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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2013-00535-01

Fecha
19 de febrero de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodriguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2013-00535-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 9 de abril de 2015, de acuerdo con los argumentos expuestos en el presente proveído. SEGUNDO: CONDÉNASE en costas a la parte demandante. Esta erogación económica deberá ser liquidada, de manera concentrada, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien tendrá en cuenta la tasación de las agencias en derecho realizada por esta Subsección. TERCERO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2013-00535-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas

19 de febrero de 2024

_______________________________________________
Radicado: 25000-23-36-000-2013-00535-01 (54591)
Actor: Martha Elena Redondo Herrera

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado número: 25000-23-36-000-2013-00535-01 (54591).
Demandante: Martha Elena Redondo Herrera
Demandado: Municipio de Ubaté
Referencia: Medio de control de reparación directa

Tema 1: Responsabilidad del Estado por acto administrativo que anuló una licencia de construcción,
posteriormente revocado por la administración. Subtema 1: Escogencia del medio de control –
procedencia excepcional del medio de control de reparación directa contra actos administrativos
revocados con ocasión de los recursos de la vía gubernativa. Subtema 2: Sustentación material del
recurso de apelación.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA_________________________________

La Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 9
de abril de 2015, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La Secretaría de Planeación y Desarrollo de Ubaté, Cundinamarca, a través de la
Resolución No. 046 del 13 de marzo de 2012, aprobó una licencia de construcción
a la señora Martha Elena Redondo Herrera. Posteriormente, expidió las
Resoluciones No. 003 del 18 de mayo de 2012, con la cual revocó la Resolución
No. 046 y ordenó la suspensión de los trabajos de construcción ya iniciados; No.
004 de 7 de junio de 2012, en la que revocó la Resolución No. 003, pero mantuvo
la orden de suspensión de la obra; y la No. 005 del 4 de julio de 2012, por medio
de la cual decidió no revocar la Resolución No. 004; a través de la Resolución No.
199 del 4 de octubre de 2012, resolvió el recurso de apelación interpuesto por la
señora Martha Elena Redondo Herrera contra la Resolución No. 004 y revocó las
resoluciones No. 003, 004 y 005 expedidas por la Secretaría de Planeación y
Desarrollo de Ubaté. Es decir, que al final de esta sucesión de actos
administrativos, la decisión que quedó incólume fue la contenida en la Resolución
046, aprobatoria de la licencia de construcción, por lo que la parte actora pretende,
en sede de reparación directa, la indemnización de los daños y perjuicios
consistentes en la parálisis de las obras durante el tiempo que estuvo en vilo la
licencia de construcción por las decisiones de la administración.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

La demanda fue presentada el día 2 de abril de 20131-2, por Martha Elena
Redondo Herrera3. La parte actora pretende que esta jurisdicción, con fundamento

1 De conformidad con la caratula del proceso, visible en el cuaderno 1, y lo expuesto por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en el auto admisorio de la demanda, que se encuentra a folios 17-19 del
mismo cuaderno.
2 El escrito de demanda obra a folios 2-8 del cuaderno 1, en tanto que el poder otorgado por la señora Martha

Elena Redondo Herrera a la abogada Olga Carolina Castro Redondo, para que esta ejerciera su representación
judicial en el presente caso, se encuentra a folio 1 del cuaderno 1.

Expediente: 25000-23-36-000-2013-00535-01 (54591)
Actor: Martha Elena Redondo Herrera

en los hechos antes sintetizados, profiera sentencia de condena en contra del
municipio de Ubaté, Cundinamarca, en los siguientes términos:

“PRIMERO.- Que la entidad pública MUNICIPIO DE UBATÉ
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, es administrativamente
responsable de los perjuicios materiales y morales causados a la señora
MARTHA ELENA REDONDO HERRERA, con la expedición de las
Resoluciones Número 003, 004, 005 de 2012, todas expedidas por la oficina
de planeación municipal de Ubaté, por cuanto la expedición de los anteriores
actos administrativos que condujeron al cese de la obra y al incumplimiento
de los contratos celebrados por mi poderdante.

SEGUNDO.- Condenar en consecuencia al MUNICIPIO DE UBATÉ, como
reparación del daño y perjuicios ocasionados a pagar a la actora MARTHA
ELENA REDONDO HERRERA, los perjuicios de forma material, los cuales
incumplimiento contractual con los trabajadores, arquitecto, por un valor de
TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300.000.000).

TERCERO.- Condenar en consecuencia al MUNICIPIO DE UBATÉ, como
reparación del daño y perjuicios ocasionados a pagar a la actora MARTHA
ELENA REDONDO HERRERA, los perjuicios de forma material, dentro de los
treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia que ponga fin a
este proceso, el monto de los perjuicios ocasionados con el incumplimiento
contractual de la venta de los apartamentos producto de la Resolución 046 de
2012, licencia de construcción de mi poderdante por 4 casas bifamiliares, es
decir 4 casas cada una de dos apartamentos, POR UN VALOR DE por un
valor de MIL DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS ($
1280.000.000)

CUARTO.- Condenar en consecuencia al MUNICIPIO DE UBATÉ, como
reparación del daño y perjuicios ocasionados a pagar a la actora MARTHA
ELENA REDONDO HERRERA, los perjuicios de forma material, dentro de los
treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia que ponga fin a
este proceso, los perjuicios sufridos con el oficio Numero SPD 799-2012,
oficio el cual fue expedido en virtud de la Resolución 003 de 2012, la cual
vulnera los derechos de mi poderdante ante un proceso de orden civil
adelantado en el Juzgado Circuito de Ubaté proceso número 2011-120, por
un valor de Lucro OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($800.000.000), al
SUSPENDER LA OBRA CIVIL CON OCACION A LAS Resoluciones 03, 04,
05 y con la expedición de la Resolución 199 de 2012.

QUINTO.- Condenar en consecuencia al MUNICIPIO DE UBATÉ, como
reparación del daño y perjuicios ocasionados a pagar a la actora MARTHA
ELENA REDONDO HERRERA, los perjuicios de forma material, dentro de los
treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia que ponga fin a
este proceso, los perjuicios sufridos Lucro cesante por un valor de
OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($800.000.000), al SUSPENDER LA
OBRA CIVIL CON OCACION A LAS Resoluciones 03, 04, 05 y con la
expedición de la Resolución 199 de 2012.

SEXTO.- Que se condene subsidiariamente al municipio de Ubaté, al pago de
MIL MILLONES DE PESOS ($1000.000.000) m/c, por concepto de daño
emergente (…)” (Transcrito de forma literal, incluidos los errores de redacción
y/u ortografía).

Como fundamentos jurídicos de sus pretensiones, la demandante expuso, entre
otros argumentos, que:

“La oficina de Planeación Municipal de Ubaté, viola flagrantemente la
Constitución y el ordenamiento administrativo con la expedición de las
resoluciones antes mencionadas debido a que suspendió la obra de forma

3 El nombre de la señora “Martha Elena Redondo Herrera” se encuentra registrada en estos términos en la

cédula de ciudadanía No. 41.430.045 expedida el 19 de enero de 1970 en la ciudad de Bogotá D.C.,
documento de identidad que obra a folio 10 del cuaderno 3.

2

Expediente: 25000-23-36-000-2013-00535-01 (54591)
Actor: Martha Elena Redondo Herrera

cabal y fragante (sic) en las respectivas Resoluciones y en los varios oficios
como el caso del oficio No. SPD799-2012, los cuales fueron expedidos
violentando los derechos fundamentales, adquiridos, la legítima defensa, el
debido proceso, entre otros como se demuestra en los hechos y el (sic) los
documentos que se aporta.

