Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2013-01583-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2013-01583-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2013-01583-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas
19 de febrero de 2024
Radicado: 25000-23-36-000-2013-04583-01 (55636)
Demandante: Constructora CANAAN S.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 25000-23-36-000-2013-04583-01(55636)
Demandante: Constructora CANAAN S.A.
Demandado: Alcaldía Mayor de Bogotá - Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos de Bogotá
Referencia: Controversias contractuales
Tema 1: Salvedades en actos modificatorios del contrato
Tema 2: Extemporaneidad de la contestación de la demanda
Subtema 1: Indicio grave
Tema 3: Mayor permanencia en la obra pública
Subtema 1: Carga de la prueba
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación, presentado por la parte demandante, en contra
de la sentencia del veinte (20) de agosto de dos mil quince (2015), proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “A”, que
negó las pretensiones de la demanda.
I. SINTESIS DEL CASO
Las partes del presente proceso celebraron un contrato de obra para construir una
estación de Bomberos en el barrio San José de Bavaria de la ciudad de Bogotá. El
plazo inicialmente estipulado, de 240 días, fue suspendido y modificado en múltiples
ocasiones, resultando, finalmente, un tiempo de ejecución de 666 días. La demandante
estima que, en virtud de esta extensión, se produjo una mayor permanencia en obra y
múltiples sobrecostos que desequilibraron la ecuación económica del contrato en su
contra.
La sentencia de primera instancia denegó las pretensiones de la demanda porque,
además de que estas no tuvieron sustento probatorio, no fueron protestadas en las
suspensiones y otrosíes suscritos por la contratista durante la ejecución del contrato.
En apelación, la actora aduce que fue vulnerado su acceso a la administración de
justicia por la consideración de este último criterio, y reprocha la sentencia por no darle
efectos a la contestación extemporánea de la demanda por el Cuerpo de Bomberos.
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Demandante: Constructora CANAAN S.A.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
2.1.1. El cuatro (4) de septiembre de dos mil trece (2013), la sociedad Constructora
CANAAN S.A. 1 (en adelante, la Constructora) presentó demanda 2 en ejercicio del
medio de control de controversias contractuales contra la Alcaldía Mayor de Bogotá
D.C. – Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá (en
adelante, Cuerpo de Bomberos), con el fin de que fueran despachadas favorablemente
las siguientes pretensiones:
“PRIMERA. Revocar de oficio, en sede administrativa, los actos administrativos
contenidos en los oficios 2009EE8778 de noviembre 6 del 2009 y 2011EE1947 de abril
18 del 2011, por las causales 1 y 3 del art. 69 del C.C.A. contando para este expreso
efecto con el consentimiento del Constructora, en lo cual se tendrá este escrito como
suficiente. […].
SEGUNDA. En su lugar, reconocer y pagar:
1. Que, a causa de la demora, por fuera del límite previsible según el contrato y la ley,
en la obtención de las licencias de urbanismo y construcción, requeridas para poder
acometer la obra objeto del correspondiente contrato, se produjeron consecuencias
económicas adversas a la Constructora, que alteraron el equilibrio de la ecuación
económica contractual, consistentes en: i) unos mayores gastos en que incurrió debido
a la imposibilidad de ejecutar la obra dentro del plazo inicial previsto que, al propio
tiempo, lo obligaron a mantener a disposición del contratante y de la obra una estructura
administrativa ociosa, disponible para reuniones y ocupada en la revisión de diseños y
estudios, mientras dicha obra no pudo iniciarse por causa no imputable a la
Constructora, ii) encarecimiento de los insumos de la obra durante el tiempo de espera
para iniciar la misma.
2. Que, por falta de idoneidad, oportunidad en la entrega por parte de la Unidad
Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, veracidad y suficiencia
de los estudios y diseños entregados a los licitantes durante el período licitatorio, con
lo cual incumplió con su deber de planear adecuadamente la contratación en desarrollo
de lo ordenado por los artículos 25 (numeral 12) y 25 (numeral 3) de la Ley 80 de 1993,
la Constructora debe reconocer: i) los mayores costos administrativos en que incurrió
la Constructora derivados del alargamiento de su permanencia en obra a la espera de
la generación o corrección de dichos estudios durante la etapa de construcción de la
obra, ii) por cuanto en desarrollo de la CLAUSULA PRIMERA del contrato de la
referencia, que contiene el objeto del mismo, las partes pactaron que "EL
CONTRATISTA se compromete con la UAECOBB a ejecutar las obras de, construcción
de la Estación de Bomberos de San José de Bavaria B-14, de acuerdo a los planos,
especificaciones, detalles constructivos y cantidades de obra entregados por la Unidad
Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos.", es claro que las partes
convinieron en que el precio del contrato también quedase atado a la ejecución de las
cantidades de obra que la entidad entregó al contratista con el pliego de condiciones;
por tanto, las mayores cantidades de obra ejecutadas en relación con las entregadas
por la entidad al contratista con los pliegos respectivos debe pagarlas la UAECOBB al
contratista para restablecer el equilibrio de la ecuación económica del contrato que
1 Certificado de existencia y representación núm. R039208057 del 26 de agosto de 2013 expedido por la Cámara
de Comercio de Bogotá: f. 468-470, c. 2.
2 F. 2-38, c. 1.
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contempló el pago por el sistema de precio global, tal y como se solicitó mediante
nuestro escrito CCDP-010-010-2010 radicado en la Entidad con el número
2010ER1290 0 1 de marzo 2/10 [sic] […]. iii) encarecimiento de los insumos de la obra
durante el tiempo adicional empleado para la construcción de la obra.
3. Que, a causa de haber expedido el contrato por fuera del horario hábil del último día
del mes, este nació con una multa por el pago extemporáneo del Impuesto de timbre
que el contratista tuvo que sufragar de su patrimonio, sin ser una consecuencia de su
actuar […]”.
2.1.2. La demanda relata que la Constructora y el Cuerpo de Bomberos suscribieron
el contrato de obra núm. 0163 de 2007, para construir obras correspondientes a la
Estación de Bomberos de San José de Bavaria. En principio, el plazo contractual fue
de 240 días, de modo que su finalización prevista para el 16 de agosto de 2008, se
extendió en 34 meses y 28 días, concluyendo, efectivamente, el 16 de noviembre de
2010.
Además de la mayor duración del plazo contractual, la actora adujo que existieron
fallas en la información suministrada a los interesados en participar del procedimiento
de selección del contratista sobre el alcance de las obras a contratar, en particular, los
estudios, planos y diseños fueron insuficientes. También existieron falencias en la
obtención de las licencias de construcción. Todo ello desembocó, para la demandante,
en una mayor permanencia en el sitio de ejecución del contrato y en la necesidad de
ejecutar obras adicionales.
2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia
2.2.1. El Tribunal admitió la demanda, mediante auto3 del dos (2) de diciembre de dos
mil trece (2013) según estado del tres (3) de diciembre del mismo año, y fue notificado
electrónicamente a la casilla de correo destinado a notificaciones judiciales4. En dicha
providencia, ordenó correr traslado a la parte demandada, a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, y al agente del Ministerio Público.
2.2.2. No obstante, el Cuerpo de Bomberos contestó a la demanda, mediante escrito
radicado el diez (10) de abril de dos mil catorce (2014), oponiéndose a la prosperidad
de las pretensiones de su contraparte5.
2.2.3. El 22 de julio de 2014 Tribunal adelantó la audiencia inicial6. De esta diligencia
cabe destacar lo siguiente:
2.2.3.1. Según el magistrado instructor, la pretensión primera no es procedente
porque, en sede judicial, el juez no puede “usurpar el papel de la administración y
revocar un acto administrativo”, por lo que la declaró “IMPROCEDENTE”.
3 F. 51, c. 1.
4 notificacionesjudiciales@alcaldiabogota.gov.co
5 F. 61-75, c. 1.
6 F. 90-95 (acta); f. 96 (CD Audiencia).
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2.2.3.2. Luego de ser consultadas las partes, el despacho instructor fijó el litigio en
estos términos:
“Determinar si la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de
Bogotá debe reconocer y pagar a favor de la Constructora CANAAN S.A., los gastos
derivados de la mayor permanencia en la obra, debido a que ella no pudo iniciarse por
causa no imputable a la Constructora, el encarecimiento de los insumos de la obra
durante el tiempo de espera para iniciarla, los mayores costos administrativos en que
incurrió derivados de la mayor permanencia en obra, las mayores cantidades de obra
ejecutadas en relación con las entregadas por la entidad al contratista para restablecer
el equilibrio de la ecuación económica del contrato que contempló el pago por el
sistema de precio global, el encarecimiento de los insumos de la obra durante el tiempo
adicional empleado para la construcción de la obra y que, a causa de haber expedido
el contrato por fuera del horario hábil del último día del mes, este nació con una multa
por el pago extemporáneo del impuesto de timbre”.
2.2.3.3. Para el instructor, los “hechos” que debían probarse eran: (i) si “la falta de
licencia de urbanismo se constituyó en impedimento insalvable para la obtención de la
licencia de construcción de la obra”, por lo que el Cuerpo de Bomberos infringió la
legislación vigente; (ii) que “el diseño arquitectónico entregado a la contratista no
cumplía aislamientos [sic] y cesiones previstas en el Plan de Ordenamiento que regía
para la época lo cual obligó” a la demandada a hacer modificaciones las líneas de
“paramento de las fachadas de la carrera 57 y la calle 167A generando el retroceso de
las obras”, ocasionando la variación de los diseños para ajustarlos al Plan vigente, y
generando la suspensión núm. 1 y la prórroga núm. 1 del contrato; (iii) si la entidad
entregó el estudio de suelos oportunamente a la constructora; (iv) la falta de idoneidad
en los planos técnicos; (v) falta de permisos para tala de árboles; (vi) mala coordinación
para la ejecución del contrato. Todo ello desembocaría en la mayor permanencia en
obra, mayores cantidades y sobrecostos.
