sino que están
encaminados a contribuir con su realización”. Corte Constitucional. Sentencia SU-077 de 2018. M.P Gloria Stella
Ortiz Delgado. Consideración jurídica No. 13.
60 Sobre la adopción de decisiones inhibitorias en esta clase de situaciones, véase: Consejo de Estado, Sección

Tercera, Subsección A. Sentencia del 9 de abril de 2021. Exp. 44.248. Consideraciones jurídicas 28 a 32.
61 Sobre la noción del acto administrativo contractual, véase: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección

A. Sentencia del 17 de junio de 2024. Exp. 65.472.

22

Radicación: 250002336000201200580-02 (67155)
Demandante: Global Telecomunicaciones S. A. en liquidación
Demandado: Mintic (sucesor procesal de la ANTV)
Asunto: Controversias contractuales

acceder a la explotación y aprovechamiento del mismo62, y para ello, lo acordado
correspondió al procedimiento que debía adelantarse para llegar a tal definición.

(iv) Finalmente, se precisa que la prerrogativa de fijar los valores remuneratorios de
la concesión (explotación de un bien del Estado y derecho a prestar un servicio), no
tiene un origen convencional sino legal, al margen de que la entidad concedente y
el concesionario acuerden una metodología en la que con la participación del
concesionario se llegue a la fijación de un valor, caso en el cual, esta determinación
proviene de una competencia legal que le imprime al acto la connotación de
administrativo apto para obligar al concesionario y proyectarse como elemento
propio del débito obligacional del contrato.

72.
La tercera conclusión, asociada a lo que se acaba de indicar, es que los actos
mediante los cuales la CNTV fijó el valor de la prórroga pertenecen a la clase de los
actos administrativos consensuales. Esta conclusión, que se ampliará a
continuación, incide en la falta de vocación de prosperidad de las pretensiones del
actor.

73.
Como consecuencia de la creciente participación de los ciudadanos en el
procedimiento administrativo, la jurisprudencia63 y la doctrina64 han reconocido la
conceptualización de una nueva categoría de actos administrativos: los actos
consensuales, o más precisamente, los actos derivados de procedimientos
consensuales. En el proceso de formación de estos actos media un acuerdo previo
entre la administración y sus destinatarios, aunque al momento de su expedición
solo aparece la manifestación unilateral de voluntad de la administración que recoge
dicho acuerdo.

74.
Con otras palabras, esta clase de actos tiene un contenido diverso y no
exclusivamente unilateral, puesto que en su proceso de formación converge la
participación activa del particular. Así, más allá de que la conclusión a la que se
llegue se inscriba en la categoría de acto administrativo y mantenga sus atributos,
lo cierto es que las manifestaciones que allí se incorporan conservan el
reconocimiento de su origen, que no se pierde sólo por quedar plasmadas en uno
de tales actos, sino que se explica en que la decisión adoptada no tiene fuente en
el ejercicio puro de una prerrogativa de poder, sino que es fruto de una construcción
volitiva de las partes dentro de un procedimiento administrativo, en este caso,
contractual65.

62 Al respecto, véase: Corte Constitucional. Sentencia C-927 de 2006. Consideración jurídica 11. En el mismo

sentido: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 31 de mayo de 2016. Exp. 47.030.
Consideración jurídica 5.
63 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia del 7 de abril de 2014. Rad. 2013-00055-00. Consideración

jurídica 6.4. Igualmente: Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia 23 de marzo de 2017. Rad. 2016-
00019-00(0034-16). Consideración jurídica 3.3.
64 Al respecto, véase: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 21 de abril de 2020.

Rad. 2444. Consideración jurídica 3.2.1.1. En la doctrina puede consultarse: Luciano Parejo Alfonso. Los actos
administrativos consensuales en el derecho español. A&C Revista de Derecho Administrativo y Constitucional,
Belo Horizonte, n.13, p.1-244, jul./set. 2003.
65 Esta Corporación reconoció, de tiempo atrás, la existencia de este tipo de actos administrativos en atención

a la función jurídica y económica que tienen en el marco los asuntos contractuales. Ver sentencia del 4 de julio
de 2002, Rad. 1999-9333-01(19333). M.P. Germán Rodríguez Villamizar.

23

Radicación: 250002336000201200580-02 (67155)
Demandante: Global Telecomunicaciones S. A. en liquidación
Demandado: Mintic (sucesor procesal de la ANTV)
Asunto: Controversias contractuales

75.
En este contexto, el procedimiento y los sujetos del acto adquieren especial
relevancia, ya que es fundamental que en el procedimiento administrativo se surta
la etapa de concertación como fase ineludible para la expedición del acto. De esta
manera, a diferencia de los actos administrativos tradicionales en los que, si bien la
participación de los administrados tiene incidencia en la formación de la voluntad
final de la administración, pero deja a ésta la adopción del acto bajo criterios, objeto
y fines reglados y discrecionales, en aquellos la voluntad de los sujetos activo y
pasivo de la relación convencional se funde y expresa en una decisión final que
adopta únicamente quien tiene la competencia.

76.
La resolución mediante la cual la CNTV fijó el valor de la prórroga es un acto
administrativo expedido en virtud de sus competencias legales66, pero derivado de
un procedimiento consensual establecido en los otrosíes 7 y 8 al contrato de
concesión. Si el concesionario no hubiera expresado su consentimiento en ese
procedimiento, la CNTV no habría expedido el acto que fijó el valor de la prórroga
de la concesión, pues el contrato estaba llamado a resolverse, tal como fue
convenido al definir los efectos de cada una de las hipótesis que, respecto de tal
manifestación de voluntad, se podían presentar.

77.
Si bien esta Corporación ha sostenido que cuando se expide un acto
administrativo derivado de un procedimiento consensual sin obtener el
consentimiento del destinatario durante su formación, se configura un vicio
invalidante de la decisión67, no se han estudiado las consecuencias jurídicas de que
el destinatario del acto administrativo particular y concreto, habiendo expresado su
aquiescencia durante el proceso de formación, impugna su legalidad basándose en
razones que ya habían sido discutidas con la Administración antes de su expedición.

78.
El caso bajo análisis plantea este problema jurídico. En el desarrollo del
procedimiento establecido en los otrosíes 7 y 8 del contrato de concesión, y tras
presentar observaciones a los supuestos utilizados por la CNTV para fijar el valor
de la prórroga, el concesionario manifestó su aceptación. Sólo después de haber
obtenido su consentimiento, la CNTV expidió el acto administrativo que fijó dicho
valor. Aun así, el concesionario impugnó la legalidad de la decisión, aduciendo
razones que ya había expresado en el marco del procedimiento contractual –varias
de las cuales ahora presenta en sede judicial–, comportamiento que para la Sala
debe tener consecuencias jurídicas, como ya lo ha señalado en casos semejantes68.

79.
El análisis de la sujeción a la ley de un acto administrativo de carácter particular
y concreto tiene un carácter objetivo. El acto debe expedirse observando todas las
normas –formales y sustanciales– que disciplinan su creación y que predeterminan
su contenido. Sin embargo, en algunos casos, para establecer si es procedente
adelantar un análisis de legalidad como el propuesto, deben considerarse factores
subjetivos, como la cualificación del sujeto que pide la nulidad de la decisión

66 Ley 182 de 1995, artículo 5, literal g, y artículo 37 del Acuerdo 10 de 2006.
67 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia del 7 de abril de 2014. Rad. 2013-00055-00. En este caso,

se anuló el Decreto 2867 de 2012, reglamentario del artículo 46 de la Ley 1438 de 2011, porque la destinación
de ¼ punto porcentual de la contribución parafiscal establecida en los artículos 11 y 12 de la Ley 21 de 1982
debía resultar del acuerdo entre el Gobierno Nacional y las Cajas de Compensación Familiar.
68 Sentencia del 11 de octubre de 2024, rad. 25000-23-36-000-2013-00002-01 (66.199) de esta Subsección.

24

Radicación: 250002336000201200580-02 (67155)
Demandante: Global Telecomunicaciones S. A. en liquidación
Demandado: Mintic (sucesor procesal de la ANTV)
Asunto: Controversias contractuales

alegando ser titular de un interés lesionado por ella. Esta es una cuestión que se
aborda desde la perspectiva de lo que la Subsección denomina el interés para obrar,
que determina, entre otros, la legitimación material en la causa69.

80.
En el medio de control de nulidad de carácter subjetivo, esto es, el denominado
de nulidad y restablecimiento del derecho, es necesario determinar si quien obra
como demandante es titular de un interés jurídicamente protegido que resultó
lesionado o pueda ser lesionado por la decisión. Esta determinación incide en el
análisis sobre la legalidad de la decisión administrativa y en el eventual
restablecimiento de los derechos del destinatario o en la reparación de los perjuicios
que este haya sufrido. La anterior afirmación es un corolario del artículo 138 del
CPACA, que pone el acento sobre el aspecto subjetivo del medio de control al decir
que “toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una
norma jurídica” puede “pedir que se declare la nulidad del acto administrativo
particular”. Además, es una conclusión congruente con la jurisprudencia
constitucional, según la cual la acción de nulidad y restablecimiento “propende por
la garantía de los derechos subjetivos de los particulares”70.

