RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-36-000-2013-00107-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2013-00107-01

Omisión: no se demostró, porque las entidades actuaron dentro del ámbito de

Fecha
16 de agosto de 2022
Consejero ponente
Marta Nubia Velasquez Rico

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2013-00107-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA EN EL SERVICIO POR OMISIÓN - no se demostró, porque las entidades actuaron dentro del ámbito de sus competencias / PÉRDIDA DE POSESIÓN DE INMUEBLE POR OCUPACIÓN DE HECHO – no es imputable a las entidades demandadas / DAÑO ESPECIAL – no se demostró el desequilibrio del principio de igualdad frente a las cargas públicas, porque el demandante no acreditó circunstancias que lo eximieran del deber de adelantar las acciones judiciales y policivas correspondientes. No se probaron los requisitos fijados por la jurisprudencia para la prosperidad de este tipo de pretensiones, desde la óptica del título de imputación de daño especial. En cumplimiento del fallo de tutela proferido, en sede de revisión, por la Corte Constitucional, el 5 de mayo de 20221, procede la Sala nuevamente a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, el 28 de mayo de 2015, que negó las pretensiones. I. SÍNTESIS DEL CASO El señor Fabio Güiza Santamaría y otras personas demandaron a la Policía Nacional, al Distrito Capital y a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de obtener la indemnización de los perjuicios causados como consecuencia de la pérdida de la posesión de tres predios de su propiedad, a causa de las supuestas omisiones de 1 Notificada el 21 de junio de 2022. 1 Radicación: 25000233600020130010701 (55.308) Actor: Fabio Güiza Santamaría y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros Referencia: Reparación Directa las entidades por no prestar su apoyo para realizar el lanzamiento de las personas que invadieron el lugar. II. A N T E C E D E N T E S 1. La demanda El 30 de enero de 2013, el señor Fabio Güiza Santamaría2, en nombre propio y en representación de los señores Julio César López Cárdenas y Luis Enrique López, interpuso demanda de reparación directa en contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y el Distrito Capital, con el fin de que se acceda a las siguientes declaraciones y condenas3 (se transcribe de forma literal, incluidos los posibles errores): […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2013-00107-01

Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico

16 de agosto de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., dieciséis (16) de agosto de dos mil veintidós (2022).

Radicación número: 25000-23-36-000-2013-00107-01 (55.308)

Actor: FABIO GÜIZA SANTAMARÍA Y OTROS

Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA NACIONAL Y
OTROS

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA (LEY 1437 DE 2011)

Temas: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - FALLA EN EL SERVICIO POR
OMISIÓN - no se demostró, porque las entidades actuaron dentro del ámbito de
sus competencias / PÉRDIDA DE POSESIÓN DE INMUEBLE POR OCUPACIÓN
DE HECHO – no es imputable a las entidades demandadas / DAÑO ESPECIAL –
no se demostró el desequilibrio del principio de igualdad frente a las cargas
públicas, porque el demandante no acreditó circunstancias que lo eximieran del
deber de adelantar las acciones judiciales y policivas correspondientes. No se
probaron los requisitos fijados por la jurisprudencia para la prosperidad de este
tipo de pretensiones, desde la óptica del título de imputación de daño especial.

En cumplimiento del fallo de tutela proferido, en sede de revisión, por la Corte
Constitucional, el 5 de mayo de 20221, procede la Sala nuevamente a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A, el 28 de mayo de 2015, que negó las pretensiones.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Fabio Güiza Santamaría y otras personas demandaron a la Policía
Nacional, al Distrito Capital y a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de obtener
la indemnización de los perjuicios causados como consecuencia de la pérdida de la
posesión de tres predios de su propiedad, a causa de las supuestas omisiones de

1 Notificada el 21 de junio de 2022.

1

Radicación: 25000233600020130010701 (55.308)
Actor: Fabio Güiza Santamaría y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y otros
Referencia: Reparación Directa

las entidades por no prestar su apoyo para realizar el lanzamiento de las personas
que invadieron el lugar.

II. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

El 30 de enero de 2013, el señor Fabio Güiza Santamaría2, en nombre propio y en
representación de los señores Julio César López Cárdenas y Luis Enrique López,
interpuso demanda de reparación directa en contra de la Nación - Ministerio de
Defensa - Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y el Distrito Capital, con
el fin de que se acceda a las siguientes declaraciones y condenas3 (se transcribe
de forma literal, incluidos los posibles errores):

1. Declarar administrativa y patrimonialmente responsables a las entidades
aquí demandadas, por la acción y la omisión que permitió la invasión y
permanencia de los invasores del globo de terreno mencionado en los
acápites de esta demanda; por la pérdida total de la tenencia del inmueble a
tal punto de ser hoy irrecuperable la totalidad del predio por la total invasión
del mismo, pérdida que impidió que el predio fuera utilizado en un proyecto
urbanístico ya negociado con una constructora, efecto para el cual se había
adquirido por el copropietario mayoritario.

2. Condenar al pago de los perjuicios materiales de la siguiente forma:

• Daño emergente. Constituido por los gastos que tuvo que afrontar el
demandante en procesos judiciales y administrativos (…) todo lo cual
asciende a $400’000.000.

• Lucro cesante. El valor de $3.000’000.000 (…) por concepto de las
ganancias que dejaron de percibir los demandantes como consecuencia de la
imposibilidad para explotar el predio (…).

• Lucro cesante (petición subsidiaria) el valor de 3.000’000.000 o el valor que
resulte probado, por concepto del valor comercial del predio, como
consecuencia de la pérdida total del mismo en razón de que no sea posible
recuperarlo por la omisión de las demandadas.

Condenar al pago de los perjuicios morales el valor de 200 salarios mínimos
legales mensuales vigentes para cada uno de los demandantes (…)4.

2. Los hechos

Como fundamentos fácticos de las pretensiones se narraron, en síntesis, los
siguientes:

2 Esta persona acreditó la calidad de abogado, de acuerdo con la presentación personal del poder

y de la demanda –para esos efectos exhibió la tarjeta profesional No. 37357-.
3 La Sala transcribe las pretensiones formuladas, a efectos de brindar claridad sobre el objeto de la

controversia y la manera en que será abordada.
4 Folios 13 y 14 del cuaderno principal.

2

Radicación: 25000233600020130010701 (55.308)
Actor: Fabio Güiza Santamaría y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y otros
Referencia: Reparación Directa

El 9 de diciembre de 2008, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá adjudicó
al señor Fabio Güiza Santamaría el 80% de un terreno ubicado entre las calles
92B y 93B Sur y las carreras 1 y 2, conformado por 3 predios contiguos.

Los señores Julio César López Cárdenas y Luis Enrique López Cárdenas
adquirieron, cada uno, el 10% de la propiedad del mencionado inmueble.

Los predios contiguos que se encuentran en el terreno se identifican con los
números de matrícula inmobiliaria 50S 159218, 50S 159215 y 50S 159217.

El 22 de octubre de 2010, un juzgado civil municipal de descongestión de Bogotá
hizo la entrega material del inmueble al señor Fabio Güiza Santamaría, con
ocasión de la adjudicación efectuada. En esa diligencia se realizó el desalojo de
varias personas que habían invadido el bien.

El 27 de octubre de 2010, las personas que fueron desalojadas regresaron al
predio y, de manera violenta, expulsaron a los vigilantes que había contratado el
señor Güiza Santamaría. Al día siguiente, esta persona solicitó al comandante de
policía de Usme que efectuara un nuevo desalojo; sin embargo, no recibió
respuesta.

Los aquí demandantes solicitaron la intervención de la Alcaldía Local de Usme
para ordenar el sellamiento y demolición de las obras que adelantaban los
invasores, pero no recibieron una respuesta favorable, dado que los funcionarios
alegaron la falta de personal.

Adicionalmente, las personas afectadas con la invasión presentaron denuncia ante
la Fiscalía General de la Nación por el delito de invasión, sin que la entidad
adelantara una gestión eficiente para lograr la judicialización de los delincuentes y
la recuperación del predio.

Según se afirmó en la demanda, la conducta omisiva de las entidades
demandadas resultó determinante en la afectación cuya indemnización se
pretende en el presente caso.

3. Trámite en primera instancia

3.1. La demanda y su contestación

La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
mediante auto del 15 de abril de 2013, decisión que fue notificada a las entidades

3

Radicación: 25000233600020130010701 (55.308)
Actor: Fabio Güiza Santamaría y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y otros
Referencia: Reparación Directa

demandadas, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado5.

La Policía Nacional contestó la demanda y se opuso a las pretensiones, para lo
cual adujo que actuó en la medida de sus posibilidades, en el sentido de informar
a las autoridades locales las situaciones presentadas en el inmueble, en relación
con la construcción irregular que allí se presentaba.

En cuanto a la imputación efectuada por los demandantes, sostuvo que no podía
intervenir en la forma pretendida, dado que no se interpuso la querella por
perturbación a la posesión y ello le impedía proceder a desalojar a las personas
que ocupaban el bien6.

La Fiscalía General de la Nación presentó escrito de contestación, sin que su
contenido se refiera en manera alguna a la presente controversia7.

El Distrito Capital contestó la demanda por fuera de la oportunidad, tal como se
indicó en la audiencia inicial, sin que se interpusiera recurso alguno en contra de la
decisión que así lo señaló 8 ; sin embargo, en la audiencia de pruebas se
determinó, como medida de saneamiento, que hubo una irregularidad en la
notificación y que, en efecto, la demanda fue contestada oportunamente.

La entidad sostuvo que actuó en cumplimiento de sus deberes y adelantó las
actuaciones administrativas de su competencia, tales como la expedición de
órdenes de sellamiento y demolición de las obras construidas ilegalmente en el
predio de los demandantes.

3.2. Audiencia inicial

Agotado el trámite legal posterior a la contestación de la demanda, se fijó fecha para
la celebración de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 del CPACA.

La diligencia en mención se realizó el 25 de junio de 2014, oportunidad en la cual se
llevaron a cabo las etapas previstas en la disposición normativa en comento, es
decir, saneamiento, decisión de excepciones previas, conciliación, fijación del litigio y
decreto de pruebas.

5 Folios 108 a 113 del cuaderno principal.
6 Folios 119 a 123 del cuaderno principal.
7 Folios 138 a 144 del cuaderno principal.
8 Folio 229 vuelto del cuaderno principal.

4

Radicación: 25000233600020130010701 (55.308)
Actor: Fabio Güiza Santamaría y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y otros
Referencia: Reparación Directa

El Tribunal Administrativo de primera instancia fijó el litigio frente a cada una de las
entidades demandadas, en los siguientes términos (se transcribe de forma literal,
incluidos los posibles errores):

Policía Nacional: (…) la controversia radica en definir i) si están demostradas las
presuntas conductas omisivas que el actor le imputa a la Policía Nacional que
presuntamente pueden comprometer la responsabilidad extracontractual de esta
entidad y ii) si a causa de lo anterior, se derivan los perjuicios alegados por los
accionantes.

Distrito Capital – Alcaldía Local de Usme: Si están demostradas las conductas
omisivas imputadas a la entidad estatal, referidas al sellamiento, omisión en el
inicio de la actuación administrativa y permitir la construcción de viviendas en el
predio de los demandantes y ii) si a causa de lo anterior se derivan los perjuicios
alegados por los accionantes.