2.2.4. En la etapa correspondiente, las partes formularon sus respectivos alegatos de
conclusión en primera instancia7. El agente del Ministerio Público ante el Tribunal se
abstuvo de presentar concepto.
2.3. Sentencia de primera instancia
En fallo8 del veinte (20) de agosto del dos mil quince (2015), el Tribunal resolvió negar
las pretensiones de la demanda, con sustento en los siguientes argumentos:
2.3.1. Si bien las suspensiones, prórrogas y otrosíes del contrato dan cuenta de que el
plazo inicialmente pactado “se triplicó por acuerdo de los contratantes”, y las causas
que dieron lugar a dicha extensión obedecieron al “impacto de la actualización de los
diseños en temas estructurales, hidrosanitarios y arquitectónicos”, la fabricación de los
“elementos GRC” por parte del único proveedor, las solicitudes del contratista y el
7 F. 122-130, c. 1 (demandante); f. 131-143, c. 1 (demandada).
8 F. 154-166, c. ppal.
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interventor, las actividades derivadas de los ajustes a los diseños, y las solicitudes del
supervisor para poner en marcha el servicio de las instalaciones, al no emitir reparos
en los actos modificatorios, se entiende que el contratista emitió una “renuncia tácita a
los eventuales efectos económicos que alteraran el precio inicialmente pactado”, que
surgieran de las afectaciones al término de ejecución.
2.3.2. En el pliego de condiciones se dijo que el inicio de la obra estaría supeditado a
la obtención de las licencias de construcción, y en el contrato fue pactado que estas
debían ser tramitadas y conseguidas por cuenta y riesgo del contratista.
2.3.3. Del mismo modo, no son procedentes las reclamaciones por el encarecimiento
de insumos producto de la mayor permanencia en obra, en tanto la Constructora
guardó silencio en los actos modificatorios.
2.3.4. En relación con los mayores costos administrativos por mayor permanencia, el
Tribunal no los encontró probados porque no fueron allegados soportes de los
supuestos gastos efectuados.
2.3.5. En relación con las mayores cantidades de obra ejecutada y no reconocida por
el Cuerpo de Bomberos, el a quo los negó porque estos no constaron expresamente
en los acuerdos modificatorios y, por el contrario, encontró que el contratista aceptó su
ejecución y monto en los otrosíes 5 y 9. Además, pese a que la actora solicitó el
reconocimiento de obras adicionales, antes de la suscripción de los otrosíes, al ser
estos firmados sin reparos, se entiende que “las partes zanjaron sus diferencias
relacionadas con las mayores cantidades de obra”.
2.3.6. Por último, negó la pretensión económica relacionada con la multa causada por
el pago extemporáneo del impuesto de timbre porque, a pesar de estar acreditado el
pago de la sanción tributaria, la radicación de la solicitud de reconocimiento a la
entidad, y la respuesta negativa, en el plenario no había soporte de que el
“perfeccionamiento del contrato se dio solo hasta el 2 de noviembre de 2007”, ni que
el contrato haya sido suscrito luego del 31 de octubre de dicho año, con lo que no
demostró el hecho afirmado por el demandante que haría patrimonialmente
responsable a la Administración por dicho pago.
2.4. Recurso de apelación
Mediante memorial del quince (15) de septiembre de dos mil quince (2015)9, el extremo
demandante censuró el fallo porque:
2.4.1. El Tribunal atendió la contestación de la demanda por parte del Cuerpo de
Bomberos pese a su extemporaneidad. Debió declarar “confesos todos los hechos de
la demanda”.
9 F. 168-171, c. ppal.
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2.4.2. Cuestiona que el Tribunal haya considerado que, por no haber consignado
protesta alguna en los actos modificatorios, ella aceptó sus consecuencias adversas.
2.4.2.1. En ese orden de ideas, asegura que el Tribunal limita su campo de acción al
texto, cuando en realidad la ejecución de contrato está compuesta por todos los
documentos que se generaron en su ejecución y desarrollo. De otra parte, en relación
con las demoras por la “ausencia de licencias”, el Tribunal dejó de valorar que el
contratista expresó su reclamación por ese hecho, enfatizando en que “que el periodo
de tiempo aceptado por el contratista revestía la característica de razonable, es decir
por el término promedio que dura la realización de los trámites que conlleva la
obtención de dicha licencia, y no la demora que las autoridades correspondientes
tuvieron en su expedición”.
2.4.2.2. Con la limitación impuesta por el a quo, el actor estima vulnerado el principio
de primacía del derecho sustancial sobre las formas, y asegura que “los documentos
presentados con el texto de la demanda, así como la determinación del conflicto hecho
por el Tribunal evidencia el rompimiento de la ecuación contractual” en contra de la
sociedad demandante.
2.4.3. Por último, el apelante solicitó que en segunda instancia se ordene la práctica
de un dictamen pericial que informe:
“[…] el momento en que se produjo el rompimiento del equilibrio de la ecuación
contractual, así como el monto a que este asciende, informe sobre la existencia de los
documentos en los cuales se presentaron las reclamaciones a la entidad demandada
y el momento u oportunidad en las que se hicieron”.
2.5. Trámite relevante en segunda instancia
2.5.1. Mediante auto10 del veinticuatro (24) de agosto de dos mil dieciséis (2016), esta
Corporación admitió el recurso de apelación.
2.5.2. En auto unitario del veinticuatro (24) de octubre de dos mil dieciséis (2016)11,
fue decretada la práctica de la prueba pericial solicitada por el apelante en segunda
instancia, en estos términos:
“PRIMERO: Decretar la prueba pericial solicitada por la parte demandante, para lo cual
se designará de la lista de auxiliares de la justicia, un ingeniero civil, que se servirá
determinar el momento en que se produjo el rompimiento del equilibrio de la ecuación
contractual en el contrato de obra pública No. 0163 de 2007 celebrado entre las partes,
si lo hubiere; y así mismo, precisar el monto a que éste asciende.”
10 F. 197-198, c. ppal.
11 F. 207-211, c. ppal.
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2.5.2.1. El dictamen fue rendido12 por el ingeniero Álvaro Corrales Merlano el 6 de abril
de 2017.
Una vez se corrió traslado a las partes13, y estas se pronunciaron sobre el contenido
del peritaje14, se adelantó audiencia para su contradicción15 el 27 de febrero de 2018.
2.5.3. En la etapa para alegar de conclusión en segunda instancia 16 , las partes
argumentaron lo siguiente:
2.5.3.1. La parte demandada señaló la falta de pruebas que respalden las pretensiones
de la demanda, incluyendo el dictamen practicado en segunda instancia que -a su
juicio-. Así mismo, defendió el argumento del Tribunal en el sentido de que el silencio
en los actos modificatorios del contrato provoca que deban desestimarse las súplicas
de la parte actora17.
2.5.3.2. La demandante 18 sostuvo que las pretensiones de la demanda debían
concederse por efecto de la interposición extemporánea de la contestación de la
demanda.
2.5.4. La Procuraduría Primera Delegada ante esta Corporación pidió la confirmación
de la sentencia de primera instancia19. Argumentó que, pese a la demostración de las
suspensiones y prórrogas, no se demostraron los elementos para la procedencia del
restablecimiento del equilibrio contractual; tampoco se plasmó, alegó o solicitó dicha
pretensión a la demandada en la oportunidad correspondiente, esto es, en los actos
que modificaron el plazo contractual.
2.5.5. El magistrado Nicolás Yepes Corrales manifestó estar impedido para conocer
del presente asunto, conforme lo previsto en el inciso primero del artículo 140 y el
numeral primero del artículo 141 del Código General del Proceso, por haber rendido
concepto en este asunto, como Procurador Primero Delegado ante esta Corporación.
Los magistrados William Barrera Muñoz y Jaime Enrique Rodríguez Navas —sin la
intervención del magistrado Nicolás Yepes Corrales, quien se apartó de la Sala
mientras este punto fue debatido— resuelven declarar fundado el impedimento
manifestado por el Magistrado Nicolás Yepes Corrales.
III. PROBLEMAS JURÍDICOS
12 F. 236-238, c. ppal.
13 F. 240, c. ppal.
14 F. 243-244, c. ppal. (demandada); f. 249-253, c. ppal.
15 F. 295-297, c. ppal.
16 F. 299, c. ppal.
17 F. 301-303, c. ppal.
18 F. 305-315, c. ppal.
19 F. 310-329, c. ppal.
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A partir de lo planteado hasta este punto, será del caso resolver estos problemas
jurídicos:
3.1. ¿En los convenios modificatorios por los que fue suspendida la ejecución
del contrato y se adicionaron obras hubo mutuo conceso tácito de transacción
de los eventuales perjuicios imputables al ente contratante por la demora en la
obtención de licencias preceptivas (entre otras circunstancias)?
3.2. ¿La contestación extemporánea de la demanda por la demandada tiene por
efecto la presunción de veracidad de sus fundamentos de hecho?
3.3. ¿Por hecho imputables al ente contratante, como la falta de obtención de
licencias, se genera el deber jurídico a su cargo de responder o de restablecer
la ecuación contractual en favor de la contratista?
