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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2013-01229-01

Fecha
6 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2013-01229-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 19 de noviembre de 2015 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se accedió parcialmente a las súplicas de la demanda. Como consecuencia, la parte resolutiva del proveído referido quedará en su integridad, como sigue: “PRIMERO.- DECLARAR administrativa y extracontractualmente responsable a la NACIÓN FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN por los perjuicios causados a los demandantes como consecuencia de la falla en el servicio en que incurrió la frente a las medidas de seguridad y protección requeridas por la señora BEATRIZ, que causó el daño antijurídico determinado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: En consecuencia CONDENAR a la NACIÓN FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar a los demandantes las siguientes sumas de dinero. Por perjuicios morales: Para la señora BEATRIZ la suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes Para GABRIEL, LUCÍA y DARÍO la suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos. Para los señores ALBERTO, VICTORIA, ANTONIO y ESTHER, padres y suegros de la víctima directa la suma de sesenta (60) SMLMV para cada uno de ellos. Por daño a la vida de relación La suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para la señora BEATRIZ. 51 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. 25 Radicación: 25000-23-36-000-2013-01229-01 (56.855) Actor: Beatriz y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación Referencia: Reparación directa Por daño a bienes y derechos convencional y constitucionalmente protegidos La suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para la señora BEATRIZ. Para GABRIEL, LUCÍA y DARÍO la suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos. Por lucro cesante Para la señora BEATRIZ la suma de doscientos sesenta y seis millones ochocientos catorce mil dieciocho pesos M/cte. ($266’814.018). Para el señor GABRIEL la suma de ciento treinta y dos millones trescientos treinta y un […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2013-01229-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

6 de diciembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., seis (6) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 25000-23-36-000-2013-01229-01 (56.855)
Actor: Beatriz y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa

Temas: CADUCIDAD EN CASOS DE DERECHOS HUMANOS - no obra prueba sobre la
fecha cierta en que, con posterioridad al otorgamiento del asilo en Canadá, la parte actora
haya logrado su reasentamiento y recuperado su estabilidad socioeconómica en
condiciones que le permitieran acudir a la administración de justicia en busca de la
reparación del daño antijurídico invocado en este proceso / CADUCIDAD - se examinará el
fondo del asunto en aplicación de los principios pro actione, pro damnato y pro homine /
PERJUICIOS MORALES - la postura jurisprudencial de la Sección Tercera se ha decantado
por considerar que la afectación moral de las personas que sufren directamente el
desplazamiento o el exilio es la misma, mientras que respecto de sus familiares que se
quedan en Colombia dicho impacto emocional no es equiparable y por tanto menor para
efectos indemnizatorios / DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN Y A BIENES Y DERECHOS
CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDOS - el juzgador a quo
reconoció indebidamente lo pretendido en forma separada por los demandantes por “daño
a la vida de relación” y “violación a derechos fundamentales”, pues debió encausarlo bajo
la tipología única de daño a bienes constitucional y convencionalmente protegidos; sin
embargo, tales ordenamientos igualmente escapan a la posibilidad de corrección de la Sala
en vista de la garantía de la no reformatio in pejus que cobija al apelante único / DAÑO A
BIENES Y DERECHOS CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDOS –
los miembros del núcleo familiar que sufrieron el exilio también son víctimas directas y una
medida no pecuniaria resulta insuficiente para resarcir los perjuicios causados / LUCRO
CESANTE - el criterio emitido en el fallo apelado como fundamento de la imputación del
daño a la demandada no se encuentra en discusión y tiene alcance respecto de la
causalidad frente al perjuicio reclamado / LUCRO CESANTE - no es dable ordenar el pago
de emolumentos de naturaleza laboral, pues ello conllevaría en cabeza de la Fiscalía
acometer el pago de conceptos laborales a una persona que no forma parte de la entidad,
• lo apropiado es otorgar una indemnización que tenga como referencia base de liquidación
una suma equivalente al monto del salario que devengaban los actores y proyectar el
reconocimiento hasta la fecha en que se aprobó la solicitud de asilo por el gobierno de
Canadá / DAÑO EMERGENTE – se acreditó que la venta de un vehículo tuvo una relación
causal con las circunstancias de riesgo generadas por la investigación que adelantó la
demandante y que motivaron forzadamente el desplazamiento y exilio de los actores, de
manera que se constituye en un daño emergente que amerita ser indemnizado.

En cumplimiento de la sentencia de tutela SU-241/24 proferida por la Corte
Constitucional, procede la Sala a decidir nuevamente el recurso de apelación
interpuesto por la parte actora contra la sentencia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda1.

1 Providencia notificada el 7 de octubre de 2024 dentro del proceso derivado de la acción de tutela con radicado

T-9.792.873. En virtud de lo anterior, mediante auto de 10 de octubre se solicitó al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca la remisión del expediente contentivo de la demanda de reparación directa, a fin de dar

Radicación: 25000-23-36-000-2013-01229-01 (56.855)
Actor: Beatriz y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa

Según los demandantes, se configuró una falla del servicio imputable a la Fiscalía
General de la Nación por la omisión de su deber de garante que ocasionó el exilio
forzado al que debieron someterse la señora Beatriz, su cónyuge y sus hijos.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
mediante la cual se decidió la demanda de reparación directa presentada el 4 de
julio de 20132, por el núcleo familiar conformado por los señores Beatriz (madre),
Gabriel (padre), Lucía (hija) y Darío (hijo) y, los señores Alberto (padre de la señora
Beatriz), Victoria (madre de la señora Beatriz), Antonio (padre del señor Gabriel) y
Esther (madre del señor Gabriel), en contra de la Nación – Fiscalía General de la
Nación. Las pretensiones y fundamentos de hecho y de derecho sobre los que el
Tribunal decidió la controversia, fueron los siguientes:

Pretensiones

2.
Solicitaron los demandantes se declarara patrimonialmente responsable a la
Nación – Fiscalía General de la Nación, por los perjuicios irrogados con ocasión del
desplazamiento forzado y el exilio obligatorio. Como consecuencia, solicitaron el
reconocimiento de las siguientes indemnizaciones:

• Por concepto de perjuicios morales, la suma equivalente a 200 SMLMV para cada uno
de los demandantes que conforman el núcleo familiar de la señora Beatriz. Para cada
uno de los padres de los señores Gabriel y Beatriz, la suma equivalente a 100 SMLMV;
esa misma suma se pidió por daño a la vida de relación para cada uno de los
demandantes.

• Por concepto de perjuicio extrapatrimonial por violación de los derechos fundamentales
a la libertad, locomoción, libre desarrollo de la personalidad y el derecho de vivir y tener
una familia en procura del bienestar en su propio país y territorio, la suma equivalente a
300 SMLMV para cada uno de los demandantes que conforman el núcleo familiar de la
señora Beatriz.

• Por concepto de perjuicios materiales, la suma global de $1.053’033.175 para la señora
Beatriz y de $879’926.385 para el señor Gabriel, valores que comprenden los salarios
dejados de percibir por ambos desde marzo de 2002 hasta la fecha de presentación de
la demanda y el daño emergente consistente en los valores del vehículo y el inmueble
que debieron vender para sufragar los gastos para su desplazamiento.

• Mediante escrito de reforma de la demanda solicitaron que la Fiscalía General de la
Nación fuera condenada a pagar la contribución del aporte para pensión de jubilación
directamente a las entidades de pensiones Porvenir y BBVA Horizontes a favor de los
señores Beatriz y Gabriel, respectivamente, sumas equivalentes al aporte patronal desde
su desvinculación hasta el momento de la ejecutoria y liquidación efectiva de los valores
a pagar con ocasión de la sentencia que ponga fin a este proceso3.

cumplimiento al fallo de tutela. El expediente se recibió en esta corporación el 23 de octubre de los corrientes.
Índice 78 en SAMAI.
2 Folios 9-41 c. 1.
3 Folios 52-53 c. 1.

2

Radicación: 25000-23-36-000-2013-01229-01 (56.855)
Actor: Beatriz y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa

Hechos

3.
Como fundamento fáctico de la demanda se narró - en síntesis- que la abogada
Beatriz se vinculó a la Fiscalía General de la Nación en 1994; para el mes de febrero
de 2001 fue designada como Fiscal Seccional Especializada de la Unidad Nacional
de Derechos Humanos con sede en Bogotá, dependencia donde se le asignó la
dirección de la investigación por la masacre ocurrida en enero de ese mismo año
en el corregimiento de Nariño, en la que participaron miembros de las Autodefensas
Unidas de Colombia.

4.
En el marco de dicha investigación adelantó varias actuaciones y ordenó la
vinculación de algunos miembros de la fuerza pública. La fiscal Beatriz estuvo
encargada de la dirección de ese proceso hasta el mes de agosto de 2001, cuando
se le asignaron funciones como fiscal de apoyo de ese caso y, posteriormente, en
febrero de 2002 nuevamente debió asumir la dirección de la investigación, la cual
fue reasignada a otro fiscal tres días después.

5.
Según la demanda, la señora Beatriz fue objeto de presiones al interior de la
Fiscalía General de la Nación por parte de sus superiores, en lo que respecta a las
reasignaciones de los fiscales que dirigían la investigación por la masacre de
Nariño, particularmente debido a que dichas reasignaciones generaron varios
ataques de la prensa y las organizaciones internacionales de derechos humanos
por el manejo que la Fiscalía le estaba dando a la investigación y la impunidad de
miembros de las fuerzas armadas.

6.
Asimismo, indicó que varios de los funcionarios que participaron como su grupo
de apoyo en la investigación fueron asesinados sistemáticamente, lo que le generó
un sentimiento de zozobra y temor insuperable. Ante esta situación y la
desprotección y falta de apoyo de la Fiscalía, las amenazas de sus superiores y el
peligro grave en el que se encontraba por haber llevado una investigación como la
de la masacre de Nariño, el 27 de febrero de 2002, la señora Beatriz presentó su
renuncia a la Fiscalía General de la Nación, la cual fue aceptada el 1 de marzo
siguiente y el 4 de abril de ese mismo año se le notificó del retiro de su esquema de
seguridad.

7.
El 18 de abril de 2002, la señora Beatriz salió del país hacia Canadá junto a su
esposo Gabriel, y sus hijos de 9 y 8 años respectivamente. En agosto de 2003 les
fue concedido el estatus de asilados en Canadá.

8.
Se indicó que la familia debió vender la casa y el automóvil de su propiedad para
lograr tener un estándar de vida digno durante el exilio, el cual se extendió hasta la
fecha de presentación de la demanda, debido a la falta de garantías de seguridad y
protección por la impunidad en la que permanecían los agentes del Estado
vinculados al proceso penal.

Fundamentos de derecho

9.
Adujo que se configuró una falla del servicio imputable a la Fiscalía General de
la Nación, derivada de la política de impunidad por el favorecimiento institucional
para no vincular a altos mandos militares a las investigaciones por la masacre de

3

Radicación: 25000-23-36-000-2013-01229-01 (56.855)
Actor: Beatriz y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa

Nariño, propiciando el manejo irregular de la indagación a través de las
reasignaciones de la dirección de la investigación y presiones hacia los Fiscales de
la Unidad de Derechos Humanos, todo lo cual generó a los demandantes graves
perjuicios materiales e inmateriales.

