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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2013-00526-01

Fecha
21 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodriguez Navas
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2013-00526-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 19 de junio de 2014, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en este asunto, para disponer, en su lugar, lo siguiente: PRIMERO: Declarar la caducidad del medio de control de controversias contractuales con respecto a la pretensión subsidiaria de declaración de la nulidad absoluta del convenio de asociación núm. 10 del del 27 de diciembre de 2007 suscrito por CENASEL y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. SEGUNDO: Negar las demás pretensiones. TERCERO: Se fija por agencias en derecho de primera instancia a favor de la entidad demandada, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, un uno por ciento (1%) de las pretensiones de la demanda correspondiente a veinticuatro millones seiscientos cincuenta y tres mil seiscientos treinta y tres pesos ($24'653.633). CUARTO: Ejecutoriada la presente providencia, liquídense por Secretaría los gastos ordinarios del proceso y en caso de remanente devuélvanse al interesado, de conformidad con lo establecido en los artículos 7 y 9 del acuerdo núm. 2552 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. SEGUNDO: Reconocer personería al abogado Gustavo Antonio Romero Alvarez, identificado con la cédula de ciudadanía núm. 6.765.453 de Tunja (Boyacá) y portador de la tarjeta profesional núm. 160785, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, en los términos y para los fines a los que alude el poder a él conferido, para que actúe como apoderado judicial de la Unidad Administrativa Especial de Servicio Públicos, conforme al memorial visible a folio 331 del cuaderno principal. 78 CPACA. "Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. II En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal". 79 COP. "Artículo 365. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2013-00526-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas

21 de noviembre de 2022

Radicado: 25000-23-36-000-2013-00526-01 (52109)
Actor: Centro Educativo Nacional de Asesorias Socio
Económicas y Laborales (CENASEL),

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 25000-23-36-000-2013-00526-01 (52109)
Demandante: Centro Educativo Nacional de Asesorias Socio Económicas
y Laborales (CENASEL).
Demandado: Distrito Capital- Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos (UAESP).
Referencia: Acción de controversias contractuales, apelación
sentencia.

Temas 1: Régimen de contratos regidos por el articulo 355 de la Constitución y el Decreto 777 de
1992.
Tema 2: Cómputo del término de caducidad en contratos regidos por el articulo 355 de la
Constitución y el Decreto 777 de 1992.
Tema 3: Obligación de entregar soportes contables de los recursos económicos invertidos en la
ejecución de contratos regidos por el artículo 355 de la Constitución y el Decreto 777 de 1992.
Tema 4: Noticia del siniestro en contratos regidos por el artículo 355 de la Constitución y el Decreto
777 de 1992.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Conoce la Sala del recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia del 19 de junio de 2014, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual negó las pretensiones
de la demanda, entre otros aspectos.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (en adelante UAESP) liquidó
unilateralmente el convenio de asociación núm. 010 del 27 de diciembre de 2007,
suscrito con el Centro Educativo Nacional de asesorías Socioeconómicas y Laborales
(en adelante CENASEL), fijando como deuda a su favor la suma de $1.087'035.265,
que debía ser cancelada por CENASEL, o la suma que resultara de la diferencia entre
dicho valor y lo cancelado por la aseguradora Liberty Seguros S.A., en virtud de la póliza
única de cumplimiento que otorgó en el marco del aludido negocio jurídico. Además, al
liquidar el convenio, la UAESP declaró la ocurrencia del siniestro cubierto por los
amparos de cumplimiento y calidad del servicio. La anterior decisión fue adoptada por
la UAESP, al considerar que CENASEL había incumplido la obligación de entregar
soportes contables de lo gastado con los recursos entregados para la ejecución del
convenio.

CENASEL esgrime como argumento soporte de su pretensión, que las resoluciones
que instrumentaron la anterior decisión se expidieron violando su derecho al debido
proceso, defensa y acceso a la justicia; emanaron de una autoridad que carecía de
competencia; y fueron proferidas con desviación de poder y falsa motivación, entre otras
razones. Agregó que tales actos le ocasionaron perjuicios materiales.

I. ANTECEDENTES

2.1. El 25 de abril del 2013, CENASEL presentó demanda, en ejercicio de la acción
contractual, contra la UAESP (f. 1-47, C. 1), pretendiendo, de manera principal, que

1

Radicado: 25000-23-36-000-2013-00526-01 (52109)
Actor: Centro Educativo Nacional de Asesorlas Socio
Económicas y Laborales (CENASEL).

se declare: (I) la existencia del convenio de asociación núm. 010 del 27 de diciembre
de 2007 y su incumplimiento por la UAESP; (II) la nulidad de la resolución núm. 937 del
13 de diciembre de 2010 y de su confirmatoria, la resolución núm. 135 del 16 de febrero
de 2011, mediante las cuales la UAESP liquidó el convenio de asociación núm. 010 de
2007, entre otras decisiones, y que, en su lugar, se realice su liquidación judicial según
la propuesta anexa a la demanda o aquella que se realice con intervención de peritos;
(iii) el incumplimiento de la UAESP por el impago de lo convenido, una vez CENASEL
"entregó los productos a que se había obligado y [sic] previo contar con los vistos
buenos del supervisor del proyecto como tampoco liquidar legalmente el Convenio No.
10 de 2007 al dar instrucciones contrarias a las inicialmente dadas y retener ilegalmente
los desembolsos a que tiene derecho la entidad demandante"; y (1v) que la UAESP
adeuda a CENASEL $1.287'900.000 por concepto de daño emergente, además de los
intereses moratorios, por no haber pagado oportunamente, liquidados a partir del
momento en que CENASEL entregó los productos pactados en el aludido convenio de
asociación hasta que se realice su pago efectivo, conforme a la tasa prevista en el
artículo 884 del Código de Comercio ("CCo").

De manera subsidiaria, CENASEL formuló como pretensiones, que se declare: (i) la
existencia del convenio de asociación núm. 010 del 27 de diciembre de 2007; (ii) la
violación del principio de publicidad por la UAESP, por lá indebida notificación de la
resolución núm. 135 del 16 de febrero de 2011 a CENASEL y a la aseguradora Seguros
Liberty S.A., impidiendo que se enteraran oportunamente del acto administrativo, a
efectos de adelantar las acciones de nulidad o de nulidad y restablecimiento del
derecho; (III) la nulidad absoluta del citado convenio de asociación por violación a la
ley, ya los derechos fundamentales al debido proceso, ejercicio al derecho de defensa
y de acceso a la justicia de CENASEL; (iv) el incumplimiento de la UAESP al convenio
de asociación núm. 010 del 27 de diciembre de 2007, con la consecuente condena a
favor de CENASEL al pago de los perjuicios; y (y) que por las anteriores "vías de hecho",
se deje sin efecto la liquidación unilateral realizada por la UAESP, y que, en su lugar,
se efectúe su liquidación judicial, según la propuesta anexa a la demanda o aquella que
se realice con intervención de peritos.

2.1.1. Como asidero fáctico del petitum, el demandante expuso el relato que la Sala
resume en los siguientes términos:

2.1.1.1. En el marco del Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos
Sólidos (PMIRS) de Bogotá D.C. 2006, la UAESP: suscribió con CENASEL el
convenio de asociación núm. 010 del 27 de diciembre de 2007 (f. 145-153, C.
3), que tuvo por objeto "promover procesos asociativos y fortalecer las
capacidades de gestión económica y social y la proyección empresarial de las
organizaciones de recicladores de oficio de la ciudad de Bogotá vinculadas a los
proyectos de Inclusión Social, que viene desarrollando la UAESP,
proporcionándole herramientas técnico-pedagógicas apropiadas a sus
características y condiciones organizacionales".

2.1.1.2. En el convenio de asociación núm. 010 de 27 de 2007 se estipuló que
la UAESP entregaría $2.862'000.000 por concépto de "honorarios" y que
CENASEL entregaría $400'000.000; como supervisor del convenio, fue
designado el Director Operativo de la UAESP; y, según la propuesta, el
presupuesto se pagaba por productos. Por ende, el convenio se ejecutó por
precios globales.

2.1.1.3. Durante la ejecución del convenio, las partes suscribieron cuatro (4)
modificaciones, dentro de las que se encuentra la modificación y prórroga núm.
3 del 29 de mayo de 2009 (f. 200-202, C. 3), que incorporó la obligación de

Radicado: 25000-2336-000-2013-00526-01 (52109)
Actor: Centro Educativo Nacional de Asesorias Socio
Económicas y Laborales (CENASEL).

CENASEL de permitir la realización de una auditoría contable y fiscal a las
cuentas de ejecución del convenio.

2.1.1.4. El 10 de julio de 2009, el contratista designado para adelantar la
auditoría financiera y fiscal del convenio presentó informe a la UAESP (f.364-
433, C. 3). El 23 de julio del mismo año, la directora jurídica de la UEASP realizó
un análisis sobre el aludido informe y le indicó al Director Operativo de la UAESP
que "si las posibles inconsistencias en el ámbito tributario, contable y/o
financiero, afectan la debida ejecución del contrato, el supervisor deberá requerir
al contratista en ese sentido" (f. 444-446, C. 3).

2.1.1.5. El 29 de julio de 2009 se realizó el comité técnico del convenio, en el
que se acordó que "CENASEL, debe entregar a la UAESP, la respuesta a los
resultados de la auditoría a la mayor brevedad para tramitar el tercer pago del
convenio"; y que "los asuntos pendientes (pago a promotores, desembolsos de
la contrapartida y entrega de informes) se terminarán en la etapa de liquidación
del convenio" (f. 711-712, C. 3).

2.1.1.6. El 31 de julio de 2009 culminó el plazo del convenio, sin que la UAESP
hubiese requerido a CENASEL por inconsistencias en el manejo tributario,
contable o financiero que afectaran la debida ejecución del convenio.

2.1.1.7. El 10 de agosto de 2009, CENASEL remitió escrito dirigido al Director
Operativo de la UAESP, en el que se pronunció sobre las conclusiones de la
auditoría financiera y fiscal del convenio (f. 447-478, C. 3).

2.1.1.8. La UAESP realizó el pago parcial de su aporte pactado en el convenio
de asociación núm. 010 del 27 de diciembre de 2007, en dos desembolsos. Pero
no canceló el saldo restante, muy a pesar de que CENASEL, luego de expirado
el plazo del contrato, cobró dicha obligación a la UAESP con la presentación de
varias facturas, y que la requirió en varias oportunidades, expresando que había
cumplido con los entregables y con el objeto del convenio. Además, la UAESP
asumió sus aportes como anticipos y no como pagos sobre la parte cumplida del
contrato.

2.1.1.9. El 20 de enero de 2010, la UAESP defirió la decisión sobre el pago del
saldo restante del aporte al exsupervisor del convenio (f.690, C. 3), quien, a
través del informe presentado el 2 de febrero del mismo año, manifestó: que
había recibido a satisfacción los productos entregados por CENASEL, que la
liquidación del convenio se truncó con su retiro, y que "las observaciones
presentadas en la Auditoria fueron requeridas al contratista [...] y respondidas
por este, respuesta en donde se esclareció el acatamiento de los criterios del
convenio en la elaboración del registrado [sic] financiero y sin que se haya
evidenciado afectación en la ejecución del contrato".

2.1.1.10. El 16 de febrero de 2010, la UAESP solicitó explicaciones a CENASEL
sobre la existencia de soportes financieros con fecha posterior al vencimiento
del convenio (f.691, C. 3), y el 17 de febrero del mismo año aquella entidad
requirió información al exsupervisor del convenio, concerniente a los motivos en
que se fundamentó, para no tramitar los pagos, después de haber recibido los
productos de CENASEL; y de las acciones documentadas que adelantó en la
etapa de liquidación, entre otros requerimientos (f. 708, C. 3).

2.1.1.11. El 28 de junio de 2010, la dirección jurídica de la UAESP, le comunicó
a CENASEL, que no encontró la totalidad de los productos convenidos, y que
las respuestas de CENASEL "objetivamente no [cumplían] como evidencias

Radicado: 25000-23-36-000-2013-00526-01 (52109)
Actor: Centro Educativo Nacional de Asesorias Socio
Económicas y Laborales (CENASEL).

satisfactorias, según el informe preliminar suscrito por los profesionales JORGE
MADERO GIRALDO Y SILVIA MILENA PATINO LEÓN".

2.1.1.12. El 26 de octubre de 2010, la UAESP requirió a CENASEL, para liquidar
por mutuo acuerdo el convenio de asociación núm. 010 del 27 de diciembre de
2007.

2.1.1.13. Sin embargo, la UAESP profirió la resolución núm. 937 del 13 de
diciembre de 2010 (f. 789-792, C. 3), a través de la cual liquidó de manera
unilateral el convenio de asociación núm. 010 del 27 de diciembre de 2007 (f.
145-153, C. 3), fijó como valor de la liquidación lá suma de $1.087'035.265 y
ordenó cancelar dicha suma a CENASEL, descontando lo que la aseguradora
Liberty Seguros S.A. le pagara a la entidad, en virtud de la garantía de
cumplimiento. La anterior decisión obedeció a la "ausencia en el soporte de los
gastos de los recursos entregados por la UAESP atENASEL".

2.1.1.14. La anterior resolución fue recurrida en reposición por el CENASEL y
por la aseguradora Liberty Seguros S.A. Este recurso fue desatado por la
UAESP mediante la resolución núm. 135 del 16 de febrero de 2011, que confirmó
en su integridad la resolución núm. 937 del 13 de diciembre de 2010 (f.795-806,
C. 3).

2.1.1.15. Reprocha la parte demandante, que la restilución núm. 135 de 2011 no
fue notificada adecuadamente, ya que no fue enviada por correo certificado, sino
a través de mensajero, quien obtuvo un sello de recibo de correspondencia del
Edificio Bogotá, Primer Piso, cuando las oficinas dé CENASEL se ubicaban en
el tercero piso del citado edificio. Además, porque no se fijó el edicto en las
carteleras de la Secretaría de la UAESP, entre las 8:00 am del 28 de febrero de
2011 y las 8:00 am del 14 de marzo de la misma anualidad, de modo que la
constancia de desfijación del edicto que se trajo al proceso no corresponde a la
realidad. Finalmente, señaló que, en esa constancia se incurrió en un error de
forma, por cuanto se refirió a la Resolución núm. 937 cuando lo correcto era la
Resolución núm. 135.

2.1.12.16. El 16 de marzo de 2011, la Directora Jurídica de la UAESP expidió
constancia en la que manifestó que la resolución núm. 135 quedó ejecutoriada
el 15 de marzo de dicha anualidad.

