Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2013-01794-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2013-01794-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2013-01794-01
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
26 de enero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Medio de control de controversias contractuales
Radicación: 25000-23-36-000-2013-01794-01 (56414)
Demandante: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR–
Demandado: Agencia Nacional de Minería y Concretos Argos S.A.
Tema: Se revoca la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de
nulidad absoluta de un contrato de concesión minera por estar traslapado
con un distrito de manejo integrado. En su lugar, se profiere sentencia
inhibitoria porque, aunque está acreditada la ilicitud de su objeto, no hay
lugar a decretar su anulación. El concesionario renunció al contrato, su
renuncia fue aceptada por un acto administrativo expedido por la
concedente y los efectos de la terminación del contrato ya se encuentran
determinados.
SENTENCIA
Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala resuelve
el recurso de apelación interpuesto por la Agencia Nacional de Minería (en adelante
“ANM”) contra la sentencia del 29 de octubre de 2015, proferida por la Subsección A de
la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la que resolvió lo
siguiente:
<<PRIMERO: Declarar la nulidad por objeto ilícito del contrato de concesión No. IK9 16053
celebrado entre INGEOMINAS hoy Agencia Nacional de Minería y CONCRETOS ARGOS
S.A., por las razones expuestas en las consideraciones que anteceden.
SEGUNDO: Declarar la nulidad absoluta por objeto ilícito de la inscripción del contrato de
concesión No. IK9 16053 en el Registro Nacional Minero.
TERCERO: Ordenar la inscripción de la presente providencia en el Registro Nacional
Minero en el folio correspondiente al contrato No. IK9 16053.
CUARTO: Ordenar a CONCRETOS ARGOS S.A. entregar a la Agencia Nacional de
Minería el área concedida, sin derecho a reconocimiento económico alguno.
QUINTO: NEGAR la objeción por error grave al dictamen pericial, formulada por la
apoderada de CONCRETOS ARGOS S.A. por las razones expuestas en el acápite
correspondiente
Radicado: 25000-23-36-000-2013-01794-01 (56414)
Demandante: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR-
(…)>>
La Sala es competente para resolver el recurso de apelación de acuerdo con lo
establecido en los artículos 150 del CPACA y 75 de la Ley 80 de 1993. El tribunal era
competente para conocer el proceso en primera instancia de acuerdo con el numeral 24
del artículo 152 del CPACA, el cual establece que conocerá <<de los que se promuevan
sobre asuntos petroleros o mineros en que sea parte la Nación o una entidad territorial o
descentralizada por servicios>>.
El recurso de apelación fue admitido mediante providencia del 18 de febrero de 2016. En
el auto del 17 de marzo de 2016 se dio traslado a las partes y al Ministerio Público para
que presentaran alegatos de conclusión. La parte demandante presentó alegatos
oportunamente. La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio.
I. ANTECEDENTES
A.- La posición de la parte demandante
1.- El 17 de octubre de 2013, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (en
adelante la “CAR”) presentó demanda contra la ANM, con las siguientes pretensiones:
<<PRIMERO. Que se declare la nulidad absoluta del contrato de concesión minera IK9-
16071 (sic) suscrito entre el INGEOMINAS (hoy Agencia Nacional de Minería) y
CONCRETOS ARGOS S.A., inscrito en el Registro Minero el 1 de marzo de 2010, para la
exploración y explotación de materiales de construcción, ubicado en la Reserva Forestal
Protectora Sector Salto de Tequendama Cerro Manjui, con un área de 1.020.23 hectáreas
correspondiéndole un porcentaje del 66.01% de la reserva de Sector Salto de
Tequendama Cerro Manjui, así: (un 27.24% en preservación, un 8.35% en producción, un
13.03% en protección, y un 17.10% en recuperación para preservación), y un 16.09% de
la reserva Cuenca Alta del Río Bogotá, reservas protegidas ambientalmente por normas
de rango constitucional y legal, como se explicará más adelante, declarada y delimitada
por el Consejo Directivo de la CAR desde el año 1999 con el Acuerdo 43 y por el Acuerdo
30 de 1976 del Inderena respectivamente.