Interesa precisar que estos interrogantes serán resueltos conforme a lo dispuesto en
la ley vigente al momento de celebrar el contrato20, que es el contenido en la redacción
original21 de la Ley 80 de 1993, esto es, del Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública (EGCAP), porque la parte estatal, una Unidad Administrativa
Especial sin personería jurídica del Distrito Capital de Bogotá 22 , rige su actividad
contractual a través de dicha normativa23.
IV. HECHOS PROBADOS, RELEVANTES PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS
PROBLEMAS ENUNCIADOS24
4.1. El 2 de octubre de 2007, el Cuerpo de Bomberos expidió el pliego de condiciones
definitivo de la licitación pública núm. 017 de 200725, cuyo objeto era “SELECCIONAR
EL PROPONENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA
ESTACIÓN DE BOMBEROS DE SAN JOSÉ DE BAVARIA B-14, DE ACUERDO A
LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES, DETALLES CONSTRUCTIVOS Y
CANTIDADES DE OBRA” entregados por el Cuerpo de Bomberos. En este documento
20 Ley 153 de 1887, artículo 38.
21 Las reformas introducidas por la Ley 1150 del 16 de julio de 2007 entraron en vigencia el 16 de enero de 2008,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 de la mencionada norma.
22 De acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 52 del Acuerdo 257 de 2006, expedido por el Concejo de Bogotá: “El
Cuerpo Oficial de Bomberos estará organizado como una Unidad Administrativa Especial del orden Distrital del
sector central, de carácter eminentemente técnico y especializado, sin personería jurídica, con autonomía
administrativa y presupuestal y se denominara Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos; tendrá
por objeto la prevención y atención de emergencias e incendios…”
23 LEY 80 DE 1993: “ARTÍCULO 2o. DE LA DEFINICIÓN DE ENTIDADES, SERVIDORES Y SERVICIOS
PÚBLICOS. Para los solos efectos de esta ley: // 1o. Se denominan entidades estatales:// a) La Nación, las regiones,
los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las
asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas
industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación
superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas
jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas
adopten, en todos los órdenes y niveles.” (Se subraya).
24 Los documentos aportados en copia simple serán valorados conforme lo señalado por la jurisprudencia unificada
de la Corporación. Ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera - Sala Plena.
Sentencia del 28 de agosto de 2013. Rad. 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022)
25 F. 32-61, c. 3.
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constaron varias condiciones del contrato a celebrar dentro del capítulo 6, entre ellas,
cabe enunciar las siguientes:
4.1.1. En el acápite titulado “CONDICIONES TÉCNICAS”, el pliego precisó que el inicio
de la obra estaba sujeto a la obtención de las licencias a que hubiera lugar según la
Ley 388 de 1997 y demás normas que regularan el tema; y que, por tratarse esta de
“una condición de carácter suspensivo, solo en este momento el contratista
adquirirá su derecho a la ejecución de la obra, acorde a lo señalado en el Código
Civil Artículos 1530 a 1536.” (Subrayas y negrillas originales del pliego).
4.1.2. El plazo proyectado para el contrato era de “doscientos cuarenta (240) días
calendario contados a partir del cumplimiento del último requisito de ejecución del
contrato y firma del acta de iniciación”.
4.1.3. En relación con el tipo contractual a celebrar, el numeral 6.5. del pliego se previó
que este sería un CONTRATO ESTATAL DE OBRA, conforma a lo dispuesto en el
numeral primero del artículo 32 del Estatuto General da Contratación de la
Administración Pública, Ley 80 de 1993; y su modalidad de pago la de PRECIO
GLOBAL fijo y sin reajustes.
4.1.4. Así mismo, en el numeral 6.6. se detalló lo siguiente acerca del “VALOR DEL
CONTRATO”:
“El valor total del contrato, resultante del presente proceso de licitación pública el
equivalente al valor total de la oferta, sin exceder el presupuesto oficial, establecido en
el numeral 2.2. de estos pliego [sic] de condiciones, el cual incluirá todos los costos
directos e indirectos, así como los impuestos, tasas y contribuciones que deba cancelar
el proponente, razón por la cual la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá D.C. no reconocerá suma alguna adicional a este valor”.
4.1.5. La forma de pago plasmada en el pliego consistía de un anticipo correspondiente
al 50% del valor total del contrato, y el porcentaje restante se dividiría en pagos
parciales, y un saldo cancelable dentro de los 30 días hábiles siguientes a la firma del
contrato que no podría ser inferior al 10% del valor contractual. Según el numeral 6.7.2.
del pliego, referido al “Precio Proyectado”:
“Los valores totales contenidos en la propuesta económica, NO se actualizarán. El
Proponente deberá incluir en su propuesta todos los cambios de precio, actualización
salarial y en general todos los costos que Impliquen construir la obra”.
4.1.6. En el numeral 15 de las condiciones del contrato, se contempló que la
Subdirección de Gestión del Riesgo del Cuerpo de Bomberos podía ordenar al
contratista que “demore la iniciación o el avance de cualquier actividad comprendida
en las obras”. Igualmente enumeró que: (i) si se presentaban situaciones imprevistas
y ajenas al control del constructor, éste podía comunicarlas a la contratante por medio
del interventor para su estudio que, de ser procedente, daría lugar a las cláusulas
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modificatorias correspondientes que se suscribirían sin generar “costos ni
reconocimiento alguno” por parte de la entidad; (ii) si el contratista no daba aviso
oportuno de esta circunstancia, la demora no sería considerada para modificar la fecha
de terminación.
4.2. El 31 de octubre de 2007, el Cuerpo de Bomberos y la Constructora celebraron el
contrato de obra26 núm. 163.
4.2.1. De la parte considerativa del negocio, constaron algunas de las
circunstancias ya reflejadas en el pliego de condiciones, en particular que el
predio donde se adelantaría la construcción había sido adquirido por la
Secretaría de Gobierno de Bogotá durante la “vigencia 2005, a través del
Proyecto 2010 “Modernización del Cuerpo Oficial de Bomberos”; que, aunque
los “estudios y diseños a fin de obtener las respectivas licencias y permisos”
fueron contratados en la “vigencia de 2006”, a la fecha del contrato, su “trámite
[…] se está adelantando paralelo al proceso de selección”, y que las licencias y
permisos serían “entregados al proponente favorecido al inicio de la
construcción […]2” por lo que el inicio de la obra estaba sujeto a condición
suspensiva consistente en su entrega al contratista favorecido; que el Cuerpo
de Bomberos se había visto en la “necesidad de reubicar temporalmente” la
Estación con el fin de cumplir con compromisos pre adquiridos, mientras se
realizaba el “proceso de contratación para la obra y se culmina(ba) la
construcción para la nueva Estación de San José de Bavaria”; y que, por la
“naturaleza del objeto a contratar”, la “urgencia” en poner en funcionamiento
adecuado la Estación, y considerando que “prima la Calidad de Servicio” de esta
instalación, el Cuerpo de Bomberos decidió adelantar el proceso de selección,
“mientras se adelantan los trámites necesarios para obtener la respectiva
licencia de construcción”.
4.2.2. La cláusula primera de este negocio jurídico contiene el objeto contractual,
consistente en la ejecución de las obras de construcción de la Estación de Bomberos
de San José de Bavaria B-14, de acuerdo a los planos, especificaciones, detalles
constructivos y cantidades de obra entregados por la Unidad Administrativa Especial
Cuerpo Oficial de Bomberos, todo conforme a los Pliegos de Condiciones de la
Licitación Pública No. UAECOB-LIC-017-07, la propuesta presentada por el contratista
y los demás documentos del proceso de selección y contratación.
4.2.3. En el numeral 14, acápite V) del contrato, que enumeraba las obligaciones del
contratista, contemplaba la posibilidad de prorrogar el plazo contractual por situaciones
no previstas, y la consecuencia derivada de que el contratista no diese aviso “de una
demora o no hubiere cooperado para resolverla” en términos análogos a los
consignados en el pliego.
26 F. 2-58, c. 2.
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4.2.4. Según la cláusula cuarta del contrato, el plazo de ejecución sería de “doscientos
cuarenta (240) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de iniciación,
y el cumplimiento de los requisitos de ejecución”.
4.2.5. La cláusula quinta pactó la posibilidad de suspender el plazo de ejecución del
contrato: a) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan su
ejecución, cuya existencia corresponde calificar a LA UNIDAD, b) Por mutuo acuerdo,
siempre que con ello no se causen perjuicios a la Entidad ni deriven mayores costos
para ésta.
4.2.6. El precio contractual inicialmente pactado fue por la suma de “CINCO MIL
NOVECIENTOS CINCO MILLONES OCHENTA MIL PESOS ($5.905.080.000)
M/CTE”. La forma de pago convenida: un anticipo del 50%, pagos parciales y un saldo
equivalente -por lo menos- al 10% del valor indicado.
4.2.7. La cláusula décima sexta estableció que la liquidación del contrato seguiría lo
dispuesto por los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993.
4.2.8. De acuerdo con la cláusula vigésima tercera, hacían parte del contrato, entre
otros documentos, “los pliegos de condiciones de la licitación pública No. UAECOB-
LIC-017 DE 2007”.
4.2.9. La cláusula vigésima sexta contemplaba el pago del impuesto de timbre a cargo
del contratista una vez suscrito el contrato, previa autorización de cancelación en el
Área Financiera, y con la obligación de allegar la correspondiente constancia de pago.
