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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2014-00074-01

Reiteración de la jurisprudencia

Fecha
2 de julio de 2021
Consejero ponente
Marta Nubia Velásquez Rico
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2014-00074-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

R E S U E L V E PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 27 de julio de 2017, y, en su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO. CONDENAR en costas de ambas instancias a la parte demandante, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal de primera instancia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 366 del Código General del Proceso. Por concepto de agencias en derecho en primera instancia, se fija la suma de dos millones ciento cincuenta mil pesos ($2’150.000), que deberá ser pagada por Mercamax Ltda., en favor de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares. Como agencias en derecho en esta instancia, se fija la suma de dos millones ciento cincuenta mil pesos ($2’150.000), que deberá ser pagada por Mercamax Ltda., en favor de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2014-00074-01

Consejero ponente: Marta Nubia Velásquez Rico

2 de julio de 2021

REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / FUENTE DEL DAÑO / MEDIO DE CONTROL / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / DAÑO / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / OBRA HIDRÁULICA / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL / INUNDACIÓN / INUNDACIÓN DE PREDIO / BIEN INMUEBLE / IMPROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / HECHOS DE LA DEMANDA / REPARACIÓN DEL DAÑO

De manera uniforme y reiterada, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido que la fuente o el origen del daño es lo que está llamado a determinar el medio de control procedente para desatar la controversia, circunstancia que, de plano, excluye que esa elección se encuentre reservada al arbitrio o capricho del demandante. Ese planteamiento no se alteró bajo la égida del nuevo régimen normativo contenido en el C.P.A.C.A., toda vez que, sin perjuicio de la viabilidad de acumular pretensiones de varios medios de control siempre que sean conexas entre sí y que puedan tramitarse por el mismo procedimiento, entre otros requisitos, en todo caso la pretensión formulada deberá hallar directa correspondencia con el origen del daño irrogado. (…) [En el caso concreto] [N]o obstante que la demanda se entabló en ejercicio del medio de control de reparación directa por una supuesta omisión de (…) en el mantenimiento de las redes hidráulicas del Centro Internacional (…) tanto en la demanda como en la sentencia de primera instancia se partió de una premisa consistente en que la sociedad (…) concurrió, en condición de arrendataria de los locales comerciales, a reclamar el daño supuestamente padecido con ocasión de su inundación y cuya ocurrencia atribuyó a la omisión de la arrendadora, concretada en la falta de mantenimiento de la tubería. La circunstancia puesta de presente inescindiblemente llevaba a analizar el contenido obligacional del contrato con cuya base usufructuaba el inmueble que, se alega, resultó afectado, para a partir de allí establecer, según lo pactado en sus cláusulas, cuál de los extremos contratantes debía asumir el riesgo concretado por cuenta de la inundación de los locales. En ese orden, el escenario fáctico planteado por el demandante y frente al cual ejerció su defensa la demandada, en un inicio, impedía que la discusión se ventilara bajo el cauce de un medio de control de naturaleza extracontractual, pues en manera alguna era viable esquivar el análisis del clausulado del acuerdo en desarrollo del cual, en voces del demandante, se produjeron los daños génesis de la reclamación y de las normas que por su naturaleza se entienden incorporadas al catálogo de deberes y obligaciones contraídas por las partes de un contrato de arrendamiento de local comercial. Así pues, la Sala encuentra que, con fundamento en los hechos narrados en la demanda, el medio de control que, en principio, correspondería ejercer habría de ser el de controversias contractuales, situación que impone a la Sala indagar si la realidad fáctica revela que el debate gira en torno a una situación acaecida en el marco de un contrato estatal. (…) [L]]a Sala concluye que los daños cuya reparación son objeto de reclamación, los cuales según la parte actora se produjeron entre (…) no se produjeron al amparo de alguna relación contractual de arrendamiento existente entre la (…) y la sociedad (…) Se evidencia de esta manera una contradicción entre los hechos en que se estructura la demanda y la realidad que los rodeó, pues, no obstante aducirse que el daño concretado en la afectación causada al inmueble como resultado de la inundación ocurrida en (…) en el interior de los locales (…) del edificio (…) se produjo en el marco de un contrato de arrendamiento vigente, el recuento de lo sucedido devela que esto no aconteció. En el orden expuesto y bajo las precisiones que anteceden, la Sala abordará el estudio del caso desde la óptica de la reparación directa formulada en la demanda, tras haberse constatado que el daño alegado se habría producido sin que entre las partes existiera un vínculo contractual de arrendamiento.

FUENTE FORMAL: C.P.A.C.A – ARTÍCULO 141 / C.P.A.C.A- ARTÍCULO 177 / C.P.A.C.A – ARTÍCULO 140

APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / CLÁUSULA DE PRÓRROGA AUTOMÁTICA DEL CONTRATO ESTATAL DE ARRENDAMIENTO / DERECHO DE PREFERENCIA / BIEN INMUEBLE / PRINCIPIO DE IGUALDAD / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / CONTRATO ESTATAL / ETAPA PRECONTRACTUAL / EXISTENCIA DEL CONTRATO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA

De entrada, se precisa que, para el presente análisis, sin que se ignoren las anomalías evidenciadas en las relaciones contractuales precedentes y que lo ocurrido antes de (…) entre las partes del presente litigio se habría regido por el Decreto Ley 222 de 1983, cuyo articulado contenía restricciones expresas frente a la prórroga automática de los contratos de arrendamiento , la Sala se centrará en lo sucedido luego de suscrito el contrato (…) por ser el último del que se tiene conocimiento y ser el inmediatamente anterior a la fecha de ocurrencia de los hechos en discusión.(…) [E]n esta ocasión debe reiterarse la improcedencia de la prórroga automática y del derecho de preferencia que la ley comercial reconoce al arrendatario que [haya ocupado no menos de dos años consecutivos un inmueble], por cuanto tal cláusula no se entiende incorporada a los contratos de arrendamiento que se rigen por la Ley 80 de 1993, por razón de las reglas de la contratación estatal y los principios de igualdad de acceso y principio de planeación, que exigen dar igualdad de oportunidad a los interesados y evaluar adecuadamente el alcance y la duración de los contratos estatales desde la etapa precontractual .(…) Así las cosas, la Sala encuentra que, a diferencia de lo sostenido en la demanda, en el caso no resultaba viable predicar la existencia indefinida del contrato (…) so pretexto de haberse pactado su prórroga automática.

FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 222 DE 1983 / LEY 80 DE 1993

NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 29 de abril de 2015, exp. 28977, C.P. Hernán Andrade Rincón (E); sentencia del 30 de octubre de 2013, exp. 32815, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 29 de mayo de 2013, exp. 27875, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 29 de octubre de 2014, exp. 29851, C.P. Hernán Andrade Rincón (E) y sentencia de 26 de febrero de 2015, exp. 30834, C.P. Hernán Andrade Rincón

CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES / ESTABLECIMIENTO PÚBLICO / DESCENTRALIZACIÓN POR SERVICIOS / ENTIDAD ESTATAL

Sobre el particular se observa que la entidad contratante, Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, tiene la naturaleza de establecimiento público del orden nacional, descentralizado por servicios, creada mediante la Ley 75 de 1925 y reorganizada por los Decretos 2342 de 1971, 123 de 1976 y 2002 de 1984, entidad estatal que en su actividad negocial se rige por la Ley 80 de 1993.

FUENTE FORMAL: LEY 75 DE 1925 / DECRETO 2342 DE 1971 / DECRETO 123 DE 1976 / DECRETO 2002 DE 1984 / LEY 80 DE 1993

VALOR PROBATORIO DE LA FOTOGRAFÍA / FOTOGRAFÍA / TACHA DE FALSEDAD EN DOCUMENTO

[L]a Subsección considera pertinente aclarar que, si bien la sociedad demandante allegó al expediente unas fotografías (…) y no fueron tachadas por la demandada, estas carecen de mérito probatorio, por cuanto no existe certeza sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fueron tomadas y tampoco fueron ratificadas o reconocidas en el trámite del proceso, por lo que solo son prueba de que se registró una imagen, razón por la que no serán valoradas en el presente asunto.

FE PÚBLICA DEL CONTADOR / ESTADO FINANCIERO CERTIFICADO / CERTIFICACIÓN CONTABLE / CERTIFICACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO / CERTIFICADO CONTABLE / CERTIFICADO DE CONTADOR PÚBLICO / CERTIFICADO DEL CONTADOR / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / DOCUMENTO / CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL / VALOR PROBATORIO DE LA CERTIFICACIÓN CONTABLE / VALOR PROBATORIO DEL CERTIFICADO DE CONTADOR PÚBLICO / INEFICACIA DEL CERTIFICADO DE CONTADOR PÚBLICO / VALOR PROBATORIO DEL CERTIFICADO DEL CONTADOR / INEFICACIA DEL CERTIFICADO DEL CONTADOR / NATURALEZA JURÍDICA DEL CERTIFICADO CONTABLE

La Sala observa que, con apego a lo dispuesto en la Ley 43 de 1990, por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, reglamentaria de la profesión de Contador Público, estos profesionales están facultados para dar fe pública de hechos propios del ámbito de su profesión, dictaminar sobre estados financieros y realizar las demás actividades relacionadas con la ciencia contable en general. A la luz de ese mismo compendio legal, las actividades relacionadas con las ciencias contables hacen referencia a aquellas que implican organización, revisión y control de contabilidades, certificaciones y dictámenes sobre estados financieros, certificaciones que se expidan con fundamentos en los libros de contabilidad, revisoría fiscal y prestación de servicios de auditoría. Igualmente, los contadores públicos están obligados a dejar constancia de sus labores para emitir su juicio profesional y a soportar las certificaciones e informes que produzcan en ejercicio de su profesión. En este punto, la Sala aclara que la jurisprudencia ha señalado que, para valorar las certificaciones de los contadores públicos, resulta necesario que se indiquen o se aporten los documentos que sirvieron de sustento para arribar a las conclusiones expuestas: (…) En ese orden de ideas, se advierte que las certificaciones allegadas con la demanda no serán tenidas en cuenta, toda vez que no son claras ni precisas, como lo ordena el artículo 69 de la Ley 43 de 1990, pues se limitaron a relacionar las cifras de las supuestas pérdidas sin hacer alusión a los soportes o documentos -libros, cuentas, estados financieros o asientos contables- que se tuvieron en cuenta para arribar a los valores indicados.

