Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2012-00765-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2012-00765-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2012-00765-02
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
3 de marzo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00765-02 (55305)
Actor: H&H ARQUITECTURA S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-
Acción: Controversias contractuales
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia del 28 de mayo de 2015, proferida por la Subsección A de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se
negaron las pretensiones de la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
El 30 de diciembre de 2008, el IDU y la Unión Temporal GTM suscribieron el
Contrato de obra No. 071, con el objeto de “ejecutar, a precios unitarios las obras y
actividades para la malla vial arterial, intermedia y local del Distrito de Conservación
del Grupo 3 (suroriente), en la ciudad de Bogotá D.C.”. Durante el plazo del contrato
la entidad pública declaró su caducidad, mediante la Resolución No. 3455 del 28
de julio de 2011, confirmada con la Resolución No. 4401 del 28 de octubre de 2011,
por incumplimiento grave de las obligaciones a cargo de la contratista. La sociedad
H&H ARQUITECTURA S.A., en su calidad de miembro de la unión temporal en
mención y como parte actora en el presente asunto, alega que el análisis del
incumplimiento de las obligaciones contractuales debió tener en cuenta su
porcentaje de participación y, habiendo cumplido, no podían extendérsele los
efectos de la caducidad del contrato. A esto agrega, que la decisión se encuentra
viciada por violación al debido proceso administrativo.
ANTECEDENTES
I. Demanda
1. El 19 de diciembre de 2012 y en ejercicio de la acción de controversias
contractuales, la sociedad H&H ARQUITECTURA S.A., presentó demanda en
Radicación número: 250002336000201200765-02 (55305)
Actora: Sociedad H & H Arquitectura S.A.
Demandado: IDU
Referencia: Apelación sentencia-acción contractual
contra del Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-, con el objeto de que se accediera
a las siguientes pretensiones (f. 3, c. 1):
Principales
Declarativas:
PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 3455 del 28 de julio
de 2011, expedida por el Instituto de Desarrollo Urbano-IDU, “por la cual se
declara una caducidad, se termina el contrato y se constituye el siniestro de
incumplimiento” (...).
SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 4401 del 28 de
octubre de 2011, “por la cual se resuelven unos recursos de reposición, y se
resuelve confirmar en todas sus partes la Resolución No. 3455 del 28 de julio
de 2011 (...).
TERCERA: Que se liquide judicialmente el contrato de obra pública No. 071 del
30 de diciembre de 2008, suscrito entre el INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO -IDU- y la Unión Temporal GTM, cuyo objeto fue el de ejecutar a
precios unitarios las obras y actividades para la malla vial arterial, intermedia y
local del distrito grupo 3 en la ciudad de Bogotá D.C.
Condenatorias:
1. Perjuicios materiales
1.1. Daño emergente
PRIMERA: Como consecuencia de la declaratoria de la PRIMERA y
SEGUNDA, pretensión principal, se condene al INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO a pagar a favor de la sociedad HYH ARQUITECTURA la suma de
DIEZ MIL MILLONES DE PESOS ($10.000´000.000.oo) o el valor que se
establezca dentro del proceso, correspondiente a la inversión efectuada por la
sociedad HYH ARQUITECTURA S.A., en beneficio de la ejecución del contrato
No. 071 de 2008.
SEGUNDA: Como consecuencia de la declaratoria de la PRIMERA y
SEGUNDA pretensión principal, se ordene a favor de la sociedad HYH
ARQUITECTURA S.A. y en contra del INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO IDU, la restitución debidamente actualizados de los dineros que
pague o llegare a pagar la sociedad HYH ARQUITECTURA S.A., como
consecuencia de lo exigido en la declaratoria de caducidad.
1.2. Lucro cesante
PRIMERA: Se condene al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, a
pagar a favor de la sociedad HYH ARQUITECTURA S.A., EN
REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, la suma de DOS MIL MILLONES DE
PESOS ($2.000´000.000.oo) o el valor que se logre probar dentro del proceso,
correspondiente a las utilidades dejadas de percibir por la declaratoria de
caducidad del contrato, teniendo en cuenta que la sociedad HYH
ARQUITECTURA S.A., por virtud de la cesión tenía una participación del 35%
dentro de la UNIÓN TEMPORAL GTM.
SEGUNDA: Se condene al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, a
pagar a favor de la sociedad HYH ARQUITECTURA S.A., EN
REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, la suma que se demuestre dentro del
proceso, como consecuencia de la no posibilidad de contratar con el estado
desde la ejecutoria de caducidad hasta la sentencia en firme.
2. Perjuicios inmateriales
PRIMERA: Se condene al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, a
pagar a favor de la sociedad HYH ARQUITECTURA S.A., EN
2
Radicación número: 250002336000201200765-02 (55305)
Actora: Sociedad H & H Arquitectura S.A.
Demandado: IDU
Referencia: Apelación sentencia-acción contractual
REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, los perjuicios derivados de la afectación
del Good Will, de conformidad con lo que resulte probado en el proceso.
SEGUNDA: Se condene al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, a
pagar a favor de la sociedad HYH ARQUITECTURA S.A., EN
REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, a pagar todos los valores solicitados
tanto en el acápite de perjuicios materiales como inmateriales, debidamente
actualizados con sus respectivos intereses.
Subsidiarias
Primera alternativa de pretensiones subsidiarias
PRIMERA: Que se declare la nulidad parcial de la Resolución No. 3455 del 28
de julio de 2011, “por medio de la cual se declara una caducidad, se termina el
contrato y se constituye el siniestro por incumplimiento” en el sentido de dejar
sin efectos la declaratoria de caducidad sobre la sociedad HYH
ARQUITECTURA S.A., EN REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, como quiera
que dicha sociedad no dio lugar a la mencionada sanción.
SEGUNDA: Que se declare la nulidad parcial de la Resolución No. 4401 del 28
de octubre de 2011, “por la cual se resuelven unos recursos de reposición, y se
resuelve confirmar en todas sus partes la Resolución No. 3455 del 28 de julio
de 2011”, en el sentido de dejar sin efectos la declaratoria de caducidad sobre
la sociedad HYH ARQUITECTURA S.A., EN REORGANIZACIÓN
EMPRESARIAL, como quiera que dicha sociedad no dio lugar a la mencionada
sanción.
TERCERA: Que se liquide judicialmente el contrato de obra pública No. 071 del
30 de diciembre de 2008, suscrito entre el INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO -IDU- y la Unión Temporal GTM, cuyo objeto fue el de ejecutar a
precios unitarios las obras y actividades para la malla vial arterial, intermedia y
local del distrito grupo 3 en la ciudad de Bogotá D.C.
Condenatorias:
1. Perjuicios materiales
1.1. Daño emergente
PRIMERA: Como consecuencia de la declaratoria de la PRIMERA y SEGUNDA
pretensión subsidiaria, se condene al INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO, a pagar a favor de la sociedad HYH ARQUITECTURA la suma de
DIEZ MIL MILLONES DE PESOS ($10.000´000.000.oo) o el valor que se
establezca dentro del proceso, correspondiente a la inversión efectuada por la
sociedad HYH ARQUITECTURA S.A. en beneficio de la ejecución del contrato
No. 071 de 2008.
SEGUNDA: Como consecuencia de la declaratoria de la PRIMERA y
SEGUNDA pretensión subsidiaria, se ordene a favor de la sociedad HYH
ARQUITECTURA S.A. y en contra del INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO IDU, la restitución debidamente actualizados de los dineros que
pague o llegare a pagar la sociedad HyH ARQUITECTURA S.A. como
consecuencia de lo exigido en la declaratoria de caducidad.
1.2. Lucro cesante
PRIMERA: Se condene al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, a
pagar a favor de la sociedad HYH ARQUITECTURA S.A., EN
REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, la suma de DOS MIL MILLONES DE
PESOS ($2.000´000.000.oo) o el valor que se logre probar dentro del proceso,
correspondiente a las utilidades dejadas de percibir por la declaratoria de
caducidad del contrato, teniendo en cuenta que la sociedad HYH
ARQUITECTURA S.A., por virtud de la cesión tenía una participación del 35%
dentro de la UNIÓN TEMPORAL GTM.
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Radicación número: 250002336000201200765-02 (55305)
Actora: Sociedad H & H Arquitectura S.A.
Demandado: IDU
Referencia: Apelación sentencia-acción contractual
SEGUNDA: Se condene al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, a
pagar a favor de la sociedad HYH ARQUITECTURA S.A., EN
REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, la suma que se demuestre dentro del
proceso, como consecuencia de la no posibilidad de contratar con el estado
desde la ejecutoria de caducidad hasta la sentencia en firme.
2. Perjuicios inmateriales
PRIMERA: Se condene al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, a
pagar a favor de la sociedad HyH ARQUITECTURA S.A., EN
REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL los perjuicios derivados de la afectación
del Good Will, de conformidad con lo que resulte probado en el proceso.
SEGUNDA: Se condene al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, a
pagar a favor de la sociedad HYH ARQUITECTURA S.A., EN
REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, a pagar todos los valores solicitados
tanto en el acápite de perjuicios materiales como inmateriales, debidamente
actualizados con sus respectivos intereses.
Segunda alternativa de pretensiones subsidiarias
PRIMERA: Que se declare la nulidad parcial de la Resolución No. 3455 del 28
de julio de 2011, “por medio de la cual se declara una caducidad, se termina el
contrato y se constituye el siniestro por incumplimiento” en el sentido de dejar
sin efectos la declaratoria de caducidad sobre la sociedad HYH
ARQUITECTURA S.A., EN REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, teniendo en
cuenta que la Superintendencia de Sociedades mediante Sentencia de fecha
16 de diciembre de 2011 No. 2011-01-383826, ordenó REVOCAR la cesión
parcial de la participación de TRANSLOGISTIC S.A. (40%) en la UNIÓN
TEMPORAL GTM.
SEGUNDA: Que se declare la nulidad parcial de la Resolución No. 4401 del 28
de octubre de 2011, “por la cual se resuelven unos recursos de reposición, y se
resuelve confirmar en todas sus partes la Resolución No. 3455 del 28 de julio
de 2011”, [en] el sentido de dejar sin efectos la declaratoria de caducidad sobre
la sociedad HYH ARQUITECTURA S.A., EN REORGANIZACIÓN
EMPRESARIAL, teniendo en cuenta que la Superintendencia de Sociedades
mediante sentencia de fecha 16 de diciembre de 2011 No. 2011-01-383826,
ordenó revocar la cesión parcial de la participación de TRANSLOGISTIC S.A.
(40%) en la UNIÓN TEMPORAL GTM.
TERCERA: Que se liquide judicialmente el contrato de obra pública No. 071 del
30 de diciembre de 2008, suscrito entre el INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO -IDU- y la Unión Temporal GTM, cuyo objeto fue el de ejecutar a
precios unitarios las obras y actividades para la malla vial arterial, intermedia y
local del distrito grupo 3 en la ciudad de Bogotá D.C.
Condenatorias:
PRIMERA: Como consecuencia de la declaratoria de las pretensiones
declarativas de la segunda alternativa de pretensiones subsidiarias, se condene
al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, a pagar a favor de la sociedad
HYH ARQUITECTURA la suma de DIEZ MIL MILLONES DE PESOS
($10.000´000.000.oo) o el valor que se establezca dentro del proceso,
correspondiente a la inversión efectuada por la sociedad HYH ARQUITECTURA
S.A. en beneficio de la ejecución del contrato No. 071 de 2008.
SEGUNDA: Como consecuencia de la declaratoria de las pretensiones
declarativas de la segunda alternativa de pretensiones subsidiarias, se ordene
a favor de la sociedad HYH ARQUITECTURA S.A. y en contra del INSTITUTO
DE DESARROLLO URBANO IDU, la restitución debidamente actualizados de
los dineros que pague o llegare a pagar la sociedad HYH ARQUITECTURA S.A.
como consecuencia de lo exigido en la declaratoria de caducidad.
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Radicación número: 250002336000201200765-02 (55305)
Actora: Sociedad H & H Arquitectura S.A.
Demandado: IDU
Referencia: Apelación sentencia-acción contractual
TERCERA: Se condene al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, a
pagar a favor de la sociedad HYH ARQUITECTURA S.A., EN
REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, a pagar todos los valores solicitados
debidamente actualizados con sus respectivos intereses.
En la demanda se solicitó vincular al proceso, en calidad de litisconsortes
necesarios por activa, a las sociedades GRANDI LAVORI FINCOSIT S.P.A.,
TRANSLOGISTIC S.A., CONSTRUCTORA INCA S.A.S., GRUPO FRANCO
OBRAS Y PROYECTOS SL, en su condición de integrantes de la Unión Temporal
GTM. También SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A., en calidad de garante del
contrato No. 071 de 2008, mediante la garantía única de cumplimiento No.
00013747 del 9 de enero de 2009.
2. Como sustento fáctico de sus pretensiones, la parte actora adujo, en resumen,
lo siguiente:
2.1. La Unión Temporal GTM, integrada por las sociedades TRANSLOGISTIC S.A.
(40% de participación), CONSTRUCTORA INCA LTDA. (30% de participación) y
GRANDI LAVORI FINCOSIT SPA (30% de participación) presentó oferta dentro de
la licitación pública No. IDU-LP-DG-006-2008, con el objeto de ejecutar a precios
unitarios las obras y actividades para la malla arterial, intermedia y local del distrito
grupo 3, en la ciudad de Bogotá.
2.2. Para efectos de participar en la licitación, mediante documento presentado el
19 de noviembre de 2008, se constituyó la Unión Temporal GTM, se estableció el
porcentaje de participación de cada uno de sus miembros y se definieron, también
para cada uno, los términos y extensión de su responsabilidad, en la siguiente
forma: “[e]n la propuesta es responsable por la documentación que aporte. En la
ejecución del contrato, realizará la construcción de obras (incluyendo gestión
ambiental, gestión social, desvíos, manejo de tráfico y señalización y
mantenimiento) de acuerdo con su porcentaje de participación. Los tramos a
ejecutar serán definidos de acuerdo con el grupo o grupos adjudicados, lo cual se
dará a conocer al IDU”. Dentro de las responsabilidades de TRANSLOGISTIC S.A.,
se incluyó que también era responsable por el cupo de crédito y que se adhería a
lo formulado en la propuesta. En cuanto al porcentaje, se dispuso: GRANDI
LAVORI FINCOSIT S.p.A: 30%, TRANSLOGISTIC S.A.: 40% y CONSTRUCTORA
INCA LTDA.: 40%.
2.3. El 30 de diciembre de 2008 y como resultado de la adjudicación, la Unión
Temporal GTM y el IDU suscribieron el contrato de obra No. 071, con el siguiente
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Radicación número: 250002336000201200765-02 (55305)
Actora: Sociedad H & H Arquitectura S.A.
Demandado: IDU
Referencia: Apelación sentencia-acción contractual
objeto: “Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades para la malla arterial,
intermedia y local del distrito grupo 3 en la ciudad de Bogotá”.
2.4. El valor del contrato se pactó en la suma de $87.398´750.260, el cual fue objeto
de dos adiciones, para un total de $93.386´746.469, así:
-. Contrato adicional No. 01 del 11 de noviembre de 2009, por valor de
$5.049´996.209, mediante el cual las partes incluyeron como nueva meta física el
corredor correspondiente al proyecto de valorización No. 170, consistente en
ejecutar obras en la Avenida Santa Lucía (TV 42), sentido sur – norte y viceversa,
desde la Avenida Jorge Gaitán Cortés (AK 33) hasta la Avenida General Santander
(DG 39 A Sur).
-. Contrato adicional No. 02 del 28 de diciembre de 2009, por valor de
$938´000.000, a través del cual los contratantes acordaron incluir como nueva meta
física los segmentos correspondientes a la malla vial local priorizados por la
Alcaldía Local de Santa Fe, avalados técnicamente por la Dirección Técnica de
Proyectos del IDU.
2.5. Así mismo, en el contrato principal se acordó el pago de un anticipo equivalente
al 20% del valor del contrato. La entidad entregó al contratista la suma de
$10.141´746.424, por cuotas. Este anticipo debía amortizarse como mínimo en un
20% en cada acta de recibo parcial de obra.
2.6. El plazo del contrato se convino en 42 meses, contados a partir de la
suscripción del acta de inicio, distribuidos en 2 meses para la etapa previa y 40
meses para la ejecución de la obra (cláusula novena).
2.7. El acta de inicio se suscribió el 18 de febrero de 2009, por lo que, en principio,
el contrato se terminaría el 18 de agosto de 2012.
2.8. El 30 de abril de 2010, debido a dificultades financieras, el representante legal
de TRANSLOGISTIC S.A. solicitó al IDU autorización de la cesión de su
participación en la Unión Temporal GTM a favor de la sociedad H & H
ARQUITECTURA S.A. en un 35% y al GRUPO FRANCO OBRAS Y PROYECTOS
SL, en un 5%.
2.9. La nueva conformación de la Unión Temporal GTM quedó como sigue:
GRANDI LAVORI FINCOSIT S.P.A.: 30%
GRUPO FRANCO OBRA Y PROYECTOS: 5%
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Radicación número: 250002336000201200765-02 (55305)
Actora: Sociedad H & H Arquitectura S.A.
Demandado: IDU
Referencia: Apelación sentencia-acción contractual
H & H ARQUITECTURA S.A.: 35%
CONSTRUCTORA INCA LTDA.: 30%
2.10. La cesión fue avalada por la compañía de seguros SEGUREXPO, en calidad
de garante de la Unión Temporal GTM.
2.11. El 21 de mayo de 2010, la cesión quedó “formalizada” mediante la suscripción
del otrosí No. 1, en el que la entidad contratante aceptó la nueva conformación de
la Unión Temporal GTM.
2.12. La Unión Temporal GTM, antes del ingreso de la sociedad H & H
ARQUITECTURA S.A. había celebrado con las sociedades GAS KPITAL GR S.A.,
AGUAS KPITAL S.A. y MNV S.A. (todas hoy en liquidación judicial) y con
CONSTRUCTORA INCA LTDA., ofertas mercantiles para el suministro de mano de
obra, materiales y equipos con destino a los trabajos a ejecutar en el marco del
contrato No. 071. No obstante, los compromisos adquiridos por las sociedades en
mención no se cumplieron y tampoco reintegraron el anticipo que se les entregó
por la suma total de $6.678´468.762, lo que dio lugar a que se presentara la
reclamación respectiva ante la Superintendencia de Sociedades.
2.13. La parte actora afirmó que al momento de conformar la Unión Temporal GTM,
la obra se encontraba totalmente paralizada y los recursos del anticipo recibido se
habían agotado.
2.14. El 29 de julio de 2010, el representante de la Unión Temporal GTM informó a
la sociedad H & H ARQUITECTURA S.A. los frentes de obra que debía intervenir,
en razón de su participación, para un total de 46, con el objeto de continuar lo que
se había iniciado y, además, empezar labores nuevas. Así mismo, dio cuenta de
que la interventoría del contrato era ejercida por el Consorcio PRO3.
2.15. La Compañía SEGUREXPO, garante de las obligaciones del Contrato No.
071 de 2008, adquirió con la sociedad H & H Arquitectura S.A. “el compromiso de
reintegrar los recursos del anticipo que no habían sido debidamente legalizados en
virtud del incumplimiento de las sociedades GAS KPITAL GR S.A., AGUAS KPITAL
y MNV S.A., en virtud del inicio por parte del IDU del procedimiento administrativo
para la declaratoria de incumplimiento”.
2.16. El 9 de mayo de 2011, el IDU inició el procedimiento administrativo tendiente
a declarar la caducidad del contrato, fecha en la cual se celebró la audiencia de
descargos. Los presuntos incumplimientos imputados a la Unión Temporal GTM
tuvieron que ver con: “a) el incumplimiento del cronograma de obra, b) la presunta
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Radicación número: 250002336000201200765-02 (55305)
Actora: Sociedad H & H Arquitectura S.A.
Demandado: IDU
Referencia: Apelación sentencia-acción contractual
falsedad del cupo de crédito otorgado y c) el incumplimiento de las obligaciones
propias de la gestión social”.
2.17. En dicha audiencia, la sociedad H & H Arquitectura S.A. adujo en su defensa
que i) el cronograma de trabajo resultó afectado por el factor climático; ii) la entidad
incumplió el literal c) de la cláusula quinta relativa al pago del anticipo; iii) el
incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente social no fue
calificado adecuadamente y que la falta de disponibilidad del cupo del crédito era
imputable a la firma Grupo Franco Obras y Proyectos S.A., pero que tal situación
había sido subsanada y iv) no se tuvieron en cuenta los avances considerables que
se realizaron en la ejecución de las obras. En desarrollo de la audiencia, la
contratista solicitó la práctica de pruebas, pero “fueron desechadas en la resolución
definitiva de caducidad, cercenando el debido proceso y el derecho de defensa”.
2.18. La parte actora sostuvo que, si bien el GRUPO FRANCO OBRAS Y
PROYECTOS no cumplió con la disponibilidad del cupo de crédito exigido en la
cláusula 11 del contrato, la sociedad H & H Arquitectura S.A. gestionó la obtención
de un nuevo cupo con el Banco Colpatria, hasta por un valor de $17.479´750.052 y
asumió dicho compromiso con el fin de dar continuidad al contrato.
2.19. En versión de la demandante, la sociedad H & H Arquitectura S.A. fue la única
que invirtió recursos para poder continuar con las labores contratadas, por una
suma aproximada de $8.918´829.8001, por lo que el valor del proyecto ascendió a
más de $30.000´000.000.oo, dando lugar a que su situación financiera resultara
seriamente afectada. A esto se agregó el embargo decretado por la Contraloría de
Bogotá, dentro del proceso fiscal No. 170100-0130/10 a los saldos de la cuenta
corriente a nombre de la Unión Temporal GTM, por valor de $90´000.000. Tales
situaciones generaron la intervención de la Superintendencia de Sociedades, con
miras a adelantar el proceso de reorganización empresarial.
2.20. El 15 de julio de 2011, mediante la Resolución No. 3323, el IDU declaró la
ocurrencia del siniestro del amparo del anticipo, fundado en su mal manejo e
inadecuada inversión.
2.21. El 28 de julio de 2011, mediante la Resolución No. 3455, la entidad contratante
declaró la caducidad y terminación del contrato, así como el siniestro de
incumplimiento y ordenó su liquidación en el estado en el que se encontraba. Contra
esta decisión, la Unión Temporal GTM interpuso recurso de reposición. Alegó el
incumplimiento del IDU y propuso la excepción de contrato no cumplido; violación
1
En la demanda, la parte actora dio cuenta de que este valor fue certificado por el contador de la
Unión Temporal GTM.
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Radicación número: 250002336000201200765-02 (55305)
Actora: Sociedad H & H Arquitectura S.A.
Demandado: IDU
Referencia: Apelación sentencia-acción contractual
del debido proceso y del derecho de defensa e improcedencia de la declaratoria de
caducidad del contrato. Así mismo, en el recurso solicitó el decreto y práctica de
pruebas.
2.22. La sociedad H & H Arquitectura S.A. también repuso la Resolución No. 3455
del 28 de julio de 2011. Alegó que la responsabilidad de las uniones temporales,
frente al incumplimiento del contrato, debía tener en cuenta el porcentaje de
participación de cada uno de sus integrantes. De igual forma, solicitó el decreto y
práctica de pruebas. Este recurso fue coadyuvado por el promotor designado por
la Superintendencia de Sociedades.
2.23. El 28 de octubre de 2011, mediante la Resolución No. 4401, el IDU resolvió
los recursos de reposición interpuestos y confirmó en todas sus partes la
Resolución No. 3455 del 28 de julio de 2011.
2.24. El 16 de diciembre de 2011, la Superintendencia de Sociedades profirió
sentencia dentro del proceso de revocatoria de la cesión efectuada por la sociedad
TRANSLOGISTIC S.A., en liquidación judicial, contra la sociedad H & H
Arquitectura S.A. y el GRUPO FRANCO OBRAS Y PROYECTOS. En su parte
resolutiva, se dispuso i) aceptar el allanamiento de la parte demandada y, en
consecuencia, ii) estimar las pretensiones de la demanda, por lo que iii) se declaró
que el contrato de cesión parcial perjudicó a los acreedores de la sociedad
TRANSLOGISTIC S.A. y iv) se revocó dicha cesión, ordenando v) el reintegro al
patrimonio de esta sociedad la participación que en un 40% poseía en la unión
temporal GTM y vi) que el IDU tuviera a la sociedad TRANSLOGISTIC S.A. como
titular de la participación que en un 40% fue materia del contrato de cesión cuya
revocatoria se ordenó; así mismo, vii) condenó a las sociedades H & H Arquitectura
S.A., en reorganización empresarial y al GRUPO FRANCO OBRAS Y
PROYECTOS SL Sucursal Colombia, a cancelar a TRANSLOGISTIC S.A. los
dineros que hubieran recibido por concepto de pagos efectuados a la Unión
Temporal GTM, como contratista del contrato No. 071 de 2008, en el porcentaje
que le correspondía a TRANSLOGISTIC S.A., desde el momento en que se celebró
el contrato de cesión revocado, en los términos pactados en el contrato de la Unión
Temporal GTM.