4.3. El 31 de octubre de 2007, el Cuerpo de Bomberos radicó solicitud de licencia de
construcción de obra nueva27. Dicho trámite concluyó mediante Resolución 09-2 0056
del 4 de febrero de 2009, expedida por la Curaduría Urbana núm. 2 de Bogotá 28.
4.4. El 6 de noviembre de 2007, mediante oficio 29 CC-DL-162-363-2007, la
Constructora devolvió la “liquidación del impuesto de timbre del contrato” porque esta
incluía una “sanción del 10% sobre el valor a pagar” que, a juicio de la contratista, no
debía aplicarse “en correspondencia con la fecha de perfeccionamiento del documento
generador del impuesto”. Este sus suscribió por el contratista el 31 de octubre a las
6:00 p.m., y hasta el mediodía del 2 de noviembre no había recibido copia del
documento para iniciar los trámites de legalización, por falta de la firma del contratante
requisito necesario para su perfeccionamiento y trámites siguientes.
El entonces director de la entidad, respondió al oficio30 mediante documento OAJ-490-
2007:
27 F. 349-350, c. 2.
28 F. 361-376, c. 2.
29 F. 188-189, c. 3.
30 F. 190, c. 3.
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“Este impuesto se causa en el momento del otorgamiento, suscripción, giro, expedición,
aceptación, vencimiento, prorroga o pago del instrumento, documento o título, el que
ocurra primero, (art. 527 del E.T. y el artículo 22 del Decreto 2064 de 1992),
Teniendo en cuenta dichos parámetros y que el contrato supera la cuantía determinada
por la ley, se configura la obligación legal de cancelarlo de acuerdo a los términos
fijados en las normas del Estatuto Tributario, por lo cual no es potestativo de la entidad
modificar los términos de la liquidación entregada con fecha noviembre 2 de 2007 para
su cancelación”.
4.5. El 22 de septiembre de 2008, las partes y la interventoría suscribieron el “ACTA
DE ENTREGA INMUEBLE” en la que reflejaron haber “convenido entregar el inmueble
ubicado en la carrera 53 núm. 167-51 a la constructora CANAAN para que en el se
desarrolle el CONTRATO DE OBRA 163 DE 2007”.
4.6. El 20 de diciembre de 2007, las partes suscribieron el acta de iniciación31 del
contrato núm. 163 de 2007, ocasión en la que proyectaron que el contrato, conforme
al plazo originariamente estipulado, terminaría el 16 de agosto de 2008.
4.6.1. Empero, durante el término de ejecución, las partes suscribieron las siguientes
suspensiones, prórrogas de suspensiones, y reiniciaciones del plazo:
Acta Fecha Tiempo de suspensión Motivos
De suspensión 21-feb-2008 60 días El “Plan Maestro de
temporal (sin número) Equipamientos de Seguridad
(f. 22, c. 2) Fecha prevista de Ciudadanía, Defensa y
reanudación: 21-abr- Justicia” fue modificado por el
2008 “Decreto 563 de 2007” en
De suspensión 21-abr-2008 88 días relación con las áreas para las
temporal núm. 2 (f. 23, estaciones de Bomberos del
c. 2.) Fecha prevista de Distrito Capital, y dicha
reanudación: 18-jul- circunstancia obligó a
2008 ajustarlas en los estudios y
diseños para la construcción
de la estación.
De prórroga de 18-jul-2008 62 días (2 meses El trámite de licencia
suspensión temporal calendario) adelantado ante la Curaduría
núm. 3 (f. 24-25, c. 2) Urbana requería atender los
Fecha prevista de requerimientos y correcciones
reanudación: 18-sep- que esta entidad solicitaba.
2008
De reiniciación (f. 26, c. 12-sep-2008 N/A Los “documentos requeridos
2.) para obtener la licencia de
construcción fueron recibidos
a satisfacción en la curaduría
urbana N° 2 […] quedando
únicamente pendiente el oficio
de liquidación de expensas
(cargo variable) por parte de
la curaduría como trámite
interno de esta.”
31 F. 194, c. 3.
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“[…] debido a la necesidad
imperante […] de satisfacer
los servicios requeridos por la
comunidad en temas
relacionados con seguridad,
rescate y atención de
emergencias es fundamental
el inicio de la ejecución del
proyecto.”
De suspensión 24-sep-2008 28 días 1) El curador urbano y la
temporal (f. 28-29, c. 2) “Directora de proyectos”,
Fecha estimada de informaron que el expediente
reinicio: 22-Oct-2008 de licenciamiento relacionado
al proyecto estaba con la
documentación aportada pero
pendiente de la “elaboración
del oficio de liquidación de
expensas”. Esta última labor
no había sido efectuada aún
por motivos ajenos a las
partes del contrato.
2) La interventoría del
contrato advirtió sobre “la
inconveniencia de realizar las
obras sin la respectiva
expedición de la licencia.”
De suspensión 22-oct-2008 2 meses Además de que la licencia se
temporal (f. 30-31, c. 2) encontraba pendiente de
Fecha estimada de trámite, aduce que “dentro del
reinicio: 22-Dic-2008 proceso de revisión” de los
diseños, hecho por la
Constructora, habían “dudas
que a la fecha no han sido
resueltas por la firma
consultora”.
De suspensión 21-dic-2008 1 mes “[…] la ejecución de las obras
temporal núm. 5 (f. 32- del Contrato 0163/2007 no
33, c. 2) Fecha estimada de pueden ser iniciadas hasta
reinicio: 22-Ene-2009 tanto no sea expedida la
De suspensión 21-ene-2009 1 mes Licencia de construcción por
temporal núm. 6 (f. 34, la Curaduría Urbana No. 2”.
c. 2). Fecha estimada de
reinicio: 21-Feb-2009
Prórroga núm. 4 al acta 20-feb-2009 9 días El 4 de febrero de 2009, la
de suspensión núm. 2 Curaduría expidió la licencia
(f. 37, c. 2). Fecha estimada de de construcción, sin embargo,
reinicio: 2-mar-2009 para “que dicha resolución
quede en firme se debe surtir
el proceso y tiempo de
ejecutoria en los términos y
tiempos de ley.”
De suspensión 10-ago-2009 30 días Para la fecha del acta, “no se
temporal núm. 3 (f. 43, cuenta con el modelo
c. 2) Fecha estimada de estructural con el que se
reinicio: 2-mar-2009 adelantó el cálculo de la
estructura metálica, por lo que
se hace necesario la revisión
del diseño de la mencionada
estructura con la inclusión de
la aplicación del modelo
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correspondiente y dado que
mientras no se cuente con la
seguridad de la inclusión de
todos los requerimientos
técnicos y la confirmación de
su viabilidad, no se debe
adelantar cualquier actividad
de obra.”
De reiniciación de 8-sep-2009 N/A Se obtuvieron “el modelo
actividades (f. 45-46, c. estructural y la revisión del
2) proyecto inicial de la
estructura metálica con las
correcciones necesarias para
dar paso a la fabricación de la
misma en la etapa 1” y “los
diseños de tanques de agua
suministro e incendio”.
También se consiguió “el
espacio para adelantar las
labores de preparación de las
terrazas para el recibo de los
equipos de instalación de las
estructuras metálicas”.
4.6.2. De otra parte, las partes suscribieron otrosíes modificatorios del acuerdo de
voluntades, de los cuales estos los siguientes son los más relevantes:
Otrosí núm. Fecha Modificación Motivos
2 (f. 47-48, c. 2) 11-sep-2009 Prórroga del plazo en “ciento Solicitud del interventor de
cincuenta y siete (157) días suscribir la prórroga,
calendario contados a partir del argumentando el “impacto” de
13 de septiembre de 2009”. la “actualización de los diseños
3 (f. 49-50, c. 2) 17-feb-2010 Prórroga del plazo en “sesenta Memorando de la “Subdirección
(60) días calendario contados a de Gestión Corporativa”, en el
partir del 18 de febrero de que se afirmó:
2010”.
“… la capacidad de fabricación
de los elementos de GRC por
parte del proveedor único
fabricante en el mercado de
este material, afectan
directamente las actividades
siguientes, de cierre del edificio
como carpintería, puertas, etc.
Aunado a que fue necesario
ajustar los paneles de GRC
debido a que al momento de su
instalación debieron
coordinarse detalles de fijación,
alineación, uniones con otros
materiales, ventanería, retornos
y remates entre otros, los que
impusieron la necesidad de
implementar elementos tales
como soportes metálicos,
dinteles y sellos de fachada, y
han requerido la presencia del
constructor de los paneles en
los diferentes comités de obra
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adelantados para tal
coordinación”.
4 (f. 51-52, c. 2) 15-abr-2010 Prórroga del plazo en “dos (2) Memorando de la “Subdirección
meses contados a partir del de Gestión Corporativa”,
plazo pactado en el Otro SI [sic] considerando “la solicitud de
No. 3” prórroga del contratista y del
interventor del contrato”.
Además, tuvo en cuenta que el
otrosí no acarreaba “mayores
costos para la Entidad”.
5 (f. 355-356, c. 17-jun-2010 Adición del contrato en La adición se justifica en que se
5) “CUATROCIENTOS necesitaban “obras no previstas
VEINTISÉIS MILLONES útiles y necesarias para la
NOVENCIENTOS OCHENTA puesta en marcha y
Y CINCO MIL TRESCIENTOS necesidades del servicio en
PESOS MCTE ($426.985.300) debida forma de la estación”.
incluido AIU para el pago de las Además, según oficio de la
obras no previstas”. Oficina Asesora Jurídica de la
entidad, la adición para estas
Prórroga del plazo en obras no previstas era
“Cuarenta y Cinco (45) días procedente por las necesidades
calendario contados a partir del del servicio y no “implica un
plazo pactado en el Otro SI [sic] cambio en la modalidad de
No. 4”. pago del contrato que se pactó
a precio Global, ni implica
modificación o mutación al
negocio jurídico pactado, pues
mantiene las mismas
condiciones y cláusulas
pactadas”.
