Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2014-00073-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2014-00073-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2014-00073-02
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
3 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., tres (3) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 25000233600020140007302 (64071)
Demandante: EXMECO LTDA. IPS S.A.S.
Demandado: NACION – MINISTERIO DE TRANSPORTE,
SUPERTINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE, EL
ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACION - ONAC,
CONCESION RUNT Y AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA
JURIDICA DEL ESTADO
Tema: Acreditación de los centros de reconocimiento de conductores y
acceso al sistema de Registro Único Nacional de Tránsito RUNT.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia proferida el 21 de febrero de 2019 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Los días 1 de septiembre de 2010, 10 de marzo de 2011 y 13 de septiembre de
2011, Exmeco Limitada obtuvo los certificados No. 10-CEP-014, 11-CEP-008 y 10-
CEP-019 del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC, que la
acreditaba para elaborar la evaluación y acreditación de conductores de vehículos
automotores en los establecimientos de su propiedad denominados Exmeco 1, 2 y
3, en su orden, en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín. Seguidamente, los días
25 de agosto y 25 de noviembre de 2010, y 29 de abril de 2011, los establecimientos
Exmeco 1, 2 y 3 fueron registrados por el Ministerio de Transporte como Centros de
Reconocimiento de Conductores.
Sin embargo, el 22 de septiembre de 2011 la Superintendencia de Puertos y
Transporte advirtió que los centros de reconocimiento presentaban cambios en las
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Radicado: 25000233600020140007302 (64071)
Demandante: Exmeco Ltda. IPS S.A.S.
condiciones de acreditación, lo cual dio lugar al procedimiento de verificación del
ONAC, que el 19 de octubre de 2011 ordenó la suspensión cautelar de los
certificados de acreditación y la interrupción del desarrollo de la actividad de
reconocimiento de conductores de los centros Exmeco 1, 2 y 3. Finalmente, el 2 de
noviembre de 2011, el ONAC decidió la cancelación definitiva de las acreditaciones
y, en consecuencia, de la actividad de reconocimiento de conductores de los
mencionados centros.
La demandante sostiene que padeció un daño antijuridico, consistente en la
imposibilidad de operar los centros de reconocimiento de conductores Exmeco 1, 2
y 3. Asimismo, señala que no fue notificada por parte de la autoridad estatal
competente ni por el Comité de Acreditación del ONAC sobre la suspensión cautelar
y posterior cancelación de las acreditaciones que le permitían operar sus Centros
de Reconocimiento de Conductores, en claro desconocimiento del debido proceso
y del derecho de defensa.
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
El 24 de enero de 20141, Exmeco Ltda. IPS S.A.S. (en adelante Exmeco Ltda.),
mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa,
presentó demanda en contra de la Nación – Ministerio de Transporte, la
Superintendencia de Puertos y Transporte, el Organismo Nacional de Acreditación
(en adelante ONAC), la Concesión Runt S.A. y la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, por los perjuicios causados con “la acción, omisión y/o demás
conductas antijurídicas que impidieron a la sociedad EXMECO LTDA.” desarrollar
su objeto social.
Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a las
demandadas a pagar, por perjuicios materiales, la suma de $15.623.280.000; y por
perjuicios morales, la suma de 200 SMLMV para cada uno de los socios de la
1 Fl.1 a 19, C.1.
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Demandante: Exmeco Ltda. IPS S.A.S.
persona jurídica demandante, a saber, Lily Dawin Sharp Barrios y Oscar Javier
Vargas Rubio.
En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 21 de abril de
2010, Lily Dawin Sharp Barrios y Oscar Javier Vargas Rubio constituyeron la
sociedad comercial denominada Exmeco Ltda., con el objeto principal de expedir
certificados de aptitud física, mental y de coordinación motriz para conductores; la
evaluación visual y de coordinación motriz para la obtención de la licencia de
conducir por primera vez y la recategorización o refrendación de la misma.
Sostiene que en fecha indeterminada Exmeco Ltda. creó los establecimientos de
comercio Exmeco 1, Exmeco 2 y Exmeco 3.
Señala que el 25 de agosto de 2010, Exmeco 1 fue habilitado por la Secretaría de
Salud como Institución Prestadora de Salud (IPS) e inscrito en el Registro Especial
de Prestadores de Servicios de Salud del Ministerio de la Protección Social con el
código 110012116301. Además, fue reconocido como Centro de Reconocimiento
de Conductores (CRC) mediante la Resolución No. 003475, autorizada para
certificar el examen de aptitud física, mental y de coordinación motriz para conducir,
con una capacidad para expedir 51 certificados diarios, en la calle 18 No. 28 A 80,
piso 4°, de la ciudad de Bogotá.
Asevera que el 25 de noviembre de 2010, Exmeco 2 fue habilitado por la Secretaría
de Salud como Institución Prestadora de Salud (IPS) e inscrito en el Registro
Especial de Prestadores de Servicios de Salud del Ministerio de Protección Social.
Su habilitación como Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) fue
autorizada mediante la Resolución No. 005166 para expedir hasta 66 certificados
diarios, en la calle 10 No. 58-19, piso 2, de la ciudad de Cali, Valle del Cauca.
A su turno, indica que el 22 de diciembre de 2010, Exmeco 3 fue habilitado por la
Secretaría de Salud como Institución Prestadora de Salud (IPS) e inscrito en el
Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud con el código
050011141101. Su operación como centro de reconocimiento de conductores fue
autorizada mediante la Resolución No. 001255, autorizado para expedir hasta 65
certificados diarios, en la Avenida 33 No. 65 C - 94 de la ciudad de Medellín.
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Radicado: 25000233600020140007302 (64071)
Demandante: Exmeco Ltda. IPS S.A.S.
Declara que los días 27 de agosto de 2010, 11 de marzo de 2011 y 13 de septiembre
de 2011, el Comité de Acreditación del ONAC realizó visitas a las instalaciones de
los centros de reconocimiento de conductores Exmeco 1, 2 y 3, detectando
incumplimientos de algunos requisitos necesarios para que los centros pudieran
seguir operando.
Sostiene que el 25 de octubre de 2011, los centros de reconocimiento de
conductores Exmeco 1, 2 y 3, fueron inesperadamente desactivados del Sistema
del Registro Único Nacional de Tránsito (en adelante RUNT), de manera que los
centros de reconocimiento de conductores “no pudieron seguir prestando el servicio
para el que habían sido habilitados por el Ministerio de Transporte […] habida
cuenta que no se les permitió seguir incorporando al Registro Único Nacional de
Tránsito RUNT la información de sus pacientes o usuarios evaluados por cuanto
fueron desactivados del sistema y no pudieron seguir cargando al mismo esta
información”.
Manifiesta que el 2 de noviembre de 2011, mediante Acta del Comité de
Acreditación, el ONAC canceló formalmente las acreditaciones de los centros de
reconocimiento de conductores Exmeco 1, 2 y 3.
Señala que el 29 de abril de 2013, el representante legal de la sociedad demandante
presentó un derecho de petición al Ministerio de Transporte y a la Superintendencia
de Puertos y Transporte, solicitando información sobre la existencia de algún
proceso investigativo o imposición de sanciones a los centros de reconocimiento de
conductores Exmeco 1, 2 y 3, que hubiera conducido a la suspensión de su actividad
certificadora y posterior cancelación de sus acreditaciones.
Expone que el 2 de mayo de 2013, en respuesta, la Coordinadora del Grupo
Operativo en Tránsito Terrestre Acuático y Férreo del Ministerio de Transporte le
informó que el Ministerio de Transporte no había adelantado ni estaba adelantando
investigación alguna contra Exmeco Ltda, ni sus centros de reconocimiento de
conductores Exmeco 1, 2 y 3, y le indicó que la competencia para tales
investigaciones recaía en la Superintendencia de Puertos y Transporte.
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Radicado: 25000233600020140007302 (64071)
Demandante: Exmeco Ltda. IPS S.A.S.
Informa que el 6 de junio de 2013, la sociedad demandante recibió una
comunicación oficial del ONAC, en la que le informaba que, debido a los
incumplimientos detectados en las visitas realizadas en 2010 y 2011, el Comité de
Acreditación había suspendido cautelarmente las acreditaciones de los centros de
reconocimiento de conductores Exmeco 1, 2 y 3, sin notificarla en debida forma.
Evidencia que 18 de junio de 2013, la Superintendencia de Puertos y Transporte, a
través del Superintendente Delegado de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor,
respondió también al derecho de petición presentado por Exmeco Ltda., informando
que, tras revisar las bases de datos del Grupo de Notificaciones, no se encontraron
actos administrativos ni investigaciones en contra de Exmeco Ltda ni de su
establecimiento Exmeco 3. Por lo tanto, no existían sanciones contra la sociedad ni
el centro de reconocimiento.
La demandante sostiene que padeció un daño antijuridico, consistente en la
imposibilidad de operar los centros de reconocimiento de conductores Exmeco 1, 2
y 3. Textualmente manifiesta que “intempestivamente el 25 de octubre del 2011 […]
los centros de reconocimiento de conductores EXMECO 1, 2 y 3 no pudieron seguir
prestando el servicio para el que habían sido habilitados por el Ministerio de
Transporte […] habida cuenta que no se les permitió seguir incorporando al Registro
Único Nacional de Tránsito RUNT la información de sus pacientes o usuarios
evaluados por cuanto fueron desactivados del sistema y no pudieron seguir
cargando al mismo esta información”.
Asimismo, señala que no fue notificada por parte de la autoridad estatal competente
ni por el Comité de Acreditación del ONAC sobre la suspensión cautelar y posterior
cancelación de las acreditaciones que le permitían operar sus Centros de
Reconocimiento de Conductores, en claro desconocimiento del debido proceso y
del derecho de defensa.
2. Contestación
El 28 de abril de 20142, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la
demanda respecto de la Nación - Ministerio de Transporte, Superintendencia de
2 Fl. 36 s 38, C.1.
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Radicado: 25000233600020140007302 (64071)
Demandante: Exmeco Ltda. IPS S.A.S.
Puertos y Transporte, El ONAC y la Concesión RUNT. Igualmente ordenó su
notificación a las demandadas y al Ministerio Público.
2.1. La Concesión RUNT3 manifestó que los hechos que dieron origen a los
perjuicios reclamados por Exmeco Ltda. ocurrieron el 19 de octubre de 2011,
cuando se suspendieron cautelarmente las acreditaciones otorgadas a los tres
Centros de Reconocimiento de Conductores EXMECO 1, 2 y 3, y evidenció que esta
medida fue notificada al representante legal de la sociedad a través del oficio DT-
11-0871, también fechado el 19 de octubre de 2011. Asimismo, refirió que a raíz de
esta suspensión cautelar el ONAC continuó con el proceso y, el 2 de noviembre de
2011 adoptó la decisión de cancelar definitivamente las acreditaciones de los tres
centros de reconocimiento de conductores, decisión que también fue comunicada a
la sociedad Exmeco Ltda., sin que la empresa interpusiera recurso alguno.
Igualmente señaló que, tanto el Ministerio de Transporte como la Superintendencia
de Puertos y Transportes fueron debidamente informados sobre las decisiones
tomadas por el ONAC, a las que obedeció la inactivación de los establecimientos
en la plataforma del RUNT. Por otro lado, propuso las excepciones de: i) caducidad
de la acción de reparación directa, considerando que el fenómeno acaeció el 20 de
octubre de 2013 “fecha para la cual el propio demandante afirma haber tenido
conocimiento de la inactivación para acceder al RUNT el 25 de octubre del 2011”;
ii) falta de legitimación en la causa por pasiva por carencia de responsabilidad de la
Concesión RUNT; iii) Ausencia de responsabilidad, porque la desconexión de los
centros de reconocimiento de conductores Exmeco 1, 2 y 3 no fue caprichosa, sino
que obedeció a las decisiones del ONAC; iii) ausencia de prueba que demuestre el
daño antijurídico; y iv) falta de nexo causal entre el supuesto daño antijurídico y la
actuación de la Concesión RUNT.
2.2. El ONAC4 manifestó que su actuación no fue antijurídica, sino ajustada a la ley
y al reglamento que rige la acreditación en Colombia. Señaló que fue el
comportamiento de la demandante el que dio lugar “a la situación de no poder
prestar el servicio bajo las normas que debía cumplir”. Indicó que los valores
solicitados a título de perjuicios debían ser acreditados. Excepcionó: i) la existencia
de tres contratos de otorgamiento y uso de los certificados de acreditación 10-CEP-
3 Fl. 135 a 147, C.1.
4 Fl. 157 a 187 y 281 a 283, C.1.
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Radicado: 25000233600020140007302 (64071)
Demandante: Exmeco Ltda. IPS S.A.S.
014, 10-CEP-019 y 11-CEP-008, en los que se pactó la cláusula compromisoria,
según la cual “cualquier disputa debe intentarse resolver en un primer momento
mediante el mecanismo de la conciliación, y de fracasar este, debe resolverse
mediante el Tribunal de arbitramento”, ii) ausencia de imputabilidad del resultado
dañoso al ONAC; iii) ausencia de daño antijurídico; y iv) culpa exclusiva de la
víctima.
2.3. El Ministerio de Transporte5 manifestó que el incumplimiento del mantenimiento
de la certificación expedida por el ONAC implicaba la desconexión de los centros
de reconocimiento de conductores del sistema RUNT y, por ende, la imposibilidad
de seguir prestando el servicio autorizado. Excepcionó: i) falta de legitimación en la
causa por pasiva y ii) la expedición de actos administrativos o resoluciones por parte
del ONAC.
2.4. La Superintendencia de Puertos y Transporte guardó silencio.
3. Audiencia inicial
Los días 12 de septiembre de 20166, 22 de agosto de 20187 y 20 de abril de 20218,
el Tribunal Administrativo del Cundinamarca celebró la audiencia inicial en la que
realizó el saneamiento del proceso, resolvió las excepciones previas, decretó
pruebas y fijó el objeto del litigio.