2.25. Como consecuencia de la decisión adoptada por la Superintendencia de
Sociedades, el 20 de junio de 2012, la sociedad H & H Arquitectura S.A. solicitó al
IDU declarar el decaimiento de las Resoluciones Nos. 3455 y 4401 de 2011. La
entidad contratante respondió que dichos actos administrativos no habían sido
suspendidos ni anulados, por lo que gozaban de validez y surtían todos sus efectos.
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Radicación número: 250002336000201200765-02 (55305)
Actora: Sociedad H & H Arquitectura S.A.
Demandado: IDU
Referencia: Apelación sentencia-acción contractual
2.26. La sociedad H & H Arquitectura S.A. presentó acción de tutela contra el IDU,
por violación al debido proceso administrativo. La demanda fue negada en primera
instancia, pero concedida en sede de apelación por el Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Barranquilla, mediante sentencia del 18 de julio de 2012, en la que se
resolvió “tutelar el derecho fundamental al debido proceso administrativo y a la
defensa de la sociedad H & H Arquitectura S.A., vulnerados por el IDU”. El juez de
tutela consideró que la entidad contratante estaba obligada a resolver la solicitud
de pruebas antes de que declarara la caducidad del contrato, y no en esta decisión.
En consecuencia, ordenó al IDU a que, dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación del fallo, “declarara la inaplicación inmediata y transitoria, en relación
con la sociedad accionante de todos los efectos de las resoluciones 4401 del 28 de
octubre de 2011 y 3455 del 28 de julio de 2011, por las cuales se declaró y confirmó
la caducidad del contrato de obra No. 071 de 2008”. Así mismo, el juez de tutela
ordenó a la demandante iniciar la acción ordinaria respectiva dentro de los cuatro
meses siguientes, so pena de que el amparo concedido perdiera sus efectos. Sin
embargo, con posterioridad, adicionó dicha orden, en el sentido de disponer que lo
resuelto en la sentencia de tutela permaneciera vigente “mientras se decidiera de
fondo por la jurisdicción contenciosa administrativa, la acción interpuesta contra los
actos administrativos materia de esta decisión”.
2.27. Por último, la parte actora puso de presente que solicitó al IDU copia de los
antecedentes del contrato No. 071 de 2008 y no obtuvo respuesta. Así mismo, dio
cuenta de que el contrato en mención no había sido liquidado.
3. Cargos de ilegalidad formulados contra las resoluciones que declararon la
caducidad del contrato
3.1. Violación del debido proceso administrativo
La demandante alegó que la entidad pública no se pronunció oportunamente sobre
las pruebas solicitadas en el curso del proceso administrativo sancionatorio, las
cuales, en su sentir, eran necesarias para brindar soporte a los descargos. Por el
contrario, el IDU decidió de fondo y declaró la caducidad del contrato, a través de
los actos administrativos acusados. Fue en estas decisiones que resolvió la petición
de pruebas negándolas, por inconducentes, inútiles y superfluas.
Tal irregularidad fue puesta de presente por el juez de tutela, pues, si bien la entidad
podía rechazar o no las pruebas solicitadas, debió pronunciarse sobre las mismas
antes de adoptar la decisión definitiva. Esto, a su parecer, constituyó una vía de
hecho.
10
Radicación número: 250002336000201200765-02 (55305)
Actora: Sociedad H & H Arquitectura S.A.
Demandado: IDU
Referencia: Apelación sentencia-acción contractual
3.2. Violación del debido proceso administrativo por no tener en cuenta las pruebas
existentes respecto de la responsabilidad de la sociedad H & H Arquitectura S.A.
La parte actora sostuvo que la entidad “de mala fe echó de menos” el alcance de la
intervención del Consorcio PRO 3 y del concepto jurídico rendido por el abogado
Carlos Gustavo Arrieta, en el trámite del recurso de reposición presentado contra
la resolución que declaró la caducidad del contrato, en el que se señaló que “no
existió una modificación al documento de conformación de la UT y, por
consiguiente, la definición de los tramos que debía efectuar H & H Arquitectura S.A.
no debía ser sujeto de aval por la interventoría, toda vez que la libertad para definir
internamente qué tramos realizarían ya contaba con la aprobación previa del IDU”.
Además, en dicho concepto se dejó expuesto que la sociedad demandante “no fue
quien generó los motivos que llevaron al IDU a declarar la caducidad del contrato”.
3.3. Violación directa del numeral 2º del artículo 7 de la Ley 80 de 1993
3.3. La demandante sostuvo que el IDU desconoció esta norma, cuando se trata de
una unión temporal, pues “las sanciones por incumplimiento se impondrán de
acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de sus miembros”. Adujo
que la entidad no realizó “un análisis particular respecto de la conducta contractual
de la sociedad H & H Arquitectura y su grado de responsabilidad frente a la
ejecución del contrato”. Reiteró, además, que la declaratoria de caducidad perdió
sus efectos, en virtud de la decisión de la Superintendencia de Sociedades que
revocó la cesión que había hecho TRANSLOGISTIC S.A., por lo que “no podría
estar legalmente sancionada frente a un negocio en el cual no es ni fue parte”.
La parte actora sostuvo que agotó el requisito de procedibilidad de la conciliación,
por cuanto elevó la petición respectiva el 19 de octubre de 2012 y la audiencia se
declaró fallida el 10 de diciembre del mismo año.
IV. Trámite de primera instancia
Mediante auto del 26 de febrero de 2013, el Tribunal admitió la demanda y aceptó
la intervención de las sociedades GRANDI LAVORI FINCOSIT S.P.A.2,
2
La sociedad GRANDI LAVORI FINCOSIT SPA. fue notificada del libelo, en calidad de litisconsorte
necesario por activa y, en tal condición, presentó demanda contra el IDU y elevó pretensiones
propias (fls. 135-157 c. ppal. 1). Mediante auto del 24 de julio de 2013, el Tribunal de primera
instancia inadmitió la demanda presentada por la sociedad GRANDI LAVORI FINCOSIT SPA, por
cuanto “los actos procesales del litisconsorcio necesario no van dirigidos a formular nuevas
pretensiones y hechos”. De conformidad con lo anterior, el a quo solicitó a la sociedad en mención
que “adecuara el escrito a la intervención de un litisconsorcio necesario” y, además, demostrara el
agotamiento del requisito de procedibilidad (fls. 188-189 c. ppal. 1). El 21 de noviembre de 2013, el
Tribunal rechazó la demanda presentada por el litisconsorte necesario, por cuanto no se corrigió en
el tiempo otorgado (fls. 204-205 c. 7), decisión que fue confirmada por la Sección Tercera del
Consejo de Estado, mediante auto del 12 de mayo de 2014 (fls. 204 c. ppal. y 228-234 c. 7).
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Radicación número: 250002336000201200765-02 (55305)
Actora: Sociedad H & H Arquitectura S.A.
Demandado: IDU
Referencia: Apelación sentencia-acción contractual
TRANSLOGISTIC S.A., CONSTRUCTORA INCA S.A.S. y del GRUPO FRANCO
OBRAS Y PROYECTOS, en calidad de litisconsortes necesarios por activa. Así
mismo, ordenó notificar al IDU, al representante del Ministerio Público y a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado (fl. 84, c. 1).
En providencia separada, pero de la misma fecha, el a quo negó la vinculación de
la compañía aseguradora SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A., en su calidad de
garante del contrato. Esto, por cuanto “como el acto administrativo de declaratoria
de ocurrencia del siniestro goza de presunción de legalidad, se entiende que la
garantía se hizo efectiva y, por ende, para desvirtuar que la aseguradora no es
garante de las obligaciones del contratista, a ésta le corresponde ejercer el control
de legalidad respectivo” (f. 86, c. 1)3.
El IDU contestó la demanda en oportunidad y se opuso a la prosperidad de las
pretensiones (fls. 98-106 c. ppal. 1). Sostuvo que la entidad “siempre tendrá a la Unión
Temporal GTM como un solo ente (individuo) y las consecuencias legales de su
incumplimiento afectan a todos sus integrantes por igual” y, por tanto, debían
responder de forma solidaria. Adujo que “el ingreso de H & H Arquitectura, en
reemplazo de TRANSLOGISTIC S.A., no modificó la posición y la responsabilidad
legal de la unión temporal GTM frente al IDU”.
A lo anterior, la entidad agregó que “la cesión de la participación fue aceptada por
el IDU, pues las cesionarias reunían los requisitos de ley y la compañía de seguros
también las aceptó”.
El demandado defendió la negativa de las pruebas solicitadas en el curso del
proceso administrativo sancionatorio, por su falta de conducencia y pertinencia y
sostuvo que la decisión de la Superintendencia de Sociedades no le era oponible,
porque el IDU no había sido vinculado al procedimiento adelantado por dicha
entidad; además, tal órgano de control no era el juez natural del contrato.
La entidad pública afirmó que pagó las prestaciones ejecutadas por la contratista,
por la suma de $33.245´246.513.
En el mismo escrito de contestación de la demanda, el IDU propuso las excepciones
que denominó “primacía del principio de la autonomía de la voluntad de las partes”,
3
La Sala advierte que la aseguradora SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A., en proceso aparte,
presentó demanda en contra del IDU en la cual, entre otras pretensiones, pidió la declaratoria de
nulidad de la Resolución 3455 de 2011 y su confirmatoria 4401 del mismo año, las cuales fueron
denegadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en sentencia del 25 de marzo de 2022
(rad. 25000232600020120093601), que fue objeto de apelación y se halla pendiente de decisión en
esta Corporación, bajo el número de expediente 69029 de la Subsección B de la Sección Tercera.
12
Radicación número: 250002336000201200765-02 (55305)
Actora: Sociedad H & H Arquitectura S.A.
Demandado: IDU
Referencia: Apelación sentencia-acción contractual
pues la Unión Temporal GTM y cada uno de sus integrantes estaban obligados a
responder de forma solidaria por las consecuencias de su incumplimiento;
“legalidad del acto administrativo”, por cuanto las resoluciones acusadas se
expidieron conforme el ordenamiento jurídico; y, “observancia rigurosa por parte del
IDU de las garantías procesales pactadas a favor del contratista, así como del
debido proceso”, toda vez que la entidad puso en conocimiento de la contratista los
eventos de incumplimiento y concedió un plazo para corregir las irregularidades
presentadas y no lo hizo, además de brindar la oportunidad para rendir descargos.
Audiencia inicial y de pruebas
El 19 de agosto de 2014, el a quo adelantó la audiencia inicial de que trata el artículo
180 de la Ley 1437 de 2011. En desarrollo de la misma, fijó el litigio y decretó las
pruebas solicitadas por la parte actora, en la medida en que el demandado no
solicitó ninguna y los litisconsortes necesarios no comparecieron al proceso. Así
mismo, se fijó fecha para la práctica de la audiencia de pruebas, la cual se adelantó
en los términos decretados en la audiencia inicial. En la continuación de la misma
diligencia se corrió traslado para alegar de conclusión por escrito (fls. 206-211, 246-
247 c. 1).
Durante dicho traslado, el IDU y la parte actora presentaron sus escritos, en los que
reiteraron los argumentos expuestos en el curso de la primera instancia (f. 248-260,
c. 1).
V. La sentencia de primera instancia
El 28 de mayo de 2015, el Tribunal dictó sentencia, en la que se negaron las
pretensiones de la demanda (fls. 262-271, c. ppal.).
El a quo puso de presente que la parte actora no controvirtió el incumplimiento de
las obligaciones a cargo de la Unión Temporal GTM, pero sí discutió el hecho de
que cumplió con sus obligaciones como miembro de la unión temporal, consistentes
en intervenir 46 frentes de obra, por lo que debía ser exonerada de responsabilidad,
de conformidad con el numeral 2 del artículo 7 de la Ley 80 de 1993.
Al respecto, el Tribunal precisó que, a la luz de la norma señalada, los miembros
de la unión temporal respondían solidariamente frente a las obligaciones asumidas
con la entidad estatal, derivadas del negocio jurídico; no obstante, la imposición de
la sanción sí era individual, según el porcentaje de participación. De esta forma,
puso de presente que la entidad contratante “estaba obligada simplemente a
verificar si la unión temporal incumplió las obligaciones contractuales a su cargo,
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Radicación número: 250002336000201200765-02 (55305)
Actora: Sociedad H & H Arquitectura S.A.
Demandado: IDU
Referencia: Apelación sentencia-acción contractual
sin que le sea dable analizar el cumplimiento de las actividades a cargo de cada
uno de sus miembros”.
Para el a quo, “no es dable escindir el incumplimiento de las obligaciones del
contrato estatal por parte de la unión temporal, con las obligaciones que adquirieron
cada uno de los miembros en el acta de constitución”. Sin embargo, las sanciones
económicas se imponen de acuerdo al porcentaje de participación. No ocurre lo
mismo frente a la inhabilidad, que se predica de todos los integrantes. Así mismo,
precisó que la solidaridad entre los miembros impedía que se hiciera un análisis de
la conducta individual por cada integrante respecto de la ejecución contractual.
Expuso que el contrato de cesión y el otrosí No. 1 del contrato, mediante el cual el
IDU aprobó la cesión, no fueron objeto de salvedades u observaciones por parte de
la sociedad H & H Arquitectura S.A., referidas a la responsabilidad en la ejecución
de la totalidad de la obra. Tampoco hay prueba de que la actora solamente
estuviera obligada a ejecutar los 46 frentes de obra a los que hizo mención en la
demanda, y que esta circunstancia se hubiera puesto en conocimiento de la entidad
contratante.
El Tribunal aclaró que, en estricto sentido, la entidad pública no impuso una sanción
económica a la contratista, por cuanto lo que hizo fue hacer efectiva la cláusula
penal pecuniaria, que no era una sanción, sino una tasación anticipada de
perjuicios. Además, la inhabilidad no era una sanción económica sino jurídica.
En cuanto a los efectos jurídicos de la revocatoria del contrato de cesión por parte
de la Superintendencia de Sociedades, el a quo señaló:
En el presente asunto, al margen de quien declaró la revocatoria del contrato
de cesión referido, lo cierto es que el 16 de diciembre de 2011, la
Superintendencia de Sociedades declaró la nulidad del contrato de cesión
suscrito entre TRANSLOGISTIC S.A. y H & H Arquitectura S.A., fecha para la
cual ya se había culminado el procedimiento administrativo de declaratoria de
caducidad del contrato 071 de 2008 -28 de julio de 2011-
Así las cosas, en casos como el presente, si bien el negocio jurídico fue
declarado revocado, lo cierto es que el contrato de cesión estuvo vigente
durante la expedición del acto administrativo y, por consiguiente, mal podría
sostenerse que H & H Arquitectura S.A. no era miembro de la unión temporal;
por el contrario, esta sociedad fue miembro de la unión temporal GTM durante
1 año, 6 meses y 26 días.
En ese mismo sentido, la declaratoria de revocatoria de la cesión referida no
conlleva per se la exclusión de H & H Arquitectura S.A. del acto administrativo
en control de legalidad (…).
Por último, el Tribunal no encontró causadas ni demostradas las costas del proceso,
pero fijó las agencias en derecho en el equivalente a $25´000.000.oo.
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Radicación número: 250002336000201200765-02 (55305)
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Referencia: Apelación sentencia-acción contractual
VI. Recurso de apelación
La parte actora interpuso recurso de apelación en el cual pidió que se revocara la
sentencia de primera instancia y se accediera a las pretensiones (fls. 279-318, c.
ppal) porque, en su criterio, en la misma se incurrió en los siguientes defectos:
1. “Ausencia de motivación y violación al principio de congruencia”, pues en la
sentencia no se hizo pronunciamiento sobre cada uno de los cargos de ilegalidad
formulados en contra de los actos acusados, específicamente el relativo a la
“violación del debido proceso administrativo por no pronunciarse oportunamente
respecto de las pruebas solicitadas”, porque el IDU incurrió en esta omisión y
resolvió de fondo declarando la caducidad del contrato, pasando por alto el Tribunal
a-quo, la sentencia de tutela proferida por el Juez Segundo Civil del Circuito de
Barranquilla, en la que se evidenció dicha irregularidad.
2. “Ausencia de pronunciamiento respecto de todas las pretensiones formuladas”,
pues entre las principales se solicitó la liquidación judicial del contrato y en la
sentencia nada se dijo ni resolvió sobre ella, y tampoco hubo pronunciamiento
respecto de las pretensiones subsidiarias.
3. “Errores en las consideraciones de hecho y derecho para negar las pretensiones
de la demanda respecto de la caducidad impuesta a la sociedad demandante”.
Adujo el recurrente que el a quo desconoció el alcance del numeral segundo del
artículo 7 de la Ley 80 de 1993 al considerar que la demandante, al ser miembro
de la unión temporal, debía ser objeto de la sanción jurídica de inhabilidad por 5
años que se derivaba de la declaratoria de caducidad del contrato, toda vez que
dicha sanción operaba de pleno derecho, cuando lo cierto es -sostuvo el apelante-
que el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 dispuso la inhabilidad de 5 años para “quienes
dieren lugar a la declaratoria de caducidad”, y que ese no era el caso de la sociedad
H&H Arquitectura S.A., que cumplió con sus obligaciones y no fue quien dio lugar
a dicha declaratoria. Además, “(…) si bien existe solidaridad en el cumplimiento del
contrato, las sanciones están sujetas a la participación en la ejecución del mismo y
no como lo sostiene el Tribunal, al porcentaje en relación con la participación en la
unión temporal”. Esto, en sentir de la recurrente, desconoce la noción de solidaridad
contenida en la ley, que opera respecto de las obligaciones, más no de las
sanciones (artículos 1568, 1571 y 1579 del Código Civil).
Al respecto, sostuvo que si bien el numeral 2 del artículo 7 de la Ley 80 de 1993
estableció para las uniones temporales la solidaridad en el cumplimiento del objeto,
la misma no operaba para efectos de las sanciones, que sí debían tener en cuenta
la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal;
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Radicación número: 250002336000201200765-02 (55305)
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Demandado: IDU
Referencia: Apelación sentencia-acción contractual
y que, siendo una sanción la inhabilidad derivada de la caducidad, no le podía ser
impuesta al miembro de la unión temporal que no había incurrido en el
incumplimiento sancionado, por lo que, en el presente caso, como “(…) el
incumplimiento que derivó en la caducidad del contrato no provino de prestaciones
a cargo de H & H Arquitectura S.A. (…), no es posible que el demandante deba
soportar la imposición de la máxima sanción prevista como lo es la inhabilidad por
la caducidad del contrato”.
A lo anterior, la recurrente agregó que el Tribunal hizo una distinción que no está
prevista en la norma respecto de la proporcionalidad en la imposición de la sanción,
en tanto se sostuvo que el numeral 2 del artículo 7 de la Ley 80 de 1993 sólo se
aplica para las sanciones económicas y no para las sanciones jurídicas, como lo es
la inhabilidad, que resulta aún más lesiva.
La demandante insistió en que cumplió con las obligaciones a su cargo, tal y como
lo verificó la interventoría del contrato y está probado en el proceso, y que, por lo
tanto, la declaratoria de caducidad no podía extenderse a ella, pues las
obligaciones presuntamente incumplidas y que dieron lugar a la decisión, no
estaban a su cargo.
Por último, en cuanto a los efectos jurídicos de la revocatoria de la cesión, la
recurrente reiteró que se había presentado el fenómeno del decaimiento del acto
administrativo que declaró la caducidad del contrato, pues dicha cesión fue
revocada por la Superintendencia de Sociedades, razón por la cual las cosas
volvieron a su estado anterior y la sociedad H & H Arquitectura no fue ni era parte
del contrato. Reprochó el hecho de que el Tribunal no hubiera estudiado el
decaimiento formulado.
Trámite en segunda instancia
Después de admitido el recurso presentado por la parte actora, se corrió traslado
para alegar de conclusión, oportunidad en la que sólo la parte demandada intervino,
para reiterar los argumentos esgrimidos en el curso del proceso (fls. 325, 328 y 329,
c. ppal.).
CONSIDERACIONES
Jurisdicción y competencia
Atendiendo a la naturaleza de la entidad pública contratante, el negocio jurídico
respecto del cual se plantea la presente controversia es de conocimiento de esta
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Radicación número: 250002336000201200765-02 (55305)
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Demandado: IDU
Referencia: Apelación sentencia-acción contractual
jurisdicción, en los términos del artículo 75 de la Ley 80 de 1993 y del numeral 2
del artículo 104 de la Ley 1437 de 20114.
Corresponde a la Sala resolver el presente proceso, de acuerdo con lo dispuesto
por el artículo 150 de la Ley 1437 de 20115, norma vigente al momento de
presentación de la demanda, en razón del recurso de apelación interpuesto por la
parte actora en contra de la sentencia del 28 de mayo de 2015, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
en un proceso con vocación de doble instancia ante esta Corporación, dado que el
valor de las pretensiones indemnizatorias ascendió a DIEZ MIL MILLONES DE
PESOS ($10.000´000.000.oo), por concepto del daño emergente, mientras que, al
momento de presentación de la demanda, el monto exigido para que un proceso
adelantado en ejercicio de la acción de controversias contractuales tuviera vocación
de doble instancia era de $383´350.0006.
La legitimación en la causa
El IDU y la sociedad H & H Arquitectura S.A. se encuentran legitimados en la causa
por pasiva y por activa, respectivamente, toda vez que el primero actuó como parte
contratante y la segunda como miembro de la unión temporal contratista, en el
acuerdo de voluntades objeto de la presente controversia.
Cabe anotar que en el presente asunto fueron notificados todos los integrantes de
la Unión Temporal GTM, pues en la demanda se solicitó y luego se admitió su
vinculación como litisconsortes necesarios. Sin embargo, como ya se había
anotado, sólo compareció la sociedad GRANDI LAVORI FINCOSIT SPA, quien
presentó una nueva demanda, que fue rechazada.
Al respecto, la jurisprudencia ha señalado que es dable que concurra al proceso la
unión temporal con quien se suscribió el contrato objeto de análisis, a través de su
representante, o cada uno de sus miembros individualmente considerados, con el
4
“La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo
dispuesto en la Constitución Política y las leyes especiales, de las controversias y litigios originados
en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que
estén involucradas las entidades públicas o los particulares cundo ejerzan función administrativa.
Igualmente conocerá de los siguientes procesos (..) 2. Los relativos a contratos, cualquiera que sea
su régimen, en los que sea parte una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones propias
del Estado”.
5
“El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia
de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación (…)”.
6
Para el 2012, fecha de presentación de la demanda, el salario mínimo ascendía a la suma de
$566.700, que, multiplicados por 500, corresponden a $383´350.000.
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Radicación número: 250002336000201200765-02 (55305)
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Demandado: IDU
Referencia: Apelación sentencia-acción contractual
objeto de que estos puedan demandar la legalidad del acto administrativo y
reclamar por los perjuicios que a cada uno se le hubiera ocasionado:
(…) tanto los consorcios como las uniones temporales sí se encuentran
legalmente facultados para concurrir, por conducto de su representante, a los
procesos judiciales que pudieren tener origen en controversias surgidas del
procedimiento administrativo de selección de contratistas o de la celebración y
ejecución de los contratos estatales en relación con los cuales tengan algún
interés, cuestión que de ninguna manera excluye la opción, que naturalmente
continúa vigente, de que los integrantes de tales consorcios o uniones
temporales también puedan, si así lo deciden y siempre que para ello satisfagan
los requisitos y presupuestos exigidos en las normas vigentes para el efecto,
comparecer a los procesos judiciales –bien como demandantes, bien como
demandados, bien como terceros legitimados o incluso en la condición de
litisconsortes, facultativos o necesarios, según corresponda–7 .
En consecuencia, la Sala considera que la sociedad H & H Arquitectura S.A., en su
calidad de miembro de la Unión Temporal GTM, se encuentra legitimada por activa
en el presente asunto.
Oportunidad del medio de control
Según el numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 20118, que resulta aplicable
al presente asunto, la acción contractual caduca al vencimiento del término de dos
años contados a partir de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que
le sirvan de fundamento.
En el presente asunto, la Resolución No. 3455 del 28 de julio de 2011 -confirmada
por la Resolución No. 4401 del 28 de octubre del mismo año- por medio de la cual
se declaró la caducidad del contrato, quedó ejecutoriada el 1 de diciembre de 2011
(fls. 233-308 c. 2), por lo que las partes tenían 4 meses -hasta el 2 de abril de 2012-
para la liquidación bilateral y, de no lograrse, la entidad debía liquidarlo
unilateralmente dentro de los dos meses siguientes -hasta el 2 de junio del mismo
año-, por lo que, a partir del día siguiente a esta fecha -3 de junio de 2012-, empezó
a correr el término de dos años para presentar la demanda, que, por lo tanto, vencía
el 3 de junio de 2014.
Como la demanda se presentó el 19 de diciembre de 2012, resulta evidente que la
misma fue oportuna, debiéndose anotar que el 19 de octubre de 2012 la sociedad
H & H Arquitectura S.A. presentó solicitud de conciliación extrajudicial, como
requisito de procedibilidad, ante la Procuraduría Quinta para Asuntos
Administrativos y el 10 de diciembre de 2012, la peticionaria y el IDU adelantaron
7
Sentencia de unificación del 25 de septiembre de 2013, Sección Tercera, Sala Plena, Consejero
ponente: Mauricio Fajardo Gómez, exp. 19933.
8
“j) En las relativas a contratos el término para demandar será de dos (2) años que se contarán a
partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de
fundamento (…)”.
