Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2013-02102-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2013-02102-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2013-02102-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas
5 de diciembre de 2022
Radicado: 25000-23-36-000-2013-02102-01 (53996)
Actor: E.S.E- Municipio de Sibaté
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá, D.C., cinco (05) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Radicado número: 25000-23-36-000-2013-02102-01 (53996)
Demandante: Empresa Social del Estado de Primer Nivel de Atención
Sibaté (E.S.E- Municipio de Sibaté)
Demandado: Departamento de Cundinamarca — Secretaría de Salud
Departamental —
Referencia: Medio de control de reparación directa
Tema: Responsabilidad del Estado por daño causado con ocasión de una visita de control y
vigilancia a empresas prestadores del servicio de salud. Subtema 1: Medio de control procedente.
Adecuación. Subtema 2: Caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho — acreditada.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca el 25 de febrero de 2015, que negó las pretensiones de la
demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El Concejo Municipal de Sibaté, a través del acuerdo No. 05 de 2009, creó la
Empresa Social del Estado de Primer Nivel de Atención Sibaté, en adelante E.S.E
• Municipio de Sibatél, para la prestación de servicios de salud definidos en el
Sistema General de Seguridad Social. El 23 de diciembre de 2010, la E.S.E-
Municipio de Sibaté presentó formulario de inscripción en el Registro Especial de
Prestadores de Servicios de Salud (en adelante REPSS). El 29 de diciembre de
2010, la Dirección de Desarrollo de Servicios del departamento de Cundinamarca
emitió concepto en el que indicó que la institución no cumplía con los requisitos
legales necesarios para la inscripción. El 2 de septiembre de 2011, en visita
realizada por la Secretaría de Salud de Cundinamarca a la E.S.E- Municipio de
Sibaté para verificar las condiciones de habilitación, la dependencia
departamental referida impuso medida sanitaria de seguridad consistente en la
suspensión total de carácter temporal de los servicios de salud prestados por la
ESE, porque no se encontraba registrada en el REPSS. La empresa social
demandante solicita la reparación del daño derivado de la ejecución de la medida
sanitaria que estima constitutiva de una operación administrativa.
II. ANTECEDENTES
I El concejo del municipio de Sibaté, a través del artículo 2 del acuerdo municipal No. 05 de 2009,
"por medio del cual se crea la Empresa Social del Estado Municipio de Sibaté", estableció:
"ARTICULO 2. Denominación: Habrá una Institución Prestadora de los Servicios de Salud en el
municipio de Sibaté, que funcionará como Empresa Social del Estado (ESE) del orden
descentralizado, adscrita al municipio de Sibaté, se denominará "EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN SIBATÉ" y se distinguirá con la sigla "E.S.E-
MUNICIPIO DE SIBATÉ", como en adelante a lo largo de este Acuerdo se designará".
Radicado: 25000-23-36-000-2013-02102-01 (53996)
Actor: E.S.E- Municipio de Sibaté
2.1. La demanda
La demanda presentada por la ESE- Municipio de Sibaté el día 29 de noviembre
de 20132 pretende que se declare administrativamente responsable al
departamento de Cundinamarca por "la OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
ejecutada contra la Empresa Social del Estado de 1er Nivel de Atención Municipio
de Sibaté (...) realizada el día dos (2) del mes de septiembre del año 2011, en
cumplimiento de la Programación de Visitas determinada por la Oficina de
Vigilancia, Inspección y Control de la Secretaría de Salud de Cundinarnarca"3.
Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó que se condene a la
entidad demandada al pago de los perjuicios materiales, en las modalidades de
lucro cesante y daño emergente4, que le fueron causados por la operación
administrativa.
2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en auto del 3 de febrero de 2014, 6
inadmitió la demanda para que la parte actora precisara la fuente del daño que
sustentaba las pretensiones reparatorias6. Mediante auto del 12 de mayo de 2014,
el tribunal dispuso la admisión de la demanda al constatar que la demandante
subsanó la inconsistencia en las pretensiones, con la precisión de que no
revisaría "la legalidad de los actos administrativos implicados en la aludida
operación adrninistrativa"7. El auto admisorio de la demanda fue notificado en
debida forrna6 y el término de traslado de la demanda corrió de conformidad con
lo previsto en la ley.
La Secretaría de Salud de Cundinamarca presentó escrito de contestación de la
demanda, en el que propuso la excepción previa denominada "dársele a la
demanda el trámite de un proceso diferente al que corresponde", bajo el
argumento de que las pretensiones no debían presentarse en ejercicio del medio
de control de reparación directa, sino por el medio de control nulidad y
restablecimiento del derecho, porque la imposición de la medida sanitaria de
seguridad se realizó a través de un acto administrativog.
2.3. Audiencia inicial y sentencia de primera instancia
2 De acuerdo con el sello de recibido de la Secretaría de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, visible a folio 12 del cuaderno 1.
3 Pretensión No. 1 del escrito de demanda, visible a folio 2 del cuaderno 1.
4 Pretensiones No. 2 y 3 del escrito de demanda, visible a folio 2 del cuaderno 1.
Folio 15 del cuaderno 1.
Al respecto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca expuso:
"C..) el despacho encuentra que según los hechos de la demanda, por medio del acta HA-0961-11
del 2 de septiembre de 2011, dentro de la visita de inspección de la Secretaría de Salud de
Cundinamarca se impuso medida de [sic] sanitaria por no hallarse en el registro llamado REPSS de
la misma secretaría, de tal forma que no es claro el planteamiento relativo a la procedencia de la
reparación directa, cuando se evidencia que el aludido daño tendría origen en un acto
administrativo. Por lo tanto, el demandante deberá precisar cuál es la fuente del daño, para dar
cumplimiento al artículo 162.3 de la Ley 1437 de 2011 que se refiere a los 'hechos y omisiones que
sirvan de fundamento a las pretensiones (... )'
Lo anterior se evidencia aún más si se tiene en cuenta que conforme al artículo 138 del CPACA los
actos administrativos deben atacarse por la vía de la nulidad y restablecimiento del derecho".
7 Folios 19 y 20 del cuaderno 1.
e Folios 21-27 del cuaderno 1.