Violentando los derechos de mi poderdante con la expedición de las
Resoluciones (…) no corriendo traslado de un derecho de petición que afecta
de forma cabal y directamente a mi poderdante, no respetando los términos y
requisitos que fija la Ley y la Constitución para la firmeza del acto
administrativos (sic) y los requisitos legales tal y como se demuestra con las
Boletas de Reporte de visita emitidas por la Oficina de Planeación Municipal,
imponiendo una decisión por fuera de requisitos legales pasando por encima
de la ley administrativa, la constitución, la doctrina y el derecho”.

2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia

La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en auto
del 14 de mayo de 20134-5; el auto admisorio de la demanda fue notificado en
debida forma6; el término de traslado de la demanda corrió de conformidad con lo
previsto en la ley; y esta fue contestada, en oportunidad, por el municipio de
Ubaté7. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda y formuló las excepciones denominadas “ineptitud sustantiva de la
demanda – indebida escogencia de la acción”, “insuficiencia de poder”, “falta de
competencia – inexistencia de requisito de procedibilidad” y “caducidad de la
acción”. Como fundamento de sus excepciones, la entidad territorial demandada
argumentó, en síntesis, que la actora solicita la reparación del daño que le fue
causado por las resoluciones expedidas por el municipio de Ubaté y a través de las
cuales le fue revocada y, posteriormente, suspendida la licencia de construcción
que la había sido otorgada. En consecuencia, al cuestionar la legalidad de un acto
administrativo, el medio de control procedente sería el de nulidad y
restablecimiento del derecho, para cuyo ejercicio le fue otorgado el poder y fue
convocado el municipio de Ubaté en aras de llevar a cabo la audiencia de
conciliación prejudicial prevista, pero este no fue incoado en el término de cuatro
(4) meses siguientes a la ejecutoria del acto administrativo, por lo que operó la
caducidad del medio de control.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 14 de mayo de 2014, celebró la
audiencia inicial prevista en el artículo 180 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)8. En dicha diligencia, el
a quo declaró no probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda
por indebida escogencia del medio de control, “[h]abida cuenta que desde el
auto admisorio de la demanda se analizó el medio de control. Para el Despacho es
claro que no se encuentra impugnando ningún acto administrativo, por cuanto, con
la última resolución (resolución 199 del 2012), se eliminaron los efectos jurídicos,
de las resoluciones 003, 004 y 005 del 2012, razón por la cual el medio de control
procedente, como ya se dijo, es el de reparación directa”. Posteriormente, el
Tribunal de primera instancia procedió a realizar la fijación del litigio, así:

4 Folios 17-19 del cuaderno 1.
5 La Subsección observa que a folios 130-137 del cuaderno 2 obra escrito de subsanación de la demanda

radicado el 2 de abril de 2013. No obstante, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no se pronunció sobre
la admisibilidad de dicha subsanación y la parte actora, en las oportunidades procesales previstas para el
saneamiento del proceso, manifestó su conformidad con el trámite del mismo, por lo que esta Sala no lo tendrá
en cuenta en el presente proveído.
6 Notificación realizada por medio de correo electrónico el 27 de septiembre de 2013, que obra a folio 33 del

cuaderno 1.
7 El escrito de contestación de la demanda del municipio de Ubaté obra a folios 40-54 del cuaderno 1, en tanto

que a folios 55-60 del mismo cuaderno se encuentra el escrito contentivo de las excepciones previas
formuladas por dicha entidad territorial.
8 El acta de la audiencia inicial obra a folios 93-95 del cuaderno 1, en tanto que el CD contentivo de la

grabación de audio y video de dicha diligencia se encuentra a folio 96 del mismo cuaderno.

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Expediente: 25000-23-36-000-2013-00535-01 (54591)
Actor: Martha Elena Redondo Herrera

“En el caso concreto, se observa que la parte actora formula 39 hechos, de
esos hechos se observa que la controversia radica [en] definir si con la
Resolución 199 de 4 de octubre de 2012, se materializa un daño antijurídico
causado [a] la parte actora; y si ese daño antijurídico le generó perjuicios a la
demandante”.

Además, en relación con la fijación del litigio, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca realizó las siguientes precisiones:

“(…) En primer lugar no hacen parte de la fijación [del] litigio los hechos
relacionado (sic) con los antecedentes administrativos; En segundo lugar, la
fijación del litigio se centra en los hecho (sic) relacionados con la existencia
del daño antijurídico; y los hechos relacionaos con los presuntos perjuicios
ocasionados a la demandante”.

Posteriormente, el 18 de junio de 2014, celebró la audiencia de pruebas prevista
en el artículo 181 del CPACA9, en la que corrió traslado a las partes y al Ministerio
Público para que aquellas alegaran de conclusión y este rindiera concepto de
fondo. Así lo hicieron la actora10, el municipio de Ubaté11 y la Procuraduría General
de la Nación12.

2.3. La sentencia recurrida

La Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en sentencia proferida el 9 de abril de 201513, encontró acreditada
la ocurrencia del daño antijurídico y la imputación de dicho daño al municipio de
Ubaté, así:

“[L]o cierto es que durante el tiempo transcurrido entre la expedición de la
Resolución 003 del 2012, y la expedición de la Resolución No. 199 del
2012, hubo una limitación a los derechos de propiedad de la demandante
sobre un predio de su propiedad, en el sentido de que como ya se expuso, la
señora MARTHA ELENA REDONDO HERRERA, no pudo llevar a cabo su
proyecto de construcción de 4 viviendas familiares como consecuencia del
trámite administrativo en virtud del cual el Municipio de UBATE
(CUNDINAMARCA), mantuvo suspendidos los efectos de su licencia de
construcción.

En consecuencia, es claro que el daño alegado es atribuible al Municipio de
UBATE (CUNDINAMARCA), por haber limitado el derecho a la propiedad de
la demandante sobre un bien suyo, siendo dicho daño antijurídico (…)”.

Sin embargo, el Tribunal de primera instancia no encontró probados los perjuicios
reclamados por la demandante, por lo que negó las pretensiones de la demanda.
Al punto, concluyó:

“En este orden de ideas, habrá de negarse los perjuicios solicitados, en razón
a que la parte demandante no demostró: (i) la existencia de los respectivos
contratos suscritos con los señores Francisco Mendoza y José Emilio
Acosta (ya fuere por escrito o siquiera en medio magnético), ni muchos
menos haber celebrado promesa de compraventa sobre los 8
apartamentos cuya construcción tenía proyectada; (ii) tampoco está
demostrado el pago de cláusulas penales con fundamento en los
contratos de prestación de servicio mencionados, o en la imposibilidad
de haber realizado la venta de viviendas que habrían sido objeto de
construcción, de no haberse suspendido su licencia; máxime cuando la
parte demandante tampoco prueba que de no haberse suspendido su licencia
por el término de 6 meses, en dicho tiempo se hubiera podido llevar a cabo la

9 El acta de la audiencia de pruebas obra a folios 96b y 97 del cuaderno 1.
10 Folios 98-106 del cuaderno 1.
11 Folios 107-118 del cuaderno 1.
12 Folios 119-122 del cuaderno 1.
13 Folios 134-140 del C.ppal.

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Expediente: 25000-23-36-000-2013-00535-01 (54591)
Actor: Martha Elena Redondo Herrera

terminación de las 4 viviendas bifamiliares antes mencionadas, de lo cual se
logra establecer que los perjuicios solicitados por la señora MARTHA ELENA
REDONDO sobre este particular, están fundados sobre la base de una mera
expectativa.

Por las razones expuestas, se negará el reconocimiento de los perjuicios
materiales solicitados (…)

Revisado el expediente, se encuentra que el apoderado de la parte actora no
solicitó perjuicios morales en el presente asunto”.