SEGUNDO. Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad absoluta del referido
contrato de concesión minera, se declare la nulidad de la inscripción del contrato de
concesión IK9-16053 suscrito entre el INGEOMINAS y CONCRETOS ARGOS S.A. en el
Registro Minero Nacional.
TERCERO. Que se ordene la desanotación de la inscripción del contrato de concesión
IK9-16053 del Registro Minero Nacional.>>
2.- La parte demandante fundamentó sus pretensiones en las siguientes afirmaciones:
2.1.- El artículo 289 de la Ley 685 de 2001 permite que quien acredite un interés directo
pueda solicitar que se declare la nulidad de un contrato de concesión minera. La CAR es
la máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción. En cumplimiento de sus
funciones, previstas en la Ley 99 de 1993, tiene interés jurídico en impedir el desarrollo
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Demandante: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR-
de actividades que impactan y ponen en riesgo los recursos naturales y, en consecuencia,
para solicitar que se declare la nulidad de un contrato de concesión minera.
2.2.- Mediante el contrato de concesión IK9-16053, inscrito en el Registro Minero el 1° de
marzo 2010, el Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas) —hoy ANM—
otorgó a Concretos Argos S.A. un título minero para la exploración y explotación de
materiales de construcción. El título fue otorgado por un plazo de 30 años, es decir, hasta
el 1° de marzo de 2040.
2.3.- El Acuerdo 30 de 1976 del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables
y del Ambiente –Inderena– declaró y delimitó la Reserva Forestal Protectora Cuenca Alta
del Río Bogotá.
2.4.- El Acuerdo 43 de 1999 de la CAR delimitó y declaró la Reserva Forestal Protectora
Sector Salto del Tequendama Cerro Manjui.
2.5.- A pesar de lo anterior, el contrato de concesión IK9-16053 cobijaba un área de
1.020.23 hectáreas, que se superpuso en un sesenta y seis punto cero uno por ciento
(66.01%) con la Reserva Forestal Protectora Sector Salto del Tequendama Cerro Manjui
y en un dieciséis punto cero nueve por ciento (16.09%) con la Reserva Forestal Protectora
Cuenca Alta del Río Bogotá.
2.6.- Las zonas de reserva forestal protectora son áreas de especial importancia
ecológica. De acuerdo con el artículo 34 de la Ley 685 de 2001, en las zonas de reserva
forestal protectora declaradas y delimitadas está prohibido el desarrollo de actividades
mineras.
2.7.- El contrato IK9-053 es nulo por contener un objeto ilícito, puesto que se celebró en
contravía de las siguientes normas de orden público: (i) el artículo 34 de la Ley 685 de
2001; (ii) los artículos 8, 9, 79 y 80 de la Constitución que establecen que se debe
garantizar la protección del medio ambiente y los recursos naturales; (iii) el artículo 1 de
la Ley 99 de 1993 que establece los principios generales de la política ambiental
colombiana; y (iv) el artículo 1 del Decreto 2811 de 1974.
B.- Posición de la parte demandada
3.- La ANM contestó la demanda el 21 de mayo de 2014 y solicitó que se rechazaran las
pretensiones y que se declararan todas las excepciones que se encontraran probadas en
el trámite del proceso. Lo anterior, con base en las siguientes afirmaciones:
3.1.- El contrato IK9-16053 no se encuentra vigente. A través de la Resolución 000452
del 9 de mayo de 2014 la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera
aceptó la renuncia de Concretos Argos S.A. al contrato de concesión. La renuncia tuvo
como consecuencia la terminación del contrato y su desanotación en el Registro Minero
Nacional, por lo que el litigio carece de objeto. Como el litigio carece de objeto, procede
un fallo inhibitorio.