9 Folios 28-32 del cuaderno 1.
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Radicado: 25000-23-36-000-2013-02102-01 (53996)
Actor: E.S.E- Municipio de Sibaté
El 25 de febrero de 2015, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca celebró la
audiencia inicial prevista en el artículo 180 del CPACA1°. En el trámite de dicha
audiencia, el a quo: (i) negó la excepción previa formulada por la parte
demandada, que enrostró un reproche frente a la procedencia del medio de control
de reparación directa, dado que el demandante insistió en que el daño fue
causado por una operación administrativa por la ejecución de un acto
administrativo; de ahí que, todas las cuestiones relativas a la legalidad de dicho
acto administrativo se tuvieron por excluidas de objeto de estudio en el presente
procesoll; y (ii) fijó el litigio en los siguientes términos:
"Con independencia del examen respecto de la legalidad del acto
administrativo de la Secretaría de Salud de Cundinamarca, que negó la
habilitación de los servicios de salud prestados por la ESE demandante, debe
la Sala establecer si se declara la responsabilidad patrimonial del departamento
de Cundinamarca — Secretaría de Salud — por la aludida operación
administrativa relacionada con esa decisión"2.
La parte actora manifestó estar de acuerdo con la fijación del litigio que hizo el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, puesto que, a su juicio, se sustentó en
el hecho de "si estaba inscrita o no la demandante en los términos del artículo 13
del Decreto 1011 de 2006 para buscar la responsabilidad patrimonial de la
Secretaría de Salud"13. Sin embargo, en razón de esta afirmación, el juzgador de
primera instancia le aclaró que no se analizaría la legalidad de los actos
administrativos proferidos por la entidad demandada, ya que esta pretensión debía
tramitarse por la vía del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, y, en consecuencia, le correspondía establecer "si se declara la
responsabilidad del departamento de Cundinamarca porque faltó a sus deberes
jurídicos en razón de la operación administrativa derivada de ese acto"14;
planteamiento que fue aceptado por el apoderado de la ESE demandante.
Una vez establecido el problema jurídico a resolver en el presente caso, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda,
de conformidad con las siguientes consideraciones15:
La E.S.E- Municipio de Sibaté fue creada mediante el Acuerdo No. 005 del 5 de
marzo de 2009, proferido por el Consejo Municipal de Sibaté.
La Secretaría de Salud de Cundinamarca, en comunicación del 23 de diciembre
de 2010, con la que dio respuesta a la solicitud de inscripción presentada por la
E.S.E de Primer Nivel de Atención de Sibaté, estableció:
"Radicada su solicitud de inscripción, de encontrarse el formulario y soportes
conforme a las normas, se expedirá constancia de habilitación e inscripción, de
lo contrario, un acta de revisión donde se señalan las observaciones a cumplir
para culminar el proceso".
Este documento, según la argumentación de la parte demandante, implicaba la
inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud
1° El acta de la audiencia obra a folios 104-106 del C.ppal, en tanto que el CD de la audiencia obra
a folio 103 del mismo cuaderno.
11 Argumentación que obra en los minutos 04:45-12:40 del CD de la audiencia inicial.
12 Hora/minisegundo: 15:30-16:00 del CD de la audiencia inicial.
13 Hora/min/segundo: 16:08-16:32 del CD de la audiencia inicial.
14 Hora/min/segundo: 16:32-17:45 del CD de la audiencia inicial.
15 Hora/min/segundo: 38:05-52:06 del CD de la audiencia inicial.
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Radicado: 25000-23-36-000-2013-02102-01 (53996)
Actor: E.S.E- Municipio de Sibaté
(REPSS), sin embargo, por medio de acta del 29 de diciembre de 2010, la
Secretaría de Salud de Cundinamarca le señaló a la ESE que no cumplía con los
requisitos legales para la inscripción, porque debía presentar un concepto del
Ministerio de la Protección Social para operar como Empresa Social del Estado.
La Secretaría de Salud de Cundinamarca, en oficio del 17 de febrero de 2011,
negó a la E.S.E- Municipio de Sibaté la solicitud de registro, la certificación de
habilitación y la entrega de distintivos para la prestación de servicios de salud,
decisión que, según lo afirman las partes16, fue reiterada en oficio del 14 de marzo
de 2011.
Así las cosas, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca concluyó que la
solicitud de inscripción y/o habilitación presentada por la E.S.E- Municipio de
Sibaté fue resuelta a través del oficio proferido por la Secretaría de Salud de
Cundinamarca, el 17 de febrero de 2011; acto administrativo cuya legalidad no es
objeto de estudio en el presente caso, de conformidad con la fijación del litigio.
Posteriormente, el 2 de septiembre de 2011, la Secretaría de Salud de
Cundinamarca realizó visita de inspección a la ESE demandante, a quien le
impuso medida sanitaria de seguridad de carácter preventivo consistente en la
suspensión de todos los servicios prestados por esa institución.
Frente a este hecho, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en aras de
establecer si hubo un desequilibrio de las cargas públicas o si la Secretaría de
Salud de Cundinamarca violó sus deberes jurídicos en el desarrollo de esa visita,
analizó el cumplimiento del marco normativo que contiene la facultad de imponer
la medida sanitaria de seguridad antes referida, encontrando lo siguiente:
El artículo 576 de la Ley 9 de 1979 establece que podrá aplicarse, como medida
de seguridad encaminada a proteger la salud pública, la suspensión total o parcial
de trabajos o de servicios. Medida que, de acuerdo con' lo previsto en el parágrafo
del mismo artículo, será de ejecución inmediata, tendrá carácter preventivo y
transitorio, y se aplicará sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.
Por su parte, el Decreto 2240 de 1996 prescribe que la suspensión total o parcial
de trabajos o servicios es una medida de seguridad [artículo 13], que consiste en
la orden de cese de las actividades o servicios en un establecimiento o institución
prestadora de servicios de salud, cuando con ellos se estén violando las
disposiciones previstas en las normas sanitarias [artículo 15], y cuyo objeto es
prevenir e impedir que la concurrencia de un hecho o la existencia de una
situación atenten contra la salud de las personas [artículo 10]. Además, esta
medida es de ejecución inmediata, tiene carácter preventivo y transitorio, se aplica
sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar [artículo 11], y surte efectos
inmediatos, ya que contra ella no procede recurso alguno y no requiere
formalidades especiales [artículo 12].
El Consejo de Estado, en sentencia del 6 de abril de 200017, en la que analizó la
legalidad de los artículos 12 y 13 del Decreto 2240 de 1996, se pronunció sobre
las medidas de seguridad, en los siguientes términos:
16 Dado que este documento no fue aportado al presente expediente.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 6 de abril de
2000. Expediente No. 5397.
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Radicado: 25000-23-36-000-2013-02102-01 (53996)
Actor: E.S.E- Municipio de Sibaté
"[D]ebe tenerse en cuenta que las medidas de que tratan los artículos 10 y
siguientes del Decreto núm. 2240 de 1996, dentro de los cuales se encuentran los
demandados en nulidad, no son sanciones, como lo señala el demandante, sino
medidas policivas que deben adoptarse y aplicarse en forma inmediata para
impedir, evitar o suspender hechos que ponen o puedan poner en peligro la salud
de los habitantes. Son eminentemente transitorias y preventivas y pueden dar
lugar, luego de surtido el trámite correspondiente, a la imposición de sanciones".
