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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2014-00302-02

Fecha
2 de agosto de 2024
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2014-00302-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Confírmase la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A del 19 de noviembre de 2020. 2°) Condénase en costas a la compañía de seguros Royal & Sun Alliance Seguros Colombia SA, tásense en forma concentrada por el tribunal de primera instancia. 3º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2014-00302-02

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

2 de agosto de 2024

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, dos (2) de agosto de dos mil veinticuatro (2024).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 25000-23-36-000-2014-00302-02 (67.394)
Demandante: ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS COLOMBIA SA
Demandado: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU)
Medio de control: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – NULIDAD DEL ACTO
QUE DECLARÓ INCUMPLIMIENTO – PRINCIPIO DE
“NON REFORMATIO IN PEJUS”

Síntesis del caso: la parte actora pide que se declare la nulidad de la resolución mediante
la cual se incrementó el valor de la cláusula penal pecuniaria impuesta en la suma de
$372.265.185; el tribunal de primera instancia denegó las súplicas de la demanda, por
cuanto no se acreditó que el incremento en el monto de la cláusula penal pecuniaria
decretado por el IDU vulnerara el debido proceso de la compañía garante de las
obligaciones del consorcio contratista. Inconforme con la decisión la parte actora se opuso
a la sentencia e insistió en que el IDU vulneró el derecho del debido proceso y quebrantó
el principio de “non reformatio in pejus” por el hecho de aumentar el valor del monto de la
cláusula penal pecuniaria, cuando se trataba de apelante único.

Temas: Debido proceso en procedimientos de incumplimiento – coherencia entra el pliego
de cargos y decisión constitutiva de incumplimiento.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de
la sentencia de 19 de noviembre de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A que denegó las súplicas de la
demanda en los siguientes términos:

“PRIMERO.- NEGAR las pretensiones de la demanda presentada por
Royal & Sun Alliance Seguros – Colombia, hoy Seguros Generales
Suramericana S.A., por las razones expuestas en la presente providencia.

SEGUNDO-. Condenar en costas a la parte demandante. Fíjese por
concepto de agencias en derecho a favor de la parte demandada la suma
de ($1.755.604)

TERCERO.- NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE la presente
decisión, mediante el envío de mensaje de datos a los correos
juanmanuel@diazgranados.co, abogado5@diazgranados.co,
notificacionesjudiciales@idu.gov.co, y a la agente del Ministerio Público al
buzón de correo electrónico institucional; bajo la advertencia que las
manifestaciones de las partes deberán efectuarse de manera preferente

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Expediente no. 25000-23-36-000-2014-00302-02 (67.394)
Actor: Royal & Sun Alliance Seguros Colombia SA
Controversias contractuales
Apelación de sentencia

a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
Los términos procesales se computarán conforme lo indicado en el inciso
3º del artículo 8 del Decreto Legislativo 806 de 2020” (fls. 21 y 22 ibidem
– negrillas y mayúsculas fijas del original).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito radicado el 6 de marzo de 2014 en la Secretaría de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la compañía de seguros
Royal & Sun Alliance Seguros Colombia SA, actuando por intermedio de apoderado
judicial interpuso demanda en contra del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá
(IDU) en ejercicio del medio de control jurisdiccional de controversias contractuales
(fls. 2 a 11 cdno. no. 1) con las siguientes súplicas:

“PRIMERA: Se declare la nulidad de la resolución 4764 de noviembre 24
de 2011 del IDU, en cuanto al resolver el recurso de reposición reformó la
resolución 3343 de junio 15 de 2011, e incrementó el valor de la cláusula
penal interpuesta inicialmente de $594.318.100 a la suma de
$966.583.285.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la anterior declaración se obligue
al IDU a pagar a ROYAL la suma de $372.265.185, más uno de los
siguientes conceptos sobre dicho importe, calculado entre el momento de
la erogación por parte de ROYAL (2 de febrero de 2012) y la fecha de la
sentencia:

i. La tasa máxima de interés moratorio permitida en la Ley.
ii. En subsidio del punto anterior, la aplicación del ajuste por IPC y el
reconocimiento del interés legal del 6%.
iii. En subsidio del punto anterior, la aplicación del ajuste por IPC.

TERCERA: Que en la sentencia se tenga en cuenta lo dispuesto en el
artículo 192 del CPACA.

CUARTA: Que, en aplicación del artículo 188 del CPACA, se condene en
costas a la parte Demandada, incluida la restitución del arancel judicial,
indexado por IPC.” (fls. 3 y 4 ibidem – negrillas y mayúsculas del original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico la parte demandante expuso en el escrito contentivo de
la demanda, en síntesis, lo siguiente:

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Actor: Royal & Sun Alliance Seguros Colombia SA
Controversias contractuales
Apelación de sentencia

1) El 18 de septiembre de 2009, el IDU celebró el contrato no. 029 con el consorcio
Occidental (integrado por las compañías Constructora Inca Ltda, Geos Consulting
SA y HH Arquitectura SA) con el objeto de llevar a cabo la construcción de los
andenes de ambos costados de la carrera 15 desde la calle 100 hasta la calle 122,
y andenes de la carrera 15 del costado occidental y separador central desde la calle
122 hasta la calle 127 de la ciudad de Bogotá, por un valor de $13.061.936.272 en
un plazo de doce (12) meses.

2) El consorcio Occidental en condición de contratista y en cumplimiento de la
cláusula diecisiete del contrato constituyó la póliza de garantía única de
cumplimiento no. 20388 ante la compañía de seguros Royal & Sun Alliance Seguros
Colombia SA.