2.1.1.17. CENASEL tuvo conocimiento de la existencia de la resolución núm.
135 de 2011, cuando la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca le notificó el mandamiento de pago librado
dentro del proceso ejecutivo que adelantó la UAESP en su contra, en el que
aportó dicha resolución como título ejecutivo. La irregularidad en la notificación
de la mencionada resolución le imposibilitó adelantar la acción de nulidad, o de
nulidad y restablecimiento del derecho para atacar su legalidadl.

2.1.2. Como concepto de violación, la demandante alegó que los aludidos actos
administrativos son nulos por las siguientes razones:

2.1.2.1. Fueron expedidos violando el derecho al debido proceso, defensa y
acceso a la administración de justicia de CENASEL y de Liberty Seguros S.A.,

I "51 Cuando CENASEL y LIBERTY SEGUROS S.A., se enteraron de la, existencia de la Resolución 135 de
2011, ya habían transcurrido más de cuatro meses de la ejecutoria de dicho acto administrativo, razón por la
cual no han podido adelantar la acción de nulidad, o de nulidad y restablecimiento del derecho contra tal
providencia, viendo cercenado su derecho de defensa y la posibilidad de ejercitar las acciones que en desarrollo
de un debido proceso le hubiesen permitido atacar el acto administrativo que hoy funge como titulo ejecutivo en
su contra" (f. 22, C. 1).

Radicado: 25000-23-36-000-2013-00526-01 (52109)
Actor: Centro Educativo Nacional de Asesorias Socio
Económicas y Laborales (CENASEL).

porque no fueron citados a audiencia previa, como lo exige el artículo 17 de la
Ley 1150 de 2007, y no se les notificó de manera adecuada la resolución núm.
135 de 2011, que desató el recurso de reposición que habían presentado contra
la resolución núm. 937 de 2010.

2.1.2.2. Emanaron de una autoridad que carecía de competencia, dado que
fueron proferidos cuando CENASEL había presentado la demanda ante la
jurisdicción.

2.1.2.3. Fueron expedidas con desviación de poder, como retaliación por la
demanda judicial que presentó CENASEL en contra de la UAESP.

2.1.2.4. Fueron proferidas con falsa motivación, porque no hubo incumplimiento
de las obligaciones de CENASEL, la cual, por el contrario, cumplió a cabalidad
las obligaciones pactadas en el convenio de asociación núm. 010 de 2007.

2.2. El 25 de abril de 2013, CENASEL presentó la demanda ante el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (f. 1-47, C. 1); y este la admitió, por medio de la
providencia del 14 de mayo de 2013 (f. 50-51, C. 1).

2.3. Notificado el admisorio en debida forma (f. 50-51, C. 1), la UAESP contestó la
demanda, oponiéndose a las pretensiones, y planteó como excepciones las siguientes:
"pleito pendiente", "falta de competencia del tribunal contencioso administrativo para
pronunciarse respecto a la totalidad de las pretensiones de la demanda" e
"incumplimiento de la demandante respecto a sus obligaciones contenidas en el
convenio de asociación".

2.4. En el mismo escrito de contestación, la UAESP formuló demanda de
reconvención, con la que pretendía que se declarara el incumplimiento por CENASEL
de las obligaciones emanadas del convenio de asociación núm. 010 del 27 de diciembre
de 2007 y que, en consecuencia, se declarara la obligación insoluta a cargo de
CENASEL y a favor de la UAESP, por la suma de $1.500.00.000, correspondientes al
valor de los aportes adeudados, junto a sus accesorios (f. 57-85, C. 1).

2.5. El 10 de octubre de 2013, el Tribunal profirió auto rechazando la demanda de
reconvención, por cuanto encontró que había operado la caducidad del medio de
control de controversias contractuales (f. 108-110, C. 1); providencia ésta que no fue
objeto de recurso alguno.

2.6. El 12 de marzo de 2014, el Tribunal realizó la audiencia inicial que prescribe el
artículo 180 del CPACA (f. 115-119 y CD, C. 1) y, en su desarrollo, negó las excepciones
previas o mixtas formuladas por la UAESP con la denominación de "pleito pendiente" y
"falta de competencia para pronunciarse sobre la totalidad de las pretensiones".

En la fijación del litigio, puntualizó que, los hechos concernientes a las irregularidades
predicadas en relación con la notificación de la resolución núm. 135 de 2011, guardaban
relación con la caducidad de la acción, tema que fue discutido desde el auto admisorio
de la demanda y que no fue alegado como excepción previa. Por ende, el a quo dispuso
que tales hechos no harían parte del litigio, el que centró en el control subjetivo de
ilegalidad del acto administrativo que liquidó unilateralmente el convenio, y en función
del incumplimiento de la UAESP en el pago de las facturas, en las irregularidades en el
procedimiento administrativo de liquidación del convenio de asociación núm. 010 del 27
de diciembre de 2007 y en el ocultamiento de hechos en la expedición de la resolución.

Fenecida la anterior etapa, el Tribunal decretó las pruebas que aportaron y solicitaron
las partes en la respectiva oportunidad procesal, salvo las que el demandante solicitó

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Económicas y Laborales (CENASEL).

en el traslado de las excepciones, las que no fueron decretadas en atención a su
inconducencia, impertinencia e inutilidad para desvirtuar lás excepciones propuestas.

Las decisiones que adoptó el Tribunal dentro de la audiencia inicial no fueron objeto de
recurso alguno por las partes.

2.7. El 8 de abril de 2014, el Tribunal realizó la audiencia de pruebas que preceptúa
el artículo 181 del CPACA (f. 122-123 y CD, C. 1), en la que: (i) ordenó correr traslado
a las partes de la prueba trasladada2, solicitada por la demandada; (ii) practicó el
testimonio del señor Víctor Naranjo, pedido por el demandante; y (iii) corrió traslado a
las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión por escrito en el término de
10 días, dado que no existía disponibilidad de salas de audiencia. Las partes
presentaron sus escritos de alegatos (f. 126-177, C. 1).

2.8. El Tribunal de primera instancia negó las pretensiones formuladas por el
demandante, mediante sentencia del 19 de junio de 2014 (f. 179-190, C. Principal),
bajo las siguientes consideraciones:

2.8.1. La UAESP liquidó unilateralmente el convenio de asociación núm. 010 del
27 de diciembre de 2007, antes de que esa Unidad fuera notificada del auto
admisorio de la demanda. Por consiguiente, no, se demostró la falta de
competencia temporal.

2.8.2. No se presentó una falsa motivación de los actos administrativos
demandados que declararon la ocurrencia del siniestro con base en el
incumplimiento de CENASEL, por cuanto: (i) la decisión se fundamentó en el
informe de auditoría financiera y fiscal del convenio, que presentó la contadora
Miryam Cecilia Toro Vallejos, advirtiendo la falta de soportes contables que
demostraran la ejecución total de los recursos; (ii) tal irregularidad no fue
subsanada por CENASEL, a pesar de los requerimientos que le hizo la UAESP,
de manera previa a la liquidación unilateral; y (iii) el demandante no cumplió con
la carga probatoria de desvirtuar el precio de lo ejecutado que se fijó en la
liquidación unilateral del contrato.

2.8.3. No hubo violación del debido proceso de CENASEL por parte de la
UAESP, al no citarlo a una audiencia previa a la expedición de las resoluciones
que liquidaron unilateralmente el convenio de asociación núm. 010 del 27 de
diciembre de 2007, porque: (i) la UAESP adelantó previamente los trámites
dirigidos a lograr la liquidación bilateral del citado convenio; (ii) a CENASEL se
le requirió con antelación a la expedición dé los actos administrativos
demandados, para que ajustara el informe financiero, conforme a la auditoría
practicada; y (iii) a CENASEL se le brindó la oportunidad para que presentara el
recurso de reposición contra la resolución núm. 937 del 13 de diciembre de 2010.

2.8.4. Por otra parte, el Tribunal advirtió que la inconformidad concerniente a la
indebida notificación de la resolución núm. 135 de 2011 no seria objeto de
análisis para resolver de fondo la controversia, en razón a que no fue invocada
en la demanda como causal de ilegalidad de los actos administrativos
demandados, sino que el demandante lo adujo para demostrar que la citada
irregularidad le había impedido acudir a la jurisdicción de manera oportuna,

2 La prueba trasladada del proceso con el radicado 25000232600020100086501 que se adelantó en la Sección
Tercera de descongestión del Tribunal de Cundinamarca, se incorporó al plenario en virtud de la remisión del
expediente del citado proceso en calidad de préstamo, según consta en el Oficio núm. 1238 LHL del 4 de abril
de 2014 emanado de la Secretaría de la citada Corporación (Escrito sin foliar, C. 3). No obstante, de acuerdo
con el Oficio núm. 2014-JCG-519 del 27 de agosto de 2014 emitido por la Secretaría del Tribunal (f. 232, C.
Principal), la citada prueba trasladada no fue remitida al Consejo de Estado dentro del trámite de la apelación
del fallo recurrido.

Radicado: 25000-23-36400-2013-00526-01 (52109)
Actor: Centro Educativo Nacional de Asesorias Socio
Económicas y Laborales (CENASEL).

dentro del término de caducidad de 4 meses para incoar la demanda de nulidad
o nulidad y restablecimiento del derecho, aspecto que fue resuelto en la
audiencia inicial.

2.8.5. Respecto del incumplimiento de la obligación de pagar las facturas, por la
UAESP, el Tribunal consideró que el acto administrativo de liquidación había
determinado que CENASEL le adeudada a la demandada la suma de
$1.087'035.265, y que tal acto estaba cobijado por la presunción de legalidad,
que el demandante no desvirtuó dentro del proceso. Por consiguiente, la entidad
demandada no incumplió el convenio de asociación. Es CENASEL quien le
adeuda a la UAESP la suma fijada en la resolución.

2.9. El 8 de julio de 2014, el demandante interpuso recurso de apelación (f. 192-229,
C. Principal), formulando como motivos de inconformidad los siguientes:

2.9.1. Sobre la falsa motivación como causal de anulación de los actos administrativos
demandados:

2.9.1.1. Que el a quo partió de la premisa errada de que CENASEL recibió de
la UAESP la suma de $3.262'000.000, cuando en realidad sólo percibió
$1.574'100.000, según dan cuenta las pruebas contables allegadas al proceso.
Por consiguiente, CENASEL sólo es responsable de la anterior suma, más el
aporte equivalente a $400'000.000, que había entregado en cumplimiento del
convenio de asociación núm. 010 de 2007, para un total de $1.974.100.000.

2.9.1.2. El Tribunal, de forma equívoca, asumió como principal la obligación en
cabeza de CENASEL de llevar una contabilidad regular derivada del convenio
de asociación núm. 010 del 27 de diciembre de 2007, bajo la consideración de
que, en virtud de tales convenios, los particulares manejan recursos públicos
para impulsar programas y actividades de interés público, por lo que resulta
fundamental que se demuestre contablemente el destino de los aportes. Sin
embargo, no tuvo presente que la UAESP no entregó la totalidad de los recursos
que se había comprometido y que CENASEL entregó los soportes contables.

2.9.1.3. El a quo no valoró la contradicción que CENASEL hizo, con soportes
contables, del peritaje realizado por el auxiliar de la justicia Carlos Arturo Lanos
Quiñonez, como tampoco atendió a la objeción por error grave al dictamen
pericial, en la que CENASEL descalificó las conclusiones a las que llegó la
contadora Miryam Cecilia Toro, en el informe de la auditoría financiera y fiscal
del convenio, por resultar ajeno a la realidad, y ser resultado de una revisión
incompleta a la contabilidad de CENASEL.

2.9.1.4. El Tribunal pasó por alto que la Dirección Jurídica de la UAESP
desestimó de plano el informe que sobre pago realizado por CONASEL, de
aportes y seguridad social durante la ejecución del convenio de asociación,
presentó el auditor contable, el 10 de julio de 2009. Tampoco tuvo en cuenta el
informe realizado por el ex supervisor del citado convenio.

2.9.1.5. Los recursos que la UAESP entregó a título de aporte en el marco del
convenio de asociación núm. 010 del 27 de diciembre de 2007, en realidad
correspondieron a pagos de honorarios por la prestación de servicios, que se
realizaban tan pronto CONASEL entregaba formalmente los productos a la
UAESP.

2.9.1.6. La orden de realizar la devolución de $1.087'035.26, impartida a
CENASEL, a través de las resoluciones demandadas, implicaba que aquel

Radicado: 25000-23-36-000-2013-00526-01 (52109)
Actor: Centro Educativo Nacional de Asesorias Socio
Económicas y Laborales (CENASEL).

tendría que asumir con su propio pecunio los montos que dejó de aportar la
UAESP, generándose un enriquecimiento sin causa en detrimento suyo.

2.9.1.7. El Tribunal no valoró la prueba documental aportada por la UAESP, que
demostraba los pagos al fisco, al personal, a proveedores y de los aportes a la
seguridad social y parafiscales, ni el auto de archivo por concepto de retención
correspondiente al año 2008 proferido el 2 de noviembre de 2010 por la DIAN,
el acta de verificación núm. 0139 de 2011 del ICBF, el acta de liquidación de
bases salariales del 14 de julio de 2010 de la Caja de Compensación Familiar
COMPENSAR; y las certificaciones emanadas de lá DIAN, que el demandante
aportó como prueba al contestar las excepciones formuladas por la UAESP, que
demostraban que CENASEL no evadía tributos, ni los pagos a los aportes a la
seguridad social y parafiscales.

2.9.2. Sobre la violación del debido proceso por no realizar la audiencia previa a la
expedición de los actos administrativos objeto de control y por irregular notificación de
la resolución núm. 135 del 16 de febrero de 2011:

2.9.2.1. El Tribunal pasó por alto que dentro del proceso no se probó que la
UAESP hubiese realizado la audiencia previa a ja expedición de los actos
administrativos demandados con la asistencia de CENASEL y LIBERTY
SEGUROS S.A., "hecho objetivo que por sí solo sin necesidad de otro análisis
adicional, implicaba la nulidad sustantiva por violación de norma imperativa",
como lo es el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, que desarrolla el derecho
fundamental al debido proceso, prescrito en el artículo 29 de la Constitución
Política.

2.9.2.2. Tampoco estudió de fondo la causal de ilegalidad de la falta de debida
notificación de la resolución núm. 135 del 16 de febrero de 2011, por cuanto en
la demanda así se solicitó. En consecuencia, estabá demostrado que la UAESP
incurrió en una "vía de hecho" en la liquidación, unilateral del convenio de
asociación núm. 010 del 27 de diciembre de 2007.

