Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2013-01608-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de reparación directa
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2013-01608-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2013-01608-01
Consejero ponente: María Adriana Marín
13 de agosto de 2021
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA FUNCIONAL / REGLA DE COMPETENCIA / REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / CUANTÍA DEL PROCESO / NORMA PROCESAL APLICABLE / NORMATIVIDAD APLICABLE / PRETENSIÓN MAYOR PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN
El artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 615 del Código General del Proceso, establece que el Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, de “las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación”. Por su parte, el numeral 6 del artículo 152 del C.P.A.C.A. dispone que los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia, entre otros asuntos, de “los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. En el caso bajo estudio se advierte que la pretensión mayor superó la cuantía señalada en la mencionada disposición normativa, razón por la cual se concluye que la Corporación es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de primera instancia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 6 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 615
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTABILIZACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONTEO DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / HECHO DAÑOSO / FUENTE DEL DAÑO / CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO / CONOCIMIENTO DEL HECHO DAÑOSO / CAUSACIÓN DEL DAÑO / PRODUCCIÓN DEL DAÑO / DAÑO CONTINUADO / FUNCIONES DEL JUEZ / NORMATIVIDAD DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN
Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa. En algunos eventos se ha establecido que el término de dos años previsto en la ley deberá contabilizarse a partir del momento en que el daño adquiere notoriedad -cuando esta última no coincide con la causación de aquel, es decir, cuando a pesar de haberse producido, la víctima se encuentra en la imposibilidad de conocerlo -, o cuando aquel se entiende consolidado –en los eventos en que el daño se prolonga en el tiempo -, circunstancias que se analizan teniendo en cuenta las particularidades de cada caso.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 136 / LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 44
NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia de 30 de abril de 1997; Exp. 11350; C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros, del 11 de mayo de 2000; Exp. 12200; C.P. María Elena Giraldo Gómez, de 2 de marzo de 2006; Exp. 15785; C.P. María Elena Giraldo Gómez, de 27 de abril de 2011; Exp. 15518; C.P. Danilo Rojas Betancourth, del 18 de octubre de 2007; Exp. AG 2001 00029; C.P. Enrique Gil Botero y de 28 de enero de 1994; Exp. 8610; C.P. Carlos Betancur Jaramillo.
CLÁUSULA GENERAL DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / FUNDAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / DAÑO ANTIJURÍDICO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / CONCEPTO DE DAÑO ANTIJURÍDICO / CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO / EXISTENCIA DEL DAÑO / IMPUTACIÓN DEL DAÑO
El artículo 90 de la Constitución Política contiene la cláusula general de responsabilidad del Estado. El avance significativo del sistema implementado, basado en la noción de daño antijurídico, fue haber reivindicado el daño –y por consiguiente a la víctima– y su función en la institución de la responsabilidad. En efecto, el daño entendido como la afectación, vulneración o lesión a un interés legítimo y lícito se convirtió en el eje central de la obligación resarcitoria y, por ende, tanto la atribución como la fundamentación normativa o jurídica del deber de reparar quedaron concentrados en un nuevo elemento que es la imputación. En otros términos, el análisis de la responsabilidad no inicia con el título o régimen jurídico aplicable, sino con la verificación de la existencia del daño entendido como la alteración negativa a un interés lícito o situación jurídicamente protegida.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 90
AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / INEXISTENCIA DE LA FALLA DEL SERVICIO / IMPUGNACIÓN DE LA PATERNIDAD / ELEMENTOS DE LA PRUEBA DE ADN / ENTIDAD COMPETENTE PARA PRACTICAR LA PRUEBA DE ADN / OBJETO DE LA PRUEBA DE ADN / PRÁCTICA DE LA PRUEBA DE ADN / TÉCNICA DE ADN PARA ESTABLECER MATERNIDAD Y PATERNIDAD / RECONOCIMIENTO DE LA PATERNIDAD / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA DE ADN / INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL / ICBF /
[El menor] fue reconocido como hijo por el [actor] de manera libre y voluntaria con la inscripción en el registro civil de nacimiento de 20 de agosto de 1993, aún cuando pudo haber rechazado la inscripción para que se iniciara el proceso de investigación de la paternidad. Si bien su argumento se encamina a señalar que no es de recibo considerar que la prueba de ADN practicada por el ICBF solo podía tener plena validez probatoria al interior de un proceso judicial, lo cierto es que de haberse practicado en desarrollo de una acción de investigación de la paternidad, el hoy demandante hubiera tenido la posibilidad de solicitar ampliación o complementación del dictamen o bien objetarlo de conformidad con los lineamientos del artículo 238 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y, a su vez, el operador judicial tener la posibilidad de considerar todas las pruebas que se practicaran y analizar el dictamen según su fundamentación y pertinencia, tal como lo indicaba la norma. A lo anterior se suma el hecho de que aquella prueba de ADN practicada en el año 1993 fue una prueba basada en grupos sanguíneos cuyo resultado tenía una probabilidad relativa que no definiría por sí misma la paternidad, diferente a las pruebas realizadas por el Instituto Yunis Turbay y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que fueron realizadas con el método STR -aunque estas tampoco ofrecen una certeza del 100%-.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 238
NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia de 21 de mayo de 2010; Exp. 2002-00495 y sentencias de la Corte Constitucional; C 109 de 1995; M.P. Alejandro Martínez Caballero, C 004 de 1998; M.P. Jorge Arango Mejía, T 997 de 2003 y T 021 de mayo de 2010.
AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / INEXISTENCIA DE LA FALLA DEL SERVICIO / IMPUGNACIÓN DE LA PATERNIDAD / ELEMENTOS DE LA PRUEBA DE ADN / ENTIDAD COMPETENTE PARA PRACTICAR LA PRUEBA DE ADN / OBJETO DE LA PRUEBA DE ADN / PRÁCTICA DE LA PRUEBA DE ADN / TÉCNICA DE ADN PARA ESTABLECER MATERNIDAD Y PATERNIDAD / RECONOCIMIENTO DE LA PATERNIDAD / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA DE ADN
[E]sta Sala no desconoce el valor probatorio en grado de certeza que tiene un examen de ADN y que a lo largo del desarrollo científico es tan útil y conducente que su práctica en los procesos de investigación e impugnación de la paternidad es obligatoria ; no obstante, como se advirtió, en el presente caso la prueba de ADN obtenida a través de grupos sanguíneos tenía una probabilidad relativa por lo que tal como lo indicó el Tribunal de primera instancia, la entidad cumplió una función de apoyo en la toma de muestras y la práctica del examen, sin que ello implicara que el hoy demandante tuviera que ir a efectuar el reconocimiento de la paternidad. (…) Solo hasta que [el menor] cumplió 17 años, el demandante optó por iniciar un proceso judicial de impugnación de la paternidad comoquiera que el reconocimiento se había hecho de manera voluntaria, así que el pago que realizó por concepto de cuotas alimentarias se realizó aún con la incertidumbre y bajo las sospechas que este tenía de la relación de paternidad. En síntesis, no se acreditó la falla del servicio aludida en la demanda, por el contrario, lo que se advirtió es que el reconocimiento de la paternidad que hizo el [actor] fue voluntario, sin acudir a las posibilidades que le otorgaba la ley.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., trece (13) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01608-01(52096)
Actor: LUIS FERNANDO MARTÍNEZ VARGAS
Demandado: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Temas: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO – por error de prueba de ADN / IMPUTACIÓN- el reconocimiento voluntario de la paternidad no es atribuible a la entidad estatal.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia del 7 de julio de 2014, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Luis Fernando Martínez Vargas reconoció como hijo al menor Jefferson Farid con fundamento en una prueba de ADN que se practicó en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -Centro Zonal de Kennedy cuyo resultado señaló “impresión de paternidad: compatible”. No obstante, el señor Luis Fernando, después de 17 años de nacido Jefferson Farid procedió a practicarse una nueva prueba de ADN en una institución privada, cuyo resultado arrojó “paternidad excluida”. De ese modo, el hoy demandante inició un proceso de impugnación de la paternidad, se practicó un nuevo examen de ADN con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y en sentencia del Juzgado 17 de Familia de Circuito de Bogotá se resolvió que este no era el padre del referido menor. En ese sentido pretende el accionante obtener el resarcimiento de perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales ocasionados con el reconocimiento que hizo basado en una prueba que calificó de errónea.
II. A N T E C E D E N T E S
1. Demanda
El 11 de septiembre de 2013 (fl. 16, c. 1), el señor Luis Fernando Martínez Vargas, por conducto de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa, presentó demanda en contra del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, con el fin de que se le indemnizaran los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales causados por el reconocimiento de la paternidad que hizo con fundamento en el errado resultado de la prueba genética practicado por dicha entidad.
El accionante solicitó que se efectuaran las siguientes declaraciones y condenas:
PRIMERA: El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF es administrativamente responsable de los perjuicios morales y materiales causados al señor Luis Fernando Martínez Vargas, derivados de la expedición del ‘Dictamen estudio genético de filiación’ de fecha 18 de mayo de 2012, por parte del Grupo de Genética Forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Dirección Regional de Bogotá, prueba que se practicó dentro del proceso bajo el radicado No. 2011-209 del Juzgado 17 de Familia del Circuito de Bogotá D.C., que concluyó con sentencia del 11 de septiembre de 2012, la cual resolvió declarar que Jefferson Farid Martínez Miranda nacido el 26 de julio de 1993 no es hijo de Luis Fernando Martínez Vargas.
SEGUNDO: Condenar en consecuencia al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- como reparación del daño ocasionado, a pagar a Luis Fernando Martínez Vargas, los perjuicios de orden moral y material actuales y futuros, los cuales se estiman como en la suma de setecientos ochenta y siete millones doscientos ochenta y siete mil doscientos ochenta y siete pesos M/Cte. ($787.287.287).
3. La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del C.C.A. aplicando en la liquidación en la liquidación la variación promedio mensual del índice de precios del consumidor, desde la fecha de ocurrencia del hecho, hasta la de ejecutoria del correspondiente fallo definitivo.
CUARTA: La parte demandada dará cumplimiento a la sentencia, en los términos de los artículos 192, 195 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 (fls. 22, c. 1).
Como fundamento fáctico de la demanda se narró lo siguiente:
El señor Luis Fernando Martínez Vargas sostuvo una relación sentimental con la señora Gloria Patricia Miranda, quien dio a luz al menor Jefferson Farid Martínez, el 26 de julio de 1993; sin embargo, la señora Gloria Patricia le manifestó al señor Luis Fernando que no estaba segura de que él fuera el padre del menor.
De manera voluntaria, el señor Luis Fernando solicitó al ICBF la práctica de un examen de ADN para verificar la paternidad.
El 5 de agosto de 1993, el ICBF señaló como resultado del examen de genética 090393: “impresión sobre paternidad – compatible”. La parte actora adujo que “dado que, transcurrido el tiempo, la fisonomía del Jefferson Farid Martínez Miranda, no era similar a la de mi procurado y seguía generando dudas sobre su paternidad, optó por realizar un nuevo examen de ADN en el Instituto de Genética Servicios Médicos Yunis Turbay y Cía. en C.”