81.
En este caso, la Sala constata que el concesionario, como destinatario del acto
administrativo consensual, no actuó de buena fe. Una premisa jurídica fundamental
es que una persona no puede pretender el reconocimiento de un bien jurídico a
partir de su conducta reprochable71. Este principio forma parte del ordenamiento
jurídico y es compatible con los postulados de la Constitución Política 72, ya que
busca impedir el acceso a beneficios que se consideran indebidos o inmerecidos
jurídicamente73, los que, entre otros, no pueden provenir del desconocimiento de los
actos propios, pues quien se comporta de una manera y luego modifica su conducta
para apartarse de aquello que fue expresado con efectos en el mundo jurídico para
sacar ventaja de ello, claramente no honra este principio.

82.
A no dudar, la conducta del concesionario es jurídicamente reprochable, porque
pretende la nulidad del acto del que derivó un derecho contractual pero reclamando
sus beneficios. Aceptar el valor de la prórroga fijado por la CNTV en el marco del
procedimiento contractual y hacerse a la firmeza de la prórroga con los beneficios
que de ello se deriva, enervando la condición resolutoria por falta de acuerdo sobre
el valor a remunerar por la concesión, y luego impugnar la legalidad del acto
administrativo –que se fundó en su consentimiento– basándose en argumentos
discutidos previamente con la entidad, constituye una afrenta al deber de obrar
conforme lo imponen los cánones de la buena fe74. Este principio impone el deber
de actuar de manera coherente, lo que implica que una persona no puede
contradecir injustificadamente sus conductas anteriores, especialmente cuando

69 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 3 de marzo de 2022. Exp. 62.599.
Consideración jurídica 5.1.
70 Corte Constitucional, Sentencia C- 426 del 29 de mayo de 2002.
71 Ley 153 de 1887, artículo 8º.
72 Según el artículo 95 de la Constitución, es un deber de las personas “Respetar los derechos ajenos y no

abusar de los propios”.
73 Corte Constitucional. Sentencia C-207 de 2019. Consideración jurídica 4.1.
74 Además de su reconocimiento en la Constitución Política y en el derecho común, este principio se enuncia en

los artículos 5, numeral 2º, y 28 de la Ley 80 de 1993.

25

Radicación: 250002336000201200580-02 (67155)
Demandante: Global Telecomunicaciones S. A. en liquidación
Demandado: Mintic (sucesor procesal de la ANTV)
Asunto: Controversias contractuales

éstas han generado a su favor unos derechos, y en la contraparte la confianza
razonable de que dicho comportamiento se mantendrá75 .

83.
Y qué decir de la inexistencia de interés para recurrir el acto administrativo que
determinó el valor de la prórroga, pues no podrá pasarse por alto, como atrás quedo
indicado, que éste tuvo lugar ante la manifestación de aceptación realizada por el
concesionario de estar conforme con tal valor, lo que hace notoria la carencia de
interés para impugnar, justamente, en tanto en tal acto confluyó el proceso de
formación de las voluntades bajo los parámetros normativos y convencionales
acordados.

84.
La Sala constata que el concesionario manifestó su consentimiento después de
que la CNTV respondió a sus observaciones sobre el valor de la prórroga. Por lo
tanto, esta conducta estaba llamada a propiciar los efectos queridos, esto es, tener
por prorrogado de manera definitiva el contrato, sobre la confianza legítima para
ambas partes acerca de la conformidad con ese valor y con los supuestos utilizados
para su determinación.

85.
El concesionario, con su actual pedimiento, desconoce sus propios actos para
sacar provecho de ello. Ignora que aceptó expresamente el valor de la prórroga, y
que incluso aclaró que asentía en tal valor cuando la entidad le requirió pronunciarse
sobre la existencia o no de condicionamientos y, apalancándose en una pretensión
anulatoria, busca reducir el monto de la contraprestación obviando que éste fue el
núcleo que determinaba la continuidad o no del acuerdo de voluntades en orden a
la prórroga acordada. De manera que resulta carente de sustento la invocación de
un vicio invalidante cuandoquiera que los medios de prueba dan cuenta del
conocimiento y asentimiento del concesionario respecto de todos los elementos de
la prórroga convenida, por lo que la Sala descarta como una posición digna de
protección la asumida por el actor, quien busca sustraerse de sus actos para
obtener el reintegro de las sumas pagadas en exceso, pero conservando los
beneficios empresariales derivados de haber explotado un servicio de titularidad
estatal por diez años más.

86.
El concesionario justificó esta contradicción argumentando que la decisión de
aceptar el valor de la prórroga fue una medida para mitigar sus daños. Según su
planteamiento, si no hubiera aceptado el valor de la prórroga se habría cumplido la
condición resolutoria pactada en la cláusula segunda del otrosí 7 y no habría podido
amortizar sus inversiones con los ingresos obtenidos durante la prórroga. Sin
embargo, este planteamiento no es atendible, ya que parte de un supuesto
equivocado: que tenía un derecho a la prórroga.

87.
El artículo 22 del Acuerdo 14 de 1997, vigente al momento de dar apertura a la
licitación pública que desembocó en la adjudicación del contrato de concesión sub
examine, establecía que “se podrán prorrogar los contratos de concesión del
servicio de televisión por suscripción que se celebren a partir de la vigencia del

75 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 5 de agosto de 2014. SC10326-2014.

Consideración jurídica 5.

26

Radicación: 250002336000201200580-02 (67155)
Demandante: Global Telecomunicaciones S. A. en liquidación
Demandado: Mintic (sucesor procesal de la ANTV)
Asunto: Controversias contractuales

presente Acuerdo”. De igual manera, el numeral 1.6.2 del pliego de condiciones
indicaba: “La concesión para operación zonal podrá ser prorrogada por otro período
de diez (10) años, siempre y cuando EL CONCESIONARIO lo solicite y haya
cumplido a cabalidad las obligaciones emanadas del contrato (…)”76. Así que la
prórroga de la concesión dependía de un acuerdo de voluntades entre la entidad y
el concesionario. No había un derecho a la prórroga ni ésta operaba
automáticamente77.

88.
Si el concesionario no tenía un derecho cierto a la prórroga y si ésta no operaba
automáticamente, entonces no puede afirmarse que la aceptación del valor fijado
por dicha prórroga fuera una medida de mitigación de daños, pues para que tenga
lugar esta figura tiene que haber un derecho subjetivo que esté siendo afectado. Al
presentar la propuesta y suscribir el contrato de concesión 204 de 1999 y su
prórroga, el concesionario debía prever que los ingresos que obtendría en el plazo
de ejecución le permitieran amortizar los costos e inversiones necesarias para
explotar el servicio de televisión, sin dejar de considerar los riesgos que bajo esta
tipología contractual asume el concesionario, y el conocimiento de que la regulación
en la materia atribuía a la CNTV la competencia de fijar el valor de las prórrogas.

89.
En estos términos, el actor no actuó de acuerdo principio de buena fe, axioma
que entre sus diversos matices reprocha que una persona pueda sacar provecho
de su propia culpa (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). Esta conclusión
es apta no solo para negar declaraciones de indemnización, reparación o restitución
por incumplimiento, desequilibrio, o por la vulneración de la bilateralidad que echa
de menos el demandante, sino que también se impone para proyectar sus
consecuencias frente al control de la legalidad de los actos administrativos emitidos
por la CNTV que, como quedó visto, se acompasaron al ordenamiento jurídico,
incluido su marco regulatorio, y al procedimiento convencional indicado en los
otrosíes 7 y 8 del contrato de concesión.

90.
Habrá que preguntarse cuál es el fundamento de la declaración que se apresta a
tomar la Sala para negar las pretensiones de nulidad y restablecimiento que pide el
actor. Entre las variadas opciones estarían las siguientes, que conducen al mismo
resultado: impedir el reconocimiento de un derecho o una situación jurídica a partir
de su conducta reprochable.

(i) El rechazo de las pretensiones. Esta solución se ha perfilado en la
jurisprudencia constitucional colombiana. En la sentencia T-282 de 2012, la Corte
Constitucional planteó que “a través del nemo auditur propriam turpitudinem
allegans, el juez puede retener desde la torpeza hasta la culpa grave o intencional
e inexcusable de la persona penalizada por el principio, para oponerle la
denegatoria absoluta de sus pretensiones, produciendo así la exoneración total de

76 Fl. 550, c. 3.
77 Según lo establecido en la sentencia C-949 de 2001, “la prórroga automática de los contratos de concesión

de actividades y servicios de telecomunicaciones constituye una limitación irrazonable del derecho a la libre
competencia, porque obstaculiza la participación de otros oferentes que estén capacitados técnica y
financieramente en la prestación de los servicios y actividades de telecomunicaciones”.