2.4. El recurso de apelación

Martha Elena Redondo Herrera, en escrito radicado el 30 de abril de 201514,
formuló apelación contra la sentencia de primera instancia. En dicha alzada, la
actora, además de transcribir nuevamente los hechos y pretensiones del escrito de
demanda, indicó:

“30. Que si bien no se aporto prueba documental de los contratos del
arquitecto francisco Mendoza y del Maestro Emilio acosta por esta razón se
llamo a interrogatorio de parte, en el cual se puede evidenciar los la relación
contractual que tenían los dos tanto como el arquitecto Mendoza como el
maestro Emilio acosta, testimonio en el cual afirman de forma verbal la
relación contractual que tenían con mi poderdante, siendo incensario aportar
la prueba documental que en su testimonio se afirma la relación contractual y
para que fue contratado cada uno y el motivo por el cual se suspendió la
relación laboral en el caso del segundo Emilio Acosta por la la suspensión de
la obra por parte del Munipio de Ubate (…)

45. En el numeral primeo de las pretensiones solicito se condenado el
Munipio de Ubate a los daños y perjuicios morales causados a mi poderdante
por el daño antijurídico causado por el Municipio de Ubate con la conducta de
expedición de actos administrativos vulnerando el derecho de propiedad a mi
poderdante; los perjuicios morales se encuentran tazados en el numeral
cuarto de las pretensiones de la demanda al solicitar el pago por la
expedición de los actos administrativos y daños ocurridos con la suspensión
de la licencia la suma de $ 800.000.000 ochocientos millones de pesos, ya
que mi poderdante pedio la expectativa de venta de los apartamentos con el
retiro y la suspensión de licencia de construcción y la obra (…)” (Transcrito de
forma literal, incluyendo los errores de redacción y/u ortografía)

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante proveído del 25 de mayo de
201515, concedió la apelación interpuesta por la parte demandante contra la
sentencia de primera instancia.

2.5. Trámite relevante en segunda instancia

Esta Corporación, en auto del 28 de julio de 201516, admitió el recurso de
apelación interpuesto por la actora, Martha Elena Redondo Herrera, contra la
sentencia de primera instancia. Además, por auto del 25 de abril de 201817, corrió
traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio
Público para que rindiera concepto de fondo. Así lo hicieron el municipio de
Ubaté18 y el Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado, Nicolás
Yepes Corrales, quien rindió el concepto No. 096 del 16 de mayo de 201819, en el
que argumentó:

14 Folios 145-151 del C.ppal.
15 Folio 153 del C.ppal.
16 Folio 158 del C.ppal.
17 Folio 200 del C.ppal.
18 Por medio de escrito radicado el 28 de mayo de 2018, que obra a folios 220-223 del C.ppal.
19 Folios 202-219 del C.ppal.

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Expediente: 25000-23-36-000-2013-00535-01 (54591)
Actor: Martha Elena Redondo Herrera

“De esta manera, pese al daño antijurídico ya mencionado por la
imposibilidad de desarrollar urbanísticamente predios que contaban con la
respectiva licencia de construcción, lo cierto es que por razón del mismo no
se probó la existencia de perjuicios que debieran ser indemnizados.

No pasa por alto el Ministerio Público que lo relativo a la naturaleza del medio
de control de reparación directa fue examinado y tal tema se entiende
superado por no ser objeto de la apelación.

Sin embargo, lo cierto es que por técnica jurídica en este caso, cuando la
administración produce un acto y este se estima, así sea sutilmente, contrario
a derecho, la acción procedente es la de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la decisión allí adoptada, sin que en opinión de esta
Procuraduría Delegada el actor puede escoger a su arbitrio la vía procesal
para la defensa de sus derechos, puesto que el legislador ha regulado las
pretensiones que pueden ser objeto del derecho de acción y las ritualidades
del trámite, no obstante como ya se dijo, tal debate se entiende superado y
no es objeto de controversia (…)”.

2.6. Manifestación y aceptación de impedimento

El magistrado Nicolás Yepes Corrales, por medio de proveído del 15 de octubre de
201920, manifestó su impedimento para conocer del presente asunto. Esto, con
fundamento en la causal prevista en el artículo 141, numeral 12, del CGP21. La
Subsección, a través de auto del 31 de enero de 202022, declaró fundado el
impedimento manifestado por el magistrado Nicolás Yepes Corrales.

III. PROBLEMA JURÍDICO

De acuerdo con el artículo 320 del Código General del Proceso (CGP), aplicable en
esta instancia conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 1887 23 y la jurisprudencia
unificada de esta Corporación24, el “recurso de apelación tiene por objeto que el
superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos
concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la
decisión”. En razón a ello, la competencia funcional de la Sala, como juzgador de
segunda instancia, se limita a “pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley”, como lo establece el artículo 328 del CGP.
Sin embargo, como la misma norma lo establece, “cuando ambas partes hayan
apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones”.

Al punto, recuerda la Sala que, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta
Sección, el juzgador tiene la potestad de “pronunciarse oficiosamente sobre todas
aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales
como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de
la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos
de su inconformidad con la providencia censurada”25.

20 Folio 229 del C.ppal.
21 CGP. “Artículo 141. Son causales de recusación las siguientes:

(…)
12. Haber dado el juez consejo o concepto fuera de actuación judicial sobre las cuestiones materia del proceso,
o haber intervenido en este como apoderado, agente del Ministerio Público, perito o testigo”.
22 Folios 231 y 232 del C.ppal.
23 “Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las

anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. || Sin embargo, los recursos interpuestos, la
práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren
comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes
vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o
diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las
notificaciones. […]” (subrayado fuera del texto original).
24 Cfr. CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de

junio de 2014, rad. núm. 25000-23-36-000-2012-00395-01(IJ).
25 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, exp. 46005.

6

Expediente: 25000-23-36-000-2013-00535-01 (54591)
Actor: Martha Elena Redondo Herrera

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la sentencia de primera instancia,
encontró acreditados el daño antijurídico y la imputación de dicho daño al municipio
de Ubaté, pero, al momento de analizar las pruebas atinentes a los perjuicios
reclamados por la parte actora, concluyó que estos no fueron demostrados por
aquella, por lo que negó las pretensiones de la demanda. La señora Martha Elena
Redondo Herrera, en el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera
instancia, reiteró todos los argumentos expuestos en el escrito introductorio
tendientes a demostrar el cumplimiento de los elementos de procedencia de una
declaración de responsabilidad administrativa en contra del municipio de Ubaté y
expuso unas consideraciones frente a la prueba relativa a la demostración de los
perjuicios que le fueron causados por los actos administrativos No. 003, 004 y 005
de 2012, expedidos por la Secretaría de Planeación y Desarrollo de Ubaté. Por su
parte, la entidad territorial demandada no interpuso recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia. Así las cosas, esta Subsección no abordará el análisis
correspondiente a la acreditación del daño antijurídico y la imputación de este al
municipio de Ubaté, por tratarse de un asunto de la litis que quedó definido con el
fallo de primera instancia.

En este orden de ideas, la Sala, analizará el cumplimiento de los presupuestos
para proferir una sentencia de mérito y, de encontrarlos acreditados, resolverá el
siguiente problema jurídico, en atención a los cargos formulados en el recurso de
apelación interpuesto por la actora:

¿La señora Martha Elena Redondo Herrera, con el material probatorio que obra en
el presente proceso, acreditó los perjuicios materiales y morales cuya
indemnización pretende?

En caso de que la respuesta al anterior problema sea afirmativa, la Subsección
decidirá sobre la condena a que haya lugar.