Fiscalía General de la Nación: el litigio se contrae a establecer si está
demostrado en la presente actuación, si la Fiscalía ha incurrido en un defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, por no haber adelantado las
denuncias formuladas por los actores por la invasión del predio de su
propiedad”9.

La fijación del litigio fue puesta a consideración de las partes, quienes manifestaron
expresamente su aceptación.

Posteriormente, el magistrado conductor de la audiencia decretó las pruebas
aportadas y solicitadas por las partes. La diligencia concluyó con la fijación de fecha
para la celebración de la audiencia de pruebas prevista en el artículo 181 del
CPACA.

3.3. Audiencia de pruebas

El 2 de septiembre y el 7 de octubre de 2014 se llevó a cabo la audiencia de
pruebas, en la cual se corrió traslado a las partes de la prueba documental decretada
y aportada, se practicaron los testimonios solicitados por la parte actora y se saneó
el proceso en el sentido de señalar que la demanda fue contestada oportunamente
por el Distrito Capital y, por ende, dar valor probatorio a los documentos aportados
en su momento.

Una vez practicadas las pruebas, se dispuso prescindir de la audiencia de
alegaciones y juzgamiento y, en su lugar, correr traslado a las partes por diez días
para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto10.

9 Folios 230 y 231 del cuaderno principal.
10 Folios 153 a 156 y 203 a 205 del cuaderno principal.

5

Radicación: 25000233600020130010701 (55.308)
Actor: Fabio Güiza Santamaría y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y otros
Referencia: Reparación Directa

Las partes intervinieron en esta etapa, para lo cual reiteraron los argumentos y
consideraciones de la demanda y de las respectivas contestaciones11.

4. La sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A,
mediante sentencia del 28 de mayo de 2015, negó las pretensiones.

Como sustento de la decisión, sostuvo que, si bien se demostró el daño alegado
por los demandantes, lo concreto era que no resultaba imputable a las entidades
demandadas, por las siguientes razones:

En cuanto al Distrito Capital, consideró que la Alcaldía Local de Usme solamente
podía adoptar decisiones relacionadas con las normas urbanísticas y de
construcción, a lo cual procedió en la forma acreditada en el proceso, dado que
expidió los actos administrativos de sellamiento y demolición de las obras ilegales
que se realizaban en el inmueble.

Frente a la Policía Nacional, sostuvo que no podía actuar de manera oficiosa para
desalojar a las personas que invadieron el inmueble y como los interesados no
promovieron el proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho, no se
encontraba facultada para intervenir en la forma pretendida por los aquí
demandantes.

Finalmente, en relación con la Fiscalía General de la Nación, indicó que el proceso
penal promovido por las víctimas se encuentra en etapa de juicio, de ahí que no le
asista razón a los actores al señalar que la entidad no adelantó ninguna actuación.

El Tribunal de primera instancia condenó en costas a los demandantes y ordenó el
pago de la suma de $37’866.100, que deberían asumir en proporción a su
participación en el bien, es decir, 80% el señor Fabio Güiza Santamaría y 10%
cada uno de los demás actores.

5. Recurso de apelación

La parte demandante solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia,
para lo cual expresó los siguientes motivos de inconformidad respecto de las

11 Folios 203 a 335 del cuaderno principal.

6

Radicación: 25000233600020130010701 (55.308)
Actor: Fabio Güiza Santamaría y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y otros
Referencia: Reparación Directa

conclusiones del Tribunal frente a la imputación efectuada a cada entidad
demandada.

En relación con la Fiscalía General de la Nación, insistió en que tardó mucho
tiempo en adelantar una investigación que era sencilla por lo evidente de la
situación denunciada, aspecto que no fue tenido en cuenta por el Tribunal a quo,
que desestimó la responsabilidad endilgada con fundamento en que el asunto ya
se encontraba en etapa de juicio.

En cuanto a la Policía Nacional, reiteró que le asistía responsabilidad patrimonial
porque no atendió oportunamente el llamado de los propietarios para recuperar el
inmueble y no hizo cumplir las órdenes de sellamiento y demolición emitidas por la
Alcaldía Local de Usme.

Al respecto, sostuvo que no era necesaria la presentación de una querella policiva
para que la entidad protegiera los derechos de los aquí demandantes, máxime
cuando se presentaba una situación de flagrancia, habida cuenta de que los
invasores actuaron de forma violenta y esa situación fue puesta en conocimiento
de las autoridades.

En relación con el Distrito Capital, manifestó que la falta de acción de la Alcaldía
Local de Usme, de cara a las construcciones ilegales que se realizaron en el
inmueble, devino en la pérdida del bien, lo que puso en evidencia la falta de
protección a los derechos de los demandantes.

6. Trámite en segunda instancia

El recurso de apelación fue concedido por el Tribunal de primera instancia el 9 de
julio de 2015 y fue admitido por esta Corporación el 28 de septiembre del mismo
año12.

El 30 de noviembre de 2015 se corrió traslado a las partes para que presentaran
alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

Las entidades demandadas presentaron alegatos de conclusión, que contienen
argumentos idénticos a los expuestos en primera instancia, los cuales están

12 Folio 377 a 378 del cuaderno del Consejo de Estado.

7

Radicación: 25000233600020130010701 (55.308)
Actor: Fabio Güiza Santamaría y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y otros
Referencia: Reparación Directa

asociados con la ausencia de responsabilidad, por las razones expuestas a lo
largo del proceso13.

La parte demandante y el Ministerio Público no se pronunciaron en esta etapa.

7. La sentencia de segunda instancia

La Sala, mediante sentencia del 3 de julio de 2020, resolvió el recurso de
apelación interpuesto, en el sentido de confirmar el fallo de primera instancia que
negó las pretensiones.

8. La tutela contra la sentencia de segunda instancia

La parte demandante presentó demanda de tutela contra la sentencia de segunda
instancia, cuyo trámite concluyó con la sentencia proferida por la Corte
Constitucional el 5 de mayo de 2022, en sede de revisión. En la mencionada
providencia se dispuso:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 5 de agosto de 2021, emitida
por la Sección Segunda –Subsección A– de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado que confirmó el fallo de tutela de
primera instancia que, a su vez, negó el amparo reclamado. En su lugar,
CONCEDER EL AMPARO de los derechos al debido proceso y de acceso
efectivo a la administración de justicia de Fabio Güiza Santamaría.

SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el 3 de julio de 2020
por la Sección Tercera Subsección A de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado en el proceso de reparación directa
núm. 25000-23-36-000- 2013-00107-01 (55308 promovido por Fabio Güiza
Santamaría contra la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el
Distrito Capital de Bogotá-Alcaldía Local de Usme, y ORDENAR a la Sección
Tercera Subsección A de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado que dentro del término de cuarenta (40) días, contados a partir de
la notificación de esta sentencia, profiera una nueva decisión en la que tenga
en cuenta los criterios establecidos en la parte motiva de esta providencia.
(…).

Las anteriores determinaciones se fundamentaron, en síntesis, en lo siguiente (se
transcribe de forma literal, incluidos los posibles errores):

Bajo esa perspectiva, la Sala advierte que la sentencia de 3 de julio de 2020
proferida por la Sección Tercera Subsección A de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado incurrió en el defecto de
desconocimiento del precedente, veamos:

En relación con el defecto descrito, lo primero que la Sala considera pertinente
destacar es la evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado con
respecto a la responsabilidad por la ocupación de inmuebles. En una primera

13 Folios 381 a 442 del cuaderno del Consejo de Estado.

8

Radicación: 25000233600020130010701 (55.308)
Actor: Fabio Güiza Santamaría y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y otros
Referencia: Reparación Directa

etapa, únicamente reconoció la responsabilidad derivada de la ocupación
ejercida directamente por el Estado a través de sus agentes. Luego, con
fundamento en los deberes de las autoridades en la protección de los
derechos y bienes de los asociados, el derecho a la igualdad y la necesidad
de reivindicar la efectividad de los mecanismos de protección dispuestos por
el ordenamiento, reconoció que el Estado también puede ser responsable por
la pérdida material de inmuebles ocupados por terceros cuando en la
configuración del daño concurre el defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia porque la autoridad incurre en un error judicial o su
actuación es tardía, o una falla en el servicio porque las autoridades
incumplen las obligaciones y competencias a su cargo para la protección
efectiva de los derechos, incluido el de propiedad. (…) Finalmente, la
jurisprudencia más reciente ha reconocido que, cuando la omisión en proteger
la posesión estuvo justificada en razones de interés general o de protección al
orden público y social, se aplica un régimen de responsabilidad por daño
especial y deberá acreditarse que, por las circunstancias especiales del caso y
la situación del inmueble, acudir a un proceso judicial ordinario para definir la
posesión o la reivindicación resultaría inocuo.

(…) Efectuada la precisión anterior, y con fundamento en la reconstrucción
jurisprudencial planteada en los fundamentos jurídicos 76 a 85 de esta
sentencia, se advierte que el régimen de daño especial tiene las siguientes
características: (i) Es de carácter excepcional, pues la regla general es la falla
en el servicio. (ii) El demandante debe demostrar que, dadas las condiciones
del asentamiento, es imposible ejecutar una orden de desalojo o existe una
omisión de la entidad pública en adoptar esa medida o en llevarla a cabo. iii)
Dicha imposibilidad se fundamenta en razones de interés general y de orden
público y social como, por ejemplo, la presencia de sujetos de especial
protección constitucional o que se encuentren en estado de vulnerabilidad
manifiesta. Sobre este punto, cabe aclarar que la calidad de los ocupantes no
ha sido el único criterio que el Consejo de Estado ha usado para reconocer la
aplicación de este régimen de responsabilidad, en casos de invasión de
predios de particulares. Lo anterior, ya que se han estudiado otras
circunstancias de orden público, como la afectación a la seguridad personal de
funcionarios estatales, como elementos para evaluar la imposibilidad de llevar
a cabo un desalojo. (iv) El juez debe comprobar que no se trata de una falla en
el servicio, dado que existe una justificación legítima del Estado en abstenerse
de promover el desalojo, por motivos de interés general y de orden público y
social. (v) La ocupación del predio genera un desequilibrio de las cargas
públicas, en tanto el demandante asume una carga excesiva por la pérdida
material de la posesión que afecta de manera grave el derecho de dominio y
la tutela judicial efectiva. (vi) El juez puede exonerar al demandante del
agotamiento de los recursos judiciales y administrativos procedentes para la
protección de la posesión y la propiedad, de acuerdo con las circunstancias
del caso y la conducta que este haya desplegado para la defensa de sus
intereses, si la medida de desalojo adoptada en un eventual proceso judicial
posesorio o reivindicatorio resultaría nugatoria.