27

Radicación: 250002336000201200580-02 (67155)
Demandante: Global Telecomunicaciones S. A. en liquidación
Demandado: Mintic (sucesor procesal de la ANTV)
Asunto: Controversias contractuales

la administración, del particular o de la contraparte en el contrato, aún en el caso de
que hubieren incurrido en fallas, incumplimiento o no cumplimiento”78.

(ii) La improcedencia del restablecimiento del derecho o la reparación de los
perjuicios, incluso si se configura un vicio invalidante de la decisión administrativa.
Esta solución se basa en la anfibología presente en la jurisprudencia que, como en
la teoría de los fines y los móviles, opta por analizar el interés subjetivo como
elemento de apertura, mientras que en otras situaciones deja este tema para la
definición de la pretensión de restablecimiento del derecho luego de estudiar la de
nulidad, tal y como lo hace un sector mayoritario de la jurisprudencia en materia de
contratos a propósito del análisis de legalidad de los actos separables.

El derecho positivo nacional no regula de forma expresa el supuesto en que el
destinatario de un acto administrativo consensual discute con la Administración los
elementos del acto antes de su proferimiento y consiente su expedición, para luego
pedir su nulidad y el restablecimiento de un derecho subjetivo. Este supuesto fáctico
es sustancialmente análogo al que regula el artículo 1525 del Código Civil, que
establece: “No podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa
ilícita a sabiendas”. Esta Corporación ha sostenido que bajo esta disposición –
aplicable a los contratos del Estado– quien pide la nulidad de un negocio jurídico
por objeto o causa ilícito, a sabiendas de tal ilicitud, no tiene derecho a pedir las
restituciones mutuas que normalmente procederían79. Aplicando esta ratio al caso,
se concluye que quien acepta la expedición de un acto administrativo consensual,
a sabiendas de su ilicitud, puede discutir su validez, pero no puede repetir lo pagado
por su emisión ni solicitar el restablecimiento de un derecho subjetivo.

91.
Ubicados en esta última solución –la improcedencia del restablecimiento del
derecho, incluso si se configurara un vicio invalidante, que no es el caso–, se abriría
paso el estudio de la legalidad del acto para luego negar el restablecimiento y la
reparación de perjuicios. Sin embargo, como se pasa a explicar, en este asunto
tampoco se demostró que las resoluciones de la CNTV violaran directamente la ley.

La insuficiencia y los yerros aducidos contra el informe No. 4 presentado por
CGI, como causal de nulidad

92.
La parte actora justificó la nulidad de los actos administrativos demandados en
que el estudio e informe elaborados por CGI incurrieron en diversos errores que
llevaron a concluir que era viable y económicamente rentable fijar un componente
variable dentro del valor de la prórroga. Estos yerros se resumen en que hubo una
sobreestimación de los ingresos del concesionario (por indebido conteo y
proyección de usuarios activos y futuros, así como del número de hogares para
adquirir el servicio) e indebido cálculo de los riesgos y demás costos propios de la
prestación de este servicio- por ejemplo, costos mensuales de mantenimiento y
operación muy inferiores y mal cálculo de los costos de programación por el canal
propio-.

78 Corte Constitucional. Sentencia T-282 de 2012. Consideración jurídica 6.3.1.
79 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 13 de junio de 2013. Exp. 26.637.
Consideración jurídica 3.1.

28

Radicación: 250002336000201200580-02 (67155)
Demandante: Global Telecomunicaciones S. A. en liquidación
Demandado: Mintic (sucesor procesal de la ANTV)
Asunto: Controversias contractuales

93.
Para efectuar el control de legalidad de las resoluciones de la CNTV se deben
considerar, además de la Ley, los reglamentos dictados por la misma entidad. Esto
se debe a que hasta la expedición al Acto Legislativo 02 de 2011, por una atribución
directa del artículo 77 de la Constitución Política, la CNTV era titular la función de
regulación del mercado de televisión. En virtud de esta competencia, la CNTV
expidió varios reglamentos con disposiciones de carácter general y abstracto sobre
la prestación del servicio de televisión por suscripción80.

94.
Con este panorama, la Sala encuentra que la resolución que fijó el valor de la
prórroga debía fundarse en dos normas vigentes al momento de su expedición: la
Ley 182 de 1995 y el Acuerdo 10 de 2006 de la CNTV. De la Ley 182 de 1995 se
destaca el artículo 5º, literal g) que, como atrás quedó visto, atribuyó la competencia
de fijar derechos, tasas y tarifas por el otorgamiento y explotación de las
concesiones para la operación del servicio. Para claridad del análisis, se hace
transcripción de la norma:

“Artículo 5º. Funciones. En desarrollo de su objeto, corresponde a la Comisión Nacional de
Televisión: (…) Fijar los derechos, tasas y tarifas que deba percibir por concepto del
otorgamiento y explotación de las concesiones para la operación del servicio de televisión, y
las que correspondan a los contratos de concesión de espacios de televisión, así como por la
adjudicación, asignación y uso de las frecuencias.

Al establecerse una tasa o contribución por la adjudicación de la concesión, el valor de la
misma será diferido en un plazo de dos (2) años. Una vez otorgada la concesión la Comisión
Nacional de Televisión reglamentará el otorgamiento de las garantías.

Los derechos, tasas y tarifas deberán ser fijados por la Comisión Nacional de
Televisión, teniendo en cuenta la cobertura geográfica, la población total y el ingreso
per cápita en el área de cubrimiento, con base en las estadísticas que publique el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, así como también la
recuperación de los costos del servicio público de televisión; la participación en los
beneficios que la misma proporcione a los concesionarios, según la cobertura
geográfica y la audiencia potencial del servicio; así como los que resulten necesarios
para el fortalecimiento de los operadores públicos, con el fin de cumplir las funciones
tendientes a garantizar el pluralismo informativo, la competencia, la inexistencia de
prácticas monopolísticas en el uso del espectro electromagnético utilizado para los
servicios de televisión y la prestación eficiente de dicho servicio.

Lo dispuesto en este literal también deberá tenerse en cuenta para la fijación de cualquier otra
tasa, canon o derecho que corresponda a la Comisión. Las tasas, cánones o derechos aquí
enunciados serán iguales para los operadores que cubran las mismas zonas, áreas, o
condiciones equivalentes” (énfasis agregado).

95.
Del Acuerdo 10 de 2006 se destaca el artículo 37, que establecía lo siguiente:

“Artículo 37. Valor y pago de la prórroga (modificado por el artículo 3º del Acuerdo 5 de 2011).
La Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión dará inicio a los procesos de
selección contractual que tengan por objeto realizar los estudios y valorar las prórrogas de los
contratos de concesión de televisión por suscripción con antelación de dos (2) años al
vencimiento del plazo de los mismos o de sus prórrogas. Los concesionarios deberán pagar a
la Comisión Nacional de Televisión el valor por concepto de la prórroga del contrato de
concesión en los términos que establezca la Comisión. PARÁGRAFO. El cálculo del valor

80 Sobre la naturaleza jurídica de los actos de carácter general emitidos por la CNTV, véase: Consejo de Estado,

Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 20 de octubre de 2014. Exp 35.853. Consideración jurídica 4.3.

29

Radicación: 250002336000201200580-02 (67155)
Demandante: Global Telecomunicaciones S. A. en liquidación
Demandado: Mintic (sucesor procesal de la ANTV)
Asunto: Controversias contractuales

de la prórroga atenderá los criterios establecidos en el literal g) del artículo 5o. de la
Ley 182 de 1995” (énfasis agregado)81.

96.
Los criterios establecidos en la Ley 182 de 1995 buscaban conciliar los intereses
de las dos partes involucradas en el negocio concesional. Por un lado, el interés del
concesionario en obtener una utilidad razonable por la puesta en marcha y
explotación del servicio; de otro lado, el interés de la entidad en garantizar la
prestación eficiente del servicio y obtener ingresos por conceder el acceso a un bien
público. De ahí que el artículo 5º de la Ley 182 ordenara tener en cuenta “la
recuperación de los costos del servicio público de televisión” y “la participación en
los beneficios que la misma proporcione a los concesionarios”, pero también “el
fortalecimiento de los operadores públicos” y la “prestación eficiente de dicho
servicio”. Para determinar el valor de la prórroga, era necesario que la CNTV
realizara estimaciones sobre los ingresos futuros que el concesionario podría
obtener durante el período de la prórroga, así como sobre las inversiones, costos y
gastos que se amortizarían con esos ingresos, en el contexto y estadio de desarrollo
tecnológico, económico y de penetración de los servicios, junto con los análisis de
mercado respectivos.

