Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2014-00304-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2014-00304-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2014-00304-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
20 de noviembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00304-01 (62.810)
Actor: GP CARS S.A.S.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-
Referencia: Reparación directa
Temas: ELEMENTOS PARA LA PROCEDENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
/ DAÑO - constreñimiento para presentar declaraciones de legalización – No se acreditó
la configuración del daño antijurídico alegado dado que la medida cautelar de aprehensión
decretada por la DIAN obedeció al cumplimiento de sus funciones dentro de un proceso
reglado en el estatuto aduanero / DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN POR ÓRGANOS
DEL ESTADO – Ausencia de criterios de imputación en el caso concreto – el proceder de
la demandante fue lo que dio lugar a ser investigado, convirtiéndose en un caso de interés
para los medios de comunicación.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que
negó las pretensiones de la demanda.
Se demanda la reparación de los daños causados por una falla del servicio en que
habría incurrido la DIAN derivada del supuesto constreñimiento contra la sociedad
demandante para que presentara unas declaraciones de legalización de
importación de unos vehículos automotores, al tiempo que difundió información
errónea de la empresa en medios masivos de comunicación.
I. SENTENCIA APELADA
La demanda
1. Corresponde a la sentencia proferida el 23 de agosto de 2018 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual
decidió la demanda instaurada el 7 de marzo de 20141, por la sociedad GP CARS
S.A.S.2 contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -en adelante DIAN
-, con el propósito de que se le declare responsable por la falla del servicio en que
habría incurrido con ocasión del constreñimiento injustificado para que la
demandante presentara las declaraciones de legalización de importación de unos
1
Folio 33 -reverso- y 34, c. 1.
2
Mediante auto del 27 de noviembre de 2017 (folios 417 y 418, c. 1) el Tribunal aprobó la cesión de derechos
litigiosos acordada entre GP CARS S.A.S. -cedente- e Inversiones Agrícolas del Llano S.A.S -cesionario-
(contrato obrante a folios 398 a 400, c. 1.).
1
Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00304-01 (62.810)
Actor: GP CARS S.A.S.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –
DIAN-
Referencia: Reparación directa
vehículos a efectos de evitar su aprehensión, así como la difusión de información
tergiversada en medios de comunicación sobre el supuesto contrabando de los
mismos. Como consecuencia, solicitó el reconocimiento de perjuicios por concepto
de daño emergente y lucro cesante, los que hizo consistir en el pago que realizó
con ocasión de las declaraciones de legalización, honorarios de asesorías jurídicas
y sanciones cambiarias impuestas por la DIAN (daño emergente), así como la
disminución de ventas y la pérdida de futuros negocios (lucro cesante).
La demanda
2. Como soporte fáctico de sus pretensiones, indicó que desde marzo de 2009
se constituyó la empresa GP CARS S.A.S., cuyo objeto social consistía en la
importación para Colombia de las marcas Maserati y Ferrari.
3. Indicó que el 31 de enero de 2012, mediante requerimiento 03.238.420.403-
00307 la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de
Aduanas de Bogotá ordenó a la actora poner a disposición nueve vehículos 3, para
proceder con su aprehensión, de conformidad con lo previsto en el artículo 502
numeral 1.25. del Estatuto Aduanero, puesto que en las respectivas declaraciones
de importación se consignaron facturas comerciales que no correspondían a las
originalmente expedidas por el proveedor en el exterior.
4. En el mismo oficio se advirtió a la sociedad que de desconocer lo allí dispuesto
se le impondría una sanción equivalente al 200% del valor en aduana de las
mercancías, de conformidad con lo previsto en el artículo 503 del citado Estatuto
y, sin perjuicio de que la autoridad pudiese aprehender y decomisar los
automóviles. Dado que contra esa decisión no procedía recurso alguno, se solicitó
la prórroga del término otorgado para poner a disposición los vehículos, solicitud
que fue negada mediante oficio del 22 de febrero de 2012, día en que también el
Director de la DIAN dio declaraciones en los medios de comunicación en las que
hizo alusión a vehículos Maserati que habían ingresado al país por una suma
irrisoria de $70’000.000.
5. Al día siguiente (23 de febrero de 2012), la DIAN inmovilizó el vehículo marca
Maserati amparado en la declaración de importación 13494010642685 del 29 de
diciembre de 2010, hecho que dio lugar a una noticia divulgada en los principales
medios de comunicación a nivel nacional, en los que se señaló que ese automotor
pertenecía a GP CARS y que, posteriormente, el 12 de marzo del mismo año la
DIAN ejecutó la medida cautelar de aprehensión.
3
Amparados en las siguientes declaraciones de importación (i) 23224014382196 del 3 de julio de 2009, (ii)
13494010622987 del 31 de diciembre de 2009; (iii) 13358090687447 del 28 de diciembre de 2009; (iv)
13494010622971 del 30 de diciembre 2009; (v) 13494010625981 del 2 de marzo de 2010; (vi)
51028050164696 del 8 de febrero de 2010; (vii) 14011091408883 del 26 de mayo de 2010; (viii)
13494010642685 del 29 de diciembre de 2010 y (ix) 10011010827138 del 25 de octubre de 2010.
2
Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00304-01 (62.810)
Actor: GP CARS S.A.S.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –
DIAN-
Referencia: Reparación directa
6. Adujo que ese mismo día (12 de marzo de 2012) solicitó la revocatoria del
requerimiento 03.238.420.403-00307 del 31 de enero de 2012, pero mediante
oficio del 21 de marzo siguiente la DIAN señaló que la misma no era procedente,
dado que con la aprehensión se daba inicio a la actuación administrativa y que
debía proceder a la legalización voluntaria o provocada de la mercancía, motivo
por el cual la demandante se vio compelida a presentar las declaraciones de
legalización para evitar la pérdida total de su negocio y pagó la suma de
$750’739.000.
7. La demandante formuló una queja ante la Defensoría del Contribuyente de la
DIAN y, mediante concepto del 15 de enero de 2013 esa entidad concluyó que
existió violación del debido proceso con ocasión del procedimiento adelantado
para la expedición del requerimiento 03.238.420.403-00307 del 31 de enero de
2012, al tiempo que señaló que el manejo de los medios de comunicación no fue
el más adecuado dado que pudo afectar el buen nombre de la sociedad
demandante.
8. A mediados de agosto del 2013, el representante legal de GP CARS y el
encargado de Ferrari para la zona centro y sur de América llevaron a cabo una
teleconferencia. En esta, le informaron a GP CARS que no se le tendría en cuenta
para participar como oferente para importar esa marca de vehículos por cuanto ya
habían elegido a otros empresarios para que se encargaran de la representación
directa e importación de Ferrari para el mercado panameño y colombiano, lo que
obedeció a la polémica desatada por la autoridad aduanera y la afectación que ello
comportó para la imagen de la demandante en el sector.
9. Finalmente, indicó que los perjuicios causados fueron consecuencia de la
arbitraria e irregular actuación de la DIAN, con el fin de obtener la legalización de
la importación de unos vehículos que supuestamente fueron ingresados al país
con subfacturación, información que pese a no haber sido comprobada fue
divulgada y produjo la afectación del buen nombre, la pérdida de negocios y la
disminución sustancial de las ventas de la empresa4.