FUENTE FORMAL: LEY 43 DE 1990 – ARTÍCULO 69 / LEY 145 DE 1960

NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 30 de noviembre de 2006, exp. 14846, C.P. Elizabeth Whittingham García; sentencia del 18 de octubre de 2012, exp.18329, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez y sentencia de 25 de noviembre de 2004, exp.14155 C. P. María Inés Ortiz Barbosa.
FACTURA / INUNDACIÓN / INUNDACIÓN DE PREDIO / DOCUMENTO / PAGO / LOCAL COMERCIAL / INVENTARIO / DAÑO EMERGENTE / NEGACIÓN DE LA PRETENSIÓN DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DEL DAÑO EMERGENTE / NIEGA EL RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS MATERIALES EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE / PRUEBA DEL DAÑO EMERGENTE / AUSENCIA DE PRUEBA / FALTA DE PRUEBA / PRUEBA / MEDIOS DE PRUEBA

[En el caso concreto] se allegaron copias de algunas facturas con las que se pretendía demostrar que (…). compró productos de distinta naturaleza de manera previa a la inundación; sin embargo, esos documentos no se encuentran suscritos ni se tiene certeza de su pago, por lo que no tienen la virtualidad de probar la supuesta erogación en que incurrió la demandante, ni que la mercancía se encontrara en los locales al momento de los hechos. Idéntica situación se predica de los artículos electrónicos y maquinaria supuestamente afectados, en la medida en que no se demostró su existencia al momento de los hechos y las cotizaciones allegadas no dan cuenta de su adquisición, sino simplemente de una referencia de su valor comercial, sin que tengan la vocación de acreditar que la sociedad incurrió en algún pago. En estas condiciones, la Sala considera que la sociedad (…) no aportó un inventario debidamente soportado de los bienes afectados por la inundación acaecida, razón por la cual le asistió razón al Tribunal de primera instancia al negar las pretensiones relacionadas a título de daño emergente.

TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE / RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE / PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE / NEGACIÓN DE LA TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE / LEGISLACIÓN MERCANTIL / LIBROS DE CONTABILIDAD / REGISTRO CONTABLE / INVENTARIO / DOCUMENTO / ESTADO FINANCIERO CERTIFICADO / REGISTRO MERCANTIL / INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL / INUNDACIÓN / INUNDACIÓN DE PREDIO / AUSENCIA DE PRUEBA / FALTA DE PRUEBA / PRUEBA / MEDIOS DE PRUEBA / LOCAL COMERCIAL / DESTRUCCIÓN DE INVENTARIO / DESTRUCCIÓN DE MERCANCÍA / ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / DECLARACIÓN DE RENTA / FALTA DE CERTEZA DE LA OCURRENCIA DEL DAÑO / HECHOS DE LA DEMANDA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA

[En relación con el lucro cesante y] [D]ada la actividad que desarrollaba (…) le resulta aplicable la legislación mercantil, razón por la que, de acuerdo con el artículo 48 del Código de Comercio, la demandante debía llevar libros de contabilidad, registros contables, inventarios, estados financieros, entre otros, documentos que debían ser inscritos en el registro mercantil; sin embargo, al presente asunto nada de ello se aportó. La demandante adujo que no aportó los libros contables porque fueron destruidos por la inundación que ocurrió en el local comercial, pese a ello, la Sala recuerda que, de acuerdo con el artículo 135 del Decreto 2649 de 1993 vigente para el momento de los hechos en caso de destrucción de los libros se debía presentar una denuncia e iniciar la reconstrucción dentro de los 6 meses siguientes: (…) Pese a la anterior exigencia, la demandante no aportó ninguna prueba de su actividad tendiente a la reconstrucción de su contabilidad, pues no allegó la denuncia ni la constancia de que hubiera promovido el trámite que señala la normativa y tampoco alegó la existencia de alguna situación que se lo hubiera impedido, razón por la que no hay medio de convicción alguno que demuestre que los libros de contabilidad efectivamente se hubieran destruido. Cabe destacar que la contabilidad revela la realidad económica del establecimiento de comercio, por lo que tiene la virtualidad de probar las ventas que diariamente realizaba (…) De otro lado, la declaración de renta, si bien contiene información sobre los activos, pasivos, ingresos, entre otros, por sí sola no permite establecer la utilidad diaria ni menos cuando ella se deja de percibir, especialmente si no se allegaron los documentos que sirvieron de soporte para realizar la declaración. En las condiciones analizadas, resulta cuestionable que el Tribunal de primera instancia tomara como único criterio para indemnizar el lucro cesante de la demandante la renta líquida correspondiente al año (…) pues ese valor no necesariamente refleja los ingresos por concepto de ventas, de ahí que esa conclusión resultó carente de soportes. En otras palabras, no se probó la supuesta pérdida que sufrió la demandante como consecuencia de los hechos descritos en la demanda, pues las declaraciones de renta no brindan la certeza necesaria sobre la causación del daño, tampoco se probó que los libros de contabilidad se hubieran destruido y si ello hubiese ocurrido, no se demostró la gestión para lograr la recuperación de la información.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE COMERCIO – ARTÍCULO 48 / DECRETO 2649 DE 1993 – ARTÍCULO 135

NOTA DE RELATORÍA: Frente a la valoración de la declaración de renta, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera, sentencia del 10 de septiembre de 2020, exp.45930, C.P. María Adriana Marín; sentencia del 11 de abril de 2001, exp. 7458, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; sentencia del 28 de marzo de 1999, exp. 11467, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez y sentencia del 10 de julio de 1997; exp. 10229; C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez

DAÑO MORAL / RECURSO DERE APELACIÓN / PERJUICIO MORAL / PÉRDIDA DE BIEN MUEBLE / PERJUICIO MORAL POR PÉRDIDA DE BIEN MATERIAL / DETERIORO DEL BIEN INMUEBLE / CARGA DE LA PRUEBA / CARGAS PROCESALES / AUSENCIA DE PRUEBA / FALTA DE PRUEBA / DAÑO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PÉRDIDA DE MERCANCÍA / INCUMPLIMIENTO DE CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LAS CARGAS PROCESALES / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO

En lo atinente al daño moral, contrario a lo señalado por la parte demandante en su recurso de apelación, cuando se reclama por la pérdida o deterioro de bienes, corresponde a la parte interesada demostrar la afectación, pues no constituye uno de los eventos en los que la jurisprudencia ha considerado que se pueden presumir (muerte, lesiones, privación injusta de la libertad -de acuerdo con el grado de parentesco-, entre otros). En todo caso, la ausencia de pruebas sobre la pérdida de mercancías y productos impone desestimar la concreción de este daño. De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, se insiste en que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso (…) [la] carga probatoria (…) respecto de la existencia del daño no fue satisfecha en el sub judice por la demandante, al no haberse demostrado el elemento base de la responsabilidad estatal.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 167

CONDENA EN COSTAS / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CÁLCULO DE LA CONDENA EN COSTAS / MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS / TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / NATURALEZA DE LAS COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / NEGACIÓN DE LA PRETENSIÓN DE LA DEMANDA

De conformidad con el artículo 188 del CPACA y con la disposición especial del artículo 365 del CGP, para el caso particular procede la condena en costas a cargo de la parte vencida-a la cual se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación. (…) En atención a lo ordenado en la citada norma [artículo 365 numeral 4 del Código General del Proceso], se condenará en costas a la parte demandante por ambas instancias, debido a que, al negarse la totalidad de las pretensiones de la demanda, se impone revocar la decisión de primera instancia que había accedido parcialmente a las súplicas formuladas. La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el Tribunal a quo, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso. En el presente caso se encuentra acreditada la gestión de (…) en ambas instancias, pues contestó oportunamente la demanda, asistió a las audiencias e interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primer grado, de igual manera, alegó de conclusión tanto en primera como en segunda instancia. En tal sentido, la Sala estima suficiente dicha gestión para que se disponga la fijación de agencias en derecho en la liquidación de las costas, en favor de la demandada, según lo previsto en los artículos 365 y 366 del CGP. Conviene señalar que, bajo las reglas del código en cita la condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a la cual se le imponen, toda vez que en el régimen actual dicha condena se determina con fundamento en un criterio netamente objetivo, en este caso frente a la parte que ha resultado vencida, [siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley] (…) A partir de lo expuesto, la Sala fijará las agencias en derecho de ambas instancias que estarán a cargo de la sociedad (…) y a favor de la entidad demandada.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 361 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 365 NUMERAL 4 / ACUERDO 1887 DE 2003 DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA / C.P.A.C.A – ARTÍCULO 188 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 366

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el asunto, ver, Corte Constitucional, sentencia C-157/13. M.P. Mauricio González Cuervo.