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Demandante: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR-
3.2.- El artículo 34 de la Ley 685 del 2001 establece una prohibición general para el
desarrollo de actividades mineras en algunas zonas, pero en su inciso cuarto permite que
en esas áreas se desarrollen actividades mineras de forma restringida bajo la figura de
sustracción de áreas.
3.3.- El contrato se realizó de acuerdo con la Ley 685 de 2001 y con los artículos 1502 y
1741 del Código Civil.
4.- En el auto de admisión de la demanda se ordenó tener como litis consorte necesario
de la parte demandada a Concretos Argos S.A., quien contestó la demanda el 27 de mayo
de 2014. En ella se opuso a todas las pretensiones, afirmó que la CAR no menciona ni
demuestra las causales de nulidad absoluta del contrato IK9-16053 y planteó, entre otras,
la excepción de carencia de objeto de la demanda por la renuncia al título minero IK9-
16053. Reiteró que, mediante Resolución No. 000452 de 2014, la ANM aceptó la renuncia
presentada por Concretos Argos S.A. y declaró la terminación del contrato de concesión.
Por esta razón no existe objeto para continuar con el proceso.
C.- La sentencia recurrida
5.- El fundamento para acoger las pretensiones del demandante fue el siguiente:
5.1.- Las partes aceptaron que el área de ejecución del contrato no se superpone con la
Reserva Forestal Protectora Cuenca Alta del Río Bogotá, como consecuencia de la
realinderación realizada por medio de la Resolución 138 de 2014. Por esta razón, el
análisis de fondo se hizo sobre la superposición del área de ejecución del contrato con el
Distrito de Manejo Integrado Sector Salto del Tequendama Cerro Manjui. La zona objeto
de análisis es un distrito de manejo integrado y no una reserva forestal protectora, como
erróneamente lo afirmó la CAR.
5.2.- Al momento de la celebración de contrato de concesión minera se había constituido
el Distrito de Manejo Integrado Sector Salto del Tequendama Cerro Manjui mediante el
Acuerdo 43 de 1999. La Resolución 1596 de 2006 de la CAR adoptó el Plan de Manejo
Integrado del Distrito de Manejo Integrado Sector Salto del Tequendama Cerro Manjui.
Mediante este Plan de Manejo Integrado, la CAR determinó que la actividad minera se
encontraba prohibida.
5.3.- Por medio de un dictamen pericial se encontró probado que el Distrito de Manejo
Integrado Sector Salto del Tequendama Cerro Manjui se superpone con el contrato de
concesión minera IK9-16053 en un sesenta y seis punto dos por ciento (66,2%).
5.3.1.- Este dictamen fue objetado por la apoderada de Concretos Argos S.A. por
considerar que el perito incurrió en error grave al no diferenciar entre reserva forestal
protectora y distrito de manejo integrado. Sin embargo, el tribunal negó esta objeción
porque considera que esta imprecisión terminológica no incidió en el resultado del
dictamen, pues su objeto consistió en analizar el porcentaje de superposición de áreas
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Radicado: 25000-23-36-000-2013-01794-01 (56414)
Demandante: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR-
entre el contrato de concesión y el Distrito de Manejo Integrado Sector Salto del
Tequendama Cerro Manjui.
5.4.- El artículo 44 de la Ley 80 de 1993 establece que la celebración de un contrato
estatal contra expresa disposición constitucional y legal es causal de nulidad absoluta.
Mediante el contrato IK9-16053 se otorgó un título minero para la exploración y
explotación de materiales de construcción en una zona donde está prohibida la actividad
minera. Por lo anterior, el contrato está viciado de nulidad absoluta. Tampoco procede
dar aplicación al principio de conservación del negocio jurídico porque el vicio afecta de
manera considerable el objeto material del contrato.
5.5.- La renuncia del concesionario aceptada mediante Resolución 000452 del 9 de mayo
de 2014 está acreditada en el proceso, pero esto no permite establecer la devolución del
área afectada. Por lo anterior, la declaratoria de nulidad absoluta del contrato es
procedente y necesaria.