97.
Las consideraciones anteriores permiten trazar una distinción fundamental para
examinar la legalidad de los actos administrativos emitidos por la CNTV. Una cosa
es que la CNTV no aplicara los criterios definidos en la Ley 182 de 1995 para fijar
el valor de la prórroga. Otra cosa es que las estimaciones (ex ante) sobre los
ingresos y costos que se emplearon para aplicar tales criterios no coincidieran con
la realidad que se presentó durante la prórroga de la concesión (ex post). Estas
diferencias no afectan la validez de las resoluciones emitidas por la CNTV por tres
razones:

(i) El mandato de la Ley 182 de 1995 y del Acuerdo 10 de 2006 para determinar el
valor de la prórroga ordenaba la aplicación de criterios técnicos y financieros para
alcanzar una estimación fundamentada y razonable.

(ii) Los ingresos que se generaran con posterioridad a la expedición del acto que
fijó el valor de la prórroga no constituyen un hecho relevante para juzgar la legalidad
de la decisión administrativa. Como ha señalado la Corporación, el juez debe
evaluar el acto administrativo impugnado en el momento de su expedición y frente
al ordenamiento superior, sin considerar las circunstancias posteriores a su
emisión82.

(iii) El planteamiento del apelante sobre el comportamiento esperado del mercado
de televisión desconoce el esquema de asignación de riesgos inherente al contrato

81 Los acuerdos expedidos por la CNTV y la ANTV, que tenían alcance nacional, están publicados en la página

web del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que asumió su posición contractual
y es el sucesor procesal
https://normograma.mintic.gov.co/mintic/compilacion/docs/acuerdo_cntv_0010_2006.htm.
82 “No es del resorte del juez contencioso administrativo declarar ‘la derogatoria por ilegalidad sobreviniente’,

porque sólo tiene a su cargo el estudio de legalidad del acto administrativo acusado al momento de su
expedición y frente al ordenamiento superior, y no el análisis de las vicisitudes posteriores a la expedición que
dan al traste con la eficacia hacia el futuro, sino con la validez que de encontrarla desvirtuada tiene efectos
hacia el pasado (ab initio)”. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 27 de octubre de 2005. Rad.
25.485.

30

Radicación: 250002336000201200580-02 (67155)
Demandante: Global Telecomunicaciones S. A. en liquidación
Demandado: Mintic (sucesor procesal de la ANTV)
Asunto: Controversias contractuales

de concesión. Los contratos de concesión, incluidos los de televisión por
suscripción, se ejecutan por cuenta y riesgo del concesionario. El derecho a explotar
un servicio de titularidad estatal implica la transferencia al concesionario de un
riesgo económico, operativo, técnico y comercial, lo que supone la posibilidad, entre
otras, de que en condiciones normales de funcionamiento no recupere las
inversiones realizadas ni cubra los costos asumidos para su explotación83.

La cláusula sexta del otrosí 7 al contrato de concesión refleja este entendimiento,
ya que en ella se estableció que el riesgo comercial sería asumido por el
concesionario84. En consecuencia, el concesionario debía soportar los efectos, ya
fueran positivos o negativos, de que las estimaciones de la CNTV –conocidas y
discutidas por el concesionario antes de la expedición de las resoluciones
demandadas– no coincidieran exactamente con la realidad.

98.
Como se indicó anteriormente, la legalidad de las decisiones de la CNTV
quedaba comprometida si se probaba que, en la determinación del valor de la
prórroga, no se aplicaron los criterios definidos en la Ley 182 de 1995. El
demandante no probó este hecho. Por el contrario, las pruebas que obran en el
expediente acreditan que la CNTV sí aplicó los criterios previstos en la Ley 182 de
1995 para fijar el valor de la prórroga.

99.
En el expediente reposa el informe 4 de CGI85, documento que fue conocido
pero no comentado por el concesionario antes de que la CNTV emitiera la
Resolución 2012-380-00123-4 del 1º de febrero de 2012, mediante la cual se
comunicó preliminarmente el valor de la prórroga.

100.
En efecto, en el referido acto se enlistan los interesados que presentaron
observaciones y comentarios al informe del consultor sobre la presentación
preliminar de valoración efectuada por dicho consultor adoptada, sin que figuren
inquietudes del ahora demandante. Señaló el citado acto:

“Que el 15 de diciembre de 2011, la COMISIÓN publicó en su página web para observaciones
del sector, la presentación preliminar de la valoración y del modelo de compensación del
servicio de televisión por suscripción, informe de la consultoría contratada para determinar los
mercados relevantes sujetos a regulación ex ante en el sector de televisión y el valor de las
nuevas concesiones y prórrogas de la televisión por suscripción elaborado por CGI S.A.S.

Que el término para comentarios del sector se había propuesto inicialmente entre el día 15 de
diciembre de 2011 y el día 6 de enero de 2012, sin embargo, dadas las solicitudes recibidas
al respecto, la Junta Directiva de la Entidad decidió extender el plazo hasta el día 16 de enero
de 2012, con la finalidad de ampliar la participación y garantizar un mayor debate y en
consecuencia se recibieron, entre otras, las siguientes observaciones de los interesados:

83 Sobre este elemento del contrato de concesión, véase: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del

18 de marzo de 2010. Rad. 14.390. Consideración jurídica 2.5.3.2.
84 “CLÁUSULA SEXTA. DETERMINACIÓN DE LA ASUNCIÓN DE LOS RIESGOS EN LA PRÓRROGA Y EN

LA EXPANSIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN: En atención al principio básico de asignación de riesgos,
que consiste en que éstos deben ser asumidos por la parte que esté en mejor disposición de evaluarlos,
controlarlos o administrarlos; las partes acuerdan que el riesgo de operación, comercial (demanda y cartera),
financiación (consecución de financiación y condiciones financieras), regulatorio (distinto de la regulación de la
CNTV, tales como nuevas disposiciones legales e interpretación por la autoridad competente) y de obtención
de licencias y/o permisos o el otorgamiento de nuevas concesiones, entre otros, serán asumidos por EL
CONCESIONARIO” Fls. 71 y 72, c. 2.
85 Fls. 162 a 189, c. principal.

31

Radicación: 250002336000201200580-02 (67155)
Demandante: Global Telecomunicaciones S. A. en liquidación
Demandado: Mintic (sucesor procesal de la ANTV)
Asunto: Controversias contractuales

Interesado No. de Radicado
TVPC 20113700206252
Telmex Colombia S.A. 20113700207362
UNE EPM Telecomunicaciones S.A. 20113700209392
HV Televisión Limitada 20113700211442
Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC 20123700000082
Telmex Colombia S.A. 20123700000802
DirecTV Colombia Ltda. 20123700007812
Telmex Colombia S.A. 20123700007362
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 20123700007412
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A., E.S.P. 20123700008542
UNE EMP Telecomunicaciones S.A. 20123700008452
Telmex Colombia S.A. 20123700008482
Telmex Colombia S.A. 20123700009012
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 20123700007412

Que mediante memorando N° 20122500009173 del 31 de enero de 2012, los supervisores y
el equipo técnico de apoyo del contrato N° 0326 de 2011 recomendaron a la Junta Directiva
acoger la recomendación del consultor CGI S.A.S. (…)”86.

101.
Con todo, al revisar el contenido de los documentos que la CNTV acogió para
fijar el valor de la prórroga87, se observa que CGI utilizó la metodología de flujo de
caja descontado. Esta metodología permitió a CGI determinar la suma que debería
pagarse a la CNTV por la prórroga de la concesión, asegurando una rentabilidad
razonable para el concesionario 88 . Para la proyección del flujo de caja, CGI
estableció un horizonte de diez años. Además, teniendo en cuenta los riesgos del
negocio y la estructura de capital de estos proyectos, determinó la tasa de
descuento de los flujos. Los supuestos utilizados por CGI incluyeron variables como
la inflación, la tasa de cambio, los ingresos operacionales, la inversión en activos
fijos, los costos y gastos operacionales, los costos y gastos administrativos, y el
capital de trabajo89.