La defensa

10.
La Nación – Fiscalía General de la Nación se opuso a la prosperidad de las
pretensiones. Sostuvo que la demandante debió haber acudido al Ministerio del
Interior y de Justicia para reclamar la calidad de persona amenazada y solicitar que
se dictaran medidas de protección a su favor. Agregó que no fue informada sobre
las supuestas amenazas contra su vida y que no incurrió en acción u omisión
alguna. Adicionalmente, presentó las siguientes excepciones: (i) indebida
escogencia de la acción, por considerar que los demandantes en realidad
pretendían cuestionar la decisión administrativa a partir de la cual se aceptó la
renuncia de la señora Gaitán; (ii) caducidad de la acción; y (iii) prescripción de las
pretensiones laborales4.

Los alegatos de conclusión de primera instancia

11.
Surtido el debate probatorio5, la parte actora refirió el contexto de impunidad en
el marco de las investigaciones adelantadas por el caso de la masacre de Nariño

4 Folios 79-99 c. 1.
5 Mediante auto del 22 de abril de 2014 se decretaron las siguientes pruebas: “Tendrá como prueba y se le dará

el valor que la ley asigne a las documentales aportadas en la demanda que aparecen en el cuaderno n. 2 de
pruebas, su relación aparece a folios 15 y 16 del cuaderno principal. La Fiscalía General de la Nación no pidió
pruebas ni se opuso a las anexadas por la parte demandante. (...) Se decretan las pruebas documentales
mediante oficio solicitadas en el escrito de la demanda. Se decretan los testimonios de JJMV, JG y JFC serán
decretadas, para su práctica por Secretaría de la Sección líbrense la correspondiente comisión al cónsul o
cónsules asignados a las ciudades de Washington D.C., Virginia Beach (Virginia) y Dallas (Texas) conforme al
artículo 193 del CPC. Se decreta el testimonio de MMA y NB, para su práctica por Secretaría de la Sección
líbrese el correspondiente Despacho Comisorio al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Se decreta el
testimonio de CAG quien deberá comparecer a la audiencia de pruebas. Se niega la inspección judicial y los
oficio a los fondos de pensiones para hacer cálculo futuro. Respecto a la solicitud de oficio de traslado de
excepciones, no se puede aceptar que no se identifique con claridad la prueba solicitada”. Folios 114-117 c. 1.
En el proceso se practicaron las siguientes pruebas:
1. Documento del 29 de enero de 2004 de la Dirección Seccional Administrativa y Financiera de la Fiscalía de
Cali en el que hace constar la historia laboral de Beatriz.
2. Copia de 11 notas de prensa y artículos publicados en el año 2001 en el diario El Espectador.
3. Copia de 12 notas de prensa y artículos publicados en los años 2001, 2002, 2003, 2008, 2011 y 2012 en el
diario El Tiempo.
4. Copia de 5 publicaciones realizadas en los años 2002, 2007 y 2012 en la Revista Semana.
5. Resolución “por medio de la cual se varía una investigación de la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos
Humanos a la Unidad de Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia y se conforma una Comisión
Investigativa Especial”.
6. Resolución “por medio de la cual se reasigna una investigación y se conforma un grupo de trabajo”.
7. Oficio suscrito por la Fiscal Beatriz en el que informa al Jefe de Unidad de Fiscalías de Derechos Humanos
las razones por las que consideró que se debería adelantar investigación penal contra un alto General de la
República por la masacre de Nariño.
8. Oficio suscrito por el señor PDR, Jefe de Unidad de Fiscalías de Derechos Humanos y dirigido a la Fiscal
Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
9. Memorando del 12 de octubre de 2001 de la “United States Agency for International Development”.
10. Documento en el que consta entrega por parte de “Management Sciencies for Development” de un celular
a la señora Beatriz.
11. Oficio suscrito por el Coordinador Nacional de Seguridad a Funcionarios e Instalaciones de la Fiscalía
General de la Nación.
12. Carta de renuncia irrevocable presentada el 27 de febrero de 2002 por la señora Beatriz ante el Fiscal
General de la Nación.
13. Carta suscrita por la señora Beatriz el 28 de febrero de 2002 en la que le informa al Fiscal las razones de su
renuncia.
14. Oficio de la Secretaría General de la Fiscalía General de la Nación.
15. Resolución que acepta la renuncia a la señora Beatriz.

4

Radicación: 25000-23-36-000-2013-01229-01 (56.855)
Actor: Beatriz y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa

16. Memorando de trámite que acredita la desvinculación de la señora Beatriz de la Fiscalía General de la
Nación. 17. Carta suscrita por el Fiscal General de la Nación. 18. Oficio del Coordinador Nacional de Seguridad a Funcionarios e Instalaciones de la Fiscalía General de la
Nación. 19. Formato de carta dirigida a la Dirección del diario El Tiempo elaborada por la oficina de prensa de la Fiscalía
General de la Nación. 20. Copia de fax casi ilegible dirigida a los Directores Generales del diario El Tiempo. 21. Carta suscrita por Beatriz dirigida al Ministerio del Interior de fecha del 1 de abril de 2002. 22. Comprobante de egreso de la Asociación para la Promoción Soc. Alternativa MINGA a favor de la señora
Beatriz por concepto de apoyo humanitario para la salida del país. 23. Carta en inglés suscrita por el Director Ejecutivo de la ONG dirigida a la abogada Mary Kramer. 24. Carta en inglés suscrita por el Director Ejecutivo de la ONG dirigida a “The John Merck Fund”. 25. Documento en inglés de aprobación de solicitud de asilo de fecha del 4 de agosto de 2003 dirigido a la
señora Beatriz. 26. Informe “Un giro erróneo. La actuación de La Fiscalía General de la Nación” de la ONG. 27. Informe “Misión Internacional de Investigación. Colombia ¿Administración de la justicia... o de la impunidad?”
28. Acta de la diligencia de posesión para el cargo de Juez del señor Gabriel el 1 de octubre de 1992. 29. Certificación expedida el 10 de julio de 2013 por el Tribunal Superior sobre los cargos desempeñados por el
señor Gabriel. 30. Copia del Oficio del Tribunal Superior del 17 de septiembre de 1992. 31. Constancia expedida por el Tribunal Superior del 25 de julio de 1994. 32. Acuerdo del Tribunal Superior en el que se nombró en propiedad al Dr. Gabriel como Juez. 33. Documento del 15 de junio de 2004 dirigido al Dr. Gabriel de la Presidenta del Tribunal Superior en el que
notifica el anterior acuerdo. 34. Carta del 2 de julio de 2004 suscrita por el señor Gabriel dirigida al Tribunal Superior. 35. Carta del 12 de julio de 2004 suscrita por el señor Gabriel dirigida al Tribunal Superior. 36. Acuerdo que revoca el nombramiento del señor Gabriel por vencimiento del plazo para allegar la
documentación. 37. Cuestionario suscrito por JMV, como Director Ejecutivo de la ONG del 21 de mayo de 2012. 38. Registros civiles de nacimiento de Beatriz, Lucía, Darío y Gabriel. 39. Registro civil de matrimonio de Beatriz y Gabriel. 40. Factura cambiaria de compraventa suscrita el 10 de abril de 2002 del vehículo Mazda. 41. Promesa de compraventa suscrita por Antonio en nombre y representación de Gabriel y Beatriz con la señora
PAR respecto del inmueble. 42. Otrosí efectuado sobre la promesa de compraventa anterior. 43. Escritura Pública de compraventa del inmueble. 44. Escritura Pública protocolizada en Notaría. 45. Copia del testimonio rendido por el señor Pedro Díaz Romero en el marco del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho de Luis Augusto Sepúlveda Reyes contra la Nación – Rama Judicial – Fiscalía
General de la Nación. 46. Copia de las declaraciones de los señores Pablo Elías González Mongui, Virgilio Alfonso Hernández
Castellanos y Marcia Martínez Guerra rendidas en el marco del proceso seguido por Pedro Elías Díaz contra la
Nación – Fiscalía General de la Nación No. 02-0549. 47. Sentencia de 8 de mayo de 2008 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el marco del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho seguido por el señor Pedro Elías Díaz Romero contra la Fiscalía General
de la Nación. 48. Sentencia del 28 de octubre de 2010 de la Sección Segunda del Consejo de Estado de segunda instancia
en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho seguido por el señor Pedro Elías Díaz Romero
contra la Fiscalía General de la Nación. 49. Decisión del 2 de agosto de 2002 del Despacho del Procurador General de la Nación en la que resolvió
formular auto de cargos contra varios miembros de la Armada Nacional. 50.

Decisión del 12 de diciembre de 2003 del Despacho del Procurador General en la que resuelve declarar a
varios miembros de la Armada Nacional disciplinariamente responsables de la masacre de Nariño. 51. Informes de la ONG: “El riesgo de volver a casa. Violencia y amenazas contra desplazados que reclaman
restitución de sus tierras en Colombia”; “Herederos de los paramilitares. La Nueva Cara de la Violencia en
Colombia” y “¿Rompiendo el control? Obstáculos a la Justicia en las Investigaciones de la Mafia Paramilitar en
Colombia”. 52. Liquidación de aportes para pensión a favor de la señora Beatriz. 53. Liquidación de aportes para pensión a favor del señor Gabriel. 54. Testimonios de los señores JFC, MMA, NAB, JMV, JG y CAG. 55. Expediente contentivo de la historia laboral completa de Beatriz. 56. Resolución No. 0117 del 26 de enero de 2001 “por la cual se modifica la asignación de la planta de personal
de la Fiscalía General de la Nación”. 57. Resolución “por medio de la cual se varía la asignación de una investigación de la Dirección Seccional de
Fiscalías de Sincelejo a la Unidad Nacional de Derechos Humanos”. 58. Resolución “por medio de la cual se asigna una investigación y se conforma un grupo de trabajo”. 59. Resolución “por medio de la cual se designa un Fiscal Delegado para actuar en la etapa de juicio de una
investigación penal”. 60. Resolución “por medio de la cual se varía la asignación de una investigación de la Dirección Seccional de
Fiscalías de Santa Rosa de Viterbo a su homóloga de Tunja”. 61. Resolución “por medio de la cual se modifica la resolución de 31 de agosto de 2001”. 62. Resolución “por medio de la cual se reasigna una investigación y se conforma un grupo de trabajo”.

5

Radicación: 25000-23-36-000-2013-01229-01 (56.855)
Actor: Beatriz y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa

con base en los elementos de prueba aportados al expediente e insistió en que fue
esa conducta irregular del ente investigador, las presiones contra la demandante y
el riesgo contra su vida en ausencia de un esquema de seguridad, así como el
homicidio de varios miembros de su grupo de apoyo en la investigación, la causante
de la renuncia, el desplazamiento forzado y el asilo en Canadá. Indicaron los
demandantes que dicha situación se mantuvo en el tiempo e impidió que regresaran
al país, dado que la Fiscalía continuó en una actitud de total despreocupación y
desinterés por la seguridad de la ex funcionaria, pues no implementó ni siquiera un
plan de protección para la decena de fiscales desplazados y exiliados6.

12.
La Nación – Fiscalía General de la Nación reiteró los argumentos planteados en
la contestación de la demanda. En cuanto a los perjuicios señaló que los morales
no estaban debidamente demostrados y el valor solicitado superaba el monto
establecido por el Consejo de Estado para este tipo de casos; respecto de los
materiales, afirmó que no se demostró la imposibilidad del cumplimiento de las
funciones desempeñadas por la señora Beatriz, sino que se acreditó que ella prefirió
abandonar el país por decisión propia; además de que no perdió la posibilidad de
seguir trabajando7.