3) El IDU durante la ejecución del referido contrato no. 029 de 2009 adelantó varios
procesos administrativos sancionatorios en contra del contratista, de los cuales
incumben al asunto los resueltos a través de las Resoluciones números 3343 de 15
de julio y 4764 de 24 de noviembre, ambas expedidas en el año 2011, pues,
mediante la Resolución 4764 se resolvió el recurso de reposición formulado en
contra de la Resolución no. 3343 en el sentido de confirmar la decisión de
incumplimiento por la aprobación tardía del PMT (Plan de Manejo de Tránsito)
necesario para la construcción de la ciclorruta y modificó el valor de la cláusula penal
incrementando el monto de condena, de $594.318.100 a $966.583.285.

4) El 20 de febrero de 2012, la compañía de seguros Royal & Sun Alliance Seguros
Colombia SA dio cumplimiento a la condena impuesta a través de la Resolución no.
4764 de 2011 y pagó en favor del IDU la suma de $966.583.285.

5) El contrato no. 029 de 2009 terminó por vencimiento del plazo el 2 de septiembre
de 2011, sin que a la fecha de presentación de la demanda el mismo hubiera sido
liquidado.

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Controversias contractuales
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3. Fundamento de la demanda

En el texto de la demanda la actora presentó como fundamentos de derecho y
concepto de violación normativa, en resumen, lo siguiente:

La Resolución no. 4764 de noviembre 24 de 2011, mediante la cual el IDU resolvió
el recurso de reposición formulado en contra de la Resolución no. 3343 de junio 15
de 2011, adolece de nulidad, por el hecho de ser contraria a la normatividad en que
debía fundarse, por razón de un único cargo de nulidad: violación del derecho del
debido proceso y del principio de non reformatio in pejus, respecto del cual hizo el
siguiente razonamiento:

Con la expedición de la Resolución no. 4764 de noviembre 24 de 2011, el IDU
desconoció el derecho del debido proceso y el principio de non reformatio in pejus
dispuestos en el artículo 29 de la Constitución Política ya que, confirmó la decisión
recurrida e incrementó el valor de la cláusula penal impuesta inicialmente por
$594.318.000 a la suma de $966.583.285, de manera tal que el recurrente quedó
en una situación más gravosa de la definida antes del ejercicio del recurso de
reposición.

4. Posición de la parte demandada

A través de escrito radicado el 11 de agosto de 2014 contestó la demanda con
oposición a las pretensiones, formuló excepciones y solicitó que fueran negadas las
súplicas (fls. 32 a 48 cdno. no. 1) con los siguientes argumentos:

1) En el presente asunto, el consorcio Occidental incumplió parcialmente sus
obligaciones y como no fue posible descontar de los pagos pendientes al contratista
el valor de la sanción impuesta, el IDU hizo efectivo el valor del incumplimiento con
cargo a la garantía única de cumplimiento no. 20388 del 29 de septiembre de 2009
constituida por la compañía de seguros Royal & Sun Alliance Seguros Colombia SA.

2) El proceso administrativo sancionatorio se adelantó de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, de manera tal que se

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Actor: Royal & Sun Alliance Seguros Colombia SA
Controversias contractuales
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garantizaron el debido proceso y el derecho de defensa de las partes vinculadas al
mismo, al punto que tanto el contratista como la aseguradora hicieron uso del
recurso de reposición en contra de la decisión contenida en la Resolución no. 3343
de 2011.

3) Propuso como excepciones las que se relacionan a continuación:

a) “Legalidad de los actos administrativos demandados”, toda vez que la Resolución
no. 4764 de 24 de noviembre de 2011 fue proferida por el funcionario competente,
con arreglo a la ley y al contrato no. 029 de 2009 suscrito entre el IDU y el consorcio
Occidente, en virtud del cual la compañía de seguros Royal & Sun Alliance Seguros
Colombia SA constituyó la póliza única de cumplimiento no. 20388.

b) “La genérica”, según la cual el juez puede declarar las excepciones que de oficio
encuentre probadas.

5. Trámite en primera instancia

1) El 19 de mayo de 2014 se admitió la demanda, se vinculó al proceso, en condición
de litisconsorte necesario de la parte actora, al consorcio Occidental (integrado por
las compañías Constructora Inca Ltda, Geos Consulting SA y H&H Arquitectura SA)
y se ordenó su notificación personal (fls. 17 a 20 vlto. cdno no. 1).

2) Por auto de 27 de abril de 2015, el magistrado conductor del proceso en primera
instancia dejó sin efectos el numeral siete de la providencia de 19 de mayo de 2014
mediante la cual se dispuso sobre la vinculación en condición de litis consorte
necesario de la parte actora al consorcio Occidental, decisión que fue confirmada
por auto de 25 de mayo de 2015 (fls. 86 y 87, 96 y 98 vlto. ibidem).

3) El 11 de agosto de 2014, el IDU llamó en garantía al consorcio Occidental (fls. 1
a 5 cdno. no. 3).

4) El 21 de julio de 2015, el magistrado conductor del proceso negó el llamamiento
en garantía solicitado por la entidad demandada, por el hecho de que las

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Apelación de sentencia

pretensiones de la demanda de la referencia se limitan a la nulidad de la Resolución
no. 4764 de 2011 proferida por el IDU, a través de la cual se incrementó el valor de
la sanción y, sin perjuicio de lo anterior, el IDU pretende con el llamamiento en
garantía que se declare el incumplimiento del contrato no. 029 de 2009 por parte
del consorcio Occidental, pasando por alto que en este proceso no se debate el
incumplimiento del consorcio contratista (fls. 44 a 47 vlto. cdno. ppal.).

5) En contra de la anterior providencia el IDU presentó recurso de apelación, el cual
fue confirmado por esta Corporación a través de la providencia del 12 de diciembre
de 2017 (fls. 116 a 122 ibidem).

6. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A en
providencia del 19 de noviembre de 2020 (fl. 338 cdno. ppal. - disco compacto de
actuaciones digitales – documento denominado fallo) denegó las súplicas de la
demanda con fundamento en lo siguiente:

1) Como elemento inicial se precisa que la controversia se centra únicamente en el
aumento del monto de la condena impuesta a la compañía aseguradora con ocasión
de la decisión emitida en respuesta al recurso de reposición interpuesto por el
consorcio contratista y la compañía aseguradora, sin que en modo alguno la parte
actora se oponga a la declaración de incumplimiento o pretenda acreditar que la
tasación del mismo no corresponda a la realidad.