La prórroga fue sustentada en
un memorando de la
“Subdirección de Gestión
Corporativa”, que solicitó
ampliar el plazo en 45 días.
6 (f. 56-57, c. 2) 30-jul-2010 Prórroga del plazo contractual Por solicitud de la contratista, la
en “treinta (30) días calendario interventoría, y el supervisor del
a partir del plazo pactado en el contrato.
Otro Si [sic] No. 5”.
7 (f. 371-373, c. 3-sep-2010 Adición del contrato en “en la De acuerdo con la justificación
5) suma de CIENTO CUARENTA previa al otrosí (f. 374-377, c.
Y OCHO MILLONES 4), la prórroga fue motivada por
DOSCIENTOS VEINTE MIL la temporada de invierno que no
PESOS ($148.220,000) permitió la ejecución del
M/CTE. Incluido AIU.” cronograma de obra.
Prórroga del plazo en “treinta La adición, y la modificación de
(30) días calendario contados a la cláusula de pago fueron
partir del vencimiento del plazo fundamentadas en: (i) que se
establecido en el Otro Si [sic] contaba con recursos
No. 6”. provenientes del IVA sobre la
8 (f. 62-64, c. 2) 1-oct-2010 Prórroga del plazo en utilidad y era pertinente
“veinticinco (25) días disponer de estos en la obra, y
calendario contados a partir del (ii) la solicitud del contratista en
vencimiento del plazo torno al saldo total del contrato,
establecido” en el otrosí 7. para variarlo del 10% al 5%, en
razón a que era “necesario
Modificación del numeral 2 de obtener los recursos requeridos
la cláusula séptima del y garantizar el flujo y desarrollo
contrato, relativa a la forma de requerido del proyecto”. En ese
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pago, que varió el valor mínimo sentido, las partes indicaron
del saldo a pagar. que las modificaciones eran
“convenientes, en razón a que
permite asegurar la
continuidad, el correcto y
normal funcionamiento de la
obra y propenden por la
correcta ejecución, calidad y
terminación de la edificación”.
9 (f. 65-67, c. 2.) 29-oct-2010 Adición del contrato en Memorando de la “Subdirección
“NOVENTA Y SEIS MILLONES de Gestión Corporativa”
SETECIENTOS SESENTA Y solicitando la adición y la
DOS MIL PESOS prórroga porque “se requieren
($96.762.000) M/CTE incluido obras no previstas, útiles y
AIU”. necesarias para la puesta en
marcha y necesidades del
Prórroga del plazo en servicio en debida forma de la
“dieciocho (18) días calendario” estación.”
contados desde el vencimiento
del plazo estipulado en el otrosí
8.
4.6.3. El 16 de junio de 2010, las partes suscribieron el “ACTA DE COMPENSACIÓN
DE OBRA No 1” 32 , que tomó en cuenta que “CONTRATISTA solicitó del
CONTRATANTE un reconocimiento económico en razón de obras adicionales o
complementarlas ejecutadas, fundamentales para el buen funcionamiento de la
ESTACIÓN […] serán compensadas en su valor por obras que se dejarán de realizar
dentro del global de las actividades contratadas y las cuales, en ningún momento, por
su no ejecución, inciden en la normal operatividad del proyecto”. En este cuadro, fue
reflejada la mencionada compensación:
Al final, las partes convinieron que, por la firma del acta referida al punto anterior, “el
CONTRATANTE queda a paz y salvo relacionado con el monto en costo total generado
por las obras adicionales o complementarias ejecutadas por el CONTRATISTA” en
desarrollo del contrato, e igualmente advirtieron que el acta y las adiciones que
pudieran pactarse posteriormente no implicaban “un cambio en la modalidad de pago
del contrato que se pactó a precio global, ni significa modificación o mutación al
negocio jurídico pactado inicialmente, pues se mantienen las mismas condiciones
pactadas”.
4.7. Durante la ejecución de la obra, la Constructora elevó las siguientes
reclamaciones económicas al Cuerpo de Bomberos:
32 F. 345-346, c. 5.
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4.7.1. Si bien no fue aportada al expediente, en el memorando interno33 de la jefe de
la Oficina Asesora Jurídica a la Subdirección de Gestión Corporativa del 24 de agosto
de 2009 se menciona que el 4 de agosto del mismo año la contratista realizó
“reclamación formal por desequilibrio económico del contrato de obra No. 163 de
2007”. Allí mismo, la dependencia asesora describió que dicha súplica se fundamentó
en la mayor permanencia en obra ocasionadas por las demoras del contrato por la
expedición de la licencia de urbanismo y construcción, y por el ajuste de los estudios,
planos y diseños.
Consta el oficio 2009EE8778 del 6 de noviembre de 2009, en el que el jefe de la Oficina
Asesora Jurídica del Cuerpo de Bomberos conceptuó sobre dicha reclamación 34 ,
concluyendo que el contratista conocía que la ejecución del contrato “estaba sujeta a
la obtención de las licencias pertinentes, hecho que podía tardar más de un mes, con
ocasión a la tardanza para su expedición”, por lo que debió comunicar oportunamente
el supuesto sobrecosto.
4.7.2. El 2 de marzo de 2010, la Constructora elevó reclamación 35 al Cuerpo de
Bomberos para que le fueran reconocidas mayores cantidades de obra por una “suma
de MIL CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS
MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE. ($1.165.836.224,00),
correspondientes al saldo del balance entre las mayores y menores cantidades de obra
que se han presentado durante la ejecución de la obra.”
4.8. El 16 de noviembre de 2010, las partes suscribieron el “ACTA DE TERMINACIÓN
DEL CONTRATO”36 núm. 0163 de 2007. Allí se dejó “constancia del recibo del objeto
contratado en el contrato [sic] en mención”.
4.9. El 15 de febrero de 2011, mediante oficio37 2011ER723, la Constructora reclamó
el restablecimiento del “equilibrio de la ecuación económica del contrato” por causa de
la demora, por fuera del límite previsible según el contrato y la ley, en la obtención de
las licencias de urbanismo y construcción requeridas para el inicio de la obra, factor
que estimó determinante de mayores gastos, de una mayor permanencia a disposición
del contratante, de una estructura administrativa ociosa; y del encarecimiento de los
insumos de la obra durante el tiempo de espera para iniciar la misma. En la misma
oportunidad pidió el reconocimiento de mayores los costos administrativos en que
incurrió por razón del alargamiento de su permanencia en obra a la espera de la
generación o corrección de dichos estudios durante la etapa de construcción de la
obra; por las mayores cantidades ejecutadas y por el encarecimiento de los insumos
de la obra durante el tiempo adicional para su ejecución. El monto del reconocimiento
33 F. 223-238, c. 4.
34 F. 140-155, c. 2.
35 F. 289-292, c. 4
36 F. 68-70, c. 2.
37 F. 110-138, c. 2.
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solicitado fue de “$2.472’901.030” discriminado en “Mayores cantidades de obra” ($
702.963.577); “Ajuste de precios” ($1.205’037.626); y “Mayor permanencia”
($564’899.827).
4.10. Las partes liquidaron de mutuo acuerdo el contrato núm. 163 de 2007, mediante
acta 38 suscrita el 20 de junio de 2011. De acuerdo con este documento, el plazo
contractual inició el 20 de diciembre de 2007 y terminó el 16 de noviembre de 2010,
completando un término total de “666 DÍAS” calendario. En lo que refiere a los pagos
efectuados y los saldos pendientes, este acuerdo refleja los siguientes guarismos:
Por su parte, la Constructora consignó las siguientes salvedades:
1. El Contratista deja constancia en el sentido de que manifiesta su reserva, es decir,
que objeta, la decisión tomada por la entidad sobre las solicitudes de restablecimiento
del equilibrio de la ecuación económica contractual, especialmente la radicada con el
número 2011ER723 del 15 de febrero del 2011, por lo cual hará uso de su derecho de
acudir a todas las instancias que sean del caso en procura de obtener las
indemnizaciones a que haya lugar. Adicionalmente, el contratista deja constancia sobre
su cumplimiento, fiel y oportuno, de todas las obligaciones a su cargo, derivadas del
contrato correspondiente suscrito con la UAECOB.
2. El contratista deja constancia que no renuncia al ejercicio de la acción contractual
en contra de la UAECOB derivada las decisiones de no restablecerle el equilibrio de la
ecuación económica contractual en relación con las correspondientes solicitudes
presentadas a la entidad, especialmente la contenida en el escrito con el número
2011ER723.
3. El contratista expresa, además, que queda pendiente, a cargo de la UAECOB, y a
su favor, el pago de la suma de $ 328.072.795,00, una vez suscrita la presente acta,
dentro de los treinta días siguientes a la presentación de la factura.” (Negrillas originales
del texto de la liquidación).
4.11. El dictamen pericial rendido por el ingeniero Álvaro Corrales Merlano, solicitado39
y practicado40 en segunda instancia indicó, inicialmente41, que la “ruptura del equilibrio
de la ecuación contractual se produjo desde el principio” porque para la fecha de
suscripción del contrato no se contaba con la licencia de construcción.