IV. HECHOS PROBADOS RELEVANTES PARA LA SOLUCIÓN DE LOS
PROBLEMAS JURÍDICOS

4.1. La Secretaría de Planeación y Desarrollo de Ubaté, Cundinamarca, expidió la
Resolución No. 046 del 13 de marzo de 2012, por medio de la cual resolvió:

“ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la licencia en la modalidad de OBRA
NUEVA para la construcción de cuatro (4) viviendas bifamiliares, en el predio
inscrito en el catastro bajo el número 01-00-0099-0041-00, matrícula
inmobiliaria 172-21632, identificado con nomenclatura en su portada:
CARRERA 11 No. 8-05/11/23/31, propiedad de la señora: MARTHA ELENA
REDONDO HERRERA, identificada con la cédula de ciudadanía No.
414300545, según consta en la Escritura Pública No: 250 del 25 de Abril
de 1986 de la Notaría Primera del Circuito de Ubaté (…)”

4.2. La señora Ana Sofía Alba, a través de escrito radicado ante la Secretaría de
Planeación y Desarrollo de Ubaté el 8 de mayo de 201226, solicitó la suspensión de
la licencia de construcción otorgada a la señora Martha Elena Redondo Herrera
hasta tanto el Juzgado Civil del Circuito de Ubaté decidiera una demanda de
imposición de servidumbre que había incoado contra la aquí demandante.

4.3. En atención al derecho de petición elevado por la señora Ana Sofía Alba, la
Secretaría de Planeación y Desarrollo de Ubaté, por Resolución No. 003 del 18 de
mayo de 201227, revocó, en su totalidad, la Resolución No. 046 del 13 de marzo de
2012. Además, en el artículo tercero de la parte resolutiva de dicho acto
administrativo, ordenó “a la señora Martha Elena Redondo Herrera (…) suspender

26 Folios 50-54 del cuaderno 3.
27 Folios 57 y 58 del cuaderno 3.

7

Expediente: 25000-23-36-000-2013-00535-01 (54591)
Actor: Martha Elena Redondo Herrera

de manera inmediata los trabajos iniciados con base a la resolución 046 de marzo
2012 (…)”.

4.4. La señora Martha Elena Redondo Herrera, en escrito presentado el 5 de junio
de 201228, interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra la
Resolución No. 003 del 18 de mayo de 2012. Como sustento de su impugnación,
la aquí demandante expuso, entre otros, los siguientes fundamentos jurídicos:

“Que la oficina de Planeación de Ubate, expidió la resolución 003 recurrida,
citando un derecho de petición del cual no corrió traslado a mi poderdante del
derecho de petición presentado por la señora Alba, se desconoce su
contenido sus pruebas, se mantiene en secreto por parte de la oficina de
Planeación Municipal, mi poderdante no tuvo la oportunidad de controvertirlo,
de tacharlo y de aportar documentos pese a que afectaba directamente a mi
poderdante (…)

La oficina de planeación no ha expedido su Resolución 003 de conformidad a
la Constitución a la Ley y a derecho vulnerando los derechos fundamentales,
adquiridos, la legítima defensa, el debido proceso, entre otros como se
demuestra en los hechos y el los documentos que se aporta.

No expidió la resolución que hoy se recusa conforma a la ley administrativa y
a la Constitución Colombiana desde el día 22 de mayo de 2012 y en la
presente que se notifico debido al carácter de acto administrativo particular y
concreto, no corriendo traslado de un derecho de petición que afecta de
forma cabal y directamente a mi poderdante, no respetando los términos y
requisitos que fija la Ley y la Constitución para la firmeza del acto
administrativos y los requisitos legales tal y como se demuestra con las
Boletas de Reporte de visita emitidas por la Oficina de Planeación Municipal,
imponiendo una decisión por fuera de requisitos legales pasando por encima
de la ley administrativa, la constitución, la doctrina y el derecho”. (Transcrito
de forma literal, incluyendo los errores de redacción y/u ortografía)

4.5. La Secretaría de Planeación y Desarrollo de Ubaté, por Resolución No. 004
del 7 de junio de 201229, decidió el recurso de reposición interpuesto por la señora
Martha Elena Redondo Herrera, arribando a la conclusión de que “revisada la
actuación, en efecto se evidencia la ausencia del trámite específico indicado en el
Código Contencioso Administrativo”. Por lo tanto, resolvió:

“ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la Resolución No 003 del 18 de mayo de
2012, con excepción del numeral tercero el cual se mantiene las siguientes
razones.

ARTÍCULO SEGUNDO: Mantener la medida de suspensión de la obra a la
que hace referencia la resolución 046 de 2012, con apoyo en el artículo
tercero, inciso quinto y sexto del código contencioso administrativo (…)

ARTÍCULO CUARTO: No se concede el recurso de apelación por haberse
decidido de fondo el recurso de reposición

ARTÍCULO QUINTO: Contra esta resolución no procede ningún recurso”.

4.6. La señora Martha Elena Redondo Herrera, en escrito presentado el 12 de
junio de 201230, interpuso recurso de reposición contra los artículos segundo,
cuarto y quinto de la Resolución No. 004 del 7 de junio de 201231, de acuerdo con
los siguientes cargos, entre otros:

28 Folios 72-81 del cuaderno 3.
29 Folios 104 y 105 del cuaderno 3.
30 Folios 122-131 del cuaderno 3.
31 En el encabezado del escrito impugnatorio, se indicó:

“REFERENCIA: RECURSO DE REPOSICIÓN DE LA RESOLUCIÓN 004 DE FECHA 7 DE JUNIO DE 2012.
Yo OLGA CAROLINA CASTRO REDONDO (…) actuando como apoderada de la señora MARTHA ELENA
REDONDO HERRERA, según poder que anexe el día 29 de mayo de 2012, por el presente escrito interpongo
recurso gubernativo de reposición contra los ARTÍCULOS SEGUNDO, CUARTO Y QUINTO, artículos

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Expediente: 25000-23-36-000-2013-00535-01 (54591)
Actor: Martha Elena Redondo Herrera

“2. Que mantiene la decisión de suspender la obra sin ninguna causal legal
violando el derecho adquirido de mi poderdante según la resolución 046 de
2012, por medio de la cual se le concede la licencia de construcción, es decir
se reconoce un derecho pero este no se puede ejercer plenamente por la
suspensión del mismo, por ende viola fragante menté la constitución Política
y el ordenamiento jurídico Colombiano (…)

7. Que mi poderdante no tuvo la oportunidad legal y reglamentaria
controvertir por medio legal y para hacer uso del el debido proceso, la
legítima defensa, ya que no se le corrió traslado a mi poderdante ni nunca fue
llamada a la oficina de Planeación, respecto del derecho de petición que
radico la señora ANA SOFIA ALBA, el día 11 de mayo que afecta
directamente a mi poderdante, los derechos su patrimonio económico,
derecho de petición del cual hasta la fecha no se conoce, ni se tiene
conocimiento ni copia de su contenido (…)

38. Que pese a que me encontraba en términos para la presentación de
recurso de reposición y de apelación, ante la resolución 003 resolución
recurrida, la oficina de Planeación Municipal de Ubate, el día 29 DE MAYO
FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN, envió boleta
suspendiendo la obra en virtud a la resolución recurrida, es decir la oficina de
planeación sin que la Resolución 003 quedare en firme decidió darle vigencia,
sin observancia a la Ley y a Derecho (…)”. (Transcrito de forma literal,
incluyendo los errores de redacción y/u ortografía)

4.7. La Secretaría de Planeación y Desarrollo de Ubaté profirió la Resolución No.
005 del 4 de julio de 201232, por medio de la cual decidió no revocar la Resolución
No. 004 del 7 de junio de 2012. Además, concedió el recurso de apelación que
había interpuesto la señora Martha Elena Redondo Herrera contra la Resolución
No. 003 del 18 de mayo de 201233. Las anteriores decisiones fueron sustentadas
en los siguientes términos:

“[N]o habría lugar a dar trámite al recurso interpuesto por la apoderada de la
señora MARTHA ELENA REDONDO HERRERA, sin embargo, en aras de
aclarar las inmensas confusiones que se detecta en el escrito presentado a
manera de sustentación, esta Secretaría le explica a la profesional del
derecho los siguientes aspectos:

Ciertamente, tal y como se expresó en la Resolución Administrativa 004 de
2012, este Despacho incurrió en error cuando expidió la Resolución
Administrativa 003 de 2012 pues se revocó una licencia de construcción sin
haber escuchado a la titular de la misma, y por ello en el artículo tercero de la
parte resolutiva de la Resolución 004 mencionada, se dispuso citar a la
señora REDONDO HERRERA para que se haga parte en el trámite dando
aplicación a lo dispuesto en el artículo 76 del Código Contencioso
Administrativo (…)

Así las cosas siendo la orden de suspensión de la obra de carácter
provisional y encontrándose debidamente sustentada, aunque la decisión de
suspensión se encuentra debidamente sustentada, para garantizar aún más
los derechos de la ciudadana, se concede el recurso de apelación (…)”.

contenidos dentro de la Resolución No. 004 de 7 de junio de 2012, por medio de los cuales se mantiene
vigente el artículo tercero de la resolución 003
32 Folios 146-152 del cuaderno 3.
33 En relación con dicho trámite administrativo, la Subsección, con fundamento en lo prescrito por los artículos

50 y 51 del Código Contencioso Administrativo (CCA), encuentra que este fue adelantado de forma irregular,
ya que la señora Martha Elena Redondo Herrera no interpuso el recurso de queja contra la Resolución No. 004
del 7 de junio de 2012, por medio de la cual la Secretaría de Planeación y Desarrollo de Ubaté resolvió la
reposición formulada contra la Resolución No. 003 del 18 de mayo de 2012 y decidió no conceder el recurso de
apelación presentado contra dicho acto administrativo. Sin embargo, la misma Secretaría de Planeación y
Desarrollo de Ubaté, al conocer del recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 004 del 7 de
junio de 2012, concedió el recurso de apelación que anteriormente había denegado.

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Expediente: 25000-23-36-000-2013-00535-01 (54591)
Actor: Martha Elena Redondo Herrera

4.8. La Alcaldía Municipal de Ubaté, con Resolución No. 199 del 4 de octubre de
201234, resolvió el recurso de apelación presentado por la señora Martha Elena
Redondo Herrera, en los siguientes términos:

“PRIMERO: REVOCAR las resoluciones No. 003, 004 y 005 de 2012,
expedidas por la Secretaría de Planeación y Desarrollo de Ubaté y dejar sin
efecto toda actuación surtida dentro del trámite administrativo con
posterioridad a la presentación del derecho de petición presentado el día 8 de
mayo de 2012 por la señora ANA SOFÍA ALBA.

SEGUNDO: CORRER TRASLADO a la señora MARTHA ELENA REDONDO
del derecho de petición presentado por la señora ANA SOFÍA ALBA (…)”.

Como fundamento de su decisión, la administración municipal indicó, entre otros
argumentos, que “la Secretaría de Planeación y Desarrollo Municipal debió correr
traslado a la señora MARTHA ELENA REDONDO, del derecho de petición
presentado por la señora ANA SOFÍA ALBA con el fin de permitirle un
pronunciamiento sobre los hechos allí narrados, para no violar el derecho de
controversia y garantizar el debido proceso”.

V. CONSIDERACIONES

5.1. Sobre los presupuestos de la sentencia de mérito

5.1.1. Competencia

La Sala es competente para conocer el caso objeto de estudio, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 15035 y 15236, numeral 6, del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). En lo atinente a la
cuantía, esta colegiatura encuentra que la parte actora solicitó el pago, por
concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, de mil
doscientos ochenta millones de pesos ($1.280.000.000) m/cte., suma que, para la
fecha de presentación de la demanda, esto es, el 2 de abril de 201337, superaba el
valor correspondiente a quinientos (500) SMLMV38.

5.1.2. La debida escogencia del medio de control

La jurisprudencia consolidada de esta Corporación, al interpretar la normativa
rectora de las acciones contencioso administrativas, ha entendido que “(…) la
fuente del daño determina la acción procedente para analizar los supuestos
que fundan la controversia y ésta, a su vez, determina la técnica apropiada para
la formulación de las pretensiones de la demanda y la oportunidad en el tiempo
para hacerlas valer por la vía jurisdiccional”39. En ese sentido, quien pretenda el
resarcimiento de daños causados por la administración, o el restablecimiento de
derechos vulnerados por ésta, no puede escoger a su libre arbitrio o
discrecionalidad el medio de control que ha de poner en ejercicio para el

34 Folios 1-6 del cuaderno 2.
35 “Artículo 150. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y
de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de
queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código”.
36 “Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

(…)
6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes
judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes (…)”
37 Ver nota al pie No. 1.
38 El salario mínimo para el año 2013 ascendía a la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos

($589.500) m/cte, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2738 de 2012, por lo que la suma de quinientos
(500) SMLMV correspondía a doscientos noventa y cuatro millones setecientos cincuenta mil pesos
($294.750.000) m/cte.
39 Negrilla fuera del texto. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 12 de mayo de 2011, exp.

26758. Asimismo, ver, entre otras, las sentencias de 7 de junio de 2007, exp. 16474; del 19 de julio de 2007,
exp. 30905; y del 31 de agosto de 2005, exp. 29511.

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Expediente: 25000-23-36-000-2013-00535-01 (54591)
Actor: Martha Elena Redondo Herrera

efecto, puesto que son normas de orden público y de imperativo cumplimiento las
que establecen el criterio que rige el asunto40.

Esta Colegiatura, como regla general, ha indicado que, si la causa del daño
reside en la ilegalidad de una decisión de la administración (un acto administrativo)
que crea, modifica o extingue una relación jurídica particular y concreta, la acción
contencioso administrativa o el medio de control procedente es el de nulidad y
restablecimiento del derecho. Pero, también que, si la fuente del daño radica en
un hecho, una omisión, una operación administrativa o en la ocupación de un
inmueble, entonces la vía judicial pertinente es el medio de control de reparación
directa41.

Sin embargo, la jurisprudencia ha reconocido la procedencia excepcional de la
acción o medio de control de reparación directa cuando el daño se deriva de un
acto administrativo, en los siguientes casos42:

(i) siempre y cuando no se cuestione la legalidad del acto administrativo en el
curso del proceso, por cuanto reconoce que el ejercicio de la función administrativa
ajustado al ordenamiento jurídico puede generar un rompimiento del equilibrio de
las cargas públicas que deben soportar todos los ciudadanos, eventos en los que
el título de imputación utilizado ha sido el de daño especial por provenir los
perjuicios de una actividad lícita y legítima del Estado.

En este evento, se ha dicho que se “causa al administrado un daño especial,
anormal, considerable, superior al que normalmente deben sufrir los ciudadanos
en razón de la especial naturaleza de los poderes y actuaciones del Estado,
rompiéndose así la igualdad de los mismos frente a las cargas públicas, o la
equidad que debe reinar ante los sacrificios que importa para los administrados la
existencia del Estado”43.

(ii) El daño proviene de un acto administrativo que posteriormente fue revocado por
la entidad pública o anulado por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa
siempre y cuando no se haya consolidado la situación jurídica. Procede en estos
casos pues el daño causado a los administrados se torna antijurídico en el
momento en que la administración o la jurisdicción reconocen su ilegalidad y por
tanto deciden retirarlo del ordenamiento jurídico, desapareciendo el deber de los
administrados de soportarlo.