El 19 de octubre de 2010, el Instituto arrojó como resultado que la paternidad entre Luis Fernando y Jefferson Farid era incompatible y, por lo tanto, debía concluirse como “paternidad excluida”.
Como consecuencia de lo anterior, el 25 de agosto de 2011, el señor Luis Fernando formuló demanda de impugnación de la paternidad, correspondiéndole al Juzgado 17 de Familia del Circuito de Bogotá.
Allí se practicó un nuevo examen de estudio genético cuyo resultado se profirió el 18 de mayo de 2012, por parte del Grupo de Genética Forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que señaló que el señor Luis Fernando quedaba excluido como padre biológico de Jefferson Farid.
Mediante sentencia de 11 de septiembre de 2012, el Juzgado 17 de Familia resolvió declarar que Jefferson Farid no era hijo del señor Luis Fernando Martínez Vargas.
Alega el actor que el daño patrimonial y moral causado por el ICBF permiten ser analizado a la luz del régimen de falla del servicio, ya que el reconocimiento como hijo que hizo el señor Luis Fernando, del menor Jefferson Farid, fue consecuencia de la expedición del resultado del examen de genética 0903 -93 del 5 de agosto de 1993, a través del cual el ICBF estableció que existía “impresión sobre paternidad – compatible”, lo que lo llevó a asumir una responsabilidad alimentaria, por disposición legal y, además, generó un vínculo afectivo entre ambos por un periodo aproximado de 18 años.
2. Trámite de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca inadmitió la demanda en auto de 7 de octubre de 2013, con el fin de que la parte demandante aclarara las pretensiones de la demanda y para que allegara constancia del pago del arancel judicial o para que justificara su exención (fl. 19 - 24, c. 1).
La parte demandante subsanó la demanda en la oportunidad prevista (fls. 21 – 24, c. 1).
En auto de 12 de noviembre de 2013, el Tribunal admitió la demanda la cual se notificó en legal forma al ente demandado (fls. 26 – 30, c. 1).
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar contestó la demanda de manera oportuna (fls. 34 – 44, c. 1). Se opuso a las pretensiones y solicitó la denegatoria de las mismas, adujo que el daño alegado no era imputable al Estado, que la prueba practicada por el ICBF era la correspondiente a la antropoheredobiológica, la cual no tenía un grado de certeza del 100% de efectividad y que no estaba probado que el resultado se debiera a algún acto de negligencia de la entidad.
Formuló las excepciones de: i) caducidad, ii) culpa exclusiva y determinante de la víctima y el hecho de un tercero y la de iii) inexistencia de nexo causal entre el daño y la entidad a quien se le imputa responsabilidad.
Agotado el trámite legal posterior a la contestación de la demanda, se fijó fecha para la celebración de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 (fl. 58, c. 2).
La diligencia en mención se realizó el 7 de julio de 2014, oportunidad en la cual el Tribunal resolvió la excepción de caducidad, frente a lo cual concluyó tenerla por no probada al considerar que la oportunidad para interponer la presente acción corría desde el día siguiente a la fecha de la sentencia del Juzgado 17 de Familia de Bogotá, que resolvió el proceso de impugnación de la paternidad y que concluyó que el hoy demandante no era el padre del joven Jefferson Farid Martínez Miranda, esto es, a partir del 12 de septiembre de 2012, hasta el 12 de septiembre de 2014 y que al haberse formulado la demanda el 11 de septiembre de 2013, se imponía concluir que se hizo oportunamente (fl. 60, c. ppal).
A continuación, el Tribunal procedió a fijar el litigio en los siguientes términos (fls. 61 vto., c. ppal.): “Escuchadas las partes se procede a fijar el litigio en el presente caso, en el sentido que la controversia jurídica en el presente asunto se centra en establecer, si con ocasión del examen de genética practicado por el ICBF, se presentan los elementos de la responsabilidad extracontractual, bajo el régimen subjetivo de falla del servicio”.
En la misma audiencia se procedió con el decreto de las pruebas documentales aportadas al proceso y se les corrió el respectivo traslado a las partes. Seguidamente, y comoquiera que no se requería la prueba de ningún otro elemento probatorio, el Tribunal corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegatos y concepto, respectivamente.
En consecuencia, la parte accionante solicitó que se accediera a las pretensiones de la demanda, dado que al estar probado que el dictamen expedido por el ICBF fue erróneo, le causó perjuicios de orden material e inmaterial.
Por su parte, la entidad demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación y aseveró que, según los hechos de la demanda, nunca se tuvo certeza de la paternidad del señor Luis Fernando respecto del menor y que por ello, el demandante incurrió en una conducta omisiva al no haber realizado el proceso de impugnación de la paternidad sino después de 17 años desde el nacimiento de Jefferson Farid, por tal motivo solicitó la denegatoria de las pretensiones.
El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.
3. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 7 de julio de 2014, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda y fijó como agencias en derecho a favor de la entidad demandada, la suma de $2’000.000. Como fundamento de la decisión expuso lo siguiente:
Planteó el siguiente problema jurídico “¿Se puede definir e imputar responsabilidad al ICBF por haber practicado una prueba de genética, que según la parte actora conllevó al reconocimiento del menor Jefferson Farid Martínez, y de ser así se demostró que se causaron perjuicios por este hecho?”.