La decisión de primera instancia

13.
Al resolver el conflicto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la
responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación, en los siguientes
términos (se transcribe de manera literal):

“PRIMERO.- DECLARAR administrativa y extracontractualmente responsable a la
NACIÓN FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN por los perjuicios causados a los
demandantes como consecuencia de la falla en el servicio en que incurrió frente a las
medidas de seguridad y protección requeridas por la señora BEATRIZ, que causó el
daño antijurídico determinado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: En consecuencia CONDENAR a la NACIÓN FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN a pagar a los demandantes las siguientes sumas de dinero.

Por perjuicios morales:

Para la señora BEATRIZ la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes

Para GABRIEL, LUCÍA y DARÍO la suma de 50 salarios mínimos legales mensuales
vigentes para cada uno de ellos.

Para los señores ALBERTO, VICTORIA, ANTONIO y ESTHER, padres y suegros de la
víctima directa la suma de 10 SMLMV para cada uno de ellos.

Por daño a la vida de relación

La suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la señora BEATRIZ.

Por daño a bienes y derechos convencional y constitucionalmente protegidos

La suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la señora BEATRIZ

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones.

6 Folios 348-371 c. 1.
7 Folios 379-390 c. 1.

6

Radicación: 25000-23-36-000-2013-01229-01 (56.855)
Actor: Beatriz y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa

CUARTO: NEGAR las pruebas de oficio solicitadas por la parte demandante junto con
los alegatos de conclusión, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO. CONDENAR EN COSTAS a la parte demandada. FÍJENSE agencias en
derecho a cargo de la parte demandada y a favor de la parte demandante, por un monto
de $19.755.477. Por Secretaría de la Sección liquídense los gastos procesales
causados, devuélvase el monto remanente a la parte actora.

SEXTO. NOTIFÍQUESE esta providencia conforme al Artículo 203 del CPACA”.

14.
Para arribar a la anterior decisión, consideró que las medidas tomadas por la
Fiscalía General de la Nación, tanto para establecer la verdad sobre la Masacre de
Nariño, como para brindar garantías de protección a los fiscales investigadores y su
grupo de apoyo, fueron ineficaces e insuficientes para garantizar la independencia,
autonomía, integridad y vida de la funcionaria Beatriz, quien además de padecer las
inquietudes naturales de su función, resultó víctima de presiones internas y
externas, particularmente mediáticas, que agravaron su sentimiento de desamparo
y estado de zozobra. Indicó que dichas circunstancias obligaron a la señora Beatriz
a retirarse de la institución, a salir del país y a solicitar asilo en Canadá junto con su
núcleo familiar.

15.
Sostuvo que de la prueba documental allegada podía inferirse que al interior de
la Fiscalía General de la Nación se presentaron serias irregularidades en el manejo
administrativo del proceso penal, como: (i) falta de apoyo institucional para
adelantar la investigación de la masacre garantizando una sensación de tranquilidad
y seguridad para la funcionaria; (ii) falta de dirección de la investigación, pues la
sustitución constante de los funcionarios afectó la esfera personal y laboral de la
demandante, quien fue objeto de varias remociones en el marco del caso y, (iii)
ausencia de herramientas para proteger al grupo investigador no solo de eventuales
agresiones contra su vida, sino frente a los medios de comunicación.

16.
Concluyó que estas situaciones afectaron la vida personal y familiar de la
demandante y le impidieron desplegar su actividad en condiciones normales, pues
aunque no se allegaron pruebas contundentes de amenazas en contra suya o de
su familia, la actividad judicial desplegada por un Fiscal de la Unidad de Derechos
Humanos supone la existencia de serios riesgos, razón por la cual era exigible a la
entidad una serie de conductas tendientes a brindar las condiciones idóneas para
el óptimo desarrollo de las funciones; máxime al tratarse de una mujer que en
ejercicio de sus funciones expuso su vida e integridad al servicio de la entidad, por
lo que debió adelantarse por la demandada una política de control frente a la
violencia de género.

17.
Finalmente, determinó el reconocimiento de perjuicios con base en las pruebas
allegadas sobre la afectación moral para los demandantes, el daño a la vida de
relación y la violación a derechos fundamentales irrogados a la señora Beatriz. En
lo que respecta a los perjuicios materiales solicitados, el Tribunal sostuvo que no
contaba con elementos de juicio para concluir inequívocamente que las renuncias
a los cargos que desempeñaban los señores Beatriz y Gabriel, tuvieron como causa
eficiente la acción u omisión de la Fiscalía -en tanto no se acreditó, ni siquiera, la
existencia de amenazas en su contra que diera lugar a esa decisión de
desvincularse de sus trabajos-, razón por la cual no reconoció los salarios y
prestaciones dejados de percibir por los demandantes desde que salieron del país.

7

Radicación: 25000-23-36-000-2013-01229-01 (56.855)
Actor: Beatriz y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa

A la misma conclusión arribó respecto del daño emergente reclamado, toda vez que
no se acreditó que la venta de sus bienes hubiere tenido como origen las amenazas
referidas en el libelo8.

18.
Impuso condena en costas a cargo de la demandada y fijó $19.755.477 por
agencias en derecho, con base en el 0.5% de la suma pretendida, la gestión
asumida y la asistencia a las audiencias programadas.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

19.
La parte demandante cuestionó la sentencia de primera instancia,
exclusivamente frente al reconocimiento de perjuicios realizado por el a quo y el
monto de las agencias en derecho por las que se condenó a la demandada.

20.
En lo que respecta a los perjuicios morales, solicitó que sean concedidos en
atención a la pretensión de la demanda; sobre los perjuicios reconocidos por daño
a la vida de relación y por daños a bienes y derechos convencional y
constitucionalmente protegidos, sostuvo que el a quo omitió reconocerlos respecto
del cónyuge y los hijos de la señora Beatriz; finalmente, solicitó el reconocimiento
de los perjuicios materiales negados por el Tribunal y que se tasen nuevamente las
agencias en derecho9.

21.
Los argumentos planteados por la parte recurrente serán expuestos al resolver
de fondo.

Los alegatos de conclusión de segunda instancia

22.
La Nación – Fiscalía General de la Nación indicó que el fallo de primera instancia
debía ser revocado, pues a pesar de la situación de riesgo en la que se encontraba
la señora Beatriz, dicha institución activó el protocolo correspondiente definido por
el Programa de Protección a Víctimas, Testigos y Funcionarios, y adoptó las
medidas de protección recomendadas para el nivel de riesgo definido, entre otras,
reasignó la investigación a otras delegadas. Asimismo, reiteró que no se acreditó la
existencia de un nexo de causalidad entre el daño alegado y la supuesta conducta
omisiva de la Fiscalía. Por último, solicitó que se revocara la condena en costas
impuesta en primera instancia, por considerar que desbordaba los lineamientos del
Consejo Superior de la Judicatura10.

23.
La parte demandante reiteró los argumentos planteados en el recurso e insistió
en que la señora Beatriz -de forma directa-, y su esposo Gabriel –como efecto
colateral-, fueron compelidos a renunciar a sus cargos por las circunstancias de
peligro y riesgo latente a que fueron expuestos, de ahí que la renuncia al cargo y el
desplazamiento forzado constituyen la relación de causalidad entre la conducta del
Estado y los daños materiales causados por concepto de lucro cesante y daño
emergente que estimó debían ser reconocidos11.

8 Folios 392-407 c. del Consejo de Estado.
9 Folios 415-427 c. del Consejo de Estado.
10 Folios 458-464 c. del Consejo de Estado.
11 Folios 478-487 c. del Consejo de Estado.

8

Radicación: 25000-23-36-000-2013-01229-01 (56.855)
Actor: Beatriz y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa

24.
El Ministerio Público guardó silencio12.

La sentencia de segunda instancia

25. Mediante sentencia del 15 de julio de 2022, la Sala resolvió el recurso de
apelación interpuesto, en el sentido de revocar el fallo de primera instancia y en su
lugar declarar probada la excepción de caducidad del medio de control. Así mismo
se condenó en costas a la parte actora.

La tutela contra la sentencia de segunda instancia

26. La parte demandante presentó demanda de tutela contra la referida
sentencia, la cual surtió el trámite correspondiente13 y fue seleccionada para revisión
por la Corte Constitucional, corporación que profirió la sentencia SU-241 del 20 de
junio del año en curso14, en el siguiente sentido:

PRIMERO.- REVOCAR los fallos proferidos por el Juzgado 1º, el 2 de mayo de
2023 y por el Juzgado 2º, el 21 de septiembre de 2023, que no accedieron al
amparo de los derechos fundamentales invocados por la señora Beatriz y otros.

SEGUNDO.- En su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y a la reparación integral de
Beatriz y otros. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTO la sentencia dictada en
segunda instancia el 15 de julio de 2022, por el Juzgado 4º dentro del medio de
control de reparación directa, ejercido por la accionante y otros contra la Fiscalía
General de la Nación.

TERCERO.- ORDENAR a el Juzgado 4º que, dentro de los treinta (30) días
siguientes a la notificación de esta providencia, profiera un nuevo fallo en el que
tenga en cuenta todas las consideraciones de esta providencia.

27. Para la Corte se configuró un defecto fáctico al haber contado el término de

caducidad desde el momento en el que les reconocieron el estatus de asilados a
los actores y considerar que desde esa fecha habían logrado su reasentamiento y
estabilidad socioeconómica. Según la Corte, ello no aconteció así, a la par que no
se tuvo en cuenta una perspectiva diferencial de género en la apreciación de las
pruebas, las reales condiciones en las que se encontraban los accionantes en un
país extranjero, ni los daños psicológicos que les ocasionó el exilio.

28. Con esta orientación, la Corte estimó demostrados los defectos procedimental

absoluto y por desconocimiento del precedente, porque la carga de acreditar la
imposibilidad material para acudir a la administración de justicia surgió con
posterioridad a la expedición de la sentencia de unificación de la Sección Tercera
del 29 de enero de 2020, por lo que se debió readecuar el trámite de acuerdo con el
cambio jurisprudencial y reabrir la fase de alegatos para que los actores tuvieran la
oportunidad de explicar por qué no habían acudido a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo con anterioridad.

12 Folio 488 c. del Consejo de Estado.
13 Mediante fallo del 21 de septiembre de 2023 se confirmó la decisión adoptada en primera instancia el 2 de

mayo de 2023, que negó la solicitud de medida provisional solicitada, declaró improcedente la tutela presentada
en relación con la condena en costas y negó la solicitud de amparo por vulneración del debido proceso respecto
de la declaratoria de caducidad para ejercer el medio de control de reparación directa por el defecto fáctico
alegado.
14 Notificada mediante correo electrónico hasta el 7 de octubre siguiente.

9

Radicación: 25000-23-36-000-2013-01229-01 (56.855)
Actor: Beatriz y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa

29. Finalmente, se refirió a un defecto sustantivo por considerar que la imposición de

las costas procesales a cargo de la parte demandante resultaba irrazonable y
desproporcionada, dada su calidad de apelantes únicos, a lo que agregó que en
términos del Acto Legislativo 01 de 2017 el resarcimiento a las víctimas del conflicto
armado constituye un asunto de interés público, circunstancia que se enmarca en la
excepción a la condena en costas prevista en el artículo 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

30.
Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia,
procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora.
La sala no se referirá a la solicitud de revocatoria de la sentencia del tribunal pedida
por la demandada en los alegatos de conclusión en esta instancia, pues esa no era
la oportunidad procesal para elevar ese tipo de solicitudes.