(iii) el daño resulta de la ejecución irregular de un acto administrativo, ya que en
este evento se configura una operación administrativa ilegal.

Conforme al acápite de hechos probados en esta providencia, Martha Elena
Redondo Herrera interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra la
Resolución No. 003 del 18 de mayo de 2012. La Secretaría de Planeación y
Desarrollo de Ubaté, en Resolución No. 004 del 7 de junio de 2012, resolvió el
recurso de reposición y decidió no conceder el de apelación, pero, a través de la
Resolución No. 005 del 4 de julio de 2012, terminó concediendo la alzada
formulada por la aquí demandante contra la Resolución No. 003 del 18 de mayo. La
Alcaldía Municipal de Ubaté, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la

40 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de enero de 1997, exp. 12432. Consejo de Estado,

Sección Tercera, 7 de junio de 2007, exp. 16474; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, 3 de
abril de 2013, exp. 26437; exp. 43758; Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, 21 de marzo de 2018,
exp. 29352 y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 29 de marzo de 2019, exp.
42961.
41 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 4 de junio de 2019, exp. 43758; y

Subsección A, sentencia del 16 de julio de 2021, exp. 50146.
42 Ver, entre otros: (i) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 17 de noviembre de

2016, Expediente: 68001-23-33-000-2015-00479-01(55349); y (ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 7 de octubre de 2020. Radicación No. 25000-23-
26-000-2011-01407-01 (50126).
43 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 3 de abril de 2013, Expediente: 52001-23-

31-000-1999-00959-01(26437).

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Expediente: 25000-23-36-000-2013-00535-01 (54591)
Actor: Martha Elena Redondo Herrera

señora Redondo Herrera, revocó las resoluciones No. 003, 004 y 005 de 2012,
expedidas por la Secretaría de Planeación y Desarrollo de Ubaté, dejó sin efectos
todas las actuaciones adelantadas con posterioridad a la presentación del derecho
de petición presentado por la señora Alba y ordenó correr traslado de dicha
solicitud a la señora Redondo Herrera, esto es, encontró procedentes los cargos
formulados por aquella, en uso de los recursos previstos en la vía gubernativa,
contra los actos administrativos que le revocaron su licencia de construcción y le
ordenaron la suspensión de las obras.

Así las cosas, en atención a que la señora Martha Elena Redondo Herrera
pretende la reparación del daño que le fue causado por el municipio de Ubaté con
la expedición de la Resolución No. 003 del 18 de mayo de 2012, y este acto
administrativo fue revocado por dicha entidad territorial con ocasión a la
interposición de los recursos de la vía gubernativa y con anterioridad a que se
hubieren consolidado sus efectos jurídicos, el medio de control procedente es el
de reparación directa, conforme con la segunda hipótesis de procedencia
excepcional de dicha acción cuando el daño se deriva de un acto administrativo.

5.1.3. Ejercicio oportuno del medio de control

El artículo 164, numeral 2, literal i), del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo (CPACA) prescribe que la acción de reparación
directa debe incoarse en el término de dos (2) años, contados a partir del día
siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando
el demandante tuvo conocimiento del daño, si ello ocurrió en fecha posterior.

La señora Martha Elena Redondo Herrera fue notificada de la Resolución No. 003
de 2012 el día 29 de mayo de la misma anualidad44, por lo que la demanda
incoada el 2 de abril de 201345, fue ejercida dentro de los dos (2) años siguientes
al momento en que la actora conoció del daño cuya reparación pretende. Lo
anterior, incluso prescindiendo del tiempo durante el cual el término de caducidad
estuvo suspendido en razón de la presentación de la solicitud de conciliación
prejudicial, radicada el 23 de julio de 201246.

5.1.4. Legitimación en la causa

5.1.4.1. La presente decisión tendrá alcance respecto de la señora Martha Elena
Redondo Herrera, en su condición de beneficiaria de la licencia de construcción
aprobada por la Secretaría de Planeación y Desarrollo de Ubaté en la Resolución
No. 046 del 13 de marzo de 201247, que fue revocada mediante la Resolución No.
003 del 18 de mayo de la misma anualidad.

5.1.4.2. En lo que atañe al extremo pasivo de la litis, la Sala encuentra que está
legitimado en la causa el municipio de Ubaté, por tratarse del ente público que
profirió la Resolución No. 003 del 18 de mayo de 2012, a través de la cual se
revocó la licencia de construcción que le había sido otorgada y se le ordenó a
aquella que suspendiera las obras que estuviera adelantando con ocasión de dicha
licencia.

5.1.5. Caso concreto – prueba de los perjuicios solicitados por la parte actora.

La señora Martha Elena Redondo Herrera solicitó a esta jurisdicción que profiriera
sentencia de condena en contra de la Fiscalía General de la Nación, ordenándole
44 De acuerdo con la diligencia de notificación personal suscrita por la abogada Olga Carolina Castro Redondo,

apoderada judicial de la señora Martha Elena Redondo Herrera, que se encuentra en el reverso del folio 69 del
cuaderno 3.
45 Ver nota al pie No. 1.
46 De acuerdo con la constancia de conciliación prejudicial expedida por la Procuraduría 200 Judicial I para

asuntos administrativos de Zipaquirá, visible a folios 119-121 del cuaderno 2.
47 Folios 46-48 del cuaderno 3.

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Expediente: 25000-23-36-000-2013-00535-01 (54591)
Actor: Martha Elena Redondo Herrera

el reconocimiento y pago de los perjuicios que le fueron causados por la revocación
de su licencia de construcción y la suspensión de las obras adelantas con ocasión
de dicha licencia. En el acápite de la cuantía, la demandante argumenta que “con la
suspensión de la obra por parte de la Oficina de Planeación Municipal” incurrió en
los siguientes incumplimientos contractuales, que le generaron los perjuicios que
reclama en el presente proceso: (i) “incumplimiento contractual con el arquitecto de
la obra señor Francisco Mendoza y con el maestro de construcción Emilio Acosta”,
y con los trabajadores de la obra, por valor de trescientos millones de pesos
($300.000.000); (ii) “incumplimiento contractual con los compradores de los ocho
(8) apartamentos” o “incumplimiento contractual de la venta de los apartamentos”,
por valor de mil doscientos ochenta millones de pesos ($1’280.000.000); (iii)
“ganancia dejada de percibir con la venta de los ocho apartamentos”, por valor de
ciento ochenta millones de pesos ($180.000.000); y (iv) pago de cláusulas penales
por incumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas con el arquitecto
Francisco Mendoza, el maestro de obra Emilio Acosta y los compradores de los
ocho (8) apartamentos, por valor de ochocientos millones ($800.000.000).

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la sentencia de primera instancia,
analizó los testimonios de los señores Francisco Mendoza Villamil, José Emilio
Acosta y Olga Lucía Redondo Herrera, hermana de la aquí demandante, los cuales
sintetizó así:

“a) El arquitecto Francisco Mendoza, declaró en la audiencia de pruebas
llevada a cabo con ocasión de este proceso, sobre los valores del metro
cuadrado, valor individual por apartamento, y valor de los cánones de
arrendamiento, en el sector en el que la demandante pensaba llevar a cabo
su proyecto de construcción.

b) Por su parte, el maestro de obra José Emilio Acosta , reiteró que la licencia
de construcción de la señora Martha Elena Redondo versaba sobre 4
viviendas bifamiliares, y que la aquí demandante llegó a contratar 5
empleados, cuya nómina se acercaba a los $800.000 semanales, añadiendo
que las labores de construcción adelantadas, quedaron en obra gris, tras
haberse recibido las boletas de suspensión de las mismas, por parte del
Municipio de UBATE. También manifiesta este testigo, haber suscrito un
contrato a término indefinido con OLGA LUCÍA REDONDO, hermana de la
demandante, por un valor de $300.000, y que, a raíz de los hechos descritos
en la demanda, la señora MARTHA ELENA REDONDO, tuvo que indemnizar
a algunos de sus empleados.

c) Finalmente, la testigo Olga Lucía Redondo, hermana de la demandante, se
refirió al proceso de servidumbre elevado en contra de la actora, en el año
2011; a los valores del metro cuadrado, valor individual por apartamento, y
valor de los cánones de arrendamiento, en el sector en el que la demandante
pensaba llevar a cabo su proyecto de construcción. Del mismo modo, esta
testigo declaró acerca de cómo el Municipio de UBATE expidió las boletas de
suspensión de obra de qué trata el presente proceso, situación que le
ocasionó quebrantos de salud a la señora MARTHA ELENA REDONDO,
manifestando además que su licencia de construcción era otorgada a la aquí
demandante”.