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Radicación número: 250002336000201200765-02 (55305)
Actora: Sociedad H & H Arquitectura S.A.
Demandado: IDU
Referencia: Apelación sentencia-acción contractual
la audiencia respectiva, la cual se declaró fallida por ausencia de ánimo conciliatorio
(fls. 356-357 c. 2).
Problemas jurídicos a resolver
Teniendo en cuenta los hechos probados y los términos de la apelación, deberá la
Sala establecer si i) el a-quo omitió un pronunciamiento sobre la causal de nulidad
de violación del debido proceso administrativo, que se produjo según la
demandante por no haber tenido en cuenta el IDU las pruebas pedidas antes de
resolver declarando la caducidad del contrato; ii) ausencia de pronunciamiento
sobre la pretensión de liquidación del contrato y iii) falta de decisión sobre las
pretensiones subsidiarias, en el entendido de que su estudio sólo es pertinente en
tanto se negaron todas las pretensiones principales y que, de prosperar la primera
subsidiaria, se prescindirá del estudio de las demás; para ello, se analizará si el a-
quo desconoció el alcance de lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley 80 de 1993
en cuanto a la responsabilidad solidaria de los miembros de la unión temporal y la
determinación de las sanciones de acuerdo con la participación de cada uno de sus
miembros en el incumplimiento sancionado, para definir si, en el presente caso, la
declaratoria de caducidad -o sus efectos- no podían extenderse a la demandante,
por no haber incumplido sus obligaciones contractuales; iv) finalmente, de ser
procedente, se analizará lo concerniente a los efectos jurídicos de la revocatoria de
la cesión que, de su posición dentro de la unión temporal, hizo la firma
TRANSLOGISTIC S.A. a favor de H&H ARQUITECTURA S.A.
I- Violación del debido proceso administrativo
Se reitera que esta causal de anulación la propuso la demandante, fundada en que
el IDU no se pronunció sobre las pruebas pedidas en el procedimiento
administrativo que precedió a la expedición de la Resolución No. 3455 del 28 de
julio de 2011, por medio de la cual declaró la caducidad del Contrato de Obra No.
71 de 2008. Así mismo, en su recurso de apelación manifestó que, el Tribunal a-
quo, no hizo manifestación alguna sobre esta causal de nulidad. Revisada la
sentencia de primera instancia, encuentra la Sala que, en verdad, el a-quo no se
pronunció sobre este cargo, razón por la cual procede a efectuar su estudio, para
lo cual, luego de establecer el régimen jurídico y las generalidades del contrato
objeto de la controversia, efectuará un recuento de lo sucedido hasta el momento
en que se profirió la decisión impugnada.
19
Radicación número: 250002336000201200765-02 (55305)
Actora: Sociedad H & H Arquitectura S.A.
Demandado: IDU
Referencia: Apelación sentencia-acción contractual
1.1. El contrato objeto del presente asunto
El contrato materia de controversia está regulado por la Ley 80 de 19939, pues se
trató de un negocio jurídico cuya parte contratante, Instituto de Desarrollo Urbano
IDU, es un establecimiento público distrital que, por lo tanto, hace parte de las
entidades públicas enunciadas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993. Por otra parte,
las partes acordaron que el objeto contractual consistiría en “ejecutar, a precios
unitarios, las obras y actividades para la malla vial arterial, intermedia y local del
Distrito de Conservación del Grupo 3 (suroriente), en la ciudad de Bogotá”.
Está probado en el plenario10 que previo proceso licitatorio en el que se produjo la
adjudicación, el IDU celebró Contrato de Obra No. 071 del 30 de diciembre de 2008
con la Unión Temporal GTM, conformada por las sociedades GRANDI LAVORI
FINCOST SPA con una participación del 30%, TRANSLOGISTIC S.A. con el 40%
y CONSTRUCTORA INCA Ltda., con el 30%, cuyo objeto fue “(…) ejecutar, a
precios unitarios las obras y actividades para la malla vial arterial, intermedia y local
del Distrito de Conservación del Grupo 3 (suroriente), en la ciudad de Bogotá D.C.,
de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas
en el pliego de condiciones, en especial con las establecidas en los apéndices y las
consignadas en el anexo técnico separable (capítulo 4 del pliego de condiciones),
los cuales hacen parte integral de este contrato” (fls. 53-68 c. de pruebas 2)11.
El precio se pactó en $87.398´750.260, con un anticipo equivalente al 20% del valor
de las obras del contrato, el cual sería entregado por cuotas al contratista (cláusula
3 y 5) y el plazo de ejecución estipulado -cláusula novena- fue de 42 meses,
contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, distribuidos así: 2
meses para la etapa previa (presentación y aprobación de la interventoría de las
hojas de vida del personal de trabajo; revisión y ajuste de diseños entregados por
el IDU; presentación y aprobación del cronograma de trabajo e inicio del diagnóstico
para los segmentos de la obra) y 40 meses para la etapa de obra.
9
De conformidad con el artículo 32, numeral 1 de la Ley 80 de 1993, “Son contratos de obra los que
celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para
la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la
modalidad de ejecución y pago”.
10
La Sala debe anotar que las partes solicitaron en oportunidad la práctica de pruebas, se valieron
de ellas en este proceso y no se formularon reparos frente a la incorporación de las mismas; por otra
parte, las copias simples se valorarán, de conformidad con el criterio establecido por la Sección y el
Pleno de la Corporación: Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, exp. 25.022, M.P.
Enrique Gil Botero. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, sentencia del 30 de septiembre de 2014, exp. 2007-01081-00(REV), M.P. Alberto
Yepes Barreiro
11
Se pactó que como alcance del objeto: “Realizar diagnóstico, programa de intervenciones, estudios
y diseños, mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, rehabilitación, reconstrucción y
construcción sobre la malla vial arterial, malla vial intermedia y malla vial local, así como la atención
de emergencias y obras menores de mejoramiento, de conformidad con el anexo técnico del pliego
de condiciones”.
20
Radicación número: 250002336000201200765-02 (55305)
Actora: Sociedad H & H Arquitectura S.A.
Demandado: IDU
Referencia: Apelación sentencia-acción contractual
En la cláusula 11 las partes convinieron las obligaciones que estarían a cargo de la
contratista en materia de ejecución, de conformidad con el anexo técnico del pliego
de condiciones y en cumplimiento estricto del cronograma de obra aprobado por el
interventor; en materia de elementos, equipos, materiales y personal; en materia
laboral, seguridad social y parafiscales del personal que se contratara para la
ejecución de los trabajos; de manejo de tráfico, señalización y desvíos; en materia
ambiental, social, seguridad industrial y salud ocupacional; y, por último,
obligaciones sobre la presentación de documentos y disponibilidad del cupo de
crédito presentado con la oferta, respecto del cual, en el contrato se estipuló que el
contratista mantendría la disponibilidad del cupo de crédito presentado con su
propuesta y permitiría la verificación del mismo por parte del IDU cada 6 meses,
durante la ejecución del contrato.
Los contratantes también acordaron que la contratista podía ceder el contrato a
terceros, con la autorización previa, expresa y escrita del IDU, siempre y cuando se
hiciera a una persona con iguales o mejores indicadores de la experiencia exigida
en los pliegos de condiciones (cláusula 17).
El 18 de febrero de 2009, las partes suscribieron el acta de inicio del contrato, según
consta en el Contrato Adicional No. 1, por lo que su vencimiento se produciría el 17
de agosto de 201212 (fl. 300, c. 4 de pruebas).
El contrato fue objeto de dos adiciones para la ampliación del alcance del objeto del
contrato por valor de $5.049´996.209 -Contrato Adicional No. 1 del 11 de noviembre
de 2009- y $938´000.000 -Contrato Adicional No. 2 del 18 de diciembre de 2009-
(fls. 300 y 305, c. 4).
El 11 de mayo de 2010, mediante el oficio No. IDU-031798, el director general del
IDU autorizó la cesión de la participación de la sociedad TRANSLOGISTIC S.A. en
la Unión Temporal GTM a favor del GRUPO FRANCO OBRAS Y PROYECTOS y
a la sociedad H & H Arquitectura S.A., en un 5% y 35% respectivamente, de
conformidad con el contrato de cesión allegado con la solicitud, advirtiendo que “El
proceso de cesión solicitado no modifica los términos del contrato de obra No. 71
de 2008 celebrado entre el Instituto de Desarrollo Urbano IDU y la Unión Temporal
GTM., manteniendo los valores económicos presentados a través de la propuesta
económica radicada el 20 de noviembre de 2008, la cual hace parte integral del
contrato” (f. 358, c. 4).
12
La Sala no halló en el expediente copia de dicha acta de inicio.
21
Radicación número: 250002336000201200765-02 (55305)
Actora: Sociedad H & H Arquitectura S.A.
Demandado: IDU
Referencia: Apelación sentencia-acción contractual
El 21 de mayo de 2010, las partes suscribieron el otrosí No. 1 al contrato de obra
No. 071 de 2008, en el cual se acordó la nueva conformación de la Unión Temporal
GTM, teniendo en cuenta la cesión de la participación realizada por la firma
TRANSLOGISTIC S.A. y su autorización por parte de la entidad contratante. En el
documento también se convino modificar las garantías (fls. 86, c.2 de pruebas).
El 29 de julio de 2010, el representante legal de la Unión Temporal GTM, a solicitud
de la sociedad H & H Arquitectura S.A., le informó cuáles eran concretamente las
vías y los 46 frentes que debía intervenir, sin perjuicio de que, con posterioridad y
según su participación porcentual, le fueran asignadas más vías (fls. 661-663 c. 6):
Frente 1 Hortúa, Frente 3 Av. General Santander, Frente 4 Av. Primero de Mayo,
Frente 5 Primero de Mayo, Frente 8 Carrera 13 Oriental, Frente 9 San Carlos,
Frente 10 San Carlos, Frente 11 San Carlos, Frente 12 La Pared, Frente 13 San
Pedro, Frente 14 Columnas, Frente 15 Quiroga La Y, Frente 17 Diana Turbay,
Frente 18 Guacamayas, Frente 19 Carrera 13 Occidental, Frente 20 Quiroga La Y,
Frente 21 Nueva Delhi, Frente 22 Barrio Inglés, Frente 23 Calle 46 Barrio Inglés,
Frente 24 Santa Lucía (Valorización), Frente 25 Nueva Delhi, Frente 54 San Blas,
Frente 84 San Blas, Frente 7 Mariscal Sucre, Frente 44 Diana Turbay, Frente 50
Diana Turbay, Frente 46 Molinos, Frente 43 Chiguaza, Frente 42 Marruecos, Frente
47 Barrio Inglés, Frente 49 Marco Fidel Suárez, Frente 35 Barrio Inglés, Frente 31
Tv 3c entre 42ª sur y 43B sur, Frente 44 La Hortúa, Frente 55 Cl 48X Diana Turbay,
Frente 90 Avd. Santa Lucía, Frente 92 Avd. Los Cerros, Frente 45 Chiguaza, Frente
30 Columnas, Frente 93 Mariscal Sucre, Frente 248 Guacamayas, Frente 92A Los
Cerros, Frente 29A La Pared, Frente 25 Nueva Delhi, Frente 14A Columnas y
Frente 37 Marco Fidel Suárez.
En el plenario también obran los informes rendidos por la Dirección Técnica y
Mantenimiento del IDU, en los que se evidenciaron los incumplimientos reiterados
de la contratista, en relación con la falta de insumos y dotación para el personal,
según lo pactado en el contrato. Así mismo, dicha autoridad llamó la atención de la
unión temporal sobre la reubicación de los puntos CREA, el deterioro que
presentaban los andenes de acceso a los frentes de obra, la falta de accesos
peatonales y las continuas lesiones por caídas que presentaban los transeúntes.
También reprochó la falta de diligencia de la contratista respecto al seguimiento de
los reclamos y manifestaciones ciudadanas, según el Plan de Gestión Social. Puso
de presente las bajas calificaciones obtenidas por el incumplimiento de las
obligaciones sociales, las cuales no cumplían con el tope del 90% exigido en el
anexo técnico de los pliegos de condiciones (fls. 538-578, c. 5).
El 25 de febrero de 2011, el Consorcio PRO3, en su calidad de interventor, requirió
a la Unión Temporal GTM el cumplimiento de sus obligaciones contractuales,
22
Radicación número: 250002336000201200765-02 (55305)
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Demandado: IDU
Referencia: Apelación sentencia-acción contractual
especialmente las relativas a la gestión social, atención al ciudadano y seguimiento
de la dotación del personal. Advirtió que, si no alcanzaba la calificación mínima del
90% en las listas de chequeo, daría lugar a la imposición de multas, en los términos
de la cláusula 22 del Contrato de Obra No. 071 de 2008. De igual forma, puso de
presente las actas de los comités técnicos y los reiterados requerimientos elevados
en dichas materias (fls. 485-486, c. 5).
En el expediente también reposan varias comunicaciones cruzadas entre las partes
contratantes y entre la Unión Temporal GTM y la interventoría, relacionadas con el
pago de la tercera cuota del anticipo y el reintegro de los dineros que fueron objeto
de embargo; la actualización de la disponibilidad del cupo de crédito; la respuesta
a los requerimientos elevados por el interventor respecto del funcionamiento de los
programas de atención al ciudadano, la atención y seguimiento a manifestaciones
ciudadanas; la dotación de implementos de trabajo y la baja calificación de listas de
chequeo sobre el componente social (fls. 441-486, c. 5).
1.2. Iniciación del procedimiento de declaratoria de caducidad:
El 26 de abril de 2011, el IDU informó a la Unión Temporal GTM y advirtió a cada
uno de sus integrantes, el inicio de “la actuación administrativa tendiente a la
declaratoria de caducidad por el presunto incumplimiento del contrato 71 de 2008”,
debido a la “disminución progresiva de sus actividades, afectando de manera grave
y directa la ejecución del objeto del contrato”. Las obligaciones presuntamente
incumplidas por el contratista, fueron las relativas a: (i) el cronograma de obra,
correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2010 y el 3 de
abril de 2011; (ii) lo relacionado al componente social, correspondiente a los meses
noviembre y diciembre de 2010 y enero, febrero y marzo de 2011; y (iii) la
disponibilidad del cupo de crédito presentado por la firma GRUPO FRANCO
OBRAS Y PROYECTOS S.A. (f. 370 a 390, c. de pruebas 4).
En el documento consta que la interventoría, ejercida por el Consorcio PRO3,
informó que, a pesar de haberse impuesto una multa a la contratista, los atrasos
persistían y se incrementaban, por cuanto “la ejecución física y financiera del
contrato se encuentran por debajo de las metas propuestas y aprobadas”, llegando
a la conclusión de que “el contratista difícilmente cumplirá con el objeto dentro del
plazo fijado”. Así mismo, se evidenció que, según la interventoría, “la principal
causa del atraso que presentan las obras contratadas, no es otra que la falta de
recursos de todo orden”. Como consecuencia del informe de Interventoría, la
entidad -Dirección Técnica y de Mantenimiento- le pidió que puntualizara y ampliara
la información sobre el estado de ejecución del contrato, con el fin de contar con la
evidencia necesaria ante los posibles incumplimientos.
23
Radicación número: 250002336000201200765-02 (55305)
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Referencia: Apelación sentencia-acción contractual
Así mismo, que la Interventoría atendió al requerimiento y presentó oficios del 15
de febrero y el 2 de marzo de 2011, con el balance financiero del contrato de
acuerdo a los cronogramas de obra, estableciendo la meta física aprobada para
distintas fechas, el avance ejecutado y el atraso a la fecha del informe, así como
las causas del atraso -falta de recursos, tales como equipos mecánicos, materiales,
subcontratistas, etc., falta de diseños y actualización de los entregados, falta de
programaciones de obra debidamente aprobadas, falta de aprobación de PMTs-.
Manifestó que, a la fecha, la Interventoría no había aprobado plan de contingencia
alguno, porque los presentados por la unión temporal GTM no habían cumplido con
los requisitos mínimos que permitieran impartirles aprobación. Y en su concepto
técnico, había una afectación grave de la ejecución del contrato que, si bien no
amenazaba con su parálisis definitiva, sí permitía advertir que no se cumpliría con
el objeto dentro del plazo fijado y que no había ninguna situación de fuerza mayor
o caso fortuito que justificara el incumplimiento del contratista.
Frente al anterior informe, la entidad convocó al contratista, al interventor y a la
aseguradora a una reunión, en la que le solicitó al primero incrementar en el
siguiente mes los recursos del contrato para normalizar su ejecución, periodo
durante el cual se vigiló día a día el comportamiento de la misma, con reportes
diarios del Interventor, en los cuales se constató el atraso presentado y la falta de
recursos en los frentes de obra.
El IDU puso de presente a la contratista que, a la fecha (26 abril de 2011), estaba
“pendiente por ejecutar $27.525´610.099, que corresponden a la diferencia entre
$71.682´624.896 (ejecución programada acumulada a diciembre de 2011) y
$44.157´014.797, que corresponde a la ejecución acumulada a 3 de abril de 2011”.
A esto agregó que “(…) dentro de los $27.525´610.099 que se encuentran
pendientes por ejecutar este año, se incluye el incumplimiento que se registra al 3
de abril de 2011 por un monto de $15.767´255.411, reflejado en los frentes de obra
que iniciaron su ejecución en el año 2009 y no han terminado su ejecución en el
2011 y las vías 2010 que por causa del atraso no han iniciado o iniciaron tarde”. Se
analizaron las vías que iniciaron su ejecución en el 2009 y no habían terminado en
el 2011, las vías de 2010 que no habían iniciado o iniciaron tarde, los frentes sin
iniciar, de todo lo cual se concluyó que “Si bien el atraso con respecto al valor total
del contrato ha disminuido desde enero de 2011, éste no ha sido suficiente para
subsanar totalmente el atraso” y se agregó que ese incumplimiento del cronograma
había generado atrasos en la entrega de las vías, “(…) ya que luego de dos (2)
años de ejecución de obras, no se ha entregado ningún segmento vial que haya
sido objeto de intervención mediante el contrato 071 (…)”, por lo que existía un
incumplimiento grave de la Unión Temporal GTM al cronograma de obra.
24
Radicación número: 250002336000201200765-02 (55305)
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Referencia: Apelación sentencia-acción contractual
Se evidenció así mismo el incumplimiento del contratista en relación con la gestión
social, pues se evidenciaba una disminución reiterada de las calificaciones sociales
obtenidas, y lo relacionado con el cupo de crédito, que fue desconocido por quien
supuestamente lo había concedido -Caja Rural del Mediterráneo, Ruralcaja-, que
sostuvo que el documento en cuestión tenía indicios de falsificación.
Finalmente, en la comunicación sobre la apertura del procedimiento administrativo
tendiente a la declaratoria de caducidad del contrato, se fijó fecha y hora para
audiencia de descargos, que debían presentarse verbalmente y por escrito13.
1.3. Descargos del contratista
En el escrito de descargos presentado por la Unión Temporal GTM14, ésta alegó
que el retraso en el cronograma de las obras tuvo relación directa con la fuerte ola
invernal que se presentó a nivel nacional, lo cual afectó la ejecución de los trabajos,
debido a las inundaciones, la contaminación de materiales acopiados y el atraso en
el transporte y suministro de materiales (f. 391 a 440, c. 5).
Igualmente, la contratista adujo que otra de las circunstancias ajenas a su voluntad
tuvo que ver con el incumplimiento de la entidad en pagar la tercera cuota del
anticipo, de conformidad con lo pactado en el contrato -cláusula 5 literal c)-, es decir,
el 3% del valor de la obra que sería cancelado en el momento en que se amortizara
la cuota correspondiente a las vigencias 2008 y 2009, lo que cumplió la unión
temporal desde el mes de enero de 2011, con las amortizaciones de las actas
parciales 17, 18, 19, 20 y 2115. La entidad se negó a pagar porque la cuenta en la
que se encontraban los recursos fue embargada, pero luego la medida se levantó
el 17 de enero de 2011, sin que el pago se hubiera realizado.
La Unión Temporal GTM afirmó así mismo, que la entidad pública no tuvo en cuenta
la reactivación del proyecto desde el mes de mayo de 2010 con la cesión parcial de
la posición contractual, a la cual ingresaron las sociedades H & H Arquitectura S.A.
y el Grupo Franco Obras y Proyectos. De esta forma, puso de presente:
Para mayo de 2010 el valor ejecutado acumulado era de $9.626´376.194, es
decir que después de transcurridos 9 meses de iniciada la etapa de
construcción solamente se había ejecutado un 10% del valor del contrato,
gracias a la participación de las sociedades que ingresaron desde mayo de
2010 y hasta la fecha el valor ejecutado acumulado haciende (sic) a la suma de
13
La Sala no halló en el expediente copia del acta de la audiencia de descargos que, según se
registró en la Resolución 3455 del 28 de julio de 2011 -de caducidad-, se llevó a cabo el 9 de mayo
de 2011 y, en ella, la Unión Temporal GTM presentó escrito de descargos radicado bajo el No. IDU
20115260504382 de la misma fecha (f. 104, c. 2 de pruebas).
14
Se advierte que la copia de este documento aportada por la parte actora se encuentra incompleta,
pues pasa de la página 44 a la 50.
15
Cabe anotar que estas actas parciales no reposan en el expediente.
25
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Referencia: Apelación sentencia-acción contractual
$30.541´950.435 más $300 millones aproximadamente por concepto de
movimiento de maquinaria para un total de $30.841´950.435. Es decir, en un
tiempo igual a 12 meses se ha ejecutado obra por valor de $21.215´574.241
correspondiente a un porcentaje aproximado del 22.71% del valor del contrato
para un total acumulado del 32%.
De esta forma podemos observar que el porcentaje de lo ejecutado durante el
último año dobla lo ejecutado desde el inicio del contrato, situación que nos
permite manifestar que el contrato 71 de 2008 en ningún momento ha estado
paralizado (…)”.
En cuanto al incumplimiento del componente social, la contratista señaló que la
metodología y calificación empleadas por la interventoría no eran las adecuadas,
pues no se tuvo en cuenta la cantidad de frentes de obra abiertos y no se podía
calificar con cero cuando en un solo frente se tenía a un trabajador sin sus
elementos de seguridad, siendo un hecho aislado.
En relación con el incumplimiento imputado por la falta de disponibilidad del cupo
de crédito, debido a una supuesta falsedad, la contratista advirtió que la afirmación
realizada en tal sentido por la entidad carecía de fundamento probatorio16.
1.4. Pruebas pedidas por la Unión Temporal GTM en sus descargos:
Advierte la Sala que el documento de descargos se halla incompleto pues faltan las
páginas 45 a 49 del mismo, por lo que pasa del numeral “3. incumplimiento de la
obligación de disponibilidad del cupo de crédito presentado por la firma Grupo
Franco Obras y Proyectos S.A.” -que aparece sólo el título-, al numeral “5.2.
Solicitud para el aporte de documentos” (f. 434 y 435, c. 5).
De acuerdo con este último numeral, la contratista solicitó que, para que constara
en el expediente, el IDU aportara copia auténtica de la “(…) comunicación o
certificación expedida por la CAJA RURAL DEL MEDITERRÁNEO, RURALCAJA
S. COOP. CRTO., por medio de la cual le certifique al Instituto de Desarrollo Urbano
– IDU, que el documento presentado a la entidad de fecha enero de 2011, por medio
del cual se informa que la firma GRUPO FRANCO OBRAS Y PROYECTOS S.L.
CON NIT B-1471372, tiene con la mencionada entidad, un cupo de crédito
aprobado hasta por un valor de SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE
MIL CUARENTA Y OCHO euros (…) es falso y que la entidad no lo ha emitido. El
mencionado documento debe ser puesto en conocimiento de la Unión Temporal
GTM para efectos de conocer el contenido de una presunta prueba documental que
pesa en su contrata (sic) y pueda ejercer el derecho fundamental de controvertirlo”.
16
Lo alegado en torno a este cargo se tomó de la relación que, en el acto de caducidad, hizo la
entidad respecto de la intervención de la contratista en la audiencia de descargos, pues en la copia
del documento de descargos faltan las páginas 45 a 49, correspondientes al “incumplimiento de la
obligación de disponibilidad del cupo de crédito presentado por la firma Grupo Franco Obras y
Proyectos S.A.” (ver f. 434 y 435, c. 5).
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Radicación número: 250002336000201200765-02 (55305)
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Demandado: IDU
Referencia: Apelación sentencia-acción contractual
A continuación, en el numeral 5.3 pidió que se recibieran 5 declaraciones:
• Del representante legal del Consorcio P3, interventor del contrato de obra para
“(…) desvirtuar los cargos o imputaciones formuladas a la Unión Temporal GTM
generan (sic) la actuación administrativa tendiente a la declaratoria de caducidad
por presunto incumplimiento del contrato (…), en especial la correspondiente a la
falsedad del Cupo de Crédito aportado por GRUPO FRANCO OBRAS Y
PROYECTOS S.L.”.
• Manuel Enrique Bermúdez B., representante legal encargado del Consorcio P3 y
Carmen Elena Lopera F., Subdirectora General de Infraestructura del IDU, ambos
testimonios con idéntica finalidad a la del anterior.