Frente a este último punto, esto es, el objeto del litigio, señaló que se trataba de “lo
relacionado con la presunta deshabilitación intempestiva de la acreditación como
centro de reconocimiento y la falta de notificación adecuada de estas decisiones,
[así como lo] relacionado con los presuntos perjuicios causados a la sociedad
actora”.
5 Fl. 306 a 313, C.1.
6 Fl. 407 a 411, C.2. La decisión negó la caducidad de la acción y fue objeto del recurso de apelación.
El Consejo de Estado, Sección Tercera declaró la nulidad y conoció el recurso de apelación
ordenando que el tema sea resuelto en la sentencia.
7 Fl. 504 a 508, C.1. La decisión declaro la falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio
de Minas y Energía. Fue apelada por la parte actora. El Consejo de Estado en auto de 23 de
septiembre de 2020 confirmó la decisión.
8 Fl. 174, C.1.
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Demandante: Exmeco Ltda. IPS S.A.S.
4. Alegatos de conclusión en primera instancia
El 10 de septiembre de 20189 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público
para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
4.1. La parte actora10 insistió en la responsabilidad administrativa de las entidades
demandadas.
4.2. La Superintendencia de Puertos y Transporte11 señaló que en el caso de autos
“no hay nada que [la vincule con el daño antijurídico], ni por acción ni por omisión y
menos la demostración de una falla del servicio”. Así, argumentó la falta de relación
directa o nexo causal entre el hecho y el daño alegados en la demanda, solicitando
que se negaran las pretensiones.
4.3. El ONAC12 reiteró que lo dicho en la contestación de la demanda.
4.4. La Concesión RUNT13 dijo ratificarse en lo expuesto en la contestación a la
demanda, señalando que en el plenario no existía prueba de que las entidades
demandadas hubiesen incurrido en responsabilidad alguna.
4.5. El Ministerio de Transporte y el Ministerio Público guardaron silencio.
5. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 21 de febrero de 201914 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda advirtiendo que el ONAC
suspendió y canceló las acreditaciones de Exmeco Ltda. mediante decisiones cuya
legalidad no había sido desvirtuada ante autoridad judicial alguna, y la cual no podía
analizarse mediante la acción de reparación directa.
9 Fl. 5018 a 519, C.2.
10 Fl. 523 a 531, C.2.
11 Fl. 520 a 522, C.2.
12 Fl. 532 a 535, C.2.
13 Fl. 536 a 540, C.2.
14 Fl. 541 a 557, C.Ppal.
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Demandante: Exmeco Ltda. IPS S.A.S.
Asimismo, el Tribunal rechazó el argumento de la parte demandante sobre la falta
de notificación, señalando que esta no era esencial para la validez de las decisiones
de suspensión y posterior cancelación de las acreditaciones de los centros de
reconocimiento de conductores Exmeco 1, 2 y 3.
6. Recurso de apelación
El 18 de marzo de 2019, la parte actora interpuso el recurso de apelación que fue
concedido el 29 de abril de 201915 y admitido el 15 de julio de 201916.
5.1. La parte actora17 argumentó que las entidades demandadas eran responsables
solidariamente por el daño antijurídico causado a los establecimientos Exmeco 1, 2 y
3, quienes se vieron imposibilitados para cargar la información médica de sus usuarios
en el sistema RUNT, a pesar de las resoluciones del Ministerio de Transporte que
autorizaban su operación como Centros de Reconocimiento de Conductores.
La apelante señaló que el Tribunal erró al analizar la responsabilidad de cada
demandada, pues no consideró que las acciones y omisiones de todas contribuyeron
al daño y a la vulneración del debido proceso y del derecho de defensa de Exmeco
Ltda. Asimismo, indicó que el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de
Puertos y Transporte eran patrimonialmente responsables de los daños que había
sufrido, pues estas entidades tenían la competencia para suspender y cancelar el
registro ante el RUNT.
Ahora bien, aunque el recurso de apelación sostuvo que la demanda no iba dirigida a
debatir la legalidad de los actos administrativos del ONAC, contradictoriamente,
argumentó que el ONAC no tenía competencia para cancelar o suspender las
acreditaciones de Exmeco Ltda, y que la función de cancelar el registro ante el RUNT
correspondía exclusivamente a la Superintendencia de Puertos y Transporte.
Además, destacó que las acreditaciones de Exmeco Ltda fueron suspendidas por
fuera de los plazos legales. Subrayó que el a quo confundió los conceptos de
15 Fl. 569, C.Ppal.
16 Fl. 580, C.Ppal.
17 Fl. 558 a 567, C.Ppal.
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Radicado: 25000233600020140007302 (64071)
Demandante: Exmeco Ltda. IPS S.A.S.
acreditación y habilitación de las entidades certificadores, y que esto lo llevó a hacer
una valoración incorrecta de la responsabilidad de la entidad demandada.
Solicitó, en caso de no prosperar la apelación, que se le exonerara de pagar los gastos
procesales.
7. Alegatos de conclusión en segunda instancia
El 21 de agosto de 201918 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
7.1. La parte actora19, la Superintendencia de Puertos y Transporte20, el ONAC21, la
Concesión RUNT22 y el Ministerio de Transporte23 reiteraron lo dicho en primera
instancia.
7.2. El Ministerio Público guardó silencio24.
III. CONSIDERACIONES
1. Jurisdicción y Competencia
La jurisdicción como atributo del poder que faculta al Estado para administrar justicia
en el territorio nacional es única e indivisible y corresponde ejercerla a todos los
jueces de la República. Así, su ejercicio se ha distribuido en diferentes ramas
jurisdiccionales como lo son, entre otras: i) la ordinaria, ii) la contencioso
administrativa, iii) la constitucional, iv) la penal militar, v) la especial indígena y vi)
la especial para la paz.
18 Fl. 583, C. Ppal.
19 Fl. 594 a 595, C.Ppal.
20 Fl. 585 a 587, C.Ppal.
21 Fl. 592 a 593, C.Ppal.
22 Fl. 596 a 598, C.Ppal.
23 Fl. 599 a 606, C. Ppal.
24 Fl. 607, C.Ppal.
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Demandante: Exmeco Ltda. IPS S.A.S.
Adicionalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la
Constitución Política 25, los árbitros, con sujeción al principio de habilitación, se
encuentran investidos transitoriamente de la función de administrar justicia, en
concordancia con el artículo 3º de la ley 1285 de 2009, por medio de la cual se
reformó la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia, cuyo inciso
3º dispone que “Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la
función de administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros
debidamente habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad”.
En este sentido, el arbitraje es entendido como “[…] un mecanismo alternativo de
solución de conflictos mediante el cual las partes defieren a árbitros la solución de
una controversia relativa a asuntos de libre disposición o aquellos que la ley
autorice”26.
Se desprende de lo anterior que la jurisdicción o facultad de impartir justicia por
parte de los árbitros emana de la Constitución y la ley, las cuales establecen que
los árbitros administran justicia con los mismos deberes y facultades de los jueces
y reconocen que la voluntad de las partes puede atribuir competencia a los árbitros
para resolver las controversias sometidas a su conocimiento27.
En otras palabras, como consecuencia del reconocimiento constitucional de la
voluntad y decisión de las partes de sustraerse a la justicia ordinaria y someter la
resolución de sus disputas al conocimiento de los árbitros, estos ejercen función
jurisdiccional, administrando justicia de manera transitoria exclusivamente para
efectos de solucionar la disputa sometida a su conocimiento, en virtud de la
habilitación que mediante el pacto arbitral han realizado las partes, quienes les
confieren competencia para el conocimiento y decisión de determinados asuntos28.
25 “Artículo 116. […] Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de
administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de
árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que
determine la ley”.
26 Cfr. Artículo 1° de la Ley 1563 de 2012.
27 Hernán Fabio López Blanco, “Procedimiento Civil Parte General”, Tomo I. Dupré Editores, Bogotá
D.C., Páginas 128 y 129.
28 En múltiples providencias esta Corporación se ha pronunciado acerca de la función jurisdiccional
de los árbitros y la naturaleza del pacto arbitral, resaltando que el pacto arbitral es el acuerdo de
voluntades mediante el cual las partes se obligan a someter sus diferencias a la decisión árbitros
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Radicado: 25000233600020140007302 (64071)
Demandante: Exmeco Ltda. IPS S.A.S.
Bajo el anterior contexto, la justicia arbitral se caracteriza por: (i) ser un mecanismo
alternativo de solución de conflictos, en virtud del cual las partes confieren a los
particulares la función de la administrar justicia; (ii) regirse por el principio de
voluntariedad o libre habilitación29, en tanto que la competencia de los árbitros para
impartir justicia surge en virtud de un acuerdo de voluntades previo y libre entre las
partes, en el sentido de sustraer la resolución de su controversia del sistema
ordinario de administración de justicia; (iii) ser de carácter temporal, porque su
existencia es transitoria, limitada en el tiempo y sujeta a la resolución del conflicto
específico sometido a consideración de los árbitros y; (iv) ser excepcional, dado que
se encuentra sujeta a claras limitaciones materiales, de suerte que solo se pueden
someter a arbitraje asuntos de libre disposición y aquellos que la ley autorice30.
Ahora bien, la fuente primordial del arbitraje es el negocio jurídico,
denominado pacto arbitral, que tiene por objeto sustraer del conocimiento
del órgano jurisdiccional permanente la decisión de los conflictos que hayan surgido
o que puedan eventualmente surgir entre las partes que lo celebran. Así, en virtud
del pacto arbitral (compromiso o cláusula compromisoria), las partes de manera
consciente y voluntaria acuerdan habilitar la competencia de los árbitros
para resolver las diferencias existentes o eventuales entre ellas, a la vez que
deciden derogar la jurisdicción y la competencia de los jueces institucionales o
permanentes31.
investidos transitoriamente de la función de administrar justicia, para proferir un laudo que tiene la
misma categoría jurídica y los mismos efectos de la sentencia judicial. Cfr. Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 7 de marzo de 2012.
Radicación número: 76001-23-31-000-1997-04862-01(18013).
29 En este sentido, la jurisprudencia ha puesto de presente que el acuerdo de las partes constituye
el punto de partida y la habilitación para que los árbitros puedan impartir justicia en el caso concreto,
enfatizando sobre el particular que “… el sustento de la justicia arbitral es el reconocimiento expreso
de la decisión libre y voluntaria de las partes contratantes de no acudir al sistema estatal de
administración de justicia sino al arbitraje para la decisión de sus disputas…”. Cfr. Corte
Constitucional. Sentencia C-330 de 2012. Expediente: D -8677.
30 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 8 de marzo de 2017. Exp. 46745. Cfr.
Corte Constitucional, Sentencia C-060 de 2001.
31 El parágrafo del artículo 3º de la Ley 1563 de 2012, reza: “Parágrafo. Si en el término de traslado
de la demanda, o de su contestación, o de las excepciones previas, una parte invoca la existencia
de pacto arbitral y la otra no la niega expresamente, ante los jueces o el tribunal de arbitraje, se
entiende válidamente probada la existencia de pacto arbitral”. En relación con esta disposición y la
figura de la adhesión tácita a la cláusula arbitral, esta Subsección ha señalado que “… [la] legislación
previó, pues, una aceptación o adhesión tácita al pacto arbitral, en aquellos eventos en los cuales,
durante el término del traslado previsto en la norma, una de las partes alega la existencia del pacto
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Radicado: 25000233600020140007302 (64071)
Demandante: Exmeco Ltda. IPS S.A.S.
De otro lado, cabe resaltar que la cláusula compromisoria es un negocio jurídico
autónomo e independiente del contrato respecto al cual ella se refiere, de tal suerte
que la inexistencia, invalidez o ineficacia del contrato no implica o comporta la
invalidez, inexistencia o ineficacia del pacto arbitral celebrado entre las partes ni
viceversa, pues se consideran vínculos jurídicos independientes32. En
consecuencia, los defectos que pudieren predicarse del pacto arbitral no se
extienden automáticamente al contrato en el que dicho pacto se encuentra inmerso
y, a su vez, los vicios que afectan el contrato no irradian al pacto arbitral, tal como
lo dispone el inciso 1º del artículo 5º de la Ley 1563 de 2012, a cuyo tenor “La
inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato no afecta la cláusula compromisoria.
En consecuencia, podrán someterse a arbitraje las controversias en las que se
debata la existencia, eficacia o validez del contrato y la decisión del tribunal será
conducente aunque el contrato sea inexistente, ineficaz o inválido.”
La autonomía de la cláusula compromisoria constituye, pues, una de sus principales
características, permitiendo que los árbitros estén habilitados para decidir la
controversia aún si el contrato sobre el cual deban fallar sea nulo o inexistente, pues
arbitral y la otra parte no lo niega, con lo cual se admite la prueba de su existencia en el proceso. No
se trata de un supuesto exceptivo al principio de habilitación o voluntariedad que edifica la
competencia de los árbitros, en tanto que la norma habilita la posibilidad de manifestar de forma
expresa su rechazo al pacto arbitral solo que da por sentado que, ante el silencio, es voluntad de las
partes reconocer la existencia de dicho pacto. La norma no se aparta del principio de voluntariedad
que marca el derrotero del sistema arbitral, sino que se limita a dar un efecto a la conducta procesal
de las partes para efectos de derivar de ella, precisamente, su intención de renunciar a la justicia
estatal para acudir a la administrada por particulares”. Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C. Sentencia del 13 de abril de 2016. Exp. 54405.