4.11.1. A juicio del experto, para “restablecer el equilibrio de la ecuación contractual,
el único valor que la UAECOBB […] debe reconocer y pagar a la constructora […] es
el de $4’675.731 […] por concepto de multa por extemporaneidad de timbre, pues ya
38 F. 45-48, c. 1.
39 Aptdo. 2.4.3.
40 Aptdo. 2.5.2.
41 F. 236-238, c. ppal.
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al día siguiente de haberse firmado el contrato era primero de noviembre, lo que
correspondía a otro mes”.
4.11.2. De otra parte, el perito consideró que “cada uno de los dineros pagados por la
entidad contratante es el justo precio de los trabajos ejecutados”; y enfatizó en que
ambas partes incurrieron en el “error” de celebrar un contrato sin licencia de
construcción: la demandada por abrir la licitación sin este insumo, y la demandada
porque, pese a conocer esta circunstancia suscribió el negocio y se sometió a sus
consecuencias.
4.11.3. Indicó que la fuente de sus afirmaciones provino de los “documentos que
aparecen en la demanda” 42 , pero no los documentos previos a la celebración del
contrato43
4.11.4. Del mismo modo, afirmó que no cuantificó el supuesto desequilibrio contractual
solicitado por la parte actora porque no hay certeza de la variación de los precios
unitarios acordados, o del momento en que estos cambiaron44.
4.11.5. En la audiencia45, el perito precisó que aun cuando el contrato de obra se pactó
bajo la modalidad de precio global, era necesario realizar un análisis de precios
unitarios por cada ítem de obra con el propósito de calcular dicha suma global.
V. PRESUPUESTOS DE LA SENTENCIA DE MÉRITO
5.1. La Sala es competente para conocer del presente asunto por tratarse de un
recurso de apelación interpuesto contra un fallo del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca 46 , proferido en el marco del medio de control de controversias
contractuales 47 , en el que una de las partes es el Cuerpo de Bomberos, entidad
concebida como una Unidad Administrativa Especial del orden distrital central de
Bogotá 48 , dentro de un proceso cuya cuantía impone su juzgamiento por esta
Corporación en segunda instancia49.
42 Audiencia de contradicción de dictamen: min: 19:10-19:15.
43 Ibidem. Min: 36:48-37:10.
44 Ibidem. Min: 28:41 – 29:45.
45 Ibidem. Min. 37:37-38:10.
46 CPACA: “Artículo 150. Competencia del consejo de estado en segunda instancia y cambio de radicación. El
Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones
de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de
apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan
los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia”.
47 De acuerdo con el artículo 75 de la Ley 80 de 1993, por regla general, “el juez competente para conocer de las
controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento será el de la
jurisdicción contencioso administrativa.” Igualmente, el artículo 77 de la misma, en su inciso segundo, señala que
“Los actos administrativos que se produzcan con motivo u ocasión de la actividad contractual sólo serán
susceptibles de recurso de reposición y del ejercicio de la acción contractual, de acuerdo con las reglas del Código
Contencioso Administrativo.”
48 Supra, cit. núm. 23.
49 Conforme al artículo 152 numeral 4 del CPACA, vigente para la fecha de presentación de la demanda, los
Tribunales conocen en primera instancia de los asuntos “[…] relativos a los contratos, cualquiera que sea su
régimen, en los que sea parte una entidad pública en sus distintos órdenes o un particular en ejercicio de funciones
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5.2. En relación con la presentación oportuna de la demanda, tomando en
consideración la fecha de la liquidación bilateral del contrato 50, cabría concluir que el
término bienal previsto en el artículo 164, numeral 2, literal j), apartado iii) del CPACA,
concluyó ininterrumpidamente el 21 de junio de 2013, fecha anterior a la de la
presentación de la demanda.
Empero, según la constancia de falta de acuerdo conciliatorio 51 , la parte actora
presentó solicitud de conciliación extrajudicial, el 16 de noviembre de 2012, y la
respectiva audiencia tuvo lugar el 30 de enero de 2013, tiempo en el cual operó la
suspensión del término de caducidad prevista en el artículo 21 de la Ley 640 de
2001[52]. Para el momento en que se presentó la solicitud, hacían falta 7 meses y 5
días para formular la demanda en tiempo, los cuales, a partir del día siguiente al del
adelantamiento de la diligencia que clausuró la etapa conciliatoria se habrían cumplido
el 5 de septiembre de 2013, fecha posterior a la radicación de la reclamación judicial53.
Por tanto, su presentación fue oportuna.
5.3. Por último, las partes se encuentran legitimadas en la causa, tanto por activa
como por pasiva, dentro del presente proceso, por ser ellas quienes celebraron el
contrato de obra núm. 163 de 2007.
VI. CONSIDERACIONES
6.1. Solución al primer problema jurídico54: el silencio de la Constructora en los
pactos modificatorios del contrato
6.1.1. Como pudo verse, tanto el Tribunal 55 como la demandada 56 y el agente del
Ministerio Público57 sostuvieron que el hecho de que la Constructora haya guardado
silencio sobre los aspectos que fueron traídos a juicio, en las suspensiones y otrosíes
del contrato, deriva en que sus pretensiones deban desestimarse por no haber sido
planteadas en dicha oportunidad. Invocaron para sustento de sus asertos,
lineamientos jurisprudenciales del Consejo de Estado.
propias del Estado, y de los contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos
domiciliarios en los cuales se incluyan cláusulas exorbitantes, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios
mínimos legales mensuales vigentes”. El tope mencionado por la norma procesal equivalía a la suma de
$294’750.000. De acuerdo con la demanda, las pretensiones fueron estimadas en $1.521.761.245, guarismo que
supera ampliamente el límite fijado por la norma procesal.
50 Aptado. 4.10.
51 F. 465-467, c. 2.
52 “ARTICULO 21. SUSPENSION DE LA PRESCRIPCION O DE LA CADUCIDAD. La presentación de la solicitud
de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad,
según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en
los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el
artículo 2o. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior,
lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable.”
53 Aptdo. 2.1.1.
54 Aptdo. 3.1.
55 Aptados. 2.3.3. y 2.3.5.
56 Aptdo. 2.5.3.1.
57 Aptdo. 2.5.4.
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6.1.2. Empero, tales lineamientos han sido revisados en sede de unificación por la Sala
Plena de la Sección58, para establecer que ha de ser el estudio, caso por caso, del
proceder de las partes durante la ejecución del contrato, el insumo que permita inferir
en sede judicial si hubo o no verdadera voluntad de renuncia que obligue a una debida
consecuencia con los actos propios.
En este caso, no se observa en las suspensiones del plazo59, o en los otrosíes que
modificaron las cláusulas del contrato 60 hayan sido concertadas expresamente las
súplicas económicas de la Constructora sobre los sobrecostos ocasionados por la
mayor permanencia en obra (mayores costos administrativos, encarecimiento de
insumos, etc.), y del valor pagado por la sanción tributaria del impuesto de timbre.
6.1.3. Tampoco se deduce del comportamiento de la actora que, durante la ejecución
del contrato, esta haya renunciado tácitamente a las súplicas que trajo al conocimiento
de la Jurisdicción. Por el contrario, antes61 y después62 de la terminación del contrato,
la Constructora mantuvo su intención de reclamar a la entidad contratante por los
reconocimientos económicos a los que, en su criterio, considera tener derecho.
6.1.4. Distinta conclusión deriva la Sala del acta de compensación suscrita entre las
partes63, como consecuencia de la reclamación efectuada por la actora, pues en esta
sí zanjó -hasta la fecha de dicho acuerdo- el costo de las obras adicionales o
complementarias ejecutadas por la Constructora. Con todo, es de advertir que en esa
ocasión el contratante no hizo reconocimientos económicos por la mayor permanencia
en obra ni por los incrementos de los precios de los materiales de obra que, como lo
afirma demandante, le habrían ocasionado el perjuicio cuya reparación pretende, lo
cual será analizado al dar respuesta al tercer problema jurídico de esta instancia. Por
ende, este acuerdo no socava la posibilidad de proseguir con el análisis sustancial de
las reclamaciones contractuales.
6.1.5. Así las cosas, la respuesta al primer interrogante formulado es negativa.
58 “Cuando se llegue a acuerdos durante la ejecución de un contrato, el juez deberá estudiar las pretensiones,
aunque la parte no haya elevado una reclamación específica o no haya formulado una salvedad cuando se firman
suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual o se pactan contratos adicionales u otrosíes o haya
guardado silencio al suscribir tales acuerdos. El deber del juez será desentrañar, en cada caso, cuál fue el acuerdo
de las partes y su alcance según las reglas de interpretación de los contratos, las normas supletivas aplicables a
los tipos contractuales contenidas en las reglas civiles y comerciales y, por supuesto, la ejecución de buena fe del
contrato. Conforme a dichas reglas, establecerá si las partes pretendieron o no, con ese acuerdo, regular los
asuntos cuya reclamación ahora se formula y los términos de ese pacto. De ahí que, si no se acordó nada por las
partes o se guardó silencio, deberá estudiarse, en cada caso, si esas pretensiones judiciales tienen fundamento o
no en lo pactado en el contrato y según lo que resulte probado.”: CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Tercera – Sala Plena. Sentencia del 27 de julio de 2023. Rad. 05001-23-31-000-1999-
02151-01 (39121).