En relación con el valor probatorio de estos testimonios, en aras de acreditar la
ocurrencia de los perjuicios materiales cuya indemnización reclama la actora, el
Tribunal de primera instancia indicó que: (i) el señor Francisco Mendoza Villamil
manifestó haber elaborado los planos de la obra que ejecutaría la señora Redondo
Herrera y los presentó ante la Secretaría de Planeación y Desarrollo de Ubaté para
la obtención de la licencia de construcción, pero no se pronunció sobre el contrato
suscrito para la realización de dichas actividades ni tampoco sobre su valor; y (ii) el
señor José Emilio Acosta indicó que suscribió un contrato con la señora Olga Lucía
Redondo Herrera pero no demostró la existencia de aquel, especialmente cuando
la hermana de la aquí accionante indicó que ella tenía una licencia de construcción
distinta de aquella que fue suspendida en virtud de la Resolución No. 003 del 18

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Expediente: 25000-23-36-000-2013-00535-01 (54591)
Actor: Martha Elena Redondo Herrera

de mayo de 2012; además, argumentó que el testigo depuso sobre una
indemnización que habría pagado la señora Martha Elena Redondo Herrera a los
trabajadores de la obra y, sin embargo, no dio cuenta de cuál era el monto de
dicha indemnización. Por lo tanto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
concluyó que la actora no probó la existencia de los contratos que habría
celebrado con los señores Francisco Mendoza Villamil y José Emilio Acosta, ni de
las promesas de compraventa para la venta de los ocho (8) apartamentos cuya
construcción tenía proyectada, así como tampoco acreditó el pago de las cláusulas
penales que habría cancelado por el incumplimiento de dichos contratos de
prestación de servicio y de compraventa. Por último, el a quo manifestó que las
pretensiones de la demandante se fundamentan en una mera expectativa, toda
vez que aquella no demostró que habría culminado la construcción de la obra en el
lapso en el cual ésta estuvo suspendida en razón de las resoluciones No. 003, 004
y 005 de 2012.

La actora, en el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera
instancia, únicamente formuló los siguientes cargos en relación con la valoración
de las pruebas aportadas para acreditar los perjuicios cuya indemnización
pretende: (i) en relación con el reconocimiento de perjuicios materiales, indicó que,
aun cuando no allegó copia de los contratos celebrados con los señores Francisco
Mendoza Villamil y José Emilio Acosta, estas personas rindieron testimonio en el
que declararon sobre la existencia de dicha relación contractual y expusieron cuál
era su objeto. Además, afirmó que el señor José Emilio Acosta relató que la
suspensión de su contrato se dio en razón de la suspensión de la obra por parte
del municipio de Ubaté; y (ii) en relación con el reconocimiento de perjuicios
morales, argumentó que en el acápite correspondiente a las pretensiones de la
demanda solicitó el reconocimiento de dicho perjuicio, procediendo a tasarlo en el
numeral cuarto del mismo título.

Tal como ya se refirió, el artículo 320 del Código General del Proceso (CGP), norma
aplicable de manera supletoria al procedimiento contencioso administrativo conforme
al artículo 306 del CPACA, dispone que “el recurso de apelación tiene por objeto que
el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos
concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la
decisión” (subrayado añadido). En razón a ello, la competencia funcional del juez de
segunda instancia, tal como lo demanda la norma en cita, se debe circunscribir a los
argumentos expuestos por el recurrente en contra de la decisión que se hubiera
adoptado en primera instancia, y que resultó desfavorable o perjudicial a sus
derechos o intereses48. En esa medida, la carga argumentativa del recurso de
apelación tiene que develar, desde un punto de vista material, la existencia de
verdaderas razones de disenso sobre las que se ocupe el juez de apelación, dado
que la oportunidad de alzada en modo alguno reabre todo el debate. Así lo han
considerado las distintas Secciones que conforman la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, las cuales han remarcado la necesidad de que
el recurso de apelación sea adecuadamente sustentado, so pena de que el fallo
objeto de impugnación sea confirmado por ausencia de censura49.

En relación con el deber que tiene el recurrente de sustentar en debida forma el
recurso interpuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha
expresado50:

“Si, como ya está dicho, la apelación es una faceta del derecho de impugnar,
expresión ésta derivada de la voz latina "impugnare", que significa "combatir,

48 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Sentencia del 23 de mayo de 2012, expediente 2010-00719-
01(AP)
49 CONSEJO DE ESTADO, Sección Primera, sentencia de 23 de enero de 2020, expediente 90514-01; Sección

Segunda, Subsección A, sentencia del 1º de agosto de 2018, expediente 3026-15; Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 4 de julio de 2019, expediente 0649-15; Sección Tercera, sentencia del 23 de abril
de 2009, expediente 17160; Sección Cuarta, sentencia del 30 de octubre de 2019, expediente 24744.
50 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, auto de 30 de agosto de 1984, Gaceta Judicial

No. 2415.

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Expediente: 25000-23-36-000-2013-00535-01 (54591)
Actor: Martha Elena Redondo Herrera

contradecir, refutar", tiene que aceptarse que el deber de sustentar este recurso
consiste precisa y claramente en dar o explicar por escrito la razón o motivo
concreto que se ha tenido para interponer el recurso; o sea, para expresar la
idea con criterio tautológico, presentar el escrito por el cual, mediante la
pertinente crítica jurídica, se acusa la providencia recurrida a fin de hacer ver su
contrariedad con el derecho y alcanzar por ende su revocatoria o su
modificación. (…) [C]ree la Corte que no pueda darse por sustentada una
apelación, ni por ende cumplida la condición que subordina la admisibilidad de
este recurso, cuando el impugnante se limita simplemente a calificar la
providencia recurrida de ilegal, injurídica o irregular; tampoco cuando emplea
expresiones abstractas tales como, “sí hay prueba de los hechos" u otras
semejantes, puesto que aquellos calificativos y estas expresiones, justamente
por su vaguedad e imprecisión no expresan, pero ni siquiera implícitamente, las
razones o motivos de la inconformidad del apelante con las deducciones lógico-
jurídicas a que llegó el Juez en su proveído impugnado”.

En consonancia con lo anterior, se observa que la Sección Tercera en una decisión
reciente determinó con respecto a la “carga procesal de sustentación material del
recurso de apelación”51, lo siguiente:

“(…) la Sala debe reiterar que la apelación se encuentra limitada a los
aspectos indicados por la parte actora en su recurso, en tanto a través de ella
se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión
judicial, por lo cual corresponde a los recurrentes confrontar los argumentos
que el juez de primera instancia presentó para tomar su decisión con sus
propias consideraciones, para efecto de solicitarle al juez de superior
jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se plantean
ante la segunda instancia (…)”.