NOTA DE RELATORÍA: Con aclaración de voto del Dr. José Roberto Sáchica Méndez

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., dos (2) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00074-01(60263)

Actor: MERCAMAX LTDA

Demandado: CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES - CREMIL

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA)

Temas: INEXISTENCIA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO – los hechos base de reclamación ocurrieron sin amparo contractual que justificara la tenencia de los locales comerciales / FALTA DE ACREDITACIÓN DEL DAÑO – La demandante no probó los daños que le causó la rotura de la tubería en el Centro Internacional Tequendama / Eficacia probatoria de los libros y documentos de los comerciantes. Valoración de las certificaciones expedidas por contadora pública. PERJUICIOS MORALES – No se presumen en caso de pérdida de bienes, requieren acreditación.

La Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos por la sociedad Mercamax Ltda. y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares -en adelante Cremil- en contra de la sentencia proferida el 27 de julio de 2017, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

PRIMERO: DECLARAR a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares administrativamente responsable por los perjuicios ocasionados a la Sociedad Mercamax Ltda, con ocasión de la inundación que se presentó en el Centro Internacional Tequendama el día 27 de enero de 2012 y que afectó a los locales 168 y 169 que la demandante tenía en calidad de arrendataria.

SEGUNDO: CONDENAR a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares a pagar a favor de la sociedad Mercamax Ltda, la suma de siete millones ciento ochenta y un mil ochocientos setenta y ocho pesos ($7’181.878), como perjuicio material en la modalidad de lucro cesante.

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: CONDENAR en esta instancia a la parte demandada a pagar a favor de la sociedad Mercamax Ltda, el equivalente al 10% del valor de la condena prevista en el numeral anterior, por concepto de agencias en derecho (…).

SÍNTESIS DEL CASO

La sociedad Mercamax Ltda. solicitó la indemnización de los perjuicios causados por la supuesta omisión en que incurrió Cremil en el mantenimiento de las redes hidráulicas en el Centro Internacional Tequendama, situación que generó una inundación y, como consecuencia, la pérdida de equipos, maquinaria y productos que la demandante tenía en los locales comerciales que ocupaba.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

El 24 de enero de 2014, la sociedad Mercamax Ltda., a través de apoderado judicial, presentó demanda de reparación directa en contra de Cremil, con el fin de obtener la indemnización por los perjuicios irrogados como consecuencia de la rotura de la tubería que ocurrió en el Centro Internacional Tequendama, el 27 de enero de 2012, hecho que generó la “inundación” de los locales que la demandante, según afirmó, tenía en calidad de arrendataria y la pérdida de los bienes que allí se encontraban.

Como consecuencia de lo anterior, la demandante solicitó el pago de $430’000.000, por concepto de daño emergente, lucro cesante y perjuicios morales.

1.1. Hechos

Como fundamento fáctico de las pretensiones se narró, en síntesis, que desde 1983 Cremil le arrendó a Mercamax Ltda. los locales 168 y 169 del Centro Internacional Tequendama.

Se dijo que, en cuatro oportunidades, la demandante le solicitó a Cremil que le hiciera mantenimiento a las redes hidráulicas que pasaban por el zenit de sus locales, toda vez que presentaban fugas que estaban dañando la mercancía.
Pese a lo anterior, dichas reparaciones nunca se efectuaron hasta que el 27 de enero de 2012 se rompió la tubería que conducía el agua, por lo que se filtró el líquido a los locales arrendados por la sociedad demandante, situación que devino en la pérdida de los productos que tenía para venta al público, así como el deterioro de los equipos que allí se encontraban.

De acuerdo con lo expresado en la demanda, Cremil no realizó pago alguno a la demandante por la pérdida económica que sufrió, a pesar de que formuló múltiples peticiones en tal sentido.

Finalmente, la sociedad demandante sostuvo que el daño “fue causado por una falla de la administración mediante la omisión ligada también al mantenimiento preventivo y reparación de daños en las instalaciones de los locales” de propiedad de Cremil.

2. Trámite de primera instancia

2.1. Admisión de la demanda y notificación

La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante auto del 9 de abril de 2014, decisión que fue notificada a Cremil, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Al respecto, conviene señalar que, a pesar de que, en la demanda se solicitaron reconocimientos indemnizatorios a favor del señor Andrés Cortés Lozano, lo cierto es que él no integró la parte demandante en este proceso, por las siguientes razones:

No aportó poder para la representación de sus intereses, puesto que el visible a folio 32 del cuaderno principal fue conferido en su calidad de representante legal de Mercamax Ltda. y no en nombre propio, circunstancia que explica que su apoderada se haya referido a lo largo del proceso a la sociedad como parte demandante, sin mencionar a la persona natural.

Es así como en el auto admisorio se hizo alusión a Mercamax Ltda. como parte demandante, sin mencionar al señor Cortés Lozano, lo cual no fue objeto de reparo en ninguna etapa del proceso, a pesar de contar con la oportunidad para ello en las distintas audiencias y en el recurso de apelación.

En las circunstancias descritas, se advierte que la parte demandante está constituida únicamente por Mercamax Ltda., situación que será tenida en cuenta para todos los efectos sustanciales y procesales de esta controversia.

2.2. Contestación de la demanda

La entidad demandada se opuso a las pretensiones. Advirtió que la rotura de la tubería se dio por un caso fortuito, toda vez que dicha entidad había realizado constantes reparaciones y mantenimiento a las redes hidráulicas.

De otro lado, sostuvo que Mercamax Ltda. debió constituir una póliza que cubriera los daños que pudiera sufrir su negocio, por lo que atribuyó la afectación al descuido de la sociedad respecto de la protección de sus bienes, en comparación con otros arrendatarios que sí habían procedido de esa manera.

2.3. Audiencia inicial

El 26 de mayo de 2015, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca realizó la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, oportunidad en la que negó las excepciones previas propuestas por la demandada y fijó el litigio, en términos generales, en el sentido de que se debe establecer si Cremil es responsable por la supuesta omisión en “la reparación de las redes hidráulicas del local superior y las que circulan por el zenit de los locales 168 y 169 del edificio Centro Internacional Tequendama”.

Conviene señalar que, de manera previa a la fijación del litigio, la magistrada directora de la audiencia señaló expresamente que las pretensiones no correspondían al medio de control de controversias contractuales, sino que desde su admisión se había entendido el asunto como una reparación directa por una supuesta omisión de Cremil, que devino en los daños cuya indemnización se pretende.

Finalmente, decretó como pruebas las solicitadas tanto en la demanda como en la contestación.

2.4. Las pruebas y alegatos de conclusión

Una vez concluida la audiencia de pruebas, el a quo corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto, oportunidad en la que se pronunciaron las partes, mientras que el Ministerio Público guardó silencio.

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El 27 de julio de 2017, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en los términos señalados al inicio de esta providencia.

Lo primero que se debe señalar es que la providencia no contiene un análisis respecto del daño, sino que fundamentó el estudio en su hecho generador, consistente en la inundación presentada el 27 de enero de 2012, y a partir de ello sostuvo que Cremil incurrió en una falla del servicio, pues no probó que hubiera realizado mantenimiento al sistema hidráulico, lo que generó la afectación en los locales arrendados a Mercamax Ltda.

Consideró que la inundación era previsible, dado que la demandante le había puesto de presente las fallas de la red del acueducto, por lo que era carga de la entidad adoptar las medidas necesarias para evitar que el daño se causara.

En este sentido, desestimó la excepción de caso fortuito, razón por la cual concluyó que Cremil sí estaba llamada a responder por los perjuicios causados a la demandante. En relación con este punto, el tribunal señaló que no había lugar a excluir la responsabilidad de la demandada, ni siquiera con sustento en la cláusula décima sexta pactada por las partes en el contrato de arrendamiento.

Al concluir acerca del efectivo padecimiento del daño antijurídico alegado en la demanda, el a quo advirtió que “la demandante sí sufrió un daño que no tenía la obligación de soportar, pues en su calidad de arrendataria solo le correspondía cumplir con los compromisos propios del contrato, dentro de los cuales no estaba asumir el mantenimiento o reparaciones locativas del edificio”.

En cuanto a la indemnización de perjuicios, negó los relacionados con el daño emergente, por no haber sido demostrados, entre otras razones, porque no allegó los soportes documentales y, además, la sociedad continuó en funcionamiento, de acuerdo con el contrato de promesa de compraventa sobre la prima comercial del local 168, suscrita en mayo de 2013.

A pesar de que cuestionó que no se hubieran allegado los libros contables de la sociedad, reconoció el lucro cesante con fundamento en la declaración de renta presentada por la demandante, a partir de la cual estimó como renta líquida para el 2012 la suma de $5’728.000, que fue objeto de actualización, de ahí que la indemnización ascendió a la suma de $7’181.878.