2) De acuerdo con lo estipulado en la cláusula 18 del contrato no. 029 de 2009, la
cláusula penal pecuniaria a título sancionatorio debía aplicarse por cada día
calendario que transcurriera desde la fecha prevista para el cumplimiento de las
obligaciones insatisfechas hasta cuando efectivamente se acreditara su
cumplimiento.

3) En la Resolución no. 4764 de 2011, mediante la cual se resolvieron los recursos
de reposición formulados en contra de la Resolución no. 3343 de 2011, quedó
expresamente consignado que solo hasta el 25 de agosto de 2011 el contratista

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cumplió con el objeto contractual, información que permitió concretar el
incumplimiento en un total de ciento cuarenta y ocho (148) días y con tales datos se
actualizó el monto de la sanción y, por ese motivo, se aumentó el valor inicialmente
decretado, sin que la parte actora desmintiera tal información o base del cálculo
realizado por la entidad contratante.

4) De otra parte, no está llamada a prosperar tampoco la afirmación del demandante
según la cual se vulneró el derecho del debido proceso, por cuanto se declaró el
incumplimiento de items sobre los cuales no se había iniciado el procedimiento
administrativo sancionatorio, pues, la causa del incumplimiento de la Resolución no.
4764 de 2011 es la misma de la Resolución 3343 de 2011, cuestión diferente es la
actualización de los perjuicios y valor de la sanción en proporción a los días de
efectivo incumplimiento.

5) Por último, tampoco se demostró la vulneración del principio de non reformatio
en pejus, debido a que la compañía aseguradora no fue apelante único, pues, el
consorcio contratista también presentó recurso de reposición de manera
independiente.

7. El recurso de apelación

La parte actora interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera
instancia (fl. 338 cdno. ppal. - disco compacto de actuaciones digitales – documento
denominado recurso de apelación) el cual fue concedido por el a quo mediante auto
de 8 de junio de 2021 ((fl. 338 cdno. ppal. - disco compacto de actuaciones digitales
– concede apelación), impugnación que fue sustentada en los términos que se
reseñan a continuación:

1) El tribunal de primera instancia pasó por alto que en la citación con la cual se
inició el procedimiento administrativo, lo mismo que a lo largo del trámite del mismo,
el IDU expresamente delimitó la ocurrencia de los incumplimientos a los meses de
marzo y junio de 2011 y, sin embargo, con la Resolución no. 4764 de 2011 se
resolvió sobre los incumplimientos presentados entre el 30 de junio y el 25 de agosto

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de 2011, sin que se les hubiera concedido al contratista y a la aseguradora la
oportunidad para rendir descargos y presentar pruebas.

2) De otra parte, la decisión objeto de apelación señaló que el principio de non
reformatio in pejus solo es aplicable a los casos de apelante único, cuando la Corte
Constitucional1 ha establecido que lo que determina al apelante único es el interés
para recurrir y no el número de personas que interpongan el recurso, como en el
presente asunto, en el que tanto el contratista como la compañía aseguradora
concurrieron en ejercicio del recurso de reposición con el mismo interés, consistente
en obtener la revocatoria de la decisión que declaró el incumplimiento.

8. Actuación surtida en segunda instancia

1) El 29 de octubre de 2021 se admitió el recurso de apelación (índice no. 3 SAMAI).

2) Posteriormente, el 23 de marzo de 2023 (índice no. 13 SAMAI) se ordenó correr
traslado a las partes para alegar de conclusión por el término de 10 días y, vencido
este, por el mismo lapso correr traslado al Ministerio Público para emitir el respectivo
concepto.

3) En dicho término ambas partes presentaron sendos escritos de alegaciones
finales (índices números 22, 23 y 26 SAMAI), a su turno, el Ministerio Público guardó
silencio (índice no. 27 SAMAI).

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado 2, procede la Sala a resolver el asunto sometido a

1 La sentencia a la que hace referencia el recurso de apelación es la sentencia de la Corte

Constitucional T-291 de 2006.
2 La demanda fue presentada dentro del término que se tenía para ello, pues las resoluciones

demandadas quedaron ejecutoriadas el 26 de enero de 2012, se agotó el requisito de procedibilidad
con la conciliación ante la Procuraduría General de la Nación entre el 18 de noviembre de 2013 y 12
de febrero de 2014 y, como la demanda se radicó el 7 de marzo de 2014 no se superaron los dos
(2) años para la formulación en tiempo del medio de control de controversias contractuales de la
referencia.

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consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) análisis de la impugnación, 3) conclusiones y, 4) condena en costas
y agencias en derecho.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

La demanda está dirigida a obtener la nulidad de la Resolución no. 4764 de 24 de
noviembre de 2011 mediante la cual se modificó la Resolución no. 3343 de 15 de
julio de 2011, ambas emitidas por el IDU en el sentido de confirmar el incumplimiento
del contratista e incrementar el valor de la sanción impuesta en la suma de
$372.265.185.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca denegó las súplicas de la demanda en
atención a que el incremento del monto de la sanción se debió a la actualización de
los días de incumplimiento y, que como el recurso de reposición formulado en contra
de la Resolución no. 3343 de 2011 no fue propuesto exclusivamente por la
compañía aseguradora sino también por el consorcio contratista, no se configura en
el presente asunto la pretendida violación del principio de “non reformatio in pejus”,
pues, no se trataba de apelante único.