La defensa
10. La DIAN se opuso a las pretensiones. Para tal efecto manifestó que su
actuación dentro del proceso administrativo estuvo ajustada a la Ley, dado que se
adelantó conforme a las facultades y procedimientos previstos en la normatividad
aduanera y sin irregularidad alguna. Con base en la información recolectada, la
autoridad tuvo indicios serios para requerir al importador a efectos de que
justificara y documentara la importación de determinados vehículos, ante lo cual la
empresa importadora optó voluntariamente, teniendo otras vías (entregar los
vehículos para definir su situación jurídica, constituir garantía en remplazo de la
4
Folios 2 a 32, c. 1 (demanda) y 205 a 237, c. 1 (reforma a la demanda).
3
Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00304-01 (62.810)
Actor: GP CARS S.A.S.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –
DIAN-
Referencia: Reparación directa
aprehensión, interponer recurso de reconsideración o demandar el acto ante la
jurisdicción contenciosa), por legalizar las mercancías, esto es, aceptando que
existió una irregularidad en la importación de los vehículos y, por tal motivo,
argumentó que no hubo ningún tipo de “constreñimiento” en el procedimiento
adelantado.
11. Agregó que respecto del manejo de la información en medios de
comunicación no podía atribuirse a la DIAN responsabilidad alguna, puesto que
las investigaciones y publicaciones realizadas obedeció al ejercicio periodístico de
cada medio de comunicación y a la libertad de información y que, incluso, la misma
actora reconoció que en las declaraciones del Director de la DIAN no se acusó
directamente a GP CARS, por lo que a partir de supuestos sin soportes sólidos
coligió que ello fue lo que produjo la disminución de las ventas y la afectación al
buen nombre. Por último, cuestionó el dictamen pericial aportado por la actora,
respecto del cual adujo que no debía ser valorado puesto que partió de hipótesis
equivocadas y sin soporte alguno5.
12. Surtido el debate probatorio6, al alegar de conclusión, la parte actora
manifestó que en el proceso administrativo de fiscalización adelantado por la DIAN
5
Folios 264 a 289, c. 1 (contestación a la demanda) y folios 300 a 319, c. 1 (contestación de la reforma a la
demanda).
6
En la audiencia inicial llevada a cabo el 15 de marzo de 2016, el Tribunal a quo decretó las siguientes pruebas
(documentales - demandante): 1. Requerimiento Ordinario No. 03.238.420.403-00307 de 31 de enero de
2012, mediante el cual la Dirección de Gestión de Fiscalización de la Seccional de Aduanas de Bogotá ordenó
a GP CARS poner a su disposición unos vehículos para proceder con su aprehensión. 2. Solicitud de prórroga
del término concedido en el requerimiento ordinario NO 03.238.420.403-00307 de 31 de enero de 2012. 3.
Oficio No 1.03.238-420-0171 de 22 de febrero de 2012. 4. Copia simple de las notas de prensa publicadas los
días 22, 23 y 24 de febrero de 2012: 4.1. W Radio "La Dian persigue 9 autos entre Lamborghinis y Maseratis
por declaración fraudulenta”. 4.2. El Espectador "Maseratis y Lamborghini importados ilegalmente en la mira
de la Dian”. 4.3. Cm& "Dian inmoviliza Maserati por caso de importaciones sospechosas”. 4.4. Portafolio “Dian
inmovilizó uno de los nueve Maserati investigados”. 4.5. El Espectador "Dian inmovilizó Maserati que habría
ingresado al país de forma irregular”. 4.6. RCN TV “Dian mostró el primer Maserati que será investigado por
documentos" y "Dian incautó primer Maserati e investiga porqué los vehículos son importados por personas
de escasos recursos”. 4.7. El Tiempo "Investigan contrabando de carros de alta gama" y "Dian inmovilizó
primero de los 9 Maserati importados irregularmente". 5. Orden de Trabajo No. 38.12.2001-0021 de 23 de
febrero de 2012, mediante la cual la Policía Fiscal y Aduanera inmovilizó el vehículo Maserati amparado en la
declaración de importación NO 13494010642685. 6. Transcripción informal de la entrevista dada por los
señores Juan Ricardo Ortega (Director de la DIAN) y Frank Kanayet (Representante Legal de GP CARS) a la
W Radio el 24 de febrero de 2012. 7. Memorial radicado por GP CARS el día 12 de marzo de 2012, mediante
el cual solicita que se revoque el Requerimiento Ordinario NO 03.238.420.403-00307 de 31 de enero de 2012.
8. Oficio No. 1.03.238.420.220 de 21 de marzo de 2012. 9. Declaraciones de importación y legalización de los
vehículos objeto de controversia. 10. Auto No. 0001590 de 17 de abril de 2012, mediante el cual se ordenó el
archivo de la actuación respecto del vehículo amparado en la declaración de importación 13494010642685.
11. Queja presentada por GP CARS S.A.S. ante la Defensoría del Contribuyente de la DIAN, el día 21 de abril
de 2012. 12. Certificación expedida por Maranello Motorsport S.A., proveedor de los vehículos, en relación
con las facturas que soportan las declaraciones de importación. 13. Auto de archivo No 002159 de 11 de mayo
de 2012. 14. Auto de archivo N00002838 de 4 de junio de 2012. 15. Auto de archivo No 005540 de 18 de
septiembre de 2012. 16. Transcripción informal de la entrevista al señor Juan Ricardo Ortega en Caracol Radio
el 26 de septiembre de 2012. 17. Oficio No. 100000203-0024 de 15 de enero de 2013, mediante el cual la
Defensoría del Contribuyente de la DIAN emitió pronunciamiento en relación con la queja instaurada por GP
CARS S.A.S. 18. Nota de prensa publicada en el periódico Portafolio del 21 de enero de 2013, titulada "Le
llaman la atención a la DIAN". 19. Correos electrónicos cruzados entre el señor Frank Kanayet y empleados
de Ferrari, en los que consta el interés de GP CARS en participar como importador directo de vehículos de
esa marca, y el rechazo de esa compañía automotriz. 20. Facturas y órdenes de compra por servicios de
asesoría jurídica y representación legal. 21. Resolución No. 1615 de 2013 (26 de diciembre). 21. Resolución
No. 1014 de 23 de diciembre de 2013. 22. Certificado de los honorarios pagados por GP CARS a las firmas
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Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00304-01 (62.810)
Actor: GP CARS S.A.S.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –
DIAN-
Referencia: Reparación directa
se presentaron irregularidades que conllevaron a la anulación de las reales
posibilidades de defensa de la empresa, lo que la forzó a acogerse a la figura
jurídica de legalización voluntaria, en la cual pretende ampararse la demandada
para ocultar las anomalías en que incurrió7. A su turno la entidad demandada
reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y agregó que
el concepto emitido por la Defensoría del Contribuyente Aduanero desconoció que
en el proceso administrativo se comprobó la existencia de una subfacturación y,
por ende, fue el mismo importador quien se colocó en una situación que dio lugar
a ser requerido por su mal proceder al utilizar diferentes facturas en las
operaciones de comercio exterior8; mientras que el Ministerio Público guardó
silencio9.
La decisión objeto de impugnación
13. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las súplicas de la demanda.
Consideró que no era posible afirmar que las declaraciones de legalización
presentadas por GP CARS hubiesen sido provocadas por el constreñimiento de la
demandada, dado que esa situación no se probó en el sub examine.