59 Aptdo. 4.6.1.
60 Aptdo. 4.6.2.
61 Aptdo. 4.7. a 4.7.2.
62 Aptdo. 4.9.
63 Aptdo. 4.6.3.
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6.2. Solución al segundo problema jurídico 64 : el efecto de la contestación
extemporánea de la demanda
6.2.1. El primer reproche del apelante en contra del fallo impugnado65 consiste en que
el Tribunal dejó de aplicar el artículo 97 de la Ley 1564 de 2012 (Código General del
Proceso, “CGP”) que, ante la falta de contestación de la demanda, por haberse
presentado fuera del término previsto por la ley, consagra el efecto de hacer presumir
ciertos aquellos hechos susceptibles de confesión, salvo que la ley establezca un
efecto diferente66.
6.2.2. Lo primero que debe indicarse es que este proceso inició antes de la fecha de
entrada en vigencia del CGP, que para los asuntos tramitados ante la jurisdicción de
lo contencioso administrativo fue el 1° de enero de 2014 de acuerdo con lo fijado por
esta Corporación en providencia de unificación jurisprudencial 67 . Por lo tanto, el
fundamento normativo invocado por el apelante no se encontraba en vigor para el
momento de presentación de la demanda y no es aplicable al caso concreto.
6.2.3. Ahora, si bien resulta desatinado el conteo de días realizado por la Secretaría
del Tribunal 68 para computar el término del traslado de la demanda y el de la
contestación de la misma, lo cierto es que a partir del 6 de diciembre de 2013 -fecha
de notificación por correo electrónico69-, y tomando en cuenta los términos dispuestos
en el artículo 172 y 199 del CPACA70, el plazo para contestar la demanda concluyó el
64 Aptdo. 3.2.
65 Aptdo. 2.4.1.
66 El primer inciso de la norma citada indica: “ARTÍCULO 97. FALTA DE CONTESTACIÓN O CONTESTACIÓN
DEFICIENTE DE LA DEMANDA. La falta de contestación de la demanda o de pronunciamiento expreso sobre los
hechos y pretensiones de ella, o las afirmaciones o negaciones contrarias a la realidad, harán presumir ciertos los
hechos susceptibles de confesión contenidos en la demanda, salvo que la ley le atribuya otro efecto.
67 CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto del 25 de junio de 2014. Rad. 25000-
23-36-000-2012-00395-01(49299).
68 Aptdo. 2.2.2.
69 F. 52-53, c. 1.
70 El texto del artículo 172 del CPACA precisa: “ARTÍCULO 172. TRASLADO DE LA DEMANDA. De la demanda
se correrá traslado al demandado, al Ministerio Público y a los sujetos que, según la demanda o las actuaciones
acusadas, tengan interés directo en el resultado del proceso, por el término de treinta (30) días, plazo que
comenzará a correr de conformidad con lo previsto en los artículos 199 y 200 de este Código y dentro del cual
deberán contestar la demanda, proponer excepciones, solicitar pruebas, llamar en garantía, y en su caso, presentar
demanda de reconvención.” (Se subraya).
Por otra parte, el artículo 199 del CPACA, modificado por el artículo 612 del CGP (precepto que entró en vigencia
a partir del 12 de julio de 2012, fecha de publicación de la codificación procesal general, conforme al artículo 627,
numeral 1 del CGP), expresaba: “El auto admisorio de la demanda y el mandamiento de pago contra las entidades
públicas y las personas privadas que ejerzan funciones propias del Estado se deben notificar personalmente a sus
representantes legales o a quienes estos hayan delegado la facultad de recibir notificaciones, o directamente a las
personas naturales, según el caso, y al Ministerio Público, mediante mensaje dirigido al buzón electrónico para
notificaciones judiciales a que se refiere el artículo 197 de este código. // De esta misma forma se deberá notificar
el auto admisorio de la demanda a los particulares inscritos en el registro mercantil en la dirección electrónica por
ellos dispuesta para recibir notificaciones judiciales. // El mensaje deberá identificar la notificación que se realiza y
contener copia de la providencia a notificar y de la demanda. // Se presumirá que el destinatario ha recibido la
notificación cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del
destinatario al mensaje. El secretario hará constar este hecho en el expediente. // En este evento, las copias de la
demanda y de sus anexos quedarán en la secretaría a disposición del notificado y el traslado o los términos que
conceda el auto notificado, sólo comenzarán a correr al vencimiento del término común de veinticinco (25) días
después de surtida la última notificación. Deberá remitirse de manera inmediata y a través del servicio postal
autorizado, copia de la demanda, de sus anexos y del auto admisorio, sin perjuicio de las copias que deban quedar
en el expediente a su disposición de conformidad con lo establecido en este inciso. // En los procesos que se
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dieciocho (18) de marzo de dos mil catorce (2014), por lo que la contestación
presentada por la demandada radicada días después 71 debió considerarse
extemporánea.
6.2.4. Sin embargo, la consecuencia de esa contestación por fuera de término sería la
prevista por el artículo 95 del Código de Procedimiento Civil (CPC), que la no
contestación oportuna de la demanda configura un indicio grave de los hechos allí
contenidos en contra del demandado 72 , más no una presunción de hechos
susceptibles de ser confesados como lo contempla el artículo 97 del CGP, invocado
por el recurrente.
6.2.5. Ahora, la jurisprudencia de la Corporación ha estimado que la incorporación del
indicio grave derivada de la no contestación de la demanda no implica, en modo
alguno, un allanamiento a las pretensiones de la demanda 73 , ni constituye plena
prueba de la responsabilidad de la Administración74, sino que impone la valoración
conjunta de ese indicio con los demás elementos de prueba que obren en el
expediente75.
6.2.6. En suma, la respuesta al segundo problema jurídico es negativa ya que el efecto
de la contestación extemporánea de la demanda no es el clamado por la actora sino
el desarrollado en el artículo 95 del CPC.
6.3. Solución al tercer problema jurídico: análisis sobre la prosperidad de las
pretensiones económicas de la actora
6.3.1. Con el fin de precisar el marco de esta decisión, cabe rememorar que de acuerdo
con la fijación del litigio 76 , y en consonancia con la salvedad consignada en la
tramiten ante cualquier jurisdicción en donde sea demandada una entidad pública, deberá notificarse también a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los mismos términos y para los mismos efectos previstos en
este artículo. En este evento se aplicará también lo dispuesto en el inciso anterior. // La notificación de la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado se hará en los términos establecidos y con la remisión de los documentos
a que se refiere este artículo para la parte demandada.” (Se subraya).
71 Aptdo. 2.2.3.
72 Según esta norma: “La falta de contestación de la demanda o de pronunciamiento expreso sobre los hechos y
pretensiones de ella, o las afirmaciones o negaciones contrarias a la realidad, serán apreciadas por el juez como
indicio grave en contra del demandado, salvo que la ley le atribuya otro efecto.”
73 Cfr. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 27 de mayo
de 2010. Rad. 76001-23-31-000-2003-03037-01(17324)
74 Cfr. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A.
Sentencias del 27 de mayo de 2015. Rad. 73001-23-31-000-2006-01815-01(34927); y del 23 de noviembre de
2017. Rad. 52001-23-31-000-2005-00502-01(33955).
75 “Al respecto considera la Sala necesario precisar que, en los casos de responsabilidad patrimonial del estado,
no existe tarifa legal; no obstante, al proceso deben allegarse las pruebas suficientes del hecho imputable a la
administración, del daño y del nexo causal. Si bien el artículo 95 del Código de Procedimiento Civil establece que
la falta de pronunciamiento de la entidad demandada puede ser considerado como un indicio grave en su contra,
lo cierto es, que éste indicio, por sí solo, no constituye plena prueba, porque como la norma lo indica se trata de un
elemento indiciario que debe ser valorado en conjunto con el material probatorio que obre en el proceso. No basta
la ausencia de defensa de la demandada en un proceso para tener por demostrado el hecho de la administración
y la relación de causalidad entre él y el daño cuya indemnización se reclama.”: CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 10 de noviembre de 2005. Rad. 25000-23-26-000-
1992-07755-01(27324).
76 Aptdo. 2.2.4.2.
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liquidación bilateral del contrato77, que a su vez remitía a una reclamación efectuada
el 15 de febrero de 2011[78], el asunto gravita sobre la pretensión de que el Cuerpo de
Bomberos resarza los sobrecostos que, a juicio de la demandante, fueron imputables
a la entidad en tanto esta (i) no obtuvo oportunamente las licencias de urbanismo y
construcción para adelantar los trabajos; y (ii) suministró estudios y diseños inidóneos
que fueron modificados durante la ejecución contractual.
6.3.1.1. Ello, siguiendo este orden de ideas, derivó en el desequilibrio económico del
contrato padecido por la demandante en este contrato de obra pactado a precio global,
causado por una mayor permanencia en obra en la que su comportamiento no tuvo
influencia, y que trajo como consecuencia el incremento del precio de los materiales
de construcción, el gasto en maquinaria ociosa, los mayores costos administrativos, y
las mayores cantidades de obra.
6.3.1.2. Con todo, a pesar de que la actora presentó pruebas79 y el Tribunal profirió
decisión de fondo (denegatoria) respecto a la pretensión relativa a la sanción
económica tributaria asumida por el contratista con ocasión del pago extemporáneo
del impuesto de timbre80, advierte la Sala que este aspecto no hizo parte de la salvedad
consignada en el acta de liquidación bilateral81, ni fue objeto del recurso de apelación.
Por estas razones, esta providencia de segunda instancia no evaluará ese aspecto del
fallo.