2.10. Esta Corporación admitió el recurso, en auto del 5 de noviembre de 2014 (f. 235,
C. Principal). Posteriormente, ordenó el traslado a las partes para que alegaran de
conclusión, y al Ministerio Público, para que emitiera concepto, a través de providencia
del 3 de diciembre de 2014 (f. 237, C. Principal). Las partes allegaron escritos de
alegatos (f. 238-285, C. Principal).

III. CONSIDERACIONES

3.1. Sobre los presupuestos materiales de la Sentencia de mérito

3.1.1. Esta Corporación conoce el presente asunto, de acuerdo con el artículo 104 del
CPACA, por tratarse de un litigio relativo a un contratd de una entidad pública —
cualquiera que sea su régimen—, como lo es la Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos3. La Sala es competente, en razón a que el proceso tiene vocación
de segunda instancia en razón a su cuantía, determinada en función al monto de los

3 ACUERDO DEL CONSEJO DE BOGOTA NÚM. 257 DE 2006 "Articulo 116. La Unidad Administrativa Especial
de Servicios Públicos, está organizada como una Unidad Administrativa Especial del orden distrital del Sector
Descentralizado por servicios, de carácter eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica,
autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la Secretaría Distrital del Habitar.
https://www.aIcaldiabogota.gov.co/sisjudnormas/Norma1.jsp?i=223078dt=S

Radicado: 25000-2346-000-2013-00526-01 (52109)
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Económicas y Laborales (CENASEL).

perjuicios causados, que supera el exigido por el artículo 152 del CPACA48 como factor
para la determinación de la 'competencia.

3.1.2. CENASEL está legitimado en la causa por activa, como parte que es del
convenio de asociación núm. 010 del 27 de diciembre de 2007 y eventual afectado
con las resoluciones cuya nulidad acusa. En todo caso, los reparos sobre las
irregularidades en el trámite de expedición y notificación de la resolución núm. 135 del
16 de febrero de 2011 serán objeto de estudio eventual, tomando en consideración
únicamente la afectación de los intereses de CENASEL, y no de la aseguradora Liberty
Seguros S.A., pues esta última no fue vinculada al presente proceso como parte o
tercero interesado.

La UAESP, a su vez, está legitimada en la causa por pasiva6, ya que también
suscribió el mencionado convenio de asociación y fue la entidad que profirió las
resoluciones enjuiciadas.

3.1.3. Para computar el término de caducidad de la acción incoada en el sub judice
es determinante el régimen jurídico aplicable al negocio jurídico que originó esta
controversia, ya que de ello depende la sujeción del contrato a las disposiciones sobre
su liquidación; situación que, a su vez, determina la regla aplicable del artículo 164 del
CPACA con base en la cual debe definirse el punto de inicio del conteo.

3.1.3.1. Pues bien, el convenio de asociación núm. 010 de 2007 fue celebrado con el
propósito de implementar7 el Plan de Desarrollo de Bogotá D.C., adoptado mediante el
Acuerdo No. 119 de 20048, que, como parte de su eje social, contemplaba el desarrollo
de programas para la generación de ingresos de empleo, mediante mecanismos que
promuevan la prosperidad colectiva y la inclusión social de poblaciones vulnerables. De
forma consecuente con lo anterior, el objeto contractual pactado consistió en "promover
procesos asociativos y fortalecer las capacidades de gestión económica y social y la
proyección empresarial de las organizaciones de recicladores de oficio de la ciudad de
Bogotá vinculadas a los proyectos de Inclusión Social, que viene desarrollando la
UAESP, proporcionándole herramientas técnico-pedagógicas apropiadas a sus
características y condiciones organizacionales"9. En el convenio, además, se dejó
constancia de que CENASEL era un entidad privada sin ánimo de lucro (ONG) y que
tenía la idoneidad suficiente para el desarrollo del objeto contractual".

El negocio jurídico, cuya liquidación se discute en este proceso, fue celebrado así entre
una entidad pública y una entidad privada sin ánimo de lucro, para impulsar actividades
de interés público, conforme al plan distrital de desarrollo. Por ende, se rige por el
articulo 355 de la Constitución y el Decreto 777 de 1992, modificado por el Decreto
1403 de 199211. En ejercicio de la atribución constitucional excepcional de regular los

4 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. Acuerdo 257 de 2006. "Artículo 113. Transformación de la Unidad Ejecutiva
de
Servicios Públicos - UESP en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. Transfórmase la Unidad
Ejecutiva de Servicios Públicos, la cual en adelante se denominará Unidad Administrativa Especial de Servicios
Públicos, adscrita a la Secretaría Disttital del Habitar.
En el escrito de la demanda se estableció como valor de la pretensión mayor por concepto de indemnización
por daño emergente la suma de $1.287.900.000, monto que supera la cuantía requerida por el articulo 152 del
CPACA de 500 SMLMV al momento de la presentación de la demanda —en el año 2013 el salario mínimo
equivalía a $589.500—, para que un proceso adelantado en acción de controversias contractuales fuera
considerado como de doble instancia ante esta Corporación.
6 La UAESP es una Unidad Administrativa Especial del orden distrital, del sector descentralizado por
servicios,
adscrita a la Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá, Distrito Capital, conforme al artículo 113 del Acuerdo
número 257 del 30 de noviembre de 2006, expedido por el Concejo de Bogotá.
7 Consideración núm. 8.
8 "Bogotá Sin Indiferencia, un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión 2004-2008".
9 Cláusula primera.
1° Consideraciones núm. 15 y 16.
11 Aptado. 2.1.11.

Radicado: 25000-2346-000-2013-00526-01 (52109)
Actor: Centro Educativo Nacional de Asesorias Socio
Económicas y Laborales (CENASEL).

contratos previstos en el artículo 355 constitucional de forma directa y con rango lega112,
el Gobierno Nacional dispuso que tales negocios jurídicos "deberán constar por escrito
y se sujetarán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre
los particulares, salvo lo previsto en el presente Decreto y sin perjuicio de que puedan
incluirse las cláusulas exorbitantes previstas por el Decreto 222 de 1983" (artículo 1).
Remitió, de esta forma, al derecho común para la regulación de estos contratos, salvo
en lo previsto por el Decreto 777 de 1992 y lo atinente a las cláusulas exorbitantes,
como lo ha considerado esta Sección13.

Este es, pues, el régimen de raigambre constitucional aplicable al convenio de
asociación núm. 010 del 27 de diciembre de 2007, que, corno tal, no era disponible para
las partes contratantes", siendo además este régimen conocido por los suscribientes,
según consta en la comunicación del 28 de enero de 2009, remitida por la directora
general de la UAESP al representante legal de CENASEL:(f. 324-327, C. 3), en la que
dejó claro que el referido negocio jurídico no se regía por la Ley 80 de 199315.

3.1.3.2. Ahora bien, la Sección Tercera ha reiterado" que las facultades excepcionales
o exorbitantes —cuyo pacto es admitido en este tipo de convenios— comprenden todas
las decisiones unilaterales que, por disposición legal, las entidades pueden tomar en el
ámbito de la ejecución de los contratos estatales, en cuan«) rompen la igualdad de las
partes, colocando al contratista en una relación de subordinación jurídica; dentro de las
que se mencionan las decisiones unilaterales de liquidación unilateral de los contratos,
y los actos "que determinan u ordenan la exigibilidad de las garantías constituidas para
amparar diversos riesgos de naturaleza contractual'.

Sin embargo, el precitado artículo 1° del Decreto 777 de 1992 limitó las decisiones
unilaterales admisibles en los contratos con entidades sin' ánimo de lucro referidos en
el artículo 355 de la Constitución. La liquidación unilateral no es así una facultad que
pudiera incluirse en el contrato objeto de este litigio.

3.1.3.3. Así pues, en este asunto, la UAESP y CENASEL estipularon, en la cláusula
décima del convenio de asociación núm. 10 de 2007, lo siguiente:

"ACUERDO ESPECIAL. Además de la posibilidad de terminación de este
convenio por mutuo acuerdo de los contratantes o por parte de la UNIDAD, en
caso en que se verifique que CENASEL está incurso en antecedentes de
interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes
nacionales y de caducidad previstas en la Lev 80 de 1993. Igualmente en cuanto
a su liquidación adición, cesiones, responsabilidad, este convenio se riqe por la
citada ley y en materias no reguladas por ella, p' or las disposiciones de la
legislación civil colombiana".

12 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de 2008, exp. 16230.
13 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 23 de noviembre de 2016, exp.
38310, fundamento jurídico 4.1; auto del 6 de agosto de 2019, exp. 62003. fundamento jurídico 2.3; sentencia
del 3 de abril de 2020, exp. 46963, fundamento jurídico 21.
14 CÓDIGO CIVIL. "Artículo 16. No podrán derogarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia
están interesados el orden y las buenas costumbres".
15 En el escrito del 28 de enero de 2009, con el radicado núm. 2009-EE-467, se precisó: t..] resulta pertinente
mencionar que de conformidad con las estipulaciones del convenio 010 'cle 2007, su naturaleza jurídica es la
de un convenio de asociación celebrado en desarrollo de lo estipulado S el artículo 355 de la Constitución
Política, el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 y los Decretos 777 y 1043 de 1992, normatividad que establece
la facultad para la administración pública de celebrar contratos con entidades sin ánimo de lucro de
reconocida idoneidad, así como la destinación de recursos presupuestares, con el fin de impulsar programas
y actividades de interés público, aspecto que se refleja de manera clara en el objeto del convenio en cuestión
y no a un contrato estatal regido por la Ley 80 de 1993" (f. 324-327, C. 3).
16 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Sala Plena, sentencias del 10 de junio de 2009, exp. 36252; y del
28 de noviembre de 2019, exp. 36600.

Radicado: 25000-23-36-000-2013-00526-01 (52109)
Actor: Centro Educativo Nacional de Asesorias Socio
Económicas y Laborales (CENASEL).

Para el 27 de diciembre de 2007, cuando fue suscrito el convenio de asociación núm.
10, el artículo 60 de la Ley 80 de 199317 —con la modificación que se produjo con la
Ley 1150 de 1150 de 20071°— en los que se preveían plazos sucesivos para la
liquidación bilateral y unilateral, de cuatro (4) y dos (2) meses respectivamente.

En este orden de ideas, el término de caducidad en el sub lite, por tratarse de un
contrato en el que la liquidación unilateral no era admitida, debería contarse desde el
momento en el que culminara el plazo para la liquidación bilateral. En la cláusula
séptima del convenio de asociación núm. 010 de 2007 se pactó un plazo de un año (f.
145-153, C. 3). La suscripción del acta de inicio, a partir de la cual comenzaba el
cómputo del plazo convenido, se produjo el 28 de diciembre de 2007 (f. 206, C. 3).
Posteriormente, en el acto de modificación y prórroga núm. 11°, el plazo fue ampliado
en 4 meses y 18 días(f. 189-195, C. 3); en la núm. 22° el plazo fue prorrogado por 15
días(f. 196-199, C. 3); en la modificación y prórroga núm. 321 lo fue en 1 mes y 15 días
(f. 200-202, C. 3); y, finalmente, en el núm. 422 se acordó una prórroga de 15 días más
(f. 203-25, C. 3).

Entonces, el convenio de asociación núm. 010 de 2009 terminó el 31 de julio de 2009,
y el plazo para liquidarlo bilateralmente culminó el 31 de noviembre de 2007; de acuerdo
con el artículo 136.10.d) del CCA23-24, el plazo para el ejercicio oportuno de la acción
culminaba el 1° de agosto de 2011; y la demanda fue presentada inoportunamente, el
25 de abril de 2013 (f. 47, c. 1).

17 "Artículo 60. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el
tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes,
procedimiento que se efectuará dentro del término fijado en el pliego de condiciones o términos de referencia
o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del
contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la
disponga". 18 «Artículo 11.Del plazo para la liquidación de los contratos. La liquidación de los contratos se hará de mutuo
acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden
las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto
administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. II En aquellos casos en que
el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las
partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral
dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A. [...]
Artículo 32. Derogatoria. A partir de la vigencia de la presente ley, quedan derogados los siguientes artículos
de la Ley 80 de 1993: [...] el inciso 1° del articulo 60 con excepción de la expresión tos contratos de tracto
sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolonguen en el tiempo y los demás que lo requieran
serán objeto de liquidación" el artículo 61 [...]"»
18 "CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el plazo del Convenio de Asociación núm. 010 de 2007 por el término
de
cuatro (4) meses, y dieciocho (18) días calendario, contados a partir del veintiocho (28) de diciembre de 2008,
esto es, hasta el día 16 de mayo de 2009. 213 "CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el plazo del Convenio de Asociación núm. 010 de 2007 por el término de
quince (15) días calendario, contados a partir del día diecisiete (17) de mayo de 2009, esto es, hasta el día 31
de mayo de 2009".
"CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el plazo del Convenio de Asociación núm. 010 de 2007 por el término de
un (1) mes y quince (15) días, contados a partir del día primero (1) de junio de 2009 inclusive". 22 "CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el plazo del Convenio de Asociación núm. 010 de 2007 por el
término de
quince (15) días calendario, contados a partir del día diecisiete (17) de julio de 2009 inclusive". 23 OCA. "Artículo 136 [modificado por el artículo 23 del Decreto 2304 de 1989 y por el artículo 44
de la Ley 446
de 1998]. Caducidad de las acciones.10. En las relativas a contratos, el término de caducidad será de dos (2)
años que se contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les
sirvan de fundamento. II En los siguientes contratos, el término de caducidad se contará así: U.] d) En los que
requieran de liquidación y ésta sea efectuada unilateralmente por la administración, a más tardar dentro de los
dos (2) años, contados desde la ejecutoria del acto que la apruebe. Si la administración no lo liquidare durante
los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes o, en su defecto del establecido
por la ley, el interesado podrá acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede judicial a más tardar
dentro de los dos (2) años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidan 1...]". 24 LEY 153 DE 1887. "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad
de los juicios
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.

Pero los términos que
hubieren empezado a correr, y las actuaciones y ditmencias que va estuvieren iniciadas, se regirán noria ley
vicrente al tiempo de su iniciación".

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Económicas y Laborales (CENASEL).