14. De otro lado, arguyó que se demostró que la DIAN refirió a los medios de
comunicación una situación que se presentaba con las importaciones de vehículos
de alta gama al país, sin hacer referencia específica a la empresa demandante, ni
a las actuaciones administrativas adelantadas en su contra y que fueron los
medios de comunicación los que en ejercicio de su actividad periodística
interpretaron lo manifestado por la DIAN y divulgaron lo que consideraron
relevante, sin que pueda endilgarse responsabilidad alguna por estos hechos a la
demandada. Finalmente, tasó las agencias en derecho a cargo de la actora en
cuantía del 0.1% de la estimación razonada de la cuantía10.
II. EL RECURSO INTERPUESTO
15. La parte actora cuestionó la valoración probatoria efectuada por el a quo.
Consideró que con el documento emanado de la Defensoría del Contribuyente se
demostraron las actuaciones “abusivas” por parte de la DIAN con las que se
vulneró su derecho al debido proceso y de contradicción dentro del procedimiento
aduanero, por cuanto contra el requerimiento ordinario 03.238.420.403-00307 del
Deloitte Asesores y Consultores LTDA., Gonzales Anzola Abogados S.A.S. Y Gómez Penalistas Abogados.
(documentales – demandada) 23. Expediente administrativo No. OI 2010 1012 009 (medio magnético), 24.
Expediente administrativo No, IM 2012 2013 36 (investigación cambiaria). 25. Consulta en el aplicativo Sifaro
de la DIAN sobre las importaciones de la sociedad. 26. Nota de prensa publicada en El Tiempo y Revista
Motor el 3 de agosto de 2012. 27. Memorando No. 000425 del 16 de agosto de 2011. 28. Dictamen pericial
técnico financiero (folios 340 a 343, c. 1).
7
Folios 354 a 364, c. 1.
8
Folios 349 a 353, c. 1.
9
Folios 365, c. 1.
10
Folios 432 a 446, c. 1.
5
Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00304-01 (62.810)
Actor: GP CARS S.A.S.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –
DIAN-
Referencia: Reparación directa
31 de enero de 2012 no procedía ningún recurso que le permitiera explicar las
presuntas inconsistencias evidenciadas por la DIAN, máxime cuando no se expidió
el requerimiento especial en materia de revisión del valor en aduanas, por lo que
resultaba evidente que la legalización de los automóviles fue producto del apremio
y presión ejercida en contra de la actora para la aprehensión de vehículos, los
cuales ya habían sido entregados a los propietarios (compradores), por manera
que ponerlos a disposición de la autoridad era inviable, ya que se exponía a ser
demandada por los compradores y a enfrentar cuantiosas reclamaciones; sin
embargo, el referido documento no mereció ninguna consideración por parte del
Tribunal.
16. Añadió que el a quo arguyó que la demandante contaba con alternativas para
hacer efectivos sus derechos de defensa y contradicción distintas a la declaración
de legalización; no obstante, omitió que el 16 de febrero de 2012 solicitó la prórroga
del término de legalización, pero fue negada de plano, advirtiéndose, además, que
se procedería a decretar la medida cautelar de aprehensión y si bien solicitó la
revocatoria del requerimiento ordinario y el levantamiento de la orden de
inmovilización y aprehensión de los vehículos, la misma fue resuelta
negativamente, bajo el argumento de que se trataba de un acto de trámite y no
procedían en su contra recursos, “sugiriendo” proceder con la legalización
voluntaria o provocada de la mercancía, al tiempo que ordenó compulsar copias a
la Fiscalía General de la Nación para que investigara a la actora por imputaciones
que carecían de soportes fácticos y jurídicos, lo que evidencia la presión ejercida
por parte de la entidad demandada.
17. Finalmente, en cuanto a las publicaciones y entrevistas suministradas por el
Director de la DIAN, indicó que no podía pasarse por alto que éste endilgó
puntualmente la evasión de impuestos y conductas constitutivas de tipos penales
a los “importadores de vehículos Maserati y Ferrari” que, en Colombia, por ser un
número muy reducido, son empresas plenamente identificables, de modo que la
información publicada en los medios de comunicación no es una interpretación o
conjetura que éstos hayan realizado, sino que obedece a réplicas de información
puntual proveniente de la entidad, sobre la que sí le asiste responsabilidad, porque
tal y como lo afirmó el Director de dicha entidad en la entrevista realizada por la W
el 26 de septiembre de 2012, se hicieron unas investigaciones abusivas, con las
que se presionó indebidamente a personas, como pudo haber sucedido en el caso
de los “famosos Maseratis”11, lo que conllevó a la afectación del buen nombre de
la empresa.
18. En el término para alegar de conclusión en la segunda instancia, la parte actora
y la demandada reiteraron íntegramente los argumentos esbozados durante el
trámite de la presente acción12. Por su parte, el Ministerio Público solicitó confirmar
11
Folios 456 a 469, c. Ppal.
12
Folios 488 a 492 (DIAN) y 493 a 502, c. Ppal.
6
Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00304-01 (62.810)
Actor: GP CARS S.A.S.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –
DIAN-
Referencia: Reparación directa
la decisión de primera instancia, por cuanto no se probó un daño cierto, ya que la
DIAN se limitó a acatar los lineamientos establecidos en el Estatuto Aduanero y
que, si bien expidió un requerimiento de aprehensión, ello tuvo origen en el
proceder de la actora al presentar declaraciones de importación con base en
facturas comerciales distintas a las expedidas por el proveedor en el exterior
(Motorsport Maranello), y no como lo aduce, por un supuesto constreñimiento
ejercido por la entidad demandada. Por otro lado, adujo que la información
suministrada por el Director de la DIAN se trataba de una situación real y
comprobable que se estaba presentando con la importación de vehículos de alta
gama en el país y el manejo y difusión de esa información obedeció al libre ejercicio
del periodismo13.
III. CONSIDERACIONES
19. Surtido el trámite procesal sin que se observe causal de nulidad o vicio que
impida dictar sentencia, procede la Sala a resolver el recurso interpuesto.
El objeto del recurso de apelación
20. El ámbito del recurso interpuesto se circunscribe a verificar la existencia de
los daños antijurídicos alegados, específicamente, a partir del concepto emitido
por la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero y la información
suministrada a los medios de comunicación. De encontrarse acreditado el daño
reclamado se realizará el estudio de imputación contra la entidad demandada.
Caso concreto
21. La Sala anuncia que confirmará la sentencia apelada, dado que a partir de los
elementos de prueba allegados no es posible inferir la existencia del daño
antijurídico consistente en el constreñimiento para efectuar la legalización y pago
de los vehículos importados, al lado de lo cual tampoco se acreditó que no
existieran razones jurídicas y legales para no proceder con la presentación de las
mencionadas declaraciones de legalización y, menos aún, que las erogaciones
realizadas fueran consecuencia de un error de la Administración o que se
constituyan en un pago de lo no debido, pues sobre esto último solo se cuenta
con las aseveraciones plasmadas en la demanda. La misma conclusión -confirmar
la sentencia recurrida- se adoptará en punto a la divulgación de información falsa
que supuestamente afectó el buen nombre de la demandante, pero ante la
ausencia de criterios de imputación en el sub-lite.