D.- Recurso de apelación y su oposición
6.- El 19 de noviembre de 2015 la ANM apeló la sentencia de primera instancia. Solicitó
que se revocara la decisión y, como consecuencia de lo anterior, se negaran las
pretensiones de la demanda con base en la siguiente argumentación:
6.1.- Al encontrar probado que el contrato IK9-16053 no estaba vigente, el tribunal debió
proferir un fallo inhibitorio por haber desaparecido los supuestos fácticos que dieron
origen a la demanda.
6.2.- En todo caso, el área en la que se desarrollaba el contrato de concesión se
encuentra superpuesta con el Distrito de Manejo Integrado Sector Salto del Tequendama
Cerro Manjui. Ello es fundamental porque no se trata de una reserva forestal: el artículo
34 de la Ley 685 de 2001 no prevé a los distritos de manejo integrado como zonas
excluidas de minería.
6.2.1.- En ese sentido, el artículo 310 del Decreto 2811 de 1974 ordenó la creación de
los distritos de manejo integrado de recursos naturales renovables con el fin de constituir
modelos de aprovechamiento racional; no para constituir zonas excluidas de cualquier
actividad de aprovechamiento de recursos.
6.2.2.- Así mismo, el Decreto 1974 de 1989 permitió que en los distritos de manejo
integrado se desarrollen actividades económicas. El artículo 7º del Decreto 1974 permite
que los distritos de manejo integrado puedan tener como categoría de ordenamiento
territorial la categoría de producción. La misma disposición estableció que se consideraría
como actividad de producción la actividad minera.
6.2.3.- En el caso concreto, el artículo 2 del Acuerdo no. 043 de 1999 prevé zonas de
producción, por lo que se puede afirmar que la creación de un distrito de manejo integrado
puede obedecer a la necesidad de desarrollar un proyecto minero.
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Demandante: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR-
6.2.4.- Así las cosas, no debía declararse la nulidad del contrato de concesión, porque
no se configuró el objeto ilícito teniendo en cuenta que en los distritos de manejo
integrado se pueden desarrollar actividades productivas.
6.2.5.- El contrato IK9-16053, entonces, cumple con todos los requisitos definidos en el
Código Civil para ser válido, y también cumple con las disposiciones de la Ley 685 de
2001 que le eran aplicables al momento de su celebración.
6.3.- Finalmente indicó que, en el hipotético caso en que se considere que el contrato
adolece de nulidad, habría suficientes elementos de juicio para dar aplicación al principio
de conservación del negocio jurídico. Era viable declarar una nulidad absoluta parcial
respecto de las cláusulas del contrato en las cuales se establecen las coordenadas que
se superponen con el Distrito de Manejo Integrado Salto del Tequendama Cerro Manjui.
7.- En los alegatos de conclusión, la parte demandante reiteró que el contrato IK9-16053
está viciado de nulidad absoluta por objeto ilícito porque se superpone con un área de
protección ambiental, en la cual la actividad minera está prohibida. Esto, teniendo en
cuenta el literal d) del artículo 10 del Decreto 2372 de 2010.
7.1.- Subsidiariamente, indicó que el Acuerdo 3 de 1999 había constituido el Distrito de
Manejo Integrado del Salto del Tequendama — Cerro Manjui. El plan de manejo de este
distrito de manejo integrado fue adoptado por la Resolución 1596 del 2 de junio de 2006.
Éste diferencia entre zonas de preservación, protección, recuperación para la
preservación y producción. Sólo en esta última zona es permitida realizar actividades
mineras, con autorización de la autoridad ambiental.
7.2.- Así las cosas, el cincuenta y ocho por ciento (58%) del contrato de concesión se
encuentra en zonas de preservación, protección y recuperación para la preservación, en
las cuales está prohibida la actividad minera.