Indicó que para la fecha de ocurrencia de los hechos era aplicable la Ley 75 de 1968 en materia de paternidad “Por la cual se dictan normas sobre filiación y se crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar” y, por lo tanto, el reconocimiento de la paternidad se podía hacer de diversas maneras, entre ellas, el reconocimiento en el acta de nacimiento, tal como lo hizo el hoy demandante, esto es, sin hacer uso de las acciones legales a las que tenía derecho, como la investigación de la paternidad.
Por otro lado, afirmó que la prueba genética no tenía un carácter vinculante porque la citada ley no exigía un deber legal de practicarse prueba de ADN, su obligatoriedad solo se exigió a partir de la Ley 721 de 2001 y aún así, no existía en el ordenamiento jurídico una tarifa probatoria respecto de esta prueba que ofreciera mérito de convicción para establecer la filiación. Así, adujo que la prueba científica, solamente podía ofrecer una probabilidad, razón por la cual no se excluyen el decreto y valoración de otras pruebas para lograr la convicción judicial.
Por último, aseveró que el ICBF tenía competencia para realizar pruebas antropoheredobiológicas en los procesos de filiación cuando el juez lo solicitara, pero la función de determinar si existe o no vínculo de paternidad radica exclusivamente en el órgano judicial, por lo que la entidad demandada solo se limitaba a dar apoyo técnico.
4. El recurso de apelación y su concesión
La parte demandante apeló el fallo de primera instancia (fls. 65 - 68, c. ppal) con el fin de que se revocara y se accediera a las pretensiones. Señaló que si bien el señor Luis Fernando reconoció la paternidad de manera voluntaria, lo hizo basado en el dictamen de genética elaborado por el ICBF, del que se obtuvo como resultado una paternidad compatible y, que fue con base en el resultado de ese examen que procedió a realizar el reconocimiento de la paternidad del menor, además de que “era la única entidad pública que ofrecía cierta certeza en cuanto a exámenes de genética”.
Expuso que era evidente que los exámenes de genética emitidos por el ICBF en la época objeto de análisis, a la luz de la sana crítica y de la lógica objetiva, constituían la prueba que definía la relación de paternidad entre el presunto padre y el menor nacido, por lo que no podía ser aceptable indicar que el dictamen, únicamente, tuviese validez si se emitiera en un proceso de filiación, por orden judicial; cuando su finalidad era una sola: determinar la relación de paternidad.
5. Trámite de segunda instancia
El recurso de apelación se concedió el 28 de julio de 2014 (fl. 70, c. ppal) y esta Corporación lo admitió en auto del 3 de octubre siguiente (fl. 74, c. ppal).
Mediante providencia del 7 de noviembre de 2014, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto (fl. 78, c. ppal).
La parte actora argumentó que se encontraban probados los presupuestos requeridos para acceder a las pretensiones de la demanda, porque las pruebas obrantes en el proceso daban cuenta los perjuicios causados los cuales eran atribuibles a la entidad demandada, dado que fue esta quien expidió el resultado del examen de genética y que dio cuenta de una compatibilidad de la paternidad inexistente.
La entidad demandada y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.
III. C O N S I D E R A C I O N E S
1. Competencia
El artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 615 del Código General del Proceso, establece que el Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, de “las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación”.
Por su parte, el numeral 6 del artículo 152 del C.P.A.C.A. dispone que los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia, entre otros asuntos, de “los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
En el caso bajo estudio se advierte que la pretensión mayor superó la cuantía señalada en la mencionada disposición normativa, razón por la cual se concluye que la Corporación es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de primera instancia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
2. Ejercicio oportuno de la acción
Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.
En algunos eventos se ha establecido que el término de dos años previsto en la ley deberá contabilizarse a partir del momento en que el daño adquiere notoriedad -cuando esta última no coincide con la causación de aquel, es decir, cuando a pesar de haberse producido, la víctima se encuentra en la imposibilidad de conocerlo-, o cuando aquel se entiende consolidado –en los eventos en que el daño se prolonga en el tiempo-, circunstancias que se analizan teniendo en cuenta las particularidades de cada caso.
En la presente controversia, la responsabilidad administrativa que se impetra en la demanda corresponde al reconocimiento que hizo el señor Luis Fernando de la paternidad del menor Jefferson Farid, motivado por el resultado del examen de genética practicado por el ICBF, el 5 de agosto de 1993 (fl. 1, c. 1), mediante el cual se le informó al señor Luis Fernando “impresión sobre paternidad: compatible”.
No obstante, luego se practicó un nuevo examen el 19 de octubre de 2010, en el Instituto de Genética Servicio Médicos Yunis Turbay y Cía., que arrojó como resultado “paternidad excluida”, motivo por el cual el hoy demandante promovió un proceso de impugnación de la paternidad y se le practicó un nuevo examen por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses mediante el cual se concluyó que “Luis Fernando Martínez Vargas queda excluido como padre biológico de Jeferson Farid”.
En ese sentido, el Juzgado Diecisiete de Familia de Bogotá profirió sentencia el 11 de septiembre de 2012, a través de la cual resolvió “Declarar que Jefferson Farid Martínez Miranda nacido el 26 de julio de 1993, no es hijo de Luis Fernando Martínez Vargas” (fl. 8, c. 2).
Así las cosas, con la anterior decisión se conoció la falla alegada, dado que fue con esa decisión que se concluyó que el menor Jefferson Farid no era el hijo del hoy demandante. En ese orden, el plazo de caducidad comenzó a correr el 12 de septiembre de 2012, esto es, al día siguiente del conocimiento del daño, y venció el 12 de septiembre de 2014 y comoquiera que la demanda fue presentada el 11 de septiembre de 2013, la Sala estima que el ejercicio del derecho de acción en el caso concreto debe considerarse como oportuno.