De acuerdo con los lineamientos normativos y jurisprudenciales expuestos, para esta
Subsección resulta claro que el marco fundamental de competencia del juez de
segunda instancia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que
el recurrente esgrime en contra de la decisión que se hubiere adoptado en la
providencia de primera instancia. Por lo tanto, los aspectos distintos a los planteados
en el escrito de alzada, están llamados a excluirse del debate en sede superior.

Así mismo, no resultan válidas las afirmaciones en las que la parte se limita a
expresar que se reiteran o se deben analizar los argumentos expuestos en el escrito
de demanda o en el escrito de alegatos de conclusión. Pues este proceder, a juicio de
la Sala, resulta, a todas luces, inaceptable y reprochable, ya que se reitera, el
recurrente tiene la carga de sustentar y argumentar plenamente los reparos que
pretenden le sean analizados en segunda instancia52.

Llevado lo anterior al caso concreto, en relación con el primer cargo, la Sala
encuentra que la actora no confrontó los argumentos expuestos por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, pues, indicó que la relación contractual si había sido
probada con las declaraciones rendidas por Francisco Mendoza Villamil y José Emilio
Acosta, y se limitó a señalar que ambos dieron cuenta del objeto de los contratos, y,
el segundo, informó que el motivo por el cual se suspendió la relación laboral con la
demandante fue por la orden proferida por el municipio de Ubaté. En consecuencia, el
recurrente deja de lado las siguientes consideraciones del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca sobre el testimonio de Francisco Mendoza Villamil: (i) que las
actividades desplegadas por este se limitaron a aquellas necesarias para la obtención
de la licencia de construcción, más no a la ejecución de la obra53; (ii) que aquel no se

51 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 23 de abril de 2021, expediente

48450.
52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 22

de noviembre de 2021. Radicación No. 25000-23-36-000-2012-00724-01 (52430).
53 Al respecto, el señor Francisco Mendoza Villamil, en la audiencia de pruebas [hora/min/segundo: 20:30-

21:05], relató:
“Preguntado: Informe al despacho si ud fue la persona que, además de hacer los diseños del proyecto, inició la
construcción del mismo. Contestó: No señora, el compromiso mío profesionalmente fue diseñar los planos,
presentarlos a planeación y hacer un pequeño seguimiento hasta la adquisición de la licencia de construcción.

15

Expediente: 25000-23-36-000-2013-00535-01 (54591)
Actor: Martha Elena Redondo Herrera

pronunció, de forma específica, sobre el contrato suscrito con la señora Martha Elena
Redondo Herrera ni tampoco sobre el valor de dicho contrato, por lo que, a su juicio,
no se demostró la existencia del mismo. Así, la simple manifestación de que la
declaración rendida por el señor Francisco Mendoza Villamil si demostró la existencia
del contrato, sin confrontar, las razones específicas que llevaron a Tribunal de primera
a establecer que, aun considerando lo expuesto en tales declaraciones, no se probó
dicha relación contractual, no constituye una sustentación material del recurso.

Lo mismo, ocurre en relación con la valoración del testimonio del señor José Emilio
Acosta, ya que la accionante se limitó a indicar que con su dicho se había acreditado
la existencia de una relación contractual de aquel con la señora Martha Elena
Redondo Herrera, pero, en dicha alzada, no abordó el interrogante planteado por la
primera instancia, esto es, que el declarante afirmó que suscribió el contrato con la
señora Olga Lucía Redondo Herrera, hermana de la actora, aunado a que Olga
Lucía, en su propia declaración, relató que a ella le había sido otorgada otra licencia
de construcción, distinta de aquella objeto del presente asunto. De esta manera la
conclusión del Tribunal fue que, a lo sumo, la declaración del señor Acosta podía
tenerse como prueba de la existencia de un contrato entre este y la hermana de la
demandante, sin que respecto de este punto la apelante ofreciera razones para
contraponer tal aserto, como tampoco para rebatir que las mencionadas
declaraciones nada dijeron sobre el pago de cláusulas penales.

Por ende, el recurso de apelación no fue sustentado adecuadamente, por lo que, en
relación con el reconocimiento de perjuicios materiales, la sentencia objeto de
impugnación será confirmada por ausencia de censura.

Como fundamento del segundo cargo, la demandante afirmó que sí solicitó condena
por perjuicios morales y que estos se encuentran tazados en el numeral cuarto de las
pretensiones de la demanda, sin embargo, una lectura de dicho numeral da cuenta de
que lo indicado por la recurrente no es cierto, como se muestra a continuación:

“CUARTO.- Condenar en consecuencia al MUNICIPIO DE UBATÉ, como
reparación del daño y perjuicios ocasionados a pagar a la actora MARTHA
ELENA REDONDO HERRERA, los perjuicios de forma material, dentro de
los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia que ponga fin a
este proceso, los perjuicios sufridos con el oficio Numero SPD 799-2012,
ofico el cual fue expedido en virtud de la Resolución 003 de 2012, la cual
vulnera los derechos de mi poderdante ante un proceso de orden civil
adelantado en el Juzgado Circuito de Ubaté proceso número 2011-120, por
un valor de Lucro OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($800.000.000),
al SUSPENDER LA OBRA CIVIL CON OCACION A LAS Resoluciones 03,
04, 05 y con la expedición de la Resolución 199 de 2012”. (Transcrito de
forma literal, incluyendo los errores de redacción y/u ortografía. No obstante
el subrayado y las negrillas fueron adicionados)

Así las cosas, si bien es cierto que la actora, en el numeral primero del acápite de
pretensiones de la demanda, solicitó que esta jurisdicción declarara que el
municipio de Ubaté es administrativamente responsable tanto de los perjuicios
materiales como morales que le fueron causados con la expedición de las
Resoluciones No. 003, 004 y 005 de 2012, no elevó una pretensión de condena
relativa al reconocimiento y pago de dichos perjuicios morales, ni mucho menos
procedió a tasarlos y exponer el fundamento para ello. Así mismo, en el recurso de
apelación no hizo alusión alguna a las pruebas que hubiese allegado tendiente a
demostrarlos.

Por lo tanto, la Sala confirmará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca el 9 de abril de 2015, que negó las pretensiones de la demanda.

Ahí termina mi intervención”.

16

Expediente: 25000-23-36-000-2013-00535-01 (54591)
Actor: Martha Elena Redondo Herrera

VI. COSTAS

El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que “la sentencia dispondrá sobre
la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil”.

En ese orden de ideas, el numeral 1° del artículo 365 del Código General del
Proceso prevé que “[s]e condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a
quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja,
súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales
previstos en este código”.

De acuerdo con las anteriores consideraciones y en atención a que se resolverá
desfavorablemente el recurso de apelación interpuesto por la demandante, resulta
procedente condenar a la parte actora a pagar las costas causadas en ambas
instancias; erogación económica que deberá ser liquidada, de manera concentrada,
por el tribunal de primera instancia, de conformidad con el artículo 366 del Código
General del Proceso.

Ahora, en relación con las agencias en derecho, de conformidad con el artículo
366.4 del Código General del Proceso y en los términos del Acuerdo nº. 1887 de
2003 del Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha de presentación
de la demanda -hoy Acuerdo n°. 10554 de 2016-, estas se tasarán en el cero punto
uno por ciento (0.1%) del valor de la condena; en atención a la naturaleza del
proceso, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca el 9 de abril de 2015, de acuerdo con los argumentos expuestos en
el presente proveído.

SEGUNDO: CONDÉNASE en costas a la parte demandante. Esta erogación
económica deberá ser liquidada, de manera concentrada, por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, quien tendrá en cuenta la tasación de las
agencias en derecho realizada por esta Subsección.

TERCERO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de
origen para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

VF
JAMVG

17

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