• Geovanny Páez, quien se desempeñaba como ingeniero director de obra en la
Unión Temporal GTM y la ingeniera Sandra Silva, que se desempeñaba como
Ingeniera Coordinadora Técnica en la Unión Temporal GTM, con cuyos testimonios
buscaba desvirtuar los cargos o imputaciones de incumplimiento contractual,
fundándose en el real avance de la obra y el cumplimiento de las obligaciones de
Gestión Social.
Y en el numeral 5.4 del documento de descargos, pidió así mismo la práctica de
una inspección ocular por parte de funcionarios del IDU, la Interventoría y el
representante y director de obra de la unión temporal, para verificar el avance de
obra en 14 frentes que allí relacionó, con el fin de constatar si se encontraban
abiertos, en estado activo o paralizado, si estaban a disposición de la comunidad
para su uso, qué porcentaje de avance tenían y qué actividades se encontraban
pendientes para ejecutar, levantando un acta de dicha visita, con soporte fotográfico
de cada uno de los frentes.
Según consta en la Resolución 3455 de 2011, el apoderado de la Unión Temporal
GTM solicitó tener como material probatorio del procedimiento una serie de
documentos que allí se relacionó: i) Un CD y dos videos demostrativos de las
fuertes lluvias, ii) copia del comunicado de desembargo a Bancos y
Establecimientos similares emitido por la DIAN, iii) copia de ocho comunicaciones
UTGTM del 10 de febrero, 14, 23, 24 y 29 de marzo y de 1º y 15 de abril de 2011 y
iv) copia de las listas de chequeo de las localidades RAFAEL URIBE, SAN
CRISTÓBAL, CANDELARIA Y SANTAFÉ de los periodos enero y febrero de 2011
(f. 150, c. 2 de pruebas).
27
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Referencia: Apelación sentencia-acción contractual
El 28 de julio de 2011, mediante la Resolución No. 345517, el IDU declaró la
caducidad del Contrato de Obra No. 071 de 2008, fundado en que “la contratista
incurrió en incumplimiento de sus obligaciones contractuales, que afectaban directa
y gravemente la ejecución del contrato, llevándolo a la posible paralización”. En
consecuencia, declaró terminado el contrato, ordenó su liquidación en el estado en
el que se encontraba y declaró la ocurrencia del siniestro por el valor de
$28.016´023.941.
En las consideraciones del acto, se informó que el 19 de octubre de 2010, mediante
la Resolución No. 3211, el IDU impuso una multa a la Unión Temporal GTM, por
valor de $601´520.000, “por el incumplimiento en la cláusula 11. Obligaciones del
contratista literal A), numeral 4) y literal B), numeral 5”, referidas al “cumplimiento
del cronograma de obra” y “mantener al frente de los trabajos todos los recursos
necesarios para el normal y completo desarrollo del objeto contractual” y que la
decisión fue confirmada mediante la Resolución No. 1383 del 25 de marzo de 2011.
La entidad dio cuenta así mismo del informe presentado por la Dirección Técnica
de Mantenimiento del IDU, en el que evidenció que, si bien se había presentado
una ola invernal, el contratista no adoptó medidas para mitigar los efectos del clima,
“como utilización de carpas y/o plásticos que protejan las capas de material granular
terminadas, estructuras temporales de contención con bultos de material de
excavación que direccionen o desvíen la escorrentía superficial, etc.”. De igual
forma, se estableció que los atrasos al cronograma de obra quedaron plenamente
demostrados, pues se presentaron no sólo durante la temporada de lluvias sino en
tiempo seco.
En cuanto al incumplimiento del giro de los recursos provenientes del anticipo, la
Dirección Técnica de Mantenimiento del IDU evidenció que no había sido posible
hacerlo en la oportunidad acordada, “debido a los incumplimientos del mal manejo
del anticipo por parte de la Unión Temporal GTM”, dando lugar al inicio del
procedimiento administrativo tendiente a la declaratoria de incumplimiento.
En relación con el avance de los trabajos, la Dirección Técnica también anotó que,
contrario a lo registrado por la unión temporal, “desde mayo de 2010 hasta junio de
2011, en el transcurso de 13 meses se ejecutó $12.801´106.294, diferente a lo
reportado por el contratista en sus descargos donde indica que en este mismo
tiempo ejecutó obra por valor de $21.215´574.241”. Por esta razón, consideró que
la unión temporal debía aumentar siete (7) veces la ejecución mensual para que a
17
Previamente, mediante la Resolución No. 3323 del 15 de julio de 2011, la entidad pública había
declarado la ocurrencia del siniestro por el mal manejo e indebida inversión del anticipo, el cual sería
cubierto con la garantía de cumplimiento expedida por SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A., razón
por la cual, ordenó su pago en cuantía de $5.850´909.111 a favor del IDU (fl. 101 c. ppal. 1).
28
Radicación número: 250002336000201200765-02 (55305)
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diciembre de 2011 cumpliera con la ejecución programada acumulada, es decir,
$71.682´624.896, “meta que resulta casi utópica dados los antecedentes de
ejecución”.
En la motivación de la decisión que declaró la caducidad del contrato también se
hizo referencia a los informes semanales presentados por la interventoría en los
que se reportó la falta de recursos en las obras, falta de personal, equipo y
materiales; deficiencia en el retiro de escombros, pues no se contaba con
suficientes volquetas; bajos rendimientos en todos los frentes de obra; frentes sin
terminar y algunos sin iniciar; comunidad afectada por la demora de las obras;
desgaste administrativo y ninguna vía entregada, entre otros asuntos.
1.5. Sobre la petición de pruebas elevada por la Unión Temporal GTM en el
curso del proceso administrativo:
En el acto de caducidad, el IDU analizó la solicitud de pruebas elevada por la Unión
Temporal GTM, para lo cual empezó por recordar que, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 267 del C.C.A., en los aspectos no contemplados en dicho
Código se seguirá el C.P.C., en lo que sea compatible con la naturaleza de los
procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo. Y respecto de las pruebas, que el artículo 34 del C.C.A. establece
que durante la actuación administrativa se podrán pedir y decretar pruebas y allegar
informaciones, sin requisitos ni términos especiales, de oficio o a petición del
interesado, mientras que el artículo 179 del C.P.C., dispone que “Las pruebas
pueden ser decretadas a petición de parte, o de oficio cuando el magistrado o juez
las considere útiles para la verificación de los hechos relacionados con las
alegaciones de las partes…”. Con fundamento en estas disposiciones “(…) y a
efectos de conformar el acervo probatorio y obtener certeza sobre los hechos que
se debaten”, procedió a resolver sobre las pruebas solicitadas por el contratista en
su escrito de descargos, así (f. 149 a 152, c. 2 de pruebas):
1) En cuanto a las pruebas documentales aportadas según numeral 5.1 y las
solicitadas en el numeral 5.2, la entidad consideró que las mismas eran
pertinentes y conducentes.
2) En lo concerniente a la solicitud de práctica de pruebas testimoniales y a la
inspección ocular, manifestó que “(…) en lo relacionado a una presunta
‘falsedad del Cupo de Crédito aportado por el Grupo Franco Obras y proyectos
S.L.’ las declaraciones de los señores FERNANDO JAIMES PRADA, MANUEL
ENRIQUE BERMUDEZ y CARMEN ELENA LOPERA FIESCO, resultan
inconducentes, impertinentes e inútiles, toda vez que no es competencia del
29
Radicación número: 250002336000201200765-02 (55305)
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Instituto de Desarrollo Urbano IDU, determinar la ocurrencia de una conducta
punitiva, para lo cual esta Entidad puso en conocimiento los hechos a las
autoridades competentes”.
3) En relación con la solicitud de declaración de Geovanny Páez y Sandra Silva,
estimó que “(…) resulta inútil por cuanto con dichos testimonios la Unión
Temporal no puede probar el avance real de la ejecución de la obra”.
4) Y frente a la inspección ocular solicitada, manifestó que “(…) procede el rechazo
de plano, por ser esta manifiestamente superflua por cuanto el hecho del avance
de la ejecución de las obras objeto del contrato 71 de 2008, está plenamente
demostrado y constatado a través de los informes de interventoría señalados en
el presente acto administrativo”.
El apoderado de la sociedad H&H Arquitectura S.A. interpuso recurso de reposición
contra la Resolución No. 3455 del 28 de julio de 2011, por la cual se declaró la
caducidad del Contrato de Obra No. 071 de 2008. Adujo, en síntesis, que, según la
asignación de las actividades libremente establecidas en el acuerdo de la unión
temporal y los porcentajes de participación, las sanciones por el incumplimiento
serían divisibles y cada miembro asumiría la responsabilidad de la sanción. Señaló
que el IDU debió tener en cuenta que para el momento en que H&H Arquitectura
S.A. ingresó a la Unión Temporal GTM, “la obra se encontraba totalmente
paralizada y los recursos del anticipo que la unión temporal había recibido de la
entidad se encontraban agotados en su totalidad”, por lo que se había visto obligada
a invertir recursos propios para dar continuidad con el objeto contractual. Por último,
puso de presente que, en el evento de confirmarse la caducidad, se afectaría a
todos los miembros de la unión temporal con las sanciones que ésta conllevaba,
respecto de las cuales no podía predicarse solidaridad (f. 169, c. 2 de pruebas)18.
En relación con este recurso de reposición, advierte la Sala que H&H no hizo
alusión alguna a la supuesta violación del debido proceso que ahora aduce en sede
judicial, proveniente de no haber resuelto la entidad, con antelación a la expedición
del acto, lo atinente a las pruebas pedidas por aquella firma en su escrito de
descargos.
El 28 de octubre de 2011, mediante la Resolución No. 4401, el IDU resolvió los
recursos de reposición interpuestos por la sociedad H&H Arquitectura S.A. y la
compañía de seguros SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A., confirmando en todas
sus partes la Resolución 3455 impugnada (f. 233, c. 2 de pruebas).
18
Advierte la Sala que la copia del recurso de reposición aportada al proceso está incompleta, pues
pasa de la página 27 a la 29.
30
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1.6. El debido proceso en materia contractual
En aras de resolver el cargo de violación del debido proceso que alegó la
recurrente, por no haber sido estudiado en la sentencia de primera instancia, debe
la Sala referirse a este derecho fundamental, de consagración constitucional -art.
2919-.
Concebido como una garantía para todas las personas que se vean sometidas a
decisiones administrativas o judiciales, sancionatorias o simplemente adversas a
sus intereses, el debido proceso pretende asegurar que tales decisiones no sean
tomadas por fuera del marco legal que las contempla, por funcionarios competentes
y con observancia de las respectivas formas, en tal forma que se garantice el
derecho de audiencia y de defensa de su destinatario.
33. La referida norma constitucional compendia el contenido de tal
derecho y garantía. Así, define el derecho a: (i) ser juzgado con base en normas
previas a la conducta que se endilga, (ii) solo ser condenado por hechos
previstos como delito o infracción al momento de su comisión, (iii) ser juzgado
en atención a las formas previstas para cada juicio, previa determinación legal,
(iv) ser juzgado por una autoridad competente, independiente e imparcial, (v)
no desconocer la presunción de inocencia, (vi) no ser juzgado dos veces por la
misma conducta, (vii) aplicar el principio de favorabilidad, (viii) aportar y
controvertir las pruebas que se aduzcan en contra del procesado, (ix) el proceso
debe sustentarse en pruebas legalmente obtenidas y, (x) se debe lograr la
resolución de las controversias jurídicas planteadas sin dilaciones injustificadas
y con respeto de los principios procesales20.21
Es claro que la referida garantía, como bien lo dice la norma constitucional, opera
no sólo en procesos judiciales, sino también en las actuaciones administrativas, que
también son susceptibles de afectar los derechos e intereses de la persona titular
de la situación jurídica objeto de la decisión que, en tal caso, lo será un acto
administrativo de carácter particular y concreto.
El derecho al debido proceso apunta entonces, a que las personas respecto de las
cuales se va a tomar una decisión determinada, judicial o administrativa, sólo sean
19
“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas. // Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de
cada juicio. // En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. // Toda persona se presume inocente mientras no se
la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la
asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un
debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se
alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el
mismo hecho. // Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.
20
[61] “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 30 de enero de 2013, expediente 24743, Consejero Ponente: Danilo Rojas
Betancourth”.
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 11 de octubre de 2021, expediente 53479, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
31
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objeto de tal actuación cuando la misma esté previamente establecida en la ley,
que la decisión sea tomada por quien tiene la facultad legal para hacerlo y que lo
haga siguiendo el procedimiento establecido para ello en la normatividad
correspondiente, brindándoles a sus destinatarios la oportunidad de ser oídos y de
ejercer el derecho de defensa antes de que la decisión sea efectivamente expedida.
Específicamente en relación con los actos administrativos proferidos por las
entidades estatales, el Código Contencioso Administrativo -Decreto 01 de 1984-
consagró en su Primera Parte -artículos 1 a 81- la regulación de las actuaciones
administrativas22, es decir aquellas que se deben adelantar y agotar por parte de
las autoridades de manera previa a la toma de una decisión que afectará la
situación jurídica particular y concreta de un administrado, estableciendo los
principios que rigen a tales actuaciones; la forma como ellas pueden ser iniciadas;
el deber de informar al administrado que se pueda ver afectado con ella, el inicio
de la respectiva actuación, dándole la oportunidad de participar en el proceso de
formación de la voluntad administrativa, mediante la posibilidad de pedir y aportar
pruebas23 y contradecir las aducidas por la administración, antes de que esta tome
la decisión final que, a su vez, puede ser objeto de impugnación ante la misma
autoridad que la profirió o su superior si lo tuviere, a través de los recursos de
reposición y apelación.
Ahora bien, la jurisprudencia, de tiempo atrás24, ha reconocido que el debido
proceso se debe garantizar en todas las actuaciones administrativas, aún en materia
22
El artículo 1º del CCA estableció la aplicación de esta parte primera a las autoridades estatales allí
relacionadas y a las entidades privadas cuando cumplieran funciones administrativas, aclarando que
los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales se regirían por las mismas y, en
lo no previsto en ellas, se aplicarían las normas de la Primera Parte del referido Código que fueran
compatibles. Actualmente, lo relativo a las actuaciones administrativas se encuentra regulado en la
Parte Primera, artículos 1 a 102 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo -CPACA-.
23
Sobre el particular, es necesario advertir que las normas sobre las actuaciones administrativas en
general -primera parte del CCA- no establecen la obligación de la entidad pública de decretar,
siempre y en todo caso, las pruebas pedidas por el administrado, sin atender a su necesidad,
conducencia o pertinencia. En efecto, los artículos 56 a 58 del C.C.A., vigentes para la fecha en que
se adelantó el proceso administrativo, hacen referencia a: (i) la admisibilidad de todos los medios de
prueba previstos en el Código de Procedimiento Civil; (ii) la oportunidad para pedir pruebas en el
trámite de un recurso de apelación, no reposición y (iii) el término para practicar las pruebas
decretadas en un término no mayor de 30 días, ni menor de 10 días. Por su parte, los artículos 174
a 187 del C.P.C., prevén que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y
oportunamente allegadas al proceso y se practicarán de acuerdo con “su prudente juicio”. Así mismo,
se establece que “las pruebas deben ceñirse al asunto materia del proceso”, con la posibilidad de
que la autoridad las rechace por prohibidas, ineficaces, impertinentes o superfluas.
24
“De la normatividad del C.C.A. citada por la actora como infringida merece resaltarse el artículo 3º
en cuanto señala que todas las actuaciones administrativas deben regirse por los principios
orientadores, de los cuales se destaca la utilización de las normas de procedimiento para agilizar las
decisiones (principio de economía), que se logre la finalidad con los procedimientos aplicados
(principio de eficacia) y fundamentalmente que los interesados tengan la oportunidad “de conocer y
de controvertir estas decisiones por los medios legales” (principio de contradicción). // Por su parte
el artículo 14 hace referencia a la citación de terceros determinados que “pueden estar directamente
interesados en las resultas de la decisión”; el art. 28 en igual sentido establece el deber de comunicar
la actuación administrativa iniciada de oficio a particulares que resulten afectados en forma directa;
el art. 34 según el cual en las actuaciones administrativas se pueden pedir y practicar pruebas sin
requisitos ni términos especiales, de oficio o a petición del interesado y por último, el art. 35 señala
que la decisión debe adoptarse habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus
32
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de contratación estatal, sobre la cual el artículo 23 de la Ley 80 de 1993 dispone
que las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se
desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y
responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función
administrativa, y su artículo 77 establece que “las normas que rigen los
procedimientos y actuaciones en la función administrativa, serán aplicables en las
actuaciones contractuales”, en cuanto sean compatibles con la finalidad y los
principios de dicha ley.
Es claro que, en el desarrollo y ejecución de su actividad contractual, las entidades
estatales profieren actos administrativos, en veces sancionatorios, que afectan la
esfera jurídica de sus contratistas, razón por la cual también en este ámbito resulta
procedente la protección de sus derechos fundamentales y se descarta la
posibilidad de la imposición de sanciones de plano.
No obstante, la aplicación de este derecho debe ponderarse frente a los principios
que informan el ejercicio de la función administrativa, como lo son la eficiencia, la
economía, la celeridad y la eficacia con la que deben adelantarse las actuaciones25,
en especial cuando dicha función se ejerce en materia de contratación estatal, en
donde la eficiencia y eficacia de esta actividad se halla en directa relación con la
satisfacción del interés general, mediante la obtención oportuna de los bienes, obras
opiniones. // En palabras de GUY ISAAC, mediante el procedimiento administrativo “el administrado
cesa definitivamente de ser extraño a la preparación del acto que le concierne, entablándose un
diálogo entre él y la autoridad que decide. Puede entonces hacer valer su punto de vista y lograr
incluír en el expediente los elementos de que dispone. De esta manera colabora verdaderamente
en la determinación de su propio destino”. // Como puede observarse, las anteriores normas
aplicadas en su conjunto integran un procedimiento de imperativo cumplimiento en todas las
actuaciones administrativas iniciadas de oficio por la administración, dentro de las cuales estarían
por expresa remisión del art. 77 de la Ley 80 de 1993 las actuaciones contractuales que adelante la
entidad pública contratante y que puedan incidir en la relación contractual”. Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 24 de septiembre de 1998,
expediente 14821, C.P. Ricardo Hoyos Duque.
25
“Por lo mismo, se debe reconocer que los procedimientos administrativos han resultado no sólo
enriquecidos por el artículo 29 constitucional, sino también por el 209, el cual estableció, en el inciso
primero, que La Función Administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de
funciones. // Este listado de principios coincide, en buena parte, con el que, de antes, traía el artículo
3 del CCA, aunque el mismo fue adicionado con dos principios más: el de igualdad y el de moralidad,
los cuales han agregado importantes significados a .la forma como se adelantan las actuaciones
administrativas. // Este dato, unido a la expresa consagración constitucional del debido proceso, en
asuntos administrativos, da cuenta de la progresión continua de este derecho, en este campo, el cual
siempre requirió y demandó espacios más propicios para desarrollar la protección de los particulares,
porque resultaba injustificable que, en materia judicial se garantizara el derecho de defensa, y todo
lo que implica el debido proceso, mientras que, en materia administrativa esta valiosa garantía no
constituyera un derecho del interesado, o, al menos, no con la claridad deseada. // No obstante, es
claro que el debido proceso a que está sujeta la administración pública debe coexistir con la
necesidad y la obligación que tiene ésta de asegurar la eficiencia, la economía, la celeridad y la
eficacia en el cumplimiento de las tareas a su cargo para la satisfacción del interés general, lo que
obliga a hacer una ponderación adecuada entre todos ellos a fin de lograr un perfecto y balanceado
procedimiento debido." Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
sentencia del 10 de noviembre de 2005, expediente 14157, C.P. Alier E. Hernández Enríquez.
33
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Referencia: Apelación sentencia-acción contractual
y servicios requeridos por las entidades estatales para el logro de sus fines26,
teniendo en cuenta que se trata de negocios jurídicos que se deben adelantar de
manera ágil y en unos determinados tiempos, que se consideran adecuados y
suficientes para la ejecución total de los contratos celebrados.
Tal y como fue reconocido por la Corte Constitucional en sentencia C-449 de 1992
al consagrar el objeto de los contratos de la administración pública, las entidades
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de
los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los
administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. De ahí
que la contratación pública sea un instrumento de gestión para su consecución27, a
través de una actuación administrativa eficiente y eficaz28. Y en punto al debido
proceso en esta materia, ha dicho la Sala:
(…) esta Corporación ya precisó que en el ámbito contractual, el derecho al
debido proceso no se traduce en la necesidad de que los procedimientos
administrativos contractuales sean iguales a los judiciales o aun a los
administrativos que están reglados, en tanto los procedimientos administrativos
contractuales deben estar a tono con la agilidad y eficiencia propia de la
actividad que busca la garantía de la continua prestación de los servicios o
bienes contratados en interés del público en general. Además, tales
procedimientos se amoldan a los fines que se persiguen, por lo cual no son
únicos ni rígidos, pues en el marco de los criterios y principios que gobiernan la
noción de justicia administrativa, se adecúan a la realización de los fines de la
función y cometido o tarea que con ella se realiza. 54. En ese sentido, se señala
que el respeto por el debido proceso se entiende garantizado cuando se
adelanta un procedimiento que, como mínimo, agote un requerimiento previo
para que el contratista y los demás interesados —incluyendo a la
aseguradora— conozcan los fundamentos que darán lugar a la determinación
administrativa que se pretenda adoptar y, de cara a ello, puedan ejercer su
derecho de defensa y contradicción, para lo cual deben tener la posibilidad de
pedir pruebas y contradecir las que se aduzcan en su contra29.
Específicamente sobre la facultad excepcional de declaratoria de caducidad del
contrato -que fue la ejercida en el sub-lite a través del acto demandado-, la misma
se encuentra regulada en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 y está definida como
la estipulación negocial, en virtud de la cual, si se presenta alguno de los hechos
constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que
afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede
26
El artículo 3 de la Ley 80 de 1993, al referirse a los fines de la contratación estatal, dispone que
“Los servidores públicos tendrán en consideración que la celebrar contrato y con la ejecución de los
mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados
que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines”.
27
“(…) el Estado cuenta con instrumentos apropiados para alcanzar esos fines a través del ejercicio de
la autonomía para contratar que detenta. De esta forma, los contratos de la administración pública no
constituyen por sí mismos una finalidad sino que representan un medio”: sentencia C-154/97. “(…) es
innegable el carácter instrumental que ostenta el contrato estatal, puesto que no es un fin en sí mismo
sino un medio para la consecución de los altos objetivos del Estado”: sentencia C-713/09.
28
C-119 de 2020.
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 18 de febrero de 2022, expediente 53318, C.P. José Roberto Sáchica.
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conducir a su paralización, la entidad por medio de acto administrativo debidamente
motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se
encuentre.
Frente a las potestades excepcionales al derecho común consagradas a favor de
la Administración, entre las cuales se encuentra la de declaratoria de caducidad del
contrato, el artículo 1430 de la Ley 80 de 1993 señala que las denominadas
cláusulas excepcionales o poderes unilaterales de la administración son una
herramienta que tiene por objeto evitar la paralización o la afectación grave de los
servicios públicos con la finalidad de asegurar su inmediata, continua y adecuada
prestación.
En razón de lo anterior, la declaratoria de caducidad del contrato da lugar a las
siguientes consecuencias: (i) dar por terminado el vínculo negocial sin que haya
lugar a indemnización para el contratista; (ii) ordenar su liquidación en el estado en
que se encuentre; (iii) hacer exigibles las garantías por configuración del siniestro
del incumplimiento; (iv) hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria y (v) configura
para el contratista la inhabilidad para celebrar contratos con entidades públicas
durante 5 años31. En este sentido, la Corporación ha sostenido que la caducidad
del contrato es la sanción más drástica que la entidad pública puede imponer a su
contratista, al entrañar el aniquilamiento del contrato y comportar para él la
inhabilidad de celebrar negocios jurídicos con entidades públicas durante el período
fijado por el legislador32.
30
Artículo 14º.- De los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el Cumplimiento del
Objeto Contractual. Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al
celebrar un contrato: // 1o. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y
vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la
paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata,
continua y adecuada prestación, podrán en los casos previstos en el numeral 2 de este artículo,
interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir
modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan,
terminar unilateralmente el contrato celebrado.// En los actos en que se ejerciten algunas de estas
potestades excepcionales deberá procederse al reconocimiento y orden de pago de las
compensaciones e indemnizaciones a que tengan derecho las personas objeto de tales medidas y
se aplicarán los mecanismos de ajuste de las condiciones y términos contractuales a que haya lugar,
todo ello con el fin de mantener la ecuación o equilibrio inicial. // Contra los actos administrativos que
ordenen la interpretación, modificación y terminación unilaterales, procederá el recurso de
reposición, sin perjuicio de la acción contractual que puede intentar el contratista, según lo previsto
en el artículo 77 de esta Ley. // 2o. Pactarán las cláusulas excepcionales al derecho común de
terminación, interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de
caducidad en los contratos que tengan por objeto el ejercicio de una actividad que constituya
monopolio estatal, la prestación de servicios públicos o la explotación y concesión de bienes del
Estado, así como en los contratos de obra. En los contratos de explotación y concesión de bienes
del Estado se incluirá la cláusula de reversión. (…)”.
31
Es de anotar que la inhabilidad que surge de la declaratoria de caducidad está consagrada en el
literal c) del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, a cuyo tenor se dispuso: “Art. 8. De las inhabilidades e
incompatibilidades para contratar. Son inhábiles para participar en licitaciones y para celebrar
contratos con entidades estatales: // (…) // c). Quienes dieron lugar a la declaratoria de caducidad”.