102.
El contenido del informe evidencia que, al determinar el valor de la prórroga, la
CNTV, apoyada en los estudios elaborados por CGI, aplicó el criterio relativo a la
cobertura geográfica, la población total y el ingreso per cápita en el área de
cubrimiento, con base en las estadísticas que publique el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística. En efecto, para proyectar los ingresos
operacionales, CGI realizó un estudio de benchmark comparando las tarifas de

86 Fls. 50 y 51, c. 2.
87 En la motivación de la Resolución 2012-380-000401-4 del 23 de marzo de 2012 se indicó al respecto: “Que

mediante memorando 201225000009173 del 31 de enero de 2012, los supervisores y el equipo técnico de
apoyo del contrato 036 de 2011 recomendaron a la Junta Directiva acoger la recomendación del consultor CGI
S.A.S. Que en sesión de Junta Directiva N° 1789 del 31 de enero de 2012, CGI S.A.S. presentó a la Junta
Directiva los resultados de la valoración y recomendó a la COMISIÓN determinar que el valor de la prórroga de
concesión del servicio de televisión por suscripción cableada se componga un por componente fijo y uno variable
de conformidad con el "Anexo Metodológico" que hace parte de la presente resolución. Que en la citada sesión,
la Junta Directiva acogió las recomendaciones presentadas por CGI S.A.S.., y aprobó el valor y la forma de
pago de la prórroga de la concesión en los términos establecidos en la parte resolutiva de la presente
resolución.”. Fls. 33 y 34, c. 2.
88 Al respecto se indicó: “El modelaje financiero para las distintas valoraciones que se describen en el numeral

2.1., se realiza mediante la metodología de flujos de caja descontados, la cual es la utilizada comúnmente por
el Estado y por el sector privado para calcular el valor de una empresa o proyecto. Esta metodología parte de
la base de que el valor de una empresa o proyectos es función de (i) la capacidad de generar flujos de recursos
en el tiempo y (ii) de la tasa de descuento aplicada a dichos flujos, la cual reconoce la rentabilidad de los
accionistas y el costo de la deuda en caso de tenerla” Fl. 164, c. principal.
89 Fls. 164 a 168, c. principal.

32

Radicación: 250002336000201200580-02 (67155)
Demandante: Global Telecomunicaciones S. A. en liquidación
Demandado: Mintic (sucesor procesal de la ANTV)
Asunto: Controversias contractuales

suscripción pagadas por los usuarios en los principales países de Latinoamérica,
que promediaban COP$40.266 en moneda corriente90.

103.
Así mismo, tal como lo establece el artículo 5º de la Ley 182 de 1995, clasificó
los municipios donde se prestaría el servicio considerando la información reportada
por el Departamento Nacional de Estadística: PIB per cápita municipal, porcentaje
de penetración del servicio de televisión por suscripción, índice de necesidades
básicas insatisfechas y número y promedio de hogares por municipio. Basándose
en esta información, CGI proyectó el crecimiento de número de usuarios y el
promedio de ingresos por usuario (ARPU por sus siglas inglés)91.

104.
El contenido del informe también evidencia que la metodología del flujo de caja
descontado utilizada por CGI incluyó tanto los ingresos operacionales –tarifas
pagadas por los usuarios y venta de pauta publicitaria– como los costos
operacionales. Estos últimos corresponden al personal, arrendamientos, costos de
programación, mantenimiento y reparaciones, compensaciones a la CNTV, seguros
de los activos fijos, servicio de energía eléctrica, conexión de nuevos usuarios,
mantenimiento de vehículos, costos asociados al canal propio, tasa de abandono,
provisiones de cartera, amortizaciones, depreciaciones y gastos administrativos92.

105.
En segundo lugar, CGI descontó estos flujos de caja utilizando una tasa
equivalente al costo promedio ponderado del capital (WACC, por sus siglas en
inglés), que fluctuaba anualmente entre el 9.95% y el 12.51% efectivo anual93. Como
indicó CGI, esta metodología buscaba reconocer la rentabilidad esperada sobre los
recursos invertidos en el proyecto94. En efecto, la metodología del WACC determina
la tasa de descuento de los flujos de caja mediante la ponderación de la tasa de
interés de oportunidad de quienes financian el proyecto: los prestamistas que
proporcionan recursos deuda y los accionistas del concesionario que aportan
equity95.

90 CGI optó por no considerar el ARPU reportado por los concesionarios, argumentando que este valor era

artificialmente bajo. Esta decisión se basó en que los operadores nacionales solían “empaquetar” otros servicios
de telecomunicaciones, como internet, lo que les permitía reducir la tarifa de compensación sobre los ingresos
brutos generados por la operación. Fls. 167 y 168, c. principal.
91 Fls. 165 a 168, c. principal.
92 Fls. 167 a 176, c. principal.
93 Fl. 176, c. principal.
94
Al respecto, CGI indicó en el informe 4 previamente citado: “Las tasas de descuento con las que se deflactan
los flujos de caja se calculan de acuerdo con la metodología del CAPM, la cual se basa a su vez en la del costo
promedio ponderado del capital WACC. Este cálculo de tasas de descuento contempla el costo de oportunidad
tanto de los accionistas como de los acreedores. Para los últimos, la remuneración de su inversión se hace vía
intereses y para los accionistas esta retribución se expresa en su tasa de oportunidad que se mide de acuerdo
al riesgo propio del negocio”. Fls. 164, c. principal.
95 “El costo de capital promedio ponderado después de impuestos (CCPP) para una empresa se determina una

vez que se ha establecido el monto explícito del costo de cada componente (de deuda y propio) de la estructura
de capital (…) ¿Cuál es la relación entre el valor del CCPP y la TREMA (tasa de rendimiento mínima atractiva)?
Por ejemplo, suponga que se estima que la tasa de rendimiento de un proyecto de ingeniería es menor que el
CCPP. Entonces, si el proyecto se implantara, los resultados económicos posteriores disminuirían el valor de la
empresa, puesto que no habría ninguna utilidad sobrante por encima del costo del capital invertido en el
proyecto. Es decir, se estima que el proyecto tendría un impacto negativo en la riqueza de la compañía. Es
obvio que no se desea que ocurra dicha situación. Entonces, el CCPP debe ser el valor mínimo que se use
como TREMA”. Sullivan, William, et al. Ingeniería Económica de Degarmo (12ª Ed.). Bogotá: 2004, Pearson, p.
597-598.

33

Radicación: 250002336000201200580-02 (67155)
Demandante: Global Telecomunicaciones S. A. en liquidación
Demandado: Mintic (sucesor procesal de la ANTV)
Asunto: Controversias contractuales

106.
En conclusión, los documentos que obran en el expediente evidencian que la
CNTV, basándose en los informes de su consultor, aplicó los criterios establecidos
en la Ley 182 de 1995 para determinar el valor de la prórroga. El hecho de que las
estimaciones sobre ingresos, costos e inversiones no coincidieran exactamente con
los análisis del actor o con la propia realidad, antes o después de la expedición de
los actos demandados, no desvirtúa la aplicación de dichos criterios, ni exhibe en
tales actos una irregularidad con la aptitud de viciarlos de ilegalidad.

107.
En contraste con la conclusión anterior, no existe en el expediente prueba de
que la CNTV hubiera incurrido en un error de hecho al aplicar los criterios
establecidos en la Ley 182 de 1995. En efecto, la parte actora no pidió ni aportó
dictamen pericial o alguna otra prueba técnica que permitiera denotar que los
defectos señalados en el recurso de apelación96 tienen algún tipo de fundamento
real. Además, se reitera que la parte demandante pudo haberlos alegado
debidamente ante la CNTV al momento de darse a conocer preliminarmente el
informe 4, no obstante, sin justificación alguna y en detrimento de su propio interés,
omitió hacerlo, no siendo esta una instancia para subsanar tal circunstancia, ni hay
prueba de que tales análisis y valoraciones hubieran configurado una fuente de
desequilibrio económico del contrato.

Fijación del valor de la prórroga de forma extemporánea

108.
Se considera igualmente falto de justificación el argumento según el cual se
desconoció que en el otrosí 8 de 2010, se pactó que la CNTV podía prorrogar por
un término de 8 meses, igual al que se había concedido en el otrosí 7, a fin de
determinar el valor de la prórroga.

109.
Lo anterior, porque revisada la cláusula primera del otrosí 8, mediante la cual
se modificó el literal a, del numeral 2 de la cláusula segunda del otrosí 7, no se limitó
a que la prórroga del plazo para fijar el valor de la prórroga tuviera que ser de 8
meses, pues solamente se acordó: “a. La COMISIÓN determinará y notificará al
CONCESIONARIO los valores de la prórroga de la concesión dentro de los ocho (8)
meses siguientes al 22 de junio de 2010, prorrogables, si así lo estima necesario la
CNTV”. Luego, se advierte que el accionante pretende hacer valer una
interpretación personal de la referida cláusula a fin de obtener una sentencia
favorable a sus intereses.

110.
La estipulación acordada estableció que para tal definición la Comisión contaría
con ocho meses, los cuales se cumplirían el 22 de febrero de 2011, término
prorrogable si así lo estima necesario la Comisión. De esta manera, y conforme a
tal autorización, al advertir que la Resolución 2011-380-000138-4 del 21 de febrero
de 2011 fue expedida un día antes del vencimiento de aquel primer término, y lo
amplió por un año, hasta el 22 de febrero de 2012 -sin que se condicionara al mismo
lapso inicial-, la Sala encuentra infundado el reproche por extemporaneidad de la
determinación del valor de la prórroga, en la medida que el 1 de febrero de 2012 fue
expedida la Resolución 2012-380-000123-4, momento a partir del cual se daba

96 Argumentos de impugnación que reprodujeron lo dicho en los alegatos de conclusión de primera instancia.

34

Radicación: 250002336000201200580-02 (67155)
Demandante: Global Telecomunicaciones S. A. en liquidación
Demandado: Mintic (sucesor procesal de la ANTV)
Asunto: Controversias contractuales

curso al procedimiento de observaciones y a la aceptación o no de los valores
señalados por la Comisión.