En el presente asunto, la parte actora interpuso recurso de apelación en contra de
la sentencia de primera instancia sobre la base de sostener, de una parte, que el
quebranto del debido proceso se configuró por el cambio de la limitación temporal
del incumplimiento presentado en la citación al inicio del proceso sancionatorio
sobre la decisión emitida con ocasión de la resolución de los recursos de reposición
formulados, pues, inicialmente se determinó que el incumplimiento se refería al
periodo de tiempo comprendido entre los meses de marzo y junio de 2011, en tanto
que en la Resolución no. 4764 de 2011 se decretó el incumplimiento por el periodo
de tiempo presentado entre el 30 de junio y el 25 de agosto de 2011, y de otra parte,
que el principio de “non reformatio in pejus” no solo es aplicable a los casos de
apelante único, puesto que el interés para recurrir es el elemento que determina su
configuración, mas no el número de personas que interpongan el correspondiente
recurso.

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La Sala confirmará la decisión apelada, toda vez que con los documentos que
conforman el expediente no fue posible acreditar la violación del derecho del debido
proceso ni del principio de non reformatio in pejus como lo pretendía la parte actora,
pues, el periodo de tiempo objeto de determinación del incumplimiento fue el mismo
desde el inicio del procedimiento, solo se actualizó a la fecha de cumplimiento
efectivo de la obligación.

2. Análisis de la impugnación

2.1 Hechos probados

Examinadas las pruebas allegadas al proceso, se encuentran debidamente
acreditados los siguientes hechos relevantes para la decisión que debe adoptase:

1) El 18 de septiembre de 2009, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y el
consorcio Occidental (integrado por las compañías Constructora Inca Ltda, Geos
Consulting Sa y HH Arquitectura SA) suscribieron el contrato de obra no. 029 con el
objeto de ejecutar las obras para la construcción de los andenes de ambos costados
de la carrera 15 desde la calle 100 hasta la calle 122 y, los andenes de la carrera
15 del costado occidental y separador central desde la calle 122 hasta la calle 127
de la ciudad de Bogotá, en un plazo de doce (12) meses y por un valor de
$13.061.936.272 (fls. 5 a 28 cdno. no. 2).

2) En cumplimiento de la cláusula 17 del negocio jurídico en comento, el consorcio
Occidental constituyó con la compañía de seguros Royal & Sun Alliance Seguros
Colombia SA la póliza de seguros no. 20388 con el amparo de los riesgos de
cumplimiento, anticipo, estabilidad de obra y pago de salarios y prestaciones
sociales (fls. 45 a 68 ibidem).

3) El 15 de julio de 2011, el IDU mediante la Resolución no. 3343 declaró el
incumplimiento del consorcio Occidental en la ejecución del contrato de obra no.
029 de 2009 por el hecho de no haber obtenido oportunamente la aprobación del
PMT (Plan de Manejo de Tráfico), como consecuencia de lo anterior, hizo efectiva
la cláusula penal a título sancionatorio prevista en la cláusula 19 del contrato en la

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suma de $594.318.100, equivalente al 0,5 por 1.000 por cada día calendario
transcurrido entre el 30 de marzo y el 30 de junio de 2011.

En el segundo inciso del ordinal tercero de la resolución en comento, el IDU
determinó que si no era posible descontar de los pagos pendientes a favor del
contratista el valor de la sanción impuesta, dicho valor se haría efectivo en contra
de la compañía de seguros Royal & Sun Alliance Seguros Colombia SA con cargo
al amparo de cumplimiento de la póliza no. 20388 de 29 de septiembre de 2009
constituida con ocasión de la suscripción del contrato no. 029 de 2009 entre el IDU
y el consorcio Occidental (fls. 69 a 86 cdno. no. 2).

4) A través de la Resolución no. 4764 de 24 de noviembre de 2011 (fls. 87 a 143
ibidem) el IDU resolvió los recursos de reposición interpuestos por parte del
consorcio Occidental y la compañía de seguros Royal & Sun Alliance en contra de
la Resolución no. 3343, en el sentido de confirmar la decisión de incumplimiento y
modificar el monto de la sanción decretada, en la suma de $966.583.285
“equivalente al cero punto cinco por mil (0,5 x 1.000) del valor del contrato, por cada
día calendario transcurrido entre el 30 de marzo de 2011 y el 25 de agosto de 2011,
a título de sanción por el incumplimiento de sus obligaciones frente al IDU” (fl. 142
cdno. no. 2).

5) El 26 de enero de 2012, el IDU por conducto de la Dirección Técnica de Gestión
Contractual certificó que las Resoluciones números 3343 de 15 de julio y 4764 de
24 de noviembre, ambas proferidas por el IDU en el año 2011, quedaron
ejecutoriadas el 26 de enero de 2012 (fl. 144 ibidem).

2.2 El caso concreto

1) La parte demandante aseguró que la sentencia apelada pasó por alto que el IDU
no adelantó en debida forma el procedimiento previsto para declarar el
incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal a título sancionatorio; al respecto,
es necesario precisar lo siguiente:

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Controversias contractuales
Apelación de sentencia

a) El 5 de mayo de 2011, el IDU citó al contratista para llevar a cabo una audiencia
para debatir el posible incumplimiento de las obligaciones previstas en el otrosí no.
3 al contrato de obra IDU-029 de 2011, consistente en la falta de presentación del
estudio de tránsito requerido para la aprobación del Plan de Manejo de Tránsito
(PMT) por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad para la construcción de la
ciclorruta sobre el separador central de la carrera 15 entre calles 100 y 127, para el
efecto adjuntó como anexos catorce (14) folios (fls. 1 a 53 cdno. no. 4).

b) El 15 de julio de 2011, a través de la Resolución no. 3343, el IDU declaró el
incumplimiento e hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria a título sancionatorio por
la desatención de los siguientes aspectos relacionados con el contrato:

“Oportunidad de cumplimiento de las obligaciones.

(…).