32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 22 de octubre de 2012, exp. 20738, C.P. Enrique Gil Botero.
35
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Referencia: Apelación sentencia-acción contractual
La legalidad de la declaratoria de caducidad, está supeditada a la concurrencia de
los siguientes presupuestos, todos ellos necesarios y de obligatoria motivación en
el acto administrativo correspondiente: (i) incumplimiento del contratista:
comprobación acerca de la inejecución de una obligación que surge del contrato
para el contratista; (ii) inexistencia de un incumplimiento determinante por parte de
la entidad: la entidad estatal no puede ser responsable en alguna manera del
incumplimiento del contratista; (iii) afectación grave del contrato: el incumplimiento
del contratista no puede ser de cualquier obligación sino de una que afecte de
manera directa y grave la ejecución del contrato; (iv) amenaza de parálisis: el
incumplimiento grave de una obligación debe amenazar con paralizar
definitivamente el contrato, a tal punto de convertirse tal incumplimiento del
contratista en un verdadero obstáculo que impide la realización del objeto
contractual y (iv) no puede aparecer de súbito: la declaratoria de caducidad no
puede ser repentina, por lo que, frente al incumplimiento advertido, la entidad debe
efectuar requerimientos y agotar un procedimiento que garantice el debido proceso
y el derecho de defensa del contratista. La ausencia de alguno de estos
presupuestos afecta la validez de la determinación y origina un derecho resarcitorio
para el contratista injustamente privado del contrato y afectado por la inhabilidad.
En este sentido, el ejercicio de este poder excepcional supone una decisión
motivada que sea el resultado de un procedimiento administrativo en el que se haya
garantizado el debido proceso, pero sin perder de vista que el objetivo primordial
de dicho poder es evitar la paralización o la afectación grave de los servicios
públicos, con la finalidad de asegurar su inmediata, continua y adecuada
prestación, por lo que la expedición de los actos administrativos al interior de la
relación negocial deberá efectuarse mediante unas actuaciones expeditas, que no
atenten contra esos objetivos y finalidades.
De acuerdo con lo anterior, siempre ha sido claro para la jurisprudencia que, cuando
la entidad contratante pretenda tomar una decisión al interior del contrato en
ejecución, que pueda afectar la esfera jurídica de su contratista, sobre todo cuando
se trate de una sanción, deberá garantizar el debido proceso. Sin embargo, la Ley
80 de 1993 no consagraba explícitamente este deber, como sí lo hizo con
posterioridad la Ley 1150 de 2007 en su artículo 17, en el que dispuso que el debido
proceso “(…) será un principio rector en materia sancionatoria de las actuaciones
contractuales”, y al contemplar nuevamente la posibilidad de las entidades estatales
de imponer unilateralmente las multas pactadas en sus contratos, dispuso que
“[e]sta decisión deberá estar precedida de audiencia del afectado que deberá tener
un procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso del
contratista”, sin que de ninguna manera se pueda entender que, con anterioridad a
36
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Referencia: Apelación sentencia-acción contractual
la expedición de esta norma, no existiera ya el deber de garantizar el debido proceso
en todas las actuaciones administrativas de índole contractual:
34. En efecto, incluso antes de la expedición de esa norma, el criterio
jurisprudencial preponderante era el que indicaba que, para la protección de
esta garantía de raigambre constitucional, cuando la Administración pretendiera
adoptar una decisión que afectara los derechos e intereses del contratista —
como en el caso de cualquier otro sujeto— sus actuaciones debían garantizar
que el afectado pudiera intervenir en la etapa previa a la expedición del
respectivo acto administrativo con el objeto de que pudiera ejercer su derecho
de defensa y contradicción, para lo cual debía conocer el inicio de la actuación,
las razones en las cuales se fundara, tener oportunidad de aportar y discutir las
pruebas que en su contra se adujeran y, en general, presentar los descargos
que considerara pertinentes33. Estas guías y orientaciones jurisprudenciales, a
no dudarlo, fueron recogidas por el legislador en el referido artículo 17 de la Ley
1150 de 2007 que dispuso, como principio rector en materia contractual, que
las sanciones que se impongan deben estar precedidas de un trámite mínimo
que garantice el debido proceso34.
Por otra parte, se tiene que el procedimiento que se debe adelantar por las
entidades estatales para tomar las decisiones unilaterales que afectarán a sus
contratistas no fue regulado de manera expresa en la Ley 1150 de 2007, sino que,
con posterioridad, fue la Ley 1474 de 2011 la que dispuso, en su artículo 86, un
procedimiento expedito para efectos de la imposición de multas y otras sanciones
por parte de las entidades contratantes, en los siguientes términos:
ARTÍCULO 86. IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y
DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO. Las entidades sometidas al
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública podrán declarar
el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y
sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal
efecto observarán el siguiente procedimiento:
a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del
contratista, la entidad pública lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En
la citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan,
acompañando el informe de interventoría o de supervisión en el que se sustente
la actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las
consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la
actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización
de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida
la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de
las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento
consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera;
b) En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentará
las circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles
normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían
33
[67] “Así lo dijo la Sección Tercera, así: “encuentra la Sala que las razones expuestas por la parte
demandada para solicitar que se revoque la decisión de primera instancia no tienen vocación de
prosperidad, toda vez que, como viene de verse, con anterioridad a la imposición de la sanción debe
concedérsele al afectado la oportunidad para que haga efectivas todas las garantías que le asisten
en virtud del derecho al debido proceso, razón por la cual no es suficiente para su ejercicio efectivo
que, como erradamente lo consideró la parte demandada, la decisión se encuentre debidamente
motivada y sea notificada, por cuanto existe un procedimiento de imperativo cumplimiento que debe
surtirse en todas las actuaciones administrativas para garantizar la realización efectiva del
mencionado derecho”, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de junio
de 2013, C.P. Hernán Andrade Rincón, Exp. 24.559”.
34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 11 de octubre de 2021, expediente 53479, C.P. José Roberto Sáchica Méndez
37
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Referencia: Apelación sentencia-acción contractual
derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido se
concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien
lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de
lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir
las presentadas por la entidad;
c) Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo
ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho
acto público, la entidad procederá a decidir sobre la imposición o no de la multa,
sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo
procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la
misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la
misma audiencia;
d) En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o
su delegado, podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de
parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que
estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón
debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la
actuación administrativa. En todo caso, al adoptar la decisión, se señalará fecha
y hora para reanudar la audiencia. La entidad podrá dar por terminado el
procedimiento en cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de
la cesación de situación de incumplimiento.
Según se aprecia de la lectura de la norma, el legislador consideró que era
suficiente, para efectos de garantizar el debido proceso del contratista, con darle a
conocer la iniciación del procedimiento sancionatorio, con información sobre los
motivos de la entidad para ello, los posibles incumplimientos del contratista y sus
consecuencias, y citarlo a una audiencia para darle la oportunidad de brindar sus
descargos, mediante las explicaciones que considere necesarias, de aportar
pruebas y controvertir las presentadas por la entidad.
De acuerdo con lo anterior, y como lo ha concluido en pasadas ocasiones la Sala,
“(…) cuandoquiera que la administración ejercite una facultad sancionatoria, como
lo es la caducidad35, debe garantizarle al contratista su derecho a ser oído sobre los
presupuestos de hecho y de derecho en que se fundan los presuntos
incumplimientos que darían lugar a la imposición de la sanción, a presentar y
controvertir las pruebas que se aduzcan en su contra, a ser notificado de las
decisiones de fondo, a ser juzgado por una autoridad imparcial y competente, entre
otras. Esto, sin embargo, no implica que, para la época en que se desarrolló la
disputa entre las partes, necesariamente se debiera tramitar un procedimiento
reglado compuesto por etapas rígidas como lo son los procedimientos judiciales —
35
[72] “La naturaleza sancionatoria de la caducidad ha sido materia de desarrollo por esta
Corporación en los siguientes términos: “Sin embargo, para la Sala lo expuesto no constituye un
argumento válido para desconocer el deber de respetar el debido proceso en la actuación previa a
la expedición del acto de caducidad del contrato, máxime cuando es bien sabido por las entidades
estatales contratantes que dicha decisión es la más severa sanción de que puede ser objeto un
colaborador de la Administración en sede administrativa, pues no solamente comporta la ruptura del
vínculo contractual, sino que además implica que por tal decisión no hay lugar a reconocimiento
económico alguno en favor de la contratista, se le priva de ejecutar el contrato por la totalidad del
plazo establecido, se da lugar a hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria y adicionalmente ello
entraña para dicha contratista la carga de asumir una inhabilidad para contratar con el Estado por
los siguientes cinco años.” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera – Subsección A, Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez, Sentencia de 30 de abril de
2014, Exp. 33.337”.
38
Radicación número: 250002336000201200765-02 (55305)
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o los procedimientos administrativos reglados en la Ley 1474 de 2011, por
ejemplo—.”36 (Se resalta).
Se observa que la Ley 1474 de 2011, al regular el procedimiento mínimo que deben
adelantar las entidades que pretendan tomar decisiones que afecten a sus
contratistas, como son las sancionatorias, no dispuso expresamente la facultad de
estos últimos de pedir pruebas ni, por lo tanto, el deber de las entidades de resolver
sobre tal petición antes de decidir de fondo, pues sólo refirió el derecho del
contratista a presentar pruebas y a controvertir las aducidas por la entidad; es decir
que no se contempló tampoco una etapa probatoria dentro de ese procedimiento
administrativo en el que hubiera que decretarse y practicarse las pruebas pedidas
por el contratista, decisiones que dejó a criterio de la entidad, pues la norma tan
sólo contempló la posibilidad de que ella suspenda la audiencia de descargos "(…)
cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para
allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes".
Y si bien cuando se inició por parte del IDU el procedimiento sancionatorio en contra
de la Unión Temporal GTM, aún no había entrado a regir la Ley 1474 de 201137, lo
cierto es que, para la época en que se profirió el acto administrativo por medio del
cual la entidad declaró la caducidad del Contrato 071, que lo fue la Resolución 3455
del 28 de julio de 2011, tal regulación ya había entrado a regir.
Por lo anterior, considera la Sala que, en cuanto a las pruebas solicitadas por la
Unión Temporal GTM en los descargos, no le asiste razón a la actora, en cuanto el
IDU sí se pronunció sobre cada una de las pruebas pedidas. Lo que ocurrió fue que
no accedió a algunas de ellas por considerarlas improcedentes, inconducentes,
impertinentes e inútiles, razón suficiente para que no merecieran un
pronunciamiento previo a la decisión.
Se reitera que la entidad pública fundamentó la negativa a decretar y practicar las
pruebas solicitadas en lo dispuesto en el artículo 179 del C.P.C., vigente a la fecha
de los hechos, por expresa remisión del artículo 267 del C.C.A., en cuanto se
disponía que “las pruebas pueden ser decretadas a petición de parte, o de oficio
cuando el magistrado o juez las considere útiles para la verificación de los hechos
36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 11 de octubre de 2021, expediente 53479, C.P. José Roberto Sáchica Méndez
37
La referida ley fue promulgada el 12 de julio de 2011, mientras que el procedimiento tendiente a
la declaratoria de caducidad del Contrato 071 se inició el 26 de abril de 2011, cuando la entidad envió
la comunicación a su contratista advirtiéndole de tal circunstancia (f. 370 a 390, c. de pruebas 4).
39
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relacionados con las alegaciones de las partes”, y procedió a resolver la petición de
pruebas como sigue:
Con fundamento en las disposiciones citadas y a efectos de conformar el acervo
probatorio y obtener certeza sobre los hechos que se debaten, se procede a
resolver las pruebas solicitadas por la Unión Temporal GTM en su documento
de descargos radicado bajo el No. 20115260504382, así:
En cuanto a las pruebas documentales aportadas según el numeral 5.138 y las
solicitadas en el numeral 5.239, por el apoderado de la unión temporal, la entidad
considera que las mismas son pertinentes y conducentes.
En lo concerniente a la solicitud de práctica de pruebas testimoniales y a la
inspección ocular, manifestamos que en lo relacionado a una presunta “falsedad
del cupo de crédito aportado por el Grupo Franco Obras y Proyectos SL”, las
declaraciones de los señores FERNANDO JAIMES PRADA, MANUEL
ENRIQUE BERMÚDEZ y CARMEN ELENA LOPERA FIESGO, resultan
inconducentes, impertinentes e inútiles, toda vez que no es competencia del
IDU determinar la ocurrencia de una conducta punitiva, para lo cual esta entidad
puso en conocimiento los hechos a las autoridades competentes.
En relación con la solicitud de declaración de GEOVANNY PÁEZ y SANDRA
SILVA resulta inútil por cuanto con dichos testimonios la unión temporal no
puede probar el avance real de la ejecución de la obra.
Frente a la solicitud de la práctica de una inspección ocular procede el rechazo
de plano, por ser esta manifiestamente superflua por cuanto el hecho del
avance de la ejecución de las obras objeto del contrato 71 de 2008 está
plenamente demostrado y constatado a través de los informes de interventoría
señalados en el presente acto administrativo.
Cabe agregar que, en el acto administrativo que declaró la caducidad del contrato,
se hizo mención a las pruebas que servían de fundamento a la decisión. De esta
forma, se relacionaron nueve (9) oficios de requerimientos respecto al
incumplimiento del cronograma de obra, dos (2) en relación con el incumplimiento
frente al componente social y las listas de chequeo y calificación y ocho (8) que
tenían que ver con la falta de disponibilidad del cupo de crédito (fl. 149 c. 2).
Dado lo anterior, no le era exigible a la entidad demandada el agotamiento de una
etapa probatoria previa a la expedición del acto administrativo, y bastaba con
brindarle la oportunidad al contratista de presentar las pruebas que tuviera en su
poder para sustentar sus descargos, tal y como lo hizo en este caso el IDU, que
además explicó, como ya quedó visto, en la misma resolución de caducidad, las
razones que tuvo para desestimar las pruebas pedidas por su contratista. No se
puede predicar, por lo tanto, como lo hace el demandante, que la entidad, en aras
de garantizar el debido proceso, necesariamente tenía que pronunciarse sobre las
pruebas pedidas antes de tomar la decisión y que no pudiera, como en efecto lo
38
Los documentos aportados por la UT GTM eran un CD y dos videos que evidenciaban la ola
invernal; once (11) comunicaciones de la contratista y un registro fotográfico (fl. 150, c. 2).
39
La UT GTM solicitó que se oficiara a la Caja Rural del Mediterráneo para que informara sobre la
validez de la certificación de disponibilidad del cupo de crédito (fl. 150, c. 2).
40
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hizo, manifestarse sobre las mismas en el propio acto, pues ninguna norma le
imponía dicho trámite.
En consecuencia, concluye la Sala que no estaba llamado a prosperar el cargo de
violación del debido proceso que, como sustento de la pretensión principal de
nulidad del acto, se adujo en la demanda en contra de las Resoluciones 3455 y 4401
de 2011, por medio de las cuales el IDU declaró la caducidad del Contrato de Obra
No. 071 de 2008.
II- La liquidación del contrato
Dentro de las pretensiones de la demanda la sociedad H & H Arquitectura S.A. pidió
que se realizara la liquidación judicial del contrato, toda vez que las partes no lo
liquidaron, pretensión que reiteró en el recurso de apelación, con fundamento en
que el a-quo no se pronunció sobre la misma.
En efecto, al revisar el fallo de primera instancia, se advierte que en él no hubo
análisis ni decisión alguna en relación con la pretensión tercera principal,
consistente en que “se liquide judicialmente el contrato de obra pública No. 071 del
30 de diciembre de 2008, suscrito entre el IDU y la Unión Temporal GTM”, ni en el
expediente consta en parte alguna que se haya producido la liquidación de común
acuerdo o unilateral del Contrato de Obra No. 71 de 2008 celebrado entre el IDU y
la Unión Temporal GTM, a pesar de que la misma fue ordenada en el artículo quinto
de la parte resolutiva de la Resolución No. 3455 de 2011, confirmada en todas sus
partes por la Resolución 4401 del mismo año, por lo que le asistiría razón al
apelante sobre este punto de su recurso.
No obstante, a pesar de que, al no haber sido resuelta dicha pretensión en primera
instancia, habría lugar a decidirla en esta oportunidad, encuentra la Sala que resulta
imposible acceder a la misma, toda vez que no obra en el expediente la información
suficiente y necesaria para llevar a cabo el respectivo corte de cuentas del negocio
jurídico objeto de la controversia, como que no se encuentran ni siquiera las actas
de obra ejecutada, el respectivo recibo a satisfacción de las mismas ni constancias
de los pagos efectuados.
Teniendo en cuenta que la liquidación del contrato es un corte de cuentas definitivo
en relación con el resultado económico final de ejecución del contrato, para
establecer, en últimas, quién debe a quién y cuánto, es evidente que dicho trabajo
41
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no se puede realizar si no se cuenta con los insumos necesarios para ello, tal y
como lo ha reconocido la Sala en pasadas ocasiones40.
III- Las pretensiones subsidiarias
Descartada la procedencia de las pretensiones principales por las razones
anotadas, resultaba procedente el estudio de las subsidiarias planteadas en la
demanda, tarea que no emprendió el a-quo, tal y como lo sostuvo la apelante. En
consecuencia, la Sala abordará su análisis y decisión.
Tal y como se relacionó ab-initio, en la demanda se pidieron pretensiones
subsidiarias: primera alternativa y segunda alternativa, lo que significa que, de no
prosperar las pretensiones principales, deben estudiarse estas otras, en el orden
propuesto. Es decir que, si tampoco prosperan las de la primera alternativa, se
analizarán las de la segunda.
3.1. Para facilitar el análisis, se transcribe nuevamente la primera pretensión
subsidiaria:
Subsidiarias
Primera alternativa de pretensiones subsidiarias
PRIMERA: Que se declare la nulidad parcial de la Resolución No. 3455 del 28
de julio de 2011, “por medio de la cual se declara una caducidad, se termina el
contrato y se constituye el siniestro por incumplimiento” en el sentido de dejar
sin efectos la declaratoria de caducidad sobre la sociedad HYH
ARQUITECTURA S.A., EN REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, como quiera
que dicha sociedad no dio lugar a la mencionada sanción.
SEGUNDA: Que se declare la nulidad parcial de la Resolución No. 4401 del 28
de octubre de 2011, “por la cual se resuelven unos recursos de reposición, y se
resuelve confirmar en todas sus partes la Resolución No. 3455 del 28 de julio
de 2011”, en el sentido de dejar sin efectos la declaratoria de caducidad sobre
la sociedad HYH ARQUITECTURA S.A., EN REORGANIZACIÓN
EMPRESARIAL, como quiera que dicha sociedad no dio lugar a la mencionada
sanción.
TERCERA: Que se liquide judicialmente el contrato de obra pública No. 071 del
30 de diciembre de 2008, suscrito entre el INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO -IDU- y la Unión Temporal GTM, cuyo objeto fue el de ejecutar a
precios unitarios las obras y actividades para la malla vial arterial, intermedia y
local del distrito grupo 3 en la ciudad de Bogotá D.C.
Condenatorias:
1. Perjuicios materiales
1.1. Daño emergente
40
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 8 de marzo de 2017, expediente 50890, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y sentencia
del 18 de febrero de 2022, expediente 48045, C.P. María Adriana Marín. De la Subsección B, se
puede consultar en similares términos sentencia del 4 de mayo de 2022, expediente 54837, C.P.
Freddy Hernando Ibarra Martínez.
42
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Referencia: Apelación sentencia-acción contractual
PRIMERA: Como consecuencia de la declaratoria de la PRIMERA y SEGUNDA
pretensión subsidiaria, se condene al INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO, a pagar a favor de la sociedad HYH ARQUITECTURA la suma de
DIEZ MIL MILLONES DE PESOS ($10.000´000.000.oo) o el valor que se
establezca dentro del proceso, correspondiente a la inversión efectuada por la
sociedad HYH ARQUITECTURA S.A. en beneficio de la ejecución del contrato
No. 071 de 2008.
SEGUNDA: Como consecuencia de la declaratoria de la PRIMERA y
SEGUNDA pretensión subsidiaria, se ordene a favor de la sociedad HYH
ARQUITECTURA S.A. y en contra del INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO IDU, la restitución debidamente actualizados de los dineros que
pague o llegare a pagar la sociedad HyH ARQUITECTURA S.A. como
consecuencia de lo exigido en la declaratoria de caducidad.
1.2. Lucro cesante
PRIMERA: Se condene al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, a
pagar a favor de la sociedad HYH ARQUITECTURA S.A., EN
REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, la suma de DOS MIL MILLONES DE
PESOS ($2.000´000.000.oo) o el valor que se logre probar dentro del proceso,
correspondiente a las utilidades dejadas de percibir por la declaratoria de
caducidad del contrato, teniendo en cuenta que la sociedad HYH
ARQUITECTURA S.A., por virtud de la cesión tenía una participación del 35%
dentro de la UNIÓN TEMPORAL GTM.
SEGUNDA: Se condene al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, a
pagar a favor de la sociedad HYH ARQUITECTURA S.A., EN
REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, la suma que se demuestre dentro del
proceso, como consecuencia de la no posibilidad de contratar con el estado
desde la ejecutoria de caducidad hasta la sentencia en firme.
2. Perjuicios inmateriales
PRIMERA: Se condene al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, a
pagar a favor de la sociedad HyH ARQUITECTURA S.A., EN
REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL los perjuicios derivados de la afectación
del Good Will, de conformidad con lo que resulte probado en el proceso.
SEGUNDA: Se condene al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, a
pagar a favor de la sociedad HYH ARQUITECTURA S.A., EN
REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, a pagar todos los valores solicitados
tanto en el acápite de perjuicios materiales como inmateriales, debidamente
actualizados con sus respectivos intereses.
Como se observa, la primera pretensión subsidiaria consiste en la declaratoria de
nulidad parcial del acto administrativo de declaratoria de caducidad del Contrato de
Obra 071 de 2008, “en el sentido de dejar sin efectos la declaratoria de caducidad
sobre la sociedad HYH ARQUITECTURA S.A., EN REORGANIZACIÓN
EMPRESARIAL, como quiera que dicha sociedad no dio lugar a la mencionada
sanción”.
Según se anotó al dar cuenta del recurso de alzada, la sociedad H&H adujo que el
Tribunal no analizó en debida forma el contenido del artículo 7 de la Ley 80 de 1993,
en cuanto al tratamiento diferencial que se debe dar a los miembros de una unión
temporal cuando se presenta un evento de incumplimiento contractual, caso en el
cual se debe tener en cuenta el grado de participación de cada uno de sus
43
Radicación número: 250002336000201200765-02 (55305)
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Referencia: Apelación sentencia-acción contractual
miembros en los hechos que dieron lugar a dicho incumplimiento, para efectos de
determinar las responsabilidades y sanciones a que haya lugar. De haberlo hecho,
habría constatado que, dado que H&H no incurrió en las conductas reprochadas en
el acto administrativo demandado, puesto que fue el único integrante de la unión
temporal que ejecutó los trabajos a su cargo, sobre ella no podían recaer las
sanciones que se desprenden de la declaratoria de caducidad, como lo es la
inhabilidad por 5 años.
En la sentencia de primera instancia, si bien se dio cuenta de las diferencias que
existen entre un consorcio y una unión temporal, se consideró que no era dable
“escindir el incumplimiento de las obligaciones del contrato estatal por parte de la
unión temporal, con las obligaciones que adquirieron cada uno de los miembros en
el acta de constitución”; que las sanciones económicas sí se imponían de acuerdo
al porcentaje de participación de los miembros de la unión, pero que no ocurría lo
mismo frente a la inhabilidad derivada de la declaratoria de caducidad, la cual se
predicaba de todos sus integrantes. Así mismo, precisó que la solidaridad entre los
miembros impedía que se hiciera un análisis de la conducta individual por cada
integrante respecto de la ejecución contractual.
3.2. Consideraciones de la Sala:
El artículo 7 de la Ley 80 de 1993, dispone:
ARTÍCULO 7o. DE LOS CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES. Para los
efectos de esta ley se entiende por:
1o. Consorcio:
Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta
para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo
solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la
propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones
que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos
los miembros que lo conforman.
2o. Unión Temporal:
Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta
para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo
solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado,
pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la
propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la
ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal.
PARÁGRAFO 1o. Los proponentes indicarán si su participación es a título de
consorcio o unión temporal y, en este último caso, señalarán los términos y
extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no
podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la entidad estatal
contratante.