111.
Por demás, la parte actora pide analizar si la tardanza en la fijación del valor de
la prórroga causó el desequilibrio económico del contrato, porque no hubo
descuento sobre el valor del retroactivo que se debía a la entidad por este hecho.
Este argumento es descartado por la Sala, pues como acaba de explicarse, al no
haberse fijado dicho monto fuera del término pactado y habiendo sido asumidos los
riesgos que sobre el particular pudieran generarse por la operación y explotación de
la actividad, el concesionario (cláusula sexta del otrosí 7), no hay prueba de que se
haya generado la ruptura aducida, por causas improbables o imposibles de prever.

El auto del 3 de diciembre de 2008, Rad. 35.863, no es aplicable al caso
concreto, ni configura un supuesto de desigualdad

112.
La demandante aseguró que los argumentos contenidos en el auto del 3 de
diciembre de 2008 proferido por la Sección Tercera del Consejo de Estado, eran
aplicables al caso concreto, por versar acerca de las consecuencias adversas de la
aplicación de la normatividad dictada por la CNTV que impidió a los operadores de
canales de televisión abierta negociar sobre el valor de la prórroga de la respectiva
concesión. Hizo énfasis en que en dicha providencia se reconoció que la entidad
demandada se arrogó una competencia inexistente legal y contractualmente,
mediante acto administrativo unilateral y de carácter general, sin establecer algún
tipo de límite o parámetros para determinar bajó qué condiciones iba a regir la
concesión durante el término de la prórroga.

113.
La Sala considera que tampoco tiene vocación de prosperidad este cargo. En
ese proceso se negó la nulidad de la norma demandada, los argumentos expuestos
en dicho auto fueron descartados y por ende, ni por su naturaleza ni por la función
cautelar que proyectó, se constituye en un precedente aplicable a favor del
accionante. Sin perjuicio de que para el presente caso, y contrario al argumento del
actor, tal providencia sirve como línea de coherencia en el entendimiento de los
procesos convencionales de negociación de las prórrogas del servicio de televisión
por suscripción, lo que respalda la ratio de esta decisión.

114.
En efecto, revisado dicho expediente, se constató que mediante sentencia del
20 de octubre de 201497, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, negó la pretensión de nulidad del artículo 5 del Acuerdo 03 de 2008
expedido por la CNTV, presentada por Caracol Televisión S.A. y sustentada en tres
cargos: i) creación de una potestad exorbitante a favor de la entidad, violándose la
reserva de ley, ii) vulneración al principio de la autonomía de la voluntad, al haberse
suscrito entre las partes un contrato de concesión donde se pactó que la prórroga
quedaba sujeta a un acuerdo posterior, y iii) violación al artículo 68 de Ley 80 de
1993.

97 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Rad. 11001-03-26-000-2008-00087-00(35853) M.P.

Enrique Gil Botero.

35

Radicación: 250002336000201200580-02 (67155)
Demandante: Global Telecomunicaciones S. A. en liquidación
Demandado: Mintic (sucesor procesal de la ANTV)
Asunto: Controversias contractuales

115.
Dichos argumentos fueron refutados por esta Corporación, entre otras, bajo las
siguientes consideraciones:

1. Concluyó que la norma demandada no creó poderes exorbitantes, porque la
actuación que regula durante la negociación de un contrato no constituye un poder
de esa naturaleza, porque todas esas actuaciones que la CNTV realizó son las
mismas con las que contaban y actuaban lícitamente los particulares en sus
relaciones de negocios, cuando de prorrogar un contrato se trata98.

2. Si idéntica facultad tenían y ejercían cotidianamente todos los particulares en sus
negocios, entonces ninguna excepción o alteración al derecho común creó el
artículo demandado, y se enfatizó que, más bien recogió una práctica usual, de
modo que la actitud no es exorbitante, todo lo contrario: es cotidiana, normal y
corriente en la negociación de cualquier prórroga, porque las partes pueden
negociar, en el contexto de los contratos, y cada una proponer a la otra los términos
en que está dispuesta a prorrogar un negocio. De allí que tengan que negociar, sin
obligación de hacerlo, hasta llegar a un acuerdo.

3. Por lo tanto, en esa negociación de la prórroga la CNTV debe sugerir condiciones
para el nuevo negocio –en defensa del interés general, el bien común y el erario-,
que puede o no aceptar el concesionario; seguramente sucede que el concesionario
también hace otros ofrecimientos y pone condiciones que válidamente no está
dispuesta a aceptar la CNTV, lo que es propio de las tratativas en los negocios
jurídicos, sin que ello constituya una exorbitancia en favor de la administración.

4. Se mencionó que la Sala de Decisión ya se pronunció en un caso similar –Sección
Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de agosto de 2012, exp. 25.390-, donde
manifestó que la decisión de no prorrogar un contrato no es un poder exorbitante,
sino parte de la autonomía de la voluntad que tienen las partes de un negocio.

5. La norma demandada tampoco consagra a favor de la entidad una facultad de
terminación unilateral del contrato como lo afirmaba Caracol, sino que, la
consecuencia natural y obvia del desacuerdo sobre los términos de la prórroga es
que no se perfecciona y que el contrato termina en forma natural, por vencimiento
del término.

6. Se consideró que era inaceptable que el demandante confundiera el negocio
jurídico original, frente a aquella extensión que potencialmente surgiría de la
prórroga.

98 Se dijo: “Por ejemplo, en un contrato de suministro regido por el derecho privado, las partes son libres de

contemplar la posibilidad de prorrogarlo; sin embargo, si una de ellas considera que no le conviene, puede
ofrecerle –unilateralidad- unas condiciones determinadas a la otra y en caso de que las acepte se suscribirá la
prórroga, sin embargo, si las rechaza lo lógico es que el contrato no se prorrogue, es decir, terminará cuando
venza el plazo o la condición a la que esté sometido el contrato inicial. En este evento, el contrato civil o
comercial no finalizará por voluntad unilateral de una parte, sino por vencimiento del plazo del contrato inicial,
pues lo natural es que termine cuando expira éste”. ídem.

36

Radicación: 250002336000201200580-02 (67155)
Demandante: Global Telecomunicaciones S. A. en liquidación
Demandado: Mintic (sucesor procesal de la ANTV)
Asunto: Controversias contractuales

7. En dicha sentencia se estimó que la etapa de negociación incluyó posibilidades
adicionales al concesionario para que aún de no llegar a un acuerdo inicial, pudiera
de nuevo manifestar su aquiescencia en la suscripción del contrato.

116.
Por demás, téngase en cuenta que fue acertado el a quo al mencionar que la
diferencia entre estos dos tipos de prestadores del servicio de televisión está
expresamente consagrada en el artículo 20 de la Ley 182 de 1995, en cuyos literales
a y b, respectivamente, dispuso que la prestación del servicio televisión abierta
como su nombre lo indica la reciba cualquier persona, y respecto a la televisión por
suscripción señaló que “está destinada a ser recibida únicamente por personas
autorizadas para la recepción”.

La infracción de ley derivada del establecimiento de un componente variable

117.
Corresponde a la Sala determinar si las Resoluciones 2012-380-000401-4 y 022
de 2012 proferidas por la CNTV, en las que se fijó dentro del valor de la prórroga un
componente variable que no había sido inicialmente pactado al suscribirse el
contrato de concesión 204 de 1999, implicó un desconocimiento de sus obligaciones
como contratante.

118.
Como se indicó anteriormente, la CNTV determinó que el valor de la prórroga
se integraba por un componente fijo y un componente variable. El componente fijo
se estableció en la suma de $42’853.719, mientras que el componente variable se
estableció como el producto de multiplicar el número de suscriptores reportados
mensualmente por un factor denominado tarifa de concesión variable, definido en el
anexo metodológico de la Resolución 2012-380-000123-499.

119.
En el artículo 2º de la Resolución 2012-380-000401-4, la CNTV dispuso que el
componente fijo debía pagarse por cuotas en un plazo máximo de dos años,
contados desde la fecha en que quedara en firme la decisión. Respecto del
componente variable, la CNTV estableció dos plazos diferentes. La suma causada
entre el inicio de la prórroga —2 de junio de 2010— y la fecha de ejecutoria de la
decisión, debía pagarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a esta última
fecha100. Las sumas que se causaran con posterioridad a la ejecutoria de la decisión
serían pagadas en los plazos establecidos en el Acuerdo 6 de 2010, el cual señalaba
que la compensación mensual por la explotación del servicio debía realizarse
mensualmente. Por tanto, al igual que la compensación por la explotación del
servicio, el componente variable de la prórroga debía pagarse mensualmente hasta
su finalización.