3.1.3.4. No pasa por alto esta Subsección, que en el presente asunto, CENASEL había
acudido previamente a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, con
pretensiones de liquidación del convenio núm. 10 de 2007 y declaración de
incumplimiento por el impago de la UAESP, sobre las cuales se pronunció la
Subsección C de Descongestión de la Sección Tercer del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (f. 73-85, c. 2), que consideró:

«[...] que si bien no se conoce la fecha de expedición y notificación de la
Resolución No. 135 de 2011, por medio de la cual se resolvió el recurso de
reposición incoado por la demandante contra la Resolución No. 937 del 13 de
diciembre de 2010, en virtud de la cual la Unidad Especial de Servicios Públicos
UAESP liquidó unilateralmente el Convenio de dichos actos administrativos fue
expedido después de la presentación de la demanda y antes de la notificación
de la misma, mientras que el segundo fue proferido antes de la apertura a
pruebas dentro del presente proceso, hecho nuevo que debe ser así reconocido
en la sentencia conforme al artículo 305 del Código de Procedimiento Civil.

En consecuencia, no es posible a esta Subsección pronunciarse respecto de la
pretensión de liquidar judicialmente el Convenio de Asociación No. 10 del 27 de
diciembre de 2007, como quiera que el mismo ya fue liquidado de manera
unilateral por la Entidad demandada mediante actos administrativos que se
encuentran debidamente ejecutoriados, y entre las pretensiones incoadas no se
encuentra la declaratoria de nulidad de las Resoluciones No. 937 del 13 de
diciembre de 2010 y No. 35 de 2011 [...]».

3.1.3.5. En su jurisprudencia unificada, esta Sección25 ha considerado que en caso de
duda sobre la aplicación de las normas y reglas sobre la caducidad, "debe privilegiarse
una interpretación favorable al ejercicio de la acción, que permita presentar ante los
jueces reclamaciones de contenido indemnizatorio y, en general, que facilite el control
de la actividad administrativa y la protección de garantías y derechos fundamentales".
Atendiendo a ello, así como al principio de seguridad jurídica25, que se expresa
también a través de las decisiones jurisdiccionales, y que justifica una institución
limitativa del derecho de acción, como lo es la caducidad, la Sala tomará la fecha de
ejecutoria de la resolución núm. 135 del 16 de febrero de 20111, como punto de inicio
del conteo del término de caducidad, como lo hizo el a quo al admitir la presente
demanda (f. 50, c. 1), sin que la demandada formulara excepción sobre tal punto.

En razón a lo anterior y al pronunciamiento jurisdiccional que negó un análisis de
fondo sobre el asunto, por considerar que las resoluciones con las que el convenio de
asociación núm. 10 de 2007 fue liquidado eran actos administrativos, en este asunto,
la Sala, excepcionalmente, tomará como punto del inicio del conteo d la caducidad el
16 de marzo de 2011, día siguiente al de la ejecutoria de la resolución núm. 135 del
16 de febrero de 2011, que se habría producido el 15 de marzo de 201127. Tras ello,
el 4 de febrero de 2013 el demandante presentó solicitud de conciliación ante la

25 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, auto de unificación del 1° de agosto de 2019, exp. 62009.
26 "De antaño, los términos procesales, entre ellos el término para el ejercicio oportuno de la acción -nominado
en relación con la sanción que conlleva su transgresión-, han tenido un sustento similar en cuanto manifiestan
el orden que deben observar quienes acuden a la administración de justicia. En el caso de la caducidad, se
justifica especialmente por la necesidad de brindar certidumbre al conjunto de la sociedad en sus relaciones
jurídicas y a la necesidad de mantener el orden público y el tráfico económico, vistas en función del principio de
seguridad jurídica, pero también de la salvaguarda de los derechos de acceso a la administración de justicia, al
debido proceso y a la pronta resolución de los conflictos jurídicos". I bídem. ,
27 La Sala advierte que la constancia de ejecutoria que obra en el folio 819 del Cuaderno N. 2 está muy ilegible
por su gran deterioro. Sin embargo, al verificar el auto admisorio de la demanda del 14 de mayo de 2013 (f. 50-
51, C. 1) se aprecia que el Tribunal hizo el análisis de la caducidad como requisito de procedibilidad de la acción
en donde se analizó el aludido documento en donde consta que el acto administrativo quedó ejecutoriado el 15
de marzo de 2011. La anterior providencia no fue objeto de recurso alguno por las partes.

Radicado: 25000-23-36-000-2013-00526-01 (52109)
Actor: Centro Educativo Nacional de Asesorias Socio
Económicas y Laborales (CENASEL).

Procuraduría General de la Nación, la cual se declaró fallida el 4 de abril de 2013 (f.
810-811, C. 3). Y, finalmente, la demanda que dio origen a este proceso fue presentada
oportunamente el 25 de abril de 2013 (f. 1-47, C. 1).

3.1.4. Un juicio diferente sobre el ejercicio oportuno de la acción debe realizarse
con respecto a la pretensión subsidiaria de declaración de la nulidad absoluta del
convenio de asociación" por violación a la ley y los derechos fundamentales al debido
proceso, ejercicio al derecho de defensa y de acceso a la justicia de CENASEL, pues,
según el literal e) del numeral 10 del artículo 136 del CCA, dicha pretensión debía
someterse a juicio dentro de los dos (2) años siguientes al perfeccionamiento del
contrato, lo que ocurrió el 27 de diciembre de 2007. Por ende, como la demanda fue
presentada el 25 de abril de 2013, se superó con creces el término bienal prescrito en
la citada norma.

3.2. Problemas Jurídicos

3.2.1. En procura de salvaguardar el derecho fundamental al debido proceso, no
corresponde a la Sala resolver aspectos que, de manera previa, no hubiesen sido
esgrimidos en el texto de la demanda (causa petendi y pet/turn). La doctrina29 ha
precisado que la pretensión, cuyo fin consiste en la tutela de un interés jurídico
determinado, tiene dos elementos esenciales: su objeto y su razón. El objeto es el
efecto jurídico que específicamente es perseguido, el cual puede ser un derecho, una
relación jurídica o la responsabilidad del demandado. Mientras, la razón de la
pretensión, que se identifica con la causa petendi, es el fundamento del objeto, "o sea
el conjunto de hechos que constituyen el relato histórico de las circunstancias de donde
se cree deducir lo que se pretende y la afirmación de su conformidad con el derecho en
virtud de determinadas normas de derecho material'. Se ha sostenido así, en un sector
de la doctrina", que la causa petendi comprende los fundamentos de derecho —
además del sustento fáctico— de las pretensiones. Estos elementos de la pretensión
determinan "el alcance y sentido del litigio, del proceso y de la cosa juzgada"31.

En el ordenamiento contencioso-administrativo colombiano, la inclusión del aspecto
jurídico se determina en función de la acción o medio de control incoado. En asuntos
de reparación directa, en razón al carácter abstracto del artículo 90 de la Constitución
y la ausencia de un régimen legal positivo sobre la responsabilidad extracontractual del
Estado, la jurisprudencia de esta Sección ha considerado reiteradamente que la causa
petendi se circunscribe a los hechos en los que se funda la controversia32. En el otro
extremo, en asuntos de nuliciad o de nulidad y restablecimiento del derecho, la Sección
ha considerado que el concepto de la violación, en el que se entrelazan los fundamentos
fácticos y jurídicos de las pretensiones, configura la causa petendi, tomando en
consideración que, en tales casos, corresponde al demandante abatir la presunción de
legalidad del acto administrativo atacado33, lo que implica la carga de identificar las
normas violadas y el concepto de la violación, que impone al actor el artículo 137.4 del
CCA34. En tales asuntos, no obstante, el juzgador debe proteger los derechos

28 La Sala aclara que el demandante para invocar la nulidad absoluta del convenio de
asociación núm. 10 no
hizo referencia a alguno(s) de (los) 4 escrito(s) de Modificación y Prórroga que suscribieron las parles, sino que
se circunscribió al convenio de asociación como tal.
29 DEVIS ECHANDIA, compendio de Derecho Procesal, Tomo I: "Teoría
general del proceso", 9 8 edición,
editorial ABC, Bogotá, 1984, pp. 196-199.
3° QUINTERO, Beatriz, y PRIETO, Eugenio, Teoría General del Proceso, 311
edición, Temis, Bogotá, 200, pp.
260-261.
31 DEVIS ECHANDiA, compendio de..., pp. 261.
32 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 14 de febrero de
1995, exp. S-123.
33 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 7 de octubre de 2009, exp.
19486; y Subsección C,
sentencia del 31 de agosto de 2020, exp. 44414, entre otras.
34 CCA. "Artículo 137. Toda demanda ante la jurisdicción administrativa deberá
dirigirse al tribunal competente
y contendrá: [...] 4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un
acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación".

Radicado: 25000-23-36-000-2013-00526-01 (52109)
Actor: Centro Educativo Nacional de Asesorias Socio
Económicas y Laborales (CENASEL).

fundamentales cuya violación advierta y dar primacía a: la Constitución en caso de
incompatibilidad con una norma inferior, pese a no estar referido en el concepto de la
violación, como lo determinó la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad
condicionada del mencionado artículo 137.4 del CCA35.

En este orden de ideas, en el Derecho administrativo colombiano, la integración de los
fundamentos jurídicos en la causa petendi es determinada en función de la existencia
de un régimen jurídico aplicable, de la presunción de legalidad del acto demandado —
que conlleva unas cargas para quien lo impugna— y del carácter público superior de
los intereses jurídicos en cuestión.

Ahora bien, en las controversias contractuales, existe un régimen jurídico minucioso y
se debaten intereses jurídicos que generalmente son particulares y transigibles, por lo
que pueden ser objeto de un negocio jurídico, salvo ciertas excepciones que, como las
facultades excepcionales, atienden a un interés público. Aparte, en ciertos casos, en
las controversias contractuales se produce la impugnación jurisdiccional de actos
administrativos expedidos con ocasión de la actividad contractual.

Por lo tanto, en las pretensiones sobre contratos estatales, la causa petendi comprende
los fundamentos jurídicos de la demanda, particularmente.en los asuntos en los que se
suplique la nulidad de actos administrativos, en los que la acción de controversias
contractuales, y la de nulidad y restablecimiento del derecho se refunden36, como lo ha
considerado recientemente la Subsección A de esta Sección". Esto, en todo caso, no
impone una interpretación literal de la demanda, especialmente cuando se presenten
asuntos complejos o se advierta vaguedad, ambigüedad o anfibología38-35.

El concepto de la violación configura así la causa petendi, por lo que si, al incorporar
razones no alegadas, esta es modificada, al pronunciarse, el juzgador estaría
decidiendo fuera de lo pedido ("extra petita")". Con ello, se afectaría la defensa de los
derechos de la contraparte, produciéndose así una violación al debido proceso, que
impide al juzgador resolver sobre lo argumentado con fundamento en el principio jura
novit curia41.

35 "RESUELVE: II Declarar EXEQUIBLE el aparte demandado del numeral 4 del artículo 137 del Código
Contencioso Administrativo, bajo la condición de que cuando el juez administrativo advierta la violación de un
derecho fundamental constitucional de aplicación inmediata, deberá proceder a su protección, aun cuando el
actor en la demanda no hubiere cumplido con el requisito de señalar las normas violadas y el concepto de
violación. Igualmente, cuando dicho juez advierte incompatibilidad entre la Constitución y una norma jurídica
tiene la obligación de aplicar el art. 4 de la Constitución". CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-197 de 199.
36 CA. "Artículo 87. De las controversias contractuales. Cualquiera de 14 partes de un contrato estatal podrá
pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones
consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable
a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas. II Los actos proferidos antes de la
celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual, serán demandables mediante las acciones de
nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecha seaún el caso, dentro de los treinta (30) días siauientes a
su comunicación, notificación o publicación. La interposición de estas acciones no interrumpirá el proceso
licitatorio, ni la celebración y ejecución del contrato. Una vez celebrado éste, la ilegalidad de los actos previos
solamente podrá invocarse como fundamento de nulidad absoluta del contrato" (subrayado añadido).
37 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección A, sentencia :del 20 de noviembre de 2020, exp.
47201, fundamento jurídico 3.2.1.
38 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencias de 22 de noviembre de 1991, exp. 6223; del 23 de
2003, exp. 22113; y de 29 de enero de 2009, exp. 15662. Subsección A, Sentencias de 10 de marzo de 2011,
exp. 18761; de 26 de agosto de 2015, exp. 53497; de 13 de febrero de 2013, exp. 42248; de 17 de abril de
2013, exp. 42532; de 3 de julio de 2020, exp. 48260; de 9 de abril de 2021, exp. 52028. Subsección B, sentencias
de29 de enero de 2016, exp. 36245. Subsección C, sentencias de 15 de octubre de 2015, exp. 34952; de 22 de
octubre de 2015, exp. 35736; de 19 de agosto de 2016, exp. 57380; y de del 27 de septiembre de 2016, exp.
46796; y auto de 31 julio de 2020, exp. 62372.
39 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, sentencia del 31 de agosto de 2009, rad. 2003-
00318.
4° CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 7 de octubre de 2009, exp. 19486.
4' CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 14 de febrero de 1995, exp.
S-123.

Radicado: 25000-2336-000-2013-00526-01 (52109)
Actor: Centro Educativo Nacional de Asesorias Socio
Económicas y Laborales (CENASEL).

3.2.1.1. Así pues, frente al cargo de alzada concerniente a la omisión del estudió de la
causal de nulidad por falta de debida notificación de la resolución núm. 135 del 16 de
febrero de 2011, se advierte que en la demanda no se planteó la indebida notificación
como causal de nulidad de la citada resolución, sino que el demandante lo adujo tanto
en el petitum42 como en la causa petendi43, para demostrar que tal falencia le había
impedido acudir a la jurisdicción de manera oportuna dentro del término de caducidad
de 4 meses para ejercer las acciones de nulidad o de nulidad y restablecimiento del
derecho. Tras ello, en la audiencia inicial celebrada en este proceso, el a quo determinó
que los hechos concernientes a las irregularidades en la notificación del citado acto
administrativo" tenían relación con T..] la caducidad de la acción tema que fue
discutido desde el auto admisorio de la demanda y que no fue alegada como excepción
previa, razón por la cual, éstos hechos no harán parte de la fijación del litigio"; sin
que tal decisión fuera objeto de reparo alguno por la parte demandante (f. 117, C. 1).
En todo caso, al descartarse su configuración como actos administrativos, el cargo
deviene inane.

3.2.1.2. En cuanto a la inconformidad que formuló el recurrente sobre un eventual
enriquecimiento sin causa de la UAESP en detrimento de CENASEL, ocasionado por
las resoluciones demandadas, al ordenarle la devolución de $1.087'035, se advierte
que en el petitum y en la causa petendi de la demanda no se planteó que los actos
administrativos demandados generaron un enriquecimiento sin causa de la entidad
demandada en perjuicio del demandante.