Negó el reconocimiento de daño moral solicitado a favor de la sociedad demandante, por no haber sido demostrado y, respecto de su representante legal, manifestó que no procedía porque “la demanda fue formulada únicamente por la sociedad Mercamax Ltda como persona jurídica y no por sus representantes como personas naturales, entre ellos el señor Andrés Cortés Lozano”.

Finalmente, condenó en costas a la entidad demandada.

III. LOS RECURSOS DE APELACIÓN

3.1. Parte demandante

Inconforme con la anterior decisión, Mercamax Ltda. formuló recurso de apelación, con el fin de que se modificara la sentencia, en relación con el reconocimiento de perjuicios materiales e inmateriales.

Al respecto, cuestionó la valoración probatoria efectuada por el tribunal, entre otras razones, porque consideró que los documentos que obran en el expediente dan cuenta del daño emergente derivado de la inundación, que se concretó con la pérdida de bienes muebles, productos, equipos y en el daño a lo que denominó unidad de negocio.

Frente al daño moral, afirmó que no siempre debe estar demostrado, sino que en ocasiones se debe presumir, dependiendo de las circunstancias. Lo anterior para concluir que la afectación del negocio sí produjo perturbaciones emocionales y psíquicas que deben ser indemnizadas.

3.2. Entidad demandada

Cremil presentó recurso de apelación, en el que afirmó que el demandante no probó los daños alegados en la demanda.

En este sentido, señaló que no se allegaron los registros contables, estados financieros, ni los balances generales, lo que impedía acreditar el lucro cesante.

Finalmente, se opuso a la condena en costas impuesta en primera instancia, con fundamento en la naturaleza jurídica de la entidad y con el fin de proteger el patrimonio público.

IV. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 22 de septiembre de 2017, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca celebró la audiencia de conciliación prevista en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, diligencia que se declaró fallida, razón por la que concedió los recursos de apelación; el 10 de noviembre de la misma anualidad esta Corporación los admitió y el 26 de enero de 2018 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

La demandante y la demandada reiteraron lo expuesto en los recursos de apelación, mientras que el Ministerio Público no intervino durante esta oportunidad procesal.

V. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Competencia de la Sala

El numeral 6 del artículo 152 del CPACA dispone que los tribunales administrativos conocen en primera instancia, entre otros asuntos, de “los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

A su vez, el artículo 150 ejusdem señala que el Consejo de Estado es el competente para conocer de las apelaciones de las sentencias dictadas en tales asuntos.

En el caso bajo estudio se advierte que la pretensión mayor superó los 500 SMLMV, razón por la que esta Corporación es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

2. El medio de control procedente

De manera uniforme y reiterada, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido que la fuente o el origen del daño es lo que está llamado a determinar el medio de control procedente para desatar la controversia, circunstancia que, de plano, excluye que esa elección se encuentre reservada al arbitrio o capricho del demandante.

Ese planteamiento no se alteró bajo la égida del nuevo régimen normativo contenido en el C.P.A.C.A., toda vez que, sin perjuicio de la viabilidad de acumular pretensiones de varios medios de control siempre que sean conexas entre sí y que puedan tramitarse por el mismo procedimiento, entre otros requisitos, en todo caso la pretensión formulada deberá hallar directa correspondencia con el origen del daño irrogado.

Así, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública, el medio de control procedente, con apego a lo dispuesto en el artículo 140 del C.P.A.C.A., será el de reparación directa.

En contraste, la procedencia del medio de control de controversias contractuales, según los dictados del artículo 141 del CPACA, se circunscribe a los eventos en que

Cualquiera de las partes de un contrato del Estado podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y condenas. Así mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta no se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su defecto, del término establecido por la ley.
Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual, podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y 138 de este Código, según el caso.
El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrán pedir que se declare la nulidad absoluta del contrato. El juez administrativo podrá declararla de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan intervenido las partes contratantes o sus causahabientes.

En consonancia con lo anterior, se precisa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del CPACA, “el juez admitirá la demanda que reúna los requisitos legales y le dará el trámite que le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada”.

Sobre el alcance de este artículo, esta Corporación ha sostenido:

“Al respecto esta Corporación ha señalado que este cambio introducido por la ley procura la seguridad jurídica y que los accionantes no opten por el medio de control que más les convenga para eludir cargas procesales o, incluso, el término de caducidad. Igualmente, tiene como propósito que no se produzcan decisiones inhibitorias con fundamento en una indebida escogencia de la acción26

En atención a este contexto normativo, la Sala evidencia que en este caso se presenta una situación particular que amerita pronunciarse al respecto.

Como antes se advirtió, se afirmó en la demanda que:

En 1983 la sociedad Mercamax Ltda., como arrendataria y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, en calidad de arrendadora, suscribieron un contrato de arrendamiento sobre los locales comerciales No. 168 y 169 ubicados en el Centro Internacional Tequendama.
El término del contrato de arrendamiento era de 12 meses, el cual inició el 1 de enero de 1983 y desde esa fecha se ha venido renovando de manera automática anualmente, por lo que, inclusive, al momento de presentación de la demanda, se hallaba vigente.
En desarrollo del referido contrato de arrendamiento, en 2012 se presentó una inundación en los locales comerciales objeto del acuerdo, por causas supuestamente imputables a la falta de mantenimiento de las instalaciones hidráulicas por parte de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares en su condición de arrendadora.

Concatenado con lo anterior, en la contestación de la demanda, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares formuló la excepción de inexistencia de la relación contractual entre la demandante y la demandada a la que se hacía referencia en los hechos de la demanda.

Al resolver el medio exceptivo, en la audiencia inicial el a quo advirtió que no estaba llamado a prosperar, porque las pretensiones no correspondían al medio de control de controversias contractuales, en tanto desde su admisión se indicó que la demanda se promovía en ejercicio del medio de control reparación directa, a lo que sumó que lo que estaba en discusión no correspondía a una relación contractual sino a la omisión en la reparación de las redes hidráulicas, lo cual causó una inundación en los locales en los cuales la entidad ejercía su actividad comercial.

Sin embargo, cuando decidió el asunto en la sentencia de primera instancia, al referirse al daño antijurídico, el tribunal indicó que a la demandante, en su calidad de arrendataria, solo le correspondía asumir los compromisos propios del arrendamiento, entre los cuales no se hallaba el mantenimiento o reparaciones locativas del edificio, cuestión que lo llevó a concluir que había sufrido un daño que en esa condición no debía soportar.

Sumado a lo anterior, el a quo consideró que no se había presentado un caso fortuito, dado el carácter previsible de la inundación, cuestión que conducía a que no se excluyera la responsabilidad de la demandada, ni siquiera en aplicación de la cláusula décima sexta pactada en el contrato de arrendamiento.

Como se aprecia, no obstante que la demanda se entabló en ejercicio del medio de control de reparación directa por una supuesta omisión de Cremil en el mantenimiento de las redes hidráulicas del Centro Internacional Tequendama, tanto en la demanda como en la sentencia de primera instancia se partió de una premisa consistente en que la sociedad Mercamax Ltda. concurrió, en condición de arrendataria de los locales comerciales, a reclamar el daño supuestamente padecido con ocasión de su inundación y cuya ocurrencia atribuyó a la omisión de la arrendadora, concretada en la falta de mantenimiento de la tubería.

La circunstancia puesta de presente inescindiblemente llevaba a analizar el contenido obligacional del contrato con cuya base usufructuaba el inmueble que, se alega, resultó afectado, para a partir de allí establecer, según lo pactado en sus cláusulas, cuál de los extremos contratantes debía asumir el riesgo concretado por cuenta de la inundación de los locales.

En ese orden, el escenario fáctico planteado por el demandante y frente al cual ejerció su defensa la demandada, en un inicio, impedía que la discusión se ventilara bajo el cauce de un medio de control de naturaleza extracontractual, pues en manera alguna era viable esquivar el análisis del clausulado del acuerdo en desarrollo del cual, en voces del demandante, se produjeron los daños génesis de la reclamación y de las normas que por su naturaleza se entienden incorporadas al catálogo de deberes y obligaciones contraídas por las partes de un contrato de arrendamiento de local comercial.

Así pues, la Sala encuentra que, con fundamento en los hechos narrados en la demanda, el medio de control que, en principio, correspondería ejercer habría de ser el de controversias contractuales, situación que impone a la Sala indagar si la realidad fáctica revela que el debate gira en torno a una situación acaecida en el marco de un contrato estatal.

2.1. La existencia del contrato de arrendamiento en cuyo desarrollo ocurrieron los hechos materia de reclamaciones, de conformidad con los supuestos fácticos de la demanda

Está demostrado que entre la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares y la sociedad Mercamax Ltda. han existido los siguientes vínculos contractuales, en los que la primera fungió como arrendadora y la segunda, en calidad de arrendataria.