120.
En el cuarto informe de CGI se indicó que el pago de un componente fijo y otro
variable también se sustentaba en el numeral 4º del artículo 32 de la Ley 80 de

99 En el anexo metodológico se estableció que “para el año 2012, el valor de la tarifa de concesión variable será

de seiscientos cincuenta y ocho pesos con 29/100 moneda corriente por usuarios (COP$658.29/usuario)
reportado a la CNTV y será pagado por todos los operadores a quienes les aplique la presente resolución de
manera mensual”. Fl. 26, c. 2. Así mismo, en este anexo se estableció la fórmula de ajuste de la tarifa para los
años siguientes.
100 Fls, 38 y 39, c. 2.

37

Radicación: 250002336000201200580-02 (67155)
Demandante: Global Telecomunicaciones S. A. en liquidación
Demandado: Mintic (sucesor procesal de la ANTV)
Asunto: Controversias contractuales

1993, que establece que la remuneración del contrato de concesión puede consistir
en una suma periódica, única o porcentual101.

121.
A juicio de la Sala, la decisión de la CNTV de fijar un componente variable
pagadero mensualmente hasta la expiración del plazo de la prórroga no viola la Ley
182 de 1995.

122.
En primer lugar, el literal g) del artículo 5º de dicha ley señala que “al
establecerse una tasa o contribución por la adjudicación de la concesión, el valor
de la misma será diferido en un plazo de dos (2) años” (énfasis agregado). El sentido
de la ley es claro y por ello no se puede desatender su tenor literal a pretexto de
consultar su espíritu102. El mandato de diferir el pago por un plazo de dos años se
refiere al realizado en razón de la “adjudicación de la concesión” que, por
disposición del artículo 42 de la Ley 182 de 1995, siempre debe realizarse mediante
licitación pública. Esta regla no se aplica a la prórroga de la concesión, que no es
fruto de un acto administrativo que finalice un procedimiento administrativo de
selección, sino de un acuerdo de voluntades de las partes del contrato 103.

123.
En segundo lugar, si se admitiera una extensión del campo de aplicación de la
norma para incluir la prórroga de la concesión, tampoco se configuraría una
violación de la Ley 182 de 1995. El artículo 5º, literal g, de esta ley, tantas veces
citado, otorgó a la CNTV la facultad de fijar cualquier contraprestación que deba
pagar el concesionario conforme a los criterios establecidos en ella. Estos criterios
no exigen que las contraprestaciones sean sumas fijas, ni prohíben el uso de
fórmulas variables, como la que se basa en el número de suscriptores del servicio.
En este caso, la decisión de la CNTV de introducir un componente variable tuvo
como objetivo mitigar el riesgo comercial que enfrentaban los operadores, debido a
la liberalización del mercado de televisión. Por tanto, lejos de contravenir los
mandatos de la Ley 182 de 1995, esta medida consideró el criterio de recuperación
de costos ajustado a la “audiencia potencial del servicio”.

124.
En síntesis, la CNTV estaba legalmente habilitada para fijar el valor de la
prórroga combinando un componente fijo y un componente variable. El componente
variable se fijó en función del número de suscriptores que tuviera el concesionario
durante la prórroga. Por tanto, era válido que el pago de este componente se

101 Fl. 184, c. principal. Además, se reseñó que: “De tal manera que, con ocasión de la concesión es
perfectamente viable: a) El cobro de la remuneración por parte del Estado por la concesión que se otorga, la
cual se puede pactar mediante una suma única, periódica o porcentual (no puede haber prórrogas de
concesiones gratuitas y por lo tanto tampoco concesiones iniciales); y b) El pago de una participación por la
explotación de la concesión (que es lo que en materia de televisión se denomina tarifa de compensación), Estos
dos pagos han sido denominado por la Corte Constitucional como un “precio público” que no hace parte de los
tributos estatales. (…) De otra parte, en los otrosí (sic) que contienen las prórrogas de los contratos de concesión
de los actuales concesionarios del servicio de televisión por suscripción, en la modalidad cableada, se han
establecido las siguientes cláusulas que facultan unilateralmente a la CNTV a fijar el valor de la tarifa de
concesión y de compensación. (…)”
102 Código Civil, artículo 27.
103 Sobre la noción de la prórroga se ha dicho: “Así entendida, la prórroga del contrato puede definirse como la

modificación que las partes acuerdan de uno de los elementos (generalmente accidentales) del contrato, como
es el plazo, en el sentido de ampliarlo o extenderlo. Sin embargo, en la medida en que, una vez prorrogado el
contrato, este continúa generando obligaciones (y derechos correlativos) entre las partes por un tiempo
adicional, la prórroga del contrato puede entenderse, desde una perspectiva más profunda”. Consejo de Estado,
Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 16 de febrero de 2022. Exp. 2473. Consideración jurídica 5.4.

38

Radicación: 250002336000201200580-02 (67155)
Demandante: Global Telecomunicaciones S. A. en liquidación
Demandado: Mintic (sucesor procesal de la ANTV)
Asunto: Controversias contractuales

extendiera por todo su término. Al tratarse de una suma indeterminada pero
determinable, no era posible diferir el pago de este componente en un plazo de dos
años contados desde su perfeccionamiento. En lugar de ello, había que esperar el
reporte mensual sobre el número de suscriptores para establecer la cuantía de la
obligación.

125.
De acuerdo con lo anterior, las pretensiones de nulidad de las Resoluciones
2012-380-000401-4 del 23 de marzo de 2012 y 022 de 2012 serán negadas, así
como también aquellas relativas a declarar la transgresión de la entidad pública
respecto del contrato o de sus funciones administrativas, no sólo porque a la actora
no le asiste un interés jurídico que legítimamente pueda elevar en contra de ellas –
en razón a que está acreditado que asintió sobre el procedimiento de fijación de
prórroga e incluso pudo prever que la entidad tenía la potestad de fijar su valor, pues
así se dispuso desde los pliegos de condiciones y el contrato mismo–, sino que,
además, no está acreditado que transgredieron las normas en que debían fundarse.

Ausencia de configuración del hecho del príncipe 104

126.
Finalmente, corresponde analizar si el equilibrio económico del contrato de
concesión se alteró por la expedición de un acto administrativo de carácter general
expedido por la CNTV: la Resolución 045 de 2012. En esta se estableció una tarifa
mes por suscriptor para efectos del pago de la compensación en los términos del
literal g) del artículo 5 de la Ley 182 de 1995.

127.
La CNTV estableció que el valor por compensación que los operadores del
servicio de televisión por suscripción deben pagar a partir del 1o de octubre de 2012,
sería el resultado de multiplicar el número de suscriptores del mes inmediatamente
anterior por la tarifa mes por suscriptor correspondiente para cada año. “La tarifa
mes por suscriptor a la que se refiere la presente Resolución se determina para la
vigencia 2012 en $1.874,34 pesos. La tarifa mes por suscriptor se actualizará con
base en la serie de diciembre de Índice de Precios al Consumidor publicado por el

104 Esta Sección reiteradamente ha dicho que la conservación del equilibrio prestacional propende por asegurar

que durante la ejecución del contrato se mantengan las mismas condiciones económicas y/o financieras que
las partes tuvieron en cuenta al momento de presentar la oferta, y que sirvieron de sustento a lo pactado en el
contrato. De esta forma, ha sostenido que dicha equivalencia puede verse afectada ya fuere por factores
externos a las partes cuya ocurrencia se enmarca dentro de la teoría de la imprevisión o por diversas causas
que pueden resultar atribuibles a la Administración por la expedición de actos en ejercicio legítimo de su posición
de autoridad, los cuales han sido concebidos por la doctrina como “Hecho del Príncipe” (Sección Tercera –
Sección A, sentencia del 8 de noviembre de 2021, Rad. 25000-23-36-000-2013-02201-01(56023), M.P. Marta
Nubia Velásquez Rico). Sobre este último, ha dicho: “El hecho del príncipe como fenómeno determinante del
rompimiento de la ecuación financiera del contrato, se presenta cuando concurren los siguientes supuestos:
a. La expedición de un acto general y abstracto.
b. La incidencia directa o indirecta del acto en el contrato estatal.
c. La alteración extraordinaria o anormal de la ecuación financiera del contrato como consecuencia de la
vigencia del acto.
d. La imprevisibilidad del acto general y abstracto al momento de la celebración del contrato.
En relación con la condición de la autoridad que profiere la norma general, para la doctrina y la jurisprudencia
francesa el hecho del príncipe (le fait du prince) se configura cuando la resolución o disposición lesiva del
derecho del cocontratante emana de la misma autoridad pública que celebró el contrato, lo cual permite afirmar
que constituye un caso de responsabilidad contractual de la administración sin culpa. La justificación de esta
posición radica en la ausencia de imputación del hecho generador del perjuicio cuando éste proviene de la ley,
por cuanto el autor del acto (Nación, Congreso de la República) puede ser distinto de la administración
contratante. No obstante no se priva al contratista de la indemnización, ya que podrá obtenerla a través de la
aplicación de la teoría de la imprevisión”. (Sentencia del 29 de mayo de 2003, Rad. 73001-23-31-000-1996-
4028-01(14577). M.P. Ricardo Hoyos Duque)

39

Radicación: 250002336000201200580-02 (67155)
Demandante: Global Telecomunicaciones S. A. en liquidación
Demandado: Mintic (sucesor procesal de la ANTV)
Asunto: Controversias contractuales

... DANE y será ajustada de acuerdo con el número de suscriptores reportados a la
Autoridad Nacional de Televisión, en el año inmediatamente anterior y de
conformidad con la metodología que se describe en el Anexo 1”.