Los miembros del consorcio y de la unión temporal deberán designar la persona
que, para todos los efectos, representará al consorcio o unión temporal y
44
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señalarán las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su
responsabilidad (…)
La ley fue clara en hacer la distinción entre consorcios y uniones temporales41, que
tienen en común la responsabilidad solidaria por el cumplimiento total del contrato,
lo que significa que “(…) por ley, están llamados a responder, cada uno de ellos,
por la totalidad de tales obligaciones42; por tanto, correlativamente, la
administración puede exigir a cada uno de ellos el cumplimiento total del débito, sin
que éstos puedan oponer la división de la obligación en razón de su participación
en la ejecución del contrato43”44, y se diferencian en cuanto a la aplicación de las
sanciones a las que el incumplimiento puede dar lugar, pues al paso que en los
consorcios las mismas recaerán en todos sus miembros, en las uniones temporales
se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los
miembros, diferencia sobre la cual ha dicho la Sala:
116. Ahora, al lado de lo anterior, la norma también señala que las
sanciones por el incumplimiento se deben imponer según la participación en la
ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal, es decir, el
legislador distinguió entre la responsabilidad por el cumplimiento de las
obligaciones contractuales, lo que, de suyo, comporta la responsabilidad
patrimonial derivada de su incumplimiento —los perjuicios, en tanto no tienen
un carácter propiamente sancionatorio, sino meramente indemnizatorio o
retributivo— del castigo legal o convencional que puede derivarse de un
determinado incumplimiento, pues, por disposición legal, la sanción sí recae
únicamente sobre el integrante que dio lugar a ello, esto es, en relación con las
obligaciones que estaban a su cargo según la distribución que, por mandato
legal, debe dejarse plasmada en el documento de conformación de la unión
41
“El elemento distintivo de las figuras estudiadas, consistente en que en las uniones temporales,
los efectos de las sanciones por incumplimiento recaen en el integrante que generó los
incumplimientos, aparece claramente enunciada en la exposición de motivos de la Ley 80 de 1993,
cuando se indica que en relación con la unión temporal, ‘definida igualmente en el artículo 7º, puede
decirse que se trata de una figura que reúne todas las características genéricas del consorcio, siendo
su diferencia específica la posibilidad de que quienes la integran determinen cuál ha de ser el alcance
y contenido de la participación de cada uno en la ejecución del objeto contratado, de tal manera que,
sin perjuicio de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de la propuesta y del contrato, los
efectos de los actos sancionatorios recaigan exclusivamente sobre la persona que incurrió en la falta
o en el cumplimiento (sic) específico de que se trate’.” Dávila Vinueza, Luis Guillermo; Régimen
Jurídico de la Contratación Estatal, 3ª. Ed., Legis Editores S.A., 2016, p. 111.
42
[54] “Código Civil: “ARTICULO 1568. <DEFINICION DE OBLIGACIONES SOLIDARIAS>. En
general cuando se ha contraído por muchas personas o para con muchas la obligación de una cosa
divisible, cada uno de los deudores, en el primer caso, es obligado solamente a su parte o cuota en
la deuda, y cada uno de los acreedores, en el segundo, sólo tiene derecho para demandar su parte
o cuota en el crédito.
Pero en virtud de la convención, del testamento o de la ley puede exigirse cada uno de los deudores
o por cada uno de los acreedores el total de la deuda, y entonces la obligación es solidaria o in
solidum. La solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los casos en que no la establece
la ley””.
43
[55] “La solidaridad en los términos esbozados es exactamente igual para el consorcio o la unión
temporal. Es decir, que la entidad puede exigir a cualquiera de sus integrantes el cumplimiento de
total de la obligación, sin que ninguno de ellos se pueda excusar bajo el pretexto consistente en que
la labor o actividad exigida no está, de acuerdo con los términos del escrito constitutivo de del
consorcio o de la unión temporal, bajo su cargo sino que es del resorte del otro miembro. Así mismo,
ante el incumplimiento la entidad puede demandar por la totalidad de la obligación a cualquiera de
los integrantes, quienes deberán responder íntegramente, tomando en cuenta que su patrimonio
constituye prenda general”. DÁVILA VINUENZA, Luis Guillermo, “Régimen jurídico de la contratación
estatal”, tercera edición, editorial Legis, página 110”.
44
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 18 de febrero de 2022, expediente 53318, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
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Referencia: Apelación sentencia-acción contractual
temporal en relación con los términos y extensión de la participación de cada
uno de sus integrantes en la propuesta y en la ejecución del contrato45.
117. Esta distinción entre responsabilidad solidaria por el cumplimiento —
ergo, responsabilidad patrimonial derivada del incumplimiento— y
responsabilidad individual frente a las sanciones derivadas del incumplimiento,
explica la exigencia legal a la que se acaba de hacer referencia, pues la fijación
de los términos y la extensión de la participación de cada uno de los integrantes
de la unión temporal en el documento de constitución es necesaria para
determinar a cuál de ellos podría, eventualmente, afectar una sanción derivada
del incumplimiento contractual, no así, cuál de ellos debería responder por el
cumplimiento del contrato o por los perjuicios derivados de su incumplimiento,
pues, si bien, en el caso de las uniones temporales el legislador quiso diferenciar
al contratista incumplido para efectos de la imposición de sanciones, lo cierto
es que, al hilo con esto, también quiso reforzar, a través de la responsabilidad
solidaria de sus integrantes, el cumplimiento de los contratos estatales y, por
esta vía, la consecución de los fines que persigue la contratación estatal.
118. Se agrega a lo anterior que, aunque no es una característica que se
predique solamente de las uniones temporales, cuando el cumplimiento del
objeto implica adelantar obligaciones de diversa naturaleza técnica, la fijación
de la participación en la propuesta y en la ejecución del contrato de cada uno
de sus integrantes está asociada con la especialidad de cada miembro, por lo
que se ha señalado por algunos que sería absurdo entender, a la luz del
contenido del artículo 7º de la Ley 80 de 1993, que la entidad pública contratante
pueda exigir a cualquiera de ellos el cumplimiento de obligaciones que no estén
asociadas con su especialidad; sin embargo, esta aparente falta de lógica de la
norma, ha sido acertadamente respondida por la doctrina, al señalar que la
solidaridad a la que se refiere la ley “se traduce en la práctica en una de
contenido patrimonial que implica que cualquiera de ellos debe responder por
el total de la obligación y por los perjuicios que se deriven de su incumplimiento
sin que ningún integrante se excuse con el beneficio de la división […]”. 46
Es claro entonces, que de cara a la ejecución del objeto contractual y el
cumplimiento del contrato en su totalidad, surge la responsabilidad solidaria en
cabeza de todos los miembros de la unión temporal, independientemente del
porcentaje de participación o de la repartición de funciones que, al interior de su
constitución, se hubiera producido, y de la ejecución efectiva que cada cual haya
llevado a cabo en relación con los trabajos a su cargo, pues frente a la entidad todos
resultarán obligados a responder por el cumplimiento del contrato.
Lo dicho significa que la entidad puede reclamar a todos y cada uno la ejecución
del objeto contractual y, en su defecto, la indemnización de los perjuicios que se
deriven para ella a partir del incumplimiento contractual.
A diferencia de lo anterior, cuando a raíz del incumplimiento del contrato surjan
sanciones a imponer al contratista, sí se deberá tener en consideración cuál o
cuáles miembros de la unión temporal fueron los que dieron lugar a dicho
45
[56] “Recuérdese que, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 7º de la Ley
80 de 1993, “Los proponentes indicarán si su participación es a título de consorcio o unión temporal
y, en este último caso, señalarán los términos y extensión de la participación en la propuesta y en
su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la entidad estatal
contratante”. 92 Ob. cit, pág. 110”.
46
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 18 de febrero de 2022, expediente 53318, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
46
Radicación número: 250002336000201200765-02 (55305)
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incumplimiento, porque en este caso, la ley sí dispone expresamente que “(…) las
sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del
contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno
de los miembros de la unión temporal”, lo que significa, sin duda alguna, que en
materia sancionatoria sí se debe analizar la conducta de cada uno de los miembros
de la unión temporal, por cuanto las sanciones jurídicas y/o económicas no podrán
recaer en aquel que no haya propiciado el incumplimiento contractual por el que las
mismas son impuestas.
En relación con la facultad excepcional de declaratoria de caducidad de un contrato,
se observa que su finalidad primordial es permitir a la entidad la terminación
unilateral y anticipada del contrato, cuando se presenta un incumplimiento de las
obligaciones del contratista que afecte de manera grave su ejecución y amenace
con paralizarlo; esto, con el objeto de que la administración pueda excluir
definitivamente al contratista incumplido y tomar, de manera inmediata, las medidas
necesarias para garantizar la correcta ejecución del objeto contractual, bien sea
mediante su continuación a través de la aseguradora, o por medio de una nueva
contratación, o directamente por la entidad para, de esta manera, satisfacer el
interés público que se persigue con él47.
No obstante, tal y como lo ha reconocido la jurisprudencia48, es innegable que, en
la práctica, la caducidad del contrato se traduce igualmente en la sanción más grave
47
Sobre la caducidad del contrato, ha dicho la jurisprudencia: “ii.) Se trata de un poder excepcional
que le ha sido conferido a la Administración con la finalidad de afrontar el incumplimiento del
objeto contractual y garantizar así la prestación regular, continua y eficiente de los servicios
públicos y funciones a cargo de la entidad contratante. // Esta prerrogativa de las entidades
públicas de terminar unilateralmente el contrato estatal y extinguirlo anticipadamente ante el
incumplimiento grave del contratista, como se analizó, se justifica por la necesidad de asegurar la
realización del servicio, de la obra o del suministro que se contempla en su objeto, en la medida en
que la presencia de ese contratista fallido se constituye en un obstáculo para la satisfacción del
interés público que este involucra. // (…) En conclusión, teniendo en cuenta que el instituto de la
caducidad busca la preservación del servicio público o la realización de la obra pública o el suministro
del bien requerido en el contrato, quizá la razón más importante para señalar la improcedencia de
su declaración durante la etapa de la liquidación, consiste en que cuando el plazo de ejecución ha
expirado, ya no es necesario desplazar, excluir o sustituir al contratista para proseguir con el objeto
contractual y los fines frustrados con el incumplimiento del contratista, dado que en esas
circunstancias no habría restricción jurídica para que la entidad pública retome el servicio, la obra o
el suministro, directamente o mediante la celebración de otro contrato, con el propósito de
continuarlos en orden a colmar la específica necesidad pública requerida”. Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 20 de noviembre de 2008,
expediente 17031, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
48
“Dentro de las facultades exorbitantes o excepcionales que se otorgan a las entidades estatales
para ser ejercidas en sus contratos, la más significativa es la que les permite declarar la caducidad
del contrato, cuando quiera que se configure alguna de las causales legalmente consagradas para
ello. La declaratoria de caducidad, no es otra cosa que la terminación unilateral y anticipada del
contrato, cuando se configura un hecho que la ley ha contemplado como justificativo de tal medida
y ha sido considerada como la sanción más grave que le puede ser impuesta a un contratista de la
administración, por las consecuencias que de ella se derivan para aquel, en la medida en que
constituye una causal de inhabilidad para celebrar contratos con cualquier entidad del Estado,
durante el lapso que disponga el legislador”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 14 de septiembre de 2017, expediente
27391, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
47
Radicación número: 250002336000201200765-02 (55305)
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a la que se puede ver sometido un contratista49, dadas las consecuencias jurídicas
que de tal decisión se derivan para él, como lo es la inhabilidad50 que, por 5 años,
le impone el legislador51. Al respecto, ha reconocido de tiempo atrás:
La Corporación ha sostenido que la caducidad administrativa de los contratos,
es la sanción más drástica que la entidad pública contratante le puede imponer
a su contratista52, puesto que no sólo entraña el aniquilamiento del contrato para
lograr los fines perseguidos en el mismo, en condiciones que garanticen la
adecuada y continua prestación del servicio, sino que comporta para él la
inhabilidad para celebrar contratos con entidades públicas durante el término
fijado en la ley53; y que tiene una connotación resarcitoria, al implicar el cobro
de la cláusula penal pecuniaria cuando ella se hubiere pactado54.
(…) Teniendo en cuenta los efectos sancionatorios de la caducidad, la
Administración al ejercer esta potestad debe respetar el debido proceso; así,
previa su adopción, la entidad pública contratante debe brindar la oportunidad
al contratista para que ejerza su derecho de defensa y adecue su conducta a
los compromisos contractuales adquiridos.
En este sentido se ha pronunciado la jurisprudencia en el ámbito de las
potestades sancionatorias, al exigir la aplicación del debido proceso (art. 29
C.P.) dentro de las actuaciones administrativas previas al decreto de la
caducidad del contrato, pues, siendo una medida de gran trascendencia que
comporta no sólo su terminación, sino la inhabilidad del contratista por cinco (5)
años para contratar con el Estado, no se puede tomar en forma sorpresiva para
él, de manera que debe permitírsele ajustar su conducta a las estipulaciones
contractuales y contradecir las imputaciones de incumplimiento que se le hacen,
sin perjuicio de los recursos administrativos y las acciones judiciales que pueda
presentar.
49
Sobre la caducidad como manifestación de la potestad sancionatoria de la administración, ver:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 22 de octubre de 2012, expediente 20738, C.P. Enrique Gil Botero. Y esta Subsección,
ha sostenido: “Se puntualiza que la potestad exorbitante de declarar la caducidad del contrato estatal
se entiende como una expresión del derecho sancionador dentro de las funciones administrativas
reservadas al Estado contratante para efectos de proteger los cometidos estatales”. Sentencia del 3
de agosto de 2017, expediente 52531, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
50
“Las inhabilidades constituyen una limitación de la capacidad para contratar con las entidades
estatales que de modo general se reconoce a las personas naturales y jurídicas, y obedecen a la
falta de aptitud o a la carencia de una cualidad, calidad o requisito del sujeto que lo incapacita para
poder ser parte en una relación contractual con dichas entidades, por razones vinculadas con los
altos intereses públicos envueltos en las operaciones contractuales que exigen que éstas se realicen
con arreglo a criterios de imparcialidad, eficacia, eficiencia, moralidad y transparencia. Es por ello,
que se prohíbe que accedan a la contratación estatal las personas que tengan intereses contrarios
a los de las entidades públicas con las cuales contrata o que carezcan de los requisitos o condiciones
que puedan repercutir en el correcto, eficiente y eficaz cumplimiento del contrato. // En este orden
de ideas, la consagración de las inhabilidades e incompatibilidades obedecen unas, primordialmente
a razones éticas, y otras se vinculan con la eficiencia, la eficacia y la imparcialidad administrativa,
pues, se busca asegurar una adecuada selección del contratista, que redunde en beneficio de los
fines de interés público o social ínsitos en la contratación. // No se pueden desconocer los altos
intereses públicos que entran en juego cuando el Estado contrata, porque por este medio ‘las
entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los
servicios públicos, y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran
con ellas en la consecución de dichos fines’.”. Corte Constitucional, sentencia C-489 del 26 de
septiembre de 1996, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
51
El artículo 8 de la Ley 80 de 1993 consagra las inhabilidades e incompatibilidades para contratar
y dispone: “1o. Son inhábiles para participar en licitaciones o concursos y para celebrar contratos
con las entidades estatales: // (…) c) Quienes dieron lugar a la declaratoria de caducidad (…)”. El
inciso 2º del literal i) del numeral 1 de este artículo, dispone: “Las inhabilidades a que se refieren los
literales c), (…) se extenderán por un término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de
ejecutoria del acto que declaró la caducidad (…)”.
52
[22] “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de
19 de agosto de 2004, Exp. 10652”.
53
[23] “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 21
de abril de 2004, Exp. 12852”.
54
[24] “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de
24 de septiembre de 1998”.
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(…) 3.2.2. Como puede apreciarse, la caducidad es una potestad sancionatoria
de la Administración, pero la legitimidad de este poder exorbitante y su ejercicio
gravita, primordialmente, en las necesidades públicas y en el cumplimiento de
las funciones estatales que determinan la continuidad sin dilaciones e
interrupciones del servicio público y, por ende, del objeto de los contratos con
los cuales se persigue su prestación.
(…) Así las cosas, que el ejercicio del poder exorbitante de declarar la caducidad
de un contrato se traduzca en una sanción para el infractor del mismo, es un
efecto que se desprende de él, pero que no muta la finalidad perseguida a través
de la misma; vale decir, la caducidad como terminación unilateral de un contrato
ante la infracción de las prestaciones a las que está obligado el contratista, si
bien conlleva una sanción para él, la más drástica en sede administrativa, no es
el fin mismo de la institución, sino el medio y el efecto propio que se deriva de
su imposición para garantizar el interés público de que se ejecuten debidamente
sus prestaciones, objetivo para el cual está consagrada 55.
Ahora bien, como lo ha destacado la doctrina, “(…) la declaratoria de caducidad no
requiere que incluya pronunciamiento alguno sobre la inhabilidad pues procede por
ministerio de la ley, según las calidades del contratista. Si este tiene el carácter de
una sociedad de personas, la inhabilidad afectará no solo a la sociedad
propiamente dicha sino también a sus socios y a las sociedades de personas que
en el futuro conformen (lit. i, num. 1, art. 8º L. 80 de 1993). Si se trata de un
consorcio o de una sociedad con objeto único o sociedad proyecto, la inhabilidad
afecta a todos los integrantes o socios, mientras que en una unión temporal al
componente cuyo incumplimiento generó la caducidad”56.
De acuerdo con lo expuesto, en un contrato estatal celebrado con una unión
temporal en el que se presenta un incumplimiento grave que dé lugar a la
declaratoria de caducidad del contrato, todos los integrantes de dicha unión
deberán responder ante la entidad por ese incumplimiento, lo que significa que en
todos ellos recaerá el deber de indemnizar los perjuicios que con el mismo le hayan
causado, bien sea en virtud de una condena judicial, o de la efectividad de la
cláusula penal pecuniaria que se hubiera pactado así mismo en el contrato.
Sobre este último aspecto, vale la pena recordar que, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, mediante el acto administrativo de
declaratoria de caducidad se termina unilateralmente el contrato y se ordena su
liquidación, no surge indemnización alguna a favor del contratista y, por el contrario,
éste se hace acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la ley; además,
la declaratoria de caducidad es constitutiva del siniestro de incumplimiento, que
55
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 20 de
noviembre de 2008, expediente 17031, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
56
Dávila Vinueza, Luis Guillermo; ob. cit., p. 662.
49
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permitirá hacer efectiva la respectiva garantía de cumplimiento que se haya
constituido por el contratista a favor de la entidad.
Pero así mismo, si en el contrato se ha pactado la cláusula penal57, en el acto de
caducidad se podrá ordenar su pago a través de la efectividad de la respectiva
garantía de cumplimiento, toda vez que, para la época de expedición del acto de
caducidad se hallaba vigente el Decreto 4828 de 2008 -mediante el cual se expidió
el régimen de garantías en la contratación de la Administración Pública, en
desarrollo del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007-, que disponía en su artículo 4 los
riesgos a amparar derivados del incumplimiento de obligaciones, imputables al
contratista, en los siguientes términos:
“4.2 Riesgos derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales:
“La garantía de cumplimiento de las obligaciones cubrirá los perjuicios
derivados del incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales del
contratista, así:
“(…).
“4.2.3 Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo
en ellas el pago de multas y cláusula penal pecuniaria, cuando se hayan
pactado en el contrato. El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la
entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados del
incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como
de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son
imputables al contratista garantizado. Además de esos riesgos, este amparo
comprenderá siempre el pago del valor de las multas y de la cláusula penal
pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado” (La Sala resalta).
La cláusula penal pecuniaria en los contratos estatales, corresponde a una
estimación anticipada y definitiva de los perjuicios que sufrirá la entidad por causa
del incumplimiento contractual definitivo de su contratista58, que se pacta por un
57
La Ley 80 de 1993 no contemplaba la potestad de las entidades estatales de hacer efectiva
directamente la cláusula penal pecuniaria pactada en los contratos; fue la Ley 1150 de 2007 la que
revivió dicha competencia en su artículo 17, cuyo parágrafo dispuso que “La cláusula penal y las
multas así impuestas, se harán efectivas directamente por las entidades estatales, pudiendo acudir
para el efecto entre otros a los mecanismos de compensación de las sumas adeudadas al contratista,
cobro de la garantía, o a cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el de la jurisdicción
coactiva”.
58
Sobre la naturaleza de la cláusula penal, ha dicho la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil: “Entendida pues, la cláusula penal como el negocio constitutivo de
una prestación penal de contenido patrimonial, fijada por los contratantes, de ordinario con la
intención de indemnizar al acreedor por el incumplimiento o por el cumplimiento defectuoso de una
obligación, por norma general se le aprecia a dicha prestación como compensatoria de los daños y
perjuicios que sufre el contratante cumplido, los cuales, en virtud de la convención celebrada
previamente entre las partes, no tienen que ser objeto de prueba dentro del juicio respectivo, toda
vez que, como se dijo, la pena estipulada es una apreciación anticipada de los susodichos perjuicios,
destinada en cuanto tal a facilitar su exigibilidad. Esa es la razón, entonces, para que la ley excluya
la posibilidad de que se acumulen la cláusula penal y la indemnización de perjuicios, y solamente
por vía de excepción, en tanto medie un pacto inequívoco sobre el particular, permita la acumulación
de ambos conceptos, evento en el que, en consecuencia, el tratamiento jurídico deberá ser diferente
tanto para la pena como para la indemnización, y donde, además, la primera dejará de ser observada
como una liquidación pactada por anticipado del valor de la segunda, para adquirir la condición de
una sanción convencional con caracterizada función compulsiva, ordenada a forzar al deudor a
cumplir los compromisos por él adquiridos en determinado contrato”. Sentencia del 23 de mayo de
1996, expediente 4607, M.P. Carlos Esteban Jaramillo Schloss.
50
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porcentaje determinado del valor total de contrato y que le permitirá a la entidad su
cobro, sin necesidad de acudir ante el juez del contrato para que este determine el
monto de los perjuicios sufridos, mediante la efectividad de la respectiva garantía
de cumplimiento.
Como lo ha manifestado la jurisprudencia de la Sección59:
(…) “una mayoría abrumadora de la doctrina” extranjera60 y nacional61 está de
acuerdo con estas ideas de Pothier, y coinciden en la consideración de que la
cláusula penal es un avalúo anticipado y convencional de los perjuicios por
incumplimiento o mora contractual, es decir “(…) una de las maneras que
contempla la ley para estimar los daños, que vendría a agregarse a la
estimación judicial (arts. 1608 a 1616 C.C.) y a la estimación legal (art. 1617
C.C.) de los mismos”62.
(…) El entendimiento jurisprudencial de esta disposición ha sido entonces,
principalmente, el de que se trata del cálculo anticipado y definitivo de los
perjuicios que para la entidad se derivan del incumplimiento de sus obligaciones
por parte del contratista, por lo que una vez éste se presenta, la entidad puede,
o bien declarar la caducidad del contrato, si el mismo se halla vigente, o declarar
el incumplimiento del mismo, si ya había vencido su plazo, y en ambos casos,
hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria estipulada:
Se entiende la exigibilidad de la cláusula penal pecuniaria en el caso sub judice,
porque el art. 72 corrobora la afirmación precedente, al disponer que ‘se hará
efectiva directamente por la entidad contratante en caso de declaratoria de
caducidad o de incumplimiento’ y porque, además, el valor de la cláusula penal
que se haga efectiva ‘se considerará como pago parcial pero definitivo de los
perjuicios causados a la entidad contratante’. (Decreto 222 de 1983).
Cuando se declara la caducidad por incumplimiento o se declara el solo
incumplimiento en los eventos del antecitado art. 72, la ley presume que se
causaron perjuicios por el valor de la cláusula. Y hasta ese valor el acto de
caducidad prestará mérito ejecutivo; vale decir, en este campo sólo hasta ese
valor irá el poder exorbitante de la administración contratante en materia de
perjuicios por incumplimiento. Porque si la administración estima que los
perjuicios son superiores al valor de la aludida cláusula, tendrá que exigirlos y
demostrarlos ante el juez del contrato mediante una acción de responsabilidad
contractual y no establecerlos en forma unilateral63.
(…) De acuerdo con lo anterior, en los contratos estatales el legislador ha
contemplado diferentes mecanismos que pueden ser utilizados por la entidad
59
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 28 de
noviembre de 2019, expediente 36600, C.P. María Adriana Marín.
60
[25] “Alfredo Barros Errásuriz; Arturo Alessandri Rodríguez; Ramón Mesa Barros; Jacques Flour y
Jean-Luc Aubert; Philippe Malaurie y Laurent Aynes; Henri, León y Jean Mazeaud; Francois Chabas;
Boris Starck, Jean Carbonnier; Lèon Julliot de la Morandiére; Alex Weill y Francois Terre”.
61
[26] “Jorge Cubides Camacho, Guillermo Ospina Fernández y Fernando Hinestrosa”.
62
[27] “Navia Arroyo, Felipe, ob. cit., pg. 498 y 499”.
63
[31] “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del
22 de noviembre de 1989, expedientes 5253 y 5298, C.P. Carlos Betancur Jaramillo. “La cláusula
penal pecuniaria, que constituye un cálculo anticipado y definitivo de los perjuicios surgidos del
incumplimiento del contrato de tal manera que una vez probado aquel no hay necesidad de acreditar
el daño sufrido ni su cuantía por hallarse ésta predeterminada en la referida cláusula (…)”: sentencia
del 19 de agosto de 2004, expediente 12342, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; “Considerando que la
cláusula penal pecuniaria es una tasación anticipada de perjuicios, y que la entidad está exenta –
para imponerla y cobrarla- de demostrar los daños sufridos a raíz del incumplimiento del contratista
(…)”: sentencia del 13 de noviembre de 2008, expediente 17009, C.P. Enrique Gil Botero. “Las
cláusulas penales son una forma de regulación contractual de los efectos del incumplimiento de las
partes de un contrato, bien sea para prevenirlo, para sancionarlo o para indemnizarlo. Por regla
general, las cláusulas penales tienen como finalidad la de ser una apreciación anticipada de los
perjuicios, y sólo mediante pacto expreso e inequívoco cumple las finalidades de apremio o punitiva”:
Subsección B, sentencia del 30 de noviembre de 2017, expediente 39285, C.P. Ramiro Pazos
Guerrero”.