La oportunidad en la presentación de la demanda

31.
En cuanto al presupuesto procesal de la caducidad, la sentencia SU-241/24
la Corte Constitucional consideró que el término no podía contarse desde el
momento en el que les reconocieron el estatus de asilados a los actores, pues de
ello no se desprendía que hubieran logrado su reasentamiento y estabilidad
socioeconómica, de manera que para resolver de fondo sobre el punto se debía
tener en cuenta una perspectiva diferencial de género en la apreciación de las
pruebas y las reales condiciones en las que se encontraban los accionantes en un
país extranjero.

32.
Atendiendo las definiciones adoptadas por la Corte Constitucional, en el caso
sub examine no obra prueba en el expediente que dé cuenta de la fecha cierta en
que, con posterioridad al otorgamiento del asilo en Canadá, la parte actora haya
logrado su reasentamiento y recuperado su estabilidad socioeconómica en
condiciones que le permitieran acudir a la administración de justicia en Colombia en
busca de la reparación del daño antijurídico invocado en este proceso, como
tampoco se tiene prueba que permita establecer el restablecimiento de las
condiciones de seguridad ante la alegada situación de riesgo por la impunidad en la
que permanecían los agentes del Estado vinculados al proceso penal, lo que habría
representado un obstáculo para el acceso respecto de los demandantes que
permanecieron en el país.

33.
No obstante, y como lo ha reconocido esta Sala en anteriores oportunidades15,
en aplicación de los principios pro actione, pro damato y pro homine, que sugieren

15 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 4 de junio de 2024, Radicación: 85001-23-

33-000-2018-00153-01 (66.331).M.P. José Roberto Sáchica Méndez. Sentencia de 24 de abril de 2020,
Radicación: 13001-23-31-000-2011-00378-01(51.315). M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. “Entonces, como las
manifestaciones de la demanda y las pruebas del expediente no permiten establecer con precisión el momento
en el que cesó el desplazamiento forzado del señor (…) y, en ese sentido, tampoco es posible determinar si la
demanda de reparación directa se presentó dentro del término de caducidad, la Sala considera que se debe
analizar de fondo el asunto bajo estudio, en aras de garantizar el derecho de acceso a la administración de
justicia del mencionado señor”. Sentencia de 24 de septiembre de 2020, expediente 56.283 M.P. Marta Nubia
Velásquez Rico. Sentencia del 3 de julio de 2020, expediente 51.117. “Así las cosas, ante las circunstancias
particulares del presente caso, esto es la existencia de una duda razonable en relación con el inicio del conteo
de la caducidad dado que no se conoce la fecha en la que ocurrió el hecho dañoso, si fue uno solo o si, por el

10

Radicación: 25000-23-36-000-2013-01229-01 (56.855)
Actor: Beatriz y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa

decantarse por la posición que procure el acceso a la administración de justicia y
que garantice la tutela judicial efectiva de quien acude a la judicatura, sin afectar el
derecho a la seguridad jurídica de quien es demandado, para dar cumplimiento a lo
dispuesto por la Corte Constitucional en la citada sentencia SU-241/24, se
examinará el fondo del asunto, teniendo en cuenta que la demanda se presentó el
4 de julio de 201316 y que se cumplió con el requisito de procedibilidad dispuesto
para el efecto en el artículo 13 de la Ley 1285 de 200917, pues se presentó solicitud
de conciliación extrajudicial el 20 de septiembre de 2012, la cual se declaró fallida
el 12 de diciembre de 201218.

El objeto del recurso de apelación

34. Bajo el ámbito restricto del recurso interpuesto, y de conformidad con los
elementos fácticos y jurídicos antes descritos, la Sala debe determinar si hay lugar
a revisar las indemnizaciones otorgadas por el a quo respecto de los perjuicios
morales, daño a la vida de relación, daño a bienes y derechos convencional y
constitucionalmente protegidos y los perjuicios materiales en las modalidades de
lucro cesante y daño emergente, así como la procedencia de ajustar las agencias
en derecho de la primera instancia.

Perjuicios morales

35.
Por este concepto el Tribunal a quo otorgó una indemnización de 100 smlmv
para Beatriz; 50 smlmv para cada uno de los señores Gabriel, Lucía y Darío; para
los señores Alberto, Victoria, Antonio y Esther, padres y suegros de la víctima
directa la suma de 10 SMLMV para cada uno de ellos.

36.
Lo anterior se sustentó en que la afectación del esposo e hijos de la señora
Beatriz ocurrió en un menor grado según la prueba testimonial, mientras que frente
a los padres y suegros dicha prueba no permitía establecer un reconocimiento
superior; sin embargo, no se hizo referencia al contenido de ningún testimonio ni se
referenció algún declarante en particular19.

contrario, obedeció a una multiplicidad de causas, la Sala, en aplicación de los principios pro damato y pro
actione, dará prevalencia al derecho fundamental al acceso a la administración de justicia. En este punto se
recuerda que, en caso de duda sobre el inicio del término de caducidad, los referidos principios facultan al juez
para interpretar de manera más flexible las normas procesales en aras de garantizar la finalidad que ellas
persiguen, esto es, el acceso a la administración de justicia y la primacía de los derechos sustanciales”.
Similares consideraciones ha expresado de manera reciente la Subsección C de la Sección Tercera en
sentencias de 23 de agosto de 2024, expedientes 64.834 y 55.392. Sentencia de 23 de septiembre de 2024,
expediente 56.541, M.P. Nicolás Yepes Corrales.
16 Folios 9-41 c. 1.
17 “Artículo 13. Conciliación judicial y extrajudicial en materia contencioso-administrativa. A partir de la vigencia

de esta ley, cuando los asuntos sean conciliables, siempre constituirá requisito de procedibilidad de las
acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo o en las normas que lo
sustituyan, el adelantamiento del trámite de la conciliación extrajudicial”.
18 Según se expresa en la constancia expedida por la Procuraduría 12 judicial para asuntos administrativos,

visible a folios 1 y 2 del cuaderno No. 2.
19 Señaló el tribunal: “Se reconocerá para GABRIEL, LUCÍA y DARÍO la suma de 50 salarios mínimos legales

mensuales vigentes para cada uno de ellos por concepto de perjuicios morales, pues ellos sufrieron
directamente la situación que afectó a su esposa y madre respectivamente, aunque en un menor grado, según
la prueba testimonial vertida en la actuación.
Para los señores ALBERTO, VICTORIA, ANTONIO y ESTHER, padres y suegros de la víctima directa se
reconocerá la suma de 10 SMLMV puesto que la prueba testimonial no permite establecer un grado de
afectación emocional que justifique un reconocimiento mayor, y en todo caso no desconoce la sala que la
situación ocurrida generó una sensación de angustia que debe ser indemnizada”.

11

Radicación: 25000-23-36-000-2013-01229-01 (56.855)
Actor: Beatriz y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa

37.
La parte recurrente considera que la tasación descrita conlleva un trato desigual
ante situaciones semejantes, a pesar de que tanto la víctima directa como su núcleo
familiar padecieron las mismas circunstancias de zozobra, ante el riesgo que corría
su esposa y madre. Dice que el fallo adolece de falta de motivación respecto de las
condiciones de afectación de los demás demandantes, sin que refiera en específico
que se haya dejado de valorar alguna prueba o que ellas indiquen una mayor
afectación que la considerada por el tribunal, lo que daría para concluir sobre una
falta de carga argumentativa que conduzca a revisar lo definido por el a quo. Sin
embargo la Sala, transitando por el sendero que fijó la Corte Constitucional, procede
a revisar tal decisión para lo cual acudirá a los criterios fijados por el Consejo de
Estado como máximo órgano de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

38.
Esta Sección del Consejo de Estado ha considerado de antaño 20 que la
indemnización del perjuicio moral tiene una función satisfactoria mas no reparatoria
de la aflicción, por lo que en ejercicio del arbitrium judicis corresponde al juez tasar
discrecionalmente la cuantía de su reparación con apoyo en elementos tales como
la presunción de afecto y solidaridad que surge del mero parentesco, las
características mismas del daño, su gravedad y extensión, el grado de afectación
en el caso a cada persona y el conjunto de circunstancias de hecho que enmarcan
la situación del afectado21.

39.
Como puede apreciarse, en este caso la discusión no gira en torno a la
acreditación del perjuicio moral, sino frente a la valoración que hizo el juzgador
respecto de la intensidad de ese dolor y su compensación pecuniaria, por lo que al
definir sobre el tema la Sala no puede desmejorar lo fijado por el a quo, en garantía
de la no reformatio in pejus que cobija al apelante único.

40.
Dado que el Tribunal enunció genéricamente que el fundamento de su tasación
lo constituían los testimonios obrantes en el proceso, sin realizar ninguna clase de
ponderación en concreto de tales pruebas, mientras que la parte recurrente se limitó
a cuestionar la tasación por conllevar un trato desigual ante situaciones semejantes,
a pesar de que tanto la víctima directa como su núcleo familiar padecieron las
mismas circunstancias de zozobra, la Sala no tiene elementos de valoración más
allá de juzgar si desde la óptica del arbitrio judicial las indemnizaciones
cuestionadas resultan razonables para compensar el perjuicio reclamado.

41.
En casos similares al presente la postura jurisprudencial de las Subsecciones
de la Sección Tercera se ha decantado por considerar que la afectación moral de
las personas que sufren directamente el desplazamiento o el exilio es la misma,

20 “los medios de prueba que para el efecto se alleguen al proceso pueden demostrar su existencia, pero no

una medida patrimonial exacta frente al dolor, por lo tanto, corresponde al juez tasar discrecionalmente la
cuantía de su reparación, teniendo en cuenta la gravedad del daño causado al demandante”. Dicha gravedad,
“puede ser apreciada por sus manifestaciones externas y por esto se admite para su demostración cualquier
tipo de prueba”. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 20 de abril de 2005, expediente: 15.247.
21 “no puede perderse de vista que de tiempo atrás la jurisprudencia de esta Sala –y de la Corte Suprema de

Justicia también-, ha soportado la procedencia de reconocimiento de este tipo de perjuicios y su valoración no
solamente con fundamento en la presunción de afecto y solidaridad que surge del mero parentesco, sino que,
acudiendo al arbitrium judicis, ha utilizado como criterios o referentes objetivos para su cuantificación la (sic)
características mismas del daño, su gravedad y extensión, el grado de afectación en el caso a cada persona,
vale decir el conjunto de elementos o circunstancias de hecho que enmarcan la situación del demandante
afectado, para, por vía del análisis de conjunto, debidamente razonado, llegar a concretar un monto
indemnizatorio determinado que de ninguna manera puede asumirse como algo gracioso, nacido de la mera
liberalidad del juez”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 23 de agosto de 2012,
expediente: 24392. M.P. Hernán Andrade Rincón.

12

Radicación: 25000-23-36-000-2013-01229-01 (56.855)
Actor: Beatriz y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa

mientras que respecto de sus familiares que se quedan en Colombia dicho impacto
emocional no es equiparable y por tanto menor para efectos indemnizatorios22.