Debe precisarse que, de conformidad con el acta de agotamiento de requisito de procedibilidad expedida por la Procuraduría Sexta Judicial II para Asuntos Administrativo de Bogotá, el demandante presentó solicitud de conciliación prejudicial el 20 de marzo de 2013 y se declaró fallida el 7 de mayo de ese mismo año (fl. 20, c. 2).
3. Legitimación en la causa
El señor Luis Fernando Martínez Vargas se encuentra legitimado para actuar como demandante dentro del proceso de reparación directa por cuanto acude en calidad de directo afectado a fin de que le sean resarcidos los perjuicios ocasionados con el resultado de la prueba de ADN que determinó compatibilidad de paternidad con el menor Jefferson Farid (fls. 1- 6, c. 2).
En cuanto a la legitimación por pasiva, se precisa que la demanda se admitió en contra del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad que tiene interés en controvertir las pretensiones, en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, dado que sobre estas recaerán las eventuales consecuencias patrimoniales derivadas de los perjuicios reclamados a título de indemnización en el libelo, por lo que se tiene como parte demandada y cuenta con legitimación en la causa por pasiva para actuar dentro del presente asunto.
4. Problema jurídico
La Sala deberá decidir si en el presente caso se reúnen los presupuestos necesarios para declarar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-patrimonialmente responsable por los daños sufridos por el demandante con ocasión reconocimiento de la paternidad que se hiciera al menor Jefferson Farid con ocasión de una prueba de ADN practicada por esa entidad y que luego fue desvirtuada con otra prueba dentro un proceso de impugnación de la paternidad.
5. El daño
El artículo 90 de la Constitución Política contiene la cláusula general de responsabilidad del Estado. El avance significativo del sistema implementado, basado en la noción de daño antijurídico, fue haber reivindicado el daño –y por consiguiente a la víctima– y su función en la institución de la responsabilidad.
En efecto, el daño entendido como la afectación, vulneración o lesión a un interés legítimo y lícito se convirtió en el eje central de la obligación resarcitoria y, por ende, tanto la atribución como la fundamentación normativa o jurídica del deber de reparar quedaron concentrados en un nuevo elemento que es la imputación.
En otros términos, el análisis de la responsabilidad no inicia con el título o régimen jurídico aplicable, sino con la verificación de la existencia del daño entendido como la alteración negativa a un interés lícito o situación jurídicamente protegida.
Se probó que el 26 de julio de 1993 nació Jefferson Farid y ante la duda existente de la relación de consanguinidad entre este y el señor Luis Fernando, se procedió a la práctica de una prueba de ADN. Así, mediante resultado de examen de genética del 5 de agosto de 1993 elaborado por el ICBF, se obtuvo: “impresión de paternidad compatible” (fl. 1, c. 2), motivo por el cual el señor Luis Fernando procedió a reconocer como hijo al menor Jefferson Farid, y así se registró el 20 de agosto de 1993 (fl. 17, c. 2).
Asimismo, se acreditó que el señor Luis Fernando se practicó un nuevo examen en el Instituto de Genética Servicio Médicos Yunis Turbay y Cía., cuyo resultado obtenido el 19 de octubre de 2010, indicó: “Informe de los estudios de paternidad e identificación con base en el análisis de marcadores STR a partir del ADN - la paternidad del señor Luis Fernando Martínez Vargas con relación a Jefferson Farid Martínez Miranda es incompatible según los sistemas resaltados en la tabla” (fl. 2, c. 2).
En ese mismo sentido, se demostró que el señor Luis Fernando inició un proceso de impugnación de la paternidad mediante el cual se practicó un nuevo examen realizado por el Grupo de Genética Forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses cuyo resultado de 18 de mayo de 2012, concluyó: “Se observa que Luis Fernando Martínez Vargas no posee todos alelos obligados paternos que debería tener el padre biológico de Jefferson Farid en 100 de los sistemas genéticos analizados, (…) conclusión: Luis Fernando Martínez Vargas queda excluido como padre biológico de Jefferson Farid” (fl. 3, c. 2).
Así, en sentencia de 11 de septiembre de 2012, el Juzgado Diecisiete de Familia de Bogotá D.C. resolvió declarar que Jefferson Farid Martínez Miranda nacido el 26 de julio de 1993, no era hijo de Luis Fernando Martínez Vargas (fls. 6-9, c. 2). Al respecto consideró:
(…) comoquiera que el objetivo principal del proceso de impugnación del estado civil de hijo, es desvirtuar o atacar la paternidad o maternidad que se expresa en el registro de estado civil, este despacho considera que se deben despachar favorablemente las pretensiones de la demanda, toda vez que y especialmente la conclusión del dictamen estudio genético de filiación rendido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y ciencias Forenses, visible a folios 46 y a 47 del expediente, se lee “conclusión Luis Fernando Martínez Vargas queda excluido como padre biológico del menor Jefferson Farid”, de otro lado, la madre del menor enfáticamente ha señalado que el aquí demandante es el padre biológico de su hijo, por lo que no fue posible vincular al presunto padre.
Por lo tanto, la Sala encuentra demostrada la lesión al interés legítimo del señor Luis Fernando Martínez Vargas al hacer el reconocimiento de Jefferson Farid como su hijo basado en una prueba de ADN practicada por el ICBF y, que posteriormente fue desvirtuada en un proceso de impugnación de la paternidad.