22. El daño en sentido jurídico ha sido definido tradicionalmente como la lesión a
un derecho o a un interés protegido, o como la pérdida sufrida por una persona
como consecuencia de la lesión a un derecho o a un interés jurídicamente tutelado
13
Folios 503 a 513, c. Ppal.
7
Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00304-01 (62.810)
Actor: GP CARS S.A.S.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –
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Referencia: Reparación directa
de la víctima. Se trata de uno de los presupuestos sustanciales que estructuran la
responsabilidad del Estado.
23. El daño a efectos de que sea indemnizable, requiere estar cabalmente
acreditado; por tal motivo, esta corporación reiteradamente ha establecido que
resulta imprescindible acreditar los siguientes aspectos relacionados con la lesión
o detrimento cuya reparación se reclama: (i) que sea antijurídico, en tanto la
persona no tiene el deber jurídico de soportarlo, “con ello, entonces, se excluyen
las decisiones que se mueven en la esfera de lo cuestionable o las sentencias que
contienen interpretaciones válidas de los hechos o derechos”; (ii) que se lesione
un derecho, bien o interés protegido por el ordenamiento legal; y, (iii) que el daño
sea cierto, es decir, que se puede apreciar material y jurídicamente -no se limita a
una mera conjetura- y, como consecuencia, el accionante agraviado debe probar
tanto los daños efectivamente materializados como que esos pueden cuantificarse
o estimarse dinerariamente.
Del supuesto constreñimiento para la presentación y pago de las
declaraciones de legalización de importación de vehículos
24. Conforme se indicó en la demanda, el primero de los daños sufridos por la
actora se concretó por “la arbitraria e injusta actuación” adelantada por la DIAN,
con el fin de obtener la legalización de unos vehículos que habían sido importados
por la demandante a Colombia con una supuesta subfacturación, por lo que tuvo
que pagar $750’739.000, sin estar obligada a ello. En la apelación, sostuvo que a
partir del concepto emitido por la Defensoría del Contribuyente Aduanero se
demostró la vulneración al debido proceso, por cuanto la demandante no tuvo
posibilidad de explicar y demostrar que no había inconsistencias en la facturación,
en tanto que la autoridad no expidió el requerimiento especial aduanero y la
importadora agotó los escasos medios de defensa que tenía en contra del
requerimiento ordinario 03.238.420.403-00307, los cuales fueron resueltos de
manera negativa, lo que demostraba el constreñimiento por parte de la DIAN para
que se presentaran las declaraciones de legalización de importación so pena de
la aprehensión de los vehículos o la imposición de una multa considerable.
25. Para determinar si en el sub júdice se encuentra acreditado el daño invocado,
la Sala analizará el contenido del documento referido en conjunto con los demás
medios de convicción acotados al plenario (expediente administrativo).
26. La Defensoría del Contribuyente y del Usuario Aduanero, mediante concepto
24 del 15 de enero de 201,3 estudió los motivos de inconformidad propuestos por
la aquí demandante, para posteriormente emitir su análisis del caso, en los
siguientes términos literales:
“3.1. Valoración de la actuación de la DIAN
3.1.1. Proceso Revisión del Valor.
8
Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00304-01 (62.810)
Actor: GP CARS S.A.S.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –
DIAN-
Referencia: Reparación directa
“De los hechos, se encuentra que la actuación administrativa se refirió por un lado
a un proceso de revisión del valor y por otro, a un proceso sancionatorio al no ser
posible la aprehensión de mercancías. Con respecto al proceso de revisión del
valor, el procedimiento está señalado en el artículo 254 del Decreto 2685 de 1999
[levante de mercancía], y en el entendido además de que si las pruebas
presentadas no resuelven la controversia deberá indicar este hecho en el Acta de
Inspección, a más tardar el día siguiente a la fecha en la cual se presenten tales
pruebas y el declarante/importador podrá dentro del término restante de la
suspensión, constituir la garantía prevista en el artículo 523 de la Resolución
4240/004.
“Cuando del estudio de valor efectuado como consecuencia de la controversia…
se establezca la aceptación del precio declarado sin ajuste, se remitirá copia del
mismo a la dependencia competente para la cancelación de la garantía constituida
y al importador para que si lo estima pertinente solicite la devolución de los tributos
aduaneros pagados en exceso conforme a lo previsto en el Título VXIII del citado
decreto.
“(…)
“En los eventos en los que el estudio de valor señale que se acepta el valor
ajustado o se fije un valor en aduana mayor al determinado inicialmente, se emitirá
el correspondiente Requerimiento Especial Aduanero según el procedimiento
establecido en los artículos 507 y siguientes de este decreto.
“(…)
“De lo anterior se destaca, que siendo el eje central de la investigación establecer
el valor en aduanas y demostrar la existencia o no de una posible subfacturación
mediante Auto de Archivo No. 0006572 de fecha 15 de noviembre de 2011, se
decide cerrar la investigación preliminar, sin que realmente se haya desplegado
una actividad investigativa que demostrara la existencia de pagos indirectos o que
se profundizara en los elementos de la negociación, consignados en la
Declaración Andina del Valor”14
27. En cuanto al proceso sancionatorio, en el concepto se indicó que tuvo origen
en el cruce de información en que se advirtió diferencias en las facturas
presentadas como soporte de la operación de transporte multimodal y las facturas
aportadas como soporte de las declaraciones de importación con que se
nacionalizaron los vehículos, por lo que la Dirección Seccional de Aduanas de
Bogotá solicitó poner a disposición nueve automóviles. En el documento se hizo
relación a la normativa aplicable al caso y se manifestó (se transcribe conforme
obra):
“A nuestro juicio no se encontró en la documentación obrante en el
expediente una explicación clara de parte de la sociedad GP CARS SAS
sobre la existencia de dos facturas por cada vehículo. La sociedad señala
entre otros argumentos que no eran facturas sino documentos para ‘efectos
aduaneros’, que aún no había transacción y que esto del modelo de negocios
implementado, para diferir los tributos, etc.
14
Folios 144 a 153, c. 2.
9
Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00304-01 (62.810)
Actor: GP CARS S.A.S.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –
DIAN-
Referencia: Reparación directa
“(…)
“De las normas invocadas, se deduce entonces que el Requerimiento Ordinario
que se expida por la autoridad aduanera en estos casos, no puede tener otro
propósito diferente que el de solicitarle al usuario poner a su disposición
las mercancías, a fin de agotar esta exigencia del procedimiento, ya que a
partir del momento en que se establece la imposibilidad para llevarse a
cabo la medida cautelar de la aprehensión de las mercancías, es cuando
de forma subsidiaria se da inicio al procedimiento administrativo
sancionatorio, en el que se profiere el Requerimiento Especial Aduanero,
como acto administrativo por el cual se propone al declarante la imposición
de la sanción del 200% prevista en el artículo 503 del Decreto 2685 de 1999.
“En el caso en análisis, se encuentra que no se expidió por parte de la Dirección
Seccional de Aduanas de Bogotá, el Requerimiento Especial Aduanero, por
el artículo 507 del Decreto 2685 de 1999, pero esto se entiende como una
consecuencia de la legalización de las mercancías por parte de la sociedad
importadora.