42.
Como en el marco del recurso de apelación no se estableció ningún reproche
puntual a la conclusión del a quo que conlleve el reconocimiento de sumas
superiores, la Sala parte del monto reconocido y acoge dichos precedentes frente a
la tasación de las indemnizaciones, por lo que se modificarán las sumas otorgadas
como sigue:

Demandante Indemnización

Beatriz 100 smlmv

Gabriel 100 smlmv

Lucía 100 smlmv

Darío 100 smlmv

Alberto 60 smlmv

Victoria 60 smlmv

Antonio 60 smlmv

Esther 60 smlmv

Daño a la vida de relación y a bienes y derechos convencional y
constitucionalmente protegidos

43.
Por cada uno de estos conceptos el Tribunal a quo otorgó una indemnización
de 100 smlmv para Beatriz, para un total de 200 smlmv. Como sustento expuso en
síntesis que se reprochaba la conducta omisiva de la demandada que afectó sus

22 “El perjuicio moral que padecieron Carlos Álvaro Bonilla, exitoso fiscal que asumió peligrosas investigaciones

contra la estructura paramilitar que desequilibraba el país en su momento, Sor Marley Posada y su hija Eliana
María Bonilla Posada que tenía apenas 5 años cuando tuvieron que huir, en realidad es imposible de reparar.
El dolor de ver la vida destruida, el de abandonar a quienes dependían de ellos, y el que conlleva la asunción
de todo lo que vino después es inconmensurable.
Por la intensidad de ese dolor, en un caso muy similar a este [Radicado 34.440], la Sala reconoció 100 SMLMV
a cada una de las víctimas del exilio, que eran también un ex Fiscal sin rostro, su esposa y su hija. La Sala
respetará ese precedente y reconocerá el mismo monto, teniendo en cuenta la magnitud del perjuicio
que acaba de definirse.
Como se explicó en el apartado 2.2.2, Pedro Bonilla, Martha Elena Cifuentes, Ofelia Montoya y Oscar de Jesús
Posada, se quedaron en Colombia sufriendo la pérdida de la familia Bonilla Posada. Los cuatro fueron víctimas
del insilio que, en los términos expuestos antes, definió desde la orilla colombiana el exilio de Carlos, Marley y
Eliana. Ellos padecieron el dolor de continuar la vida, desde entonces, definida por la ausencia de los tres
exiliados.
El perjuicio padecido por Pedro Bonilla, Martha Cifuentes, Ofelia Montoya y Oscar de Jesús Posada también
será indemnizado, pero con un monto menor, pues sus penas aunque profundas, no igualan a las que han
tenido que soportar Carlos Álvaro, Sor Marley y Eliana María. A cada uno de estos cuatro demandantes se
reconocerá 60 SMLMV como indemnización por el perjuicio moral que han sufrido”. (se destaca). Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B. sentencia de 17 de marzo de 2021. Radicación: 05001-23-31-000-
2001-02641-01(44198). M. P. Alberto Montaña Plata.
Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 12 de febrero de 2014. Radicación:
25000-23-26-000-2004-01061-01(34.440). M. P. Consejero ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. En
esta sentencia se resolvió el caso de un ex fiscal sin rostro que también llevaba procesos contra paramilitares.
Él tuvo que esconder a su familia (hija y esposa) de las amenazas mediante continuados desplazamientos
internos y finalmente debieron exiliarse los tres. La Sala indemnizó el perjuicio moral causado por el exilio con
100 SMLMV para cada uno y, por aparte, indemnizó el perjuicio por la violación de sus derechos con ocasión
de los desplazamientos forzados internos.

13

Radicación: 25000-23-36-000-2013-01229-01 (56.855)
Actor: Beatriz y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa

condiciones en el entorno laboral y personal, así como sus derechos a la libertad y
dignidad humana23.

44. El recurrente pide que se reconozcan estos mismos rubros para el cónyuge y
los hijos de la señora Beatriz y señala que se debieron considerar las circunstancias
particulares de estos demandantes en cuanto al ámbito laboral y social afectado por
las condiciones del exilio24.

45. La Sección Tercera de esta Corporación, mediante sentencia de 14 de
septiembre de 2011, precisó la tipología de los perjuicios inmateriales y estableció
una cláusula residual en relación con las afectaciones que no pueden adecuarse al
contenido y denominación de “daño moral” o “daño a la salud”25, las que recogió en
la tipología de daños derivados de “vulneraciones o afectaciones relevantes a
bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados” evento en el
cual se puede conceder una indemnización adicional a la que se reconoce por el
perjuicio moral26.

46. En esas condiciones, el juzgador a quo reconoció indebidamente lo pretendido
en forma separada por los demandantes por “daño a la vida de relación” y “violación
a derechos fundamentales”, pues debió encausarlo bajo la tipología única de daño
a bienes constitucional y convencionalmente protegidos; sin embargo, tales
ordenamientos igualmente escapan a la posibilidad de corrección de la Sala en vista
de la garantía de la no reformatio in pejus que cobija al apelante único.

47. De cara a los planteamientos del recurso, la jurisprudencia de esta Corporación

ha determinado que el reconocimiento de este tipología de daño solo procede si
está acreditada su existencia y su reparación se hace a través de medidas no
pecuniarias, las cuales se reconocen a favor de la víctima directa, de su cónyuge o
compañero (a) permanente y de sus parientes hasta el primer grado de
consanguinidad; sin embargo, de manera excepcional, es posible un

23 Sobre el daño a la vida de relación se expuso: “En este caso la Sala considera que se encuentra acreditado

el perjuicio únicamente frente a la directa afectada, quien evidentemente vio lesionadas sus condiciones con el
entorno laboral y personal en virtud de las irregularidades en que incurrió la Fiscalía al retirarla de la
investigación y no brindarle las condiciones idóneas para el cumplimiento de sus funciones.
En este punto es importante para la Sala reiterar que la responsabilidad de la entidad no emana de las amenazas
referidas contra la demandante, pues este es un hecho que no se demostró. Lo que se reprocha a la entidad
demandada es su conducta omisiva frente a las medidas de seguridad, protección y estabilidad que debía
suministrar a una funcionaria que adelantaba una investigación de connotación nacional y de alto riesgo por el
tipo de personas que investigaban entre ellas, altos mandos de las fuerzas militares.
Así, como se tiene acreditada la causación de este perjuicio, la Sala reconocerá a la señora BEATRIZ la suma
de 100 SMLMV”.
En cuanto a lo que el tribunal denominó violación a derechos fundamentales se indicó: “En este caso, la Sala
considera que las situaciones puestas de presente a lo largo de esta providencia configuran una afectación a
derechos constitucional y convencionalmente protegidos como la libertad en todas sus modalidades y la
dignidad humana. En consecuencia, al no encontrarse una medida no pecuniaria que pueda indemnizar a la
víctima bajo los parámetros aceptados por el Sistema Interamericano de protección de Derechos Humanos y
la jurisprudencia nacional, es procedente un reconocimiento económico exclusivamente para la víctima directa,
razón por la cual se reconocerá por este concepto la suma equivalente a 100 smlmv a la señora BEATRIZ”.
24 En el recurso se expuso: “5.10.28. De igual manera, el fallo tampoco tomó en consideración la situación

específica del señor Gabriel quien se desempeñaba como juez de la República y no pudo posesionarse,
posteriormente, como juez ante la situación del exilio. Asimismo, no se valoró la circunstancia de sus hijos que
al momento de abandonar forzosamente el país apenas contaban con 7 y 9 años, quienes vieron afectada su
autoestima, no pudieron acceder a la educación superior mientras se encontraron en otro país, y accedieron a
la educación a través de las becas que les otorgaban sus benefactores. También, se vieron privados del cuidado
y amor de su familia extensa, en particular, de sus abuelos por línea materna y paterna, quienes también se
vieron afectados por esta ruptura familiar a causa del desplazamiento y exilio forzoso”.
25 Por ejemplo, perjuicios como “daño en la vida de relación” y “alteración grave a las condiciones de existencia”.
26 Consejo de Estado. Sección Tercera, sentencia de 1° de noviembre de 2007, expediente 16.407.

14

Radicación: 25000-23-36-000-2013-01229-01 (56.855)
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reconocimiento pecuniario de hasta 100 smlmv, única y exclusivamente a la víctima
directa del daño, siempre y cuando la indemnización no hubiese sido reconocida
con fundamento en el daño a la salud. Este quantum debe motivarse y ser
proporcional a la intensidad del daño.

48. En cuanto a la prueba de este perjuicio se ha considerado que puede estimarse
demostrado en consideración a las circunstancias particulares del caso,
relacionadas con la afectación grave de derechos constitucional y
convencionalmente protegidos.

49. En el presente asunto, las circunstancias particulares del caso dan cuenta de una

afectación grave de la garantía constitucional a la que está obligado el Estado
conforme al artículo 28 de la constitución Política, de acuerdo con la cual nadie
puede ser molestado en su persona o familia, y el artículo 42, que prescribe que “El
Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia en su honra,
dignidad e intimidad”, las cuales fueron vulneradas a los demandantes en este
proceso, por el exilio forzado al que se vieron abocados para proteger sus vidas.

50. A los menores Lucía y Darío se les vulneró la garantía constitucional establecida

en el artículo 44, según la cual el Estado tiene la obligación de asistir y proteger al
niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio armónico de sus
derechos. En el caso concreto se tiene que estos demandantes, que para época del
exilio contaban con 10 y 9 años respectivamente27, vieron alterado su desarrollo
armónico por el desarraigo al que fueron obligados, por el desasosiego que vivió su
familia que decidió huir pues el Estado Colombiano incumplió su deber de apoyo y
protección respecto de la señora Beatriz28 tal y como lo definió el Tribunal.

51. Como ya se dijo, esta tipología de perjuicio no puede repararse en forma
acumulativa como se pretendió en la demanda y accedió el a quo, por lo que dadas
las particularidades del asunto la Sala modificará el fallo apelado para otorgar
también una indemnización en el monto equivalente a 100 smlmv para el esposo e
hijos de la señora Beatriz, ya que respecto de la afectación a los bienes jurídicos
mencionados ellos fungen como víctimas directas y una medida no pecuniaria
resulta insuficiente para resarcir los perjuicios causados, con lo cual se prohíja el
criterio expuesto frente a un caso de similares contornos por la Subsección C de
esta Sección29.

27 Según se desprende de sus registros civiles de nacimiento, visibles a folios 141 y 142 del cuaderno No. 2.
28 Como sustento de la imputación del daño a la demandada, el tribunal a quo expuso lo siguiente: “… encuentra

la Sala que la falla en el servicio en el caso bajo estudio se configuró a partir de i) la falta de apoyo institucional
por parte de la Fiscalía General de la Nación a la Fiscal Beatriz para adelantar la investigación de la masacre
de Nariño en la medida en que no garantizó una sensación de tranquilidad y seguridad, situación que pone de
manifiesto la omisión en su deber legal y constitucional, ii) la falta de dirección de la investigación, por cuanto
se evidencia que la constante sustitución de funcionarios para adelantar las diligencias pertinentes afectó la
esfera personal y laboral de la demandante, por las distintas remociones de que fue objeto como fiscal
encargada del caso, y finalmente iii) la ausencia de herramientas o mecanismos para proteger al grupo
investigador de la masacre, no solo de eventuales agresiones contra su vida sino frente a los medios de
comunicación, puesto que resulta claro que la exposición mediática en la que se encontró la Fiscal Gaitán tiene
origen en acciones y omisiones del ente acusados, en la medida que no rodeó a la funcionaria ante las
situaciones negativas evidenciadas durante la actuación penal”.
29 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 12 de febrero de 2014. Radicación:

25000-23-26-000-2004-01061-01(34.440). M. P. Consejero ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. En
esta providencia se consideró la existencia de una afectación a bienes y derechos constitucional y
convencionalmente protegidos, con ocasión del desplazamiento de un ex fiscal sin rostro y su familia, la cual
fue indemnizada con 100 smlmv para cada uno de ellos.