32 Sobre la autonomía de la cláusula arbitral y la circunstancia de no ser una estipulación accesoria
al contrato al que ella se refiere, la Corte Constitucional ha señalado: “(…) Si bien tradicionalmente
se ha entendido que la cláusula compromisoria es accesoria respecto del contrato que da origen a
los conflictos sobre los cuales habría de fallar el tribunal de arbitramento, el legislador colombiano,
siguiendo la senda de la doctrina internacional, ha decidido conferirle un carácter autónomo a la
cláusula compromisoria. De esta manera, una decisión del legislador varía - ciertamente, en forma
válida - el entendimiento general existente acerca de la relación entre el contrato y la cláusula
compromisoria. En consecuencia, por obra de la resolución legislativa, la máxima jurídica que
consagra que “lo accesorio sigue la suerte de lo principal” ya no sería aplicable a la cláusula
compromisoria, por cuanto ésta ya no tendría un carácter accesorio. (…) El parágrafo acusado
persigue que cuando se someta al juicio de los árbitros la decisión acerca de la validez del contrato,
el laudo mantenga validez, incluso en los casos en los que el tribunal declara la nulidad o inexistencia
del contrato. Con ello se determina que los árbitros continúan siendo competentes para decidir - es
decir, se clarifica por parte del legislador quién es el juez de la causa - y se evita dilaciones en la
resolución de los conflictos, objetivos que no pueden considerarse irrazonables desde la perspectiva
de la lógica de la institución arbitral y de los objetivos por ella perseguidos (…)”. (se subraya). Corte
Constitucional, sentencia C-248 de 1999.
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Radicado: 25000233600020140007302 (64071)
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la nulidad del contrato no afecta la validez y eficacia de la cláusula compromisoria
estipulada por las partes33. Al respecto, ha señalado esta Corporación:
"[L]la existencia, validez y eficacia de la cláusula compromisoria no pende de la
validez y ni siquiera de la existencia misma del contrato celebrado o pretendido entre
el particular y la entidad estatal, como para que pueda afirmarse que si la cláusula
en mención no se encuentra incorporada en el texto del mismo, es porque no ha
sido pactada por las partes y, por lo tanto, resulte inexistente”34
Asimismo, en vigencia del Decreto 1818 de 1998, la jurisprudencia del Consejo de
Estado, en un primer momento, aceptó la posibilidad de la renuncia tácita de las
partes de un contrato estatal a la aplicación de la cláusula compromisoria, cuando
una de ellas instauraba demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa y la
contraparte no proponía la excepción de falta de jurisdicción o de existencia de
pacto arbitral35.
Posteriormente, la Sala Plena de esta Sección36 unificó la jurisprudencia y señaló
que la derogatoria de la cláusula compromisoria exige un pacto revestido de las
mismas formalidades empleadas para su nacimiento, con lo cual concluyó que se
requería que constara por escrito.
Finalmente, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1563 de 2012, que en el
parágrafo del artículo 21 estableció expresamente37 que la renuncia al pacto arbitral
opera cuando no se interpone de manera oportuna la excepción de compromiso o
cláusula compromisoria, habrá lugar a aplicar la figura de la renuncia tácita por
33 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de unificación del 18 de abril de 2013. Exp. 17.859.
34 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, Exp. 32.871.
35 Al respecto ser pueden ver las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 16 de junio de 1997, expediente 10.822; Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 19 de marzo de 1998,
expediente 14.097; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
sentencia del 23 de junio de 2010, expediente 18.395. Al respecto, sostuvo esta Sección: esta
Sección sostuvo: “Aplicados los razonamientos anteriores al caso sub-judice, se tiene que la parte
actora al instaurar la presente demanda renunció tácitamente a acudir ante un tribunal de
arbitramento con el fin de dirimir cualquier conflicto que se suscitara en la ejecución del contrato No.
430 de 28 de diciembre de 1994, lo mismo sucedió con la parte demandada ya que en la oportunidad
pertinente no propuso la excepción de cláusula compromisoria.// Si las partes renunciaron en forma
tácita a hacer uso de la cláusula compromisoria, no puede la parte demandada proponerla como
incidente de nulidad fuera del término que la ley le otorga para contestar la demanda y proponer las
excepciones a que haya lugar.
36 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 18 de abril de 2013, Rad,
17859
37 “Artículo 21. Traslado y contestación de la demanda. (…)
Parágrafo. La no interposición de la excepción de compromiso o cláusula compromisoria ante el juez
implica la renuncia al pacto arbitral para el caso concreto”.
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expresa disposición legal y, en consecuencia, la no interposición de la excepción de
compromiso o de cláusula compromisoria ante el juez, implicará la renuncia al pacto
arbitral.
La anterior disposición fue analizada por la Sala Plena de la Sección Tercera, en
sentencia de unificación de jurisprudencia38, en la que señaló, precisamente con
fundamento en el artículo 21 del estatuto arbitral, que si las partes de un contrato
han pactado una cláusula compromisoria, una de ellas demanda ante la jurisdicción
contencioso administrativa y la otra no propone como excepción la existencia de
dicho pacto, debe entenderse que ellas han renunciado a su acuerdo inicial, de
manera que el conocimiento del proceso correspondería a la justicia ordinaria. En
tal sentido, sostuvo:
“De otro lado, es indispensable aclarar que la nueva tesis jurisprudencial que acoge
acá la Sala aplica únicamente a asuntos gobernados por normas anteriores a la Ley
1563 de 2012, ‘Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e
Internacional y se dictan otras disposiciones’, porque en relación con ésta es
necesario establecer, en algún caso particular regido por ella, cuál es el real alcance
de sus normas, ya que, según éstas, ‘El pacto arbitral implica la renuncia de las
partes’ a acudir a los jueces institucionales (artículo 3, segundo inciso) y ‘Si en el
traslado de la demanda, o de su contestación, o de las excepciones previas’ se
invoca el pacto y la otra parte no lo niega ‘expresamente’, éste se entiende probado
(parágrafo, ibídem), de donde pareciera desprenderse que al amparo de dicha ley
no es posible renunciar a este último, a pesar de lo cual el parágrafo del artículo 21
de la misma ley dice que no interponer ‘la excepción de compromiso o cláusula
compromisoria ante el juez implica la renuncia al pacto arbitral para el caso
concreto’.”
Ahora bien, el artículo 100 del Código General del Proceso - CGP39 introduce los
medios exceptivos que puede formular el demandado con carácter de previos.
Dentro de ese listado taxativo, se distinguió entre la excepción previa de falta de
jurisdicción o competencia40 y la de existencia de compromiso o cláusula
compromisoria41, cuya declaratoria en cada caso, conlleva consecuencias e
implicaciones diferentes42.
38 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena sentencia del 18 de abril de 2013, Rad.
17.859.
39 La Ley 1564 de 2012 – CGP, está vigente para los asuntos tramitados por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, desde el 1 de enero de 2014. Auto del 25 de junio de 2014, Exp. 2012-
00395-01.
40 Artículo 100 numeral 1 del CGP.
41 Artículo 100 numeral 2 del CGP.
42 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 26 de abril de 2018, Exp. 59.708.
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Radicado: 25000233600020140007302 (64071)
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Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 del CGP43, cuando prospera
la excepción de falta de jurisdicción o competencia, el efecto es la remisión del
proceso al juez competente, mientras que en el escenario de la existencia de
compromiso o cláusula compromisoria, la consecuencia será el decreto de la
terminación del proceso, así como la devolución de la demanda con los anexos a la
demandante, caso en el cual, la parte interesada cuenta con veinte (20) días hábiles
desde la ejecutoria de la providencia para promover el proceso arbitral, según lo
previsto en el numeral 4o del artículo 95 del CGP44, so pena de que opere la
caducidad.
Lo anterior cobra sentido cuando se advierte, por una parte, que las cámaras de
comercio no tienen funciones jurisdiccionales, sino que apenas son gestores de los
centros de arbitraje y que, por tanto, no tienen la facultad de constituir, a nombre
propio, un tribunal de arbitramento, pues requieren siempre de la manifestación de
la voluntad de los particulares y; por la otra, que en virtud del artículo 116 de la
Constitución Política., quienes ejercen temporalmente la función jurisdiccional son
los árbitros a partir del momento en que aceptan su cargo y se posesionan, de tal
forma que una vez finaliza su labor, la función jurisdiccional, de la que habían sido
investidos transitoriamente dichos particulares en virtud de la cláusula
compromisoria o el compromiso, desaparece. En atención a esta naturaleza del
arbitraje es que el CGP dispuso el tratamiento distinto a las consecuencias de la
prosperidad de la excepción previa de falta de jurisdicción y la de compromiso o la
cláusula compromisoria y, por ello, en este segundo evento no dispuso la remisión
del expediente45.
Visto lo anterior, en el caso sub lite la Sala encuentra acreditado que el 1° de
43 “Artículo 101. Oportunidad y trámite de las excepciones previas. Las excepciones previas se
formularán en el término del traslado de la demanda en escrito separado que deberá expresar las
razones y hechos en que se fundamentan. Al escrito deberán acompañarse todas las pruebas que
se pretenda hacer valer y que se encuentren en poder del demandado. (…) Si prospera la de falta
de jurisdicción o competencia, se ordenará remitir el expediente al juez que corresponda y lo actuado
conservará su validez. Si prospera la de compromiso o cláusula compromisoria, se decretará la
terminación del proceso y se devolverá al demandante la demanda con sus anexos (…)” se resalta.
44 “Artículo 95. Ineficacia de la interrupción de la prescripción y operancia de la caducidad. No se
considerará interrumpida la prescripción y operará la caducidad en los siguientes casos: (…)
4. Cuando el proceso termine por haber prosperado la excepción de compromiso o cláusula
compromisoria, salvo que se promueva el respectivo proceso arbitral dentro de los veinte (20) días
hábiles siguientes a la ejecutoria del auto que dé por terminado el proceso.(…)”
45 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 18 de julio de 2019, Exp. 62.930.
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Radicado: 25000233600020140007302 (64071)
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septiembre de 2010, mediante certificado 10-CEP-014, el ONAC certificó a Exmeco
Ltda. en su calidad de propietaria del Centro de Reconocimiento de Conductores
Exmeco 1, para que en la calle 18 No. 28A-80, piso 4, de Bogotá realizara la
evaluación y acreditación de conductores de vehículos automotores (hechos
probados 7.1.1., 7.1.2. y 7.1.5.). En tal virtud, el mismo 1° de septiembre de 2010,
con vigencia hasta el 31 de agosto de 2013, entre el ONAC y Exmeco Ltda. se
celebró el contrato de otorgamiento de uso del certificado de acreditación
correspondiente a Exmeco 1 (hecho probado 7.1.6.).
Asimismo, el 13 de septiembre de 2011, mediante certificado No. 11-CEP-008, el
ONAC certificó a Exmeco Ltda., en su condición de propietaria del centro de
reconocimiento de conductores Exmeco 2, para que en la sede Calle 10 # 58-19
piso 2 de Cali realizara la evaluación y acreditación de conductores de vehículos
automotores (hechos probados 7.1.3. y 7.1.13.). De igual manera, el mismo 13 de
septiembre de 2011, con vigencia hasta el 12 de septiembre de 2014, entre el ONAC
y Exmeco Ltda., se celebró el contrato de otorgamiento de uso del certificado de
acreditación correspondiente a establecimiento Exmeco 2 (hechos probados
7.1.14.).
Igualmente, el 10 de marzo de 2011, mediante certificado 10-CEP-019, el ONAC
certificó a Exmeco Ltda., en su condición de propietaria del centro de
reconocimiento de conductores Exmeco 3, con sede en la avenida 33 No. 65C-94
de Medellín, para expedir la acreditación de conductores de vehículos automotores
(hechos probados 7.1.7. y 7.1.10.). En tal virtud, el 11 de marzo de 2011, con
vigencia hasta el 10 de marzo de 2014, entre el ONAC y Exmeco Ltda., se celebró
el contrato de otorgamiento de uso del certificado de acreditación correspondiente
a establecimiento Exmeco 3 (hecho probado 7.1.11.).
Ahora bien, lo anterior se encuentra demostrado con las copias simples de las
referidas certificaciones 10-CEP-01446, 10-CEP-01947 y 11-CEP-00848, así como
con las copias auténticas de cada uno de los contratos de otorgamiento de uso del
46 Fl. 6 a 7, C.4.
47 Fl. 49 a 50, C.4.
48 Fl. 35, C.4.
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certificado de acreditación correspondientes a Exmeco 149, Exmeco 250 y Exmeco
351.
Ahora bien, de los mencionados contratos es importante destacar que la cláusula
13 de cada uno de ellos específicamente dispone que “cualquier diferencia que surja
entre las partes en relación con este contrato, se solucionará a través del centro de
conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá de conformidad con las reglas
del centro de arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Si no
hubiera acuerdo entre las partes en el centro de conciliación, la diferencia será
resuelta por el Tribunal de arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de
Bogotá” (hechos probados 7.1.6., 7.1.11. y 7.1.14.).
De igual modo, se advierte que el 19 de octubre de 2011 los certificados Nos. 10-
CEP-014 (Exmeco 1), 11-CEP-008 (Exmeco 2) y 10-CEP-019 (Exmeco 3) fueron
objeto de suspensión cautelar por parte del Comité de Acreditación del ONAC,
(hechos probados 7.1.21. y 7.1.22.). Asimismo, se estableció que el 2 de noviembre
de 2011, el mismo Comité de Acreditación del ONAC decidió cancelar y retirar las
mencionadas acreditaciones de la sociedad Exmeco Ltda., por el incumplimiento de
las exigencias y requisitos de la acreditación (hechos probados 7.1.24. y 7.1.25.),
de manera que estas son las circunstancias alegadas en la demanda como las
actuaciones que imposibilitaron que la sociedad demandante continuara con el
desarrollo de sus actividades, dada la imposibilidad de registrar en el RUNT los
resultados de las evaluaciones de sus usuarios.
En este sentido, se observa que la controversia planteada por la demandante contra
el ONAC se suscitó en el desarrollo y ejecución de los señalados contratos de uso
de los certificados de acreditación 10-CEP-014, 10-CEP-019 y 11-CEP-008, ante
los cuales se estableció el pacto compromisorio comprendido en la cláusula 13 de
los instrumentos negociales, de manera que es necesario establecer si la jurisdicción
contencioso administrativa es competente para conocer la controversia planteada
entre el ONAC y Exmeco Ltda., o si, este asunto concierne a la justicia arbitral.
49 Fl. 212 a 215 y 284 a 287, C.1.
50 Fl. 219 a 222 y 291 a 294, C.1.
51 Fl. 227 a 230 y 299 a 302, C.1.
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Sobre el particular, se advierte que la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
en tanto guardián de la constitucionalidad y legalidad administrativa, conoce de las
controversias sobre contratos del Estado, pues a esta jurisdicción está adscrito este
tipo de debate en sede judicial.