“Por otro lado, de acuerdo con los hechos y la normatividad vigente para el
Régimen de Importación Temporal a Corto Plazo, evidenció que las
operaciones de comercio exterior realizadas por GP CARS SAS al amparo
de lo establecido en el literal a) del artículo 94 de la Resolución 4240 de
2000, no fueron consecuentes con el objetivo finalmente realizado; siendo
así, tal mecanismo no era procedente; es decir, las mercancías destinadas a
ser exhibidas en exposiciones. ferias o actos culturales, sin que puedan ser
vendidas durante el transcurso del evento”15 (negrilla añadida).
28. Por último, al referirse al debido proceso en el desarrollo de ese trámite
administrativo sostuvo que la legalización de las mercancías y el rescate que exige
la legislación aduanera, “es un acto voluntario que nace del particular”, que se
ejerce en las condiciones establecidas en el Decreto 2685 de 1999, que tiene
como finalidad recuperar la mercancía que se encuentra a disposición del Estado,
y que conlleva la cesación automática de los procedimientos administrativos que
se encuentren en curso; además, agregó:
“En consecuencia, en el presente consideramos que se llegó a una legalización
de mercancías, sin que por un lado, se agotara un procedimiento para la
expedición de Requerimiento Especial Aduanero en materia de revisión del
valor en aduanas, que controvirtiera los precios declarados, y por otro lado,
la decisión de legalizar las mercancías por parte del importador, ante el
apremio de la aprehensión de los vehículos, que entre otras cosas, ya
habían sido negociados y entregados a terceros compradores, que se
hubiesen visto afectados de manera injusta con la medida cautelar de
aprehensión.
“En este orden de ideas encontramos que existió violación al debido proceso
con ocasión al procedimiento adelantado para la expedición del
Requerimiento Ordinario de Información NO 03.238.420.403-0000307 de
enero 31 de 2012, mediante el cual se solicitó a la sociedad GP CARS SAS,
15
Folios 153 a 157, c. 2.
10
Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00304-01 (62.810)
Actor: GP CARS S.A.S.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –
DIAN-
Referencia: Reparación directa
poner a disposición los nueve (9) vehículos y que culminó con la
presentación de la declaración de legalización de los mismos”16 (negrilla
añadida).
29. Como punto medular, se destaca que los conceptos emitidos por las
autoridades administrativas, en principio17, son un criterio auxiliar de la actividad
judicial; por tanto, sirven de apoyo para que el juez profiera una decisión de fondo
y se deben valorar en conjunto con las demás pruebas obrantes en el proceso18.
30. El Decreto 1071 de 199919 en su artículo 31 creó la figura del Defensor del
Contribuyente y del Usuario Aduanero, con el fin de promover la garantía y el
respeto de los derechos de los contribuyentes, responsables, agentes de
retención, declarantes y usuarios aduaneros, en las actuaciones que se cumplan
en ejercicio de las funciones asignadas por la Ley a la DIAN.
31. Dentro de las funciones asignadas a este ente defensor, está la de realizar
seguimiento, a solicitud de los contribuyentes y usuarios aduaneros, a los
procesos de fiscalización (numeral 2), a fin de asegurar el cumplimiento del debido
proceso, ello con el propósito de poner los resultados de sus averiguaciones en
conocimiento de las autoridades competentes, para que cada una, dentro de su
órbita constitucional y legal de actuación, tome las medidas que sean del caso 20.
De modo que la función que cumple el Defensor del Contribuyente y del Usuario
Aduanero es la de actuar como un intermediario que se pone a disposición de los
usuarios del servicio público a cargo de la DIAN, para que puedan acceder más
fácilmente a las instancias decisorias y de control respectivas, y así promuevan
tanto el respeto de sus derechos como el mejoramiento en la calidad del servicio
tributario21.
32. En cuanto a la naturaleza jurídica de esta figura, la Corte Constitucional en
sentencia C -1343 de 2000 señaló que es “la de ser una instancia a través de la
16
Folios 157 a 160, c. 2.
17
La ley determina algunos casos donde se constituyen en normas jurídicas vinculantes.
18
Consejo de Estado, Sala de lo contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia del 12 de
septiembre de 2012, exp. 2016-01349-01A, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
19
“Por el cual se organiza la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
como una entidad con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y se dictan otras
disposiciones”.
20
En este sentido, se puede comparar la labor que realiza el Defensor del Contribuyente y del Usuario
Aduanero en materia tributaria, con la que desempeña el Defensor del Pueblo en materia de derechos
humanos, ya que el artículo 282 de la Constitución atribuyó al segundo la función de obrar como un promotor
del ejercicio y la divulgación de dichos derechos, y para ello le otorgó, no la facultad de sancionar a los
infractores, sino la de ejercer las acciones pertinentes para que los organismos públicos competentes tomen
los correctivos a los que haya lugar. Sentencia C-1343 de 2000 de la Corte Constitucional.
21
En este sentido, se puede comparar la labor que realiza el Defensor del Contribuyente y del Usuario
Aduanero en materia tributaria, con la que desempeña el Defensor del Pueblo en materia de derechos
humanos, ya que el artículo 282 de la Constitución atribuyó al segundo la función de obrar como un promotor
del ejercicio y la divulgación de dichos derechos, y para ello le otorgó, no la facultad de sancionar a los
infractores, sino la de ejercer las acciones pertinentes para que los organismos públicos competentes tomen
los correctivos a los que haya lugar. Sentencia C-1343 de 2000 de la Corte Constitucional.
11
Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00304-01 (62.810)
Actor: GP CARS S.A.S.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –
DIAN-
Referencia: Reparación directa
cual los ciudadanos pueden jugar un rol directo en la labor de garantizar la buena
prestación y la legalidad del servicio tributario y aduanero”, como un canal de
comunicación entre la ciudadanía y las instancias públicas decisorias
competentes y, por tanto, los conceptos emitidos por esta dependencia no
comprometen la responsabilidad de la entidad dado que tienen la connotación de
un criterio auxiliar del derecho.
33. En consonancia con lo anterior, destaca la Sala que bajo el caso sub lite, la
instancia de la defensoría refirió la existencia de dos procesos, uno consistente
en la supuesta “revisión del valor” y otro “sancionatorio” por no ser posible la
aprehensión de mercancías. Conforme lo revela el expediente administrativo, la
normatividad aduanera y lo plasmado en la demanda, para la fecha que se emitió
ese documento -15 de enero de 2013- la DIAN únicamente había adelantado una
investigación preliminar contra GP CARS, que conllevó a decretar la medida
cautelar de aprehensión de unas mercancías (art. 205, numeral 1.25 del Decreto
2585 de 1999), con fundamento en lo siguiente:
34. El Grupo Interno de Trabajo (en adelante GIT) de Investigaciones Aduaneras
I de la División de Gestión de Fiscalización inició una investigación -interna-
respecto de GP CARS por unas declaraciones de importación dentro de la
preliminar PR 828 de 201022, en la que solicitó a la sociedad TRANSBORDER
S.A. (operador de transporte multimodal)23 enviar copia de los documentos
soporte de la operación de comercio exterior. Allí encontró que algunas facturas
expedidas por el proveedor del exterior soporte de las operaciones de comercio
realizadas, contenían un valor superior al registrado en las declaraciones de
importación, motivo por el cual ordenó el archivo de esa investigación para remitir
las diligencias adelantadas al GIT Investigaciones Aduaneras II para que
determinara la legalidad de la mercancía24, informando que (se transcribe
conforme obra):
“Es claro que el importador a través de su declarante autorizado aportó como
documentos soporte las facturas Nos. 0030 y 0031 del de 2009 por valor de
USD82.300 cada una; tanto para las importaciones temporales como para la de
los vehículos Masseratti Gran Turismo 4.7 F1 VIN ZAMHL45A590048331 y
ZAMHL45A390Q48332, las cuales no corresponden a las mismas con las que
ingresaron los vehículos al territorio nacional, ya que según la continuación de
viaje y el ingreso a zona franca de Bogotá las facturas expedidas por el proveedor
del exterior Maranello Motor Sport S.A. soporte de las operaciones de comercio
exterior realizadas son las Nos. 3492 y 3493 del 31 de julio de 2009 por valor de
USD 118.468 cada uno, hecho que fue constatado con la sociedad
TRANSBORDER S.A., quien remitió copia de las facturas mencionadas, las
cuales le fueron suministradas por el declarante autorizado la agencia de
aduanas HUBEMAR SA NIVEL 1, donde se describen los vehículos
22
Cd expediente administrativo OI 2010 2012 099 (folio 290, c. 1.).