3.2.1.3. En consecuencia, la Sala se abstiene de analizar dos anteriores reparos que
adujo el apelante en su recurso, porque al hacerlo se atentaría el principio de
congruencia, y, por ende, el debido proceso de la parte demandada

3.2.2. De acuerdo con lo considerado previamente, la demandada no estaba facultada
para liquidar unilateralmente el convenio de asociación núm. 010 del 27 de diciembre
de 2007, por lo que las resoluciones demandadas en este asunto no ostentan la
condición de actos administrativos, como fueron concebidas por el demandante —y por
el a quo— esbozando, bajo ese presupuesto, las pretensiones y el concepto de la
violación en el escrito introductorio.

42 En la pretensión subsidiaria núm. 2, el demandante reclamó: "SEGUNDA: Que se declare que la UNIDAD
AMINISTRATIVIA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS UAESP en desarrollo de dicho contrato incurrió en
una vía de hecho que implicó flagrante violación delprincipio de publicidad de las actuaciones administrativas,
de que trata el artículo 3° inciso séptimo del Decreto 01 de 1984 al notificar la Resolución administrativa No 135
de fecha 16 de febrero del 2011, mediante la cual resolvió los recursos de reposición oportunamente
presentados por el CENTRO EDUCATIVO NACIONAL DE ASESORIAS SOCIOECONÓMICAS Y LABORALES
-CENASEL- y LIBERTY SEGUROS S.A., contra la Resolución No. 937 del 13 de diciembre de 2010, que liquidó
unilateralmente el Convenio de Asociación número 010 de 2007, suscrito entre la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS UAESP y el CENTRO EDUCATIVO NACIONAL DE ASESORIAS
SOCIOECONOMICAS Y LABORALES -CENASEL-, en razón a que se violó flagrantemente la regla del artículo
44 del decreto 01 de 1984, que exigía que dicho acto administrativo fuera notificado personalmente al
interesado, o su representante o apoderado, y para tal efecto se debió enviar por correo certificado una
citación a la dirección que CENASEL y SEGUROS LIBERTY S.A. habían registrado como de notificaciones al
intervenir por primera vez en la actuación, pero adicionalmente el EDICTO mediante el cual se suplió la
notificación personal no fue fijado en lugar público del respectivo despacho, lo que impidió que el CENTRO
EDUCATIVO NACIONAL DE ASESORIAS SOCIOECONOMICAS Y LABORALES -CENASEL-, se enterara
oportunamente del acto administrativa [sic] y dentro del término previsto por el artículo 164 del código
contenciosos (sic), adelantara las respectivas acciones de nulidad ola de nulidady restablecimiento del derecho"
(f. 7, C. 1).
43 En el hecho núm. 53 del libelo introductorio, el demandante dijo: "53. Cuando
CENASEL y LIBERTY
SEGUROS S.A. se enteraron de la existencia de la Resolución 135 de 2011, ya habían transcunido más de
cuatro meses de la ejecutoria de dicho acto administrativo, razón por la cual no han podido adelantar la acción
de nulidad, o de nulidad y restablecimiento del derecho contra tal providencia, viendo cercenado su derecho de
defensa y la posibilidad de ejercitar acciones que en desarrollo de un debido proceso le hubiesen permitido
atacar el acto administrativo que hoy funge como título ejecutivo en su contra" (f. 22, C. 1).
" Hechos 44 al 46, y 51 al 53 de la demanda.

Radicado: 25000-2346-000-2013-00526-01 (52109)
Actor: Centro Educativo Nacional de Asesorlas Socio
Económicas y Laborales (CENASEL).

3.2.2.1. En la jurisprudencia de esta Sección", en línea con la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia", se ha considerado reiteradamente que el juzgador
tiene el deber de interpretar la demanda, en razón a la prevalencia del derecho
sustancial, que orienta la función jurisdiccional47; orientación que impone una
interpretación de las normas adjetivas que tenga en cuenta en que el objeto de los
procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley". Esta
interpretación debe realizarse, particularmente, cuando se advierta "ambigüedad,
vaguedad o anfibología, [...] sea por la complejidad del asunto, sea por cualesquiera
falencia o defecto de suficiencia técnica, terminológica o descriptiva". En estos casos,
la labor hermenéutica debe atender al conjunto integral dejas pretensiones, los hechos
y argumentos jurídicos trazados en el libelo inicial, sin aferrarse al sentido literal de las
palabras, para determinar el sentido prístino de los motivos de inconformidad
expresados por el actor, como razón de la protección judicial deprecada. En todo caso,
en ello deben seguirse los ejes definidos por la causa petendi y el petitum, que
determinan la congruencia del fallo.

3.2.2.2. En este asunto, salta a la vista la ambigüedad sübre el alcance de los actos
demandados. Por ello, esta Subsección, al definir a continuación los problemas
jurídicos, los encausará desde la perspectiva del derecho privado. En este régimen,
como lo ha precisado la jurisprudencia", la liquidación que cualquiera de las partes
efectúe equivale a un corte de cuenta que, a diferencia dejos actos administrativos, no
tienen un carácter ejecutivo ni ejecutoria, ni están ampárados por la presunción de
legalidad.

El litigio, en lo atinente a una eventual falsa motivación, eri lugar de enfocarse así en la
aniquilación de la presunción de legalidad del acto, debe Pentrarse en el cumplimiento
de las obligaciones contractuales de CENASEL, que está —como actora— aduce en
oposición al cruce de cuentas efectuado por la UAESP, de acuerdo con el cual, aquella
debía cancelarle $1.084'035.265, por la "ausencia en el soporte de los gastos de los
recursos entregados por la UAESP a CENASEL". Mientras que, con respecto a la
violación del debido proceso en la declaración de la ocurrencia del siniestro, el análisis
se centrará, desde la perspectiva del derecho privado, en,la procedencia de la noticia
del siniestro que, como beneficiario, le correspondía al ente demandado.

45 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencias de 22 de noviembre de 1991, exp. 6223; del 23 de
2003, exp. 22113; y de 29 de enero de 2009, exp. 15662. Subsección A, sentencias de 10 de marzo de 2011,
exp. 18761; de 26 de agosto de 2015, exp. 53497; de 13 de febrero de' 2013, exp. 42248; de 17 de abril de
2013, exp. 42532; de 3 de julio de 2020, exp. 48260; de 9 de abril de 2021, exp. 52028. Subsección B, sentencias
de29 de enero de 2016, exp. 36245. Subsección C, sentencias de 15 de octubre de 2015, exp. 34952; de 22 de
octubre de 2015, exp. 35736; de 19 de agosto de 2016, exp. 57380; y dé del 27 de septiembre de 2016, exp.
46796; y auto de 31 julio de 2020, exp. 62372.
46 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, sentencia del 31 de agosto de 2009, rad. 2003-
00318.
47 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. "Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública.
Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que
establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con
diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo".
48 CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO. "Articulo 11. Al interpretar la ley procesal eljuez deberá tener en cuenta
que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Las
dudas que sudan en la interpretación de las normas del presente código deberán aclararse mediante la
aplicación de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el
debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los demás derechos constitucionales
fundamentales. El juez se abstendrá de exigir y de cumplir formalidades innecesarias".
48 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencias del 8 de junio de 2018, exp. 38120; y
del 30 de septiembre de 2019, exp. 43036, entre otras.

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Económicas y Laborales (CENASEL).

3.2.3. En atención a las anteriores consideraciones y a los cargos esgrimidos por el
apelante, que —según el artículo 3285° del CGP°1, aplicable en este asunto°2—
delimitan el juicio del ad quem, la Sala procederá a resolver los siguientes problemas
jurídicos:

3.2.3.1. ¿Cumplió CENASEL las obligaciones pactadas en el convenio de
asociación núm. 010 del 27 de diciembre de 2007 y, consecuentemente, no
adeuda $1.084'035.265 a la UAESP?

3.2.3.2. ¿Al dar noticia sobre el siniestro amparado con la póliza de
cumplimiento, la UAESP vulneró el debido proceso de CENASEL, por haber
omitido la audiencia preceptuada por el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007?

3.2.4. En caso de que la respuesta a alguno de los anteriores problemas fuere
afirmativa, procederá la Sala a analizar las pretensiones condenatorias, ya que habría
lugar a su estimación, únicamente, si se acreditare el cumplimiento del convenio de
asociación núm. 010 del 27 de diciembre de 2007 por CENASEL, y el incumplimiento
correlativo en la entrega de aportes por la UAESP. Solo así tendría lugar el estudio de
la omisión en la entrega de los fondos a cargo de la UAESP, que adujo la actora en la
alzada (aptado. 2.9.2.1), siendo este un hecho que guarda relación únicamente con la
pretensión de declarar el incumplimiento en los pagos a cargo de la UAESP (aptado.
2.1.iii), ya que la mora —presupuesto del incumplimiento— solo se produce cuando la
contraparte ha cumplido lo pactado, conforme al artículo 1609 del CC".

3.3. Primer problema jurídico:
Sobre el cumplimiento de las obligaciones de CENASEL

3.3.1. Los contratos, como fuente de obligaciones, vinculan a las partes, no solo a lo
que en ellos se expresa, sino a todo lo que emana de la naturaleza de la obligación o
que por ley le pertenecem. Las obligaciones deben ser, pues, cumplidas por las partes
contratantes dentro del plazo pactado, so pena de incurrir en mora que, cuando sea el
resultado de fa culpa del deudor, salvo pacto en contrario",hace a éste, responsable

513 "Artículo 328. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos
por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley II
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitaciones. II En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia
para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. II El juez no podrá hacer más
desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar
puntos íntimamente relacionados con ella. II En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes,
salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia".
51 El COP es el régimen procesal de integración residual en el presente asunto, toda vez
que el recurso de
apelación fue presentado el 25 de noviembre de 2014, es decir, con posterioridad al 1 de enero de 2014, fecha
de entrada en vigencia del COP, según lo preceptuado en el numeral 6 del articulo 624 ibidem.
52 CPACA. "Artículo 306. En los aspectos no contemplados en este Código se
seguirá el Código de
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan
a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo'.
53 CÓDIGO CIVIL. "Artículo 1609. En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en
mora dejando
de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana a cumplido en la forma y tiempo
debidos".
54 CÓDIGO CIVIL. "Artículo 1494. Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las
voluntades de dos o más
personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como
en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que
ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos; ya por disposición de la ley como entre los padres
y los hijos de familia. U.] Artículo 1602. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y
no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. II Artículo 1603. Los contratos
deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las
cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella".
55 CÓDIGO CIVIL. "Artículo 1604. El deudor no es responsable sino de la culpa
lata en los contratos que por su
naturaleza solo son útiles al acreedor; es responsable de la leve en los contratos que se hacen para beneficio
recíproco de las partes; y de la levísima en los contratos en que el deudor es el único que reporta beneficio.
El deudor no es responsable del caso fortuito, a menos que se haya constituido en mora (siendo el caso II
fortuito
de aquellos que no hubieran dañado a la cosa debida, si hubiese sido entregado al acreedor), o
que el caso

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Económicas y Laborales (CENASEL).

de la totalidad de los daños causados a términos de lo preceptuado en el artículo 1604
del Código Civil.

3.3.2. En la resolución núm. 937 de 2010 (f. 789-792,C. 3), la UAESP ordenó a
CENASEL el pago de $1.087'035.265 o la suma que resultara de la diferencia entre tal
valor y lo cancelado por la aseguradora que garantizó el cumplimiento del contrato, al
considerar:

3.3.2.1. Que la UAESP le había entregado a CENASEL $1.574100.000, sin que
esta última hubiera presentado soportes contables válidos que acreditaran la
ejecución de $853329.747, debido a que: (I) los recibos que esta entregó no
cumplían con los requisitos que, para la factura de venta, establecían los
artículos 774 del CCo y 617 del Estatuto Tributario ("ET"); (ii) Entre las facturas
que CENASEL entregó había algunas que cbrrespondían a gastos de
administración; (iii) el revisor fiscal de CENASEL, Alberto Zambrano Carvajal,
presentó cuentas de cobro por acompañamiento contable y tributario, y
aprendizaje y manejo de libros, con lo que violó la. preceptiva del artículo 205.3
del CCo.; (iv) los contratos laborales celebrados con profesionales, por un
salario mínimo, que CENASEL presentó, incluyeron gastos de alimentación y
transporte que no forman parte del salario, y en las cuentas de cobro fueron
incluidos contratos laborales y de prestación de servicios que ya venían siendo
ejecutados, sin que a las cuentas de cobro se allegara el RUT de las personas
contratadas, ni soportes de pagos a la seguridad social ni de aportes
parafiscales; (v) algunos de los contratos laborales que CENASEL presentó
estaban sin firmar por los trabajadores; y (vi) se encontró un doble cobro por
$715'770.253.

3.3.2.2. Que de los $400'000.000 que CEN4SEL debía aportar como
contrapartida, no justificó el gasto de $228'705.518, porque, como soporte de su
ejecución, presentó únicamente: (i) actas firmadas después de la terminación del
contrato; y (ii) comprobantes de pagos de sarvicios atrasados, otros no
correspondían a las bodegas de la asociación ni al transporte para asistir a
reuniones del convenio, o acreditaban el pago de irtipuestos.

3.3.3. El anterior corte de cuentas (la resolución núm. 937 de 2010) fue confirmado por
la UAESP, mediante la resolución núm. 135 de 2011 (f. 793-806, c. 3), al considerar
que:

3.3.3.1. «[L]a obligación de rendir informes financieros consistía no solo en
entregar una lista informal, no registrada, de los gastos en que supuestamente
incurrió CENASEL en la ejecución del Convenio, sino en llevar una contabilidad
seria con el pleno cumplimiento de las exigencias legales en esta materia, lo que
a todas luces no ocurrió, como lo evidenciarlos las auditorías adelantadas, de
las que resaltamos las conclusiones las que arribó la "Auditoría Financiera y
Fiscal al Convenio [...]", sobre el particular dijo en su informe forense:

Sobre la forma como se lleva la contabilidad.

fortuito haya sobrevenido por su culpa. II La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido
empleado; la prueba del caso fortuito al que lo alega. II Todo lo cual, sin embargo, se entiende sin perjuicio de
las disposiciones especiales de las leyes, y de las estipulaciones expresas de las parte. [...] Artículo 1608. El
deudor está en mora: II lo.) cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado; salvo que la
ley, en casos especiales, exija que se requiera al deudor para constituidoen mora. II 20.) Cuando la cosa no ha
podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto tiempo y el deudor lo ha dejado pasar sin dada o ejecutada.
II 3o.) En los demás casos, cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor. [...] Artículo
1615. Se debe la indemnización de perjuicios desde que el deudor se ha constituido en mora, o, si la obligación
es de no hacer, desde el momento de la contravención".