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contratante frente a la mora o el incumplimiento de sus obligaciones por parte
del contratista, como la imposición de multas, la declaratoria de caducidad del
contrato o la declaratoria de incumplimiento para hacer efectiva la cláusula
penal pecuniaria.
En relación con esta última, así mismo, se prevé la posibilidad de que las partes
incluyan en el contrato el cálculo anticipado y definitivo de los perjuicios que
para la entidad representará el incumplimiento contractual del contratista,
mediante el pacto de una cláusula penal pecuniaria, que, por lo tanto, podrá
hacerse efectiva como consecuencia de la declaratoria de caducidad, si el
contrato está vigente, o de la declaratoria de incumplimiento.
En este último caso, es decir, cuando se ha pactado la cláusula penal, la entidad
no está obligada a acreditar el monto de los perjuicios sufridos y podrá cobrar
el monto total de la cláusula penal, pero si considera que los perjuicios fueron
superiores al mismo, deberá demandar ante el juez del contrato para acreditarlo
dentro del respectivo proceso.
(…) ¿Qué sucede cuando en el contrato objeto de la garantía se pactó cláusula
penal? Al respecto, se advierte que, tal y como se desprende de la norma
acusada, en ambos casos en los que se alude al deber de la entidad de
cuantificar los perjuicios, se plantea una disyuntiva, en caso de existir cláusula
penal pecuniaria, por lo que basta con leer nuevamente tales disposiciones:
14.1 En caso de caducidad (…), proferirá el acto administrativo correspondiente
en el cual, además de la declaratoria de caducidad, procederá a hacer efectiva la
cláusula penal o a cuantificar el monto del perjuicio (…).
14.3 En los demás casos de incumplimiento, (…) proferirá el acto administrativo
correspondiente en el cual declarará el incumplimiento, procederá a cuantificar
el monto de la pérdida o a hacer efectiva la cláusula penal, si ella está pactada
(…).
De acuerdo con lo anterior, para la Sala es claro que, en ambos casos, en el
evento de que se haya pactado cláusula penal pecuniaria, dado que, como ya
se explicó en otro aparte de esta providencia, la misma constituye el cálculo
anticipado y definitivo de los perjuicios que sufrirá la entidad ante el
incumplimiento contractual de su contratista, en caso de que se declare la
caducidad del contrato o su incumplimiento, sólo habrá lugar a disponer la
efectividad de la respectiva cláusula penal, cuyo pago se podrá ordenar al
contratista y a su garante.
Es por eso que la norma acusada dice que se hará efectiva la cláusula penal o
se calculará el monto del perjuicio, es decir: lo uno o lo otro. Si hay cláusula
penal, no habrá lugar a efectuar el referido cálculo. Y así mismo, que la entidad
procederá a cuantificar el monto de la pérdida o a hacer efectiva la cláusula
penal, lo que significa que, si esta última existe, no será procedente la
cuantificación mencionada.
Y, en todo caso, cuando la entidad considere que los perjuicios fueron
superiores al monto de la cláusula penal pecuniaria pactada, estará obligada a
demandar, para probarlo así en un proceso judicial. Contrario sensu, si es la
aseguradora la que considera que el monto de los perjuicios fue inferior al valor
de la cláusula penal pecuniaria, podrá demandar ante el juez competente, para
que sea éste quien determine si hay lugar a reajustar el monto de la
indemnización cobrada.
Conforme a lo expuesto, no cabe duda entonces de que la obligación de pago
derivada de la efectividad de la cláusula penal pecuniaria no corresponde a una
sanción, pues no es más que la asunción de la responsabilidad contractual por
parte del contratista incumplido, razón por la cual, en el caso de las uniones
temporales, en virtud de la responsabilidad solidaria que les asiste, el cobro que de
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Radicación número: 250002336000201200765-02 (55305)
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la misma se haga en el acto de caducidad del contrato, recaerá en todos los
miembros de esa forma asociativa.
No ocurre lo mismo en relación con la sanción que se deriva de la declaratoria de
caducidad del contrato, consistente en la inhabilidad que surge para el contratista
de contratar con entidades estatales por un periodo de 5 años, toda vez que tal y
como se explicó, la misma sólo deberá ser asumida por el o los miembros de la
unión temporal que, con sus actuaciones u omisiones, hayan dado lugar al
incumplimiento del contrato.
3.3. Caso concreto
En el sub-lite se observa que en el plenario obran pruebas suficientes de que la
sociedad demandante H&H ARQUITECTURA S.A., cesionaria dentro de la Unión
Temporal GTM de la sociedad TRANSLOGISTIC S.A., no fue la que propició las
condiciones de incumplimiento que condujeron a la declaratoria de caducidad del
Contrato 71 de 2008, circunstancia que fue reconocida por la Interventoría del
contrato y por la misma entidad contratante, quienes admitieron que, en realidad,
la referida sociedad fue la única de los miembros de la unión temporal que estaba
ejecutando los trabajos que le correspondían en las obras objeto del negocio
jurídico.
En efecto, como se constató, el contrato de obra fue celebrado en el año 2008 por
el IDU y la Unión Temporal GTM, conformada por las sociedades GRANDI LAVORI
FINCOST SPA, TRANSLOGISTIC S.A. y CONSTRUCTORA INCA Ltda. y se
ejecutó con esta conformación de la parte contratista hasta mayo de 2010, cuando
autorizada por la entidad contratante, se produjo la cesión de la participación en el
contrato por parte de TRANSLOGISTIC, en su porcentaje dentro de la unión
temporal (40%), a favor de la sociedad GRUPO FRANCO OBRAS Y PROYECTOS
en un 5% y de H&H ARQUITECTURA S.A. en un 35%.
Según sostuvo la unión temporal contratista al brindar sus descargos en el
procedimiento previo a la expedición del acto administrativo demandado (f. 421, c.
5), las obras se reactivaron con ocasión de la referida cesión y presentaron un
avance significativo frente a la ejecución que hasta ese momento presentaban,
pues para esa época, el valor ejecutado acumulado era de $9.626´376.194 y
gracias a la participación de las sociedades que ingresaron, hasta esa fecha el valor
ejecutado acumulado ascendía a la suma de $30.841´950.435, es decir que en un
53
Radicación número: 250002336000201200765-02 (55305)
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tiempo igual a 12 meses se había ejecutado obra por valor de $21.215´574.24164,
correspondiente a un porcentaje aproximado del 22.71% del valor del contrato para
un total acumulado del 32%, con lo cual, con el ingreso de los nuevos miembros
de la unión temporal, se había doblado lo ejecutado desde el inicio del contrato.
Por otra parte, si bien la Interventoría del contrato de obra en forma reiterada
sostuvo el grave incumplimiento que venía presentándose en la ejecución del
contrato de obra, que permitía advertir que no se lograría cumplir con su objeto en
el plazo estipulado, también admitió que no fue la actuación de la sociedad H&H
ARQUITECTOS S.A. la que dio lugar a dicha situación.
Así, se advierte que mediante comunicación del 12 de septiembre de 2011, dirigida
al Director Técnico de Mantenimiento del IDU, el Consorcio PRO 3, Interventor del
contrato de obra, presentó concepto técnico y jurídico frente al recurso de
reposición interpuesto por la sociedad H&H en contra de la Resolución No. 3455 de
2011, en el cual sostuvo que el contrato de obra fue adjudicado a la Unión Temporal
GTM, que en la respectiva licitación pública había presentado su documento de
conformación en el que se estableció que cada uno de sus miembros respondería
por los valores consignados en el documento, así: GRANDI LAVORI FINCOSIT
S.P.A 30%, TRANSLOGISTIC S.A. 40% y CONSTRUCTORA INCA LTDA. 30%.
Pero que, según prueba aportada por H&H ARQUITECTOS S.A., después de
celebrado el contrato las empresas asociadas decidieron cambiar dicho documento
realizando una división en la ejecución de las obras, sin que ni el IDU ni la
Interventoría hubieran avalado dicho cambio que, por lo tanto, le resultaba
inoponible a la entidad contratante, pues el contrato de obra no había sido
modificado y en consecuencia no lo había sido tampoco el grado de responsabilidad
de todos y cada uno de los miembros de la unión temporal. Luego de señalar que
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1602 del Código Civil todo contrato
legalmente celebrado es una ley para las partes y no puede ser invalidado sino por
su consentimiento mutuo o por causas legales, sostuvo que la resolución de
caducidad debía ser confirmada, pues (f. 211, c. 2 de pruebas):
(…) en el caso que nos ocupa, en ningún momento el IDU aceptó la
transformación de las obligaciones entre los miembros de la Unión temporal de
la que nos habla el recurso en comento por tanto y dado que el contrato es ‘ley
para las partes’ es necesario que para efectos de obligaciones así como para
efectos de las sanciones a imponer, la administración pública deberá considerar
única y exclusivamente el documento inicial de conformación de U.T G.T.M.
(…)ya que los cambios avalados por el IDU se encuentran reflejados en los
OTRO SI suscritos, dando una clara manifestación de la voluntad al suscribir
estos documentos.
64
Aunque en la resolución de caducidad se consignó el comentario de la Dirección Técnica del IDU
a esta afirmación, según el cual la cantidad real ejecutada en ese periodo fue de $12.801.’106.294
(f. 126, c. 2).
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Referencia: Apelación sentencia-acción contractual
2. Además de lo anterior el recurrente solicita sean tenidas en cuenta unas
pruebas sobre las cuales se realiza una valoración de porcentajes de ejecución
sobre las obras que en forma interna, unilateral y no válida (para efectos del
contrato 071 de 2008), se asignaron los integrantes de la Unión Temporal,
haciendo ver avances en los porcentajes de ejecución que no concuerdan con
la realidad del contrato de obra, ya que como se señaló anteriormente, las
mediciones con respecto al porcentaje sobre el cual responde cada miembro de
la Unión Temporal debe ser con respecto al 1005 de la obra y no con respecto
a las obras auto-asignadas por los miembros de la U.T.
(…) el Consorcio PRO3 manifiesta al IDU que tal y como lo esbozó en informe
presentado mediante oficio CP3-IDU98-2924-11 a partir del ingreso de la
empresa H&H ARQUITECTOS (sic) S.A. presentó un avance parcial
significativo en los frentes de obra en los que éstos últimos solicitaron
información, sin embargo recordemos que el documento de constitución de la
Unión Temporal G.T.M., no realiza una división de porcentaje sobre la ejecución
de cada obra sino que contempla una responsabilidad en el porcentaje sobre la
obra en total, por tal razón los porcentajes de cumplimiento de toda la obra
contratada mediante contrato 071 de 2008 son insuficientes y endilgables a
todos los miembros de la U.T. G.T.M. Es decir que a pesar de que se realizaron
avances a raíz de la cesión de la que fue parte H&H ARQUITECTOS (sic) S.A.
no fueron suficientes para considerar cumplidos los cronogramas, los cupos de
crédito y la gestión de responsabilidad social.
No obstante, mediante comunicación enviada a la entidad contratante el 27 de
octubre de 2011, la Interventoría dio alcance al concepto técnico y jurídico para el
recurso de reposición, y allí afirmó que, en realidad, no se produjo el cambio del
documento de constitución de la unión temporal en cuanto a la repartición de las
obras que le correspondería ejecutar a cada uno de sus miembros, ya que según
conocimiento adquirido posteriormente -se enteró después de emitir su concepto
inicial sobre el recurso de reposición-, el IDU había impartido aprobación al
documento de sustitución de TRANSLOGISTIC S.A., en el que se informó cuáles
eran los compromisos asumidos por cada uno de ellos, como constaba en el
numeral 8 del otrosí número 1 al contrato de obra, en donde se estipuló “(…) que
del contrato inicial deberán entenderse incluidos los nuevos integrantes y el
porcentaje de participación en la ejecución de la obra, ratificando la división de
funciones -frente de obras- que permite medir a cada contratista frente a la inversión
realizada y al porcentaje de obra ejecutado”, razón por la cual no se requería de la
aprobación de la Interventoría para la definición de los tramos que debía ejecutar
H&H Arquitectura S.A. (f. 222, c. 2 de pruebas).
De igual manera, en su concepto el Interventor hizo alusión a otros documentos
que le fueron remitidos por H&H ARQUITECTURA S.A.:
• El concepto emitido por el abogado Carlos Gustavo Arrieta, en el que conceptuó
sobre los efectos que se producen por la declaratoria de caducidad cuando uno de
los extremos de la relación contractual es una unión temporal. Sobre este, la
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Radicación número: 250002336000201200765-02 (55305)
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Referencia: Apelación sentencia-acción contractual
Interventoría dijo compartir el criterio conforme al cual tales efectos deben recaer
exclusivamente sobre los miembros incumplidos de la unión temporal65.
• Comunicación del doctor Darío Laguado Monsalve, promotor designado por la
Superintendencia de Sociedades para atender la reorganización de H&H
ARQUITECTURA S.A.66, quien mediante oficio del 20 de septiembre de 2011
dirigido al subdirector general de infraestructura del IDU, coadyuvó los argumentos
expuestos en el recurso de reposición interpuesto por dicha firma en contra del acto
mediante el cual se declaró la caducidad del contrato de obra 071, “(…) en el
sentido de no hacer extensibles los efectos sancionatorios de la declaratoria de
caducidad del contrato No. 071 de 2008 a dicha sociedad quien, según se evidencia
en la contabilidad de la unión temporal GTM, ha sido el único miembro de la (sic)
que ha honrado sus obligaciones”, razón por la cual “(…) a esta empresa no se le
puede atribuir la ocurrencia de los elementos necesarios para declarar la caducidad
y por ende no se le debería aplicar la sanción de inhabilidad y la cláusula penal
pecuniaria”67 (fls. 203 y 204, c. de pruebas 2).
En oficio del 6 de octubre de 2011, dirigido a la directora general del IDU, el
mencionado promotor de la Superintendencia de Sociedades amplió su exposición
de las razones por las cuales la sociedad H&H ARQUITECTURA S.A. no debía ser
sancionada, planteando nuevamente que, de los miembros de la unión temporal
contratista, fue la única que realizó inversiones y dio cumplimiento a sus
obligaciones contractuales, según su porcentaje de participación en la unión
temporal, y a esa fecha, desde su ingreso, había cumplido el 81,2% de los
compromisos adquiridos por ella68 (f. 206, c. 2 de pruebas).
65
El 16 de septiembre de 2011, interpuesto por H&H ARQUITECTURA S.A. el recurso de reposición
en contra del acto administrativo aquí impugnado, el abogado Carlos Gustavo Arrieta, en
representación de la demandante, presentó un concepto jurídico sobre los efectos de la declaratoria
de caducidad del contrato en relación con un integrante de la unión temporal que ha cumplido con
las obligaciones, “en atención a la repartición de tareas que los miembros de la estructura plural
pactaron en el acto de conformación”, por lo que la sanción por inhabilidad solo podía recaer sobre
los integrantes incumplidos. En el documento, el mencionado profesional adujo que la sociedad H&H
ARQUITECTURA cumplió con las obligaciones a su cargo y no exhibió una conducta de la que
pudiera predicarse un incumplimiento grave que amenazara con paralizar el contrato. El concepto
es visible a folio 185-201, c. 2 de pruebas.
66
Mediante auto del 29 de julio de 2011 la Superintendencia de Sociedades admitió a la sociedad
H&H al proceso de reorganización en los términos y formalidades de la Ley 1116 de 2006, por
considerar que cumplía con los presupuestos y requisitos para ello, conclusión a la que arribó a partir
de la documentación aportada por dicha sociedad y la visita efectuada por funcionarios de la
Superintendencia a la sociedad, en la que se constató, entre otras cosas, que la empresa había
llevado y mantenía la contabilidad regular de sus negocios, conforme a las prescripciones legales y
conservaba, con arreglo a la ley, la correspondencia, soportes contables y demás documentos
relacionados con sus negocios o actividades (f. 582, c. 6).
67
En dicha solicitud, afirmó así mismo que “H&H ARQUITECTURA S.A. ha hecho inversiones que
al 22 de Agosto ascienden a OCHO MIL CIENTO VEINTIUN MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA
Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/cte. ($8.121.352.796) dinero con
obligaciones pendientes el cual se ha pagado en inversiones, préstamos, proveedores y deberes del
contrato No. 071 de 2008. (Adjunto certificación del Revisor Fiscal y el Contador de H&H
ARQUITECTURA S.A.)”
68
En el proceso obra el testimonio rendido por el abogado Darío Laguado Monsalve, quien manifestó
que obró como Promotor dentro del proceso de reorganización empresarial adelantado ante la
Superintendencia de Sociedades por H&H Arquitectura S.A., razón por la cual tuvo conocimiento de
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Radicación número: 250002336000201200765-02 (55305)
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Demandado: IDU
Referencia: Apelación sentencia-acción contractual
Sobre este concepto del promotor de la Superintendencia, el Interventor del
contrato de obra sostuvo:
Esta interventoría comparte las cifras reportadas por el doctor Laguado en su
informe, toda vez las (sic) mismas coinciden con nuestra comunicación CP3-
IDU93-2924-11, las cuales corresponde (sic) a las actividades facturadas por la
Unión Temporal GTM desde el momento que ingresó H&M ARQUITECTURA
S.A. como miembro de la unión temporal.
En este orden de ideas, es de recibo el argumento expuesto por el señor
apoderado de la sociedad H&H ARQUITECTURA S.A., en eel sentido que de
conformidad con los artículos 1596, 1539 y 867 del Código Civil, la empresa que
representa, no fue quien generó los motivos que llevaron al IDU a declarar la
caducidad del Contrato IDU-071 de 2008 y por ende no se le puede aplicar la
sanción de inhabilidad y la cláusula penal pecuniaria (…). (f. 223 vto., c. 2 de
pruebas).
En el proceso también reposa copia de la certificación expedida por el contador de
la Unión Temporal GTM en la que consta que la contratista recibió de la sociedad
H&H ARQUITECTURA S.A., la suma de $8.433´198.030,08 en calidad de préstamo
(fl. 665 c. 6).
Así mismo, obra un certificado expedido por el señor Daniel Flórez Pérez, en calidad
de asesor técnico de SEGUREXPO, en el que dio cuenta de que la sociedad H &
H ARQUITECTURA S.A. “fue quien había ejecutado las actividades propias del
contrato 071 de 2008, demostrando a través de documentos contables la inversión
de los recursos en la obra y la ejecución de las actividades de construcción
existentes en el proyecto contratado con el IDU” (fl. 673 c. 6).
3.4. La Resolución 4401 de 2011
Mediante la referida resolución, el IDU resolvió, entre otros, el recurso de reposición
interpuesto por la sociedad H&H ARQUITECTURA S.A. (f. 233, c. 2 de pruebas), para
lo cual enunció los argumentos de la referida sociedad, quien alegó i) la
responsabilidad de las uniones temporales frente al incumplimiento del contrato
estatal; ii) la aplicación del principio de proporcionalidad al hacer efectiva la cláusula
penal; iii) el agotamiento de los recursos del anticipo; iv) la inversión de recursos
las incidencias que se presentaron con los 34 contratos que en ese momento tenía en ejecución
dicha firma. Entre ellos se encontraba el No. 071 de 2008 con el IDU, respecto del cual pudo
constatar que había sido incumplido pero no por razones imputables a la referida firma, que se
encargó de la ejecución material del mismo desde su ingreso en la unión temporal contratista,
debiendo fondear las obras con sus propios recursos. Aceptó haber coadyuvado el recurso de
reposición interpuesto contra el acto de caducidad, y manifestó que sus conclusiones en torno a ese
contrato se apoyaron en la información contable que ofrecía H&H, y que los flujos de caja que
conoció, fueron preparados por contadores públicos de la empresa que certificaron esos estados
financieros, con información tomada de sus libros de contabilidad, bajo el análisis que, en este
aspecto, también hizo la Superintendencia de Sociedades; el doctor Laguado revisó esos flujos de
caja del Contrato 071, cuál fue el origen de los fondos y su aplicación, y dio por cierta la certificación
de los contadores, porque la ley dice que la certificación y atestación de los contadores públicos se
presume cierta. (CD de pruebas que reposa entre f. 211 y 212, c. 1).
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Radicación número: 250002336000201200765-02 (55305)
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Referencia: Apelación sentencia-acción contractual
propios para dar continuidad a la obra; v) el cumplimiento de los compromisos
adquiridos según su participación en la unión temporal, vi) el no pago del anticipo
acordado una vez cumplida la amortización requerida y vii) la adquisición del cupo
de crédito asumido para cumplir con las obligaciones en materia de aspectos
financieros, ante la situación irregular que se presentó con el cupo de crédito
adquirido por el GRUPO FRANCO OBRAS Y PROYECTOS.
Precisado lo anterior, la entidad contratante se remitió a los informes elaborados
por la interventoría del contrato respecto de los tres eventos de incumplimiento
atribuidos a la Unión Temporal GTM, relativos a los atrasos injustificados del
cronograma de obra, las irregularidades presentadas en la disponibilidad del cupo
de crédito presentado por la firma GRUPO FRANCO OBRAS Y PROYECTOS S.A.
y el incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente social,
correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2010 y enero a marzo
de 2011.
A manera de síntesis, el IDU confirmó las consideraciones que tuvo en cuenta en
la Resolución No. 3455 del 28 de julio de 2011, en cuanto i) el pago del anticipo se
hizo conforme a lo estipulado por las partes en el contrato, pero el tercer pago sí se
vio afectado por el mal manejo de los recursos que habían sido entregados, lo que
obligó a la administración a no seguir realizando desembolsos; ii) la interventoría
vigiló el impacto de la ola invernal en la ejecución de las obras y determinó que no
fue constante (11% de los días registraron precipitaciones mayores a 5 mm) y que
el incumplimiento de la contratista se dio incluso en tiempo seco (50% de los días);
iii) el contratista no adoptó las medidas de prevención y mitigación necesarias para
minimizar los efectos de la temporada de lluvias; y, iv) la falta de personal,
materiales, maquinaria y, en general disponibilidad de recursos en cada frente de
obra, fue lo que llevó a que no se cumpliera con el cronograma de obra. Así mismo,
puso de presente el incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el
componente social, las cuales fueron calificadas por debajo del promedio exigido y
la irregularidad presentada con la disponibilidad del cupo de crédito presentado por
el GRUPO FRANCO OBRAS Y PROYECTOS SL.
Respecto del estado que presentaba la ejecución de la obra, la entidad puso de
presente el siguiente balance (fls. 284-285 c. 2):
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Radicación número: 250002336000201200765-02 (55305)
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Demandado: IDU
Referencia: Apelación sentencia-acción contractual
En relación con la actividad de H&H ARQUITECTURA S.A. en la ejecución del
contrato, el IDU empezó por reseñar cuál era el estado del mismo cuando se
produjo la cesión a favor de dicha firma por parte de TRANSLOGISTIC S.A., en
mayo de 2010, para lo cual tuvo en cuenta el Informe No. 65 de Interventoría del
10 de mayo de ese año, en el que se registró:
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Referencia: Apelación sentencia-acción contractual
Ejecución programada acumulada: $23.762’450.847
Valor obra ejecutada: $18.146’750.641
Obra no ejecutada: $-5.615’700.206
Atraso de la obra frente al valor total de contrato % 6.02
A continuación, dio cuenta de los frentes de obra ejecutados por H&H
ARQUITECTURA S.A. -de 46 que se le habían asignado dentro de la unión
temporal- y se relacionó el listado de las vías ejecutadas (23) por esta firma en el
tiempo que llevaba vinculada al contrato, que habían sido los frentes de mejor
avance en su ejecución, aunque aún no estaban terminados, pues faltaba su
demarcación, lo que no la liberaba de su responsabilidad y solidaridad frente a la
ejecución del contrato que, en general, había sido incumplido, pues las obras no se
ejecutaron según el cronograma establecido ni fueron entregadas, por lo que la
entidad no había recibido la primera vía ejecutada en un 100% por la unión temporal
GTM.
Así mismo, se expuso el porcentaje de obra ejecutado por H&H ARQUITECTURA
S.A., que se consignó en la siguiente forma:
Análisis de la programación realizada por la UT GTM frente a las obligaciones de
H&H Arquitectura:
VALOR A PROGRAMAR PRESUPUESTO PORCENTAJE
SEGÚN PORCENTAJE DE AJUSTADO PROGRAMADO
PARTICIPACIÓN PROGRAMADO A 12 DE SEP DE
2011
$32.685’361.264 $30.810’151.587 94.26%
Análisis de la ejecución desarrollada por H&H Arquitectura frente a las obligaciones
generadas por la UT GTM:
VALOR A PROGRAMAR VALOR EJECUTADO A PORCENTAJE POR PORCENTAJE
SEGÚN PORCENTAJE 12 DE SEPTIEMBRE DE EJECUTAR EJECUTADO
DE PARTICIPACIÓN 2011
$32.685.361.264 $20.704’314.460 36.66% 63.34%
Y agregó el acto administrativo que en todo caso el IDU no había suscrito ningún
acta de recibo de obras que evidenciara la entrega de los frentes intervenidos por
la unión temporal o por la firma H&H ARQUITECTURA S.A., y que el 36.66% que
le faltaba por ejecutar a esta sociedad era un reflejo del incumplimiento
generalizado del contratista.