23
Requerimiento ordinario de información No. 1-03-238-419-4031-1010 del 20 de octubre de 2011. Cd
expediente administrativo OI 2010 2012 099 (tomo II).
24
Cd expediente administrativo OI 2010 2012 099 (tomo II).
12
Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00304-01 (62.810)
Actor: GP CARS S.A.S.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –
DIAN-
Referencia: Reparación directa
importados por la sociedad GP CARS SAS por un valor superior al registrado
en las declaraciones de importación No. 13494010625981 de marzo 2 y
51028050164696 del 8 de febrero de 2010”25 (resalta la Sala).
35. Mediante Oficio del 19 de enero de 201226, la Jefe de División de Gestión de
Fiscalización luego de consultar el aplicativo SIFARO -Sistema de Fiscalización
Aduanera- de la DIAN donde ubicó los vehículos importados por GP CARS
durante los años 2009 a 2011 (9 vehículos de alta gama), ordenó efectuar visitas
a las sociedades TRANSBORDER S.A y COLTANQUES S.A. en sus calidades
de operador de transporte multimodal y transportador, respectivamente, al tiempo
que ordenó diligencias de verificación a las sociedades DISTRISERVICES S.A.
COLOMBIA y DISTRISERVICES CARGO, en su calidad de depósito (usuario
comercial de zona franca Bogotá), y a AGENCIAS DE ADUANA HUBEMAR S.A,
NIVEL 1 y HECADUANAS SAS NIVEL 1, con el fin de recolectar los documentos
soportes de los vehículos y de la operación aduanera27.
36. Realizadas las visitas y recolectada la información, esa dependencia encontró
que (se transcribe de manera literal):
“[l]as declaraciones de importación Nos 23224014382196 del 03-07-2009,
13494010622987 del 31-12-2009, 13358090687447 del 28-12-2009.
13494010622971 del 30-12-2009, 13494010625981 del 02-03- 2010,
51028050164696 del 08-02-2010, 14011091408883 del 26-05-2010,
13494010642685 del 29-12-2010, 10011010827138 del 25-10-2010, en las cuales
se consignó en la casilla No. 51 las facturas comerciales Nos. M050409, M090509,
F050409, F100309, 0030, 0031, 45, 3733 y 3890, y que fueron verificadas en las
visitas realizadas a HECADUANAS SAS y HUBEMAR S.A., no corresponden a
las originalmente expedidas (Nos. 3380, 3400, 3396, 3397, 3492, 3493, 33, 34
y 3796) por el proveedor en el exterior y aportadas por el importador a
TRANSBORDER S.A, COLTANQUES S.A. y DISTRISERVICES SA
COLOMBIA, en sus calidades de Operador de Transporte Multimodal,
Transportador y Depósito, respectivamente, según consta en las declaraciones
de tránsito aduanero (continuación de viaje), formularios de movimientos de
mercancía y documentos de transporte recaudados por los funcionarios de
esta División y que obran dentro del expediente”28 (resaltado añadido).
37. Con fundamento en lo anterior, la funcionaria delegada del Grupo de
Investigaciones Aduaneras II de la División de Fiscalización Aduanera de Bogotá
expidió el Requerimiento Ordinario No. 03.238.420.403 del 31 de enero de 201229
(acto preparatorio que permite tener elementos de juicio para iniciar o no con el
25
Cd expediente administrativo OI 2010 2012 099 (tomo II).
26
Ibidem.
27
Ibidem
28
Folio 16 y 17, c. 2.
29
Folios 6 a 11, c. 2.
13
Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00304-01 (62.810)
Actor: GP CARS S.A.S.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –
DIAN-
Referencia: Reparación directa
procedimiento administrativo30) en el cual indicó que el levante31 de la mercancía
amparada en las precitadas declaraciones de importación carecía de los
fundamentos fácticos que dieron origen al mismo y, por ello, quedó “cancelado”,
encontrándose en estado de ilegalidad la mercancía dentro del territorio
aduanero nacional, razón por la cual dispuso requerir a GP CARS SAS para que
pusiera a disposición de esa dependencia -en el término de quince días
calendario siguientes al recibo de ese requerimiento-, la mercancía objeto de
dicha investigación (los 9 vehículos referidos32), para efectos de “aprehenderla y
definir su situación jurídica”, por estar incursa en la causal prevista en el artículo
502, numeral 1.25 del Decreto 2685 de 1999, que prevé:
“ARTÍCULO 502. CAUSALES DE APREHENSIÓN Y DECOMISO DE
MERCANCÍAS. Dará lugar a la aprehensión y decomiso de mercancías la
ocurrencia de cualquiera de los siguientes eventos:
“(…)
“1.25 <Numeral adicionado el artículo 10 del Decreto 4431 de 2004. El nuevo texto
es el siguiente:> Cuando dentro de los términos a que se refiere el numeral 9 del
artículo 128 del presente Decreto, o dentro de los procesos de control posterior se
determine que los documentos soporte presentados no corresponden con la
operación de comercio exterior declarada o, cuando vencidos los términos
señalados en los numerales 6 y 9 del mismo artículo no se presentaron en debida
forma los documentos soporte que acreditan que no se encuentra incurso en
restricción legal o administrativa.
<Inciso adicionado por el artículo 6 del Decreto 3555 de 2008. El nuevo texto es
el siguiente:> Tratándose de documentos soporte, cuando se encuentre que los
mismos no corresponden a los originalmente expedidos, o se encuentren
adulterados o contengan información que no se ajuste a la operación de comercio
exterior declarada” (se subraya).