(…) Tras esas precisiones, la Sala comprueba que la autoridad judicial
accionada a pesar de que reconoció que el caso debía examinarse también
bajo el régimen de daño especial, no consideró ni evaluó en el caso concreto
los elementos definidos en el precedente que invocó, razón por la que incurrió
en el defecto correspondiente al desconocimiento del precedente. En efecto,
la Sección Tercera Subsección A de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado explicó, desde una perspectiva formal, que en el marco
del régimen del daño especial se puede exonerar al actor del agotamiento de
todos los mecanismos de defensa para la protección del inmueble con
fundamento en la diligencia de los propietarios y cuando se advierte que
resultaría inocua una orden de desalojo. Sin embargo, al descartar la
responsabilidad no evaluó esas condiciones en el caso concreto.

9

Radicación: 25000233600020130010701 (55.308)
Actor: Fabio Güiza Santamaría y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y otros
Referencia: Reparación Directa

(…) En primer lugar, la ineficacia de las órdenes de desalojo, como
consecuencia de la magnitud de la ocupación, se puso de presente desde la
formulación de la demanda, en la que se dio cuenta del estado de la
ocupación para ese momento y la inviabilidad de las medidas de desalojo.

(…)En segundo lugar, la ineficacia de eventuales órdenes de desalojo es una
situación que se podía evaluar con fundamento en los elementos obrantes en
el proceso en relación con la evolución de la ocupación. En efecto, la forma en
la que se desarrolló la ocupación y su magnitud podían verificarse a través de
los elementos aportados por los demandantes, pero también mediante las
actuaciones reportadas por la Alcaldía Local de Usme, relacionadas con las
medidas de sellamiento y demolición de las obras; las actuaciones
adelantadas por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación (…).

En tercer lugar, aunque para el momento de presentación de la demanda -30
de enero de 2013- no se habían emitido las decisiones del proceso penal, lo
cierto es que en el momento en el que se profirió la sentencia por parte de la
Sección Tercera Subsección A del Consejo de Estado -3 de julio de 2020-, ya
se había proferido la Sentencia T-549 de 2019428, en la que la Sala Primera
de Revisión estableció la ocupación de por lo menos 247 familias. En ese
sentido, contrario a lo que señaló la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en el fallo de tutela de
primera instancia dictado el 11 de junio de 2021, la referencia a la Sentencia
T-549 de 2019 proferida por la Sala Primera de esta Corporación no está
dirigida a alterar la pretensión de los demandantes, en el sentido de ampliar la
causa petendi, sino que permite evidenciar que el estado de la ocupación era
un asunto conocido en los escenarios judiciales activados como consecuencia
de los hechos discutidos en el proceso de reparación directa.

(…) En síntesis, la autoridad judicial accionada no ofreció una justificación
razonable, suficiente y proporcionada, que planteara las razones por las que
en el asunto específico no se configuraba la responsabilidad del Estado por
daño especial. Por el contrario, como se explicó previamente, identificó y
enunció los elementos del precedente sobre el régimen del daño especial, y
descartó su configuración en el caso concreto sin examinar los elementos
invocados.

Por las anteriores razones, la Sala revocará el fallo de 5 de agosto de 2021,
emitido por la Sección Segunda –Subsección A– de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado que confirmó el fallo de tutela de
primera instancia que negó el amparo. En su lugar, concederá el amparo de
los derechos al debido proceso y de acceso efectivo a la administración de
justicia de Fabio Güiza Santamaría. Asimismo, dejará sin efectos la sentencia
proferida el 3 de julio de 2020 por la Sección Tercera Subsección A del
Consejo de Estado y ordenará que profiera una nueva decisión en la que
examine el caso concreto de acuerdo con los elementos del precedente sobre
daño especial invocados.

En cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional, la Sala procede a
emitir nuevamente pronunciamiento de fondo, de acuerdo con los parámetros
fijados por esa Corporación.

10

Radicación: 25000233600020130010701 (55.308)
Actor: Fabio Güiza Santamaría y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y otros
Referencia: Reparación Directa

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Ejercicio oportuno del medio de control

Al tenor de lo previsto en el literal i), del numeral 2, del artículo 164 del CPACA, la
demanda de reparación directa puede instaurarse dentro de los dos años
“contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión
causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento
del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de
haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”.

En el caso bajo estudio, la Sala considera necesario precisar que la controversia
se contrae a determinar si las entidades demandadas están llamadas a responder
por los perjuicios supuestamente causados a los demandantes, con ocasión de la
pérdida de la posesión de los predios de su propiedad, ubicados en un mismo lote
de terreno.

En la demanda se afirmó que la invasión del inmueble –después de que fue
entregado por autoridad judicial, como consecuencia de la adjudicación efectuada
a favor de los demandantes- ocurrió el 27 de octubre de 201014 y al día siguiente
se puso en conocimiento de las autoridades la situación para solicitar su ayuda, a
efectos de lograr el lanzamiento de las personas que ocuparon el predio.

Desde esta perspectiva, la supuesta omisión endilgada a la Policía Nacional se
concretó a partir del momento en que se abstuvo de atender el llamado del
demandante para que acudiera a desalojar a las personas que invadieron su
predio, desde el 28 de octubre de 2010, lo que significa que la demanda debía ser
presentada, a más tardar, el 29 de octubre de 2012.

La solicitud de conciliación extrajudicial fue presentada el 19 de octubre de 201215,
cuando faltaban 11 días para que operara la caducidad, suspendiendo dicho
término, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 640 de
200116. La mencionada suspensión operó entre el 19 de octubre de 2012 y el 19

14 Afirmación que se acompasa con la comunicación que el demandante presentó a la Policía de

Usme para poner en conocimiento la situación acaecida (folios 72 a 75 del cuaderno principal).
15 De acuerdo con la constancia que obra a folio 172 del cuaderno principal.
16 A cuyo tenor: “La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el

conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se
logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en
que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el

11

Radicación: 25000233600020130010701 (55.308)
Actor: Fabio Güiza Santamaría y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y otros
Referencia: Reparación Directa

de enero de 2013, inclusive, habida cuenta de que la constancia se expidió el 8 de
febrero de 2013, después de los tres meses establecidos en la disposición
normativa en comento.

En virtud de lo anterior, los 11 días con que contaba la parte actora para
interponer la demanda vencían el 30 de enero de 2013 y como ello ocurrió
precisamente ese día17, se concluye que se hizo oportunamente.

La anterior conclusión se predica con mayor razón respecto de las pretensiones
formuladas en contra del Distrito Capital y la Fiscalía General de la Nación, dado
que las omisiones atribuidas datan de fechas posteriores al requerimiento
efectuado a la Policía Nacional, según se explicará más adelante.

2. El objeto del recurso de apelación

La parte actora sostuvo en el recurso de apelación que sí demostraron las
imputaciones efectuadas a cada una de las entidades demandadas, las cuales
consistieron en las omisiones en que incurrieron frente al deber de intervenir ante
la invasión denunciada. En este sentido, se afirmó que el incumplimiento de los
deberes a cargo de cada entidad devino en la pérdida de la posesión del bien, con
las consecuencias económicas que de esa situación se desprendieron.

3. Hechos probados

Está acreditado que, el 14 de enero de 2009, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito
de Bogotá aprobó la adjudicación en diligencia de remate de los predios
identificados con los folios de matrícula inmobiliaria 50S-159217, 50S-159215 y
50S-159218, correspondiente al 80% de los derechos de cuota de cada uno de
ellos 18 . Las anotaciones en los respectivos folios se hicieron efectivas, como
consta en los certificados de tradición y libertad que obran en copia de folios 49 a
60 del cuaderno principal.

Con antelación a lo anterior, el 18 de abril de 1997, los señores Luis Enrique
López Cárdenas y Julio César López Cárdenas adquirieron, cada uno, el 10% del
derecho de cuota sobre los mencionados inmuebles, a través de compraventa, tal

artículo 2o. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se
refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero” (se destaca).
17 Folio 38 vuelto del cuaderno principal.
18 De conformidad con la copia de la providencia que obra a folios 67 y 68 del cuaderno principal.

12

Radicación: 25000233600020130010701 (55.308)
Actor: Fabio Güiza Santamaría y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y otros
Referencia: Reparación Directa

como se observa en las respectivas anotaciones de los certificados de tradición y
libertad que obran en copia de folios 49 a 60 del cuaderno principal.

El acta que obra en copia simple de folios 69 a 71 del cuaderno principal da
cuenta de que, el 22 de octubre de 2010, el Juzgado Catorce Civil Municipal de
Descongestión de Bogotá llevó a cabo la entrega de los predios adjudicados al
señor Fabio Güiza Santamaría. En la mencionada diligencia se dejó constancia de
lo siguiente (se transcribe de forma literal, incluidos los posibles errores):

“Procede el despacho a trasladarse al lugar donde debe llevarse la diligencia,
esto es, Cll 93 B Sur No. 2- 46, Cll 92 B Sur No. 1- 40 y Cll 92 B Sur No. 1- 20
de Usme. (…) Acto seguido se procede a iniciar con la diligencia, se observa
que en los lotes objeto de entrega se encuentra a la vista 10 vacas, 1
retroexcavadora y 7 casetas que constan de una habitación, construidas en
bloque de ladrillo a la vista y tejas de zinc (…). En la primera de ellas estaban
2 señoras y una menor de edad y un señor (…).

“(…) Encontrándose totalmente desocupados los lotes objeto de entrega, de
personas, animales y cosas, el despacho hace entrega real y material de los
lotes descritos al apoderado del demandante y adjudicatario (…)”.

El 28 de octubre de 2010, el señor Fabio Güiza Santamaría presentó una
comunicación ante el comandante de policía de Usme, en la que indicó que el día
anterior varias personas ingresaron de manera violenta al predio y retiraron al
personal de vigilancia que había contratado, por lo que solicitó proceder a su
expulsión y captura19.

El 16 de diciembre de 2010, el señor Fabio Güiza Santamaría interpuso una
denuncia en contra del inspector de policía de Usme, en la cual puso en
conocimiento de la Fiscalía los siguientes hechos (se transcribe de forma literal,
incluidos los posibles errores)

“Soy copropietario de un globo de terreno urbano (…) comprendido por tres
predios, cuyas direcciones son (…) en jurisdicción de Usme, el cual fue
invadido ilegalmente por personas que fueron lanzadas el 22 de octubre
pasado, pero que posteriormente entraron violentamente intimidando con
arma de fuego a miembros de una compañía de vigilancia privada, invasores
que esta vez fueron desalojados por la Policía Nacional, quedando allí dos
mujeres con dos niños, a los que no se pudo desalojar ese mismo día porque
la Policía no encontró un defensor de familia (...).

“(…) Estando en esas condiciones aquellos dos niños, el defensor de familia
se hallaba verificando esa situación para brindarles protección y había ya
hecho contactos para trasladar los niños a un albergue, cuando de pronto

19 Folios 72 a 75 del cuaderno principal.

13

Radicación: 25000233600020130010701 (55.308)
Actor: Fabio Güiza Santamaría y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y otros
Referencia: Reparación Directa

apareció un individuo que se identificó como inspector de policía (…) y detrás
de él ingresaron varios miembros de la organización criminal que a la fuerza
han invadido en varias ocasiones mi propiedad.

“(…) Pero además, el 4 de noviembre, con cuyos hechos empiezo esta
denuncia, el inspector me exigía la presentación de una querella o cualquier
queja escrita contra los invasores (…)”20.