De acuerdo con las anteriores consideraciones, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca concluyó que, en el caso concreto, no hubo un desequilibrio de las
cargas públicas frente a la E.S.E- Municipio de Sibaté, "puesto que previamente
mediaba un acto administrativo que había definido la solicitud de inscripción, en el
cual claramente la negaban, indicaban la razón y ese acto no fue materia de
demanda". Así mismo, encontró que la medida no excedió las normas que regulan
su imposición, dado que la entidad únicamente tenía la carga de motivar la
decisión y proceder a ejecutarla de forma inmediata, como lo hizo la Secretaría de
Salud de Cundinamarca. Por último, aclaró que el trámite de imposición de una
medida de seguridad no es igual al trámite sancionatorio propiamente dicho,
procedimiento que, de conformidad con los alegatos del demandante, se realizó
con posterioridad a la suspensión total de los trabajos o servicios de salud de la
ESE.
2.4. El recurso de apelación
La E.S.E- Municipio de Sibaté, por medio de escrito fechado el 10 de marzo de
201518, interpuso recurso de apelación contra la sentencia denegatoria de las
pretensiones con los siguientes argumentos:
1. Según sentencia C-953/07, proferida por la Corte Constitucional, no se
requiere de concepto favorable del Ministerio de Salud y Protección Social
para la creación de una ESE.
2. La E.S.E- Municipio de Sibaté cumplió con todos los requisitos previstos
en el Decreto 1011 del 3 de abril de 2006, necesarios para su habilitación
como prestador de servicios de salud, y, de conformidad con el artículo 23
del mismo decreto, la Secretaría de Salud de Cundinamarca no tenía la
facultad para negar dicha habilitación.
3. La E.S.E- Municipio de Sibaté se encontraba inscrita y habilitada para la
prestación de servicios de salud" y por ello la Secretaría de Salud
departamental realizó la revisión de los soportes entregados con la solicitud
de inscripción en el REPSS (artículo 13, inciso 2, del Decreto 1011 de
2006). Por lo tanto, la visita realizada por la Secretaría de Salud debía
centrarse únicamente en la verificación de las condiciones exigibles a los
prestadores de servicios de salud en los aspectos relacionados con las
condiciones de capacidad técnico-administrativa y de suficiencia
patrimonial y financiera, pero estos aspectos no fueron valorados en la
diligencia (artículo 19 ejusdem).
4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca erró al establecer que el
oficio proferido por la Secretaría de Salud de Cundinamarca, el 14 de
marzo de 2011, es el acto administrativo que generó la operación
la Folios 107-113 del C.ppal.
19 Como lo demuestra el hecho de que le fue asignado el código de habilitación
No. 257400228501.
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Radicado: 25000-23-36-000-2013-02102-01 (53996)
Actor: E.S.E- Municipio de Sibaté
administrativa objeto de reproche. Esto, en razón a que: (i) el acto
administrativo antes referido no fue objeto de debate, ya que no fue
decretado como prueba y debe ser inaplicado en la sentencia de segunda
instancia; y (ii) el acto administrativo en el que se fundó la visita de
verificación del cumplimiento de las condiciones para la habilitación es el
Decreto 1011 de 2006, norma cuya legalidad no se atacó.
5. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, "NO SE OCUPA DEL
ASUNTO que el demandante pretende sea definido por la jurisdicción, (...)
se dedica en cambio es a justificar la operación administrativa, lo cual
NUNCA ha sido objeto de censura por parte de la demandante en lo
referente a la competencia para realizarla (...) Ic que se ataca es QUE LA
SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA haya impuesto a la ESE
una medida sanitaria de seguridad por no estar inscrita, LO CUAL ES
FALSO, ya que la E.S.E- MUNICIPIO DE SIBATÉ, SÍ SE ENCONTRABA
INSCRITA, como está PROBADO (...)".
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en auto del 8 de abril de 20152°,
concedió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia de primera instancia.
2.5. Trámite relevante en segunda instancia
Esta Corporación, en auto del 11 de junio de 201521, admitió el recurso de
apelación interpuesto por la E.S.E- Municipio de Sibaté contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 25 de febrero de 2015.
La parte actora, con escrito radicado el 19 de junio de 201522, solicitó el decreto
de las siguientes pruebas en segunda instancia: (i) el auto No. 2014337747 del
7 de octubre de 2014, expedido por la Dirección de Inspección, Vigilancia y
Control de la Secretaría de Salud de Cundinamarca; y (ii) el oficio No. 213356 del
13 de julio de 2009, proferido por el Ministerio de la Protección Social. Aunado a lo
anterior, pidió que se decretaran las pruebas testimoniales solicitadas en el escrito
de demanda, que fueron negadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Esta Corporación, a través de auto del 7 de octubre de 201523, accedió a la
solicitud de decreto de pruebas frente a los documentos aportados por la parte
actora, pero la denegó en relación con los testimonios.
Finalmente, por auto del 24 de febrero de 201624, corrió traslado a las partes, para
que presentaran alegatos de conclusión, y al Ministerio Público, para que
rindiera concepto de fondo. Así lo hicieron la E.S.E- Municipio de Sibaté25 y la
Secretaría de Salud de Cundinamarca26, en tanto que la Procuraduría General de
la Nación guardó silencio. La E.S.E- Municipio de Sibaté reiteró los argumentos
expuestos en el recurso de apelación y añadió que el auto proferido por la
Secretaría de Salud de Cundinamarca el 7 de octubre de 2014, por medio del cual
decidió no abrir tramite sancionatorio, da cuenta de la ilegalidad de la operación
administrativa objeto de reproche, pues ni siquiera se formuló pliego de cargos
2° Folio 115 del C.ppal.
21 Folio 124 del C.ppal.
22 Folio 125 del C.ppal.
23 Folios 135-138 del C.ppal.
24 Folio 140 del C.ppal.
25 Folios 141-145 del C.ppal.
28 Folios 146-150 del C.ppal.
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Radicado: 25000-23-36-000-2013-02102-01 (53996)
Actor: E.S.E- Municipio de Sibaté
que diera inicio al procedimiento, circunstancia que impidió el ejercicio del derecho
de defensa frente a la medida sanitaria de seguridad. Por su parte, la Secretaría
de Salud de Cundinamarca argumentó que la ESE insistió en cuestionar la
legalidad de los actos administrativos proferidos por esa dependencia, a pesar de
que la fijación del litigio se circunscribió a determinar el daño causado con una
presunta operación administrativa.