38. En el mismo requerimiento se advirtió que de no poner a disposición las
mercancías solicitadas se impondría la sanción equivalente 200% del valor en
aduana de la mercancía, de conformidad con el artículo 503 ibidem, que dispone
30
Dentro de las facultades de fiscalización asignadas a la DIAN como autoridad aduanera se encuentra la de
solicitar información mediante un requerimiento ordinario que es “un oficio por el cual se exige la presentación
de documentos que contengan los soportes de las operaciones de importación o de las mercancías, con el
propósito de tener mayores elementos de juicio para, con fundamento en ellos iniciar o no la actuación
administrativa”. Conforme lo ha señalado esta Corporación: “La naturaleza jurídica de los actos anteriores
[se refiere al requerimiento ordinario y al especial aduanero] corresponde a la de actos preparatorios, por
cuanto los mismos no contienen una decisión de la administración, en tanto no crean, modifican o extinguen
una situación de contenido particular y concreto. Estos actos implican actuaciones administrativas
necesarias para la formación del acto definitivo, pero por sí mismos no concluyen la actuación” (se
destaca). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta (descongestión),
sentencia del siete (7) de junio de 2018, exp. 08001-23-31-000-2010-00599-01.
31
Es el acto por el cual la autoridad aduanera permite a los interesados la disposición de la mercancía, previo
el cumplimiento de los requisitos legales o el otorgamiento de garantía, cuando a ello haya lugar (art. 1 del
Estatuto Aduanero).
32
Amparada con las declaraciones de importación identificadas con autoadhesivos No. 23224014382196 del
03-07-2009, 13494010622987 del 31-122009, 13358090687447 del 28-12-2009, 13494010622971 del 3-12-
2009, 13494010625981 del 0203-2010, 51028050164696 del 08-02-2010, 14011091408883 del 26-05-2010,
13494010642685 del 2312-2010, 10011010827138 del 25-10-2010.
14
Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00304-01 (62.810)
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Referencia: Reparación directa
que “cuando no sea posible aprehender la mercancía por haber sido consumida,
destruida, transformada o porque no se haya puesto a disposición de la autoridad
aduanera, procederá la aplicación de una sanción equivalente al doscientos por
ciento (200%) del valor en aduana de la misma, que se impondrá al importador o
declarante, según sea el caso”.
39. La sociedad demandante, por medio de escrito del 16 de febrero de 2012
presentado a la Dirección de Fiscalización Aduanera de la DIAN – Bogotá indicó
que “GP Cars SAS ha decidido presentar las declaraciones de legalización
correspondientes para ocho (8) de los vehículos mencionados en su
requerimiento” (se destaca); sin embargo, solicitó una prórroga de dos meses,
término que se justificaba en los trámites de licencia previa que debía adelantar
ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la presentación de las 8
declaraciones de legalización respectivas ante la autoridad aduanera. Agregó, que
en relación con el vehículo Ferrari F430 Challenge amparado en la declaración de
importación No. 23224014382204 del 03/07/2009, modificada para prorrogar el
plazo de la importación temporal mediante declaración No. 13358090687447 del
31/12/2009 no había lugar a legalizarlo, por cuanto ya había sido reexportado 33.
40. La DIAN a través de oficio 01-03-238-420-0171 del 22 de febrero de 2012
informó que ese término no era susceptible de prórroga, en razón a que la
mercancía requerida se encontraba incursa en una causal de aprehensión, de
modo que si se incumplía el plazo otorgado se debían adelantar las diligencias
tendientes a concretar la respectiva medida cautelar, conforme a las facultades
otorgadas en los artículos 476 y siguientes del Estatuto Aduanero, o su defecto
iniciar el proceso sancionatorio contemplado en el artículo 503 ibidem34. El 23 de
febrero de 2012 la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera -por orden
de la División de Fiscalización- inmovilizó uno de los vehículos relacionados en el
requerimiento (Maserati Gran Turismo con placas RHL 782)35, y el 5 de marzo del
mismo año GP CARS solicitó levantar la medida cautelar de aprehensión y la
orden de inmovilización de los demás vehículos, con fundamento en los siguientes
argumentos:
“(…) la División de Gestión de Fiscalización pretende tipificar una causal de
aprehensión por no corresponder la factura soporte de la declaración de
importación con la originalmente expedida, cuando las facturas son las
originales y fueron debidamente expedidas por el proveedor de la
mercancía, desconociendo la realidad de la operación y efectuando una
aplicación extensiva de la norma a operaciones que se dan todos los días
en el comercio internacional como es la utilización de facturas ‘proforma’ o
solo para efectos aduaneros, que no implican por lo tanto la existencia de
dos facturas.
33
Folios 12 y 13, c. 2.
34
Folio 14, c. 2.
35
Folios 30 a 36, c. 2.
15
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Referencia: Reparación directa
“Así es que, basándose únicamente en los documentos que estaban en los
archivos de las empresas que participaron en la operación comercial y que
nuestra empresa aportó, la DIAN concluye sin mayor investigación que
existe una factura que no es original, desconociendo la realidad de las
transacciones y desconociendo el principio de buena fe que se debe
presumir en la actuación de los importadores”36.
41. A través de oficio 1.03.238.420.220 del 20 de marzo de 2012, la dependencia
encargada respondió que no era procedente acceder a tal solicitud, por cuanto la
Administración solamente estaba ejerciendo su facultad de aprehensión para
determinar si había o no lugar a dar inicio a la actuación administrativa
sancionatoria, puesto que la aprehensión es una medida cautelar consistente en
la retención de mercancías respecto de las cuales se configure alguna de las
causales previstas en el artículo 502 del Decreto 2685 de 1999 y, a partir de ahí
es que la autoridad aduanera inicia el proceso para definir la situación jurídica de
las mercancías. Añadió que en ese trámite el investigado podía objetar y aportar
las pruebas que considerara pertinentes para desvirtuar la causal de aprehensión
configurada, que el citado requerimiento era un acto de trámite y contra él no
procedían recursos y, por otro lado, le dio la opción de proceder con la legalización
de las mercancías, en los siguientes términos (se transcribe de manera literal):
“Por otro lado, la normatividad aduanera (Decreto 2685 de 1999), establece en
sus artículos 228 y siguientes, la procedencia de la legalización voluntaria o
provocada de mercancías, señalando para el efecto, los requisitos
correspondientes.
“Vale aclarar que para el caso en estudio, esta es una decisión voluntaria por
parte del interesado, debiendo cumplir los requisitos exigidos por la
legislación aduanera, en el evento de optar por ella”37 (negrilla añadida).
42. El representante legal de GP CARS entre el 2 de marzo y el 17 de mayo de
2012 presentó y pagó la suma de $750’739.000 correspondiente a siete (7)
declaraciones de legalización de vehículos de alta gama38 (respecto de los otros
dos carros objeto del requerimiento no procedía porque uno ya había sido
reexportado y el otro se encontraba bajo la figura de importación temporal o a
corto plazo -tributación suspendida-). Por lo tanto mediante Resoluciones 1590
del 17 de abril39; 2159 del 11 de mayo40 y 2838 del 4 de junio todas de 201241, la
DIAN ordenó: (i) archivar los respectivos procesos por la “presentación de
declaración de legalización” de la mercancía, (ii) aceptar el pago de los tributos
36
Folios 40 a 45, c. 2.
37
Folios 46 y 47, c. 2.
38
Folios 48 a 140, c. 2.
39
Folios 99 a 108, c. 2.
40
Folios 120 a 128, c. 2.
41
Folios 129 a 140, c. 2.
16
Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00304-01 (62.810)
Actor: GP CARS S.A.S.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –
DIAN-
Referencia: Reparación directa
dejados de cancelar, así como el pago del rescate42 y, (iii) enviar copia de dichos
actos administrativos a la dependencia de Gestión de Control Cambiario para que
analizara la presunta infracción cambiaria.