II. CONSIDERACIONES
8.- La demanda fue presentada oportunamente en los términos del artículo 136 del CCA,
y conforme al criterio que ha acogido previamente esta Sala, en el presente proceso
resulta aplicable el parágrafo 1 del artículo 136 del CCA, que dispone que no hay
caducidad cuando <<el objeto del litigio lo constituyan bienes estatales imprescriptibles e
inenajenables>>. En ese sentido, la Sala ha indicado se refiere a los litigios sobre actos
o derechos cuyo objeto sea un bien imprescriptible o inajenable del Estado, como ocurre
con los contratos de concesión minera1.
9.- La Sala revocará la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y, en su lugar, se declarará inhibida porque, aunque es claro que el contrato estaba
afectado de nulidad absoluta, está probado que el concesionario renunció al contrato y la
1Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 3 de agosto de 2020, exp. 58710, C.P. Alberto
Montaña Plata.
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renuncia fue aceptada por un acto administrativo expedido por la entidad concedente, el
cual se encuentra vigente y no fue objeto de impugnación. La legislación minera regula
expresamente los efectos de la renuncia a la concesión, incluyendo los relativos a la
restitución del área concedida, razón por la cual no es procedente adoptar una decisión
judicial que supone disponer sobre los mismos efectos y la parte demandante no hizo
ninguna petición sobre este punto.
E. - La nulidad del contrato por objeto ilícito
10.- Contrario a lo indicado por el tribunal, no es viable aplicar la Ley 80 de 1993 para
analizar la nulidad del contrato en virtud del artículo 3º2 de la Ley 685 de 2001 (Código
de Minas), tal como lo ha indicado esta Subsección3. No obstante, el contrato adolece
parcialmente de nulidad por objeto ilícito en los términos de los artículos 1519 y 1741 4 del
Código Civil. Tal y como lo señaló el tribunal en la sentencia de primera instancia, está
probado que hay un traslapo entre el área del contrato con un distrito de manejo
integrado.
11.- En efecto, el artículo 34 de la Ley 685 de 2001 estableció una prohibición para
adelantar actividades de exploración o explotación en zonas de reserva forestales, así:
<<ARTÍCULO 34. ZONAS EXCLUIBLES DE LA MINERÍA. No podrán ejecutarse trabajos
y obras de exploración y explotación mineras en zonas declaradas y delimitadas
conforme a la normatividad vigente como de protección y desarrollo de los recursos
naturales renovables o del ambiente y que, de acuerdo con las disposiciones legales
sobre la materia, expresamente excluyan dichos trabajos y obras.
Las zonas de exclusión mencionadas serán las que se constituyan conforme a las
disposiciones vigentes, como áreas que integran el sistema de parques nacionales
naturales, parques naturales de carácter regional y zonas de reserva forestales. Estas
zonas para producir estos efectos, deberán ser delimitadas geográficamente por la
autoridad ambiental con base en estudios técnicos, sociales y ambientales con la
colaboración de la autoridad minera, en aquellas áreas de interés minero>>.
12.- Los distritos de manejo integrado hacen parte de las zonas declaradas y delimitadas
como zonas de protección y desarrollo de recursos naturales renovables indicadas en el
2<<Artículo 3°. Regulación completa. Las reglas y principios consagrados en este Código desarrollan los mandatos del
artículo 25, 80, del parágrafo del artículo 330 y los artículos 332, 334, 360 y 361 de la Constitución Nacional, en relación
con los recursos mineros, en forma completa, sistemática, armónica y con el sentido de especialidad y de aplicación
preferente. En consecuencia, las disposiciones civiles y comerciales que contemplen situaciones y fenómenos
regulados por este Código, sólo tendrán aplicación en asuntos mineros, por remisión directa que a ellos se haga en
este Código o por aplicación supletoria a falta de normas expresas>>.
3Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 9 de julio de 2021, exp. 57228. En el mismo sentido,
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de julio de 2021, exp. 56001.
4<<ARTICULO 1519. Hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público de la nación. Así, la promesa
de someterse en la república a una jurisdicción no reconocida por las leyes de ella, es nula por el vicio del objeto>>.
<<ARTICULO 1741. La nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la nulidad producida por la omisión de algún
requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la
naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas>>.