15

Radicación: 25000-23-36-000-2013-01229-01 (56.855)
Actor: Beatriz y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa

Perjuicios materiales

52.
El tribunal negó el lucro cesante solicitado, por considerar que las pruebas
no permitían concluir que las renuncias a los cargos que desempeñaban los señores
Beatriz y Gabriel, tuvieron como causa eficiente la acción u omisión de la Fiscalía,
pues ni siquiera se demostró la existencia de amenazas en su contra que diera lugar
a esa decisión de desvincularse de sus trabajos, razón por la cual no reconoció los
salarios y prestaciones dejados de percibir por los demandantes desde que salieron
del país30. A la misma conclusión arribó respecto del daño emergente reclamado,
toda vez que no se acreditó que la venta de sus bienes hubiere tenido como origen
las amenazas referidas en el libelo.

Sobre el lucro cesante
53.
El apoderado recurrente insistió en que los señores Beatriz y Gabriel
renunciaron a sus cargos ante el temor invencible de que atentaran contra sus vidas,
de manera que la conducta omisiva de la demandada en el cumplimiento de su
deber de garante fue la única causa de la renuncia de la entonces fiscal Beatriz y
de su esposo Gabriel a los cargos que desempeñaban, ante la necesidad de
proteger su vida, integridad, estabilidad y unión familiar. Por esta razón, sostuvo que
debía reconocerse el lucro cesante mediante el pago de los salarios y prestaciones
sociales dejados de percibir desde el momento de la renuncia y hasta el
cumplimiento de la sentencia.

54.
El anterior contexto muestra que la contraposición argumentativa entre el
fallo apelado y el recurso de apelación discurre sobre la relación causal entre la falla
en el servicio declarada por el tribunal y las renuncias a los cargos que
desempeñaban los demandantes y su posterior exilio en territorio extranjero.

55.
Sobre lo anterior se tiene que el mismo tribunal a quo, al sustentar la
declaratoria de responsabilidad y la configuración de la falla en el servicio expuso
que el desplazamiento y exilio del núcleo familiar demandante fue consecuencia
forzada de su actividad laboral y las circunstancias de riesgo derivadas de la
investigación de la masacre que adelantaba la señora Beatriz, en tanto había
ocurrido el homicidio de la fiscal de apoyo y de miembros del CTI que fungían como
investigadores en esa misma actuación31.

30 Dijo el tribunal: “Para la Sala no es posible efectuar este reconocimiento, en la medida que no está acreditada

la existencia de amenazas concretas contra el señor GABRIEL y la señora BEATRIZ, que permitieran establecer
por lo menos indiciariamente que sus renuncias obedecieron a esta situación, de suerte que las
desvinculaciones de sus respectivos empleos no puede ser atribuida a la demandada.
Dicho de otra manera, si bien la Sala está reconociendo la causación de perjuicios inmateriales por las
afectaciones emocionales sufridas por la demandante durante la investigación que adelantaba, no cuenta con
elementos de juicios para concluir inequívocamente que las renuncias a los cargos que desempeñaban tengan
como causa eficiente la acción u omisión de la fiscalía, razón por la cual no hay lugar a reconocer los salarios
dejados de percibir durante el tiempo que los demandantes abandonaron el país.
Idéntica circunstancia se predica frente al daño emergente reclamado, toda vez que no está acreditado que la
venta de sus bienes tenga como origen las amenazas referidas en el libelo y como no se verifica la relación
entre la actuación de la fiscalía y la enajenación del automotor y el inmueble, no es posible reconocer la suma
pretendida”.
31 “Del material probatorio obrante en el expediente la Sala observa que la Fiscal Beatriz y su núcleo familiar

fueron forzados a desplazarse del país, como resultado de su trabajo como fiscal a cargo de una
investigación relacionada con la violación de derechos humanos “la Masacre de Nariño”, por el temor y
zozobra generada por el asesinato de la fiscal de apoyo de la investigación e investigadores del CTI
encargados de la misma. (…)
La Sala considera que la prueba documental allegada, específicamente las resoluciones por las cuales se
desvinculó en varias ocasiones a la Fiscal Beatriz de la dirección de la investigación, indica como mínimo un

16

Radicación: 25000-23-36-000-2013-01229-01 (56.855)
Actor: Beatriz y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa

56.
En estas condiciones, el criterio emitido en el fallo apelado como fundamento
de la imputación del daño a la demandada no se encuentra en discusión y tiene
alcance respecto de la causalidad frente al perjuicio reclamado, pero a juicio de la
Sala con un alcance diferencial en cuanto a la situación de los demandantes Beatriz
y Gabriel, pues quedó claro que ante la desprotección y el riesgo sobre su vida, ella
tuvo que renunciar32 para poder exiliarse cuanto antes, desvinculación de la entidad
en la que tuvo una trayectoria de 7 años y 9 meses33, lo que implicó dejar de percibir
los ingresos que en condiciones normales habría continuado recibiendo.

57.
No ocurre lo mismo frente al señor Gabriel, pues si bien se encuentra
demostrado que salió del país con su familia en condición de asilado, no se acreditó
que dicha situación hubiera sido causada por la falla en el servicio en la que incurrió
la Fiscalía respecto de la concreta situación laboral de su esposa, como tampoco
se encuentra demostrada la existencia de alguna amenaza concreta en contra de
su integridad que fuera materia de alguna solicitud específica de medidas de
protección y que las mismas no hubieran sido tramitadas u otorgadas por el
incumplimiento de los deberes misionales y funcionales de la entidad aquí
demandada, por lo que a pesar de la lamentable situación vivida no se considera
que el exilio que afrontó tenga causa directa y exclusiva en acciones u omisiones
de la Fiscalía General de la Nación, sino que se trató de una consecuencia indirecta
derivada de la situación particular de su esposa, de manera que tuvo que afrontarlo
en aras de mantener la unidad familiar.

58.
Tampoco puede predicarse que el hecho de no haber tomado posesión del
cargo como Juez años después haya tenido como causa alguna acción u omisión
de la Fiscalía General de la Nación, mucho menos que obedeciera a alguna
situación objetiva y concreta de amenazas en su contra que le impidieran regresar
al país; lo que se encuentra probado en el expediente es que el señor Gabriel
manifestó su aceptación del nombramiento34 y señaló que dada su residencia en el
exterior se acogía a los dos meses previstos en el artículo 133 de la Ley 270 de
1996 para allegar la documentación pertinente para la confirmación35.

absoluto desconocimiento de la gravedad de los hechos investigados, aunada a la prueba testimonial obrante
en el plenario, particularmente la declaración rendida por el Director de la ONG JMV (fls 237-254 c. 4), puede
inferirse que al interior de la Fiscalía General de la Nación se presentaron serias irregularidades en el
manejo administrativo del proceso penal investigativo tantas veces mencionado que afectaron la vida
personal y familiar de la demandante, le impidieron desplegar su actividad en condiciones normales, lo
cual sin duda se traduce en una falla del servicio imputable a la Fiscalía General de la Nación, por no
brindar las garantías necesarias a sus agentes para el adecuado cumplimiento de sus deberes”. (se
destaca).
32 Renuncia obrante de folios 65 a 68 del cuaderno No. 2.
33 Ingresó a la entidad el 29 de junio de 1994 como fiscal Local, ocupando diferentes encargos como fiscal

seccional y delegada, hasta su traslado por necesidades del servicio a la Dirección Nacional de Fiscalías como
delegada. (constancia laboral visible a folios 5 y 6 del cuaderno No. 2) Finalmente su renuncia fue aceptada
mediante Resolución No. 2-0325 de 1 de marzo de 2002 (Folio 70 del cuaderno No. 2).
34 En oficio fechado el 2 de julio de 2004 se consignó lo siguiente: “Por atención a la designación que me hiciera

el Honorable Tribunal como Juez, mediante acuerdo del cual fui notificado telefónicamente (…) el día 30 de
Junio del presente año, de manera respetuosa manifiesto que ACEPTO el nombramiento”. (Folio 133 del
cuaderno No. 2.).
35 En oficio del 12 de julio de 2004 se indicó: “Por medio de la presente, de forma respetuosa y en atención a

la designación que me hiciere el Honorable Tribunal como Juez, manifiesto con fundamento en el artículo 133
de la ley Estatutaria de Administración de Justicia (270/96), que me acojo a los dos meses para allegar la
documentación para confirmación, en consideración a mi actual residencia en el exterior, cuya prueba anejo”.
(folio 136 del cuaderno No. 2).

17

Radicación: 25000-23-36-000-2013-01229-01 (56.855)
Actor: Beatriz y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa

59.
No le expuso el señor Gabriel a la autoridad nominadora alguna situación que
obstaculizara dicho trámite y ni siquiera aparece probado que manifestara una
declinación al nombramiento con fundamento en alguna amenaza o que hubiera
cursado alguna clase de comunicación, de manera que por el voluntario silencio del
actor el Tribunal Superior resolvió revocar su nombramiento ante el vencimiento del
término de ley sin recibir la documentación necesaria para la confirmación36, lo que
implica que ni siquiera se llegó a la etapa de posesión en el cargo y que la decisión
de no seguir adelante con dicho trámite tampoco tuvo causa directa y exclusiva en
acciones u omisiones de la Fiscalía General de la Nación.

60.
Las menciones que hicieran los testigos escuchados en este proceso
tampoco son concluyentes respecto de una situación concreta de amenazas
respecto del señor Gabriel, pues parten de la subjetiva percepción de los
declarantes frente al contexto de inseguridad en el país en relación con la
investigación de la masacre, así como de lo que los mismos demandantes les
manifestaron y de alguna restricción en el ordenamiento jurídico de Canadá que
objetivamente impediría el retorno de los asilados37.

61.
Si bien dos de los testigos tienen relación de parentesco como hermanos de
los demandantes Gabriel y Beatriz y sus testimonios se valoran de forma más
rigurosa bajo el tamiz de la sospecha 38 , sus dichos tampoco encuentran
correspondencia en algún medio de prueba que acredite la existencia de una
amenaza contra la integridad del accionante o que se hubiera formulado alguna

36
Mediante Acuerdo se dispuso: “Artículo primero.- Revocar el nombramiento del Dr. (a) GABRIEL, como juez,
por encontrarse vencido el término de los dos meses consagrados en el Art. 133, inciso primero de la Ley 270
de 1996, para aportar la documentación necesaria para su confirmación, sin que hasta la fecha lo hubiese
hecho”.
37
CAG, hermano del demandante expuso: “La imposibilidad del reintegro fue debido a la situación social, sobre
todo el temor que se sentía, el temor legítimo a saber que ya habían muerto tres personas por la misma
situación, el saber que continuaba la misma situación social del país, que las personas que dirigían en su
momento todavía estaban las garantías no estaban dadas”. Folio 168 a 169 del cuaderno No. 1. minuto 21:00
a 23:44 Cd en cuaderno No. 3.
JFC, Pastor de iglesia, quien conoció a los actores en el exilio en Canadá dijo: “Ella mencionaba que si ellos
regresaban y las personas de las cuales ellos huyeron, ellos los podían matar”. Folios 333 a 335 del cuaderno
No. 1.
MMA, amiga de la demandante, expuso: “Cuando Canadá les concedió el asilo político, la condición era, y es
poque sigue siendo así en eses país, que el gobierno de Canadá los cobija, los protege siempre y cuando ellos
saben que es prohibido regresar a su nación por la condición de peligro con que salieron por un mínimo de 10
años, entonces pues esa es una de las razones, pero también cuando ellos quisieron comenzar a considerar
volver, la situación del país seguía siendo muy peligrosa, aún del caso que había manejado Beatriz no se había
resuelto, estaba apenas tratándose y aún no se ha resuelto del todo; entonces consideraron que no era el
momento de regresar, porque seguía esa condición de peligro contra las vidas de ellos, pues obviamente Beatriz
pero también de su familia”. minuto 20:05 a 22:17 CD obrante en el cuaderno No. 3.
NB, hermana de la demandante manifestó: “ellos lo estuvieron pensado desde como el 2004 o 2005, que a
Gabriel le resultó un nombramiento porque él había concursado, antes de irse había concursado para juez,
entonces estando allá le llegó la notificación que debía presentarse para posesionarse. Entonces me llama
Gabriel y me dice “como te parece que me resultó el trabajo como juez” y yo le dije “Y ahora?” me dijo “pues yo
estoy pensándolo y tengo todas las intenciones de ir, pero no se me da susto, yo no puedo dejar a Beatriz acá,
yo nos tenemos que devolver todos. Entonces en esa época se pensó en volver, pero como solo habían
transcurrido dos años, todavía se escuchaban rumores de lo que había sido lo de Beatriz , entonces el papá de
Gabriel hizo investigaciones, averiguó entonces le dijo “no, yo creo que no es seguro que ustedes vuelvan
ahora, entonces por ahora no creo que sea seguro que ustedes se regresen al país”. minuto 21:00 a 23:44 Cd
en cuaderno No. 3.
38 Código General del Proceso. “ARTÍCULO 211. IMPARCIALIDAD DEL TESTIGO. Cualquiera de las partes

podrá tachar el testimonio de las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o
imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus
apoderados, antecedentes personales u otras causas.
La tacha deberá formularse con expresión de las razones en que se funda. El juez analizará el testimonio en el
momento de fallar de acuerdo con las circunstancias de cada caso”.