6. Imputación
La Sala, una vez constatada la existencia del daño, procede a realizar el estudio de imputación, para lo cual será determinante establecer si el daño puede atribuirse a la entidad demandada.
El demandante aduce que se presentó una falla del servicio por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar al expedir un resultado erróneo de la prueba del examen genético basado en grupo sanguíneos, practicado en el Centro Zonal de Kennedy, que motivó al señor Luis Fernando a reconocer como su hijo al menor Jefferson Farid y a cumplir una cuota alimentaria por un periodo aproximado de 18 años.
La Ley 75 de 1968, régimen que resultaba aplicable para la fecha de nacimiento de Jefferson Farid, en su artículo 2° indicaba que el reconocimiento de los hijos podía hacerse de diferentes formas:
ARTÍCULO 2. El reconocimiento de hijos naturales es irrevocable y puede hacerse:
1o) En el acta de nacimiento, firmándola quien reconoce.
El funcionario del estado civil que extienda la partida de nacimiento de un hijo natural indagará por el nombre, apellido, identidad y residencia del padre y de la madre, e inscribirá como tales a los que el declarante indique, con expresión de algún hecho probatorio y protesta de no faltar a la verdad. La inscripción del nombre del padre se hará en libro especial destinado a tal efecto y de ella solo se expedirán copias a las personas indicadas en el ordinal 4o, inciso 2o. de este artículo y a las autoridades judiciales y de policía que las solicitaren.
Dentro de los treinta días siguientes a la inscripción, el funcionario que la haya autorizado la notificará personalmente al presunto padre, si este no hubiere firmado el acta de nacimiento. El notificado deberá expresar, en la misma notificación, al pie del acta respectiva, si acepta o rechaza el carácter de padre que en ella se le asigna, y si negare ser suyo el hijo, el funcionario procederá a comunicar el hecho al Defensor de Menores para que este inicie la investigación de la paternidad.
Igual procedimiento se seguirá en el caso de que la notificación no pueda llevarse a cabo en el término indicado o de que el declarante no indique el nombre del padre o de la madre.
Mientras no sea aceptada la atribución por el notificado, o la partida de nacimiento no se haya corregido en obediencia a fallo de la autoridad competente, no se expresará el nombre del padre en las copias que de ella llegaren a expedirse.
2o) Por escritura pública.
3o) Por testamento, caso en el cual la renovación de este no implica la del reconocimiento.
4o) Por manifestación expresa y directa hecha ante un juez, aunque el reconocimiento no haya sido objeto único y principal del acto que lo contiene.
El hijo, sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y cualquier persona que haya cuidado de la crianza del menor o ejerza su guarda legal, el Defensor de Menores y el Ministerio Público, podrán pedir que el supuesto padre o madre sea citado personalmente ante el juez a declarar bajo juramento si cree serlo. Si el notificado no compareciere, pudiendo hacerlo y se hubiere repetido una vez la citación expresándose el objeto, se mirará como reconocida la paternidad, previos los trámites de una articulación. La declaración judicial será revisable en los términos del artículo HYPERLINK "https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0075_1968.htm" \l "18" \h 18 de la presente Ley
Asimismo, la referida ley en su artículo 7 establecía el procedimiento de investigación de la paternidad:
ARTÍCULO 7. En todos los juicios de investigación de la paternidad o la maternidad, el juez a solicitud de parte o, cuando fuere el caso, por su propia iniciativa, decretará los exámenes personales del hijo y sus ascendientes y de terceros, que aparezcan indispensables para reconocer pericialmente las características heredo - biológicas paralelas entre el hijo y su presunto padre o madre, y ordenará peritación antropo - heredo -biológica, con análisis de los grupos sanguíneos, los caracteres patológicos, morfológicos, fisiológicos e intelectuales transmisibles que valorará según su fundamentación y pertinencia.
La renuencia de los interesados a la práctica de tales exámenes será apreciada por el juez como indicio, según las circunstancias.
Respecto del trámite del anterior proceso, la Corte Constitucional ha dicho: “toda persona tiene derecho a acudir a los tribunales con el fin de establecer una filiación legal y jurídica que corresponda a su filiación real. Las personas tienen entonces, dentro del derecho constitucional colombiano, un verdadero ‘derecho a reclamar su verdadera filiación’”.
En ese sentido, se tiene que Jefferson Farid fue reconocido como hijo por el señor Luis Fernando de manera libre y voluntaria con la inscripción en el registro civil de nacimiento de 20 de agosto de 1993, aún cuando pudo haber rechazado la inscripción para que se iniciara el proceso de investigación de la paternidad. Si bien su argumento se encamina a señalar que no es de recibo considerar que la prueba de ADN practicada por el ICBF solo podía tener plena validez probatoria al interior de un proceso judicial, lo cierto es que de haberse practicado en desarrollo de una acción de investigación de la paternidad, el hoy demandante hubiera tenido la posibilidad de solicitar ampliación o complementación del dictamen o bien objetarlo de conformidad con los lineamientos del artículo 238 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y, a su vez, el operador judicial tener la posibilidad de considerar todas las pruebas que se practicaran y analizar el dictamen según su fundamentación y pertinencia, tal como lo indicaba la norma.
A lo anterior se suma el hecho de que aquella prueba de ADN practicada en el año 1993 fue una prueba basada en grupos sanguíneos cuyo resultado tenía una probabilidad relativa que no definiría por sí misma la paternidad, diferente a las pruebas realizadas por el Instituto Yunis Turbay y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que fueron realizadas con el método STR -aunque estas tampoco ofrecen una certeza del 100%-. Al respecto la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha señalado:
Con posterioridad, los avances científicos permitieron excluir la paternidad a través de la prueba antropoheredobiológica, misma que se valía de una comparación de los diferentes tipos de sangre y que permitía encontrar o descartar afinidades a partir de antígenos que permanecen inalterables en la vida de los seres humanos y que, además, se transmiten a las generaciones posteriores.