Ill. HECHOS PROBADOS
3.1. El Concejo Municipal, de Sibaté (Cundinamarca), por medio de acuerdo No.
05 de 2009, creó la Empresa Social del Estado de Primer Nivel de Atención
Sibaté, "E.S.E- Municipio, de Sibaté", con el objeto de cumplir las funciones,
actividades y acciones inherentes a la prestación de servicios de salud definidos
en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)27.
3.2. La Secretaría Jurídica de la Gobernación de Cundinamarca, de conformidad
con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 305 de la Constitución Política29,
presentó observaciones en contra del acuerdo No. 05 de 2009 y lo remitió al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que decidiera sobre su validez.
3.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en proveído del 10 de
septiembre de 2009, declaró infundadas las observaciones presentadas en contra
del acuerdo No. 05 de 2009 expedido por el Concejo Municipal de Sibaté29.
3.4. La Dirección General de Calidad de Servicios del Ministerio de la Protección
Social, por medio de oficio fechado el 13 de julio de 2009, informó al alcalde
municipal de Sibaté que "no es competencia del Ministerio de la Protección
Social emitir conceptos para el funcionamiento de las ESE"39.
3.5. El 23 de diciembre de 2010, la E.S.E- Municipio de Sibaté presentó el
formulario de inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de
Salud31. En la misma fecha, la Secretaría de Salud de Cundinamarca emitió el
comprobante de recepción del formulario identificado con el radicado No. 07815,
en el que indicó:
"Me informa que de encontrarse el formulario y los documentos soporte conforme
a lo establecido en las normas legales vigentes se procederá a expedir la
constancia de habilitación e inscripción en el Registro de Prestadores, si usted lo
solicita, en el cual consta que se considera habilitado para ofrecer y prestar los
servicios declarados. De lo contrario, se expedirá un acta de revisión donde se
señalarán las observaciones a cumplir para culminar el proceso.
La radicación no implica que el prestador cumpla con los requisitos exigibles en
las normas legales vigentes, situación que posteriormente será verificada por la
Dirección de Vigilancia y Control"32.
3.6. La Dirección de Desarrollo de Servicios de la Secretaría de Salud de
Cundinamarca, a través de acta fechada el 29 de diciembre de 201033, revisó los
27 Folios 5-15 del cuaderno de pruebas.
28 "Articulo 305. Son atribuciones del gobernador:
"C..) 10. Revisar los actos de los concejos municipales y de los alcaldes, y por motivos de
inconstitucionalidad o ilegalidad, remitirlos al Tribunal competente para que decida sobre su validez (...)".
29 Folios 16-41 del cuaderno de pruebas.
3° Folio 132 del C.ppal.
31 Folios 53-55 del cuaderno de pruebas.
32 Folio 56 del cuaderno de pruebas.
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Radicado: 25000-23-36-000-2013-02102-01 (53996)
Actor: E.S.E- Municipio de Sibaté
documentos presentados por la E.S.E- Municipio de Sibaté para la inscripción en
el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud del Sistema Unico de
Habilitación, y emitió el siguiente concepto de revisión:
"No cumple con los requisitos legales para realizar la inscripción en el Registro
Especial de Prestadores"
Como sustento de lo anterior, la entidad territorial indicó que la ESE debía
"presentar como requisitos para la inscripción de servicios: concepto del
Ministerio de la Protección Social para operar como Empresa Social del
Estado, adjuntando a ello los documentos de Representación Legal,
nombramiento del Representante Legal de la misma, copia del documento de
identidad. El prestador debe cumplir con lo establecido en las Normas Vigentes
para el caso".
3.7. La Secretaría de Salud de Cundinamarca realizó visita para la verificación de
condiciones de habilitación de la E.S.E- Municipio de Sibaté, el 2 de septiembre
de 2011. Con ocasión de la visita, impuso medida sanitaria de seguridad
consistente en la suspensión total de carácter temporal de los servicios de salud
prestados por la ESE, porque prestaba servicios "sin encontrarse legalmente
inscritos, toda vez que según lo comunicado al prestador mediante oficio DDS-
0417-2011 del 14 de marzo de 2011, se negó al prestador la solicitud de
registro, certificación de habilitación y entrega de distintivos. Lo anterior se
ratifica, teniendo en cuenta que según consulta realizada el día de hoy en el
registro especial de prestadores de servicios de salud del ministerio de la
protección social, el prestador no se encuentra inscrito ni registrado como
institución prestadora de servicios de salud"34. En la diligencia de visita, la
Secretaría de Salud de Cundinamarca y la E.S.E- Municipio de Sibaté
suscribieron el acta general No. 2619-11, en la que el gerente de la ESE expuso
los reparos frente a la medida en el sentido de indicar que "acata la decisión
adoptada, pero no está de acuerdo con la misma, toda vez que el fundamento de
la anterior imposición es por no estar registrado en el Ministerio de Protección
Social en el REPSS (...)". Lo anterior porque, a su juicio, la ESE se encontraba
registrada y habilitada para la prestación de los servicios de salud que ofertaba35.
Finalmente, el gerente de la ESE demandante solicitó"que la presente acta sea
revisada por los organismos de vigilancia y control del Estado (Super Salud, Min
Protección Social, Procuraduría General de la Nación, Oficina Anticorrupción de la
Presidencia, la Fiscalía General de la Nación), para que procedan en lo que
corresponde".
3.8. La Secretaría de Salud de Cundinamarca, por medio de auto fechado el 7 de
octubre de 2014, declaró la cesación del procedimiento administrativo
sancionatorio adelantado en contra de la E.S.E- Municipio de Sibaté, porque
encontró que "no se cuenta con los medios de prueba necesarios para demostrar
la responsabilidad del investigado, y a falta de estos, no puede este Despacho
proseguir una actuación administrativa con fines sancionatorios, sin las pruebas
suficientes para dictar una decisión de esa naturaleza"36.