El Comandante de Policía informó al alcalde local de Usme las irregularidades que
se presentaban en el inmueble e indicó que en el lugar había personal de
vigilancia privada, al que se le indicaron los números telefónicos a los que se
podían comunicar en el evento de presentarse alguna novedad, manifestaciones
que se reiteraron desde el 3 de enero hasta el 8 de junio del mismo año, según se
observa en los documentos que obran de folios 1 a 12 del cuaderno No 6.

El Distrito Capital, Alcaldía Local de Usme, en cumplimiento de lo ordenado por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, allegó los antecedentes administrativos
relacionados con la ocupación ilegal de los predios de propiedad de los aquí
demandantes y, en tal sentido, aportó copia de las actuaciones que concluyeron
con más de 70 órdenes de demolición de las obras que se construyeron, no
solamente por la invasión, sino por el incumplimiento de las normas urbanísticas 21.
Las mencionadas actuaciones se adelantaron entre febrero de 2010 y diciembre
de 2012.

La Policía Nacional aportó copia de las actas de sellamiento definitivo de obras, en
cumplimiento de las órdenes impartidas por la alcaldía municipal de Usme,
documentos en los cuales se dejó constancia de la prohibición para ejercer esa
actividad y las sanciones a imponer a las personas que las adelantaban, en caso
de reincidir en su conducta22.

En lo atinente a la actuación de la Fiscalía, está demostrado que el 2 de
septiembre de 2010 –antes de la ocupación que dio lugar a la presente demanda-
el señor Fabio Güiza Santamaría interpuso denuncia por el delito de invasión,
cuyo trámite fue puesto en conocimiento por la Dirección Seccional de Fiscalías de
Bogotá, en cumplimiento de lo ordenado por el tribunal de primera instancia a
través de oficio 4456, en el cual indicó que el 2 de abril de 2014 se llevó a cabo

20 Folios 93 a 96 del cuaderno principal.
21 Cuaderno No. 4.
22 Folios 20 a 91 del cuaderno No. 6. Las diligencias se desarrollaron entre el 14 de diciembre de

2012 y el 8 de marzo de 2013.

14

Radicación: 25000233600020130010701 (55.308)
Actor: Fabio Güiza Santamaría y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y otros
Referencia: Reparación Directa

audiencia de acusación, de ahí que el asunto se encuentre en etapa de juicio
oral23, sin referir si se profirió o no sentencia24.

Establecidos los hechos probados en el presente asunto, la Sala procede a
efectuar el análisis de responsabilidad en el caso concreto, en orden a establecer
si se presentó o no un daño antijurídico susceptible de ser indemnizado.

4. El daño

En este caso, el daño no fue objeto del recurso de apelación, motivo por el cual la
afectación a la posesión del predio de los demandantes no será analizada y se
procederá al estudio de la imputación.

En este punto es importante precisar que, si bien es cierto que la Corte
Constitucional ordenó a la Sala emitir una sentencia que desarrolle los requisitos y
condiciones del daño especial en el caso concreto, ello no impide realizar el
análisis de la falla del servicio endilgada a las demandadas, como se hizo en el
fallo del 3 de julio de 2020, en la medida en que este es el título de imputación por
excelencia y la autoridad judicial se encuentra facultada para establecerlo o
descartarlo, según las particularidades de la controversia, aunado a que este
estudio tiene relación con el razonamiento que se hará en cumplimiento del fallo
de tutela.

En este orden de ideas, se debe determinar inicialmente si el daño resulta
imputable o no a las entidades demandadas a título de falla en el servicio25, para

23 Según se observa en la información allegada, la actuación penal se siguió en contra de cuatro

personas (folio 194).
24 Folios 190 a 197 del cuaderno principal. Es importante señalar que todo el trámite posterior en el

proceso penal, el cual fue tenido en cuenta por la Corte Constitucional al resolver la demanda de
tutela (hechos frente a los cuales se promovió otro asunto de amparo constitucional), no fue
conocido en la segunda instancia ante el Consejo de Estado y las entidades demandadas no
tuvieron oportunidad de pronunciarse al respecto, motivo por el cual no hay lugar a estudiar el
resultado del proceso penal, en tanto fue un hecho desconocido en este proceso y la Subsección
se debe limitar a los hechos y pruebas debatidas en esta actuación judicial. En este sentido,
conviene destacar que la sentencia emitida en el proceso penal y la posterior demanda de tutela
que finalizó con la expedición de la sentencia T-549 de 2019 datan de ese mismo año, momento
para el cual el asunto se encontraba al despacho para proferir la sentencia de segunda instancia,
lo cual no fue informado por la parte demandante, a pesar de que pudo manifestarlo, para los fines
pertinentes, entre estos, el eventual decreto de pruebas de oficio. En todo caso, el análisis e
implicaciones de la sentencia de tutela proferida con posterioridad a la finalización del proceso
penal será desarrollado por la Sala, de cara a las circunstancias inherentes al estudio del daño
especial, en la forma ordenada por la Corte Constitucional.
25 En relación con este título de imputación, desde hace tiempo, esta Corporación precisado: “La

falla del servicio ha sido en nuestro derecho y continúa siendo el título jurídico de imputación por
excelencia para desencadenar la obligación indemnizatoria del Estado; en efecto, si al Juez
Administrativo le compete - por principio - una labor de control de la acción administrativa del
Estado y si la falla del servicio tiene el contenido final del incumplimiento de una obligación a su

15

Radicación: 25000233600020130010701 (55.308)
Actor: Fabio Güiza Santamaría y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y otros
Referencia: Reparación Directa

lo cual resulta importante señalar de entrada que, frente a un caso similar al que
aquí se analiza, la Sala Plena de la Sección Tercera sostuvo:

Con fundamento en todo lo expuesto, la Sala considera que el daño que
padeció el actor, esto es, la pérdida de su inmueble, como consecuencia de la
ocupación de hecho, no le es imputable a la entidad demandada, dado que
provino de terceros, sin que la entidad demandada, dentro del proceso
policivo, hubiere incurrido en una falla en el servicio, a título de omisión, por
cuanto no dejó de adelantar las actuaciones encaminadas a recuperar el
inmueble del demandante, al punto que lo logró en una primera oportunidad y,
luego, ante una nueva ocupación, ejecutó los actos hasta donde su
competencia le permitía para lograr ese mismo fin, sin que el actor, cuando
todavía era oportuno, acudiera al juez ordinario a través de las acciones civiles
procedentes para que le fuese protegido su derecho de propiedad”26.

El anterior referente jurisprudencial resulta de interés para señalar que la diligencia
de la parte afectada juega un papel importante en el análisis de responsabilidad,
particularmente frente a la gestión adelantada de cara a la recuperación del predio
y la respuesta de las entidades involucradas en la situación referida en la
demanda.

5. Imputación

En casos como el actual, en los que se debate la responsabilidad de entidades
públicas a título de falla en el servicio por omisión, a la parte demandante le
corresponde demostrar i) la existencia de una obligación a cargo de una entidad
pública; ii) la falta de atención o la atención irregular o inoportuna de dicha
obligación por parte de la Administración en el caso concreto y iii) la relación
causal adecuada entre dicha omisión y la producción del daño”27.

Para mayor claridad en este análisis, la Sala efectuará el estudio de imputación
frente a cada entidad.

cargo, no hay duda que es ella el mecanismo más idóneo para asentar la responsabilidad
patrimonial de naturaleza extracontractual. Las obligaciones que están a cargo del Estado - y por lo
tanto la falla del servicio que constituye su trasgresión -, han de mirarse en concreto, frente al caso
particular que se juzga, teniendo en consideración las circunstancias que rodearon la producción
del daño que se reclama, su mayor o menor previsibilidad y los medios de que disponían las
autoridades para contrarrestarlo. Se le exige al Estado la utilización adecuada de todos los medios
de que está provisto, en orden a cumplir el cometido constitucional en el caso concreto; si el daño
se produce por su incuria en el empleo de tales medios, surgirá su obligación resarcitoria; si el
daño ocurre, a pesar de su diligencia, no podrá quedar comprometida su responsabilidad”
(sentencia del 19 de junio de 2008, expediente 15.263, Consejera Ponente Myriam Guerrero de
Escobar).
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena,

sentencia de 23 febrero de 2017, exp. 080012331000199902289-01 (34.121).
27 Al respecto se puede consultar la sentencia del 22 de octubre de 2015, proferida por la Sala de

lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, exp. 33.977, M.P. Hernán
Andrade Rincón, entre otras decisiones.

16

Radicación: 25000233600020130010701 (55.308)
Actor: Fabio Güiza Santamaría y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y otros
Referencia: Reparación Directa

5.1. Policía Nacional

La parte demandante cuestionó que la Policía Nacional i) no desalojó a las
personas que invadieron el inmueble, a pesar de la solicitud verbal que se le
formuló al comandante de la Estación de Usme y ii) permitió el ingreso de los
delincuentes, facilitando su actuación ilegal.

Frente a la primera imputación, debe señalarse que el predio fue objeto de una
recuperación inicial el 22 de octubre de 2010, con ocasión de la diligencia de
entrega material que realizó el Juzgado Catorce Civil Municipal de Descongestión
de Bogotá; sin embargo, frente a la invasión acaecida el 27 del mismo mes y año
no se puede predicar una falla del servicio por parte de la institución policial por no
haber adelantado una nueva diligencia de lanzamiento, pues no mediaba orden de
autoridad competente para proceder en tal sentido y la supuesta flagrancia en la
comisión del delito de invasión que se refiere en la demanda no ocurrió, dado que
el hecho solo fue denunciado al día siguiente.

Desde esta perspectiva, la Sala considera que para estructurar la falla del servicio
por omisión frente a esta entidad debió demostrarse que la parte afectada
promovió una acción posesoria de lanzamiento por ocupación de hecho, a efectos
de proteger la posesión que supuestamente le fue arrebatada por las personas
que ingresaron violentamente al inmueble, sin que la institución policial hubiese
adelantado una gestión diligente28.

Ciertamente, las acciones posesorias policivas tienen como finalidad la
preservación del statu quo, de ahí que, sin perjuicio de las acciones judiciales a las
que se hará alusión más adelante, los demandantes se encontraban facultados
para solicitar la intervención de las autoridades, en el marco de ese tipo de
procesos y no a través del ejercicio de la fuerza policial29.