Radicado: 25000-23-36-000-2013-00526-01 (52109)
Actor: Centro Educativo Nacional de Asesorias Socio
Económicas y Laborales (CENASEL).

"a. Se desconocen las técnicas contables que regulaban la forma como se debe
llevar la contabilidad en Colombia.
b. La contabilidad no se lleva de acuerdo con las normas de contabilidad
generalmente aceptadas.
c. El contratista canceló el valor de la póliza del otrosí del convenio con cargo al
valor del mismo, cuando ha debido hacerlo con recursos propios.
d. No se logró obtener evidencia de cancelación de la mayoría de los pagos
realizados en el año 2008 que figuraban en la contabilidad del contratista, para
el año 2009 la situación cambió y se encontró la mayoría.
e. No se encontró evidencia de los gastos de transporte contemplados en la
mayoría de los contratos de trabajo firmados.
f. No fue posible tener conocimiento de si existe licencia del software de
contabilidad.
g. El contratista no mantiene los archivos de la contabilidad de acuerdo con las
[sic] sobre la materia y por el tiempo estipulado [sic] en el Código de Comercio
que es de 10 años.
h. El contratista no lleva la contabilidad por el sistema de causación.
L Todos los comprobantes de egreso tienen como fecha el último día de cada
mes.
j. No se obtuvo evidencia de la cancelación de los diferentes pagos, realizados
con cargo al convenio.
k. Los recursos con destino al proyecto no fueron manejados en una cuenta
bancaria exclusiva para el convenio.
I. Se encontraron cuentas de cobro presentadas por sociedades, que tienen la
obfigación de facturar con el lleno de los requisitos legales.
m. Se encontraron cuentas de cobro soportadas con documentos que no reúnen
los requisitos de ley
n. La sociedad Zambrano Asesores LTDA presentó cuentas de cobro por
$55.400.000 estando obligada a facturar con el lleno de los requisitos legales.
o. El señor Alberto Zambrano Carvajal revisor fiscal de CENASEL aparece con
pagos mediante cuentas de cobro por la suma de $47'500.000, violando normas
que prohiben a dichas personas desempeñar otro cargo en la empresa o en sus
subordinadas.
p. Se encontraron cuantas de cobro aportadas como gasto y no contabilizadas".

Adicionalmente, con respecto a los estados financieros, el Contador afirmó que:
"a. El contratista no suministró los estados financieros solicitados. B. Se aprecia
desconocimiento de la técnica de presentación de los estados financieros de
Colombia"».

3.3.3.2. «a. Se aprecia un desconocimiento total de la legislación laboral en
Colombia.
b. A la mayoría de los trabajadores se le han realizado pagos adicionales a los
convenidos en el contrato de trabajo, los cuales constituyen salario de acuerdo
con la legislación laboral, por lo tanto existe un pasivo con ese trabajador y la
posibilidad de demandas futuras.
c. Se encontraron empleados que figuran en nómina y no les pagan salados.
d. Se encontraron en la nómina personas con contrato de prestación de
servicios, por quienes se realizaron apodes a la seguridad social, elemento éste
que configura la existencia de un contrato de trabajo, dejando abierta la
posibilidad de demandas laborales.
e. Analizando los pagos realizados a los trabajadores, no se puede establecer
con certeza cuales corresponden al contrato de trabajo y cuáles no, porque casi
todos los empleados presentaron cuentas de cobro por servicios prestados los
cuales son pagos no tenidos en cuenta como salario.

Radicado: 25000-23-36-000-2013-00526-01 (52109)
Actor: Centro Educativo Nacional de Asesorias Socio
Económicas y Laborales (CENASEL).

I De la totalidad de personas que estuvieron vinculadas con contrato de trabajo
al convenio durante la ejecución, solamente dos y tres están registradas
contablemente como gastos laborales, los demás aparecen como prestadores
de servicios y prestando cuentas de cobro por diferentes actividades.
g. La mayoría de trabajadores no fueron afiliados a las entidades de seguridad
social
h. No se encontró evidencia de pago a los trabajadores, lo cual deja abierta la
posibilidad de demandas por incumplimiento del cohtrato de trabajo.
L No fue posible establecer si CENASEL cumplió con la obligación de pagar los
aportes a la seguridad social, porque no aportó,. la información de manera
individual sino resúmenes de la misma.
j. El contratista no dio cumplimiento a la obligación de entregar dotaciones a
uniformes de labor a los trabajadores que tenían, derecho en su tiempo que
laboraron para el convenio.
It A la mayoría de los trabajadores se les dejó de'tener en cuenta los factores
con constituyen salario, para efectos de liquidar laá prestaciones sociales.
I. Varios de los trabajadores al servicio del convenio, no fueron contratados para
laborar específicamente en el mismo.
m. Se encontró un contrato de trabajo que dice ser inferior a un año, pero que al
calcular la duración supera el año en seis día.
n. Se encontraron varias liquidaciones de contrato de trabajo en las cuales se le
tiene en cuenta al trabajador tiempo no servido al convenio como gastos a cargo
del mismo.
o. Se encontraron trabajadores que teniendo formado contrato de prestación de
servicios, aparecen en la nómina como empleados del convenio.
p. Hay personas que teniendo firmado contrato de aprendizaje, le dejaron de
pagar 15 días de sueldo,
r. Se encontraron errores en la liquidación de la m' ayoría de los contratos de
trabajo.
s. El contrato de la señora Angélica Cárdenas terminado antes de tiempo sin
justificación alguna no se le canceló la indemnización correspondiente.
t. A la señora Diana Marcela Alarcón le liquidaron sueldos y prestaciones
sociales sin tener contrato de trabajo con el contratista.
u. Se encontraron personas con contrato de prestación de servicios a quienes
incluyeron en nómina practicándoles descuentos piara salud y pensión.
v. El señor [sic] Vedaban Sanza, tiene contrato de trabajo disfrazado de
prestación de servicios, asignándole funciones permanentes y nocturnas.
w. Se encontraron trabajadores con pagos superioies a los que indica la nómina.
Se encontraron trabajadores con un valor en el contrato de trabajo, otro mayor
en la nómina y adicionalmente le paga prestación de servicios.
x. Se encontraron trabajadores con un valor en el cbntrato de trabajo, otro mayor
en la nómina y adicionalmente le pagan prestación de servicios.
y. Se encontraron casos en que personas que tienen contrato de trabajo no
figuran en nómina y le pagan por prestación de seryicios.
z. No se registraron las provisiones de las nóminaá de carga laboral»

3.3.3.3. «1. Se evidenció que en las certificaciones y pagos avalados por el
revisor fiscal y el representante legal se están cancelando los aportes de la
Seguridad Social y parafiscales únicamente sobre el salario mínimo.
Adicionalmente, reportan bonificaciones continuas que se usan como base para
cotizar la seguridad social y las prestaciones sociales.
2. CENASEL no entregó copias de pagos de salud y pensión de contratistas o
prestadores de servidiso, de acuerdo a lo establecido en la núemral 14 de la
Cláusula Segunda del Convenio.

Radicado: 25000-23-36-000-2013-00526-01 (52109)
Actor: Centro Educativo Nacional de Asesorias Socio
Económicas y Laborales (CENASEL).

3. CENASEL no entregó la totalidad de las fotocopias de los RUT, con quienes
durante la ejecución del Convenio, tuvieron relaciones de orden comercial y/o
laboral.
4. CENASEL no suministró en la etapa de liquidación del Convenio, los libros
contables en concordancia con el Código de Comercio. Para que esos libros
sean prueba documental, deben haberse registrado previamente a su
diligenciamiento ante las autoridades o entidades competentes en el lugar de su
domicilio principal, a nombre del ente económico e identificado su uso.
5. Existe cuentas de cobro por valor aproximado de $2.424.076.703, sin el
respectivo documento de soporte, por lo cual no se evidencia el pago efectuado
a los beneficiarios.
6. Al no poder verificar los libros contables registrados ante la entidad
competente, los dos desembolsos realizados por a UAESP no están
debidamente soportados con los documentos allegados como evidencia de la
ejecución de dichos recursos. Como quiera que la ejecución de esos recursos
no se soportó de acuerdo con las normas contables y tributarias vigentes, los
recursos deben reintegrarse a la Unidad.
7. No se entregaron las conciliaciones bancarias y el auxiliar de los movimientos
de la cuenta donde se manejan los recursos entregados por la Unidad, dineros
que estaban bajo custodia y control de CENASEL, y que debieron ser
controlados con mecanismos y registros como centro de costos, aprobación de
desembolso, entradas de almacén, cotizaciones o estudios de mercado.
8. De acuerdo con lo establecido en la modificación y prórroga 3 de la Cláusula
Cuarta del convenio, CENASEL no entregó a la Unidad los soportes de los
desembolsos de la ejecución de la Contrapartida, los cuales debían ser
manejados en la cuenta bancada propia.
9. Para cumplir la totalidad de los desembolsos por parte de la UAESP, se
requiere que CENASEL cumpla con todos y cada uno de los requerimientos
exigidos en el convenio suscrito, normas contables, tributarias, laborales y
civiles».

3.3.4. Así pues, atendiendo a las razones expuestas anteriormente (incumplimiento de
la obligación de CENASEL de presentar soportes contables de los fondos invertidos
efectivamente en su implementación), la UAESP negó el desembolso de los aportes
económicos para la ejecución del convenio de asociación núm. 10 de 2007.

Como la actora y entonces contratista niega tal incumplimiento, procederá la Sala
determinar si, de acuerdo con lo estipulado, y con los medios de convicción traídos a
este contencioso contractual, el proceder antijurídico que la UAESP la endilgó a
CENASEL en relación con la ejecución del convenio de asociación núm. 10 de 2007,
se encuentra acreditado.

Al punto, ningunas duda hay sobre la real suscripción que hicieron el 27 de diciembre
de 2010, la UAESP y CENASEL, del convenio de asociación núm. 10 de 2007 (f. 145-
153, c. 3), con el objeto de "promover procesos asociativos y fortalecer las capacidades
de gestión económica y social y la proyección empresarial de las organizaciones de
recicladores de oficio de la ciudad de Bogotá vinculadas a los proyectos de Inclusión
Social, que viene desarrollando la UAESP, proporcionándole herramientas técnico-
pedagógicas apropiadas a sus características y condiciones organizacionales"
(cláusula la).

3.3.4.1. Según el parágrafo único de la cláusula 1a del convenio de asociación núm. 10
de 2007, CENASEL se obligó a "entregar los productos concertados y descritos en los
términos de referencia que forman parte integral del presente convenio". Tales
productos formaban parte de tres programas.

Radicado: 25000-23-36-000-2013-00526-01 (52109)
Actor: Centro Educativo Nacional de Asesorias Socio
Económicas y Laborales (CENASEL).

Con el primer programa se buscaba conformar una unidad de gestión para la promoción
de la asociatividad de 350 recicladores de Bogotá, y como productos de la ejecución de
este programa, las partes convinieron la entrega de unos documentos que contuvieran:
(i) el plan de trabajo, (ii) la metodología que se utilizaría para la organización de
recicladores, (iii) el sistema de seguimiento y control del proceso, (iv) las piezas
comunicativas que serían utilizadas, (y) un análisis estadístico de caracterización
económica de los recicladores, (vi) los temas y subtemas que se desarrollarían en las
actividades de formación, (vii) certificaciones de cámara de comercio sobre la
organización jurídica de los recicladores; (viii) la certificación de entrega de 350 cartillas
a los recicladores; (ix) informe de una salida técnica, (x) :planillas de asistencia a las
actividades realizadas en el proceso, y (xi) certificaciones de entrega de 350 uniformes
y carnés a los recicladores, entre otros.

El segundo programa del proyecto tenía el objetivo de desarrollar una unidad de gestión
para el fortalecimiento organizativo, proyección empresarial, generación de recursos y
asistencia técnica y social para nuevos recicladores, que se consolidaran en la unidad
de gestión de asociatividad. Como productos de la ejecución de este programa las
partes convinieron la entrega de los siguientes documentos: (i) plan de trabajo y
cronograma, (ii) metodología de intervención social, (iii) base de datos actualizada de
las organizaciones de recicladores, (iv) sistema de seguimiento y evaluación de todo el
proceso, (y) diseños de las piezas comunicativas, (vi) resultados del diagnóstico de las
organizaciones de recicladores, (vii) el plan de acción de cada organización de
recicladores, (viii) los módulos de formación, (ix) copia de las piezas comunicativas
entregadas, (x) acciones de fortalecimiento de la red de Mujeres, (xi) propuesta técnica
para el diseño, la estructuración y puesta en marcha de las unidades productivas
consolidadas, (xii) resultados de eventos de actualización, y (xiii) informes bimensuales
e informe final.

Con el tercer programa se buscaba, por último, desarrollar una unidad de gestión para
el fortalecimiento empresarial, asesoría y apoyo a los planes de negocio de
cooperativas de recicladores; y, como productos de la ejecución de este tercer
programa, las partes convinieron la entrega de los documentos, que contuvieran: (i) el
estado del arte de los planes de negocio, (ii) el plan de acción y cronograma, (iii) la
matriz de seguimiento al cumplimiento de metas e indicadores de los planes de negocio,
(iv) eventos de formación, (y) un informe técnico y social de asesoría y acompañamiento
a cada plan de negocios, (vi) estrategias de responsabilidad gremial, (vii) actas del
comité técnico de gestión, (viii) un informe de la rueda dé negocios entre las unidades
empresariales vinculadas al proceso, y (ix) el informe final.

3.3.4.2. En la cláusula 1a del convenio de asociación núrn. 10 de 2007, CENASEL se
obligó para con la UAESP, a (i) "[l]levar un registro finaliciero de la inversión de los
recursos aportados por la UAESP y la OMG"; (ii) "[c]umplir estrictamente con todas las
obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios"; y (iii)
"Macilitar al supervisor del convenio el acceso a la información, documentación,
instalaciones y equipos inherentes a la ejecución del proyecto".

3.3.4.3. La UAESP, a su vez, se obligó a "desembolsar los recursos financieros"
(cláusula 3.1); recursos que estaban conformados por la suma de lo aportado por la
UAESP ($2.862'000.000) y por CENASEL ($400'060.000), para un total de
$3.262'000.000 (cláusula 4').