18

Radicación: 25000-23-36-000-2013-01229-01 (56.855)
Actor: Beatriz y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa

solicitud de protección a la Fiscalía para garantizar el retorno y que la entidad la
denegara truncando la expectativa frente al desempeño del cargo como juez.

62.
De manera que para fijar la indemnización a favor de los señores Beatriz y Gabriel
debe atenderse que en el marco de esta acción no es dable ordenar el pago de
emolumentos de naturaleza laboral, pues ello conllevaría en cabeza de la Fiscalía
acometer el pago de conceptos laborales a unas personas que no forman parte de
la entidad, por lo que en aplicación del criterio jurisprudencial acogido en casos
similares al presente39 estima la Sala que lo apropiado es otorgar una indemnización
que tenga como referencia base de liquidación una suma equivalente al monto del
salario que devengaban los actores al momento de su desvinculación incrementada
en un 25% del factor prestacional por tratarse de empleados dependientes.

63.
Para el caso de la señora Beatriz se proyectará el reconocimiento desde el
momento en que se dispuso la aceptación de la renuncia -Resolución de 1 de marzo
de 200240- y hasta la fecha en que se aprobó la solicitud de asilo por el gobierno de
Canadá -4 de agosto de 200341-.

64.
En cuanto al señor Gabriel y ante la ausencia de prueba sobre la supuesta
concesión de licencia no remunerada, se liquidará la indemnización desde la fecha
en que aparece probado en el expediente que se retiró del cargo de Juez -15 de
julio de 200242- y hasta la mencionada fecha en que se aprobó la solicitud de asilo
por el gobierno de Canadá -4 de agosto de 2003-.

65.
Con la concesión del asilo se les otorgó permiso expreso para trabajar y con ello
se entiende que cesó cualquier obstáculo de los que en su previa condición de
solicitantes de asilo les dificultaría acceder a un trabajo digno, por lo que desde ese
momento los demandantes estuvieron en capacidad de cumplir su deber de mitigar
el perjuicio consistente en la pérdida de sus ingresos laborales43.

Liquidación de lucro cesante para Beatriz
66.
Según lo dispuesto en el Decreto 685 de 2002, para ese año la remuneración de
un fiscal delegado ante los jueces penales de circuito especializados correspondía
a la suma de $3’983.291, la que se incrementa en un 25% por factor prestacional
($995.823) para un total de $4’979.114, monto que será traído a valor presente con
la fórmula general de indexación empleada por esta Corporación; así:

39 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 17 de marzo de 2021. Radicación:

05001-23-31-000-2001-02641-01(44198), Consejero ponente: Alberto Montaña Plata.
40 Folio 70 del cuaderno No. 2.
41 El 4 de agosto de 2003, según documento en inglés aportado por los demandantes y obrante de folios 86 a

89 del cuaderno No. 1, el gobierno de Canadá aprobó la solicitud de asilo de la señora Beatriz, el cual cobijaba
a sus dependientes –su cónyuge y sus dos hijos-. En el mentado documento, además se le informó que con
dicha condición podía solicitar ciertos beneficios, entre otros, autorizaciones de empleo para ella y sus
dependientes. Esta Corporación ha dado valor probatorio a este tipo de documentos en idioma extranjero a
pesar de que no se hallen traducidos oficialmente con el fin de evitar caer en rigorismos que atentan contra el
derecho sustancial y la verdad material. Así las cosas, esta Sala valorará el referido documento en inglés en el
que consta el otorgamiento del asilo solicitado por la señora Beatriz, que fue allegado por la propia parte
demandante, en aras de garantizar el principio de justicia material. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera.
Sentencia del 26 de enero de 2022. Expediente 49.824. C.P. Martín Bermúdez Muñoz.
42 Según consta en el certificado de 10 de julio de 2013, suscrito por el presidente del Tribunal Superior, visible

a folio 54 del cuaderno No. 1.
43 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 17 de marzo de 2021. Radicación:

05001-23-31-000-2001-02641-01(44198), Consejero ponente: Alberto Montaña Plata.

19

Radicación: 25000-23-36-000-2013-01229-01 (56.855)
Actor: Beatriz y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa

RA = VH x Índice Final
Índice Inicial

Donde:
RA: Valor a actualizar.
VH: Valor histórico = $4’979.114.
Índice Final: Último IPC conocido al tiempo de esta sentencia (noviembre 2024=144,22).
Índice Inicial: IPC vigente para la fecha de la desvinculación (marzo 2002= 47.87).

RA = $4’979.114 x 144,22
47.87

RA: $15’000.790

La liquidación atenderá la siguiente fórmula:

S = RA x (1 + i )n – 1
i
S Suma a obtener.
Ra Renta actualizada: $15’000.790
i Tasa mensual de interés puro o legal.
n Número de meses transcurridos desde la fecha en que se aceptó la
renuncia y hasta la fecha en que se concedió el asilo: 1 de marzo de 2002
y 4 de agosto de 2003 = 17.1.
1 Es una constante.

S= $15’000.790 x (1+ 0,004867)17.1 - 1
0,004867

S= $266’814.018

67. Se ordenará pagar a Beatriz la suma de doscientos sesenta y seis millones
ochocientos catorce mil dieciocho pesos M/cte. ($266’814.018) a título de lucro
cesante.

Liquidación de lucro cesante para Gabriel
68.
Según lo dispuesto en el Decreto 673 de 2002, para ese año la remuneración
de un juez municipal correspondía a la suma de $2’757.989, la que se incrementa
en un 25% por factor prestacional ($689.497) para un total de $3’447.486, monto
que será traído a valor presente con la fórmula general de indexación empleada por
esta Corporación; así:

RA = VH x Índice Final
Índice Inicial

Donde:
RA: Valor a actualizar.
VH: Valor histórico = $3’447.486.
Índice Final: Último IPC conocido al tiempo de esta sentencia (noviembre 2024=144,22).
Índice Inicial: IPC vigente para la fecha de la desvinculación (julio 2002= 48.82).

20

Radicación: 25000-23-36-000-2013-01229-01 (56.855)
Actor: Beatriz y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa

RA = $3’447.486 x 144,22
48.82

RA: $ 10’184.277

La liquidación atenderá la siguiente fórmula:

S = RA x (1 + i )n – 1
i
S Suma a obtener.
Ra Renta actualizada: $10’184.277
i Tasa mensual de interés puro o legal.
n Número de meses transcurridos desde la fecha de la desvinculación y
hasta la fecha en que se concedió el asilo: 15 de julio de 2002 y 4 de agosto
de 2003 = 12,63
1 Es una constante.

S= $10’184.277 x (1+ 0,004867)12.63 - 1
0,004867

S= $132’331.302

69. Se ordenará pagar a Gabriel la suma de ciento treinta y dos millones
trescientos treinta y un mil trescientos dos pesos M/cte. ($132’331.302) a título de
lucro cesante.

Daño emergente

70.
Mientras que el a quo denegó el perjuicio por considerar que no se acreditó que
la venta de los bienes de los demandantes hubiere tenido como origen las
amenazas referidas en el libelo, la parte recurrente señaló que la voluntad de la
señora Beatriz se vio coaccionada por su condición de vulnerabilidad manifiesta
como mujer, esposa y madre, quien requirió vender en principio el vehículo para
obtener una base económica en el inicio del desplazamiento forzado al exilio y la
venta del apartamento fue consecuencia directa de las condiciones propias del exilio
a que fue expuesta por la actuación omisiva de la Fiscalía General de la Nación.

71.
Se encuentra en el expediente una copia al carbón de la factura cambiaria de
compraventa de 10 de abril de 200244, en la que consta que la señora Beatriz vendió
al señor JCI un automóvil modelo 1996, transacción que se pactó en la suma de
$23’000.000 y en las condiciones del contrato se estipuló lo siguiente:

“PAGO DE CONTADO, LO SEPARA CON $4’000.000. VENDEDOR: CANCELA
RETEFUENTE Y EL 50% DEL TRASPASO- COMPRADOR: CANCELA EL OTRO
50% DEL TRASPASO. Se entregan los impuestos a la fecha. EL SALDO DE
19’000.000 CON UN CHEQUE DE GERENCIA”.

72.
A pesar de que el citado documento no se encuentra suscrito por la señora
Beatriz, la Sala le concederá valor probatorio en aplicación de los criterios de
flexibilización probatoria en materia de derechos humanos y el enfoque de género

44 Folio 150 del cuaderno No. 2.

21

Radicación: 25000-23-36-000-2013-01229-01 (56.855)
Actor: Beatriz y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa

que obliga al juez a valorar las pruebas teniendo en cuenta las reglas de la
experiencia, para que la lectura sistemática de la realidad le permita identificar y
entender los patrones de discriminación, sometimiento o violencia contra la mujer45.

73.
Con base en la prueba analizada, infiere la Sala que la venta del automotor se
llevó a cabo, pues el documento no fue cuestionado ni desvirtuado en el proceso;
que el dinero obtenido con ello fue invertido con ocasión del traslado a Canadá,
dado que la fecha de la negociación -10 de abril de 2002- es anterior y cercana a la
del viaje, pues según se afirmó en la demanda el núcleo familiar debió salir del país
el 18 de abril de 2002, con lo que se estima que dicho negocio jurídico tuvo una
relación causal con las circunstancias de riesgo generadas por la investigación de
la masacre que adelantó la señora Beatriz y que en palabras del Tribunal a quo
motivaron forzadamente el desplazamiento y exilio de los actores -párrafo 56-. Si
bien se obtuvo un dinero a cambio del vehículo se considera que al destinarse a
sufragar los gastos con ocasión del traslado implicó una erogación que al margen
del negocio finalmente salió del patrimonio de la demandante, por lo que se
constituye en un daño emergente que amerita ser indemnizado.