FECHA DE CELEBRACIÓN
OBJETO
PLAZO
VALOR
27 de junio de 1983.
Arrendamiento de los locales comerciales Nos. 168 y 169 del edificio Centro Internacional Tequendama.
Desde el primero de enero de 1983 al 31 de diciembre de 1983
Canon mensual $100.000
18 de mayo de 1984.
Arrendamiento de los locales comerciales Nos. 168 y 169 del edificio Centro Internacional Tequendama.
Desde el 16 de febrero de 1984 al 31 de diciembre de 1984
Canon mensual $148.000
No es visible su fecha de suscripción.
Arrendamiento de los locales comerciales Nos. 168 y 169 del edificio Centro Internacional Tequendama.
Desde el 31 de enero de 1991 hasta el 31 de diciembre de 1991. En la cláusula tercera se pactó la prórroga automática del plazo convenido.
Canon mensual $800.000
1 de enero de 1993
Arrendamiento de los locales comerciales Nos. 168 y 169 del edificio Centro Internacional Tequendama.
Desde el 1 de enero de 1993 hasta el 31 de diciembre de 1993. En la cláusula tercera se pactó la prórroga automática del plazo convenido.
Canon mensual $1’259.000
1 de enero de 1999
No. A-040/99
Arrendamiento de los locales comerciales Nos. 168 y 169 del edificio Centro Internacional Tequendama.
Desde el 1 de enero de 1999 hasta el 31 de diciembre de 1999. En la cláusula tercera se pactó la prórroga automática del plazo convenido.
Canon mensual $2’889.600

En lo sucesivo, no hay constancia de que las partes hubieran celebrado otros contratos de arrendamiento sobre los mismos locales o hubieran prorrogado expresamente aquel identificado con el número A-40/99, que es el último vínculo obligacional del cual se tiene noticia.

Visto el panorama que se deja expuesto, la Sala concluye que los daños cuya reparación son objeto de reclamación, los cuales según la parte actora se produjeron entre 2010 y 2012 no se produjeron al amparo de alguna relación contractual de arrendamiento existente entre la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares y la sociedad Mercamax Ltda., aserto que se apoya en las siguientes consideraciones:

De entrada, se precisa que, para el presente análisis, sin que se ignoren las anomalías evidenciadas en las relaciones contractuales precedentes y que lo ocurrido antes de 1999 entre las partes del presente litigio se habría regido por el Decreto Ley 222 de 1983, cuyo articulado contenía restricciones expresas frente a la prórroga automática de los contratos de arrendamiento, la Sala se centrará en lo sucedido luego de suscrito el contrato No. A-040 de 1999, por ser el último del que se tiene conocimiento y ser el inmediatamente anterior a la fecha de ocurrencia de los hechos en discusión.

Sobre el particular se observa que la entidad contratante, Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, tiene la naturaleza de establecimiento público del orden nacional, descentralizado por servicios, creada mediante la Ley 75 de 1925 y reorganizada por los Decretos 2342 de 1971, 123 de 1976 y 2002 de 1984, entidad estatal que en su actividad negocial se rige por la Ley 80 de 1993.

Advertido lo anterior, en esta ocasión debe reiterarse la improcedencia de la prórroga automática y del derecho de preferencia que la ley comercial reconoce al arrendatario que “haya ocupado no menos de dos años consecutivos un inmueble”, por cuanto tal cláusula no se entiende incorporada a los contratos de arrendamiento que se rigen por la Ley 80 de 1993, por razón de las reglas de la contratación estatal y los principios de igualdad de acceso y principio de planeación, que exigen dar igualdad de oportunidad a los interesados y evaluar adecuadamente el alcance y la duración de los contratos estatales desde la etapa precontractual.

Al respecto, la jurisprudencia de esta sección ha precisado:

“En el régimen especial de la contratación estatal, se tiene presente que la Ley 80 de 1993 en su artículo 13 dispuso la integración normativa de las reglas de derecho comercial y civil, ‘salvo en aquellas materias reguladas en esta ley.’.// En este sentido, las disposiciones del derecho comercial sólo tienen lugar a ser aplicadas como ley del contrato estatal, en la medida en que las reglas respectivas no se encuentren en contraposición al régimen de la contratación estatal. (…).

“(…).

“Se concluye que la regla legal del derecho privado que se ha expuesto [artículo 518 C.Co]) se encuentra instituida en protección de la actividad empresarial del arrendatario, en el escenario de una tensión entre dos derechos de igual orden (el derecho al trabajo del empresario comerciante vs el derecho de propiedad privada sobre el local comercial), circunstancia que no se predica respecto del contrato de arrendamiento de los bienes de propiedad del Estado que se rige por la Ley 80 de 1993, cuya gestión se debe enmarcar en una categoría prevalente derivada del contrato estatal por razón del fin público de la contratación, la función pública de la propiedad estatal y, adicionalmente, por la naturaleza del bien derivada en algunos casos del uso público y en otros, de su afectación al servicio público”.

En cuanto a la invalidez de pactar prórrogas automáticas en contratos sometidos tanto al Decreto ley 222 de 1983 y como a la Ley 80 de 1993, se ha explicado:

(...) Como se observa, el término de duración del contrato quedó sujeto a la circunstancia de que antes no se (sic) hubiere configurado su “prórroga automática” por el silencio de ambas partes, lo cual, sea en vigencia del Decreto Ley 222 de 1983 o en vigencia de la Ley 80 de 1993, resulta abiertamente ilegal, en el primer evento, en virtud de la prohibición expresa de que trata el artículo 58 de la norma, en el segundo, por cuanto, además de que en el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública no existe norma alguna que autorice pactar prórrogas automáticas que favorezcan a un determinado contratista, resulta violatorio de los principios generales de libre concurrencia, de igualdad, de imparcialidad, de prevalencia del interés general y de transparencia que rigen todas las actuaciones contractuales de las entidades estatales, principios que se encuentran consignados positivamente tanto en la Constitución Política de 1991 - artículos 1, 2, 13, 209 - como en la Ley 80 de 1993 - artículos 24 y 25 -..

Así las cosas, la Sala encuentra que, a diferencia de lo sostenido en la demanda, en el caso no resultaba viable predicar la existencia indefinida del contrato No. 040/99, so pretexto de haberse pactado su prórroga automática.

En ese sentido emerge con nitidez que la relación contractual en virtud de la cual la sociedad Mercamax Ltda. compareció al litigio alegando su calidad de arrendataria feneció el 31 de diciembre de 1999, por vencimiento del plazo pactado, más de diez años antes de supuestamente haberse producido el daño alegado.

Se evidencia de esta manera una contradicción entre los hechos en que se estructura la demanda y la realidad que los rodeó, pues, no obstante aducirse que el daño concretado en la afectación causada al inmueble como resultado de la inundación ocurrida en 2012 en el interior de los locales 168 y 169 del edificio Centro Internacional Tequendama se produjo en el marco de un contrato de arrendamiento vigente, el recuento de lo sucedido devela que esto no aconteció.

En el orden expuesto y bajo las precisiones que anteceden, la Sala abordará el estudio del caso desde la óptica de la reparación directa formulada en la demanda, tras haberse constatado que el daño alegado se habría producido sin que entre las partes existiera un vínculo contractual de arrendamiento.

3. Oportunidad de la acción

En este caso el daño está determinado por la pérdida de la mercancía, de equipos electrónicos, maquinaria y muebles que se encontraban en los locales comerciales 168 y 169 del Centro Internacional Tequendama, producto de la supuesta omisión en la que incurrió Cremil al no reparar las redes hidráulicas, lo que generó la rotura de la tubería el 27 de enero de 2012.

En el presente asunto, el término de caducidad inició el 28 de enero de 2012, lo que lleva a que, no obstante que este litigio se rige por las disposiciones del CPACA, en tanto el término de caducidad empezó a correr en vigencia del CCA, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, será al plazo previsto en el numeral 8) del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo al que se acuda para efectos de establecer la oportunidad en la interposición de la demanda.

En este punto es imperativo señalar que el 22 de marzo de 2013, faltando 10 meses y ochos días para vencerse el plazo de dos años, la parte actora presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 134 para Asuntos Administrativos, trámite que culminó el 6 de agosto de 2013, tras declararse fallida, por ausencia de ánimo conciliatorio.

Con todo, el término de caducidad se suspendió solo por tres meses hasta el 22 de junio de 2013, razón por la cual, a partir del 23 de junio de 2013 se reanudó el término de 10 meses, y ocho días restantes para completar los dos años de caducidad, los cuales vencían el 2 de mayo de 2014 -el primero de mayo era festivo por lo que se corrió un día-.

Así las cosas, al haberse presentado la demanda el 24 de enero de 2014 se concluye que su interposición fue oportuna

4. Objeto del recurso de apelación

De acuerdo con los recursos de apelación interpuestos, la Sala debe establecer si se demostraron los daños alegados por la sociedad demandante y si le resultan imputables a la entidad demandada, a título de falla del servicio por omisión.

En caso afirmativo, se deberá examinar si hay lugar a disponer la indemnización de los perjuicios materiales e inmateriales, en la forma pretendida por la parte demandante en la impugnación.

5. Hechos probados

Previo a proceder al estudio de los hechos probados, la Subsección considera pertinente aclarar que, si bien la sociedad demandante allegó al expediente unas fotografías (folios 126 a 193 del cuaderno 2) y no fueron tachadas por la demandada, estas carecen de mérito probatorio, por cuanto no existe certeza sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fueron tomadas y tampoco fueron ratificadas o reconocidas en el trámite del proceso, por lo que solo son prueba de que se registró una imagen, razón por la que no serán valoradas en el presente asunto.