28 El argumento expuesto no riñe en manera alguna con las consideraciones plasmadas en el fallo

de tutela por la Corte Constitucional frente a la flexibilización en el análisis de diligencia de la parte
demandante, dado que esa Corporación lo hizo en el marco del daño especial, cuyo estudio se
realizará más adelante.
29 Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia T 367 de 2015 sostuvo: “En primer lugar, la

Sala Cuarta de Revisión considera pertinente reiterar que en los procesos de policía no se
controvierte el derecho de dominio. En efecto, el proceso policivo de amparo a la perturbación de
la posesión es preventivo, tiene como finalidad la protección de la posesión (sea dueño o no) frente
a la perturbación de otro, en búsqueda de mantener el statu quo mientras la justicia ordinaria
resuelve. Al respecto, el Código Nacional de Policía (Decreto 1355 de 1970) dispone: ‘ARTICULO
125. La policía solo puede intervenir para evitar que perturbe el derecho de posesión o mera
tenencia que alguien tenga sobre un bien, y en el caso de que se haya violado ese derecho, para
restablecer y preservar la situación que existía en el momento en que se produjo la perturbación.
‘ARTICULO 126. En los procesos de policía no se controvertirá el derecho de dominio ni se

17

Radicación: 25000233600020130010701 (55.308)
Actor: Fabio Güiza Santamaría y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y otros
Referencia: Reparación Directa

Precisado lo anterior, resulta pertinente señalar que el lote de propiedad de los
demandantes había sido objeto de invasiones anteriores, cuando el señor Güiza
Santamaría ya era propietario del 80% y las autoridades judiciales y de policía
lograron recuperarlo, tal como se explicó en acápite anterior, pero a los pocos días
se presentó una nueva ocupación, que, según se indicó en la denuncia formulada
por el afectado, dio lugar a la invasión por parte de más personas y a la
construcción de viviendas y otro tipo de edificaciones.

En este orden de ideas, la Sala considera que la Policía Nacional no estaba en el
deber legal de practicar una diligencia de lanzamiento que no estuviera precedida
de orden emanada por el Inspector de Policía de Usme –autoridad facultada para
tal efecto-.

Frente a la acusación relacionada con la intervención de la Policía Nacional para
supuestamente facilitar el ingreso de los invasores, se trata de una afirmación que
no fue demostrada en el proceso y, por ende, no tiene la virtualidad de estructurar
la responsabilidad patrimonial de esa institución.

En conclusión, no se demostró que el daño alegado sea imputable a la Policía
Nacional, a título de falla del servicio.

5.2. Distrito Capital – Alcaldía Local de Usme

Frente a esta entidad, la Sala considera que en el proceso se demostró que la
Alcaldía Local de Usme adoptó decisiones relacionadas con órdenes de
sellamiento y demolición de obras en los predios de los demandantes, sin que
pueda afirmarse válidamente que se encontraba en el deber jurídico de ordenar el
lanzamiento o disponer de actuaciones coercitivas para lograr el desalojo, pues,
se insiste, no medió proceso policivo ni trámite formal alguno para el efecto.

En este sentido, cabe señalar que el artículo 193 del Acuerdo 79 de 2003 30
establecía las funciones de los Alcaldes Locales, dentro de las cuales no se

considerarán las pruebas que se exhiban para acreditarlo. ‘ARTICULO 127. Las medidas de policía
para proteger la posesión y tenencia de bienes se mantendrán mientras el juez no decida otra
cosa’”.
30 Código de Policía de Bogotá D.C. Este artículo fue derogado por el Acuerdo Distrital 735 de

2019, pero estaba vigente para la época en que ocurrieron los hechos.

18

Radicación: 25000233600020130010701 (55.308)
Actor: Fabio Güiza Santamaría y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y otros
Referencia: Reparación Directa

encontraban las de realizar diligencias de lanzamiento, como lo pretendía la parte
actora31.

Lo expuesto permite reiterar que la autoridad encargada de adoptar decisiones
relacionadas con un eventual desalojo e impartir las órdenes correspondientes es
el Inspector de Policía de Usme, de ahí que no le resulte exigible a la Alcaldía
Local al adelantamiento de acciones en tal sentido.

Si lo pretendido por la parte actora era la recuperación del bien por una vía distinta
a las acciones posesorias, tenía la posibilidad de acudir al juicio civil ordinario para
pretender la restitución del inmueble invadido, tal como lo ha sostenido la Sala:

i) El objeto de protección del proceso policivo de lanzamiento por
ocupación de hecho: se ha dicho por parte de la Corte Constitucional que la
finalidad del lanzamiento por ocupación de hecho lo constituye la protección
del derecho de propiedad, sin embargo, esa posición no resulta
concordante con su regulación normativa. En efecto, el supuesto fáctico
del artículo 15 de la Ley 57 de 1905 consiste en que ‘alguna finca ha sido
ocupada de hecho sin que medie contrato de arrendamiento ni consentimiento
del arrendador’; por su parte, el artículo 1 del Decreto 992 de 1930 indicó que
‘[t]oda persona a quien se le hubiere privado de hecho de la tenencia del
material de una finca, sin que haya mediado su consentimiento expreso o
tácito u orden de autoridad competente, podrá pedir por sí o por medio de
apoderado debidamente constituido al respectivo alcalde municipal la
protección consagrada en el artículo 15 de la Ley 57 de 1905’; en idéntica
dirección, el artículo 125 del Código Nacional de Policía, antes transcrito, le

31 “Competencia de los Alcaldes Locales. Corresponde a los Alcaldes Locales en relación con la

aplicación de las normas de convivencia:
1. Mantener el orden público y restablecerlo cuando fuere turbado en su localidad, expidiendo las
órdenes de Policía que sean necesarias para proteger la convivencia ciudadana dentro de su
jurisdicción;
2. Velar por la pronta y cumplida aplicación de las normas de Policía en su jurisdicción y por la
pronta ejecución de las órdenes y demás medidas que se impongan;
3. Coordinar con las demás autoridades de Policía las acciones tendientes a prevenir y a eliminar
los hechos que perturben la convivencia, en el territorio de su jurisdicción;
4. Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes sobre desarrollo urbano, usos del suelo y
subsuelo y reforma urbana;
5. Adoptar las medidas para la protección, recuperación y conservación del espacio público,
ambiente y bienes de interés cultural del Distrito;
6. Conceptuar, cuando el Secretario de Gobierno lo solicite, sobre la expedición de permisos para
la realización de juegos, rifas y espectáculos públicos en la localidad;
7. Ejercer, de acuerdo con la Ley 685 de 20001 y las normas que la sustituyan, modifiquen o
adicionen, las atribuciones relacionadas con los trabajos y obras de la industria minera en sus
distintas fases;
8. Ejercer, de acuerdo con la ley, el control de precios, pesas y medidas y tomar las acciones
necesarias para evitar o sancionar el acaparamiento y la especulación;
9. Imponer las obras y demás medidas necesarias a quien mantenga los muros de su antejardín o
el frente de su casa en mal estado de conservación o presentación o no haya instalado canales,
tubos o cañerías para la conducción de aguas o los tenga en mal estado, para remediar la
situación;
10. Llevar el registro de pasacalles, pasavías y pendones, y
11. Practicar las pruebas que se requieran en los procesos de Policía y en las demás actuaciones
administrativas que sean de su competencia, atribución que podrá ser delegada en el asesor
jurídico o en el asesor de obras de la respectiva alcaldía local (…)”.

19

Radicación: 25000233600020130010701 (55.308)
Actor: Fabio Güiza Santamaría y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y otros
Referencia: Reparación Directa

atribuyó competencia a las autoridades de policía para intervenir en aquellos
eventos en que se haya perturbado el ‘derecho de posesión o [la] mera
tenencia que alguien tenga sobre un bien’.
De esta manera, las normas legales y reglamentarias reseñadas resultan
claras en indicar que la intervención de las autoridades de policía tendrá
como única finalidad la protección de la posesión y/o la tenencia pacífica
de determinado bien, pero no la de proteger el derecho de propiedad”
(destaca la Sala).

Las consideraciones puestas de presente resultan relevantes para explicar las
posibilidades con las que contaban los aquí demandantes para proteger los
atributos de la propiedad frente a su inmueble (uso, goce y disposición), que se
erigen como argumentos adicionales para concluir que no fue la supuesta omisión
de la Alcaldía Local de Usme la causa del daño alegado, pues, se insiste, la
entidad actuó dentro del ámbito de sus competencias para atender las peticiones
de los querellantes, sin poder realizar el desalojo pretendido, por no ser una
actuación de su resorte.

5.3. Fiscalía General de la Nación

Frente a esta entidad se evidencia que adelantó la actuación que le correspondía
hasta la etapa de acusación y, a pesar de que se alegó una demora en el trámite a
su cargo, lo concreto es que esa situación no constituye la causa eficiente del
daño –pérdida de la posesión del bien- ni se cuenta con elementos para
considerar que el fiscal encargado del caso tenía la posibilidad de adoptar
decisiones tendientes al “restablecimiento del derecho” al que se refirió la parte
demandante32.

Dicho de otra manera, aunque se considerara que la Fiscalía se demoró en
formular acusación, lo cierto es que de esa situación no se desprende
automáticamente su responsabilidad patrimonial, dado que no existe relación
causal entre esa eventual omisión y el daño cuya indemnización se pretende,
aunado al hecho de que para la fecha de presentación de la demanda se
desconocía el resultado final del proceso penal33.

32 En todo caso, conviene indicar que, según lo señaló la Corte Constitucional, el juez penal y la

Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá sí adoptaron decisiones en ese sentido, pues eran los
competentes para hacerlo.
33 Conviene reiterar que la conclusión del proceso penal y las órdenes impartidas por las

autoridades judiciales solamente fueron conocidas por la Corte Constitucional en el proceso de
tutela, por lo que en la sentencia proferida por esta Subsección se carecía de elementos para
conocer el resultado de la actuación penal.

20

Radicación: 25000233600020130010701 (55.308)
Actor: Fabio Güiza Santamaría y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y otros
Referencia: Reparación Directa

De lo hasta aquí expuesto, la Sala concluye que el daño que afirmaron padecer
los demandantes -la pérdida de la posesión respecto de su inmueble-, como
consecuencia de la ocupación de hecho de varias personas, no le es imputable a
las entidades demandadas, a título de falla del servicio, dado que cumplieron con
las funciones que les correspondían y, en todo caso, los afectados no adelantaron
las acciones policivas por perturbación a la posesión ni la acción reivindicatoria
ante el juez ordinario para que le fuese protegido su derecho de propiedad.

6. Análisis de daño especial, en cumplimiento de la orden emitida por la
Corte Constitucional

De acuerdo con las órdenes impartidas por la Corte Constitucional 34 , la Sala
procede a examinar la controversia desde la perspectiva del daño especial y sus
requisitos, para lo cual se parte por señalar que en casos similares al actual se ha
considerado la posibilidad de que la responsabilidad patrimonial del Estado resulte
comprometida por la ocupación de hecho de predios, mediante la aplicación del
título denominado daño especial, con base en lo siguiente:

2.4.4.- Configuración de un daño especial en el presente asunto.

Sin perjuicio de la anterior declaratoria de una falla del servicio imputable a la
Nación en los términos en que fueron descritos, para la Sala se produjo
también un daño especial en contra de los demandantes, comoquiera que se
encuentra acreditado que el daño que originó la presente acción tuvo lugar en
el marco del cierre de la vía por un grupo numeroso de personas desplazadas,
circunstancia que -como se dijo- afectó la explotación económica del hotel que
habían tomado en arriendo, razón por la cual, a la luz de las circunstancias
establecidas con el material probatorio allegado al presente proceso, la Sala
considera que es posible determinar igualmente la configuración de la
responsabilidad patrimonial del Estado, en este caso concreto, como se dijo, a
título de daño especial.