Sin embargo, en el caso concreto se reitera que la cláusula 13 de los contratos de
uso de los certificados de acreditación 10-CEP-014, 10-CEP-019 y 11-CEP-008,
suscritos entre el ONAC y Exmeco Ltda., expresamente señaló que “cualquier
diferencia que surja entre las partes en relación con este contrato, se solucionará a
través del centro de conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá de
conformidad con las reglas del centro de arbitraje y conciliación de la Cámara de
Comercio de Bogotá. Si no hubiera acuerdo entre las partes en el centro de
conciliación, la diferencia será resuelta por el Tribunal de arbitraje y conciliación de
la Cámara de Comercio de Bogotá”.
En el mismo sentido se advierte que, aunque la demanda fue presentada por
Exmeco Ltda. ante la jurisdicción contencioso administrativa, el ONAC
expresamente propuso la excepción de existencia de los contratos de uso de los
certificados de acreditación 10-CEP-014, 10-CEP-019 y 11-CEP-008 y de las
cláusulas compromisorias en ellos pactadas, para señalar el sometimiento del
asunto a la jurisdicción del tribunal de arbitramento.
Lo anterior permite concluir que la voluntad de las partes no se encaminó a modificar
ni derogar el pacto arbitral. Por el contrario, la cláusula compromisoria es clara y no
ofrece duda sobre la intención de las partes de sustraer del conocimiento de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo las divergencias que pudieran surgir
con relación a los contratos de uso de los certificados de acreditación 10-CEP-014,
10-CEP-019 y 11-CEP-008, para asignarlas a la jurisdicción arbitral.
En otras palabras, las partes no renunciaron expresamente al pacto arbitral
contenido en la cláusula 13 de los contratos de uso de los certificados de
acreditación 10-CEP-014, 10-CEP-019 y 11-CEP-008, ni puede interpretarse que lo
hubieren hecho tácitamente en los términos previstos en el parágrafo del artículo 21
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de la Ley 1563 de 201252. Por el contrario, debe concluirse que se reafirmó su
vigencia, toda vez que el ONAC propuso la excepción de la existencia de la cláusula
compromisoria, para señalar la jurisdicción radicada en cabeza del tribunal de
arbitramento.
Por otra parte, la Sala encuentra que las controversias que fueron sometidas a
conocimiento de esta jurisdicción se enmarcan dentro de las materias arbitrables,
en tanto no se trata de actos administrativos dictados por la Administración en
ejercicio de los poderes excepcionales que consagra el artículo 14 de la Ley 80 de
199353.
Teniendo en cuenta los pronunciamientos jurisprudenciales y los argumentos antes
esbozados, se concluye que esta Corporación no tiene competencia para estudiar
de fondo las controversias derivadas de los contratos de uso de los certificados de
acreditación 10-CEP-014, 10-CEP-019 y 11-CEP-008, suscritos entre el ONAC y
Exmeco Ltda. En consecuencia, deberá ser la justicia arbitral quien conozca las
pretensiones expuestas por la demandante contra el ONAC, para así respetar la
voluntad de las partes de someter su conocimiento a un Tribunal de Arbitramento.
En este sentido, se declarará probada la excepción de cláusula compromisoria
frente a las pretensiones expuestas en la demanda contra el ONAC y atendiendo lo
previsto en el artículo 101 del CGP se devolverá al demandante la demanda con
sus anexos, advirtiendo que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del
artículo 95 del Código General del Proceso, dentro de los veinte (20) días siguientes
a la ejecutoria de la presente providencia, los interesados deberán promover los
trámites correspondientes al proceso arbitral, para efectos de la inoperancia de la
caducidad.
52 Norma vigente para el momento en que fueron presentadas las demandas en el sub lite: la
presentación de la demanda en el proceso iniciado con el radicado No. 2018-00549-00 fue el 21 de
noviembre de 2018 y en el proceso iniciado con el radicado No. 2019-00321-00 el 18 de junio de
2019.
53 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de noviembre de 2017, Exp. 56.800.
Corporación acogió la tesis jurisprudencial según la cual la justicia arbitral encuentra limitada su
competencia cuando la controversia versa sobre conflictos derivados de la legalidad de los actos
administrativos expedidos por la Administración con ocasión de la relación contractual, en ejercicio
de las facultades exorbitantes de que trata el artículo 14 de la Ley 80 de 1993.
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Además, dado que la demanda no se dirige exclusivamente contra el ONAC, sino
que también se encauza contra la Nación - Ministerio de Transporte, la
Superintendencia de Puertos y Transporte y la Concesión Runt S.A., es importante
señalar la inexistencia de elementos que vinculen a los litisconsortes de manera
obligatoria. Por el contrario, se advierte que en este evento la pluralidad de
demandados es facultativa, de tal forma que la exclusión del ONAC del litigio no
impide que se adopte una decisión diferente respecto a los demás actores
procesales.
Así, se establece, de otro lado, que el Consejo de Estado es competente para desatar
el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 21 de febrero de 2019,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en lo que atañe a la Nación
• Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Puertos y Transporte y la
Concesión Runt S.A., puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor de la
demanda, supera los 500 SMLMV para la fecha de su presentación54, exigidos para
que el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa
tuviera vocación de doble instancia ante esta Corporación, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 150, 152 numeral 6, 157 y 247 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
Sobre el particular, es igualmente importante aclarar que la competencia para
conocer de los diferentes asuntos se fija de acuerdo con los siguientes criterios: i)
la naturaleza o materia del proceso y la cuantía (factor objetivo); ii) la calidad o
condiciones especiales de las partes que concurren al proceso (factor subjetivo);
iii) la naturaleza de la función que desempeña la autoridad que tiene a su cargo la
definición y resolución del proceso (factor funcional); iv) el lugar donde debe
tramitarse y desarrollarse el proceso (factor territorial); y v) la competencia
previamente determinada para otro proceso, lo que permite que un proceso
asignado a un juez absorba los otros asuntos que, con relación a un tema específico,
puedan ser promovidos con posterioridad (factor de conexidad o de atracción)55.
En este orden ideas, si bien la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está
54 La pretensión mayor es por perjuicios materiales en la suma de $15.623.280.000, lo cual es mayor
a 500 SMLMV de la fecha de presentación de la demanda.
55 Corte Constitucional. Sentencia C-328 de 2015
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estatuida para decidir controversias que se susciten entre entidades estatales o
entre estas y particulares, lo cierto es que también tiene competencia ocasional para
vincular y juzgar a los particulares o personas de derecho privado, aun cuando al
momento de realizar el análisis probatorio del proceso se establezca que la entidad
pública, también demandada, no es responsable de los hechos y daños que se le
atribuyen en el libelo introductorio56.
Precisamente la Sección Tercera de esta Corporación, en sentencia del 29 de
agosto de 200757, advirtió que el fuero de atracción resulta procedente siempre que
desde la formulación de las pretensiones y su acervo probatorio pueda inferirse que
existe una probabilidad mínimamente seria de que la entidad pública accionada en
conjunto con un sujeto de derecho privado pueda resultar condenada.
En el mismo sentido, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que
cuando el derecho de acción se ejerce contra una entidad pública y contra un sujeto
de derecho privado por un asunto litigioso que en principio debería ser ventilado
ante la jurisdicción ordinaria, el proceso debe surtirse ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, que adquiere la competencia para examinar la
responsabilidad de todos los accionados58.
De conformidad con lo anterior, el factor de conexidad implica, entonces, que el juez
administrativo tiene competencia para vincular y juzgar entidades públicas en
conjunto con otras entidades o, incluso, sujetos de derecho privado frente a los
cuales la competencia, en principio, se encuentra atribuida a otra jurisdicción. De
hecho, en sentencia del 18 de junio de 2015 la Sección Tercera del Consejo de
Estado manifestó lo siguiente:
“[…] El factor de conexión implica que cuando se demanda a una entidad pública el
competente es el juez administrativo, en conjunto con otras entidades incluso con
particulares en relación con los cuales la competencia para el conocimiento de los
pleitos en los que se encuentren implicados, en principio se encuentra atribuida a
otra jurisdicción, por aplicación del ‘factor de conexión’, el juez de lo contencioso
adquiere competencia para conocer del asunto en relación con todos ellos.
56 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencias del 1° de marzo de 2018, Exp.
43629; y del 28 de agosto de 2019, Exp. 52603.
57 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 22 de marzo de 2017, Exp. 38958.
58 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 1° de octubre de 2008, Exp. A.G. 2005-02076-
01.
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[…] Un buen ejemplo de aplicación del factor de conexión en la jurisdicción
contenciosa administrativa es el llamado fuero de atracción. En virtud de dicha
figura, a demandarse de forma concurrente a una entidad estatal, cuyo conocimiento
corresponde a esta jurisdicción y a otra entidad privada, cuya competencia
correspondería a la jurisdicción ordinaria, el proceso debe adelantarse ante la
primera – Jurisdicción Contencioso Administrativa-, la cual tiene competencia,
entonces, para fallar acerca de la responsabilidad de las dos demandadas”59
Tal circunstancia posibilita que el juez de lo contencioso administrativo pueda dirimir
controversias en las cuales intervengan particulares, siempre que su vinculación
con las personas de derecho público cuente con un fundamento sólido, es decir,
que en la demanda se invoquen acciones u omisiones que conduzcan
razonablemente a pensar que su responsabilidad pueda verse comprometida60.
Esta conclusión ha sido expuesta por la jurisprudencia del Consejo de Estado de
modo uniforme y reiterado, como se hizo en sentencia del 3 de agosto de 2020 61,
en la que se señaló que para la procedencia del fuero atracción es mandatorio que
“la demanda y las pretensiones se deban haber elevado de manera concurrente
tanto para las entidades públicas como para los particulares a los que se les
pretende enrostrar responsabilidad, y por otro, que debe existir una mínima y
fundada probabilidad de condena respecto de las entidades públicas”.
Dicho de otra manera, el hecho de que uno de los sujetos vinculados al proceso sea
juzgado de manera natural por el juez de la jurisdicción ordinaria, no excluye la
competencia de esta jurisdicción por la aplicación del fuero de atracción. Es decir,
basta que el demandante con suficientes fundamentos fácticos y jurídicos impute
acciones u omisiones contra varios sujetos y que uno de ellos deba ser juzgado por
la jurisdicción de lo contencioso administrativo, para que ésta asuma la
competencia, sin que resulte relevante si la sentencia absuelve o no a la entidad
pública.
Es así como, en aquellos eventos en los que se formule una demanda, tanto contra
una entidad estatal como en contra un sujeto de derecho privado de manera
concurrente, por un asunto que en principio debería ser decidido por un juez de la
jurisdicción ordinaria, el proceso debe adelantarse ante esta jurisdicción, pues el
59 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 18 de junio de 2015, Exp. 51714.
60 Ibídem.
61 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 3 de abril de 2020, Exp. 44428.
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juez de lo contencioso administrativo adquiere competencia para definir la
responsabilidad de todos los demandados62, siendo menester, para dichos efectos,
estudiar el petitum y los hechos que dieron origen al daño cuya reparación se
alega63.
En el caso sub examine, en atención a la naturaleza privada de la Concesión RUNT
S.A., debe advertirse que en razón al fuero de atracción, se tiene competencia para
vincularla y juzgarla, a la par de como ocurre con la Nación - Ministerio de Transporte
y la Superintendencia de Puertos y Transporte, pues las pretensiones de la demanda
dejan en evidencia que una condena frente a unas podría afectar a las demás.
En otras palabras, aunque la Concesión RUNT S.A. es una sociedad de naturaleza
privada, la relación procesal entre ésta, la demandante y las demás entidades
demandadas justifica la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa
para conocer el caso, debido a la conexión que existe entre las partes. Dicha
conexión implica que existe un interés común entre ellas, de modo que la decisión
judicial podría tener repercusiones tanto sobre la Concesión RUNT S.A. como sobre
los organismos públicos involucrados.
2. Medio de control procedente
El medio de control de reparación directa es el idóneo para perseguir la declaratoria
de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un
hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta
a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 8664 del
Código Contencioso Administrativo.
62 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 25 de julio de 2019, Exp. 51687.
63 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 4 de agosto de 1994, Exp. 10.007 y 9480.
64 “Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente
la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o
ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera
otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas
o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor
o exservidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas
por la actuación particular o de otra entidad pública.”
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En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque se
reclama la reparación de un daño por hechos imputables a la Nación - Ministerio de
Transporte, la Superintendencia de Puertos y Transporte y la Concesión Runt S.A.
Al respecto, conviene aclarar que el daño antijurídico aducido en la demanda
consistente en la imposibilidad de operar los centros de reconocimiento de
conductores Exmeco 1, 2 y 3, de manera que el presente juicio de responsabilidad
patrimonial no recae sobre la legalidad de los actos administrativos expedidos por el
ONAC, sino en la operación administrativa que desactivó el Centro de
Reconocimiento de Conductores Exmeco Ltda en el sistema RUNT, lo cual afirma
la procedencia del medio de control de reparación directa.
3. Vigencia del medio de control de reparación directa presentado contra la
Nación - Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Puertos y Transporte
y la Concesión Runt S.A.
Resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto el ejercicio
oportuno de la acción es un presupuesto procesal que, por ende, debe examinarse de
oficio65.
Así pues, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del
tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando
a la protección del interés general66, estableció unos plazos para poder ejercer
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser
65 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2011, Exp. 21093: “[…] respecto
a la oportunidad para pronunciarse respecto a este fenómeno jurídico ha de decirse, en primer lugar,
que, por tratarse de un presupuesto procesal de la acción, ha de examinarse de manera oficiosa al
momento de admitirse la demanda por manera que, conforme prescribe el artículo 143, inc. 3 del
Código Contencioso Administrativo, habrá de rechazarla el juez cuando verifique que ha ocurrido,, o
bien podrá ser propuesta por el demandado mediante el recurso de reposición propuesto contra el
auto admisorio de la demanda, o en la contestación de la misma, formulada como excepción de
fondo- artículo 144 ordinal 3- e incluso declararla de oficio el Juez en la sentencia definitiva si se
encuentra probada, conforme a los mandatos del artículo 164 del C.C.A.”