128.
En este punto es de resaltar que, como previamente se mencionó, en el otrosí
7 y 8 expresamente el concesionario aceptó que se sometería al valor y forma de
pago de la prórroga que dispusiera la Junta Directiva de la CNTV, acorde a lo
dispuesto entre otros, en los Acuerdos 010 de 1006, 03 de 2005 y 05 de 2011 105.
Fórmula adoptada que, en todo caso, no era del todo desconocida para el
accionante en cuanto a los componentes que posiblemente la integrarían, pues tal
como consta en el contrato de concesión, parte del pago de la “compensación” por
explotación del servicio ascendía al 1% del total de los ingresos brutos mensuales
provenientes exclusivamente de la prestación de este servicio, en la forma que
resultara de multiplicar “el número de suscriptores durante el correspondiente
periodo de causación por la tarifa de suscripción cobrada al usuario”, además de
concretar el ejercicio de una competencia legalmente atribuida a la CNTV en punto
a la determinación del valor de las prórrogas.

129.
Bajo este panorama, la Sala considera que no procede el restablecimiento del
equilibrio económico del contrato de concesión 204 de 1999, el cual fue modificado
tras la suscripción de los otrosíes 7 y 8. En primer lugar, el demandante no probó
cuál era la ecuación económica resultante de la celebración del otrosí 7 al contrato
de concesión ni de qué manera se vio alterada durante su ejecución. Como ha
señalado la Sala 106 , cualquiera que sea la causa de la ruptura del equilibrio
económico, debe realizarse un análisis integral del contrato y no sólo del ítem, hecho
o actividad que se alega como causa del desequilibrio. Por tanto, es necesario
demostrar la alteración comparando de forma integral (i) las circunstancias
consideradas al momento de su celebración –el equilibrio entre derechos y
obligaciones, ingresos y egresos, ventajas y sacrificios– y (ii) las condiciones reales
de ejecución del contrato.

130.
En este caso, aunque el debate se plantee en clave de la teoría del hecho del
príncipe, el concesionario tenía la carga de probar que tras la suscripción del otrosí
7, la equivalencia entre derechos y obligaciones se alteró, generando una afectación
grave a la economía del contrato. Sin embargo, no hay pruebas de ello en el
expediente.

131.
Entonces, la Resolución 045 de 2012 no afectó la equivalencia entre derechos
y obligaciones derivada del otrosí 7 al contrato de la concesión, pues como ha
señalado la Corporación, la parte afectada debe demostrar que, aunque el acto de

105 “Artículo 3°. Modificación del artículo 37 del Acuerdo 010 de 2006. Modificar el artículo 37 del Acuerdo 010 de 2006, que

en consecuencia queda en los siguientes términos: "Artículo 37. Valor y pago de la prórroga. La Junta Directiva de la Comisión
Nacional de Televisión dará inicio a los procesos de selección contractual que tengan por objeto realizar los estudios y valorar
las prórrogas de los contratos de concesión de televisión por suscripción con antelación de dos (2) años al vencimiento del
plazo de los mismos o de sus prórrogas.
Los concesionarios deberán pagar a la Comisión Nacional de Televisión el valor por concepto de la prórroga del contrato de
concesión en los términos que establezca la Comisión.
Parágrafo. El cálculo del valor de la prórroga atenderá los criterios establecidos en el literal g) del artículo 5° de la Ley 182 de
1995".
106 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 23 de octubre de 2017. Exp. 53.875.

Consideración jurídica 7.

40

Radicación: 250002336000201200580-02 (67155)
Demandante: Global Telecomunicaciones S. A. en liquidación
Demandado: Mintic (sucesor procesal de la ANTV)
Asunto: Controversias contractuales

carácter general no tenga por objeto directo el contrato, sí afecta la equivalencia de
prestaciones porque torna más oneroso su cumplimiento107.

Costas

132.
De acuerdo con el artículo 188 del CPACA, salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil108. El numeral 5º del artículo 365 del Código General del Proceso establece que
en caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de
condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de
su decisión. La condena en costas no requiere de la apreciación de una conducta
temeraria de la parte a la cual se le impone, toda vez que en el régimen actual dicha
condena se basa en un criterio objetivo.

133.
Atendiendo a lo ordenado en la citada norma, se condenará en costas a la parte
demandante, quien interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de
primera instancia y se le resolvió desfavorablemente.

134.
Adicionalmente, el artículo 361 ibidem prevé que las costas están integradas por
la totalidad de las expensas y gastos sufragados causados durante el trámite de la
controversia. El pleito de la referencia corresponde a una controversia contractual que
implicó que la parte demandada vencedora (Ministerio de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones de Colombia) tuviera que designar y sufragar
abogados que ejercieran la defensa judicial de sus intereses, expensas que se
generan por la sola vigilancia del proceso 109 , motivo por el cual la Sala fijará las
agencias en derecho en la suma equivalente al cero punto dos por ciento (0.2%) del
valor de las pretensiones negadas, esto es, la suma de treinta y ocho millones
doscientos treinta mil quinientos veinte pesos ($38´230.520)110, en favor de la entidad
demandada.

107 “Así, los requisitos que deben reunirse para la procedencia de la indemnización basada en la teoría del

‘hecho del príncipe’, son: (i) Que exista un acto de carácter general expedido por el órgano o autoridad pública
contratante (ley o acto administrativo) en ejercicio de una competencia diferente a la contractual que afecte
gravemente la ecuación financiera de un contrato; es decir que no se dirija en forma particular, concreta o directa
al contrato, aun cuando incida en él tornándolo excesivamente oneroso; (ii) Que el acto que genera el daño sea
sobreviniente, súbito, anormal, extraordinario e imprevisible al momento de celebrar el contrato y no imputable
al contratista que resulte afectado; (iii) Que, como consecuencia de lo anterior, exista una relación causal entre
el acto y el daño o perjuicio resarcible; y (iv) Que quien alegue como motivo o causa el ‘hecho del príncipe’,
pruebe objetivamente el desequilibrio económico del contrato y la existencia de un perjuicio cierto y directo”.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 8 de febrero de 2012. Exp. 20344
108 El proceso inició con posterioridad al 2 de julio de 2012. Por tanto, se rige por el CPACA de acuerdo con su

artículo 206.
109 Sobre las labores de vigilancia del proceso como criterio suficiente para fijar agencias en derecho, se pueden

consultar, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección
A, sentencias del 19 de febrero de 2021, exp. 64.401, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, 19 de marzo de 2021,
exp. 68.836, C.P. María Adriana Marín; del 17 de junio de 2022, exp. 67.178, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico;
del 21 de noviembre de 2022, exp. 68.941, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y del 3 de febrero de 2023, exp.
69.319, auto de 9 de abril de 2021, C.P: María Adriana Marín, exp: 64.150 y auto de 19 de marzo de 2021, C.P:
José Roberto Sáchica Méndez, exp: 65.193.
110 El total de las pretensiones solicitadas equivalen a la suma de $19´115.260.216. Fl. 29, c. principal.

41

Radicación: 250002336000201200580-02 (67155)
Demandante: Global Telecomunicaciones S. A. en liquidación
Demandado: Mintic (sucesor procesal de la ANTV)
Asunto: Controversias contractuales

135.
Ante esta definición, se impone la liquidación de las costas de manera concentrada
por parte del Tribunal de origen, en los términos del artículo 366 del Código General
del Proceso.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera - Subsección A, el 27 de agosto de 2020.

SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS por la segunda instancia a la parte
demandante, en favor del Ministerio de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones de Colombia. Para el efecto, las agencias en derecho se fijan en
la suma de treinta y ocho millones doscientos treinta mil quinientos veinte pesos
($38´230.520). Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a
quo, en los términos señalados en el artículo 366 del Código General del Proceso.

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Aclaración de voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los
abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

42

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.