IV. CONSIDERACIONES
33 Folios 51 y 52 del cuaderno de pruebas.
34 Folios 42 y 43 del cuaderno de pruebas.
35 Folios 44-47 del cuaderno de pruebas.
36 Folios 127-131 del C.ppal.
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Radicado: 25000-23-36-000-2013-02102-01 (53996)
Actor: E.S.E- Municipio de Sibaté
4.1. Presupuestos de la sentencia de mérito
La Sala es competente para conocer el presente proceso, en atención a lo
preceptuado por los artículos 12537, 15038, 152-63° y 15r° del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
Además, la Subsección encuentra satisfecho el presupuesto de legitimación en
la causa tanto por activa como por pasiva, toda vez que está demostrado que la
E.S.E- Municipio de Sibaté fue objeto de la visita de verificación de condiciones de
habilitación y de la medida de seguridad consistente en la suspensión total de
carácter temporal de los servicios de salud que prestaba, y el departamento de
Cundinamarca, a través de la Secretaría de Salud, fue la entidad territorial que
adelantó dichas actuaciones administrativas.
Ahora, antes de analizar el presupuesto relativo a la presentación oportuna de la
demanda, la Sala debe establecer cuál es el medio de control procedente en el
presente caso, de conformidad con las siguientes consideraciones:
4.1.1. Marco de juzgamiento en segunda instancia: medio de control
procedente, principio de congruencia y objeto del recurso de apelación
La jurisprudencia de esta Sección ha sostenido que el medio de control
procedente no depende de la voluntad o arbitrio del demandante41, pues "el
ordenamiento jurídico colombiano distinguió la procedencia de las acciones a
partir del origen del daño".
37 "Artículo 125. Será competencia del juez o Magistrado Ponente dictar los autos interlocutorios y de trámite,
sin embargo, en el caso de los jueces colegiados, las decisiones a que se refieren los numerales 1, 2, 3 y 4
del artículo 243 de este código serán de la sala, excepto en los procesos de única instancia. Corresponderá a
los jueces, las salas, secciones y subsecciones de decisión dictar las sentencias. Los autos que resuelvan los
recursos de súplica serán dictados por las salas, secciones y subsecciones de decisión con exclusión del
Magistrado que hubiere proferido el auto objeto de la súplica".
39 "Artículo 150, Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El
Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia".
39 CPACA. Artículo 152-6. "Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los tribunales
administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (...) De los de reparación directa,
inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de
quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.".
CPACA. Artículo 157. Competencia por razón de la cuantía. "Para efectos de la competencia, cuando sea del
caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la
estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ella pueda considerarse la estimación de
los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclaman."
En el caso bajo estudio el monto estimado de la cuantia por perjuicios materiales fue por más de
$3.500.000.000, cifra que superaba el equivalente a 500 smlmv para la fecha de presentación de la demanda
(29 de noviembre de 2013).
4° CPACA. Artículo 157. Competencia por razón de la cuantía. "Para efectos de la competencia, cuando sea
del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la
estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ella pueda considerarse la estimación de
los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclaman."
En el caso bajo estudio el monto estimado de la cuantía por perjuicios materiales ascendió a más de
$3.700.000.000, cifra que superaba el equivalente a 500 smlmv para la fecha de presentación de la demanda
(29 de noviembre de 2013).
41 Ver: (i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 3 de
diciembre de 2008. Expediente No. 16054; y (ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C. Auto del 2 de octubre de 2020. Radicación No. 50001-23-33-000-2016-
00050-01 (63938).
9
Radicado: 25000-2336-000-2013-02102-01 (53996)
Actor: E.S.E- Municipio de Sibaté
Así las cosas, el medio de control de reparación directa es el mecanismo judicial
idóneo para perseguir la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado
cuando el daño cuya reparación se pretende proviene de un hecho, omisión,
operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato o
un acto administrativo42, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 140 del
CPACA43.
Del mismo modo, la Sección ha reconocido la procedencia excepcional de la
acción o medio de control de reparación directa cuando el daño se deriva de un
acto administrativo, en los siguientes casos":
(i) Siempre que no se cuestione la legalidad del acto administrativo en el curso del
proceso, por cuanto reconoce que el ejercicio de la función administrativa ajustado
al ordenamiento jurídico puede generar un rompimiento del equilibrio de las cargas
públicas que deben soportar todos los ciudadanos, eventos en los que el titulo de
imputación utilizado ha sido el de daño especial por provenir los perjuicios de una
actividad lícita y legítima del Estado".
(ii) Cuando el daño proviene de la ejecución de aquél que ha sido objeto de
revocación directa o de anulación por esta jurisdicción siempre y cuando no se
haya consolidado la situación jurídica. Procede en estos casos pues el daño
causado a los administrados se torna antijurídico en el momento en que la
administración o la jurisdicción reconocen su ilegalidad y por tanto deciden retirarlo
del ordenamiento jurídico, desapareciendo el deber de los administrados de
soportarlo".
(iii) En caso de que el daño resulte de la ejecución irregular de un acto
administrativo, ya que en este evento se configura una operación administrativa
ilegal.
(iv) Cuando se causa un perjuicio con un acto preparatorio o de trámite, que, por
lo mismo, no es susceptible de demandarse en acción de nulidad y
restablecimiento del derecho47.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dio trámite a la demanda incoada por
la E.S.E- Municipio de Sibaté bajo el primero de los supuestos de procedencia
excepcional del medio de control de reparación directa antes expuestos, esto es,
con la condición de que no se cuestionara la legalidad del acto administrativo en el
42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del
22 de noviembre de 2021. Radicación No. 50001-23-31-000-2008-00447-01 (50247).
43 "Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona
interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión
de los agentes del Estado.
De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un
hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble por
causa de trabajos públicos o por cualquiera otra cosa imputable a una eritidad pública o a un particular que
haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma (.4".
44 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 17 de noviembre de 2016, Expediente:
68001-23-33-000-2015-00479-01(55349).
45 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 3 de abril de 2013, Expediente: 52001-
23-31-000-1999-00959-01(26437).
46 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Auto del veintisiete (27) de febrero de dos mil
diecinueve (2019). Expediente: 08001-23-33-000-2015-00721-01 (60161); Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, Sentencia del trece (13) de abril de dos mil trece (2013). Expediente: 52001-23-31-
000-1999-00959-01(26437); Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del siete (7) de julio de dos mil
cinco (2005), Radicado: 27842.
47 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del veintisiete (27) de abril de dos mil seis (2006).
Expediente: 19001-23-31-000-1996-07005-01 (16079).
10
Radicado: 25000-23-36-000-2013-02102-01 (53996)
Actor: E.S.E- Municipio de Sibaté
curso del proceso. Sin embargo, en aras de determinar el medio de control
procedente, la Sala debe dar aplicación al principio de congruencia, según el
cual, el operador jurídico de la causa se encuentra obligado a guardar, en sus
decisiones, estrecha concordancia con los fundamentos fácticos y las peticiones
formuladas en la demanda48-49.