Sin embargo, lo único que esta prueba permitía establecer con toda certeza, era cuándo un individuo no era progenitor de otro (exclusión). Los resultados positivos, apenas si reflejaban una probabilidad relativa, que variaba dependiendo de la cantidad de personas que pudieran tener el mismo tipo de sangre del posible padre.
(…)
Como explicara la Corte acerca de esta prueba, ‘es indiscutible que tal pericia... no constituye por sí misma prueba plena de la paternidad investigada, por cuanto ella arroja solamente el resultado de compatibilidad. Por el contrario, en el evento de que el resultado sea la incompatibilidad, esa prueba se transformaría en plena y excluiría, de manera terminante, la paternidad debatida’ (Sent. Cas. Civ. de 17 de julio de 2001)”.
(…)
Respecto del análisis de grupos sanguíneos señala que: ‘La investigación y confrontación de los fenotipos, y si es posible de los genotipos sanguíneos de un niño y de los padres permiten, pues, excluir cierto número de filiaciones. Por el contrario, con este método no se puede afirmar una filiación determinada, puesto que se trata de una herencia de grupo; se declara solamente que es posible...’; desde luego que el grado de probabilidad dependerá de la frecuencia de los grupos sanguíneos en la población, de manera que... por ejemplo, las probabilidades de excluir la no paternidad a partir de los grupos ABO MN, es, para el grupo A, tipo MN solamente, del 5.1.%, lo que apareja concluir que el 94.9% de hombres podrían ser los padres de una persona. En general, dice el comentado expositor... «un individuo tomado al azar tiene, como máximo, el 33% de probabilidades de probar su no paternidad utilizando los grupos ABO MN...» (pág. 504), es decir, que el 67% de personas arrojaría, conforme a ese examen, resultado de paternidad compatible con el demandante. Utilizando otros factores, como el RH, el máximo de exclusión, que se podría alcanzar sería el 84%. Así las cosas, no puede ser muy vigorosa la convicción que de esa especie de exámenes puede desprenderse...” (Sent. Cas. Civ. de 13 de diciembre de 2002, Exp. No. 6426).
(…)
A través de técnicas que en la actualidad son confiables, seguras y rápidas, es posible tomar de casi cualquier tejido humano células nucleadas con un número plural de porciones o fragmentos específicos de ADN, denominados microsatélites o STR (Short Tandem Repeats o repeticiones cortas en tándem), que se hallan en lugares previamente determinados (loci o locus) y a partir de estos pueden establecerse los marcadores cuya comparación hace posible calcular científicamente la probabilidad de paternidad.
Para ese efecto, se comparan los marcadores genéticos de la madre, del hijo y del sujeto a quien se atribuye la paternidad. Así, los marcadores del hijo que no se hallen en el ADN materno, tendrán que provenir necesariamente del ADN paterno, lo cual sirve al propósito de esclarecer si existe un nexo biológico con el candidato a progenitor, tomando en consideración, claro está, la frecuencia con que ese marcador se repite en una población determinada. Hoy por hoy, esos procedimientos arrojan índices de paternidad (IP) tan altos que, de acuerdo con los Predicados Verbales de Hummel, permiten tener la paternidad como prácticamente probada.
Ahora bien, esta Sala no desconoce el valor probatorio en grado de certeza que tiene un examen de ADN y que a lo largo del desarrollo científico es tan útil y conducente que su práctica en los procesos de investigación e impugnación de la paternidad es obligatoria; no obstante, como se advirtió, en el presente caso la prueba de ADN obtenida a través de grupos sanguíneos tenía una probabilidad relativa por lo que tal como lo indicó el Tribunal de primera instancia, la entidad cumplió una función de apoyo en la toma de muestras y la práctica del examen, sin que ello implicara que el hoy demandante tuviera que ir a efectuar el reconocimiento de la paternidad.
Ahora no puede pasar inadvertido que el reproche del demandante fue tardío, aun cuando en la demanda manifestó que “dado que, transcurrido el tiempo, la fisonomía de Jefferson Farid Martínez Miranda no era similar a la de mi procurado y seguía generando dudas sobre su paternidad, se optó por realizar un nuevo examen” (fl. 3, c. 1). Solo hasta que Jefferson Farid cumplió 17 años, el demandante optó por iniciar un proceso judicial de impugnación de la paternidad comoquiera que el reconocimiento se había hecho de manera voluntaria, así que el pago que realizó por concepto de cuotas alimentarias se realizó aún con la incertidumbre y bajo las sospechas que este tenía de la relación de paternidad.
En síntesis, no se acreditó la falla del servicio aludida en la demanda, por el contrario, lo que se advirtió es que el reconocimiento de la paternidad que hizo el señor Luis Fernando fue voluntario, sin acudir a las posibilidades que le otorgaba la ley.
En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia.
7. Costas y agencias en derecho
El artículo 361 del CGP establece que las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho.
El artículo 365 ejusdem, en el numeral 1, dispone que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación.
Atendiendo a lo ordenado en la citada norma, como el recurso de la parte actora no prosperó, se condenará en costas, liquidación que la hará de manera concentrada el a quo, en los términos del artículo 366 del CGP.