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Radicado: 25000-23-36-000-2013-01794-01 (56414)
Demandante: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR-
artículo anterior. Por esto, esta Subsección ha indicado que <<el artículo 34 sí prohíbe
adelantar actividades de minería en distritos de manejo integrado>>5.
13.- En este caso está probado que el Acuerdo 43 del 3 de diciembre de 1999 declaró
como <<Distrito de Manejo Integrado los terrenos ubicados dentro del globo localizado
en el sector Salto del Tequendama-Cerro Manjui, con un área total de 10.422 ha (…)>>.
Ese Acuerdo fue publicado en el Diario Oficial No. 43.823 del 20 de diciembre de ese
año, es decir, con anterioridad a la celebración del Contrato IK9-16053: éste se celebró
el 12 de enero de 20106.
14.- Finalmente, está demostrado que el distrito de manejo integrado cuenta con un
traslapo <<correspondiente al 66,2%, 673, 56 hectáreas>>7, conforme al dictamen
pericial practicado en el proceso. Por lo anterior, el Contrato IK9-16053 adolecería de
nulidad parcial en el área donde se encontraba delimitado el distrito de manejo integrado,
pues claramente se desconoció la prohibición del artículo 34 del Código de Minas.
F.- La renuncia al contrato y sus efectos
15.- A pesar de lo anterior, para la Sala no es posible pronunciarse sobre la validez del
contrato de concesión, porque en el expediente está acreditado que el concesionario
renunció al contrato y, como consecuencia de lo anterior, la entidad concedente expidió
la Resolución 000452 del 9 de mayo de 2014, por medio de la cual decidió lo siguiente:
<<ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar la renuncia presentada por la sociedad CONCRETOS
ARGOS S.A., titular del Contrato de Concesión No. IK9-16053, por lo expuesto en la parte
motiva de este acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, declarar la terminación del
Contrato de Concesión No. IK9-16053, suscrito entre la AGENCIA NACIONAL DE
MINERÍA – ANM y la sociedad CONCRETOS ARGOS S.A., identificada NIT 830350697-
4, por las razones expuestas en las consideraciones de la presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO: Ejecutoriado y en firme el presente proveído, remítase el
expediente al Grupo de Catastro y Registro Minero con el gin de que se lleve a cabo la
respectiva anotación de lo dispuesto en el artículo primero y segundo de la presente
resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 334 de la Ley 685 de 2001,
previa desanotación del área del sistema gráfico>>.
16.- El efecto de la renuncia aceptada del contrato es darlo por finalizado, punto en el
cual el artículo 1625 del Código Civil dispone:
<<ARTICULO 1625. Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las
partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla
por nula.
5Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de julio de 2021, exp. 56001. En el mismo
sentido, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 3 de agosto de 2020, exp. 58710, C.P.
Alberto Montaña Plata.
6Fl. 81 del Cuaderno 1.
7Fl. 239 del Cuaderno 3.
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Las obligaciones se extinguen además en todo o en parte:
(…)
8o.) Por la declaración de nulidad o por la rescisión.>>
17.- En la medida de que el efecto de la anulación de un contrato de tracto sucesivo es
darlo por terminado, es claro que la consecuencia legal de esta determinación es similar
a la que se genera cuando el contrato finaliza de esta forma, por el común acuerdo de
las partes. Esto es concordante con lo dispuesto en el artículo 1602 del Código Civil
conforme con el cual <<Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los
contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas
legales>>.
17.1.- En consecuencia, carece de objeto que la Sala se pronuncie sobre la nulidad de
un contrato que está terminado: la extinción de las obligaciones ya operó por otra causal
de terminación del vínculo jurídico y ella fue regulada por un acto administrativo en firme.
18.- De otra parte, también es claro que la nulidad genera la terminación de un contrato
de tracto sucesivo y la decisión que en tal sentido se profiere solo tiene efectos hacia el
futuro, en la medida en que, dadas la naturaleza propia de tal contrato, no es posible
volver las cosas al estado en que se encontraban antes de la iniciación del contrato.