3.3.4.4. Las contribuciones monetarias de las partes contratantes fueron acordadas en
la cláusula 6' del convenio de asociación núm. 10 de 2007, de la siguiente manera:

"La UNIDAD cancelará a CENACEL su aporte de la siguiente forma: [...] a. Un
desembolso correspondiente al 20 por ciento (20%) del contrato, al mes de

••

Radicado: 25000-23-36-000-2013-00526-01 (52109)
Actor: Centro Educativo Nacional de Asesorias Socio
Económicas y Laborales (CENASEL).

iniciado el convenio y la entrega de los siguientes productos con el visto bueno
del supervisor: Unidad de Gestión No. 1: 1, 2. Unidad de Gestión No. 2: 1, 2.
Unidad de Gestión No. 3: 3, 5, 7. b. Un segundo pago del 35% al cuarto mes de
ejecución del convenio y la entrega de los siguientes productos con el visto
bueno del supervisor: Unidad de Gestión No. 1: 3, 4, 5, 6, 10. Unidad de Gestión
No. 2: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14. Unidad de Gestión No. 3: 3, 5, 7, 8. c. Un tercer pago
del 35% al octavo mes de ejecución del convenio y la entrega de los productos
con el visto bueno del supervisor: Unidad de Gestión No. 1: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13. Unidad de Gestión No. 2: 11, 14. Unidad de Gestión No. 3: 3, 5, 7, 8. d. Un
último pago del 10% a la firma del acta de terminación y recibo a satisfacción por
parte del supervisor y entrega de los siguientes productos: Unidad de Gestión
No. 2: 9, 10, 12, 13, 14, 15. Unidad de Gestión No. 3: 3, 4, 5, 7, 9. Los productos
descritos en la presente cláusula están contemplados en los términos de
referencia que forman parte integral del convenio. PARÁGRAFO PRIMERO. Si
la factura no ha sido correctamente elaborada, o no se acompañan los
documentos requeridos para el pago, el término para éste solo empezará a
contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde
que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que
se presenten por estos conceptos serán responsabilidad de CENASEL y no
tendrá, por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna
naturaleza" (subrayado añadido).

3.3.4.5. Posteriormente, con la modificación y prórroga núm. 1 al convenio de
asociación núm. 10 de 2007, suscrita el 26 de diciembre de 2008 (f. 189-195, c. 1),
fueron modificados parcialmente los productos que serían entregados (cláusula 2a);
convinieron las partes la conformación de un comité para definir los recursos que serían
destinados para cada proyecto (cláusula 3a), modificaron lo acordado en relación con
la cancelación de aportes, la que fue fraccionada en siete (7) cortes, en lugar de los
cuatro (4) previstos inicialmente, con la especificación del monto de cada pago en una
suma concreta (cláusula 4a).

Se especificó, además, qué CENASEL quedaba obligada a presentar un informe en
cada corte, "de la ejecución administrativa, técnica y financiera con visto bueno del
supervisor de acuerdo con las actividades y productos programados y ejecutados que
se encuentran especificados en el presupuesto y propuesta técnica de la modificación",
con la previsión de que cada corte estaría "debidamente soportado con informe por
actividad y por producto con sus respectivos soportes de asistencias, actas y soportes
contables"56. En cualquier caso, el parágrafo primero de la cláusula 6a del convenio,
transcrito anteriormente (3.3.4.4. in fine), no fue objeto de modificación, conforme a la
cláusula 6a de esta convención modificatoria".

3.3.4.6. El 26 de marzo de 2009 fue suscrito el otrosí y prórroga núm. 2 al convenio de
asociación núm. 10 de 2007 (f. 196-199, c. 1). En esta ocasión, la UAESP y CENASEL
acordaron que los aportes que esta última realizara al convenio sería invertidos
siguiendo los criterios que serían definidos por un comité técnico, con destino
principalmente a "[..1la adquisición de software para el manejo contable de los recursos
manejados en cada una de las 4 organizaciones de segundo nivel, incluyendo las
acciones necesarias para su implementación y adecuada utilización en las mismas"
(cláusula 42). En la forma de pago, a su vez, fue modificado el concepto y monto de
algunos de los cortes del convenio, sin variar, sin embargo, con ello, los soportes
requeridos para los pagos.

56 Subrayado añadido.
57 "CLÁUSULA SEXTA. Las demás cláusulas del Convenio de
Asociación 010 de 2007, se mantienen sin
modificación alguna".

Radicado: 25000-23136-000-2013-00526-01 (52109)
Actor: Centro Educativo Nacional de Asesorias Socio
Económicas y Laborales (CENASEL).

3.3.4.7. El 29 de mayo de 2009, la UAESP y CENASE. firmaron la modificación y
prórroga núm. 3 (f. 200-202, c. 3). En esta oportunidad, se agregó la obligación de
CENASEL de "[Wermitir la realización de una auditoría cdritable y fiscal a las cuentas
de la ejecución del convenio para lo cual [...] suministrará oportunamente toda la
información requerida a quien la UAESP le indique" (cláusula 28). Con respecto a los
fondos al convenio, acordaron las partes que CENASEL "deberá depositar estos
recursos en una cuenta bancaria propia y deberá presenta/ a la UAESP los informes y
soportes de desembolsos de estos recursos previamente autorizados por el Comité
Técnico del Convenio" (cláusula 3 8). Las fechas del pago de algunos de los cortes
fueron modificadas, sin variar, con ello, los soportes requeridos para los pagos (cláusula
42). Por el contrario, se agregó una cláusula al convenio de asociación núm. 10 de 2007,
en la que se pactó que: "[die conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Decreto
4828 de 2008, el contratista deberá mantener indemne a la entidad respecto de
cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones
del contratista".

3.3.4.8. Finalmente, las partes suscribieron la modificación y prórroga núm. 4 —sin
fecha— con la cual se cambiaron algunas de las fechas dé los cortes para los pagos (f.
203-205, c. 3), sin variar, con ello, los requerimientos previamente pactados para su
cancelación.

3.3.5. De conformidad con lo anterior, resulta claro que, en la relación jurídica entablada
entre la UAESP y CENASEL —con el convenio de asociación núm. 10 de 2007 y sus
cuatro (4) convenios modificatorios— esta última se obligó a desarrollar unas
actividades, para el fomento de asociaciones y esquemas de negocio de los
recicladores de Bogotá, en el marco del plan de desarrollo del Distrito Capital, adoptado
mediante el acuerdo núm. 119 de 2004 (aptado. 3.1:3.1). La ejecución de tales
actividades se sustentaría con la entrega de documentos descriptivos, requiriéndose,
además, para el desembolso de los recursos aportados [Sor la UAESP, la entrega de
soportes documentales contables, que dieran cuenta de la inversión efectiva de los
recursos en las actividades comprendidas en los trea programas del convenio.
Adicionalmente, CENASEL se sometió a una auditoría contable y fiscal sobre los fondos
del convenio, para verificar su correcta inversión.

3.3.6. La verificación de la correcta inversión de los recursos destinados a los convenios
previstos en el artículo 355 del Constitución tiene una impiortancia cardinal, atendiendo
al origen histórico de esta especie de negocios jurídicos. Veamos.

El artículo 355 constitucional proscribió los auxilios o ponaciones de las ramas u
órganos del poder público a favor de personas de derecho privado. Pero, a su vez,
permitió la celebración de contratos para impulsar programas y actividades de interés
público, acordes con los planes de desarrollo. En su estructura, la norma estableció así
un mandato que no es absoluto", en cuanto pueden celebrarse ciertos contratos, para
cuya reglamentación facultó directamente al Gobierno Nacional", que procedió, al
efecto, con el Decreto 777 de 1992.

La prohibición constitucional de auxilios o donaciones a particulares con fondos
públicos respondió a la práctica dilapidadora que se presentó en Colombia, a partir de

56 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección B, sentencia 'del 23 de noviembre de 2016, exp.
38310, fundamento jurídico 4.1.
59 "Articulo 355. Ninguna de las ramas u órganos del Poder Público podrá decretar auxilios o donaciones en
favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado. II El Gobierno, en los niveles nacional,
departamental, distrital y municipal podrá, con recursos de los respectios presupuestos, celebrara contratos
con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y
actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y con los planes seccionales de Desarrollo. El
Gobierno Nacional reglamentará la materia".

Radicado: 25000-23-36-000-2013-00526-01 (52109)
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una mala interpretación de la filosofía inspiradora de la reforma constitucional de 19686°,
que buscaba fortalecer la justicia social, como lo han precisado la Corte Constitucional61
y esta Sección62. Con tal práctica, los recursos, destinados a aparentes fines altruistas,
eran asignados con criterios que no respondían a los planes y programas, sino a la
liberalidad o incluso a "la voluntad subjetiva y algunas veces arbitraria del individuo
facultado para ello", sin retribución alguna por lo entregado y sin un control previo ni
posterior a la asignación. Además de la disipación que esto produjo en los fondos
públicos, se desfiguró la participación política y se erosionó la independencia del
Congreso, puesto que, por un lado, el poder ejecutivo empleaba los auxilios como un
instrumento para influir en las decisiones parlamentarias, y por otro lado, los
congresistas que, a su vez, gozaban de recursos provenientes de auxilios
parlamentarios, tenían una ventaja frente a sus contendores en la competencia
electoral.

Atendiendo a estos antecedentes, el constituyente colombiano tomó las previsiones
normativas necesarias para que los contratos con personas de derecho privado sin
ánimo de lucro no obraran son actos de mera liberalidad que sólo en ocasiones solían
cumplir los objetivos que mediante ellos se propuso la entidad pública". Para ello, signó
estas relaciones con una concepción teleológica atada al cumplimiento de intereses
constitucionales".

Para seguridad de que este nexo teleológico tuviera cabal ejecución, el Decreto 777 de
1992, prescribió que, de "los recursos públicos que reciba la entidad sin ánimo de lucro
en razón del respectivo contrato, se efectuarán gastos únicamente para el cumplimiento
del objeto del mismo" (artículo 11). Este precepto caería en vacío son la consiguiente
previsión normativa para que la ejecución y el cumplimiento del contrato deban ser
verificados y exigidos por un interventor, que forme parte de la entidad o sea contratado
por ella, y esté facultado para "solicitar al contratista la información y los documentos
que considere necesario en relación con el desarrollo del mismo"65 (artículo 6).
Finalmente, dispuso este decreto en comento, a manera de sanción por la violación de
las prohibiciones en él previstas, la terminación del contrato, la imposición de pena, y
la responsabilidad personal y solidaria de quienes celebraran el contrato, bajo la
verificación de la Procuraduría General de la Nación66.

3.3.7. Así pues, en consideración a los términos del convenio de asociación núm. 010
de 2007 anteriormente expuestos, con las convenciones modificatorias celebradas,

6° En la que, entre otros, se estableció: "Artículo 11. El Artículo 76 de la Constitución Nacional quedará así: II
Corresponde al congreso hacer las leyes. II Por medio de ellas ejercer las siguientes atribuciones: [...] 11.
Conceder autorizaciones al Gobierno para celebrar contratos, negociar empréstitos, enajenar bienes nacionales
y ejercer otras funciones dentro de la órbita constitucional; 1...] 20. Fomentar las empresas útiles o benéficas
dignas de estímulo o apoyo, con estricta sujeción a los planes y programas correspondientes; [...]".
61 Sentencias C-372 de 1994, fundamento jurídico 3; C-254 de 1996,
fundamento jurídico 6; C-671 de 1999,
fundamento jurídico 1.4; C-168 de 2001, fundamentos jurídicos 10 a 12; y C-022 de 2004, fundamento jurídico
3.4.2, entre otras.
62 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección B, auto del 6 de
agosto de 209, exp. 62003,
fundamento jurídicos 2.3; y sentencia del 3 de abril de 2020, exp. 46963, fundamentos jurídicos 10 a 19.
" CONSEJO DE ESTADO, Sala de Consulta y Servicio Civil, conceptos del 22 de abril de 1993, rad. núm. 504,
y del 16 de septiembre de 1998, rad. núm. 1129.
64 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencias C-251 de 1996, fundamento jurídico 5;
C-159 de 1998, fundamento
jurídico 3.3; y C-661 de 1998, fundamento jurídico 2.3.a).
65 Subrayado añadido.
66 "Articulo 16. La violación de las prohibiciones previstas en el presente Decreto dará lugar a la aplicación de
lo dispuesto por el artículo 13 del Decreto 222 de 1983". ["Articulo 13, Decreto 222 de 1983. De las sanciones
a los contratos celebrados contra expresa prohibición. La contravención de las prohibiciones establecidas en
este estatuto, obligará al representante legal de la respectiva entidad a dar por terminado el contrato y a
proceder a su liquidación en el estado en que se encuentra, sin que haya lugar a reconocimiento o pago de
indemnización alguna. La entidad, además, hará efectiva la cláusula penal pecuniaria pactada en el contrato.
Los funcionados que hayan celebrado el contrato y el contratista, responderán solidariamente por los perjuicios
II
causados, tanto a la entidad contratante como a terceros, sin detrimento de la responsabilidad penal que les
correspondiere. II La Procuraduría General de la Nación velará por el cumplimiento de la presente disposición"].

Radicado: 25000-23-36-000-2013-00526-01 (52109)
Actor: Centro Educativo Nacional de Asesorias Socio
Económicas y Laborales (CENASEL).

interpretados atendiendo a lo preceptuado en el artículo t355 de la Constitución y al
Decreto 777 de 1992, que forman parte de las normas que gobiernan la relación jurídica
entablada con aquel negocio jurídico, la presentación de soportes contables, echados
en falta en las resoluciones núm. 937 de 2010 y 135 de 2011 (aptados. 3.3.2 y 3.3.3),
resultaba claramente necesaria y condición insoslayable para el desembolso de los
aportes a cargo de la UAESP. Estaba así obligado CENASEL a la presentación de
soportes contables, como una obligación principal del convenio, contrario a lo afirmado
en el recurso.