La Sala, con los medios de convicción allegados oportunamente al proceso, encuentra probados los siguientes hechos:

De conformidad con la documentación que obra en el expediente, como la correspondencia cruzada entre las partes y los informes suscritos por funcionarios de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, está acreditado que la sociedad Mercamax Ltda., al menos desde mayo de 2008, ocupaba los locales comerciales 168 y 169 ubicados en el Centro Internacional Tequendama, en los que funcionaba su establecimiento de comercio “Mercamax”.

Se probó que el 21 de mayo de 2008 se produjo una primera filtración de agua, producto de la rotura de una de las tuberías del local 226 -que se encontraba en la parte superior- y, como resultado de esa eventualidad, se inundaron varios locales, entre ellos, en el que funcionaba el establecimiento de comercio de Mercamax Ltda. En dicha oportunidad Cremil le ofreció una indemnización por los daños causados.

El 27 de octubre de 2008, Cremil celebró un contrato de obra con Ingesandia Ltda., cuyo objeto era la reposición de las redes hidrosanitarias en el Centro Internacional Tequendama, contrato que se ejecutó y se liquidó de mutuo acuerdo el 28 de abril de 2009.

Pese a las reparaciones, el 19 de junio de 2010, el 25 de octubre de la misma anualidad y el 6 de enero de 2011, el demandante le remitió sendos oficios a Cremil en busca de que se solucionaran las goteras que provenían del local superior, pues dicha situación le estaba afectando la mercancía y el aspecto físico del local, al presentar hongos y humedad en la pintura.

De acuerdo con la comunicación enviada por Mercamax Ltda. y con el informe de supervisión expedido por la coordinadora del grupo de bienes inmuebles de Cremil, se evidencia que, el 2 de junio de 2011, el local en el que funcionaba el establecimiento de comercio del demandante volvió a sufrir una nueva filtración de agua. En esta ocasión la novedad se presentó porque el local superior se inundó al no haberse cerrado una de las llaves del agua.

Según el memorando suscrito por el señor Víctor Manuel Salas Cañón (funcionario de apoyo, seguridad y defensa), el informe de la arquitecta Carmen Helena Garzón Mosquera y el oficio del supervisor Javier Rodríguez, el 27 de enero de 2012 se rompió nuevamente la tubería interna del local 226, lo que generó que se filtrara agua a los locales del primer piso, entre ellos, el ocupado por el establecimiento de comercio de Mercamax Ltda.

En virtud del anterior hecho, la demandante le solicitó a Cremil una reparación por la pérdida de “muebles, enseres, equipos electrónicos, mercancías y otros elementos” y, el 14 de febrero de 2012, le remitió un oficio con un listado de los daños causados por la rotura de la tubería.

El 14 de marzo de 2012, Cremil le comunicó a Mercamax Ltda. que, en virtud de los hechos ocurridos el 27 de enero de 2012, se debían realizar unas reparaciones locativas, por lo que el 28 de marzo y el 2 de mayo de 2012 le solicitó autorización para que personal de mantenimiento ingresara al local y efectuara los trabajos de recuperación; sin embargo, el demandante impidió que se realizaran.

De acuerdo con los planes de mantenimiento y de conservación de los bienes muebles e inmuebles de CREMIL del 2009, 2011 y 2012 y con las órdenes de trabajo allegadas al expediente, se constatan algunas de las reparaciones que la demandada hizo en sus edificaciones, pero ninguna de ellas corresponde a la de los locales ocupados por la demandante ni la del piso superior.

Mediante oficio del 9 de junio de 2015, el Técnico de Apoyo Seguridad y Defensa de CREMIL indicó que las novedades reportadas por el demandante fueron atendidas de manera oportuna; además que (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

Es pertinente mencionar que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares ha venido ejecutando una inversión considerable en el mantenimiento general de los edificios de su propiedad y dentro de ese proceso las redes de suministro de agua potable fueron intervenidas cambiando redes principales originales de material galvanizado por tuberías de PVC de presión.

Desde esta perspectiva, la Sala considera que se demostró la ocurrencia del hecho que sustentó la demanda, en la medida en que se constató que el 27 de enero de 2012 se presentó la inundación en los locales que ocupaba la sociedad Mercamax Ltda., como consecuencia de la filtración de agua en sus instalaciones.

6. Caso concreto

Establecidos los hechos probados en el caso bajo estudio, la Sala abordará, en primer lugar, el argumento planteado por la parte demandada en el recurso de apelación, relacionado con la falta de acreditación del daño, puesto que de ello depende el eventual análisis de imputación y la consecuente tasación de los perjuicios.

En ese orden de ideas, le corresponde a la Sala entrar a estudiar la existencia o no del daño, que en este caso se hizo consistir en la afectación material (pérdida de bienes, mercancía e ingresos) e inmaterial (daño moral) que sufrió la sociedad Mercamax Ltda., como consecuencia de la inundación que se presentó el 27 de enero de 2012, en los locales que había arrendado a Cremil.

Desde esta perspectiva, se insiste que en la demanda se hizo consistir el daño en: i) la pérdida de la mercancía, equipos y maquinaria; ii) los ingresos dejados de percibir por el cierre de dos días del local comercial, así como la afectación de la unidad de negocio y iii) el daño moral.

Así las cosas, como prueba de los daños, la sociedad demandante allegó unas certificaciones expedidas por una contadora pública en las que se relacionaron las pérdidas que supuestamente sufrió Mercamax Ltda. por cuenta del siniestro, los ingresos promedio del establecimiento, el valor de la nómina, así como las utilidades y pérdidas.

La Sala observa que, con apego a lo dispuesto en la Ley 43 de 1990, por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, reglamentaria de la profesión de Contador Público, estos profesionales están facultados para dar fe pública de hechos propios del ámbito de su profesión, dictaminar sobre estados financieros y realizar las demás actividades relacionadas con la ciencia contable en general.

A la luz de ese mismo compendio legal, las actividades relacionadas con las ciencias contables hacen referencia a aquellas que implican organización, revisión y control de contabilidades, certificaciones y dictámenes sobre estados financieros, certificaciones que se expidan con fundamentos en los libros de contabilidad, revisoría fiscal y prestación de servicios de auditoría.

Igualmente, los contadores públicos están obligados a dejar constancia de sus labores para emitir su juicio profesional y a soportar las certificaciones e informes que produzcan en ejercicio de su profesión.

En este punto, la Sala aclara que la jurisprudencia ha señalado que, para valorar las certificaciones de los contadores públicos, resulta necesario que se indiquen o se aporten los documentos que sirvieron de sustento para arribar a las conclusiones expuestas:

De lo anterior se desprende que (i) los contadores públicos debidamente inscritos (ii) están facultados para dar fe pública de los hechos propios del ámbito de su profesión. Siendo así, esos profesionales (iii) pueden, entre otras, certificar sobre los estados financieros y expedir certificaciones con base en los libros contables. Con todo, esa certificación no es suficiente por sí misma para que el juez le otorgue plenos efectos probatorios, toda vez que, en cada caso, deberán indicarse o aportarse los respaldos que sirvieron de fundamento de la certificación extendida (se destaca).

Sobre este mismo punto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado ha señalado de manera reiterada que:

Ahora bien, para que la certificación del revisor fiscal o contador público tenga el carácter de prueba contable suficiente (artículo 777 del Estatuto Tributario), debe contener algún grado de detalle en cuanto a los libros, cuentas o asientos correspondientes a los hechos que pretenden demostrarse.

En consecuencia, la “prueba suficiente” que otorga la norma tributaria a los certificados del contador o revisor fiscal, no puede versar sobre las simples afirmaciones acerca de las operaciones contables de que dichos funcionarios dan cuenta, pues ‘en su calidad de profesional de las ciencias contables y responsable de la contabilidad o de la revisión y análisis de las operaciones de un ente social, está en capacidad de indicar los soportes, asientos y libros contables donde aparecen registrados las afirmaciones vertidas en sus certificaciones’.

En ese orden de ideas, se advierte que las certificaciones allegadas con la demanda no serán tenidas en cuenta, toda vez que no son claras ni precisas, como lo ordena el artículo 69 de la Ley 43 de 1990, pues se limitaron a relacionar las cifras de las supuestas pérdidas sin hacer alusión a los soportes o documentos -libros, cuentas, estados financieros o asientos contables- que se tuvieron en cuenta para arribar a los valores indicados.

Adicionalmente, se allegaron copias de algunas facturas con las que se pretendía demostrar que Mercamax Ltda. compró productos de distinta naturaleza de manera previa a la inundación; sin embargo, esos documentos no se encuentran suscritos ni se tiene certeza de su pago, por lo que no tienen la virtualidad de probar la supuesta erogación en que incurrió la demandante, ni que la mercancía se encontrara en los locales al momento de los hechos.

Idéntica situación se predica de los artículos electrónicos y maquinaria supuestamente afectados, en la medida en que no se demostró su existencia al momento de los hechos y las cotizaciones allegadas no dan cuenta de su adquisición, sino simplemente de una referencia de su valor comercial, sin que tengan la vocación de acreditar que la sociedad incurrió en algún pago.

En estas condiciones, la Sala considera que la sociedad Mercamax Ltda. no aportó un inventario debidamente soportado de los bienes afectados por la inundación acaecida, razón por la cual le asistió razón al Tribunal de primera instancia al negar las pretensiones relacionadas a título de daño emergente.