Según lo expuesto, la entidad concluyó que la sociedad H&H Arquitectura S.A.
ejecutó un 63.34% de lo programado a su cargo, equivalente a $32.685´361.264,
60
Radicación número: 250002336000201200765-02 (55305)
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Demandado: IDU
Referencia: Apelación sentencia-acción contractual
conforme con su porcentaje de participación en la Unión Temporal GTM, el cual
correspondía al 35% del total del contrato, con la anotación de que existía
responsabilidad solidaria por el cumplimiento del total de la propuesta y del objeto
contratado.
A renglón seguido, la resolución dio cuenta de los términos y extensión de la
participación en la ejecución del contrato que le correspondía a H&H
ARQUITECTURA según el documento privado de cesión parcial, en el que se
registró su compromiso respecto del 35% del total del contrato de obra y se
consignó que: “En la cesión de participación es responsable por la documentación
que aporte, el cupo de crédito69 y se adhiere a lo formulado en la propuesta. En la
ejecución del contrato, realizará la construcción de obras (incluyendo gestión
ambiental, gestión social, desvíos, manejo de tráfico y señalización y
mantenimiento) de acuerdo con su porcentaje de participación. Los tramos a
ejecutar serán definidos de acuerdo con el grupo o grupos adjudicados, lo cual se
dará a conocer al IDU”.
Luego de exponer las diferencias entre la unión temporal y el consorcio, con
fundamento en jurisprudencia y la exposición de motivos de la Ley 80 de 1993,
manifestó, refiriéndose a la primera:
En consecuencia, los hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la
ejecución del contrato afectan a todos los miembros que la conforman, y
responderán solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del
objeto del contrato.
Es importante aclarar que las sanciones por el incumplimiento se impondrán de
acuerdo con la participación de cada uno de los integrantes de la Unión
Temporal (…).
Conforme lo anterior, la imposición de sanciones por incumplimiento de
obligaciones derivadas de la propuesta o del contrato, en las uniones
temporales se individualiza en cabeza de los integrantes de aquella, según el
grado de participación de cada uno de ellos en la ejecución de las obligaciones.
(…) Conforme los hechos enunciados, la norma y la jurisprudencia parcialmente
transcrita, se evidencia que los integrantes de la Unión Temporal GTM
responden solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado.
De acuerdo con lo anterior y conforme al informe semanal de la interventoría
No. 128 con fecha de corte 28 de julio de 2011, el contrato 071 de 2008 presenta
un atraso en la ejecución del -21.96% correspondiente a $-20.504.144.620.
(…) Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad evaluó la ejecución de los frentes de
obra asignados a la sociedad H&H Arquitectura S.A. de acuerdo con los
documentos allegados en los recursos de reposición, evidenciando que ésta
ejecutó un 63.34% de lo programado conforme a su obligación (…),
69
De acuerdo con “Carta de Información de Unión Temporal” enviada por la UT GTM al IDU el 28
de abril de 2010, dentro de las responsabilidades de la sociedad H&H ARQUITECTURA S.A. no se
incluyó “el cupo de crédito”, que estaba a cargo de la otra sociedad cesionaria, GRUPO FRANCO
OBRAS Y PROYECTOS S.L. (f. 321, c. 4).
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Referencia: Apelación sentencia-acción contractual
consecuente con su porcentaje de participación dentro de la Unión Temporal,
el cual corresponde al 35% ($32.685.361.264).
Conforme lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, la inhabilidad es
una de las consecuencias de la declaratoria de caducidad (…).
Por consiguiente, para determinar la inhabilidad es preciso analizar en el caso
concreto en relación con las causales previstas en la Ley 80 y en especial lo
dispuesto en el parágrafo 3 del artículo 7 de la citada Ley, que para los casos
en que se conformen sociedades bajo cualquiera de las modalidades previstas
en la ley con el único objeto de presentar una propuesta, celebrar y ejecutar un
contrato estatal, la responsabilidad y sus efectos se regirán por las
disposiciones previstas en esta ley para los consorcios, es decir, las personas
jurídicas que conforman la Unión Temporal GTM responden solidariamente de
todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y el contrato.
A continuación, sostuvo el acto que todos los miembros de la unión temporal eran
responsables por el incumplimiento contractual, y en lo que hacía a la declaratoria
del siniestro a título de cláusula penal pecuniaria, “(…) conforme a lo dispuesto por
el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, las sanciones por el incumplimiento deben ser
asumidas por cada uno de los miembros de acuerdo con la obligación adquirida y
el porcentaje de participación en la Unión Temporal”, procediendo, en la parte
resolutiva del acto, a confirmar en todas sus partes la Resolución No. 3455 del 28
de julio de 2011.
De acuerdo con lo anterior observa la Sala que la entidad reconoció, en la
Resolución No. 4401 del 28 de octubre de 2011, que la sociedad H&H
ARQUITECTURA S.A. -para la fecha en que se declaró la caducidad del contrato-
había ejecutado más del 50% de lo que le correspondía según sus obligaciones
como miembro de la unión temporal, exactamente el 63.34% de lo programado a
su cargo, equivalente a $32.685´361.264. No obstante, si bien tuvo en cuenta que
su desempeño no la relevaba de la responsabilidad por el incumplimiento total del
contrato de obra, no hizo el mismo análisis respecto de las sanciones que de la
decisión de caducidad se derivaban para los distintos miembros de la unión
temporal según su grado de participación en los hechos y omisiones que dieron
lugar a dicho incumplimiento.
Según quedó visto, se acreditó que no fue la demandante la que dio lugar al
incumplimiento contractual que justificó la declaratoria de caducidad del Contrato
de Obra No. 071 de 2008, puesto que los atrasos en el cronograma de ejecución
de las obras no se presentaron por razones a ella imputables. Ahora bien, en
relación con los otros incumplimientos imputados a la unión temporal contratista, se
observa:
En cuanto al cupo de crédito, está acreditado que su consecución estaba en cabeza
de otro de los miembros de la unión temporal: GRUPO FRANCO OBRAS Y
PROYECTOS SL COLOMBIA, de acuerdo con el documento “Carta de Información
62
Radicación número: 250002336000201200765-02 (55305)
Actora: Sociedad H & H Arquitectura S.A.
Demandado: IDU
Referencia: Apelación sentencia-acción contractual
de Unión Temporal” enviada por la UT GTM al IDU el 28 de abril de 2010, en la que
consta que dicha sociedad, que participaba con el 5% del total del contrato, tenía
dentro de sus obligaciones:
En la Cesión de participación es responsable por la documentación que
aporte, el cupo de crédito y se adhiere a lo formulado en la propuesta.
En la ejecución del contrato, realizará la construcción de obras
(incluyendo gestión ambiental, gestión social, desvíos, manejo de tráfico
y señalización y mantenimiento) de acuerdo con su porcentaje de
participación. Los tramos a ejecutar serán definidos de acuerdo con el
grupo o grupos adjudicados, lo cual se dará a conocer al IDU (f. 321, c.
4).
Por lo tanto, las irregularidades que se hubieren presentado en torno a la
consecución de dicho cupo de crédito, tampoco provinieron de acciones u
omisiones imputables a la demandante.
Finalmente, en cuanto al incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el
componente social correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2010
y enero a marzo de 2011:
Se observa que en la cláusula 11 -obligaciones del contratista-, literal E del contrato
071 de 2008, se consignó (f. 60 vto., c. 2 de pruebas):
E) Obligaciones en materia ambiental y social y en materia de seguridad
industrial y salud ocupacional: 1) Dar estricto cumplimiento a lo establecido
en la Guía Ambiental adoptada por el IDU, la cual deberá solicitar en la Oficina
Asesora de Gestión Ambiental del IDU o consultar en la página Web del
Instituto, y lo establecido en el Pliego de Condiciones, en materia ambiental y
social, en especial lo dispuesto en el Apéndice correspondiente 2) Dar estricto
cumplimiento a la normatividad en la materia y a los lineamientos para salud
ocupacional y seguridad industrial para contratación de obras del IDU, de
acuerdo a lo establecido en los pliegos de condiciones.
Según se lee en la Resolución 3455 de 2011, sobre este incumplimiento
relacionado con el componente social correspondiente a los meses de noviembre
y diciembre de 2010 y enero, febrero y marzo de 2011 (f. 109 y 110, c. 2 de pruebas):
“(…) se encuentra representado en una disminución de las calificaciones
sociales, obtenidas durante los meses de noviembre y diciembre de 2010 y
enero de 2011 en los ítems de atención al ciudadano70 y control y seguimiento
de dotación, donde los porcentajes quedaron de la siguiente manera:
70
Como se explica más adelante en el acto administrativo, según el interventor “(…) Con respecto a
la atención y seguimiento a las manifestaciones ciudadanas, se continúa evidenciando
incumplimiento en los cierres de manifestaciones ciudadanas e inconformidad por parte de la
comunidad por tenerse abiertas solicitudes desde hace más de 6 meses, como se relaciona en el
siguiente cuadro consolidado (…). Como puede evidenciarse en el cuadro consolidado hay
manifestaciones abiertas desde el año 2010 las cuales han podido realizar el respectivo proceso de
cierre sin requerirse mayor tiempo de atención y seguimiento, sin que a la fecha se hayan cerrado
generando incumplimientos en los tiempos de cierre establecidos en el Plan de Gestión Social …”.
(f. 119, c. 2 de pruebas).
63
Radicación número: 250002336000201200765-02 (55305)
Actora: Sociedad H & H Arquitectura S.A.
Demandado: IDU
Referencia: Apelación sentencia-acción contractual
Noviembre de 2010: 78%
Diciembre de 2010: 75%
Enero de 2011: 72%
Por otra parte, en los meses de febrero y marzo de 2011, se acusa que se
siguen presentando los mismos incumplimientos, toda vez que se obtuvo las
siguientes calificaciones:
Febrero de 2011: 84%
Marzo de 2011: 76%
La metodología empleada por la Interventoría para efectos de adelantar la
calificación en la lista de chequeo, ha sido objeto de observaciones por parte de
la Unión Temporal en las cuales se manifiesta la inconformidad que le asiste en
la forma como se está evaluando los presuntos incumplimientos.
La Unión Temporal ha manifestado a través de los oficios UTGTM-2129-11 y
UTGTM-2130-11, lo siguiente:
La Unión Temporal, no ha cumplido (sic) con la entrega de implementos de
trabajo que cumpla con las especificaciones del manual de identidad visual, y
aclara que siempre ha hecho entrega de estos implementos a todo el personal
que ejecuta actividades para el proyecto, no se desconoce que en algunas
ocasiones se ha evidenciado a personal omitiendo el uso de estos elementos o
con identidad visual de otro proyecto, razón por la cual se están tomando
medidas para evitar la omisión de los implementos de trabajo incumpliendo con
el manual de identidad, por parte del personal de la obra.
De acuerdo con las listas de chequeo de las localidades de RAFAEL URIBE,
SAN CRISTÓBAL, CANDELARIA Y SANTA FE de los periodos enero y febrero
de 2011, se puede observar calificaciones de CERO (0), las cuales no
corresponden a la realidad, sino a una equivocada interpretación de la
metodología de calificación.
La Unión Temporal quiere dejar claro que a diario se están incrementando los
esfuerzos con el fin de dar estricto cumplimiento a lo exigido en el contrato, la
guía ambiental y en el apéndice 4 “Obligaciones de Gestión Social y
Comunicaciones”, pero existen situaciones aisladas, como las que se
mencionan a continuación, que de ninguna manera afectan las gestiones
realizadas a pesar de que estas se presentan eventualmente:
1.La falta de importancia de parte del personal de obra en cuanto al
cumplimiento del Manual de Identidad Visual.
2.Los cambios climáticos (fuertes calores o lluvias intempestivas), que hacen
que alguna vez se retiren ciertos elementos temporalmente.
Al respecto la Unión Temporal está implementando mecanismos para
confrontar estas situaciones y lograr un total cumplimiento…”
Al respecto, si bien no consta en el plenario que la demandante hubiera acatado
cabalmente estos deberes contractuales en lo que a ella le correspondía, según los
frentes de obra a su cargo, lo cierto es que este incumplimiento no era de tal
gravedad que, por sí solo, ameritara o justificara la declaratoria de caducidad del
contrato, en tanto no afectaba de manera grave y directa su ejecución ni se
evidenció que, por esta causa, pudiera conducir a su paralización como lo dispone
el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, dada la naturaleza de las obligaciones
supuestamente incumplidas por el contratista, consistentes en los trámites para la
atención al ciudadano y la falta de uso, por parte de los trabajadores en los
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Radicación número: 250002336000201200765-02 (55305)
Actora: Sociedad H & H Arquitectura S.A.
Demandado: IDU
Referencia: Apelación sentencia-acción contractual
diferentes sitios de la obra, de elementos de dotación que cumplieran con el manual
de identidad visual, por lo que, aún en el evento de que efectivamente la
demandante hubiera incurrido en él, no habría sido tampoco la causante de la
decisión administrativa demandada.
Ahora bien, en virtud de la responsabilidad solidaria que surgió de su participación
dentro de la unión temporal contratista, a la sociedad H&H ARQUITECTURA S.A.,
le corresponde responder junto con los demás miembros de la misma por los
perjuicios que de ese incumplimiento se derivaron para la entidad y, por lo tanto,
asumir lo que le corresponda con ocasión de la efectividad de la cláusula penal
pecuniaria pactada en el contrato y que fue objeto de la declaratoria del siniestro
de incumplimiento para los efectos del cobro de la respectiva garantía contractual.
Sin embargo, en relación con la sanción que se deriva de dicha decisión
administrativa, considera la Sala que la pretensión subsidiaria -primera alternativa-
en estudio está llamada a prosperar, por lo que hay lugar a revocar la sentencia de
primera instancia para, en su lugar, declarar la nulidad parcial del acto
administrativo demandado, en cuanto no dispuso, como debía, lo relativo a la
gradación de las sanciones de acuerdo con lo expuesto y a disponer, de acuerdo
con lo establecido en el tercer inciso del artículo 187 del CPACA71, que en virtud de
no haber sido la que dio lugar a la declaratoria de caducidad, la sociedad H&H
ARQUITECTURA S.A., no estará sometida a la inhabilidad dispuesta por el numeral
8º de la Ley 80 de 199372.
IV. Los perjuicios
La demandante pidió, como consecuencia de la declaratoria de nulidad parcial del
acto de caducidad, la indemnización de perjuicios en la modalidad de materiales -
daño emergente y lucro cesante- e inmateriales, respecto de los cuales se observa:
En primer lugar, debe tenerse en cuenta que la decisión de caducar el contrato
quedó incólume, por lo que resulta aplicable el contenido del artículo 18 de la Ley
80 de 1993 en su integridad. Dicha norma establece expresamente que “Si se
declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista”. Así, no
resultan procedentes las reclamaciones fundadas en la declaratoria de caducidad
como tal, toda vez que la demandante sí era responsable por el incumplimiento del
contrato. Dado que lo que será objeto de la nulidad es exclusivamente lo
71
“Contenido de la sentencia. Art. 187.- (…) Para restablecer el derecho particular, la jurisdicción de
lo contencioso administrativo podrá estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas, y
modificar o reformar éstas”.
72
“8º.- Son inhábiles para participar en licitaciones o concursos y para celebrar contratos con las
entidades estatales: // (…) c) Quienes dieron lugar a la declaratoria de caducidad”. (Se resalta).
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Demandado: IDU
Referencia: Apelación sentencia-acción contractual
concerniente a las consecuencias sancionatorias del acto de caducidad,
específicamente, la inhabilidad que de ella se desprendió, en principio, para la
sociedad demandante, serán únicamente los perjuicios que de tal circunstancia se
hayan producido para la sociedad H&H ARQUITECTURA S.A. a partir de la referida
inhabilidad y que aparezcan debidamente acreditados en el plenario los que serán
pasibles de ser indemnizados.
Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que el demandante pidió:
4.1. Daño emergente
Bajo este título, la parte actora reclamó:
a) $10.000’000.000 o el valor que se establezca dentro del proceso,
correspondiente a la inversión efectuada por la sociedad H&H ARQUITECTURA
S.A., en beneficio de la ejecución del contrato No. 071 de 2008.
En relación con esta pretensión, observa la Sala que, según se dio cuenta de ello
párrafos atrás, el contador de la Unión Temporal GTM certificó que la demandante
le prestó a aquella la suma de $8.433´198.030,08, sin embargo no obran pruebas
de que tales recursos se hubieran invertido efectivamente en la ejecución del
Contrato de Obra 071 de 2008 y, de haberlo sido, es claro que no era obligación de
la entidad contratante responder por el referido crédito, entre otras razones, porque,
como ya se anotó, el demandante no tiene derecho a reclamar perjuicios por la
declaratoria de caducidad distintos a los derivados de la inhabilidad que le hubiere
sobrevenido como consecuencia.
b) La restitución de los dineros que hubiera pagado o llegare a pagar la sociedad
H&H ARQUITECTURA S.A., como consecuencia de lo exigido en la declaratoria de
caducidad.
En cuanto a esta pretensión, aparte de que no resulta procedente debido a la
responsabilidad solidaria que se desprende de la declaratoria de caducidad para
todos los miembros de la unión temporal, tampoco consta en el plenario que la
sociedad H&H ARQUITECTURA S.A. haya tenido que pagar suma alguna por
cuenta de la ejecución del acto administrativo demandado, respecto del cual,
además, se observa que se halla suspendido en sus efectos respecto de la
sociedad demandante por orden judicial, según se desprende de lo siguiente:
El 18 de julio de 2012, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Barranquilla resolvió
la impugnación presentada contra el fallo de tutela proferido por el Juzgado
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Referencia: Apelación sentencia-acción contractual
Dieciocho Civil Municipal de la misma ciudad dentro del trámite de tutela iniciado
por la sociedad H&H Arquitectura S.A. contra el IDU, por la presunta vulneración
de sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo y al derecho de
defensa, decisión de primera instancia que revocó y falló favorablemente la acción
de tutela. Encontró que la entidad pública declaró la caducidad del contrato a partir
de “(…) una fragmentación en la valoración de las pruebas para centrar su atención
en parte de ellas, sin atención a que medios probatorios observados al momento
de emitir la declaración de caducidad, variaron significativamente en su entidad y
contenido declarativo”, pues no tuvo en cuenta el informe del 27 de octubre de 2011
de la Interventoría -mediante el cual dio alcance al concepto técnico y jurídico del
13 de octubre de 2011- que evidenció que la sociedad en mención “(…) no fue quien
generó los motivos que llevaron al IDU a declarar la caducidad del contrato y por
ende no se le podía aplicar la sanción de inhabilidad y la cláusula penal pecuniaria”
(fls. 317-326 c. 2 de pruebas).
Por lo anterior, tuteló el derecho al debido proceso y defensa de la accionante y, en
consecuencia, ordenó al IDU declarar la “(…) inaplicación inmediata y transitoria,
en relación con la sociedad accionante, sociedad H&H ARQUITECTURA S.A., de
todos los efectos de las Resoluciones No. 4401 del 28 de octubre de 2011 y No.
3455 del 28 de julio de 2011, por las cuales se declara y confirma la caducidad del
contrato de obra No. 071 de 2008”. Así mismo, ordenó que dicha sociedad
adelantara, si no lo había hecho, la acción ordinaria correspondiente dentro de los
4 meses siguientes y, en caso de que no la iniciara, el amparo perdería sus efectos.
Mediante providencia del 31 de julio de 2012, la anterior decisión fue adicionada en
el sentido de señalar que lo resuelto en el fallo del 18 de julio de ese año
permanecería vigente mientras se decidiera de fondo por la Jurisdicción
Contencioso Administrativa la acción interpuesta por la tutelante contra los actos
administrativos que declararon la caducidad del contrato (fls. 328-329 c. 2 de pruebas).
A través de la Resolución No. 2327 del 22 de agosto de 2012, el IDU dio
cumplimiento a la sentencia de tutela, en los siguientes términos (fl. 332, c. 2 de
pruebas):
ARTÍCULO PRIMERO.- Dar cumplimiento al fallo de tutela de fecha 18 de julio
de 2012, radicado 363-12-01, proferido por el Juzgado Segundo (2) Civil del
Circuito de Barranquilla y en tal sentido, declarar la inaplicabilidad inmediata y
transitoria, en relación con la sociedad H&H ARQUITECTURA S.A., de todos
los efectos de las Resoluciones 4401 del 28 de octubre de 2011 y 3455 del 28
de julio de 2011, por las cuales se declara y confirma la caducidad del Contrato
de Obra No. 071 de 2008.
De acuerdo con lo ordenado por el juez de tutela, en caso de que la sociedad
H&H ARQUITECTURA S.A., hoy en reorganización, no impetre la acción
ordinaria del caso dentro de los siguientes cuatro (4) meses contados a partir
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Demandado: IDU
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de la notificación del fallo de tutela, el amparo perderá sus efectos y por ende,
este Instituto dará plena aplicación a las resoluciones a que se refiere el inciso
precedente.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto
2591 de 1991, por concederse la protección de los derechos fundamentales
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, lo resuelto en
el fallo de tutela de fecha 18 de julio de 2012, permanecerá vigente mientras se
decida de fondo, por la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la acción que
interponga en los términos de ley, la sociedad H&H ARQUITECTURA S.A., en
contra los actos administrativos No. 4401 del 28 de octubre de 2011 y No. 3455
del 28 de julio de 2011.
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar al representante legal de la sociedad H&H
ARQUITECTURA S.A. (…) el contenido del presente acto administrativo (…).
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el contenido del presente acto administrativo
a las Cámaras de Comercio de Bogotá D.C. y Barranquilla y a la Procuraduría
General de la Nación (…).
Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que el acto de declaratoria de caducidad
del Contrato de Obra 071 de 2008 no produjo efectos frente a la sociedad H&H
ARQUITECTURA S.A., por hallarse suspendidos los mismos, razón por la cual no
le pudo producir los alegados perjuicios que ahora reclama.
4.2. Lucro cesante:
La demandante pidió a este título ($2.000´000.000.oo) o el valor que se logre probar
dentro del proceso, correspondiente a las utilidades dejadas de percibir por la
declaratoria de caducidad del contrato.
En relación con esta pretensión, resulta necesario advertir que la declaratoria de
nulidad que se proferirá en la presente providencia es parcial, sólo en cuanto el acto
no estableció lo concerniente a las sanciones derivadas de la caducidad del
contrato desde la perspectiva de la actuación de los miembros de la unión temporal
contratista que hubiere dado o no lugar a ella, por lo que, en general, la declaratoria
de esa terminación unilateral y anticipada del contrato por causa de su grave
incumplimiento perdura frente al contratista, Unión Temporal GTM, de la cual hizo
parte la sociedad H&H ARQUITECTURA S.A. En consecuencia, no hay lugar a
reconocer esta pretensión indemnizatoria.
4.3. Perjuicios inmateriales:
Por este concepto, la actora pidió que se le reconocieran los perjuicios derivados
de la afectación de su Good Will, pretensión respecto de la cual la Sala no halló
prueba alguna en el sub-lite, lo que conduce a su denegatoria.
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Demandado: IDU
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Finalmente, advierte la Sala que no procede el estudio de la segunda alternativa de
las pretensiones subsidiarias, en la medida en que prosperó la primera de estas.
Condena en costas
En virtud de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 365 del CGP73 -aplicable al
presente proceso en virtud de la remisión efectuada por el artículo 188 del CPACA-
, la Sala se abstendrá de condenar en costas, toda vez que el recurso de apelación
prosperó parcialmente, en la medida en que se acoge una pretensión subsidiaria
que da lugar, así mismo, a la nulidad parcial del acto administrativo demandado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
REVOCAR la sentencia del 28 de mayo de 2015, proferida por la Subsección A de
la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para, en su lugar,
disponer:
PRIMERO: DECLÁRASE la prosperidad de la primera alternativa de las pretensiones
subsidiarias y en consecuencia, se declara la nulidad parcial de las Resoluciones
3455 y 4401 de 2011 expedidas por el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, en el
sentido de dejar sin efectos sancionatorios la declaratoria de caducidad sobre la
sociedad H&H ARQUITECTURA S.A., EN REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL,
como quiera que dicha sociedad no dio lugar a la mencionada decisión, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DISPÓNESE que la declaratoria de caducidad contenida en las
Resoluciones 3455 y 4401 de 2011 expedidas por el Instituto de Desarrollo Urbano
IDU le es exigible a la sociedad H&H ARQUITECTURA S.A. en sus efectos y los
pagos debidos por el incumplimiento del contrato, más no producirá respecto de dicha
sociedad los efectos dispuestos en el literal c) del artículo 8º de la Ley 80 de 1993, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO: Sin condena en costas.
73
“Art. 365.- En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia
la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: // (…) 5. En caso de que prospere
parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena
parcial, expresando los fundamentos de su decisión”.
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Radicación número: 250002336000201200765-02 (55305)
Actora: Sociedad H & H Arquitectura S.A.
Demandado: IDU
Referencia: Apelación sentencia-acción contractual
Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para
lo de su cargo.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Firmado electrónicamente
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
VF
70
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