Ciertamente, cabe precisar y reiterar, que pueden ocurrir situaciones en las que
la inactividad de la Administración puede generar la afectación del derecho de
propiedad, en efecto, se trata de aquellos casos en que por especiales razones
de interés general, principalmente de tipo social, ya sea en cumplimiento de
órdenes judiciales –en particular órdenes derivadas de un juicio de tutela- o
administrativas, se opte por prohijar la ocupación en la medida en que ordenar el
desalojo y/o practicar la diligencia que le dé cumplimiento, generen una situación
tal que se desprotejan los derechos de poblaciones catalogadas como sujetos de
especial protección, en cuyo caso puede ocurrir que: i) se torne nugatorio e
innecesario acudir al juez de la causa, puesto que aun cuando se obtenga con

34 Las órdenes a las que se ha hecho referencia en este fallo, estuvieron precedidas de la siguiente

consideración por parte de la Corte Constitucional: “En conclusión, esta Sala encuentra que la
Sección Tercera Subsección A del Consejo de Estado, en la sentencia proferida el 3 de julio de
2020 desconoció el precedente en relación con el daño especial. Lo anterior, porque adujo que el
caso era susceptible de ser analizado bajo las exigencias definidas en la jurisprudencia
contencioso administrativa sobre el régimen en mención, identificó sus elementos, pero se abstuvo
de evaluarlos en el caso concreto”.

21

Radicación: 25000233600020130010701 (55.308)
Actor: Fabio Güiza Santamaría y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y otros
Referencia: Reparación Directa

éxito la reivindicación del bien o la protección de la posesión, resultaría imposible
ejecutar la decisión del juez por cuestiones de orden social, en cuyo caso el juez
de la acción de reparación directa podrá –según los hechos del caso y la
conducta del demandante- eximir de la obligación de agotar los mecanismos
administrativos y procesales de protección de la propiedad, la posesión y/o el
statu quo; frente a lo cual es posible que, ii) se configure un daño especial en
cabeza del propietario del predio ocupado, en la medida en que por razones de
interés general –la protección de sujetos de especial protección como
desplazados, indígenas, madres cabeza de familia, etc.- se sacrifique el
derecho de propiedad del titular del predio; y en consecuencia, iii) se dará
aplicación al artículo 220 C.C.A., ahora 190 y 191 C.P.A.C.A, y se ordenará la
transferencia de la propiedad del bien a favor de la(s) entidad(es) pública(s)
demandada(s), para que ellas solucionen, en el marco de sus competencias, la
manera en que, de ser posible, se ‘legalizarán’ esas ocupaciones.

Lo anterior no implica, bajo ningún concepto ni interpretación posible, que la Sala
prohíje las ocupaciones ilegales de bienes privados o la ‘colonización’ de
terrenos ajenos o que se consolide una postura que llevaría al Estado a asumir
una responsabilidad genérica y absoluta por los conflictos que se pudieran
generar por esa razón. Sin embargo, la Sala no puede desconocer las
dificultades que en la ejecución de medidas de desalojo encuentran algunas
autoridades administrativas por la propia situación social y de violencia que
atraviesa el país con el consecuente desamparo de los derechos de los
particulares que ello puede generar, razón por la cual se impone que las
autoridades de policía realicen un juicio de ponderación con el fin de determinar
la procedencia de continuar o no con la ejecución de la orden de desalojo, lo que
habrá de hacerse debidamente motivado y con la plena identificación de los
ocupantes y de la situación de especial protección en la que se puedan
encontrar35 (Negrillas y subrayas del texto original).

Con el fin de dar cumplimiento a la orden impartida por la Corte Constitucional, la
Sala procederá a examinar cada uno de los elementos y requisitos del daño
especial, en los términos fijados, teniendo en cuenta los hechos probados y demás
circunstancias relevantes en este caso.

Tal como se indicó en el acápite correspondiente, la Corte Constitucional fijó los
aspectos que se debían abordar para resolver el asunto desde la perspectiva del
daño especial, por lo que la Sala los desarrollará de la siguiente manera:

• Es de carácter excepcional, pues la regla general es la falla del servicio: al
respecto, la Sala debe señalar que el demandante no se refirió al daño especial
como título de imputación aplicable al caso; sin embargo, con el fin de examinar
de manera integral el asunto y en aplicación del principio iura novit curia, en el fallo
dictado por esta Subsección el 3 de julio de 2020 -que fue dejado sin efectos por
la Corte Constitucional, en sede de revisión- se indicaron las razones por las
cuales la Subsección consideró que no se daban las condiciones para declarar la
responsabilidad del Estado desde esta perspectiva.

35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de 22 de octubre de 2015, exp. 33.977, C.P. Hernán Andrade Rincón.

22

Radicación: 25000233600020130010701 (55.308)
Actor: Fabio Güiza Santamaría y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y otros
Referencia: Reparación Directa

En efecto, la falla del servicio fue analizada y se concluyó que el daño alegado por
los demandantes no resultaba imputable a las entidades demandadas, por las
razones expuestas en el acápite correspondiente, circunstancia que motivó que se
analizara si había lugar a examinar su responsabilidad desde la óptica del daño
especial, como igualmente se hace en esta oportunidad.

• El demandante debe demostrar que, dadas las condiciones del
asentamiento, es imposible ejecutar una orden de desalojo o existe una
omisión de la entidad pública en adoptar esa medida o en llevarla a cabo: de
acuerdo con los hechos probados, es razonable afirmar que el demandante no
demostró la imposibilidad de llevar a cabo el desalojo, entre otras razones, porque
no existen elementos para establecer que para la época en que se presentó la
demanda la invasión impidiera la actuación institucional tendiente a recuperar el
predio; de hecho, el fundamento del libelo inicial descansó en la falla del servicio
endilgada a las entidades por omitir su intervención, pero no porque esta no fuera
posible ante la presencia de los supuestos invasores.

En este sentido, conviene insistir en que, si bien es cierto que la Corte
Constitucional, en el fallo de revisión de tutela, prohijó una postura que relevara al
demandante del deber de adelantar las acciones civiles y policivas dirigidas a la
recuperación del inmueble, no se puede perder de vista que no se probó que para
la época de ocurrencia de los hechos y de la interposición de la demanda –octubre
de 2010 a enero de 2013- la invasión impidiera a las autoridades llevar a cabo el
desalojo, bien porque el asentamiento estuviera integrado por sujetos de especial
protección, o porque el grupo constituyera un riesgo grave para la seguridad e
integridad de los funcionarios encargados de la actuación administrativa o
policial36.

En estas condiciones, la Sala estima que la parte demandante no acreditó que el
ejercicio de acciones policivas o judiciales y las posteriores órdenes de desalojo
resultaran ineficaces para la recuperación de su predio.

36 Al respecto, también se puede consultar la sentencia proferida el 5 de marzo de 2021 por esta
Subsección, con ponencia de la Consejera María Adriana Marín, expediente 46, 197, en la cual se
expresó que “(…) el reconocimiento de la indemnización por la pérdida definitiva del inmueble solo
resulta procedente en los eventos en que quede acreditado que el predio no podía recuperarse
debido a razones de interés general que hacen que el desalojo fuera impracticable, aunque fuera
ordenado por el juez civil en un proceso posesorio o reivindicatorio”.

23

Radicación: 25000233600020130010701 (55.308)
Actor: Fabio Güiza Santamaría y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y otros
Referencia: Reparación Directa

Con todo y que la falta de acreditación de uno de los supuestos del daño especial
resulta suficiente para confirmar la decisión apelada, en el sentido de negar las
pretensiones, la Sala continuará el análisis de los demás requisitos, con el fin de
dar cumplimiento al fallo de tutela y para brindar mayor claridad conceptual en la
decisión.

• El juez debe comprobar que no se trata de una falla en el servicio, dado que
existe una justificación legítima del Estado en abstenerse de promover el
desalojo, por motivos de interés general y de orden público y social: en este
caso ya se descartó la existencia de falla de las entidades demandadas; sin
embargo, conviene agregar que no se establecieron razones de orden público o
social para abstenerse de llevar a cabo el desalojo, sino que lo único que se
demostró fue que para la época de presentación de la demanda se había
realizado una entrega del bien a los actores y que luego fue invadido nuevamente,
sin que estén demostradas circunstancias especiales que impidieran a los
interesados promover las acciones judiciales y policivas pertinentes, a efectos de
obtener la correspondiente orden de desalojo.

Por lo expuesto, no hay lugar a predicar circunstancias atribuibles a las entidades
demandadas en lo que tiene que ver con la invasión del inmueble y la
imposibilidad de recuperarlo de manera inmediata como pretendían los
demandantes.

• La ocupación del predio genera un desequilibrio del principio de igualdad
ante las cargas públicas, en tanto el demandante asume una carga excesiva
por la pérdida material de la posesión que afecta de manera grave el derecho
de dominio y la tutela judicial efectiva: en criterio de la Sala, no se demostró un
desequilibrio de la igualdad ante las cargas públicas en desmedro de los
demandantes, por las siguientes razones:

Lo primero que se debe señalar es que desde el momento en que le fue entregado
el bien a los demandantes tenían conocimiento de la ocupación por parte de
terceros, motivo por el cual era razonable considerar que esa situación podía
ocurrir nuevamente, en atención a que varias personas fueron desalojadas del
lugar.

Por otro lado, la Sala carece de elementos para afirmar que se presentó una carga
desproporcionada por cuenta de supuestas omisiones de las entidades

24

Radicación: 25000233600020130010701 (55.308)
Actor: Fabio Güiza Santamaría y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y otros
Referencia: Reparación Directa

demandadas, con la virtualidad de privar a los demandantes de una tutela efectiva,
dado que está acreditado que las autoridades actuaron dentro de la órbita de sus
funciones y no incurrieron en acciones u omisiones que dieran lugar a la pérdida
de la posesión del inmueble.

La Sala no desconoce que la jurisprudencia de esta Corporación y la de la Corte
Constitucional han procurado brindar garantías a las personas que resultan
afectadas en la posesión de sus bienes por cuenta de invasiones; sin embargo,
ello no implica el reconocimiento automático de indemnizaciones por esas
circunstancias, dado que la parte demandante tiene cargas probatorias
relacionadas con las situaciones especiales que devienen en el daño antijurídico,
las cuales no pueden ni deben ser desconocidas por las autoridades judiciales, so
pretexto de la aplicación de criterios de protección a la propiedad privada o demás
derechos involucrados en este tipo de litigios.

Con lo anterior se busca precisar que, a pesar de que hay eventos en los cuales
se flexibiliza la carga probatoria, ello debe estar precedido de la acreditación de
circunstancias especiales que justifiquen un trato distinto al que usualmente se da
a este tipo de asuntos en estricta aplicación de la ley y la jurisprudencia, lo cual no
ocurre en el caso bajo estudio.

• El juez puede exonerar al demandante del agotamiento de los recursos
judiciales y administrativos procedentes para la protección de la posesión y
la propiedad, de acuerdo con las circunstancias del caso y la conducta que
este haya desplegado para la defensa de sus intereses, si la medida de
desalojo adoptada en un eventual proceso judicial posesorio o
reivindicatorio resultaría nugatoria: si bien es cierto que la Corte Constitucional
detuvo su análisis en esta situación y planteó consideraciones alusivas a la
efectividad de los mecanismos judiciales y policivos frente al estado de la invasión,
la Sala considera que la orden impartida no impone la exoneración automática del
análisis de la conducta de los demandantes frente a la protección de sus
intereses, sino que únicamente exige el estudio correspondiente, a lo cual se
procede en los siguientes términos.