Frente a los ingresos dejados de percibir por el cierre del establecimiento de comercio, se aclara que en la audiencia inicial se ordenó a Mercamax Ltda. que aportara los libros contables de 2010 a 2012; sin embargo, la demandante indicó que esos documentos se destruyeron como consecuencia de la inundación, razón por la que solo remitió las declaraciones de renta del 2007 al 2012.

En este punto se advierte que, dada la actividad que desarrollaba Mercamax Ltda. le resulta aplicable la legislación mercantil, razón por la que, de acuerdo con el artículo 48 del Código de Comercio, la demandante debía llevar libros de contabilidad, registros contables, inventarios, estados financieros, entre otros, documentos que debían ser inscritos en el registro mercantil; sin embargo, al presente asunto nada de ello se aportó.

La demandante adujo que no aportó los libros contables porque fueron destruidos por la inundación que ocurrió en el local comercial, pese a ello, la Sala recuerda que, de acuerdo con el artículo 135 del Decreto 2649 de 1993 -vigente para el momento de los hechos- en caso de destrucción de los libros se debía presentar una denuncia e iniciar la reconstrucción dentro de los 6 meses siguientes:

Artículo 135. Pérdida y reconstrucción de los libros. El ente económico debe denunciar ante las Autoridades competentes la pérdida, extravió o destrucción de sus libros y papeles. Tal circunstancia debe acreditarse en caso de exhibición de los libros, junto con la constancia de que los mismos se hallaban registrados, si fuere el caso.

Los registros en los libros deben reconstruirse dentro de los seis (6) meses siguientes a su pérdida, extravío o destrucción, tomando como base los comprobantes de contabilidad, las declaraciones tributarias, los estados financieros certificados, informes de terceros y los demás documentos que se consideren pertinentes.

Cuando no se obtengan los documentos necesarios para reconstruir la contabilidad, el ente económico debe hacer un inventario general a la fecha de ocurrencia de los hechos para elaborar los respectivos estados financieros.

Se pueden reemplazar los papeles extraviados, perdidos o destruidos, a través de copia de los mismos que reposen en poder de terceros. En ella se debe dejar nota de tal circunstancia, indicando el motivo de la reposición.

Pese a la anterior exigencia, la demandante no aportó ninguna prueba de su actividad tendiente a la reconstrucción de su contabilidad, pues no allegó la denuncia ni la constancia de que hubiera promovido el trámite que señala la normativa y tampoco alegó la existencia de alguna situación que se lo hubiera impedido, razón por la que no hay medio de convicción alguno que demuestre que los libros de contabilidad efectivamente se hubieran destruido.

Cabe destacar que la contabilidad revela la realidad económica del establecimiento de comercio, por lo que tiene la virtualidad de probar las ventas que diariamente realizaba Mercamax Ltda.

De otro lado, la declaración de renta, si bien contiene información sobre los activos, pasivos, ingresos, entre otros, por sí sola no permite establecer la utilidad diaria ni menos cuando ella se deja de percibir, especialmente si no se allegaron los documentos que sirvieron de soporte para realizar la declaración.

En las condiciones analizadas, resulta cuestionable que el Tribunal de primera instancia tomara como único criterio para indemnizar el lucro cesante de la demandante la renta líquida correspondiente al año 2012, pues ese valor no necesariamente refleja los ingresos por concepto de ventas, de ahí que esa conclusión resultó carente de soportes.

En otras palabras, no se probó la supuesta pérdida que sufrió la demandante como consecuencia de los hechos descritos en la demanda, pues las declaraciones de renta no brindan la certeza necesaria sobre la causación del daño, tampoco se probó que los libros de contabilidad se hubieran destruido y si ello hubiese ocurrido, no se demostró la gestión para lograr la recuperación de la información.

El daño que se enunció como afectación a la “unidad de negocio” no fue concretado en la demanda ni se probó detrimento alguno al respecto, de ahí que tampoco sea susceptible de ser indemnizado.

Por otra parte, en lo que atañe a las pretensiones formuladas a favor del representante legal de la sociedad demandante, basta con señalar que, tal como se indicó al inicio de esta providencia y como lo sostuvo el tribunal de primera instancia, no formó parte del extremo activo, por las razones señaladas en el acápite correspondiente, por lo que no hay lugar a emitir pronunciamiento sobre el particular.

En lo atinente al daño moral, contrario a lo señalado por la parte demandante en su recurso de apelación, cuando se reclama por la pérdida o deterioro de bienes, corresponde a la parte interesada demostrar la afectación, pues no constituye uno de los eventos en los que la jurisprudencia ha considerado que se pueden presumir (muerte, lesiones, privación injusta de la libertad -de acuerdo con el grado de parentesco-, entre otros). En todo caso, la ausencia de pruebas sobre la pérdida de mercancías y productos impone desestimar la concreción de este daño.

De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, se insiste en que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, carga probatoria que respecto de la existencia del daño no fue satisfecha en el sub judice por la demandante, al no haberse demostrado el elemento base de la responsabilidad estatal.

Como consecuencia, la Sala revocará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y en su lugar, se negarán las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en precedencia.

En estas condiciones, resulta inane examinar los argumentos del recurso de apelación de la parte demandante, en la medida en que estaban dirigidos a incrementar el monto de la condena impuesta en primera instancia que, como se dijo, será revocada.

7. Condena en costas

De conformidad con el artículo 188 del CPACA y con la disposición especial del artículo 365 del CGP, para el caso particular procede la condena en costas a cargo de la parte vencida -a la cual se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación-.

Así las cosas, el artículo 361 del CGP establece que las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho.

El artículo 365 ejusdem, en el numeral 4, dispone que “cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias”.

En atención a lo ordenado en la citada norma, se condenará en costas a la parte demandante por ambas instancias, debido a que, al negarse la totalidad de las pretensiones de la demanda, se impone revocar la decisión de primera instancia que había accedido parcialmente a las súplicas formuladas.

La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el Tribunal a quo, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso.

En el presente caso se encuentra acreditada la gestión de Cremil, en ambas instancias, pues contestó oportunamente la demanda, asistió a las audiencias e interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primer grado, de igual manera, alegó de conclusión tanto en primera como en segunda instancia. En tal sentido, la Sala estima suficiente dicha gestión para que se disponga la fijación de agencias en derecho en la liquidación de las costas, en favor de la demandada, según lo previsto en los artículos 365 y 366 del CGP.

Conviene señalar que, bajo las reglas del código en cita la condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a la cual se le imponen, toda vez que en el régimen actual dicha condena se determina con fundamento en un criterio netamente objetivo, en este caso frente a la parte que ha resultado vencida, “siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley”.

7.1. Agencias en derecho

De conformidad con lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo 1887 de 2003, en materia de tarifas de agencias en derecho se tiene en cuenta lo siguiente:
ACUERDO 1887 DE 2003
(Junio 26)
‘Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho’.

Artículo  2º—Concepto. Se entiende por agencias en derecho la porción de las costas imputables a los gastos de defensa judicial de la parte victoriosa, a cargo de quien pierda el proceso el incidente o trámite especial por él promovido, y de quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, (…).

Artículo 3º—Criterios. El funcionario judicial, para aplicar gradualmente las tarifas establecidas hasta los máximos previstos en este acuerdo, tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y razonables. Las tarifas por porcentaje se aplicarán inversamente al valor de las pretensiones.

(…).

Artículo 5º—Fijación de tarifas. Las tarifas máximas de agencias en derecho se establecen en salarios mínimos mensuales legales vigentes, o en porcentajes relativos al valor de las pretensiones de la demanda reconocidas o negadas en la sentencia.

Artículo. 6º—Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho:

(…).

III CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

3.1.2. Primera instancia.

Con cuantía: Hasta el veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia.

3.1.3. Segunda instancia.

Sin cuantía: Hasta siete (7) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia”.

A partir de lo expuesto, la Sala fijará las agencias en derecho de ambas instancias que estarán a cargo de la sociedad Mercamax Ltda. y a favor de la entidad demandada.
En relación con la primera instancia, se fija en el 0,5% de $430’000.000, que equivale a la suma de $2’150.000.
Así mismo, en la segunda instancia se fija en el 0,5% de $430’000.000, que equivale a la suma de $2’150.000.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 27 de julio de 2017, y, en su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO. CONDENAR en costas de ambas instancias a la parte demandante, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal de primera instancia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 366 del Código General del Proceso.
Por concepto de agencias en derecho en primera instancia, se fija la suma de dos millones ciento cincuenta mil pesos ($2’150.000), que deberá ser pagada por Mercamax Ltda., en favor de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.
Como agencias en derecho en esta instancia, se fija la suma de dos millones ciento cincuenta mil pesos ($2’150.000), que deberá ser pagada por Mercamax Ltda., en favor de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Aclaración de voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el link  HYPERLINK "https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador" https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.