En armonía con lo anterior, los artículos 320 y siguientes del Código General del
Proceso, aplicables al caso bajo estudio por tratarse de la norma procesal vigente
al momento de interposición del recurso de apelacións° (10 de marzo de 2015),
disponen que el recurso de apelación está regido por presupuestos de
procedencia, legitimación, interés, oportunidad y sustentación que, al encontrarse
acreditados, permiten que el superior examine la cuestión decidida, únicamente
en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el
superior revoque o reforme la decisión.
Teniendo en cuenta los fines que la ley procesal le atribuye a la apelación, el
artículo 322 del CGP prescribe que el recurso podrá interponerse contra autos o
sentencias bajo reglas de procedencia específicas, entre las que cita, para el caso
de las últimas, el de "precisar, de manera breve, los reparos concretos que le
hace a la decisión, sobre los cuales versará la sustentación que hará ante el
superior". A su vez, el artículo 328 del CGP establece que, en segunda instancia,
el juez "solamente" se pronunciará sobre los argumentos expuestos en la
sustentación del recurso de apelación, con la exposición de reparos concretos,
pues tales argumentaciones son las que delimitan el pronunciamiento en segunda
instancia, con las siguientes excepciones: (i) las decisiones que procedan de
oficio como ocurre usualmente con los presupuestos procesales de la acción o
medio de control; (ii) en los casos en que el apelante hubiera manifestado su
desacuerdo frente a "toda la sentencia", circunstancia en la que deberá cumplir la
48 Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha precisado que tal principio se manifiesta en dos
escenarios, el interno, que obedece a la correspondencia entre la parte motiva y la resolutiva de la sentencia,
y el externo, que muestra en forma concreta la armonía entre lo pretendido y lo decidido para evitar incurrir en
un fallo ultra o extra petita, esto es, condenar en cantidad superior a la pedida o en exceso de lo probado, o
por objeto distinto al solicitado. Ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
sentencia del 16 de agosto de 2002, expediente 12668. Tesis reiterada en sentencia de la Sección Segunda,
Subsección B, de 1 de marzo de 2018, expediente 2013-00838-00.
49 Adicionalmente, el principio de congruencia está directamente relacionado con el principio tantum
devolutum quantum apellatum, según el cual el juez de segunda instancia "solamente" se puede pronunciar
sobre los argumentos expuestos en la sustentación del recurso de apelación, a partir de la exposición de
reparos concretos, pues tales argumentaciones son las que delimitan el pronunciamiento en esa instancia y,
por ende, fijan el marco de congruencia externa que gobierna la sentencia. Cuando la decisión judicial omite el
principio de congruencia en el plano externo, incurre en el desconocimiento de la garantía al debido proceso
consistente en el derecho a ser juzgado por juez competente, únicamente en el evento de que no exista
correspondencia entre lo pretendido y lo decidido por "condenar al demandado por cantidad superior o por
objeto distinto del pretendido [o] por causa diferente a la invocada" [CGP, artículo 281. Congruencias]. En
consecuencia, cualquier modificación del marco fáctico implicaría un desconocimiento de los principios de
congruencia y debido proceso, ya que, por una parte, sorprendería a la entidad pública demandada cuya
defensa y medios exceptivos estarían enfocados en rebatir los hechos presentados en la demanda y, por otra
parte, privaría a la entidad del ejercicio del derecho de controvertir y de aportar pruebas tendientes a rebatir
los elementos de juicio presentados por el actor.
5° Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 25 de junio de 2014, expediente
49299. "La Sala unifica su jurisprudencia en relación con la entrada en vigencia de la ley 1564 de 2012, para
señalar que su aplicación plena en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como en materia
arbitral relacionada con temas estatales, es a partir del 1° de enero de 2014, salvo las situaciones que se
gobiernen por la norma de transición".
CGP artículo 624, modificación del artículo 40 de la Ley 153 de 1887. "Las leyes concernientes a la
sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben
empezar a regir. Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren empezado a correr, los incidentes en curso y
las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los
recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los
términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.".
11
Radicado: 25000-23-36-000-2013-02102-01 (53996)
Actor: E.S.E- Municipio de Sibaté
carga de exponer las razones de inconformidad que comprendan todos los
asuntos tratados en la providencia apelada y, (iii) cuando ambas partes hayan
apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, caso en
el cual podrá el juez de la apelación resolver sin limitaciones.
Bajo el anterior contexto normativo, la Sala, con el propósito de establecer el
marco de juzgamiento en segunda instancia, hará un recuento de las
pretensiones formuladas en el escrito de demanda, la fijación del litigio dispuesta
en la audiencia inicial y los argumentos del recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante.
La E.S.E- Municipio de Sibaté solicitó que "se declare PATRIMONIALMENTE
RESPONSABLE a la Gobernación de Cundinamarca por la OPERACIÓN
ADMINISTRATIVA ejecutada contra la Empresa Social del Estado de 1er Nivel de
Atención Municipio de Sibaté — E.S.E- MUNICIPIO DE SIBATÉ -, realizada el día
dos (2) del mes de septiembre del año 2011, en cumplimiento de la Programación
de Visitas determinada por la Oficina de Vigilancia, Inspección y Control de la
Secretaría de Salud de Cundinamarca". En atención a la pretensión referida, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, después de inadmitir la demanda para
que se adecuara al medio de control procedente, resolvió admitirla, pero con la
precisión de que "no se revisará la legalidad de los actos administrativos
implicados en la aludida operación administrativa". Conforme a lo anterior, el
Tribunal, en la audiencia inicial, denegó la excepción de "dársele a la demanda el
trámite de un proceso diferente al que corresponde", porque desde el auto por
medio del cual admitió la demanda dejó claro que el medio de control de
reparación resultaba procedente solo frente a la declaración de responsabilidad
por el daño derivado de la operación administrativa consistente en la ejecución del
acto administrativo que impuso la medida sanitaria de seguridad y excluyó de
manera expresa todos los cuestionamientos de legalidad de los actos
administrativos proferidos por la Secretaría de Salud de Cundinamarca, debido a
que tal pretensión debía tramitarse por el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho51. Así mismo, fijó el litigio en los siguientes términos:
"Con independencia del examen respecto de la legalidad del acto
administrativo de la Secretaría de Salud de Cundinamarca, que negó la
habilitación de los servicios de salud prestados por la ESE demandante, debe
la Sala establecer si se declara la responsabilidad patrimonial del departamento
de Cundinamarca — Secretaría de Salud — por la aludida operación
administrativa relacionada con esa decisión"52.