Esta Subsección no pierde de vista que puede ocurrir que las acciones policivas,
administrativas y judiciales, así como las respectivas órdenes de desalojo resulten
ineficaces en los casos en los cuales las invasiones impiden el ejercicio de la
fuerza policial, ya sea porque se presentan riesgos de agresión, o porque los

25

Radicación: 25000233600020130010701 (55.308)
Actor: Fabio Güiza Santamaría y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y otros
Referencia: Reparación Directa

sujetos que se encuentran en el lugar gozan de especial protección o sus
condiciones limitan o restringen la intervención de las autoridades. Conviene
señalar que no es la cantidad de personas lo que impide el ejercicio efectivo de
acciones para la recuperación de la propiedad, sino sus condiciones especiales o
las características de la situación frente a la posibilidad de las instituciones para
lograr su retiro y posterior reubicación.

En línea con lo que se ha expuesto en esta providencia, para la fecha de
ocurrencia de los hechos y la posterior interposición de la demanda, al margen de
lo repentino de la invasión del bien por parte de una cantidad considerable de
personas, no se evidenció una situación tan violenta que impidiera la actuación
eficaz de la Policía o de la Alcaldía Local de Usme, lo que ocurrió fue que la falta
de una decisión que ordenara a las autoridades proceder a efectuar desalojos –
como ocurrió en un primer momento en octubre de 2010- limitaba la acción de las
instituciones y ello tiene explicación en la ausencia de demandas y querellas
policivas, según se ha indicado en esta providencia.

Lo anterior no significa en manera alguna que el daño sea atribuible a la conducta
del demandante, pues está claro que la Corte Constitucional no avala esta tesis, ni
fue lo que se pretendió señalar en el fallo del 3 de julio de 2020. Lo que acontece
en este caso es que la Sala no considera que la exoneración del deber de
adelantar las acciones que otorga el ordenamiento jurídico opere de manera
automática por el solo hecho de la ocupación de hecho respecto de un predio y en
el sub examine no se demostró la connotación de la invasión para la fecha de
ocurrencia de los hechos y de presentación de la demanda, momento que
constituye el marco fáctico para el análisis de la controversia.

En este punto resulta necesario destacar que en la sentencia T-549 de 201937 –
proferida con ocasión de la tutela promovida por las personas que habitaban el
predio de propiedad de los aquí demandantes, cuya recuperación fue ordenada
por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá- se ordenó dejar sin efecto la
orden de desalojo impartida, pero no por razones de orden público o social, sino
por aspectos procesales y de garantía del derecho de contradicción y defensa,

37 Esta sentencia fue tenida en cuenta por la Corte Constitucional para contextualizar la situación

fáctica relacionada con la invasión del predio de los demandantes.

26

Radicación: 25000233600020130010701 (55.308)
Actor: Fabio Güiza Santamaría y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y otros
Referencia: Reparación Directa

relacionados con la notificación de las personas que ocupaban el lugar, quienes, si
bien no fungían como procesados38, sí tenían interés en su resultado39.

Resulta pertinente destacar que la información contenida en la tabla No. 7 de la
sentencia de SU-157 de 2022 da cuenta de circunstancias que esa Corporación
estimó acreditadas y que tienen que ver con actuaciones de las entidades
demandadas y de las condiciones en que se desarrolló la invasión del predio; sin
embargo, ese razonamiento no tiene la virtualidad de demostrar que las órdenes
de desalojo que se hubieren emitido por parte de las autoridades competentes
hubieren resultado nugatorias, por motivos de orden público o social, tal como se
ha explicado en la presente providencia40.

Todo lo anterior para señalar que la ineficacia de una orden de desalojo, por
razones de orden público o social que la tornaran nugatoria, no se demostró y ello
implica que para este momento no se desvirtuó que el ejercicio de acciones civiles
o policivas tuvieran la vocación de proteger el derecho a la posesión de los
demandantes, tal como lo consideró la Corte Constitucional en el fallo que tuvo
como referente para emitir la providencia que dejó sin efectos la proferida por esta
Subsección el 3 de julio de 2020. Sobre el particular, la mencionada Corporación,
con posterioridad a la revocatoria de la medida de restablecimiento fijada por el
Tribunal Superior de Bogotá – Sala Penal, manifestó:

38 Se aclara que el procesado fue la persona que invadió los predios y luego procedió a vender la

posesión a varias personas que comenzaron a ocupar el lugar.
39 En la mencionada providencia se afirmó lo siguiente: “En conclusión, la Sala encuentra que la

sentencia del 27 de octubre de 2017 proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá
incurrió en un defecto procedimental absoluto, al ordenar el restablecimiento del derecho en
perjuicio de los tutelantes, a quienes nunca se vinculó al trámite penal. Lo anterior, con evidente
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, al derecho de defensa y al derecho
de contradicción (…)Por tanto, acogiendo la solución planteada por esta Corte en casos similares,
por la Corte Suprema de Justicia en sede de casación e incluso por los mismos tutelantes en su
intervención en sede de revisión, esta Sala revocará los fallos de tutela tanto de primera como de
segunda instancia y, en su lugar: (i) tutelará los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia de los accionantes y (ii) dejará sin efectos el numeral
resolutivo segundo de la sentencia proferida el 27 de octubre de 2017 por la Sala Penal del
Tribunal Superior de Bogotá (que contiene la orden de restablecimiento del derecho solicitado por
el apoderado de las víctimas), dentro del proceso penal con radicado No.
11001600072620100087201, que se adelantó en contra de Juan López Rico, así como el proceso
de restablecimiento sobre los lotes de terreno identificados con matrículas inmobiliarias No. 50 S-
159215, 50 S-159218 y 50 S-159217, que, en cumplimiento de tal decisión, adelantó el Juzgado 25
Penal Municipal con función de conocimiento de Bogotá”.
40 El acatamiento de la sentencia de la Corte Constitucional se hace en el marco del defecto que

esa Corporación estableció –desconocimiento del precedente-, motivo por el cual es importante
destacar que no se atribuyó defecto fáctico alguno a la providencia del 3 de julio de 2020, ni se
cuestionó la valoración probatoria efectuada por la Sala, por lo que no se impusieron órdenes en
ese sentido.

27

Radicación: 25000233600020130010701 (55.308)
Actor: Fabio Güiza Santamaría y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y otros
Referencia: Reparación Directa

(…) Lo anterior, sin perjuicio de la posibilidad que tienen las víctimas de acudir
a las acciones civiles y policivas pertinentes para intentar lograr la restitución
de su propiedad, así como de perseguir, por las vías civiles o penales, a
quienes promovieron la venta parcelada de los lotes (…).

Dicho de otra manera, si los demandantes hubiesen adelantado, a manera de
ejemplo, la querella policiva por perturbación de la posesión y la orden de desalojo
que se hubiere emitido en ese proceso no se hubiese llevado a cabo por razones
de orden público o social, sí sería plausible afirmar que la actuación de la
administración resultaría ineficaz, evento en el cual habría lugar a un análisis
distinto al plasmado en la presente providencia.

Nótese que la Sala no está afirmando que la parte demandante estuviera obligada
a promover la querella policiva y que esa situación sea la medida para establecer
su diligencia, lo que aquí se considera es que la exoneración del deber de
adelantar acciones judiciales o administrativas se examina según cada caso y, en
este evento, los demandantes no demostraron que acudieron a todos los medios
que tenían a su alcance y que las entidades demandadas se hubiesen visto
imposibilitadas para desalojar a las personas que habitaban su predio.

No está de más poner de presente, solo a manera de ilustración, que en la
providencia T-549 de 2009 se hizo alusión a la imposibilidad de llevar a cabo la
diligencia de desalojo, pero por razones imputables a los interesados, los
propietarios de los predios invadidos. Al respecto, la Corte Constitucional afirmó:

En cumplimiento de esta decisión, mediante auto del 25 de mayo de 2018, el
Juzgado 25 Penal Municipal con función de conocimiento de Bogotá
comisionó a la Inspección de Policía de la localidad de Usme, para que, con
apoyo de la Fuerza Pública, se efectuara la “diligencia de desalojo”. Sin
embargo, esta diligencia no se ejecutó, a la espera de que los
copropietarios de los predios presentaran las escrituras públicas y los
certificados de tradición respectivos, para acreditar formalmente la
titularidad de su derecho de propiedad41 (se destaca).

41 En la sentencia SU-157 de 2022, que dejó sin efectos el fallo dictado por esta Subsección, la

Corte Constitucional tuvo en cuenta el proveído T-549 de 2019, con el fin de dar cuenta de que la
ocupación o la invasión de los predios de los aquí demandantes era un hecho conocido en los
escenarios judiciales. Esa sentencia T-549 de 2019, así como sirvió de referente para la Corte
Constitucional, también resulta útil para esta Sala, aunque solo manera de ilustración porque el
aparte que se transcribió en el cuerpo del proyecto se refiere a hechos acontecidos en el año 2018
–fecha posterior a la presentación de la demanda de reparación directa-, para señalar que el
desalojo en esa época (2018) no pudo llevarse a cabo por la falta de diligencia de los propietarios,
al no presentar las escrituras públicas y los certificados de tradición del bien, y no por razones de
orden público y social. Lo anterior para destacar que en el sub examine nunca se acreditó que por
razones, bien sea sociales o públicas, las medidas de desalojo se tornaran ineficaces o nugatorias.

28

Radicación: 25000233600020130010701 (55.308)
Actor: Fabio Güiza Santamaría y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y otros
Referencia: Reparación Directa

En este orden de ideas, la Sala considera que no se dan las condiciones para
exonerar a la parte demandante de su deber de haber adelantado, por lo menos,
la querella policiva para agilizar la actividad estatal dirigida a la protección de sus
intereses y, aun cuando ello hubiera ocurrido, tampoco habría lugar a concluir que
se presentó un desequilibrio del principio de igualdad frente a las cargas públicas,
porque existía un conocimiento previo de los demandantes frente a las situaciones
que se estaban presentando en el predio desde el momento en que les fue
entregado por la autoridad judicial, de ahí que el incumplimiento de los requisitos o
presupuestos del daño especial para este tipo de casos impida la atribución de
responsabilidad a las entidades demandadas bajo ese título de imputación.