Como resultado de los descargos presentados por el contratista y de los
hechos demostrados por la Dirección Técnica de Construcciones, resulta
evidente que a la fecha y transcurridos más de 170 días desde la fecha
establecida por el IDU para reiniciar la ejecución de la obra el contratista
ha incumplido su obligación de la ciclo ruta sobre el separador central de
la carrera 15 entre calles 100 y 127 y para la construcción de las obras
necesarias para garantizar la conectividad de la misma con la red de ciclo
rutas del sector, por cuanto no ha presentado idóneamente el estudio de
tránsito solicitado por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) para la
expedición del PMT. Esta circunstancia el contratista la convirtió en un
círculo vicioso en contra de los intereses del DIU, donde es evidente que
su único propósito ha sido dilatar los tiempos a su favor, a fin de buscar
otras alternativas para ejecutar el contrato.

(…).

Mediante las cláusulas 18 y 19 del Contratos, el IDU y el Contratista
pactaron la cláusula penal pecuniaria en caso de incumplimiento parcial
del contrato, señalando para ello que el Contratista pagará al IDU a título
de pena pecuniaria la suma equivalente hasta el 30% del valor del
contrato. Para que sea procedente su imposición, es necesaria su previa
convención y para el caso concreto, esta circunstancia se encuentra
acreditada, de allí que la condena al pago de dicha sanción surge como
consecuencia necesaria de la declaratoria de incumplimiento.

(…).
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar que el consorcio Occidental, integrado
por Constructora Inca Ltda, GEOS Consulting SA y H&H Arquitectura SA,
en desarrollo de la ejecución del contrato de obra IDU-29 de 2009, ha
incurrido en incumplimiento parcial de sus obligaciones contractuales por

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Expediente no. 25000-23-36-000-2014-00302-02 (67.394)
Actor: Royal & Sun Alliance Seguros Colombia SA
Controversias contractuales
Apelación de sentencia

haber incumplido su obligación de obtener oportunamente la aprobación
del PMT, al no haber presentado idóneamente y con el cumplimiento de
todos los requisitos, el estudio de tránsito solicitado por la Secretaría
Distrital de Movilidad (SDM) para su expedición, requisito necesario para
adelantar la obra de construcción de la ciclo ruta sobre el separador
central de la carrera 15 entre calles 100 y 127 y para la construcción de
las obras necesarias para garantizar la conectividad de la misma con la
red de ciclo rutas del sector, de conformidad con lo consignado en la parte
motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, hágase
efectiva la cláusula penal pecuniaria prevista en la cláusula 19 del contrato
IDU-29 de 2009 por la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO
MILLONES TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL CIEN PESOS
($594.318.100) M CTE, equivalente al cero punto cinco por mil (0.5 x
1.000) del valor del contrato, por cada día calendario transcurrido entre el
30 de marzo de 2011 y el 30 de junio de 2011, a título de sanción por el
incumplimiento de sus obligaciones frente al IDU.

PARÁGRAFO: El valor de la sanción será reajustado hasta la fecha
de cumplimiento de la obligación.

ARTÍCULO TERCERO.- El valor de la sanción impuesta a través de la
presente resolución deberá ser descontado de los pagos a favor del
contratista, CONSORCIO OCCIDETNAL una vez se encuentre en firme
el presente acto administrativo, en virtud de la figura jurídica de la
compensación de deudas, para lo cual la Dirección Técnica de Gestión
Contractual remitirá a la Subdirección Técnica de Presupuesto y
Contabilidad copia de este acto administrativo y de la constancia de
ejecutoria.

Si ello no fuere posible, el valor del incumplimiento se hará efectivo y
deberá cancelarse por la compañía aseguradora ROYAL & SUN
ALLIANCE SEGUROS (Colombia) SA con cargo al amparo de
cumplimiento de la póliza no. 20388 de 29 de septiembre de 2009,
constituida con ocasión del contrato IDU-29 de 2009, para lo cual el
ordenador del gasto le hará el requerimiento correspondiente,
remitiéndole copia de este acto administrativo y de la constancia de su
ejecutoria.” (fls. 61 y vlto. ibidem - mayúsculas fijas del original y negrillas
y subrayado adicionales).

2) Examinadas las anteriores pruebas, se advierte que el IDU citó al contratista a
una audiencia para debatir el posible incumplimiento por el hecho de no haber
presentado el estudio de tránsito requerido por la Secretaría Distrital de Movilidad
necesario para la aprobación del del Plan de Manejo de Tráfico (PMT) y con ello la
autorización para el inicio de las obras, circunstancias estas que fueron puestas en
conocimiento del concesionario contratista en el documento contentivo de la citación
junto con los anexos que la soportaban en cumplimiento de lo dispuesto en la
cláusula 20 del contrato de obra no. 29 de 2009 que prevé lo siguiente:

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Apelación de sentencia

“20. PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARATORIA DE
INCUMPLIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL
Y LA IMPOSICIÓN DE MULTAS.

De conformidad con el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y en
concordancia con la Resolución IDU no. 4835 de 12 de octubre de 2007,
el IDU tendrá la facultad de aplicar la cláusula penal o imponer las multas
mediante acto administrativo, por el incumplimiento total o parcial de las
obligaciones contenidas en el presente contrato y los documentos
integrantes del mismo, precio el cumplimiento del debido proceso, como
se indica a continuación:

1) Una vez verificada por parte del interventor del contrato la existencia
de un incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales,
oficiará al CONTRATISTA informándole las obligaciones
presuntamente incumplidas, las pruebas que lo soporten y el término
perentorio otorgado para que subsane el incumplimiento. El
INTERVENTOR enviará este requerimiento, vía fax o por correo
electrónico. En caso de que el INTERVENTOR no inicie el presente
procedimiento y el IDU tenga conocimiento del incumplimiento de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, la Entidad procederá
directamente a realizar el requerimiento correspondiente.