66 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal
a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida
justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener
seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no
concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,
esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser
declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”
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razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho a accionar, así como la consolidación de las
situaciones que se encontraban pendientes de solución.
El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción67, ofrecer estabilidad del
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.
Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.
La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle
configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna
situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una
limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando
como una sanción ipso iure68 que opera por la falta de actividad oportuna en la
puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún
67 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “..el derecho al acceso a
la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción
necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las
acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para
solidificar el concepto de derechos adquiridos.”.
68 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de
los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en
tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es
así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no
admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto
procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
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reconocimiento o protección de la justicia69, cuya consecuencia, por demandar más
allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad
potestativa de accionar.
Ahora bien, el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo - CCA, vigente
para la época de los hechos, señalaba que la acción de reparación directa caducaría
al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del
acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la
ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de
trabajo público o por cualquiera otra causa.
A su turno, artículo 164.2.i del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo – CPACA, vigente para la fecha de presentación de la
demanda, determinó que “La demanda deberá ser presentada: […] so pena de que
opere la caducidad: […] Cuando se pretenda la reparación directa, […] dentro del
término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la
acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener
conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la
imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.”. Lo anterior, con
excepción del término para formular la pretensión de reparación directa derivada del
delito de desaparición forzada, que “se contará a partir de la fecha en que aparezca
la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el
proceso penal, sin perjuicio de que la demanda con tal pretensión pueda intentarse
desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición”.
En el caso sub examine se advierte que la demanda radica su daño antijuridico en
que “intempestivamente el 25 de octubre del 2011 […] los centros de reconocimiento
de conductores EXMECO 1, 2 y 3 no pudieron seguir prestando el servicio para el
que habían sido habilitados por el Ministerio de Transporte […] habida cuenta que
69 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “… [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados
por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.
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no se les permitió seguir incorporando al Registro Único Nacional de Tránsito RUNT
la información de sus pacientes o usuarios evaluados por cuanto fueron
desactivados del sistema y no pudieron seguir cargando al mismo esta información”.
Sobre el particular, debe resaltarse que las solicitudes de conciliación presentadas
ante la Procuraduría No. 147 Judicial II para Asuntos Administrativos 70 señalaron
como hechos dañinos la situación antes citada, esto es, sin referir señalamiento
alguno por efecto de la falta de notificación de las decisiones de suspensión y
cancelación de las acreditaciones de los centros de reconocimiento de conductores.
Así las cosas, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del CCA, el
extremo inicial del término legal de caducidad debe contabilizarse desde la fecha
del hecho dañino alegado en la demanda, es decir, desde el 25 de octubre de 2011.
En consecuencia, la vigencia del derecho de acción se establece entre el 26 de
octubre de 2011 y el 26 de octubre de 2013.
Al respecto se estima que el derecho de accionar no se ejerció en tiempo frente a
las pretensiones elevadas por Exmeco Ltda. sobre los centros de reconocimiento
de conductores Exmeco 1 y 2, teniendo en cuenta: i) que faltando 6 días para que
operara el fenómeno de la caducidad, el 21 de octubre de 2013 Exmeco Ltda.
presentó la solicitud de conciliación por la causación de los perjuicios morales y
materiales ocasionados a la sociedad por lo ocurrido en sus centros de
reconocimiento de conductores Exmeco 1, Exmeco 2; ii) que la audiencia de
conciliación se llevó a cabo y se declaró fallida el 5 de diciembre de (2013), por no
existir ánimo conciliatorio entre las partes71; iii) que por efecto de lo anterior y de lo
dispuesto en el artículo 2172 de la Ley 640 de 2001, el término extintivo se extendió
hasta el 13 de diciembre de 2013; y iv) que la demanda de reparación directa se
radicó el 24 de enero de 2014, conforme al sello impreso por la secretaria de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. De modo que el
70 Fl. 43 a 45, 38 a 40 y 51 a 55, C.4.
71 Fl. 43 a 45, 38 a 40 y 51 a 55, C.4.
72 “La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador
suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo
conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite
sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2o. de la
presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior,
lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable.”
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medio de control se ejerció cuando ya había operado el fenómeno de la caducidad
del medio de control.
Por el contrario, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo respecto
a las pretensiones elevadas por Exmeco Ltda. frente al centro de reconocimiento de
conductores Exmeco 3, teniendo en cuenta: i) que faltando 6 días para que operara
el fenómeno de la caducidad, el 21 de octubre de 2013 Exmeco Ltda. presentó la
solicitud de conciliación por la causación de los perjuicios morales y materiales
ocasionados a la sociedad por lo ocurrido en su centro de reconocimiento de
conductores Exmeco 3; ii) que la audiencia de conciliación se llevó a cabo y se
declaró fallida el 20 de enero de 2014, por no existir ánimo conciliatorio entre las
partes73; iii) que por efecto de lo anterior y de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley
640 de 2001, el término extintivo se extendió hasta el 28 de enero de 2014; y iv) que
la demanda de reparación directa se radicó el 24 de enero de 2014, conforme al
sello impreso por la secretaria de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, de modo que el medio de control se ejerció en vigencia del derecho
de acción.
4. Legitimación en la causa
Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis74.
4.1. Exmeco Ltda. IPS S.A.S. está legitimada en la causa por activa, pues
compareció como propietaria del Centro de Reconocimiento de Conductores
Exmeco 3, frente al cual se alega la imposibilidad de su operación y funcionamiento
(hechos probados 7.1.7., 7.1.10., 7.1.11., 7.1.12. y 7.1.21.).
73 Fl. 51 a 55, C.4.
74 Frente al tema, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “la legitimación en la causa
corresponde a un presupuesto procesal de la acción (y no de la pretensión) y, por lo tanto, debe
analizarse de oficio y de manera previa a la decisión de fondo de la litis. En consecuencia, la ausencia
de legitimación material en la causa tanto activa como pasiva impide adentrarse en el fondo del
caso”. Consejo de Estado, Sentencia del 28 de abril de 2021. Exp. 48436. En igual sentido, ver
sentencia del Consejo de Estado del 8 de octubre de 2020, Exp. 1760-18. Sentencia del 25 de julio
de 2019, Exp. 54527 y auto del 10 de septiembre de 2020, Exp. 0736-18.
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4.2. La Nación – Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Puertos y
Transporte y la Concesión RUNT se encuentran legitimadas en la causa por pasiva
en atención a que contra ellas se argumenta la desactivación en el sistema RUNT
del Centro de Reconocimiento de Conductores Exmeco 3 de propiedad de la
demandante y la causación de perjuicios materiales y morales.
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si se configura el daño antijurídico derivado de la
desactivación del Centro de Reconocimiento de Conductores Exmeco 3 en el
sistema RUNT y, en caso afirmativo, si el mismo es imputable a la Nación –
Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Puertos y Transporte y la
Concesión RUNT.
6. Solución del problema jurídico
Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
generales sobre la responsabilidad del Estado
6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado
El artículo 90 de la Constitución Política de 199175 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.
El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el
ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la
ley o el derecho76, que contraría el orden legal77 o que está desprovista de una
causa que la justifique78, resultado que se produce sin derecho al contrastar con las
75 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia
de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.
76 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Exp. 11945.
77 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez
Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.
78 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Exp. 11499;
Sentencia del 27 de enero de 2000, Exp. 10867.
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normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o
protegida79, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto
resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor
patrimonial que sufre. Reductivamente, se dice que daño antijurídico es aquel que
la persona no tiene el deber jurídico de soportar, descripción que aunque ilustra en
términos generales fenómeno lesivo indemnizable, resulta insuficiente para
explicarlo integralmente.
La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño
antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo y que comprende los daños
causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo de ella,
de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han desarrollado para
ello, principalmente por la doctrina, y que han sido acogidos y aplicados por la
jurisprudencia, como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio, con el
desequilibrio de las cargas públicas, con el riesgo excepcional y con el daño
especial, entre otros80.
Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.
7. El caso concreto
En el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 21 de febrero
de 2019 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones
de la demanda, la parte actora indicó que el Tribunal erró al analizar la responsabilidad
de cada demandada, pues no consideró que las acciones y omisiones de todas
contribuyeron al daño y a la vulneración del debido proceso y del derecho de defensa
de Exmeco Ltda. Asimismo, indicó que el Ministerio de Transporte y la
Superintendencia de Puertos y Transporte eran patrimonialmente responsables de los
daños que había sufrido, pues estas entidades tenían la competencia para suspender
79 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva
Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.
80 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C,
sentencia de 18 de mayo de 2017, Exp. 36.386.
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y cancelar el registro ante el RUNT.
En este sentido, y comoquiera que sólo la parte actora presentó recurso de
apelación contra la sentencia proferida el 21 de febrero de 2019, por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328
del CGP, se resolverá el asunto sub lite en aquello que se reprocha como
desfavorable en el recurso81. Por ello, a continuación, se analizará si se configura
el daño antijurídico derivado de la desactivación del Centro de Reconocimiento de
Conductores Exmeco 3 en el sistema RUNT y, en caso afirmativo, si el mismo es
imputable a la Nación – Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Puertos y
Transporte y la Concesión RUNT.
Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si los elementos que estructuran la responsabilidad del
Estado se encuentran acreditados.
7.1. Hechos Probados
Antes de enunciar cuáles son los hechos que se encuentran probados en el
proceso, es necesario precisar que se les otorgará valor a las pruebas
documentales presentadas en copia simple, en virtud de lo decidido por la Sección
Tercera del Consejo de Estado en sentencia de unificación del 28 de agosto de
201382, sin que ello signifique relevar a las partes del cumplimiento de las
solemnidades que el legislador establece o determina para la prueba de específicos
hechos o circunstancias.
Así pues, se evidencia que, de conformidad con los medios probatorios allegados
oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:
81 “Artículo 328. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no
apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el
superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón
de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el
trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia”.
82 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 28 de agosto de 2013, Exp. 25022
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7.1.1. Está probado que el 14 de febrero de 2007, en el Registro Mercantil de la
Cámara de Comercio de Bogotá se matriculó el Establecimiento de Comercio
Exmeco 1. Lo anterior consta en la copia simple del certificado de cancelación de
matrícula de establecimiento de Comercio de la Cámara de Comercio de Bogotá 83
7.1.2. Está demostrado que el 29 de marzo de 2010 se constituyó la sociedad
comercial denominada Exmeco Ltda. Socios: Óscar Javier Vargas Rubio y Lily
Dawn Sharp Barrios. El objeto social: “expedir certificado de aptitud física, mental y
de coordinación motriz para conductores. la evaluación visual, evaluación de
coordinación motriz de las personas que deseen obtener la licencia por primera vez,
recategorización o refrendación de la misma”. La sociedad registró como
establecimiento de comercio matriculado bajo su propiedad a Exmeco 1. Lo anterior
consta en la copia simple del certificado de existencia y representación legal de la
Cámara de Comercio de Bogotá84.
7.1.3. Consta que el 25 de mayo de 2010, se registró en la matrícula mercantil
de la Cámara de Comercio de Cali el establecimiento denominado Exmeco 2, bajo
la propiedad de Exmeco Ltda., según da cuenta la copia simple del respectivo
certificado85.
7.1.4. Está acreditado que el 25 de agosto de 2010, mediante Resolución No.
003475, el Ministerio de Transporte autorizó a Exmeco Ltda. para operar como
centro de reconocimiento de conductores, con capacidad de expedición diaria de 51
certificados de aptitud física, mental y de coordinación motriz a través del
establecimiento de Comercio denominado Exmeco 1, ubicado en la calle 18 No. 28ª-
80, piso 4, de Bogotá. Lo anterior consta en la copia simple de la referida
resolución86.
7.1.5. Está demostrado que el 1 de septiembre de 2010, mediante certificado 10-
CEP-014, el ONAC certificó a Exmeco Ltda. para que en la calle 18 No. 28A-80,
piso 4, de Bogotá (Exmeco 1), realizara la evaluación y acreditación de conductores
83 Fl. 3, C.4.
84 Fl. 1 a 2, C.4.
85 Fl. 34, C.4.
86 Fl. 4 a 5, C.4.
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de vehículos automotores para las categorías de los grupos 1 y 2, en los rangos de
evaluación de las aptitudes físicas, mentales y de coordinación motriz requeridas
para obtener por primera vez, recategorizar y/o refrendar la licencia de conducción,
la capacidad visual, la capacidad auditiva, el sistema locomotor, el sistema
cardiovascular, trastornos hematológicos, del sistema renal, sistema respiratorio,
enfermedades metabólicas y endocrinas, sistema nervioso y muscular, trastornos
mentales y de conducta, trastornos relacionados con sustancias y aptitud
perceptivo-motora. Lo anterior consta en la copia simple del referido certificado87.
7.1.6. Quedó probado que el 1° de septiembre de 2010, con vigencia hasta el 31
de agosto de 2013, entre el ONAC y Exmeco Ltda., sede registrada en la calle 18
No. 28A-80, piso 4, de Bogotá (Exmeco 1), en cuanto titular de la acreditación 10-
CEP-014, se celebró el contrato de otorgamiento de uso del certificado de
acreditación, en cuya cláusula 13 se acordó someter la solución de las controversias
derivadas del contrato al centro de conciliación de la Cámara de Comercio de
Bogotá y al Tribunal de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de
Bogotá. Lo anterior consta en la copia auténtica del contrato88.
7.1.7. Está establecido que el 20 de octubre de 2010, se inscribió en el Registro
Mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín el establecimiento denominado
Exmeco 3, bajo la propiedad de Exmeco Ltda., según da cuenta la copia simple del
respectivo certificado89.
7.1.8. Está demostrado que el 25 de noviembre de 2010, mediante Resolución
No. 005166, el Ministerio de Transporte registró la sociedad Exmeco Ltda. para
operar como centro de reconocimiento de conductores con capacidad de emisión
diaria de 66 certificados de aptitud física, mental y de coordinación motriz a través
del establecimiento de comercio denominado Exmeco 2 ubicado en la calle 10 No.