6.3.2. Ahora, está probado que para la fecha de apertura de la licitación pública que
antecedió al contrato núm. 163 de 2007, la entidad demandada no contaba con las
licencias y permisos respectivos para adelantar la construcción de la estación de
bomberos que fue pactada en el acuerdo de voluntades. Si bien el pliego de
condiciones82 y el mismo contrato83 repararon en esta circunstancia, y estipularon que
constituía una condición suspensiva del plazo de ejecución de las obras, sobre la base
de que las licencias se encontraban en trámite, lo cierto es que la entidad dio inicio al
procedimiento administrativo para la obtención de la licencia de construcción en la
misma fecha de celebración del contrato84.
6.3.3. Por otra parte, en el mismo objeto del contrato85, estaba contemplado que los
planos y especificaciones debían ser suministrados por la entidad.
6.3.4. Ambas circunstancias, tanto la falta de licencias como la modificación de
estudios y diseños, ocasionaron las múltiples suspensiones del contrato 86 , y
77 Aptdo. 4.10.
78 Aptdo. 4.9.
79 Aptdo. 4.4.
80 Aptdo. 2.3.6.
81 Aptados. 4.9. y 4.10.
82 Aptdo. 4.1.1.
83 Aptados. 4.2.1.2.
84 Aptdo. 4.3.
85 Aptdo. 4.2.2.
86 Aptdo. 4.6.1.
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determinaron las variaciones tanto en plazo como en precio87 que pactaron las partes.
Y esto también provocó que el término inicialmente estipulado de doscientos cuarenta
(240) días88 fuera finalmente extendido hasta completar los seiscientos sesenta y seis
(666) días89, es decir, duró más del doble de lo previsto.
6.3.5. La jurisprudencia de esta Subsección ha explicado90 que, específicamente en
los contratos regidos por el EGCAP, y no necesariamente en aquellos que no lo son,
las partes no pueden pasar por alto los principios y reglas que contiene ese estatuto,
y a partir de las pautas contenidas en los artículos 25 numeral 12, 26 numeral 3, y 30
numeral 1 de la Ley 80 de 1993[91], es claro que las entidades públicas no pueden
“iniciar el procedimiento licitatorio sin contar con la licencia de urbanización y de
construcción”, autorización necesaria para ejecutar obras en suelo urbano, por lo que
es “abiertamente irregular incluir en los pliegos de condiciones la futura e incierta
obtención de una licencia […] como condición suspensiva del plazo de ejecución de
un contrato de obra cuyo contratista es elegido mediante licitación pública”. Dichas
normas se extienden expresamente a la obligatoriedad de contar previamente con los
estudios, planos, diseños y especificaciones de las obras.
6.3.6. Con todo, aunque pudiera deducirse que el Cuerpo de Bomberos desplegó una
conducta contraria a derecho al no contar con las licencias necesarias para ejecutar la
obra contratada, antes de abrir la licitación; y fuera factible imputar a la demandada los
sobrecostos causados por la variación de los diseños y estudios por haber estado
contractualmente obligada a suministrarlos, cuando las pretensiones económicas del
contratista gravitan sobre una mayor permanencia en obra, independientemente de
que constituya un incumplimiento o un desequilibrio económico del contrato, no basta
con demostrar la extensión del plazo, y que esto haya sido ajeno a la voluntad del
demandante (y en caso de incumplimiento, sea reprochable a la contraparte), sino que
es indispensable acreditar específicamente cuáles fueron esos mayores costos, y que
estos “hayan sido empleados realmente en el sitio de la construcción” 92. Así, resulta
87 Aptdo. 4.6.2.
88 Aptado. 4.2.4.
89 Aptdo. 4.10.
90 Cfr. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 16 de
diciembre de 2022. Rad. 25000-23-36-000-2012-00519-01 (53421), aptados. 6.2.4. a 6.2.4.3.
91 Estos preceptos de la Ley 80 de 1993 ordenan lo siguiente: (i) Artículo 25-12 (vigente para la fecha de celebración
del contrato): “Con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato,
según el caso, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones o
términos de referencia. // La exigencia de los diseños no regirá cuando el objeto de la contratación sea la
construcción o fabricación con diseños de los proponentes”; (ii) Artículo 26-3: “Las entidades y los servidores
públicos, responderán cuando hubieren abierto licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los
correspondientes pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y evaluaciones que
fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o términos de referencia hayan sido elaborados en forma
incompleta, ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de
aquellos.”; (iii) Artículo 30-1, inciso segundo: “// De conformidad con lo previsto en el numeral 12 del artículo 25 de
esta ley, la resolución de apertura debe estar precedida de un estudio realizado por la entidad respectiva en el cual
se analice la conveniencia y oportunidad del contrato y su adecuación a los planes de inversión, de adquisición o
compras, presupuesto y ley de apropiaciones, según el caso. Cuando sea necesario, el estudio deberá estar
acompañado, además, de los diseños, planos y evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad.”
92 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección C. Sentencia del
13 de agosto de 2020. Rad. 76001-23-31-000-2008-00453-01(51833).
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inane un ejercicio aritmético en el que se relacionen las cantidades de obra plasmadas
en la oferta con el tiempo de duración real del negocio jurídico93.
6.3.7. En ese orden de ideas, esta Colegiatura coincide con el razonamiento que la
primera instancia expuso para desestimar las pretensiones de la demanda en torno a
los mayores costos administrativos94, pero observa que la falta de pruebas sobre el
alcance y composición exacta de los supuestos sobrecostos e incrementos alegados,
en abierta contraposición a la carga probatoria conforme a la cual incumbe a las partes
probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el surgimiento o extinción
de las obligaciones en pugna, y está establecida en los artículos 1757 del Código Civil
(“CC”)95 y 177 del CPC96, se extiende a todos los rincones de la reclamación judicial
promovida por la Constructora.
6.3.8. En este punto, cabe precisar que el solo indicio grave en contra de la
demandada, producto de la contestación extemporánea de la demanda 97, no llena la
carencia de elementos de convicción que impide la prosperidad de las pretensiones,
ya que esta prueba indirecta no permite establecer la real dimensión de la supuesta
afectación a los intereses de la demandante como consecuencia de la mayor
permanencia en obra, dimensión que debía ser acreditada con precisión por quien
alega estos hechos en juicio.
6.3.9. Además, es necesario puntualizar que el valor que sobre ese punto arroja el
dictamen pericial practicado en segunda instancia 98 es infundado, ya que sus
conclusiones no pasan de ser meras apreciaciones subjetivas, no son resultado de un
método relacionado con la profesión que dijo desempeñar el auxiliar convocado
(ingeniería civil) y carecen de cualquier respaldo técnico o científico99. Por lo demás,
el propio perito no cumplió con la labor para la cual fue llamado100, de acuerdo con la
solicitud del apelante101 y con el decreto en segunda instancia102.
6.3.10. Por todo lo anterior, la respuesta al tercer y último problema jurídico es
negativa. Así las cosas, la sentencia de primera instancia será confirmada.
VII. CONDENA EN COSTAS
93 Cfr. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo
de 2008. Rad. 13001-23-31-000-1998-06856-01(15600)
94 Aptdo. 2.3.4.
95 “Artículo 1757. Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta”.
96 “Artículo 177. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico
que ellas persiguen”.
97 Supra. Aptdo. 6.2.
98 Aptados. 4.11. a 4.11.5.
99 Cualidades exigidas por el ordenamiento jurídico para valorar un dictamen, de acuerdo con el inciso primero del
artículo 241 del CPC: “Al apreciar el dictamen se tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus
fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso.”
100 Aptdo. 4.11.4.
101 Aptdo. 2.4.3.
102 Aptdo. 2.5.2.
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7.1. Según el artículo 188 del CPACA, la condena en costas en los procesos
contencioso-administrativos se rige por las normas contenidas en el CPC. Comoquiera
que este proceso debe culminar con el régimen vigente a la fecha en el cual inició 103,
se aplicará lo dispuesto en el CPC para la condena en costas.
7.1.1. De acuerdo con el artículo 392, numeral 1, del CPC, la condena en costas
procede contra la “la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto”. El numeral 2 dictaba que la orden de condena será
proferida en la sentencia, mientras que el valor de las agencias en derecho será fijado
en esa providencia.
7.1.2. El artículo 393 del CPC precisó que la liquidación de costas será hecha por la
Secretaría de la Corporación, y la fijación de las agencias en derecho debe realizarse
de acuerdo con las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, en
particular, por el Acuerdo 1887 de 2003 expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura104, vigente para el momento en que este proceso inició.
7.1.3. Con fundamento en lo anterior, la Sala condenará en costas a la Constructora,
dado que interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia
y este no prosperó. Para tal efecto, el Tribunal de origen efectuará la correspondiente
liquidación y tasación, debiendo considerar que, en esta instancia se fijan agencias en
derecho por el 0.2% de las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección “C” administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el Magistrado
Nicolás Yepes Corrales.
SEGUNDO: CONFIRMAR del veinte (20) de agosto de dos mil quince (2015), proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “A”
por las razones expuestas en esta providencia.
TERCERO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte actora, las cuales
serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal de primera instancia, de
103 CPACA. “ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir el
dos (2) de julio del año 2012. // Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas
que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. //
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de
la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.”
104 ACUERDO 1887 de 2003. El artículo 6 numeral 3.1.3 establece que, para los medios de control promovidos en la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, la tarifa en segunda instancia será “hasta del (5) por ciento del valor de las
pretensiones reconocidas o negadas”.
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Radicado: 25000-23-36-000-2013-04583-01 (55636)
Demandante: Constructora CANAAN S.A.
acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, una vez esta providencia
esté en firme.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
VF
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