Folio 31 del cuaderno principal. El poder obra a folios 32 del cuaderno principal. En la estimación de la cuantía se discriminó así: $309’263.269, por concepto de daño emergente y por lucro cesante $10’752.096; además, la suma de $48’000.000 para su representante legal, por lucro cesante y 100 SMLMV por daño inmaterial. En este sentido se precisa que el poder fue otorgado por el Representante legal de Mercamax Ltda. en esa calidad y no en nombre propio, tal como se entendió en el curso del proceso y como lo expresó su apoderada en cada una de sus intervenciones, tal como se explicará más adelante. Folio 62 del cuaderno principal. Folio 66 del cuaderno principal. Folio 69 del cuaderno principal. Folio 67 del cuaderno principal. Folios 452 a 461 del cuaderno 2. Folio 139 vuelto del cuaderno principal. Folios 220 a 233 del cuaderno del Consejo de Estado. Folios 237 a 239 del cuaderno del Consejo de Estado. Folio 251 del cuaderno del Consejo de Estado. Folio 257 del cuaderno del Consejo de Estado. Folio 261 del cuaderno del Consejo de Estado. Folios 267 a 269del cuaderno del Consejo de Estado. Folios 264 a 266 del cuaderno del Consejo de Estado. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2080 de 2021, la vigencia de las modificaciones introducidas al CPACA rigen desde el momento en que se publicó la aludida norma. En ese orden de ideas, debe señalarse que la reforma no resulta aplicable a este asunto, toda vez que esta actuación procesal -recurso de apelación- es de aquellas que conservarán el régimen jurídico anterior -Ley 1437 de 2011- de acuerdo con lo preceptuado en el inciso final del artículo antes mencionado. La conclusión antecedente se apoya en los siguientes términos:
“Artículo 86. Régimen de vigencia y transición normativa. La presente ley [Ley 2080 de 2021] rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley.
(…)
De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011. En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones” (se destaca).
“Artículo 150. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación (…)”. En la demanda se solicitaron por daño emergente $309’263.269, monto que excede los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de presentación de la demanda, teniendo en cuenta que para el 2014 el SMLMV era de $616.000, por lo que los 500 SMLMV exigidos equivalían a $308’000.000. Folios 101 a 110 del cuaderno 1. Folios 111 a 115 del cuaderno 1. Folios 116 a 120 del cuaderno 1. Folios 123 a 127 del cuaderno 1. CLÁUSULA TERCERA. - DURACIÓN DEL CONTRATO. El término de duración del presente contrato será de DOCE (12) MESES, contados desde el 1 de enero de 1999 hasta el 31 de diciembre de 1999. PARÁGRAFO PRIMERO:

La parte que quiera dar por terminado el contrato de arrendamiento al vencimiento del término de duración del mismo, deberá dar aviso en tal sentido por escrito a la otra, mínimo con seis (6) meses de anticipación en el contrato ha tenido una duración superior a dos (2) años; o con un mes de antelación si el contrato tiene una duración inferior a dos (2) años. (…). PARÁGRAFO SEGUNDO: vencido el término principal o el de su prórroga, si ninguna de las partes ha manifestado por escrito su intención de darlo por terminado, el contrato se entenderá prorrogado en forma automática y sucesiva por periodos iguales al inicialmente pactado.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A sentencia del 29 de abril de 2015, exp. 28.977, C.P. (e) Hernán Andrade Rincón.
“De su tenor literal se desprende con claridad que las partes pretendieron otorgar un efecto retroactivo a la vigencia del contrato, con la finalidad de que en él se encontraran comprendidas prestaciones ejecutados con anterioridad a su celebración. Sin embargo, a pesar de que las partes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, (…) sí resulta necesario advertir que a la misma no se le puede reconocer los efectos retroactivos que pretendió entrañar con el fin de cobijar dentro del acuerdo contractual prestaciones ejecutadas con anterioridad a su nacimiento a la vida jurídica…”.
Sobre la prohibición de la prórroga automática de los contratos de arrendamiento celebrados en vigencia del Decreto ley 222 de 1983, esta Subsección se pronunció en los siguientes términos: No obstante, aun cuando el contrato No. 0433 AR no era susceptible de ser prorrogado de manera automática, por existir expresa prohibición legal en ese sentido, lo cierto es que las partes ignoraron las disposiciones contendidas en el Decreto-ley 222 de 1983 y sin importar que había operado la culminación del plazo, continuaron ejerciendo de hecho sus roles de arrendador y arrendatario sin el menor reparo. Tanto es así que la demandante siguió detentando la tenencia del bien a título de arrendamiento, continuó pagando los cánones y elevando reclamaciones tendientes a que le recibieran dichos pagos en la forma pactada; por su parte, la entidad demandada siguió recibiendo el pago por concepto de los mismos, de vez en cuando realizaba labores de inspección sobre las zonas y áreas objeto de arrendamiento. Todo lo anterior aproximadamente hasta el año 2000. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, 30 de octubre de 2013, exp. 32815, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso, Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez, sentencia de 29 de mayo de 2013, Rad. 27875.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Consejero ponente (e): Hernán Andrade Rincón, sentencia de 29 de octubre de 2014, radicación: 29851.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Consejero ponente: Hernán Andrade Rincón, sentencia de 26 de febrero de 2015, radicación: 30834.

Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.
La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad.
La acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo los dos años “contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa”.

La constancia obra a folio 42 del cuaderno principal, en la que se indicó que la solicitud de conciliación fue presentada el 22 de marzo de 2013 y se declaró fallida el 6 de agosto de 2013. Folios 291 a 305 y 337 a 393 del cuaderno 1. Así consta en el registro mercantil que obra a folios 33 a 34 del cuaderno 1. Informe expedido por el coordinador de bienes inmuebles de Cremil (folio 337 del cuaderno No. 3). Folio 352 del cuaderno 3. Folios 177 a 187 del cuaderno 3. A folios 190 a 221 del cuaderno 3 obran todos los cambios de tubería que se hicieron en la ejecución de la obra. Folios 222 a 225 del cuaderno 3. Oficio enviado por Mercamax a CREMIL que obra a folios 38 a 39 del cuaderno 2. A folio 40 del cuaderno 2 obra un oficio de la demandada en el que acepta la filtración de agua del 19 de junio de 2010. Folios 41 y 42 del cuaderno principal. Folio 360 del cuaderno 3. Folios 51 y 52 del cuaderno 3. De acuerdo con la comunicación enviada por Mercamax Ltda. a CREMIL obrante a folio 361 del cuaderno 3. El oficio obra a folio 338 del cuaderno 3. Folio 36 del cuaderno 3. El oficio obra a folio 212 del cuaderno 2. Oficio que obra en el folio 1 del cuaderno 2. Folios 43 a 48 del cuaderno 2. Folio 55 del cuaderno 3. Folios 13 y 22 del cuaderno 2. Folios 57 a 92 del cuaderno 3. Folios 93 a 176 del cuaderno 3. Folio 324 del cuaderno 3. Folios 60 a 65 del cuaderno 2. Ley 43 de 1990. “Artículo 9o. De los papeles de trabajo. Mediante papeles de trabajo, el Contador Público dejará constancia de las labores realizadas para emitir su juicio profesional. Tales papeles, que son propiedad exclusiva del Contador Público, se preparan conforme a las normas de auditoría generalmente aceptadas. Parágrafo. Los papeles de trabajo podrán ser examinados por las entidades estatales y por los funcionarios de la Rama Jurisdiccional en los casos previstos en las leyes. Dichos papeles están sujetos a reserva y deberán conservarse por un tiempo no inferior a cinco (5) años, contados a partir de la fecha de su elaboración”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 30 de noviembre de 2006, expediente 14846, reiterada en sentencia del 18 de octubre de 2012, expediente 18.329, entre otras. Cita del original: Sentencia de 25 de noviembre de 2004 Exp.14155 C. P. María Inés Ortiz Barbosa. Folios 68 a 124 del cuaderno 2. Documentos que obran en copia de folio 53 a 58 del cuaderno No. 2. Folio 151 del cuaderno principal. Folios 152 a 157 del cuaderno principal. Artículo 48. Todo comerciante conformará su contabilidad, libros, registros contables, inventarios y estados financieros en general, a las disposiciones de este Código y demás normas sobre la materia. Dichas normas podrán autorizar el uso de sistemas que, como la microfilmación, faciliten la guarda de su archivo y correspondencia. Asimismo será permitida la utilización de otros procedimientos de reconocido valor técnico-contable, con el fin de asentar sus operaciones, siempre que facilite el conocimiento y prueba de la historia clara, completa y fidedigna de los asientos individuales y el estado general de los negocios. Frente a la valoración de la declaración de renta, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera, sentencia del 10 de septiembre de 2020, expediente, 45.930, sentencias del 11 de abril de 2001, 28 de marzo de 1999 y 10 de julio de 1997; exps. Nos. 7458, 11.467 y 10.229; demandantes: Sociedad Comercializadora Mundopartes S.A., Sociedad Frutera y Productos Tropicales S.A. y Soc. Díaz y Cías S. en C, respectivamente.
“CPACA. Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.
“CGP. Artículo 365. Condena en costas.

En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación (subrayado fuera del texto). A cuyo tenor: “Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas (…)”. De acuerdo con la Corte Constitucional “La condena en costas no resulta de un obrar temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el proceso o recurso que haya propuesto, según el artículo 365. Al momento de liquidarlas, conforme al artículo 366, se precisa que tanto las costas como las agencias en derecho corresponden a los costos en los que la parte beneficiaria de la condena incurrió en el proceso, siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley. De esta manera, las costas no se originan ni tienen el propósito de ser una indemnización de perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni pueden asumirse como una sanción en su contra”. Sentencia C-157/13. MP. Mauricio González Cuervo. La demanda se presentó el 24 de enero de 2014. El Acuerdo 1887 de 2003 se encontraba vigente para ese momento.

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Esta mal la cita y no la pusieron Doc tanmpoco

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