58-19, piso 2, de Cali, según la cuenta la copia simple del referido acto
administrativo90.
87 Fl. 6 a 7, C.4.
88 Fl. 212 a 215 y 284 a 287, C.1.
89 Fl. 41, C.4.
90 Fl. 30 a 31, C.4.
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Radicado: 25000233600020140007302 (64071)
Demandante: Exmeco Ltda. IPS S.A.S.
7.1.9. Consta que el 14 de diciembre de 2010, mediante Resolución No. 005508,
el Ministerio de Transporte modificó la capacidad de expedición diaria y certificados
de aptitud física, mental y de coordinación motriz, otorgada mediante Resolución
No. 003475/10 al Centro de Reconocimiento de Conductores Exmeco 1, en el
sentido de ampliar a 66 certificados diarios, según da cuenta la copia simple de la
referida resolución91.
7.1.10. Se estableció que el 10 de marzo de 2011, mediante certificado 10-CEP-
019, el ONAC certificó a Exmeco Ltda., con sede en la avenida 33 No. 65C-94 de
Medellín – Antioquia (Exmeco 3) para expedir la acreditación de conductores de
vehículos automotores en los grupos 1 y 2, y en los rangos de evaluación de las
aptitudes físicas, mentales y de coordinación motriz requeridas para obtener por
primera vez, recategorizar y/o refrendar la licencia de conducción, la capacidad
visual, la capacidad auditiva, el sistema locomotor, el sistema cardiovascular,
trastornos hematológicos, del sistema renal, sistema respiratorio, enfermedades
metabólicas y endocrinas, sistema nervioso y muscular, trastornos mentales y de
conducta, trastornos relacionados con sustancias y aptitud perceptivo-motora. Lo
anterior consta en la copia simple el respectivo certificado92.
7.1.11. Quedó probado que el 11 de marzo de 2011, con vigencia hasta el 10 de
marzo de 2014, entre el ONAC y Exmeco Ltda., sede registrada en la avenida 33
No. 65C-94 de Medellín (Exmeco 3), en cuanto titular de la acreditación 11-CEP-
019, celebraron el contrato de otorgamiento de uso del certificado de acreditación,
en cuya cláusula 13 acordaron someter la solución de las controversias derivadas
del contrato al centro de conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y al
Tribunal de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Lo
anterior consta en la copia auténtica del contrato93.
7.1.12. Quedó acreditado que el 29 de abril de 2011, mediante Resolución No.
001255, el Ministerio de Transporte registró la sociedad Exmeco Ltda. para operar
como centro de reconocimiento de conductores con capacidad de emisión diaria de
65 certificados de aptitud física, mental y de coordinación motriz a través del
91 Fl. 8 a 9, C.4.
92 Fl. 49 a 50, C.4.
93 Fl. 227 a 230 y 299 a 302, C.1.
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Radicado: 25000233600020140007302 (64071)
Demandante: Exmeco Ltda. IPS S.A.S.
establecimiento de comercio denominado Exmeco 3 ubicado en la avenida 33 No.
65C-94 de Medellín. Lo anterior consta en la copia simple de la referida resolución94.
7.1.13. Se probó que el 13 de septiembre de 2011, mediante certificado No. 11-
CEP-008, el ONAC certificó a Exmeco Ltda. para que en la sede Calle 10 # 58-19
piso 2 de Cali (Exmeco 2) realizara la evaluación y acreditación de conductores de
vehículos automotores para las categorías de los grupos 1 y 2, en los rangos de
evaluación de las aptitudes físicas, mentales y de coordinación motriz requeridas
para obtener por primera vez, recategorizar y/o refrendar la licencia de conducción,
la capacidad visual, la capacidad auditiva, el sistema locomotor, el sistema
cardiovascular, trastornos hematológicos, del sistema renal, sistema respiratorio,
enfermedades metabólicas y endocrinas, sistema nervioso y muscular, trastornos
mentales y de conducta, trastornos relacionados con sustancias y aptitud
perceptivo-motora. Lo anterior consta en la copia simple de la referida certificación95.
7.1.14. Quedó probado que el 13 de septiembre de 2011, con vigencia hasta el 12
de septiembre de 2014, entre el ONAC y Exmeco Ltda., sede registrada en la calle
10 No. 58-19 piso 2, de Cali (Exmeco 2), en cuanto titular de la acreditación 11-
CEP-008, celebraron el contrato de otorgamiento de uso del certificado de
acreditación, en cuya cláusula 13 acordaron someter la solución de las
controversias derivadas del contrato al centro de conciliación de la Cámara de
Comercio de Bogotá y al Tribunal de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de
Comercio de Bogotá. Lo anterior consta en la copia auténtica del contrato96.
7.1.15. Se demostró que el 22 de septiembre de 2011, la Superintendencia de
Puertos y Transporte le informó al ONAC que durante una inspección realizada al
Centro de Reconocimiento de Conductores de Exmeco Ltda., ubicado en la Calle
18 No. 28 A-80 piso 4 de Bogotá, se identificaron presuntos cambios en las
condiciones de acreditación. En particular señaló: 1. El personal médico encargado
de las evaluaciones, específicamente el médico certificador, también estaba
desempeñando funciones como médico evaluador, lo que generaba dudas sobre la
separación de funciones; y 2. Algunos equipos no fueron observados durante la
94 Fl. 46 a 47, C.4.
95 Fl. 35, C.4.
96 Fl. 219 a 222 y 291 a 294, C.1.
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Radicado: 25000233600020140007302 (64071)
Demandante: Exmeco Ltda. IPS S.A.S.
visita, alegando que se encontraban en mantenimiento. Lo anterior consta en las
copias simples del mencionado comunicado, radicación número 11332197, y del
Acta de Comité de Acreditación del ONAC, de 19 de octubre de 201198.
7.1.16. Se probó que, en fecha indeterminada, el ONAC programó una visita
extraordinaria no avisada de evaluación para la verificación de la situación
comunicada por la Superintendencia de Puertos y Transporte, en el sitio acreditado
ubicado en la Calle 18 No. 28 A 80, piso 4 de Bogotá, pero la misma no fue posible
realizarla por cuanto en el lugar se encontró un aviso que indicaba que no habría
servicio durante 10 días por vacaciones; de manera que no se pudo evidenciar la
presencia de los equipos, del personal, ni de los registros legalmente requeridos. Lo
anterior consta en la copia simple del Acta de Comité de Acreditación del ONAC, de
19 de octubre de 201199.
7.1.17. Quedó establecido que el 12 de octubre de 2011, Exmeco Ltda. radicó en
el Ministerio de la Protección Social el formulario y novedades de prestadores de
servicios de salud – Exmeco 1 - correspondiente al cierre de la entidad o prestador,
según consta la copia simple del referido formulario100.
7.1.18. Se probó que, en fecha indeterminada, el ONAC procedió a realizar un
estudio pormenorizado de las evaluaciones adelantadas por motivo de las
acreditaciones otorgadas a Exmeco Ltda., encontrando un aparente traslado de
equipos y de personal de una a otra sucursal para cumplir requisitos para
otorgamiento de acreditación, así como el incumplimiento de las reglas de
evaluación de aptitud mental, física y de coordinación motriz exigidas para el
reconocimiento de conductores y el cierre no autorizado de las instalaciones. Lo
anterior consta en el Acta de Comité de Acreditación del ONAC, de 19 de octubre
de 2011101.
7.1.19. Se demostró que el 12 de octubre de 2011, el ONAC requirió a Exmeco
Ltda. para que explicara: (i) por qué el personal de atención médica aparecía en
97 Fl. 235, C.1.
98 Fl. 59 a 78, C.4.
99 Fl. 59 a 78, C.4.
100 Fl. 12 a 13, C.4.
101 Fl. 59 a 78, C.4.
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Radicado: 25000233600020140007302 (64071)
Demandante: Exmeco Ltda. IPS S.A.S.
varios centros de acreditación, incluso de algunos que aún se hallaban en proceso
de certificación; (ii) por qué los equipos de examen médico aparecían registrados
en varios centros de acreditación, incluso de algunos que aún se hallaban en
proceso de certificación; y (iii) por qué se presentaban inconsistencias en el
cumplimiento de los requisitos legales de algunos registros de acreditación de
conductores. Lo anterior consta en la copia simple del Acta de Comité de
Acreditación del ONAC, de 19 de octubre de 2011102.
7.1.20. Está acreditado que el 18 de octubre de 2011, Exmeco Ltda. presentó a el
ONAC las explicaciones a los requerimientos solicitados, aclarando el manejo de
cambios en la nómina y de equipos, y rechazando por cuestiones legales la solicitud
de las historias clínicas de los conductores acreditados, aparentemente, sin el
cumplimiento de los requisitos. Lo anterior consta en la copia simple del Acta de
Comité de Acreditación del ONAC, de 19 de octubre de 2011103.
7.1.21. Está probado que el 19 de octubre de 2011, el Comité de Acreditación del
ONAC decidió suspender cautelarmente las acreditaciones de Exmeco Ltda.,
Certificados Nos. 10-CEP-014 (Exmeco 1), 11-CEP-008 (Exmeco 2) y 10-CEP-019
(Exmeco 3), debido a que consideró evidenciadas conductas que comprometían la
confianza y credibilidad en los servicios de acreditación. Esta medida se adoptó
como resultado de varios incumplimientos, entre ellos, la falta de notificación de
cambios significativos, como la intención de independizar jurídicamente sus centros,
el uso no autorizado de personal acreditado en otros organismos y el traslado de
equipos entre sedes sin la debida comunicación al ONAC. La suspensión cautelar
se estableció por un periodo de 10 días hábiles y como de cumplimiento inmediato.
Durante el periodo de suspensión el Comité de Acreditación evaluaría si la
acreditación se mantenía, se retiraba o se levantaba la medida. Asimismo, se
ordenó realizar una visita extraordinaria in situ para verificar los registros
relacionados con las historias clínicas de las evaluaciones efectuadas por Exmeco
Ltda. La medida de suspensión obligaba a Exmeco Ltda. a interrumpir todas las
actividades que estaban cubiertas por la acreditación y a cesar el uso del símbolo
de acreditación, además de notificar a las autoridades competentes en caso de que
102 Fl. 59 a 78, C.4.
103 Fl. 59 a 78, C.4.
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Radicado: 25000233600020140007302 (64071)
Demandante: Exmeco Ltda. IPS S.A.S.
su alcance involucrara sectores regulados. Lo anterior consta en la copia simple del
Acta de Comité de Acreditación104.
7.1.22. Consta que el 20 de octubre de 2011, el ONAC notificó al representante
legal de Exmeco Ltda. que, en la reunión de su Comité de Acreditación de 19 de
octubre de 2011 se había decidido suspender cautelarmente las acreditaciones 10-
CEP-014 (Exmeco 1), 11-CEP-08 (Exmeco 2) y 10-CEP-019 (Exmeco 3) otorgadas
a la sociedad. En dicha comunicación se le informó que contra esta decisión
procedía el recurso de apelación, el cual debía interponerse dentro de los 5 días
siguientes a la notificación de la medida cautelar. Como resultado de la suspensión,
se le indicó que de manera inmediata debía interrumpir el desarrollo de las
actividades amparadas por las acreditaciones otorgadas, así como el uso del
símbolo de acreditación o cualquier referencia a su condición de acreditado.
Además, se advirtió que la suspensión sería comunicada al Ministerio de Transporte
y a la Superintendencia de Puertos y Transporte, para lo de su competencia. Lo
anterior se advierte en la copia simple de la mencionada comunicación105 y en el
certificado de envío y entrega de la comunicación por medio del Servicios Postales
Nacionales S.A. 472106.
7.1.23. Está demostrado que el 24 y el 29 de abril de 2013, Exmeco Ltda. presentó
un derecho de petición ante el Ministerio de Transporte solicitando información
sobre la existencia de investigación o sanción alguna contra la peticionaria o sus
establecimientos de Comercio. Lo anterior consta en las copias simples de las
referidas solicitudes107.
7.1.24. Está demostrado que el 2 de noviembre de 2011, el Comité de
Acreditación del ONAC decidió retirar las acreditaciones 10-CEP-014 (Exmeco 1),
11-CEP-08 (Exmeco 2) y 10-CEP-019 (Exmeco 3) otorgadas a la sociedad Exmeco
Ltda. La cancelación de las acreditaciones implicó la obligación de devolver los
certificados de acreditación y su eliminación del listado de OEC acreditados.
Además, la decisión dispuso su comunicación al Ministerio de Transporte y a la
104 Fl. 59 a 78, C.4.
105 Fl. 56, C.4.
106 Fl. 57 a 58, C.4.
107 Fl. 16 a 17, 32 a 33, C.4.
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Demandante: Exmeco Ltda. IPS S.A.S.
Superintendencia de Puertos y Transporte para lo de su competencia. En sustento,
el Comité de Acreditación del ONAC consideró que, en las visitas extraordinarias
realizadas a las instalaciones de EXMECO LTDA. en octubre de 2011 identificó
diversas irregularidades que comprometieron la validez de la acreditación otorgada
a Exmeco Ltda..
Así señaló que el 5 de octubre de 2011, se realizó una visita extraordinaria no
avisada a las instalaciones de Exmeco Ltda. en Bogotá, ubicadas en la Calle 18 No.
28 A 80, piso 4 (Exmeco 1). Sin embargo, la auditoría no pudo llevarse a cabo ya
que las instalaciones se encontraban cerradas, con un aviso que indicaba que el
centro estaba en vacaciones y no prestaría servicio durante 10 días. Este aviso
continuó visible incluso 24 días después, lo que fue constatado en una visita
posterior, el 28 de octubre de 2011. De igual manera, en una visita realizada a
Medellín a las instalaciones de la Avenida 33 No. 55 C -94 (Exmeco 3), el centro se
encontraba cerrado y aparentemente no estaba prestando servicios. Estas
situaciones no fueron informadas al ONAC, lo que constituye una violación de las
obligaciones contractuales del organismo acreditado.