La Sala estima pertinente indicar que, si bien la Corte Constitucional efectuó una
valoración probatoria que le permitió concluir que la invasión presentada en el
predio de los demandantes tenía relevancia por la cantidad considerable de
personas que se encontraban en el lugar para la fecha en que se presentó en la
demanda42, esa es una situación relacionada con el daño, aspecto que no fue
desconocido por esta Subsección y que no fue objeto de debate en esta instancia
–el daño está probado-, lo que ocurre en este caso es que el estudio desde la
óptica del daño especial impone el deber de examinar, entre otros aspectos que
ya se han evaluado en esta providencia 43 , si se configuró un desequilibrio del

42 Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo: “En primer lugar, la ineficacia de las órdenes de
desalojo, como consecuencia de la magnitud de la ocupación, se puso de presente desde la
formulación de la demanda, en la que se dio cuenta del estado de la ocupación para ese momento
y la inviabilidad de las medidas de desalojo. Los demandantes explicaron que: ‘En efecto, pese a
las denuncias, trámites y solicitudes de los propietarios ante las autoridades, al día de hoy estos
invasores llevan construidas más de cien casas según lo reconoció la Asesora de Obras de Usme
en informe rendido ante el Personero de Bogotá en diciembre último. Como se observa, el daño es
permanente y sólo hasta el día de hoy en el que en promedio podrían dar resultado los procesos
administrativos y judiciales, se consolida ese daño, pues no ha sido posible ningún desalojo y, por
el contrario, aumentan el número de invasores porque ni la Alcaldía, la Policía, ni la Fiscalía han
actuado eficazmente’”.
43 Con las consideraciones expuestas en esta providencia la Sala acata y se pronuncia frente a las

conclusiones esbozadas por la Corte Constitucional, a través de las cuales determinó que: “los
elementos obrantes en el proceso de reparación directa dieron cuenta de la evolución de la
ocupación y su magnitud. Por lo tanto, la autoridad judicial accionada debía evaluar el segundo
presupuesto para la exoneración de la carga de agotar todos los mecanismos judiciales para la
protección del inmueble. En particular, determinar si resultaba inocua una orden de desalojo, en la
medida en que este es uno de los elementos principales a considerar en el régimen de
responsabilidad que invocó. En síntesis, la autoridad judicial accionada no ofreció una justificación
razonable, suficiente y proporcionada, que planteara las razones por las que en el asunto
específico no se configuraba la responsabilidad del Estado por daño especial. Por el contrario,
como se explicó previamente, identificó y enunció los elementos del precedente sobre el régimen
del daño especial, y descartó su configuración en el caso concreto sin examinar los elementos
invocados. En conclusión, esta Sala encuentra que la Sección Tercera Subsección A del Consejo
de Estado, en la sentencia proferida el 3 de julio de 2020 desconoció el precedente en relación con
el daño especial. Lo anterior, porque adujo que el caso era susceptible de ser analizado bajo las
exigencias definidas en la jurisprudencia contencioso administrativa sobre el régimen en mención,
identificó sus elementos, pero se abstuvo de evaluarlos en el caso concreto”. En efecto, no se

29

Radicación: 25000233600020130010701 (55.308)
Actor: Fabio Güiza Santamaría y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y otros
Referencia: Reparación Directa

principio de igualdad frente a las cargas públicas que debían soportar los
demandantes y si había lugar a exonerarlos del deber de adelantar las acciones
de las que disponían para obtener una orden de desalojo que eventualmente
protegiera sus intereses de cara a los inmuebles de su propiedad.

Con lo anterior se pretende señalar que la cantidad de personas o el carácter
vertiginoso de la invasión no constituyen criterios fijados por la jurisprudencia de
esta Corporación para acceder automáticamente a las pretensiones en este tipo
de casos, dado que, tal como se ha explicado, el título de imputación de daño
especial impone el análisis de distintas condiciones y circunstancias que se han
puesto de presente en esta providencia, motivo por el cual no resulta
jurídicamente válido afirmar que, por no acogerse las mencionadas situaciones
como razón suficiente para emitir sentencia favorable a los demandantes, se
hubiere incurrido en un desconocimiento del precedente, como lo consideró la
Corte Constitucional.

Con fundamento en las precisiones que anteceden, se insiste en que la orden de
la Corte Constitucional estuvo dirigida a examinar los requisitos y condiciones del
daño especial, particularmente frente a las situaciones que se acaban de
mencionar, lo cual no implicaba que se exonerara automáticamente a los actores
de sus cargas frente a las medidas con las que contaban en su momento para
conjurar la situación que los privó de la posesión de sus predios.

En las condiciones descritas, una vez descartada la falla del servicio endilgada a
las entidades demandadas y dado que se estableció que no se reúnen las
condiciones para declarar su responsabilidad bajo el título de imputación de daño
especial, la Sala concluye que el daño afrontado por los demandantes no les
resulta imputable, motivo por el cual, realizado el análisis ordenado por la Corte
Constitucional, se confirmará la sentencia de primera instancia.

7. Costas

El artículo 361 del Código General del Proceso establece que las costas están
integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso
del proceso y por las agencias en derecho.

desconoce el alcance de la invasión y su evolución, motivo por el cual se examinaron las
características propias del caso, a partir del análisis, requisitos y condiciones del título de
imputación de daño especial, tal como se ordenó.

30

Radicación: 25000233600020130010701 (55.308)
Actor: Fabio Güiza Santamaría y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y otros
Referencia: Reparación Directa

El artículo 365 ejusdem, en el numeral 3, dispone que “en la providencia del
superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al
recurrente en las costas de la segunda”.

Atendiendo a lo ordenado en la citada norma, se condenará en costas de esta
instancia a la parte demandante.

La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el Tribunal a quo, en
los términos del artículo 366 del Código General del Proceso44.

En relación con las agencias en derecho correspondientes a esta instancia, de
conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 366 del CGP, se tiene en
cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada, la cuantía del
proceso y otras circunstancias especiales si las hubiere. En ese sentido se
observa que:

1. Se trata de un proceso de reparación directa, con pretensiones acumuladas,
que equivalen a la suma de $3.753’700.000 45 , asunto en el que la parte
demandante presentó recurso de apelación y resultó vencida en segunda
instancia, debido a la confirmación del fallo de primer grado.

2. Teniendo en cuenta lo anterior, para efectos de la fijación de las agencias en
derecho correspondientes a la segunda instancia, acerca de la duración y la
complejidad de la gestión procesal se observa que las entidades demandadas
presentaron alegatos de conclusión en ambas instancias.

3. A manera de precisión y para justificar con mayor razón lo expuesto
anteriormente, resulta importante destacar que la fijación de agencias en derecho
no se ve afectada en el evento en el que la parte haya litigado, incluso, a nombre
propio, sin apoderado, pues aun en ese caso tiene derecho a que se fije el monto
de agencias para retribuir su actuación, tal como se desprende de lo señalado en
los numerales 3 y 4 del artículo 366 del CGP, en los siguientes términos:

“3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia,
los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena,
siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan a

44 A cuyo tenor: “Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el

juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede
ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas (…)”.
45 Suma que corresponde a la suma de los perjuicios materiales y morales solicitados.

31

Radicación: 25000233600020130010701 (55.308)
Actor: Fabio Güiza Santamaría y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y otros
Referencia: Reparación Directa

actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el
magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado.

“(…).

“4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que
establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas estableen
solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además,
la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la
parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias
especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas” (se destaca).

Por lo anterior, si la parte actuó a nombre propio y tiene derecho a que se le fijen
agencias en derecho a su favor, a pesar de que no incurrió en el pago de
honorarios de un apoderado que lo representara, igual razonamiento debe
aplicarse cuando se trata de una entidad pública que actúa a través de un
apoderado que hace parte de su planta de personal, pues el hecho de que no se
hayan realizado pagos adicionales a su salario no enerva la causación de las
agencias en derecho como parte de la condena en costas.

4. De conformidad con lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en el
acuerdo vigente para la fecha en que se presentó la demanda46, en materia de
tarifas de agencias en derecho se tiene en cuenta lo siguiente:

“ACUERDO 1887 DE 2003
(Junio 26)
“Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.
“(…).
“Artículo 2º—Concepto. Se entiende por agencias en derecho la porción de
las costas imputables a los gastos de defensa judicial de la parte victoriosa, a
cargo de quien pierda el proceso el incidente o trámite especial por él
promovido, y de quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación, (…).

“Artículo 3º—Criterios. El funcionario judicial, para aplicar gradualmente las
tarifas establecidas hasta los máximos previstos en este acuerdo, tendrá en
cuenta la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el
apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la cuantía
de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean
equitativas y razonables. Las tarifas por porcentaje se aplicarán inversamente
al valor de las pretensiones.
“(…).
“Artículo 5º—Fijación de tarifas. Las tarifas máximas de agencias en derecho
se establecen en salarios mínimos mensuales legales vigentes, o en
porcentajes relativos al valor de las pretensiones de la demanda reconocidas
o negadas en la sentencia.

“Artículo. 6º—Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho:

46 La demanda se presentó el 30 de enero de 2013. El Acuerdo 1887 de 2003 fue derogado por el

Acuerdo 10554 de agosto 5 de 2016, no obstante, este último solo entró a aplicar para los
procesos judiciales iniciados a partir de su publicación.

32

Radicación: 25000233600020130010701 (55.308)
Actor: Fabio Güiza Santamaría y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y otros
Referencia: Reparación Directa

“(…).

“III CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

“(…)

“3.1.3. Segunda instancia.

“Sin cuantía: Hasta siete (7) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

“Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones
reconocidas o negadas en la sentencia”.

5. A partir de lo expuesto, se fijan las agencias en derecho en la segunda instancia
en el 1% de las pretensiones formuladas por los demandantes, para lo cual se
tendrá en cuenta, además, la participación o interés que cada uno de ellos tenía
en el presente litigio, habida cuenta de que la parte actora –a la cual se le resolvió
de manera desfavorable el recurso de apelación- está constituida como un
litisconsorcio con intereses económicos distintos, motivo por el cual la condena en
costas debe ser proporcional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 365.6 del
Código General del Proceso, a cuyo tenor:

Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los
condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al
respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos.

Por lo anterior, el valor de las agencias en derecho que se deberán pagar a favor
de las entidades demandadas debe atender al porcentaje de participación de los
demandantes en el inmueble cuya afectación devino en el ejercicio del medio de
control, así:

Fabio Güiza Santamaría: 80% del terreno afectado.

Julio César López Cárdenas: 10% del terreno afectado.

Luis Enrique López Cárdenas: 10% del terreno afectado.

En estas condiciones, como las agencias en derecho en la segunda instancia
corresponden al 1% de $3.753’700.000, suma que equivale a $37’537.000, los
valores a pagar por cada demandante son los siguientes:

Fabio Güiza Santamaría: $30’029.600.

Julio César López Cárdenas: $3’753.700.

Luis Enrique López Cárdenas: $3’753.700.

33

Radicación: 25000233600020130010701 (55.308)
Actor: Fabio Güiza Santamaría y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y otros
Referencia: Reparación Directa

La suma en mención deberá incluirse en el auto de liquidación de costas y será
repartida en partes iguales entre la Policía Nacional, el Distrito Capital y la Fiscalía
General de la Nación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, el 28 de mayo de 2015.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, las cuales serán
liquidadas de manera concentrada por el Tribunal de primera instancia, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

Se fijan como agencias en derecho en segunda instancia, a cargo de la parte
actora y a favor de la Policía Nacional, el Distrito Capital y la Fiscalía General de
la Nación, en partes iguales, la suma correspondiente a $37’537.000, que deberá
ser pagada así:

Fabio Güiza Santamaría: $30’029.600.

Julio César López Cárdenas: $3’753.700.

Luis Enrique López Cárdenas: $3’753.700.

TERCERO: COMUNICAR la presente providencia a la Corte Constitucional, para
lo de su cargo.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

34

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.