2) Transcurrido el término otorgado por el interventor o en su defecto por
el área ejecutora, y una vez se verifique que subsiste el
incumplimiento, el IDU oficiará al CONTRATISTA informándole el
inicio del procedimiento administrativo, indicando las obligaciones
presuntamente incumplidas, las pruebas que lo soporten y las multas
o las sanciones pecuniarias que procedan. Esta comunicación se
enviará vía fax o por correo electrónico y se remitirá copia de la misma
a la compañía aseguradora.

3) Recibida la comunicación enviada por el interventor, el IDU notificará
al CONTRATISTA, el inicio del procedimiento y le comunicará que en
un término perentorio de tres (3) días hábiles siguientes al recibo de
la comunicación se surtirá audiencia para escucharlo en descargos,
los cuales podrán ser presentados por escrito junto con la solicitud de
práctica de las pruebas que considere necesarias para desvirtuar los
cargos que le son imputados. Si el CONTRATISTA no se presenta a
la audiencia, como tampoco presenta sus descargos por escrito, su
silencio se entenderá como aceptación a los cargos que se le imputan.
El IDU deberá verificar el cumplimiento estricto del anterior término
para realizar la audiencia o precluir el procedimiento.

4) En el evento que el CONTRATISTA no cuente con fax o correo
electrónico, se acudirá al sistema de correo certificado.

5) Una vez realizada la audiencia y recibidos los descargos, con el
concepto de la interventoría, se efectuará por parte del área técnica
coordinadora del contrato, un análisis técnico de los argumentos
esgrimidos por el CONTRATISTA y por el interventor y determinará si
debe continuar el procedimiento.

Si el IDU considera que el incumplimiento amerita multa o la aplicación de
la cláusula penal, expedirá el correspondiente acto administrativo,
debidamente motivado y hará los descargos a que haya lugar en las actas

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Expediente no. 25000-23-36-000-2014-00302-02 (67.394)
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de pago o en la liquidación final del contrato, en el caso de existir saldos
pendientes a favor del CONTRATISTA para el pago de la multa o de la
cláusula penal, en un término máximo de diez (10) días. En caso que este
no pague, se solicitará a la compañía de seguros o al garante, a través de
correo certificado, para que asuma el pago correspondiente, con cargo al
amparo de cumplimiento, una vez se encuentre en firme el
correspondiente acto administrativo” (fls. 23 y 24 cdno. no. 2 – mayúsculas
sostenidas y negrillas del original).

3) Para mayor ilustración, se ponen en contraste los supuestos de hecho, la
infracción contractual y la consecuencia anunciada en la citación al respectivo
procedimiento administrativo que se cuestiona con la demanda, frente al alcance de
la decisión de incumplimiento, como se observa a continuación:

CITACIÓN DECISIÓN

La Secretaría Distrital de Movilidad “Se concluye entonces que las afirmaciones plasmadas
“no aprobará el PMT para la por el contratista de obra en su comunicado de
construcción de [las obras] hasta descargos carecer de una meridiana lógica, presentan
tanto el contratista no presente el serias ambigüedades y contradicciones, no responde a
estudio de tránsito solicitado por los hechos reales y cronológicamente presentados, por
dicha entidad. lo cual las razones expuestas por el contratista de obra
Es por ello que, para que el en su escrito de descargos frente a este tema, no son
contratista adelantara las válidas para la Dirección Técnica de Construcciones.
gestiones necesarias para la (…)
obtención de la aprobación de
dicho documento, se hizo Siendo la fecha de expedición del presente acto
necesario suspender el contrato administrativo el 30 de junio de 2011, la tasación del

HECHOS
hasta contar con la aprobación de incumplimiento causado hasta la fecha mencionada es
la SDM para la realización de las la que se describe a continuación:
obras (…).”
Fecha estimada para el cumplimiento [30/03/2011]
La radicación del informe debió Fecha de expedición del presente acto [30/06/2011]
realizarse a más tardar el 30 de Valor del contrato $13.061.936.272
marzo de 2011 “razón por la cual Días de incumplimiento 91
será está la fecha que el Instituto Abril de 2011 30
tendrá en cuenta para efectos de Mayo de 2011 31
contabilizar los días de Junio de 2011 30
incumplimiento respecto a esta Valor de incumplimiento el 0.5*1.000 del valor del
obligación y las que de ella se contrato por cada día de incumplimiento
derivan” (fls. 43 a 45 cdno. no. 4). Valor del incumplimiento por día $6.530.968,14
Valor de la tasación del
incumplimiento a la fecha $594.318.100

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Con la suscripción del otrosí no. 3 “(…) El 18 de febrero de 2011 se suscribió el otrosí no.
al contrato de obra no. 29 de 2009, 3 al contrato de obra-IDU-029 de 2009, con el fin de
el contratista se obligó a la adicionar a la meta física prevista inicialmente, obras
construcción de la ciclorruta sobre complementarias con el fin de optimizar la
el separador central en la carrera infraestructura construida. Construcción de la ciclo ruta
15 entre las calles 100 y 127, como sobre el separador central de la carrera 15 entre calles
solución para mejorar la movilidad 100 y 127, así como el diseño y construcción de las
peatonal. obras necesarias para la conectividad de la misma con

OBLIGACIÓN
la red de ciclorrutas del sector.

A partir del 16 de marzo de 2011 y por no contar con el
PMT necesario para la intervención de las obras
anteriormente mencionadas, mediante actas sucesivas
se ha mantenido suspendido el contrato” (fls. 53 y 54
cdno. no. 4).

La suspensión inició el 16 de marzo de 2011 y se
registra hasta el 6 de julio de 2011, con un total de 113
días de suspensión.