18.1.- Sobre este punto la doctrina señala:
<<Procura la ley que el negocio desaparezca por completo, que se borren los rastros
dejados, que todo nexo directo e indirecto entre las partes se quebrante, al punto de
enumerarse el fallo de nulidad dentro de los medios extintivos de las obligaciones (art.
1625 [8º] c. c.). Solo que, por una parte, la eficacia del fenómeno rebasa la sola
terminación de los créditos, y que, por otra, en ocasiones, la firmeza de los hechos
ocurridos en el entretanto supera cualquier aspiración legislativa de eliminación, por lo
cual los efectos de la nulidad no pueden retrotraerse y ella será acatada apenas
hacia el futuro. (…) La cesación de efectos pendientes no ofrece dificultad, hasta allí
llegaron las consecuencias de un negocio que se eliminó. Pero, en cuenta a los hechos
cumplidos, ¿qué hacer? (…) Escollo que no es insuperable para la realización de los fines
normativos, que, como en las demás situaciones análogas, se logrará indirectamente, por
medio de un equivalente o del subrogado pecuniario. La tendencia en general ha sido la
de la retroactividad a todo trance, pero a la vez con mayor tolerancia del efecto ex nunc
en los contratos de ejecución sucesiva y, en especial, frente a las prestaciones de
hacer, y más en las de no hacer.
En los contratos de ejecución sucesiva las restituciones están en entredicho, en particular
las que corresponden a las prestaciones de hacer. (…) No hay allí posibilidad de deshacer
o de desandar. Frente a esta situación, la respuesta elemental ha sido la de reducir los
efectos de la nulidad a la eliminación del vínculo y dar por extinguidas las obligaciones
pendientes (…).
En los negocios de tracto sucesivo, imagínese, por vía de ejemplo, la nulidad de un
contrato de trabajo (…): frente a la orden de volver las cosas al estado que presentaban
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Radicado: 25000-23-36-000-2013-01794-01 (56414)
Demandante: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR-
con anterioridad a la relación laboral se yerguen los hechos consumados y no susceptibles
de destrucción. (…)8>>
19.- Así las cosas, es claro que la pretensión de anular un contrato que ya está terminado
carece de objeto. Tal y como lo señala Francesco Carnelutti, <<c) La cosa demandada
es, a su vez, el objeto del litigio, es decir el bien contendido (…) que por cosa demandada
no quepa, en cambio, entender la pretensión, que forma el contenido de la demanda (…)
donde precisamente se distinguen la cosa demandada y las conclusiones de la demanda,
las cuales compendian las razones de la pretensión9>>. Y si la cosa demandada, que es
la anulación de un contrato, no puede impetrarse porque ya el contrato no existe, es claro
que la pretensión no tiene objeto.
20.- La necesidad de pronunciarse sobre la anulación de un contrato no puede tratarse
de la misma manera como la jurisprudencia trata la anulación de un acto administrativo
de carácter general que ya ha sido derogado. En estos casos, se ha señalado que de
todos modos es necesario anularlo porque es posible que haya producido efectos
mientras estuvo vigente. La ley regula especialmente lo relativo a los efectos producidos
por el contrato que se anula, razón por la cual son sus disposiciones las que deben
aplicarse en tal caso. Cuando el juez se pronuncia sobre un contrato particular y concreto,
si está probado que dejó de producir efectos legales porque se aceptó la renuncia, no es
procedente hacer ningún pronunciamiento sobre sus efectos.
21.- En la sentencia de primera instancia se indicó que la nulidad procede porque no se
dispuso la entrega del bien. Este asunto no fue solicitado y no fue planteado en el
proceso. Si este fuera el objeto de discusión, se tendría que haber demandado el acto en
el que la ANM aceptó la renuncia.
22.- En todo caso, la restitución del área otorgada en concesión está regulada
expresamente en el artículo 108 del Código de Minas para los casos de terminación
anticipada del contrato.