Así las cosas, el estudio de legalidad de los actos• administrativos, así como
cualquier pretensión relacionada con la declaración de nulidad de estos, quedó
excluido del litigio, tal cual fue fijado por el tribunal de primera instancia. En
consecuencia, esta Sala, al momento de decidir el recurso de apelación, debe
abstenerse de estudiar la legalidad de los actos administrativos dictados por la
Secretaría de Salud de Cundinamarca, esto es, prescindirá el análisis de los
reproches dirigidos a cuestionar la competencia de la entidad demanda para negar
la inscripción o registro de la ESE demandante o para la imposición de la medida
sanitaria de seguridad, así como las cuestiones relacionadas con los fundamentos
fácticos y/o jurídicos que sirvieron de fundamento para la emisión de esos actos
administrativos.
51 Argumentación que obra en los minutos 04:45-12:40 del CD de la audiencia inicial.
52 Hora/min/segundo: 15:30-16:00 del CD de la audiencia inicial.
12
Radicado: 25000-23-36-000-2013-02102-01 (53996)
Actor: ESE- Municipio de Sibaté
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, esta Subsección observa que el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el fin de forzar el encuadramiento
de las pretensiones en el medio de control de reparación directa, se deslindó por
completo de la causa petendi, la cual desde un comienzo e, inclusive, de forma
reiterada en el recurso de apelación giró y ha girado en torno a cuestionar la
legalidad de los actos administrativos. Para ello, el Tribunal apeló a un
entendimiento artificioso, conforme al cual, se debía analizar si la ejecución de la
medida de suspensión produjo un desequilibrio de las cargas públicas, dejando de
lado que, en realidad, todo el reparo estaba puesto sobre la legalidad de las
decisiones adoptadas por la Secretaría de Salud y, a sabiendas que, como el
mismo Tribunal lo advirtió en su fallo, el acto con el cual se dispuso la suspensión,
de conformidad con lo previsto en el artículo 576 de la Ley 9 de 1979 era de
ejecución inmediata.
En tal virtud, el Tribunal debió dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 171
del CPACA53 y adecuar el medio de control incoado por la E.S.E- Municipio
de Sibaté al de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo
138 ejusdem, dado que la parte actora, desde la presentación de la demanda y a
lo largo de todo el presente proceso, cuestionó la legalidad de los actos
administrativos proferidos por la Secretaría de Salud de Cundinamarca.
Además, esta insistencia se mantuvo a pesar de las múltiples aclaraciones
realizadas por el Tribunal de primera instancia, en el sentido de que no se
estudiaría la legalidad de los actos administrativos proferidos por el organismo
demandado, a tal punto que en el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia de primera instancia, la demandante únicamente expuso los siguientes
motivos de inconformidad frente a esa providencia: (i) que no se requiere de
concepto favorable del Ministerio de Salud y Protección Social para la creación de
una ESE; (ii) que cumplió con todos los requisitos previstos en el Decreto 1011 del
3 de abril de 2006, necesarios para su registro y habilitación como prestador de
servicios de salud, y, de conformidad con el artículo 23 del mismo decreto, la
Secretaría de Salud de Cundinamarca no tenía la facultad para negar dicha
habilitación; (iii) que la visita realizada por la Secretaría de Salud de
Cundinamarca debía centrarse en la verificación de las condiciones exigibles a los
prestadores de servicios de salud en lo relativo a las condiciones de capacidad
técnico-administrativa y de suficiencia patrimonial y financiera, pero ello no
constituyó el objeto de la visita de la que objeto la institución; y (iv) que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca erró al establecer que el oficio proferido por la
Secretaría de Salud de Cundinamarca, el 14 de marzo de 2011, es el acto
administrativo que generó la operación administrativa objeto de reproche. Esto, en
razón a que el acto administrativo referido no fue objeto de debate, ya que no fue
decretado como prueba, por lo que solicita sea inaplicado en la sentencia de
segunda instancia.
Así, los tres (3) primeros reproches están dirigidos a debatir la legalidad de los
actos administrativos proferidos por el órgano demandado, ya que cuestionan, por
un lado, el fundamento que tuvo la entidad territorial para negar la inscripción de la
ESE, afirmando que cumplieron con todos los requisitos legales previstos para
ello, y, por otro lado, la competencia de la Secretaría de Salud de Cundinamarca
para proferir la decisión en dicho sentido y para constatar si la ESE estaba o no
inscrita en el REPSS, llegando incluso a afirmar que el objeto de la visita debía ser
53 "Artículo 171. Admisión de la demanda. El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos legales y le
dará el trámite que le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada (...)"
13
Radicado: 25000-2346-000-2013-02102-01 (53996)
Actor: E.S.E- Municipio de Maté
otro, esto es, la verificación de las condiciones exigibles a los prestadores de
servicios de salud en lo relativo a las condiciones de capacidad técnico-
administrativa y de suficiencia patrimonial y financiera.
Atendiendo el alcance del recurso y definido como está, que ni aquél, ni la causa
petendi que lo precede encajan en los presupuestos de procedencia del medio de
control de reparación directa y, antes bien, se corresp,onden con el de nulidad y
restablecimiento, esta Sala, antes de resolver los problemas atinentes al fondo de
la litis, de conformidad con los argumentos expuestos por la parte actora en el
medio impugnatorio y, con fines de adecuación, analizará si aquella incoó la
demanda de nulidad y restablecimiento de forma oportuna.
El artículo 164, numeral 2, literal d), prescribe que cuando se pretenda la nulidad y
restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término
de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación,
notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso.