La decisión de incumplimiento se “Declarar que el CONSORCIO OCCIDENTAL (…) en
sustenta en las cláusulas 20, las desarrollo de la ejecución del contrato de obra IDU-29
multas a imponer en la cláusula 18 de 2009, ha incurrido en incumplimiento parcial de sus

CONSECUENCIAS
y la cláusula penal pecuniaria a obligaciones contractuales por haber incumplido su
título sancionatorio en la cláusula obligación de obtener oportunamente la aprobación del
19 del contrato de obra no. 29 de PMT, al no haber presentado idóneamente y con el
2009. cumplimiento de todos los requisitos, el estudio de
tránsito necesario para adelantar la obra de
construcción de la ciclo ruta sobre el separador de la
carrera 15 entre calles 100 y 127 y para la construcción
de las obras necesarias para garantizar la conectividad
de la misma con la red de ciclo rutas del sector” (fl. 61
ibidem mayúsculas sostenidas del original).

4) En cumplimiento de lo pactado en la cláusula 20 del contrato de obra no. 29 de
2009 y de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 3, el IDU citó al

3 El texto de la norma en comento es del siguiente tenor: “ARTÍCULO 17. DEL DERECHO AL

DEBIDO PROCESO. El debido proceso será un principio rector en materia sancionatoria de las
actuaciones contractuales.
En desarrollo de lo anterior y del deber de control y vigilancia sobre los contratos que corresponde a
las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, tendrán
la facultad de imponer las multas que hayan sido pactadas con el objeto de conminar al contratista
a cumplir con sus obligaciones. Esta decisión deberá estar precedida de audiencia del afectado que
deberá tener un procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso del contratista y
procede sólo mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista. Así
mismo podrán declarar el incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal
pecuniaria incluida en el contrato.
PARÁGRAFO. La cláusula penal y las multas así impuestas, se harán efectivas directamente por
las entidades estatales, pudiendo acudir para el efecto entre otros a los mecanismos de
compensación de las sumas adeudadas al contratista, cobro de la garantía, o a cualquier otro medio
para obtener el pago, incluyendo el de la jurisdicción coactiva.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Las facultades previstas en este artículo se entienden atribuidas
respecto de las cláusulas de multas o cláusula penal pecuniaria pactadas en los contratos celebrados
con anterioridad a la expedición de esta ley y en los que por autonomía de la voluntad de las partes
se hubiese previsto la competencia de las entidades estatales para imponerlas y hacerlas efectivas”.
(mayúsculas sostenidas y negrillas del original).

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Expediente no. 25000-23-36-000-2014-00302-02 (67.394)
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concesionario contratista y lo declaró en incumplimiento de las mismas obligaciones
infringidas, por los mismos supuestos de hecho y consecuencias, pues, indicó que
la decisión se sustentaba en la falta de presentación del informe de tránsito para
que la Secretaría Distrital de Movilidad pudiera aprobar el PMT y así dar inicio a las
obras de construcción de la ciclo ruta, aspectos sobre los cuales se hizo efectiva la
cláusula penal pecuniaria a título sancionatorio garantizada con la póliza emitida por
la compañía aseguradora Royal & Sun Alliance Seguros Colombia SA.

5) Con la identidad de obligaciones anunciadas como incumplidas, supuestos de
hechos cometidos y consecuencias jurídico económicas advertidas desde el
momento de la citación a la audiencia de incumplimiento, es claro que el IDU no
desconoció, en modo alguno, la garantía del debido proceso del contratista ni de la
compañía de seguros garante del cumplimiento de este puesto que, desde el inicio,
se le indicó con total claridad, los eventos que motivaron el inicio del proceso
sancionatorio de incumplimiento, lo cual permitió el ejercicio de una defensa
adecuada oportuna y efectiva 4, lo cual se presentó hasta la culminación del
respectivo procedimiento administrativo con la expedición de las actas objeto de la
demanda de este proceso judicial.

6) Contrario a lo afirmado por la compañía aseguradora demandante en el escrito
de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, el periodo de tiempo
analizado en el proceso de incumplimiento fue, desde el inicio, el mismo, esto es,
desde el 30 de marzo de 2011 hasta la fecha en que se comprobara el debido
cumplimiento de la obligación de entrega del estudio de tránsito a la Secretaría
Distrital de Movilidad.

En efecto, la Resolución no. 3343 de 2011 estableció que la fecha para el
cumplimiento de la obligación era el 30 de marzo de 2011 y a partir de allí se hace
el cómputo de los días de incumplimiento, ejercicio que va hasta el 30 de junio de
2011, pues, la fecha de expedición de la decisión en comento fue el 15 de julio de
2011.

4 Al respecto, puede consultarse la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección

A, sentencia del 29 de julio de 2022, exp. 68.115, CP Marta Nubia Velásquez Rico.

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Advierte la Sala que la demanda se limitó a la oposición en contra de la Resolución
no. 4764 de 2011, razón por la cual la decisión contenida en la Resolución no. 3343
de 2011 conserva la presunción de legalidad.

A su turno, lo propio aconteció con la Resolución no. 4764 de 2011 mediante la cual
se resolvió el recurso de reposición en contra de la Resolución no. 3343 de 2011,
en el sentido de confirmar la decisión de incumplimiento y modificar el monto de la
sanción declarada, en atención al periodo de incumplimiento de la obligación
comprendido entre el 30 de marzo y el 25 de agosto de 2011 (fls. 241 y 242 cdno.
no. 4).

En ese sentido, no corresponde a la realidad afirmar que el IDU resolvió sobre los
incumplimientos presentados entre el 30 de junio y 25 de agosto de 2011, como
equivocadamente lo señala la compañía aseguradora demandante, pues, desde el
principio del proceso el IDU fue claro en establecer que el incumplimiento se
concretó a partir del 30 de marzo de 2011 y solo se tendría por superado con la
aprobación del PMT, circunstancia que tuvo ocasión hasta el 25 de agosto de 2011,
es decir, el periodo de tiempo analizado se limitó entre el 30 de marzo y el 25 de
agosto de 2011, fecha en la que se superó el incumplimiento de las obligaciones
adquiridas con el contrato de obra no. 029 de 2009.