74.
Sobre la venta del apartamento obra en el expediente copia auténtica del contrato
de promesa de compraventa46 de un inmueble, documento suscrito el 6 de junio de
2006 por el señor Antonio como promitente vendedor en calidad de apoderado de
los propietarios Beatriz y Gabriel, y cuyo precio pactado fue de $165’000.000.
Igualmente aparece un otrosí autenticado a la anterior promesa de compraventa
suscrito el 14 de julio de la misma anualidad47 respecto de la forma de pago y el
desembolso de un crédito hipotecario gestionado para tal efecto, en el cual se indica
que “LA PROMITENTE COMPRADORA autoriza para que el dinero producto del
préstamo hipotecario sea girado directamente a los PROMITENTES
VENDEDORES”.

75.
También se tiene copia auténtica de la escritura pública 48 , en la que se
perfecciona el contrato prometido, pero se declara que el precio de venta
corresponde a $71’428.571, de los cuales se consigna que fueron recibidos a
satisfacción $21’428.571 y que el saldo de $50’000.000 sería cubierto con el
producto de un crédito hipotecario otorgado por Bancolombia que sería
desembolsado según las disponibilidades de tesorería una vez se presentara la
escritura de compraventa e hipoteca debidamente registrada49.

45 Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-012 de 2016.
46 Folios 145 a 149 del cuaderno No. 2.
47 Folios 151 y 152 del cuaderno No. 2.
48 Folios 153 a 164 del cuaderno No. 2.
49 Consta en la escritura la siguiente cláusula: “TERCERA. PRECIO. El precio de la compraventa es de
SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS
($71’428.571) MONEDA CORRIENTE que será cancelada de la siguiente manera: A) la suma de VEINTIÚN
MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($21’428.571)
MCTE, suma que LOS VENDEDORES declaran recibida a satisfacción; y B) El saldo, la suma de CINCUENTA
MILLO DES DE PESOS ($50’000.000) MONEDA CORRIENTE con el producto de un crédito hipotecario
otorgado por BANCOLOMBIA S.A, el cual serpa desembolsado de acuerdo con las disponibilidades de
tesorería una vez se presente la escritura de hipoteca debidamente registrada. (…) PARÁGRAFO SEGUNDO.-
Que BANCOLOMBIA S.A. pagará directamente a LOS VENDEDORES la suma de CINCUENTA MILLO DES
DE PESOS ($50’000.000) MONEDA CORRIENTE una vez le sea entregada a BANCOLOMBIA S.A. la primera
copia de la presente escritura de compraventa e hipoteca debidamente registrada y sin glosa alguna y LA
COMPRADORA haya cumplido con el reglamento de crédito de BANCOLOMBIA S.A.”.

22

Radicación: 25000-23-36-000-2013-01229-01 (56.855)
Actor: Beatriz y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa

76.
Al margen de la diferencia entre el precio indicado en la promesa de compraventa
y el de la escritura, no se allegó el correspondiente certificado de tradición y libertad
del inmueble, a efectos de acreditar que operó la traslación del derecho de dominio
sobre el bien y con ello el cumplimiento de las condiciones pactadas para que el
establecimiento bancario realizara el desembolso efectivo del saldo del precio
convenido. Lo anterior no permite considerar que dicho negocio jurídico se haya
finiquitado a satisfacción, por lo que el perjuicio alegado no tiene el carácter de
certeza que se requiere para analizar su eventual indemnización.

77.
En estas condiciones la Sala se limitará a reconocer el daño emergente derivado
de la venta del automotor y para ello actualizará la suma correspondiente con la
fórmula general de indexación empleada por esta Corporación; así:

RA = VH x Índice Final
Índice Inicial

Donde:

RA: Valor a actualizar.
VH: Valor histórico = $23’000.000.
Índice Final: Último IPC conocido al tiempo de esta sentencia (noviembre 2024=144,22).
Índice Inicial: IPC vigente para la fecha de la venta (abril 2002= 48.31).

RA = $23’000.000 x 144,22
48.31

RA: $68’661.975

78. Se ordenará pagar a Beatriz la suma de sesenta y ocho millones seiscientos
sesenta y un mil novecientos setenta y cinco pesos M/cte. ($68’661.975) a título de
daño emergente.

Costas

79.
La parte recurrente solicitó que se tasen nuevamente las agencias en
derecho fijadas por el tribunal a quo, conforme al reconocimiento que se llegue a
dar frente a las súplicas del recurso.

80.
Tal cuestionamiento se contrae al monto de las agencias en derecho, aspecto
que no resulta viable analizar en el marco del presente recurso, pues para ello el
legislador dispuso expresamente en el artículo 366-5 del CGP50 que se debe acudir
a los recursos contra el auto que aprueba la liquidación de costas, la cual se realiza
de manera concentrada en el tribunal a quo, por lo que la censura planteada no
tiene vocación de prosperidad.

81.
Ahora bien, en cuanto a las costas de segunda instancia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en la sentencia se dispondrá

50 “5. La liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podrán controvertirse

mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas.
La apelación se concederá en el efecto diferido, pero si no existiere actuación pendiente, se concederá en el
suspensivo”. (se destaca).

23

Radicación: 25000-23-36-000-2013-01229-01 (56.855)
Actor: Beatriz y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa

sobre dicha condena, cuya liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento
civil.

82.
El artículo 365 de la Ley 1564 de 2012 señala que hay lugar a condenar en costas
a la parte vencida en un proceso o a quien se resuelve desfavorablemente el
recurso. El artículo 361 ibídem establece que las costas “están integradas por la
totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por
las agencias en derecho”. Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las
tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura.

83.
No obstante lo anterior, la Corte Constitucional en su determinación de
unificación, SU-241/24 ha decidido que en este tipo de procesos se ventila un
interés público, de manera que al tenor de lo dispuesto en el art 188 del CPACA no
procede la condena en costas, aun habiendo prosperado parcialmente la alzada.
Entiende de la Sala que el criterio indicado por el legislador y que ordena aplicar la
Corte en este tipo de asuntos cobija a todos los sujetos interesados en el proceso,
con independencia de su actuar en el mismo y el alcance y sentido de las
decisiones, de manera que no procede la condena en costas en la presente
instancia. Aclara la Sala que las decretadas en primera instancia por el Tribunal no
están cobijadas por esta decisión, en tanto las mismas fueron impuestas a favor de
la demandante con anterioridad a la definición que adoptó la Corte Constitucional,
de manera que frente a ellas ninguna manifestación diferente a la ya indicada puede
formularse.

Medidas para garantizar el derecho a la intimidad

84. La Sala adoptará algunas medidas tendientes a garantizar la confidencialidad
de la información que reposa en este fallo, en aras de salvaguardar el derecho a la
intimidad los demandantes, en consonancia con lo considerado por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-241/24.

● Para lo anterior, se le ordenará a la Secretaría de la Sección Tercera de esta
Corporación que, previo al registro de la presente providencia en Samai, suprima en la
radicación del proceso los datos de identificación de los actores y, en su lugar, los
reemplace en su orden con los siguientes nombres: Beatriz (Beatriz), Gabriel (Gabriel),
Lucía (Lucía), Darío (Darío), Alberto (Alberto), Victoria (Victoria), Antonio (Antonio) y
Esther (Esther).

● La misma actuación adelantará la Secretaría de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca una vez le sea remitido el expediente.

● La sustitución enunciada también se llevará a cabo en la presente providencia por
parte del ponente, pero solo frente a la versión que se pondrá a disposición para consulta
en la relatoría de la Corporación y en el sistema de registro de actuaciones SAMAI.

● La versión que se publique en línea no contendrá información que permita
determinar la identidad de los demandantes ni otros datos relacionados con el proceso
penal.

● Se ordenará a la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado que, según
el artículo 203 de la Ley 1437 de 2011, notifique a las partes y al Ministerio Público la
sentencia mediante envío de su texto a través de mensaje al buzón electrónico para

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Radicación: 25000-23-36-000-2013-01229-01 (56.855)
Actor: Beatriz y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa

notificaciones judiciales. La copia para remitir será la que contiene los datos originales y
no aquella versión en la que se suprimirá la información que permite identificar a los
demandantes. Los sujetos procesales se encuentran igualmente en el deber de
garantizar la confidencialidad de la mencionada información.

85. Adicionalmente, como la demanda, las pruebas y demás piezas procesales que
integran el expediente contienen datos sensibles sobre los demandantes, se le
ordena a la Secretaría de la Sección Tercera de esta Corporación y a la Secretaría
de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que adopte las
medidas de control requeridas para que el expediente solo esté a disposición de
las partes y el Ministerio Público, por lo que cualquier petición de consulta adicional
de un tercero deberá pasar al despacho a cargo del proceso, para que por auto se
decida si se autoriza o no el acceso, en los términos del artículo 18 de la Ley 1712
de 201451.

IV. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia
proferida el 19 de noviembre de 2015 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante la cual se accedió parcialmente a las súplicas de la
demanda. Como consecuencia, la parte resolutiva del proveído referido quedará en
su integridad, como sigue:

“PRIMERO.- DECLARAR administrativa y extracontractualmente responsable a la
NACIÓN FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN por los perjuicios causados a los
demandantes como consecuencia de la falla en el servicio en que incurrió la frente a
las medidas de seguridad y protección requeridas por la señora BEATRIZ, que causó
el daño antijurídico determinado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: En consecuencia CONDENAR a la NACIÓN FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN a pagar a los demandantes las siguientes sumas de dinero.

Por perjuicios morales:

Para la señora BEATRIZ la suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales
vigentes

Para GABRIEL, LUCÍA y DARÍO la suma de cien (100) salarios mínimos legales
mensuales vigentes para cada uno de ellos.

Para los señores ALBERTO, VICTORIA, ANTONIO y ESTHER, padres y suegros de la
víctima directa la suma de sesenta (60) SMLMV para cada uno de ellos.

Por daño a la vida de relación

La suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para la señora
BEATRIZ.

51 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública

Nacional y se dictan otras disposiciones.

25

Radicación: 25000-23-36-000-2013-01229-01 (56.855)
Actor: Beatriz y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa

Por daño a bienes y derechos convencional y constitucionalmente protegidos

La suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para la señora
BEATRIZ.

Para GABRIEL, LUCÍA y DARÍO la suma de cien (100) salarios mínimos legales
mensuales vigentes para cada uno de ellos.

Por lucro cesante

Para la señora BEATRIZ la suma de doscientos sesenta y seis millones ochocientos
catorce mil dieciocho pesos M/cte. ($266’814.018).

Para el señor GABRIEL la suma de ciento treinta y dos millones trescientos treinta y un
mil trescientos dos pesos M/cte. ($132’331.302)

Por daño emergente

Para la señora BEATRIZ la suma de sesenta y ocho millones seiscientos sesenta y un
mil novecientos setenta y cinco pesos M/cte. ($68’661.975).

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones.

CUARTO: NEGAR las pruebas de oficio solicitadas por la parte demandante junto con
los alegatos de conclusión, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO. CONDENAR EN COSTAS a la parte demandada. FÍJENSE agencias en
derecho a cargo de la parte demandada y a favor de la parte demandante, por un monto
de diecinueve millones setecientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos setenta y siete
pesos M/cte ($19.755.477). Por Secretaría de la Sección liquídense los gastos
procesales causados, devuélvase el monto remanente a la parte actora.

SEXTO. NOTIFÍQUESE esta providencia conforme al Artículo 203 del CPACA”.

SEGUNDO: Sin costas en segunda instancia.

TERCERO: Las secretarías de la Sección Tercera del Consejo de Estado y del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, así como la relatoría de esta corporación,
darán cumplimiento a las medidas indicadas en la parte motiva para garantizar el
derecho a la intimidad de los demandantes.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente
al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Con aclaración y salvamento parcial de voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

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