En una tercera visita, realizada en Cali, en la Calle 10 No. 59-19, piso 2 (Exmeco
2), se detectaron varias irregularidades adicionales. En primer lugar, no se evidenció
la existencia de tarjetas profesionales de los médicos, lo que contraviene lo
establecido en el Decreto 1328 de 1984. Además, los equipos del centro no
contaban con la identificación adecuada, como el número de identificación interna,
marca, modelo o fabricante, lo que afecta la confianza en la acreditación otorgada,
ya que dichos equipos fueron previamente identificados durante el proceso de
acreditación.
También se observó que no se pudieron revisar las historias clínicas ni los registros
de las evaluaciones de aptitud de los conductores, lo cual es obligatorio para
verificar si el centro estaba cumpliendo con las evaluaciones de aptitud mental,
física y motriz requeridas por la ley. Estos incumplimientos se consideraron
atentatorios contra la transparencia y la obligación del organismo de mantener
registros adecuados para el sistema RUNT.
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Radicado: 25000233600020140007302 (64071)
Demandante: Exmeco Ltda. IPS S.A.S.
Las irregularidades generales incluyeron el traslado no informado de equipos y
personal entre organismos acreditados, la falta de comunicación con el ONAC sobre
modificaciones en las actividades acreditadas, y el incumplimiento de los requisitos
establecidos en las normas de acreditación. Ante estas violaciones, el Comité de
Acreditación concluyó que Exmeco Ltda. había incumplido de manera deliberada
las reglas de acreditación, lo que afectó gravemente la confianza y credibilidad del
ONAC. Lo anterior consta en la copia simple del acta del comité de acreditación108.
7.1.25. Está establecido que el 2 de noviembre de 2011, el ONAC le notificó al
representante legal de Exmeco Ltda. el retiro de las acreditaciones reconocidas a
su favor, informándole que contaba con el término de 5 días para apelar la decisión.
Lo anterior se advierte en la copia simple de la mencionada comunicación109 y en el
certificado de envío y entrega de la comunicación por medio del Servicios Postales
Nacionales S.A. 472110.
7.1.26. Quedó acreditado que el 18 de noviembre de 2011, el ONAC le comunicó
al Ministerio de Transporte que “a través del Comité de Acreditación del 2 de
noviembre de 2011, según consta en el acta respectiva, decidió retirar y/o cancelar
las acreditaciones 10-CEP-014, 11-CEP-08 Y 10-CEP-019”, que le habían sido
otorgadas a la sociedad Exmeco Ltda. La comunicación informó que “una vez
vencidos los términos señalados […] la citada sociedad no presentó apelación
alguna a las decisiones arriba citadas, por lo que se entiende que las mismas se
encuentran en firme”. Igualmente, el ONAC le solicitó al Ministerio de Transporte
que extendiera la comunicación de la decisión al RUNT. Lo anterior consta en la
copia simple de la referida comunicación111.
7.1.27. Está probado que el 24 de noviembre de 2011, Exmeco Ltda., presentó
ante el ONAC una solicitud de reconsideración sobre la decisión de cancelación de
la acreditación 11-CEP-008 (Exmeco 2). Lo anterior consta en la copia simple del
respectivo memorial112.
108 Fl. 89 a 102, C.4.
109 Fl. 85, C.4.
110 Fl. 86 a 88, C.4.
111 Fl. 101, C. 1.
112 Fl. 269 a 270, C.1.
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Radicado: 25000233600020140007302 (64071)
Demandante: Exmeco Ltda. IPS S.A.S.
7.1.28. Está acreditado que él 2 de mayo de 2012, Exmeco Ltda. presentó ante el
ONAC el “recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la decisión
contenida en el acta de comité de acreditación de Colombia de 2 de noviembre de
2011, mediante la cual se ordenó ´…Retirar o cancelar las acreditaciones 10CEP-
014, 11-CEP-008 Y 10-CEP-019´”. Lo anterior consta en la copia simple del
respectivo memorial113.
7.1.29. Consta que el 2 de mayo de 2013, el Ministerio de Transporte contestó la
petición de Exmeco Ltda. indicando que “no ha adelantado ni adelanta investigación
alguna en contra de la sociedad EXMECO LTDA ni a sus establecimientos de
comercio Exmeco 1, Exmeco 2 y Exmeco 3, toda vez que, la competencia para tal
fin recae en la Superintendencia de Puertos y Transporte de conformidad con el
parágrafo 3 del artículo 2 de la Ley 1383 de 2010”. Lo anterior se observa en la
copia simple de la mencionada respuesta114.
7.1.30. Se acreditó que el 18 de junio de 2013, la Superintendencia de Puertos y
Transporte respondió la petición elevada por Exmeco Ltda., señalando que
revisadas las bases de datos del Grupo de Notificaciones de la Superintendencia
de Puertos y Transporte, no se encontraron actos administrativos por
investigaciones, ni sanciones, en contra de la Sociedad Exmeco Ltda., ni de sus
establecimientos de comercio. Lo anterior consta en el escrito de respuesta115.
7.2. Análisis de los elementos de la responsabilidad del Estado
En aras de resolver los cargos invocados en los recursos de apelación, la Sala
analizará de forma ordenada cada uno de los elementos de la responsabilidad
patrimonial del Estado, ya que la configuración de dicho instituto jurídico depende
de la sumatoria de los componentes que lo conforman. Por lo anterior, se hace
necesario abordar dichos elementos de la siguiente manera: i) el daño antijurídico y
ii) su imputación frente al Estado.
113 Fl. 272 a 277, C.1.
114 Fl. 19 y 52, C.4.
115 Fl. 18 y 48, C.4.
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Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende
a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia del daño como elemento
esencial del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de toda
utilidad, ya que aún ante su existencia, no será posible declarar responsabilidad
patrimonial de la Administración56-57.
7.2.1. El daño antijurídico
Con anterioridad se dijo que el daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés
protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está
amparada por la ley o el derecho116, que contraría el orden legal117 o que está
desprovista de una causa que la justifique118, resultado que se produce sin derecho
al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una
situación reconocida o protegida119, violando de manera directa el principio alterum
non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin
repararlo por el desvalor patrimonial que sufre.
Al respecto, la accionante indicó en la demanda y en el recurso de apelación que
padeció un daño antijuridico, consistente en la imposibilidad de operar su centro de
reconocimiento de conductores Exmeco 3, porque “intempestivamente el 25 de
octubre del 2011 […] no se les permitió seguir incorporando al Registro Único
Nacional de Tránsito RUNT la información de sus pacientes o usuarios evaluados
por cuanto fueron desactivados del sistema y no pudieron seguir cargando al mismo
esta información”.
Al respecto, se tiene establecido que Exmeco Ltda., en su calidad de propietaria del
establecimiento denominado Exmeco 3, con sede en la Avenida 33 No. 65C-94 de
Medellín – Antioquia, se encontraba certificada por el ONAC para expedir la
acreditación de conductores de vehículos automotores en los grupos 1 y 2,
correspondientes a los rangos de evaluación de las aptitudes físicas, mentales y de
116 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Exp. 11945.
117 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez
Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.
118 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Exp. 11499;
Sentencia del 27 de enero de 2000, Exp. 10867.
119 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva
Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.
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Radicado: 25000233600020140007302 (64071)
Demandante: Exmeco Ltda. IPS S.A.S.
coordinación motriz requeridas para obtener por primera vez, recategorizar y/o
refrendar la licencia de conducción. Esto incluía la evaluación de la capacidad
visual, auditiva, el sistema locomotor, el sistema cardiovascular, los trastornos
hematológicos, del sistema renal, respiratorio, enfermedades metabólicas y
endocrinas, sistema nervioso y muscular, trastornos mentales y de conducta,
trastornos relacionados con sustancias y la aptitud perceptivo-motora (hechos
probados 7.1.7., 7.1.10. y 7.1.12.).
En virtud de lo anterior, el 29 de abril de 2011, mediante la Resolución No. 001255,
el Ministerio de Transporte registró a la sociedad Exmeco Ltda. para operar como
centro de reconocimiento de conductores, con la capacidad de emitir diariamente
hasta 65 certificados de aptitud física, mental y de coordinación motriz a través del
establecimiento denominado Exmeco 3, ubicado en la Avenida 33 No. 65C-94 de
Medellín (hecho probado 7.1.12.). Lo anterior le otorgaba a Exmeco 3 el acceso al
sistema RUNT, como Centro de Reconocimiento de Conductores.
Sin embargo, la demanda y las respectivas contestaciones son unánimes en señalar
que a los centros de reconocimiento de conductores de propiedad de Exmeco Ltda.,
entre los cuales se encuentra Exmeco 3, les fue retirado su acceso al sistema
RUNT.
En este contexto, se destaca lo señalado por la Concesión RUNT, la cual indicó que
el 19 de octubre de 2011 se suspendieron cautelarmente las acreditaciones de los
tres centros de reconocimiento de conductores EXMECO 1, 2 y 3. Asimismo sostuvo
que en esa misma fecha la medida le fue notificada al representante legal de
Exmeco Ltda y que, posteriormente, el ONAC continuó con el proceso en el que, el
2 de noviembre de 2011, resolvió cancelar definitivamente las acreditaciones de los
tres centros, informando a Exmeco Ltda., al Ministerio de Transporte y a la
Superintendencia de Puertos y Transportes. En consecuencia, la Concesión indicó
que esta decisión resultó en la inactivación de los centros en la plataforma del
RUNT.
De igual manera, se observa que el Ministerio de Transporte indicó que el
incumplimiento en el mantenimiento de la certificación expedida por el ONAC
conllevó a la desconexión de los centros del sistema RUNT, impidiendo que
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Radicado: 25000233600020140007302 (64071)
Demandante: Exmeco Ltda. IPS S.A.S.
siguieran prestando el servicio autorizado. Lo anterior ante el silencio de la
Superintendencia de Puertos y Transporte.
Así las cosas, se tiene establecido que el Centro de Reconocimiento de
Conductores Exmeco 3 fue retirado de su acceso al sistema RUNT, situación que,
en efecto, significa un menoscabo para el ejercicio del objeto social de Exmeco Ltda.
No obstante, subsiste el interrogante frente a la antijuridicidad de la mencionada
limitación, pues las entidades demandadas advierten que esta situación es la
consecuencia legal establecida frente a la suspensión y posterior cancelación de la
acreditación del ONAC.
Sobre este particular, conviene reseñar que los centros de reconocimiento de
conductores son entidades prestadoras del servicio de salud120 acreditadas por el
ONAC121 y autorizadas por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de
Puertos y Transporte para realizar los exámenes médicos, psicológicos y de
coordinación motriz a los conductores que desean obtener, renovar, recategorizar
o refrendar su licencia de conducción, de modo que su servicio consiste en verificar
que los conductores cumplan con los requisitos de salud y aptitudes necesarias para
120 Resolución 1555 de 2005, del Ministerio de Transporte. “Artículo 3º. Los Centros de
Reconocimiento de Conductores. Para efectos de la presente resolución los Centros de
Reconocimiento de Conductores son Prestadores de Servicios de Salud, habilitados en el Sistema
Único de Habilitación del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud, de
conformidad con la reglamentación vigente o la que expida de manera particular para estos efectos
el Ministerio de la Protección Social. Dichos Centros deberán registrarse en el Registro Único
Nacional de Tránsito, RUNT”.
121 En el marco de las políticas adoptadas en el CONPES 3446, fue creado el Organismo Nacional
de Acreditación de Colombia – ONAC- mediante acto de constitución registrado en la Cámara de
Comercio de Bogotá en noviembre de 2007. El Decreto 4738 de 2008 en su artículo 3 designó “como
Organismo Nacional de Acreditación al Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC,
corporación de carácter privado, de naturaleza mixta, sin ánimo de lucro, constituida mediante
documento privado del 20 de noviembre de 2007, debidamente autenticado por la Notaría Sexta de
Bogotá, dentro del marco de la Ley 489 de 1998 y las normas sobre ciencia y tecnología.” A su turno,
el Decreto 865 de 2013 estableció: “Artículo 1°. Objeto. Desígnese al Organismo Nacional de
Acreditación de Colombia (ONAC), como único organismo nacional de acreditación que de manera
exclusiva ejercerá y coordinará las funciones previstas en el Decreto número 2269 de 1993 y en el
Decreto número 4738 de 2008.”
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conducir vehículos de manera segura122 y expedir el correspondiente Certificado de
Aptitud Física, Mental y de Coordinación Motriz123.
Así las cosas, dentro de los requisitos para operar un centro de reconocimiento de
conductores, en primer lugar, se encuentra la acreditación del ONAC y, en segundo
lugar, la autorización del Ministerio de Transporte, pero para obtener esta
acreditación y la subsecuente autorización, la entidad solicitante debe cumplir con
una serie de requisitos técnicos, humanos y materiales, y demostrar que dispone de
las condiciones adecuadas para realizar los exámenes pertinentes124.
En este sentido la certificación del ONAC garantiza que los centros cumplan con los
estándares nacionales e internacionales de calidad en los procesos de evaluación.
Esta acreditación asegura que el centro tiene la capacidad de realizar los exámenes
médicos y psicológicos de manera confiable, en cuanto cuenta con la infraestructura
adecuada para la realización de los exámenes, lo que incluye: a) los espacios
adecuados para las consultas médicas y psicológicas, los equipos para la
evaluación de la capacidad visual, auditiva, motricidad, entre otros, la tecnología
para realizar pruebas de coordinación motriz, y otros exámenes médicos y
122 Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito Terrestre, en el parágrafo del artículo 19 establece
“Para obtener la licencia de conducción por primera vez, o la recategorización y/o refrendación de la
misma, se debe demostrar ante las autoridades de tránsito la aptitud física, mental y de coordinación
motriz, valiéndose para su valoración de los medios tecnológicos sistematizados y digitalizados
requeridos, que permitan medir y evaluar dentro de los rangos establecidos por el Ministerio de
Transporte según los parámetros y límites internacionales entre otros: las capacidades de visión y
orientación auditiva, la agudeza visual y campimetría, los tiempos de reacción y recuperación al
encandilamiento, la capacidad de coordinación entre la aceleración y el frenado, la coordinación
integral motriz de la persona, la discriminación de colores y la phoria horizontal y vertical.”