Para efectos de la fijación de agencias en derecho en segunda instancia y en virtud del numeral 4 del artículo 366 del CGP, estas se fijarán con observancia de las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura.
Como consecuencia, tal como lo dispone la legislación pertinente, la Sala resalta que las mismas deberán ser liquidadas por el juzgador de primera instancia, teniendo en cuenta las agencias en derecho que se fijan, al tenor de lo dispuesto en el numeral 3.1.3 del Acuerdo 1887 del 26 de junio de 2003, modificado por el Acuerdo 2222 del 10 de diciembre de 2003, en 0.5% del valor de las pretensiones de la demanda.
Ahora, en la sentencia de primera instancia se fijaron agencias en derecho en la suma de $2’000.000. Como este aspecto no fue apelado, la Sala confirmará este punto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
R E S U E L V E:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 7 de julio de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones anteriormente expuestas.
SEGUNDO: CONDENAR a la parte demandante a pagar las costas que se hubieren causado en esta instancia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 366 del CGP. Como agencias en derecho en esta instancia, se fija la suma de tres millones novecientos treinta y seis mil cuatrocientos treinta y seis pesos ($3’936.436 M/cte.).
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace HYPERLINK "https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador" \h https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Firmado electrónicamente
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
VF
La pretensión mayor se estimó en la suma de $669’387.287
A la fecha de la presentación de la demanda (2013), 500 SMLMV equivalían a $294’750.000. Sobre el particular, pueden consultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 30 de abril de 1997, exp. 11.350, C.P. Jesús María Carrillo; 11 de mayo de 2000, exp. 12.200, C.P. María Elena Giraldo; 2 de marzo de 2006, exp. 15.785, C.P. María Elena Giraldo y 27 de abril de 2011, exp. 15.518, C.P. Danilo Rojas Betancourth. Condición que, como se deriva de lo sostenido por la Sala Plena de la Sección Tercera, debe analizarse de manera rigurosa. En efecto, en palabras de esta última: “Frente a estos supuestos la Sala aclara, como lo ha hecho en otras oportunidades, que el término de caducidad opera por ministerio de la ley, y no puede depender de la voluntad de los interesados para ejercer las acciones sometidas a dicho término (nota n.° 9 del auto en cita: “Ver, entre otras, la sentencia del 24 de abril de 2008. C. P. Myriam Guerrero de Escobar. Radicación No. 16.699. Actor: Gilberto Torres Bahamón”), razón por la cual, en los casos en que el conocimiento del hecho dañoso por parte del interesado es posterior a su acaecimiento, debe revisarse en cada situación que el interesado tenga motivos razonablemente fundados para no haber conocido el hecho en un momento anterior pues, si no existen tales motivos, no hay lugar a aplicación de los criterios que ha establecido la sala para el cómputo del término de caducidad en casos especiales”. Auto de 9 de febrero de 2011, exp. 38271, C.P. Danilo Rojas Betancourth. Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 18 de octubre de 2007, exp. AG-2001-00029. C.P. Enrique Gil Botero. Sobre la diferencia entre el daño y la agravación de este, puede consultarse: Sentencia de 28 de enero de 1994. Expediente No. 8610. M.P.: Dr. Carlos Betancur Jaramillo. Sentencia C-109 de 1995, MP. Alejandro Martínez Caballero. En aquella oportunidad la Corte declaró la exequibilidad condicionada del artículo 3 (parcial) de la Ley 75 de 1968, relacionado con la facultad de impugnación de la paternidad. En el mismo sentido ver la Sentencia C-004 de 1998 MP. Jorge Arango Mejía, donde la Corte declaró inexequible la presunción “de derecho” contenida en el artículo 92 del Código Civil, relacionada con la época de la concepción. Sentencia T-997 de 2003. Sentencia de 21 de mayo de 2010, Exp. 2002-00495. Sustancia que, introducida en un organismo animal, da lugar a reacciones de defensa, tales como la formación de anticuerpos. Sentencia de T-21 de mayo de 2010. ARTÍCULO 8 de Ley 721 de 2001: “(…) Con el auto admisorio de la demanda el juez del conocimiento ordenará la práctica de la prueba y con el resultado en firme se procede a dictar sentencia”. Respecto de este punto se destaca que en Sentencia de C-475 de 2005, la Corte Constitucional declaró exequible tal apartado al indicar “Lo que la norma cuestionada señala es que practicada la prueba para obtener la información de ADN en los procesos en que se investigue la paternidad o la maternidad, se procede a dictar sentencia cuando esa prueba quede en firme, pues resultaría contrario al debido proceso proferir el fallo sin que se hubiere dado a las partes la oportunidad de la contradicción del dictamen y sin que se hubiere resuelto por el juez sobre las solicitudes de aclaración, complementación o tacha por error grave cuando hubieren sido formuladas en las oportunidades y con los requisitos que la ley regula precisamente para darle cumplimiento cabal a la garantía establecida en el artículo 29 de la Carta, que es de rigurosa observancia”.
A cuyo tenor: <<Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas (…)>>.
<<3.1. Asuntos Contencioso Administrativo.
(…). 3.1.3. Segunda instancia. Sin cuantía: Hasta siete (7) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia (…)>>. Acuerdos que son aplicables por la fecha de presentación de la demanda y en atención a lo dispuesto en el artículo 7 del Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto 5 de 2016.
<<artículo cuarto. Fijación de tarifas. Las tarifas máximas de agencias en derecho se establecen en salarios mínimos mensuales legales vigentes, o en porcentajes relativos al valor de las pretensiones de la demanda reconocidas o negadas en la sentencia>>.
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