En el presente caso, de acuerdo con lo expuesto en el hecho probado No. 3.7, se
encuentra que la Secretaría de Salud de Cundinamarca realizó visita para la
verificación de las condiciones de habilitación de la E.S.E- Municipio de Sibaté, el
2 de septiembre de 2011, y, con ocasión de esa visita, mediante acta de
imposición de medida de seguridad No. 2620-11 impuso medida sanitaria de
seguridad consistente en la suspensión total de carácter temporal de los servicios
de salud prestados por la ESE. En ese mismo momento, esto es, en desarrollo de
la diligencia, la Secretaría de Salud de Cundinamarca y la E.S.E- Municipio de
Sibaté suscribieron el acta general No. 2619-11, en la que el gerente de la ESE
expuso los reparos frente a la medida en el sentido de indicar que "acata la
decisión adoptada, pero no está de acuerdo con la misma, toda vez que el
fundamento de la anterior imposición es por no estar registrado en el Ministerio de
Protección Social en el REPSS (...)", porque, según su argumentación, la ESE se
encontraba registrada y habilitada para la prestación de los servicios de salud que
ofertaba. Por lo tanto, el gerente de la ESE, en su condición de representante legal
de la entidad, conoció el acto administrativo en la misma fecha de su expedición,
es decir, el 2 de septiembre de 2011, con lo cual el conteo del término de
caducidad previsto en el artículo 164, numeral 2, literal d), inició el 3 de
septiembre de 2011 y culminó el 3 de enero de 2012, por lo que la solicitud de
conciliación presentada por la parte actora, el 22 de agosto de 201354, y la
demanda incoada el 29 de noviembre de 2013 fueron radicadas cuando ya
había operado la caducidad del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Lo anterior, en razón a que el acto administrativo
objeto de demanda es de ejecución inmediata, se aplica sin perjuicio de las
sanciones a que haya lugar y surte efectos inmediatos, ya que contra él no
procede recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del
artículo 576 de la Ley 9 de 1979 y en los artículos 11 y 12 del Decreto 2240 de
1996.
Finalmente, la Subsección encuentra que el único argumento del recurso de
apelación que subsiste es la indebida valoración que, del oficio proferido por la
Secretaría de Salud de Cundinamarca, el 14 de marzo de 2011, hizo el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, dado que este documento no fue decretado
como prueba en el presente proceso. Al respecto, la Subsección encuentra que
" De conformidad con la constancia expedida por la Procuraduría 51 Judicial II para asuntos administrativos,
visible a folio 1 del cuaderno de pruebas.
14
•
Radicado: 25000-23-36-000-2013-02102-01 (53996)
Actor: E.S.E- Municipio de Sibaté
esta afirmación de la parte demandante es errónea, porque la Secretaría de Salud
de Cundinamarca concluyó que el trámite de la solicitud de inscripción y/o
habilitación presentada por la E.S.E- Municipio de Sibaté finalizó con el oficio del
17 de febrero de 2011, con el que la Secretaría negó a la E.S.E- Municipio de
Sibaté la solicitud de registro, la certificación de habilitación y la entrega de
distintivos para la prestación de servicios de salud. Ahora, ello no quiere decir que
el tribunal de primera instancia, como sustento de su decisión, no hubiere referido
el oficio del 14 de marzo de 2011, sin embargo, esta mención se limita a indicar
que a través de este acto administrativo se reiteró la decisión contenida en aquel
proferido el 17 de febrero de 2011, y, al hacer esta manifestación, el a quo aclaró
que esta afirmación correspondía al dicho de las partes, puesto que el documento
no fue aportado al plenario.
IV. COSTAS
La Sala procede a disponer sobre la condena en costas en segunda instancia
conforme a lo previsto en el artículo 188 del CPACA55, que remite a las
disposiciones del CGP, entre las que se encuentra la relativa a su composición,
esto es, por expensas y gastos procesales, horarios de auxiliares de la justicia y
agencias en derecho que deben ser "tasadas y liquidadas con criterios objetivos y
verificables en el expediente" . En cuanto a las reglas para la imposición de la
condena, la norma procesal general establece que procede en contra de la parte
vencida o contra quien se resuelva desfavorablemente el recurso de apelación
y, "solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y
en la medida de su comprobación"57.
Conforme a las reglas de procedencia de la condena en costas, la Sala observa
que en este caso no procede su imposición por los componentes de expensas y
honorarios de auxiliares de la justicia, debido a que no se encuentra demostrado
en el expediente que la parte demandada hubiera incurrido en gastos por esos
conceptos durante la segunda instancia.
En lo relativo a las agencias en derecho, entendidas como "la porción de las
costas imputables a los gastos de defensa judicial de la parte victoriosa", se
encuentra demostrado en este caso que el ente territorial demandado presentó
alegatos de conclusión en segunda instancia.
55 CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil.
66 COP, artículos 361 (composición), 362 (expensas, arancel), 363 (honorarios de auxiliares de la justicia)
y
366-4 (agencias en derecho).
67 COP, artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que
haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los
casos especiales previstos en este código. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la
actuación que dio lugar a aquella. (...) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación.
COP, artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en
el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la
providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior,
con sujeción a las siguientes reglas: (...) 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las
tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o
este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada
por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales,
sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas.". Al respecto ver: Acuerdo No.1887 de 2003, artículo
3. "CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 3.1. ASUNTOS. (...) 3.1.3. Segunda instancia. (...) Con cuantía:
Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia. (...)".
15
Radicado: 25000-23-36-000-2013-02102-01 (53996)
Actor: E.S.E- Municipio de Sibaté
En ese orden, la Sala condenará al pago de costas por concepto de agencias en
derecho a favor del ente demandado, en cuantía equivalente a 0,03% de las
pretensiones, en atención a las tarifas dispuestas por el Consejo Superior de la
Judicatura, a la naturaleza del proceso y a la calidad, duración y utilidad de la
gestión ejecutada por el apoderado de la parte vencedora58. Las agencias fijadas
se liquidarán de manera concentrada por el Tribunal de origen, en los términos del
artículo 366 del CGP59.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: MODIFICASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca el 25 de febrero de 2015, y, en su lugar, ADECUASE el medio de
control al de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
CPACA, y, como consecuencia de ello, DECLARASE la caducidad del medio de
control incoado por la E.S.E- Municipio de Sibaté. Lo anterior, de conformidad con
los argumentos expuestos en la parte considerativa del presente proveído.
SEGUNDO: CONDÉNASE EN COSTAS a la parte actora por el componente de
agencias en derecho en segunda instancia, en cuantía equivalente a 0,03% de las
pretensiones.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, devolver el expediente
al Tribunal de origen.
Cópiese, Notifíquese, Cúmplase
ICOLA CO
Presidente
i
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS GUILLERMO SÁNCHE UQUE
Magistrado Mágistra
*A-Claro voto
58 Acuerdo No.1887 de 2003, articulo 3. "CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 3.1. ASUNTOS. (...) 3.1.3.
Segunda instancia. (...) Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas
o negadas en la sentencia. PARAGRAFO. En los procesos ejecutivos, hasta el cinco por ciento (5%) del valor
del pago confirmado o revocado total o parcialmente en la pertinente ord,In judicial; si, además, la ejecución
comprende el cumplimiento de obligaciones de hacer, se incrementará Er-i un porcentaje igual al que fije el
juez.".
59 Articulo 366 del CGP: "Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el
juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la
providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior,
con sujeción a las siguientes reglas (...)".
16
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