3.3.8. Por otra parte, contrario a lo aducido en la apelación (aptado. 2.9.1.5), en las
estipulaciones contractuales no se pactó una contraprestación directa a favor de la
entidad pública a cambio de un precio; si esto hubiere sido así, habrían obrado las
partes en claro contrasentido con la función de esta especie de contratos67. Y no puede
ser interpretada en tal sentido la normativa del contrato, porque esa hermenéutica
vendría contraria a los términos del convenio celebrado, en el que, según la cláusula
sexta, las dos partes se obligaron a entregar aportes económicos para la
implementación de unas políticas públicas, definidas en el plan de desarrollo del Distrito
Capital, según sus consideraciones, y al objeto del convenio, que consistía en:
"promover procesos asociativos y fortalecer las capacidades de gestión económica y
social y la proyección empresarial de las organizaciones dp recicladores de oficio de la
ciudad de Bogotá vinculadas a los proyectos de Inclusión social, que viene
desarrollando la UAESP, proporcionándoles herramientas técnico-pedagógicas
apropiadas a sus características y condiciones organizacionales".

3.3.9. Ahora bien, CONASEL no presentó los soportes contables de los fondos
invertidos en la ejecución del convenio de asociación núm.,010 de 2007, que CENASEL
estaba obligada a entregar a la UAESP para justificar la ejecución de los fondos
públicos que en ejecución de aquel fueron desembolsados, como fundamento de la
factura (f. 210, c. 3) y de los informes de ejecución (f. 295:323, y 482-662, c. 3) con los
que pretendió el cobro del aporte a cargo de la UAESP. Tampoco fueron presentados
por CENASEL los soportes contables requeridos, al rebatir, con escrito radicado el 10
de agosto de 2009 (f. 447-481, c. 3), el informe de la auditoría financiera y fiscal
elaborado por el contador Luis Angel Dueñas Gómez (f. 365-433, c. 3), auditoría ésta a
la que se había sometido con la suscripción de la modificación y prórroga núm. 3
(aptado. 3.3.4.7).

No desconoce esta Sala que la demandante allegó comprobantes de declaración
mensual de retención en la fuente presentadas en 'mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre y de diciembre de 2008, y de enero de 2009 (f. 342-
350; y CD f. 114, c. 368), pero debe señalar que estas no dan cuenta de que los fondos
del convenio hayan sido efectivamente invertidos en su ejecución, y apenas
comprenden una parte del lapso de ejecución del convenio, que comenzó el 28 de
diciembre de 2007, como consta en el acta de inicio (f. 206, c. 3). Tampoco demuestran
la ejecución apropiada de los fondos, los formularios, con timbre de radicación, de la
declaración del impuesto de industria, comercio y avisos, Para el periodo de septiembre
a diciembre de 2008 (f. 351 y 352, c. 3).

3.3.10. Dentro de los documentos provenientes del expediente 210-865, cuyo traslado
fue decretado en este proceso (f. 115-119, c. 1), se encuentran: (i) recibos del servicio
público de corriente eléctrica; (ii) recibos en formatos Minerva sin concepto claro; (iii)
formatos de pagos a la seguridad social de abril y mayo de 2008; y (iv) comprobantes
de pago bancario por concepto "planilla asistida-sistema de protección social' de junio
a agosto de 2008, con aportante que no corresponde a la 9ontratista (CD f. 114, c. 366).

67 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-027 de 2016.
68 Archivo titulado "Convenio 10-2007—(páginas 1488 al 1652)", págs. 21-29.
89 Archivo titulado "Convenio 10-2007—(páginas 1488 al 1652)", págs.1191122, 178-186

4

Radicado: 25000-23-36-000-2013-00526-01 (52109)
Actor: Centro Educativo Nacional de Asesorías Socio
Económicas y Laborales (CENASEL).

Tales documentos, sin embargo, son insuficientes para acreditar la correcta inversión
de los fondos del convenio.

3.3.11. Por demás, la contradicción al dictamen, como parte de las pruebas trasladadas
del expediente 2010-865, que refiere la apelante como prueba técnica de la ejecución
de los recursos financieros del convenio de asociación núm. 010 de 2007 (aptado.
2.9.1.3), no da cuenta de dicha ejecución. La contradicción al dictamen es un acto
procesal que contempla la normativa en lo atinente a la práctica de la prueba pericia!, y
la documentación trasladada solo da cuenta de tal actuación dentro del proceso
referido, no del cumplimiento de la obligación de CENASEL de sustentar contablemente
la inversión de los recursos que formaban parte del presupuesto del convenio. No suple
pues tal acto de contradicción, la falencia probatoria que, en el aspecto técnico, en lo
contable, echó de menos el a quo y que la Sala comparte.

3.3.12. Estima la Sala oportuno precisar, adicionalmente, que si bien la Administración
podría haber acertado al fijar, en el corte de cuentas que efectuó, como deuda a su
favor la suma de $1.087035.265, no tenía la facultad de crear, como producto de su
determinación y estimación unilateral, a través de un acto administrativo, con carácter
ejecutivo y ejecutorio, esa obligación a cargo de CENASEL. De igual forma, precisa
advertir que, la demanda de reconvención que la UAESP presentó en el presente
proceso (aptado. 2.4) protestando el incumplimiento contractual de CENASEL, con
formulación de las pretensiones consiguientes de condena, fue rechazada, por
caducidad, mediante providencia que no fue rebatida por la UAESP (aptado. 2.5), y que
tal decisión se encuentra en firme. Por tanto, en estricta congruencia con las
pretensiones de la demanda y en función del principio de non reformatio in pejus, la
decisión de litigio en esta segunda instancia se impone, pues, una respuesta negativa
al primer problema jurídico por resolver en esta instancia, con la consecuente
desestimación de los cargos de la alzada que en este se engloban.

3.4. Segundo problema jurídico:
Sobre la noticia del siniestro

3.4.1. Como se mencionó anteriormente, la facultad de declarar con fuerza ejecutiva y
ejecutoria el siniestro, no estaba comprendida dentro de las facultades exorbitantes
previstas en el Decreto 222 de 1983, cuyo pacto era admitido en contratos como el que
es objeto de estudio, según el artículo 1° del Decreto 777 de 1992. Esta facultad
administrativa era otorgada a las entidades públicasw con fundamento en lo prescrito
en los numerales 4 y 5 del artículo 68 del CCA71.

7° Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de junio de
2007, Radicación número: 41001-23-31-
000-2001-01343-01(30565). Frente al amplio espectro de la facultad otorgada en los numerales 4 y 5 del artículo
68 del Código Contencioso Administrativo señaló: "Con mayor razón un análisis finalistico de los
numerales 4 y
5 citados ratifica esta posición, pues del haz de amparos que contienen las garantías a favor del
Estado,
resultaría que sólo en algunos casos -caducidad, terminación y liquidación- pudiere declararse el siniestro, lo
que iría en contra de la filosofía de estos preceptos y del privilegio que ellos mismos pretenden otorgar
a la
administración pública". Y más adelante precisó: "Como se advierte, para la propia Sala ha sido claro que la
facultad de declarar el siniestro de una póliza no es un problema nuevo; al contrario, la potestad de hacerlo ha
sido analizada en oportunidades como la citada. Ahora, esta facultad no tiene por qué reducirse a algunos
tipos
de amparos de la póliza o garantía, pues, de hecho, ni siquiera la Sala lo ha restringido, y tampoco el
CCA lo
hace".
71 Dicha norma prescribe: "DEFINICIÓN DE LAS OBLIGACIONES A
FAVOR DEL ESTADO QUE PRESTAN
MÉRITO EJECUTIVO. Prestarán mérito ejecutivo por jurisdicción coactiva, siempre que en ellos conste
una
obligación clara, expresa y actualmente exigible los siguientes documentos: (...)114. Los contratos, las pólizas
de seguro y las demás garantías que otorguen los contratistas a favor de entidades públicas, que
integrarán
título ejecutivo con el acto administrativo de liquidación final del contrato, o con la resolución ejecutoriada
que
decrete la caducidad, o la terminación según el caso. II 5. Las demás garantías que a favor de las
entidades
públicas se presten por cualquier concepto, las cuales se integrarán con el acto administrativo ejecutoriado
que
declare la obligación".

Radicado: 25000-23-36-000-2013-00526-01 (52109)
Actor: Centro Educativo Nacional de Asesorias Socio
Económicas y Laborales (CENASEL).

Como acto unilateral con fuerza ejecutiva, el de declaración del siniestro es un acto
administrativon. La jurisprudencia administrativa ha sostenido que, en los contratos
regidos por el derecho privado, el ente contratante estaba facultado para declarar el
siniestro, por aplicación del CCAn. Pero esta posición ha sido reevaluada, al considerar
que la actividad contractual de las entidades sometidas al derecho privado no comporta
el ejercicio de función administrativa74.

De cualquier forma, la declaración de la ocurrencia del siniestro no es un acto de
imposición de una sanción, ni una restricción o limitación de la posición contractual,
como lo ha precisado esta Corporación75. Con tal declaración es ejercido un derecho a
reclamar o hacer valer la póliza de seguros, el cual no tiene naturaleza sancionatoria.
Este derecho se desprende del contrato de seguros,, regulado en la legislación
mercanti176, que prevé la obligación del asegurado o beneficiario de dar noticia al
asegurador de la ocurrencia del siniestro, además de su deber de demostrar la
ocurrencia del siniestro y su cuantía; mientras corresponde al asegurador, para objetar
el pago, la demostración de los hechos o circunstancias excluyentes de su
responsabilidad. Si la controversia persiste, deberá ser resuelta por el juez del contrato.

3.4.2. En este asunto, el recurrente ha sostenido que el Tribunal pasó por alto que no
se probó que la UAESP hubiese realizado la audiencia previa a la expedición de los
actos administrativos demandados, con la asistencia de CENASEL y LIBERTY
SEGUROS S.A., "hecho objetivo que por sí solo sin necesidad de otro análisis adicional,
implicaba la nulidad sustantiva por violación de norma imperativa", como lo es el artículo
17 de la Ley 1150 de 2007.

Sin embargo, el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 no rige la declaración del siniestro,
pues, tanto esta, como la consecuente orden de hacer efectiva la póliza que cubría el
amparo correspondiente al cumplimiento del contrato y la calidad del servicio, carecen
de carácter sancionatorion. La manifestación de la UAESP constituyó así, bajo las
reglas del contrato de seguro, una orden para dar noticia a la aseguradora sobre el
siniestro acaecido, para lo que estaba facultado en razón a la póliza única de seguro
de cumplimiento núm. 1150876 emitida por Liberty Seguros S.A., cuya cobertura incluía
los amparos de cumplimiento del contrato y calidad del servicio (CD2 -Archivos: CAJA
No 03 FOLIO 377 A 528, f. 140-156 en C. 2), conforme a la obligación que se estipuló
en el numeral 12 de la cláusula segunda del convenio de asociación.

3.4.3. Por lo tanto, se impone una respuesta negativa al ségundo problema jurídico, con
la consecuente desestimación de los cargos de la alzada que en este se engloban.

72 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 10 de julio de 1997, exp.
9286.
" CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de 19 de junio de 2019, exp. 39800.
74 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 19 de junio
de 2019, Rad. 39.800.
" CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 5 de julio de 2018, radicación número
52001-23-31-000-2011-00389-01(52495)
78 CÓDIGO DE COMERCIO. "Artículo 1075. El asegurado o el beneficiario estarán
obligados a dar noticia al
asegurador de la ocurrencia del siniestro, dentro de los tres días siguientes a la fecha en que lo hayan conocido
o debido conocer. Este término podrá ampliarse, mas no reducirse por las parles. [...] Artículo 1077.
Corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el
caso. II El asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad'.
71 "El debido proceso será un principio rector en materia sancionatoría de las
actuaciones contractuales. II En
desarrollo de lo anterior y del deber de control y vigilancia sobre los contratos que corresponde a las entidades
sometidas al Estatuto General de contratación de la Administración Pública, tendrán la facultad de imponerlas
multas que hayan sido pactadas con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones. Esta
decisión deberá estar precedida de audiencia del afectado que deberá tener un procedimiento mínimo que
garantice el derecho al debido proceso del contratista y procede sólo mientras se halle pendiente la ejecución
de las obligaciones a cargo del contratista. Así mismo podrán declarar el incumplimiento con el propósito de
hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato. E.. .1'.

Radicado: 25000-23-36-000-2013-00526-01 (52109)
Actor: Centro Educativo Nacional de Asesorias Socio
Económicas y Laborales (CENASEL).

4. La condena en costas

Conforme al artículo 188 del CPACA", en concordancia con el numeral y 3° del artículo
365 del CGP79, no se condenará en costas en esta instancia, debido a que la sentencia
de primera instancia no fue confirmada en todas sus partes. Se mantendrá la condena
en costas con el monto de agencias en derecho fijado en la sentencia impugnadas°,
dado que la demandante fue la parte vencida en el proceso y este punto no es materia
de esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 19 de junio de 2014, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en
este asunto, para disponer, en su lugar, lo siguiente:

PRIMERO: Declarar la caducidad del medio de control de controversias
contractuales con respecto a la pretensión subsidiaria de declaración de la
nulidad absoluta del convenio de asociación núm. 10 del del 27 de diciembre de
2007 suscrito por CENASEL y la Unidad Administrativa Especial de Servicios
Públicos.

SEGUNDO: Negar las demás pretensiones.

TERCERO: Se fija por agencias en derecho de primera instancia a favor de
la entidad demandada, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, un
uno por ciento (1%) de las pretensiones de la demanda correspondiente a
veinticuatro millones seiscientos cincuenta y tres mil seiscientos treinta y tres
pesos ($24'653.633).

CUARTO: Ejecutoriada la presente providencia, liquídense por Secretaría los
gastos ordinarios del proceso y en caso de remanente devuélvanse al
interesado, de conformidad con lo establecido en los artículos 7 y 9 del acuerdo
núm. 2552 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

SEGUNDO: Reconocer personería al abogado Gustavo Antonio Romero Alvarez,
identificado con la cédula de ciudadanía núm. 6.765.453 de Tunja (Boyacá) y portador
de la tarjeta profesional núm. 160785, expedida por el Consejo Superior de la
Judicatura, en los términos y para los fines a los que alude el poder a él conferido, para
que actúe como apoderado judicial de la Unidad Administrativa Especial de Servicio
Públicos, conforme al memorial visible a folio 331 del cuaderno principal.

78 CPACA. "Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil. II En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal".
79 COP. "Artículo 365. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la
condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1...] 3. En la providencia del superior que confirme en
todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda".
98 COP "Artículo 365. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la
condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: II 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el
proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación
o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código".

Radicado: 25000-23-36-000-2013-00526-01 (52109)
Actor: Centro Educativo Nacional de Asesorias Socio
Económicas y Laborales (CENASEL).

TERCERO: En firme esta providencia, enviar el expediente al tribunal de origen para
lo de su cargo.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase

ICOLA
Presidente

^

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS GUILLERM
Magistrado Ma o
Aclaro voto

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