7) Por último, en relación con la supuesta violación del principio de “non reformatio
in pejus” es preciso tener en cuenta que el IDU desde que profirió la Resolución no.
3343 de 2011 mediante la cual declaró el incumplimiento del consorcio contratista,
determinó que el monto final de la sanción sería reajustado hasta la fecha de
cumplimiento de la obligación, vale decir, hasta evidenciar que se había superado
incumplimiento 5.

Si bien le asiste razón a la parte demandante cuando afirma que la circunstancia de
apelante único no depende del número de recurrentes sino de la “singularidad del
interés de esta última 6”, ello no implica, necesariamente, que la decisión adoptada

5 En el parágrafo del ordinal segundo de la Resolución no. 3343 de 2011 el IDU señaló lo siguiente:

“PARÁGRAFO: El valor de la sanción será reajustado hasta la fecha de cumplimiento de la
obligación” (mayúsculas sostenidas y negrillas del original).
6 Al respecto, pueden consultarse las sentencias de tutela de la Corte Constitucional T-503 de 2003

y T-291 de 2006.

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por el tribunal de primera instancia deba ser revocada por violación del principio de
“non reformatio in pejus”.

En el presente asunto, para el momento en el que el IDU declaró el incumplimiento
del consorcio contratista con la expedición de la Resolución 3343 de 15 de julio de
2011 solo pudo evidenciar que no se había obtenido la aprobación del PMT por
parte de la Secretaría Distrital de Movilidad, trámite indispensable para dar
continuidad con la obra contratada.

Fue con ocasión del recurso de reposición formulado en contra de dicha decisión
que el IDU pudo verificar que el contratista había logrado superar el incumplimiento
declarado, puesto que el 25 de agosto de 2011 había obtenido la aprobación del
PMT por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad; en ese sentido, cerró la
generación de sanción con la determinación del incumplimiento acreditado durante
el periodo comprendido entre el 30 de marzo y el 25 de agosto de 2011.

De acuerdo con lo anterior, el hecho de que el IDU con la expedición de la
Resolución no. 4764 de 24 de noviembre de 2011 estableciera que el
incumplimiento había tenido ocasión en el periodo comprendido entre el 30 de
marzo y el 25 de agosto de 2011, no implica una violación del principio “non
reformatio in pejus” ya que, con la decisión inicial mediante la cual se declaró el
incumplimiento, el IDU dejó claro que el monto de la sanción final dependía de la
fecha de cumplimiento efectivo del contratista, determinación que no hace más
gravosa la situación de la compañía aseguradora ni del contratista 7.

Al respecto, advierte la Sala que el cierre del periodo de incumplimiento no conlleva
la valoración y determinación de un elemento nuevo, sino que se trató de la
determinación definitiva del periodo de incumplimiento, todo lo cual estaba claro
para las partes desde la expedición de la Resolución 3343 de 15 de julio de 2011,
razón por la cual no resulta sorpresiva ni novedosa para los investigados la decisión
finalmente adoptada por el IDU.

7Sobre el punto de debate pueden consultarse, entre otras, la sentencia de tutela de la Corte
Constitucional T-033 de 2002.

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8) Así las cosas, como el IDU desde la citación al proceso administrativo
sancionatorio le señaló al contratista y a la compañía de seguros garante del
cumplimiento del contrato de obra no. 029 de 2009 que el incumplimiento de la
obligación se concretó a partir del 30 de marzo de 2011 y solo se tendría superada
con la aprobación del PMT por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad, en modo
alguno se acredita la supuesta violación del derecho del debido proceso ni del
principio de “non reformatio in pejus” propuesta como causal de nulidad con la
demanda de la referencia.

9) En ese contexto, el IDU declaró el incumplimiento por los mismos asuntos frente
a los cuales adelantó el procedimiento contractual y legalmente previsto para
efectos de declarar el incumplimiento del contrato de obra no. 029 de 2009, lo cual
conlleva a la confirmación de la decisión impugnada.

3. Conclusiones

La demanda formulada por la compañía de seguros Royal & Sun Alliance Seguros
Colombia SA, en condición de garante del cumplimiento de las obligaciones
adquiridas por el consorcio contratista con la suscripción del contrato de obra no.
029 de 2009, se dirigió a obtener la nulidad de la Resolución no. 4764 de 24 de
noviembre de 2011 mediante la cual se modificó la Resolución no. 3343 de 15 de
julio de 2011, expedidas en su momento por el IDU en el sentido de confirmar el
incumplimiento e incrementar el valor de la sanción impuesta en la suma de
$372.265.185.

En ese sentido, como el IDU adelantó y decidió sobre el incumplimiento de las
obligaciones adquiridas con el contrato de obra no. 029 de 2009, con los mismos
supuestos de hecho, obligaciones y consecuencias jurídico económicas, para la
Sala es claro que la parte actora no logró desvirtuar la legalidad de las resoluciones
acusadas, pues, con las pruebas que conforman el expediente no es posible
establecer la violación del derecho del debido proceso ni del principio “non
reformatio in pejus”, razón por la cual se impone confirmar la decisión adoptada por
el tribunal de primera instancia.

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4. Condena en costas y agencias en derecho

En los términos de los artículos 188 del CPACA y 365 (numeral 3) del CGP, como
se desestimó el recurso de apelación de la parte demandante, esta asumirá las
costas procesales de la segunda instancia incluidas las agencias en derechos, las
cuales deberán ser liquidadas en forma concentrada por el tribunal de primera
instancia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 365 y 366 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,

FALLA:

1º) Confírmase la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera – Subsección A del 19 de noviembre de 2020.

2°) Condénase en costas a la compañía de seguros Royal & Sun Alliance Seguros
Colombia SA, tásense en forma concentrada por el tribunal de primera instancia.

3º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al
tribunal de origen, previas las constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE
Aclara voto
(Firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección

Aclara voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Ponente Magistrado

CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente por el Magistrado
Ponente de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma

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