<<Artículo 108. Renuncia. El concesionario podrá renunciar libremente a la concesión y
retirar todos los bienes e instalaciones que hubiere construido o instalado, para la
ejecución del contrato y el ejercicio de las servidumbres. Se exceptúan los bienes e
instalaciones destinadas a conservar o manejar adecuadamente los frentes de
explotación y al ejercicio de las servidumbres y a las obras de prevención,
mitigación, corrección, compensación, manejo y sustitución ambiental. Para la
viabilidad de la renuncia será requisito estar a paz y salvo con las obligaciones exigibles
al tiempo de solicitarla. La autoridad minera dispondrá de un término de treinta (30) días
para pronunciarse sobre la renuncia planteada por el concesionario, término que al
vencerse dará lugar al silencio administrativo positivo. De la renuncia se dará aviso a la
autoridad ambiental.>>
8Hinestrosa, Fernando. Tratado de las Obligaciones, Tomo II, volumen II. De las fuentes de las obligaciones: el negocio
jurídico. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2015, pp. 796 a 799.
9Carnelutti, Francesco. Instituciones de derecho procesal civil. México: Oxford University Press, 1999, p. 138.
10
Radicado: 25000-23-36-000-2013-01794-01 (56414)
Demandante: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR-
23.- En el artículo anterior el legislador reguló los efectos de la extinción temprana del
contrato de concesión minera: como el concesionario asume las obligaciones por su
cuenta y riesgo10, no debe restituir bienes a la entidad contratante. La principal
consecuencia es que retire los bienes e instalaciones que hubiera construido para la
ejecución del contrato. No obstante, la norma expresamente establece que ello no
procede (i) frente a los bienes e instalaciones para el ejercicio de las servidumbres y para
conservar o manejar los frentes explotación y (ii) para las obras de prevención, mitigación,
corrección, compensación, manejo y sustitución ambiental.
24.- En este caso, mal haría el juez en modificar los efectos que el legislador estableció
para regular las consecuencias de la terminación de un contrato de tracto sucesivo. Sobre
todo, teniendo en cuenta que, en el presente caso, la pretensión de nulidad pretende
justamente garantizar la integridad del medio ambiente11.
25.- Este aspecto está protegido por los efectos especiales de la renuncia porque ella
impone realizar <<las obras de prevención, mitigación, corrección, compensación,
manejo y sustitución ambiental>>. En ese sentido, la Resolución 000452 requirió <<a la
sociedad CONCRETOS ARGOS S.A., titular del Contrato de Concesión No. IK9-16053,
la presentación de la póliza minero-ambiental vigente y constituida por tres (3) años más,
de conformidad con el artículo 280 de la Ley 685 de 2001, para lo cual se le concede el
término de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente
providencia>>.
G.- Costas
26.- Teniendo en cuenta que en el proceso se ventiló un interés público, la Sala se
abstendrá de condenar en costas a la parte vencida, de conformidad con lo previsto en
el artículo 188 del CPACA.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVÓCASE la sentencia proferida el 29 de octubre de 2015 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, conforme a lo expuesto en la parte motiva. En su lugar,
la Sala, por las razones expuestas en la parte motiva se INHIBE de pronunciarse sobre
las pretensiones de la demanda.
10”Artículo 45. Definición. El contrato de concesión minera es el que se celebra entre el Estado y un particular para
efectuar, por cuenta y riesgo de este, los estudios, trabajos y obras de exploración de minerales de propiedad estatal
que puedan encontrarse dentro de una zona determinada y para explotarlos en los términos y condiciones establecidos
en este Código. Este contrato es distinto al de obra pública y al de concesión de servicio público.”
11Adicionalmente, en este caso, no hubo frentes de explotación, pues en el acto de aceptación de la renuncia se indicó
que el contrato se encontraba en etapa de exploración.
11
Radicado: 25000-23-36-000-2013-01794-01 (56414)
Demandante: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR-
SEGUNDO: ABSTIÉNESE de condenar en costas.
TERCERO: DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento, una
vez ejecutoriada esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con salvamento de voto
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
12
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