123 Resolución 1555 de 2005, del Ministerio de Transporte. “Artículo 2º. Certificado de Aptitud Física,
Mental y de Coordinación Motriz. Es el documento expedido y suscrito por un médico que actúa en
nombre y representación de un Centro de Reconocimiento de Conductores, en el que se certifica,
ante las autoridades de tránsito, que el aspirante a obtener por primera vez, recategorizar y/o
refrendar la licencia de conducción posee la aptitud física, mental y de coordinación motriz adecuada
a las exigencias que se requieren para conducir un vehículo.”
124 Resolución 1200 de 2006, del Ministerio de Transporte. “Artículo 4°. De la acreditación. Los
Centros de Reconocimiento de Conductores deberán obtener Reconocimiento en el Sistema
Nacional de Normalización, Certificación y Metrología, acreditándose como Organismos de
Certificación de Personal, con alcance a lo estipulado en la presente disposición.
Los requisitos, procedimientos, pruebas, personal, equipos e instalaciones, mínimos que deben
acreditar los Centros de Reconocimiento de Conductores para obtener la mencionada Acreditación
serán los estipulados por la Superintendencia de Industria y Comercio, con alcance a lo establecido
en el cuerpo y en los anexos II y III de la Resolución 1555 de 2005. Parágrafo. La vigencia de la
Acreditación del Centro de Reconocimiento de Conductores, como Organismo de Certificación de
Personal con alcance a lo determinado en la presente disposición, estará sujeta a las auditorías
anuales de seguimiento y a una reevaluación sobre cumplimiento de las condiciones establecidas,
de conformidad con lo señalado en la Circular Unica, Título V, de la Superintendencia de Industria y
Comercio."
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psicológicos; b) el personal calificado, médicos, psicólogos y otros especialistas que
estén debidamente habilitados para realizar los exámenes que se requieren para
obtener la licencia de conducción, los cuales deben estar registrados en el RUNT;
c) el cumplimiento de los requisitos de seguridad y salud ocupacional, tanto de sus
trabajadores como de los usuarios, siguiendo las normativas del Ministerio de Salud
y las disposiciones en materia de prevención de riesgos laborales; y d) el
cumplimiento de los requisitos legales y administrativos que garanticen que su
situación fiscal y jurídica se encuentra en regla, con las normativas locales y
nacionales, mediante los registros necesarios para el funcionamiento administrativo
y operativo.
Ahora bien, para su funcionamiento los centros de reconocimiento de conductores
requieren el acceso al Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT, para lo cual,
como viene de advertirse, deben cumplir con los requisitos establecidos por el
Ministerio de Transporte y estar debidamente acreditados por el ONAC, como
garantía de que cuenta con la infraestructura y el personal calificado necesario, así
como del cumpliendo con las normativas legales y técnicas establecidas en los
resultados de los exámenes registrados en el sistema. El acceso al RUNT es lo que
le permitirá al centro de reconocimiento de conductores emitir certificados válidos
para los conductores y gestionar su información, facilitando el proceso de obtención,
renovación y recategorización de licencias de conducción.
En este sentido, el centro de reconocimiento de conductores que no cuente con la
aprobación de documentos y de auditoría de acreditación ante el ONAC, no puede
seguir expidiendo certificados de aptitud física, mental y de coordinación motriz y el
Ministerio de Transporte le suspenderá la transmisión de datos en el sitio WEB
correspondiente125.
Asimismo, en caso de no cumplir con las exigencias previstas para la acreditación
del centro de reconocimiento de conductores, estos no pueden registrarse en el
125 Resolución 3374 de 2009, Ministerio de Transporte. “Artículo 2o. El Centro de Reconocimiento
de Conductores que […] no radique la inscripción, aprobación de documentos y programación de
auditoría de acreditación ante el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC, no podrá
seguir expidiendo certificados de aptitud física, mental y de coordinación motriz y el Ministerio de
Transporte le suspenderá la transmisión de datos en el sitio WEB correspondiente.”
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RUNT y la situación debe informarse a la Superintendencia de Puertos y Transporte
para efectos de cancelar registro efectuado por esta entidad126.
Igualmente, los centros de reconocimiento de conductores que no mantengan la
acreditación como organismo de certificación de personas serán desactivados del
sistema RUNT y no podrán continuar expidiendo certificados de aptitud física,
mental y de coordinación motriz. Sin embargo, una vez que el centro obtenga una
nueva acreditación, será reactivado en el sistema127.
Del mismo modo, cuando en el marco de la auditoría de seguimiento realizada por
el ONAC se identifican no conformidades o si al centro de reconocimiento de
conductores le es suspendida o cancelada la acreditación, este no puede continuar
realizando los exámenes de aptitud física, mental y de coordinación motriz, hasta
que la Superintendencia de Puertos y Transporte efectúe la investigación
correspondiente128.
Ahora bien, como se dijo con anterioridad, en el plenario se estableció que Exmeco
Ltda. se encontraba acreditada para operar como centro de reconocimiento de
conductores, entre otros, a través de su establecimiento Exmeco 3. No obstante, el
22 de septiembre de 2011 la Superintendencia de Puertos y Transporte le informó
al ONAC que durante una inspección realizada al Centro de Reconocimiento de
Conductores de Exmeco Ltda., ubicado en la Calle 18 No. 28 A-80 piso 4 de Bogotá
(Exmeco 1), se identificaron presuntos cambios en las condiciones de acreditación,
consistentes en que el personal médico encargado de las evaluaciones,
específicamente el médico certificador, también estaba desempeñando funciones
126 Resolución 3374 de 2009, Ministerio de Transporte. “Artículo 3º. […] En el evento de no dar
cumplimiento a la exigencia prevista en los incisos anteriores, el centro de reconocimiento respectivo
no podrá registrarse al Registro Único Nacional de Tránsito -RUNT- y la Subdirección de Tránsito
correrá traslado a la Superintendencia de Puertos y Transporte para efectos de cancelar el respectivo
registro.”
127 Resolución 3374 de 2009, Ministerio de Transporte. “Artículo 4o. Inactivación. […] los Centros de
Reconocimiento de Conductores que no hayan presentado la Acreditación como Organismo de
Certificación de Personas, serán desactivados del sistema RUNT, y no podrán seguir expidiendo
certificados de aptitud física, mental y de coordinación motriz. Una vez obtenida la acreditación se
activarán nuevamente.
128 Resolución 3374 de 2009, Ministerio de Transporte. “Artículo 5o. Centro acreditados. Cuando en
la auditoría de seguimiento adelantada por el Organismo de Acreditación se encuentre que existen
no conformidades o que al Centro de Reconocimiento de Conductores le fue suspendida o cancelada
la acreditación, este no podrá continuar efectuando el examen de aptitud física, mental y de
coordinación motriz, hasta tanto la Superintendencia de Puertos y Transporte culmine la
investigación correspondiente”.
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como médico evaluador, lo que generaba dudas sobre la separación de funciones,
y que algunos equipos no fueron observados durante la visita, alegando que se
encontraban en mantenimiento (hecho probado 7.1.15.).
Lo anterior, dio lugar a que el ONAC ejerciera sus funciones de auditoría,
verificación, seguimiento y reevaluación sobre el cumplimiento de las condiciones
establecidas para el otorgamiento de las acreditaciones de los centros de
reconocimiento de conductores de propiedad de Exmeco Ltda (7.1.16., 7.1.18.,
7.1.19. y 7.1.20.). Es procedimiento, en principio, dio lugar a que el 19 de octubre
de 2011, el Comité de Acreditación del ONAC suspendiera cautelarmente las
acreditaciones de los centros de reconocimiento de conductores de Exmeco Ltda.,
entre ellos el certificado No. 10-CEP-019 correspondiente a Exmeco 3, originando
la interrupción en el desarrollo de las actividades amparadas por dichas
acreditaciones (hechos probados 7.1.21. y 7.1.22.). Finalmente, como
consecuencia del mencionado procedimiento, el 2 de noviembre de 2011 el mismo
Comité de Acreditación ordenó cancelar definitivamente las mencionadas
acreditaciones, imposibilitando el desarrollo de la actividad de los centros de
reconocimiento de conductores y, en consecuencia, del uso del sistema RUNT
(hechos probados 7.1.24., 7.1.25., 7.1.26.).
En este contexto, a pesar de la ausencia de investigaciones administrativas por
parte del Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Puertos y Transporte
(hechos probados 7.1.29. y 7.1.30.), se puede concluir que la pérdida del acceso de
la demandante al sistema RUNT fue consecuencia directa del retiro de las
acreditaciones por parte del ONAC. Dicho retiro se materializó mediante decisiones
cuya legalidad se presume, dado que no han sido impugnadas mediante acciones
de ilegalidad o nulidad, pues, incluso, en el presente proceso el recurso de apelación
destacó que la demanda no recaía sobre la legalidad o la validez de las decisiones
del ONAC.
En conclusión, la falta de acreditación de la demandante para el desarrollo de la
actividad de reconocimiento de conductores motivó que se le impidiera el acceso al
sistema RUNT y, en tal sentido, es forzoso concluir que tal proceder se vio
amparado por las decisiones del ONAC.
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En consecuencia, se entiende que la limitación de los intereses jurídicos de la
demandante está respaldada por el ordenamiento legal, ya que no se ha
demostrado que dicha limitación sea contraria a Derecho. Esta se encuentra
justificada por la falta de acreditación de los centros de reconocimiento de
conductores, lo cual implica el deber jurídico de Exmeco Ltda. de soportar la
restricción al ejercicio de su actividad comercial y, en tal sentido, el daño no reviste
la connotación de antijurídico.
En este orden de ideas, se observa que, ante la ausencia de un daño antijuridico,
no hay lugar a estudiar su eventual imputación frente a las entidades demandas,
pues debe recordarse que la responsabilidad es una institución de carácter derivado
que depende necesariamente de la suma y presencia condicional de la totalidad de
sus elementos y que, ante la ausencia de alguno de estos, no puede reconocerse
la obligación de reparar.
Fuerza es, entonces, en la parte resolutiva de esta providencia modificar la
sentencia proferida el 21 de febrero de 2019 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en el sentido de i) declarar probada la excepción de cláusula
compromisoria y, en consecuencia, terminar el proceso frente a las pretensiones
esgrimidas contra el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC
devolver la demanda y sus anexos a la parte demandante; ii) declarar la caducidad
del medio de control de reparación directa respecto a las pretensiones elevadas por
la demandante frente a sus centros de reconocimiento de conductores Exmeco 1 y
Exmeco 2 y iii) negar las demás pretensiones de la demanda.
8. Condena en costas
El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.
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Al punto, el artículo 365 del CGP, vigente para el momento en el que se interpuso
la demanda, establece las siguientes reglas para proceder a la condena en costas,
a saber:
“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código. […]. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación
que dio lugar a aquella. 3. En la providencia del superior que confirme en todas sus
partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la
segunda. 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del
inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. 5.
En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de
condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de
su decisión […]. 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que
se causaron y en la medida de su comprobación”.
Así las cosas, contrario a lo sostenido por el demandante en el recurso de apelación,
donde solicitó que se le exonerara de pagar los gastos procesales, aun en el evento
de no prosperar la apelación, de conformidad con las normas anteriormente
transcritas, la Sala debe condenar en costas al extremo activo, precisamente,
porque el recurso de apelación que interpuso no prosperó.
La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a quo, en los términos
del artículo 366 del CGP, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo
365.8 ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha liquidación las expensas
que aparezcan efectivamente probadas en el proceso.
Asimismo, respecto a las agencias en derecho en segunda instancia, se entienden
causadas en razón de la naturaleza, calidad, la cuantía del proceso y la actuación
desplegada por la parte vencedora129. A su turno, el Acuerdo 2222 de 2003130
proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, determinó
que en los procesos ordinarios en segunda instancia, éstas podrán fijarse en hasta
el 5% del valor de las pretensiones131.
129 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Exp. 51034
130 “Por el cual se modifica el Acuerdo 1887 del 27 de junio de 2003 sobre fijación de agencias en
derecho”.
131 “Artículo 6º. Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho: 1.1. Proceso ordinario.
(…) Segunda instancia. Hasta el cinco por ciento (5) del valor de las pretensiones confirmadas o
revocadas total o parcialmente en la sentencia. Si ésta, además, reconoce o niega obligaciones de
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En este sentido, se condenará al pago de las agencias en derecho a la parte vencida
en el 0.2% del valor de las pretensiones, las cuales serán liquidadas por Secretaría,
en atención a la actuación procesal desplegada en segunda instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 21 de febrero de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la
demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, la cual
quedará así:
PRIMERO; DECLARAR probada la excepción de cláusula compromisoria y, en
consecuencia, TERMINAR EL PROCESO frente a las pretensiones esgrimidas
contra el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC y DEVOLVER
LA DEMANDA y sus anexos a la parte demandante, de conformidad con el inciso
cuarto del numeral 2 del artículo 101 del CGP, dejando las respectivas constancias.
Por la Secretaría de la Sección Tercera de esta Corporación y en el término más
expedito, ADVERTIR a la parte demandante que, de acuerdo con el numeral 4 del
artículo 95 del CGP, deberá promover el respectivo proceso arbitral en un plazo de
veinte (20) días hábiles contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, so
pena de que opere la caducidad.
SEGUNDO: DECLARAR la caducidad del medio de control de reparación directa
respecto a las pretensiones elevadas por la demandante frente a sus centros de
reconocimiento de conductores Exmeco 1 y Exmeco 2.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la demandante, las
cuales serán liquidadas de manera concentrada por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
hacer, se incrementará hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes por este
concepto. En los casos en que únicamente se ordena o niega el cumplimiento de obligaciones de
hacer, hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes (…)”.
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Radicado: 25000233600020140007302 (64071)
Demandante: Exmeco Ltda. IPS S.A.S.
de esta providencia. Asimismo, se condena en agencias en derecho de segunda
instancia, en los términos dispuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRONICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRONICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
VF
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