43. De conformidad con este acerbo probatorio, contrario a lo plasmado en el
concepto emitido por la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero, para
ese momento no se habían adelantado dos procedimientos contra GP CARS, sino
que se trató de una investigación preliminar por parte de los grupos internos de
trabajo de fiscalización de la DIAN (adelantada conforme a las competencias
otorgadas en el Estatuto Aduanero43 y el Decreto 4048 de 200844) que evidenció
una incongruencia de correspondencia entre el valor de las facturas presentadas
en la continuación de tránsito aduanero y las que soportaban las declaraciones de
importación de nueve vehículos. Esa actuación preliminar se archivó, pero no “sin
que realmente se haya desplegado una actividad investigativa que demostrara la
existencia de pagos indirectos o que se profundizara en los elementos de la
negociación”, como se consignó en el mencionado concepto, sino porque se debía
remitir a la unidad competente de la DIAN para que determinara -dentro de la
órbita de sus competencias- la legalidad de la mercancía, como en efecto se hizo.
44. Se observa, además, que el supuesto proceso de “revisión del valor” al que
hace referencia el documento de la Defensoría del Contribuyente Aduanero se
soporta en el artículo 254 del Decreto 2685 de 1999, que prevé:
“LEVANTE DE LA MERCANCÍA. Cuando exista controversia respecto del
valor en aduana declarado y/o los documentos que lo justifican o cuando no
sea posible la determinación del valor al momento de la importación se podrá
otorgar el levante de las mercancías, previa constitución de garantía en los
términos del artículo 13 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, la normativa
andina, el numeral 5 del artículo 128 de este decreto y conforme a las condiciones
y modalidades que señala la autoridad aduanera…”
45. No obstante, esa norma no resultaba aplicable al sub examine, por cuanto los
automóviles ya habían sido objeto de levante (acto cuya vigencia está
condicionada a la satisfacción continua de los requisitos que sirvieron de base
42
Correspondiente al 20% sobre el valor en aduana de la mercancía.
43
Artículo 469. “FISCALIZACIÓN ADUANERA. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales tendrá
competencia para adelantar las investigaciones y desarrollar los controles necesarios para asegurar el
efectivo cumplimiento de las normas aduaneras, simultáneamente al desarrollo de las operaciones de
comercio exterior, o mediante la fiscalización posterior que se podrá llevar a cabo para verificar el
cumplimiento de las obligaciones aduaneras, o integralmente, para verificar también el cumplimiento de
las obligaciones tributarias y cambiarias de competencia de la entidad” (se resalta).
Notas del Editor
44
“Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales”. Artículo 46. “COMPETENCIA FUNCIONAL. Sin perjuicio de las normas previstas en los artículos
anteriores, las dependencias de las Direcciones Seccionales tendrán las siguientes funciones y competencias:
“(…)
“1.1 Adelantar las investigaciones y ejecutar todos los actos previos y preparatorios para la determinación de
los Impuestos de competencia de la DIAN, para el decomiso y/o para la aplicación de las sanciones por
infracción a los regímenes tributario, aduanero o cambiario en lo de competencia de la Entidad”.
17
Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00304-01 (62.810)
Actor: GP CARS S.A.S.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –
DIAN-
Referencia: Reparación directa
para su expedición45) cuando se presentaron las respectivas declaraciones de
importación, y fue a raíz de las investigaciones y procesos de control posterior que
se advirtieron las inconsistencias en la facturación; por manera que: (i) operó la
cancelación de los respectivos levantes (figura que se presenta en el derecho
aduanero cuando luego de autorizado el levante, los fundamentos que dieron
lugar a su expedición desaparecen y se cumple la condición resolutoria de su
vigencia de pleno derecho46) y, (ii) se decretó la medida cautelar de aprehensión
para definir la situación jurídica de los vehículos.
46. Ciertamente, de acuerdo con lo previsto en el Estatuto Aduanero, el acto de
levante es una autorización para retirar la mercancía y nacionalizarla; sin embargo
está sujeto para su permanencia en el tiempo, al cumplimiento de una condición,
que no es otra que la mercancía amparada en una declaración de importación
haya cumplido con los requisitos de ley para su introducción y permanencia en el
territorio nacional aduanero; requisitos que se pueden verificar en cualquier tiempo
(art. 469 Decreto 2685 de 1999) y si carece de los fundamentos fácticos y jurídicos
que dieron lugar a su otorgamiento, la DIAN debe proceder a cancelar dicha
autorización e iniciar las investigaciones conducentes a definir la situación jurídica
de la mercancía, lo cual inicia con la medida cautelar de aprehensión y decomiso
de la misma (art. 502, numeral 1.25 y capítulo XIV ibidem), tal y como sucedió en
el caso objeto de análisis.
47. De otro lado, en el concepto emitido por el Defensor del Contribuyente y
Usuario Aduanero se consideró que existió violación al debido proceso con
ocasión al procedimiento adelantado para la expedición del Requerimiento
Ordinario de Información NO 03.238.420.403-0000307 de enero 31 de 2012, por
cuanto se llegó a una legalización de mercancías sin agotar un procedimiento para
la expedición del “Requerimiento Especial Aduanero”, que permitiera controvertir
los precios declarados, al tiempo que la decisión de legalizar las mercancías fue
producto del apremio ante la cautela decretada, frente a automóviles que ya
habían sido negociados y entregados a terceros compradores, los cuales se
hubiesen visto afectados de manera injusta con la aprehensión.
48. En este punto, causa extrañeza la conclusión a la que se arribó en el citado
documento, cuando en líneas anteriores el mismo Defensor expresó que el
requerimiento ordinario que se expide por la autoridad aduanera en estos casos
no puede tener otro propósito diferente que el de solicitarle al usuario “poner a su
45
El levante conlleva implícito una condición resolutoria que puede llegar a materializarse, si con ocasión del
control posterior, la autoridad aduanera considera que se cumplen los presupuestos para su procedencia.
46
Al respecto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en sentencia
del 4 de mayo de 2001, exp: 6664, señaló: “[l]a Sala reitera la posición jurisprudencial sostenida por esta
Corporación, en el sentido de considerar que el acto de levante participa de la naturaleza de los actos –
condición, pues, si bien permite al importador, previo pago de los tributos y de constitución de garantías,
disponer de la mercancía, no define la situación de la misma; por ello, nada impide su posterior revisión
y la imposición de las sanciones a que hubiere lugar, en ejercicio de las atribuciones de fiscalización
propias de la autoridad aduanera” (se resalta).
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Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00304-01 (62.810)
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disposición las mercancías, a fin de agotar esta exigencia del
procedimiento”, ya que a partir del momento en que se establece la imposibilidad
para llevarse a cabo la medida cautelar de la aprehensión, es cuando de forma
subsidiaria se da inicio al procedimiento administrativo sancionatorio, “en el que
se profiere el Requerimiento Especial Aduanero”, como acto administrativo por el
cual se propone al declarante que se le impondrá la sanción del 200% prevista en
el artículo 503 del Decreto 2685 de 199947.
49. Efectivamente, el requerimiento especial aduanero constituye el eje central
del procedimiento sancionatorio, asimilándose en sus efectos al pliego de cargos,
en tanto contiene la imputación que realiza la Administración de la presunta
comisión de una infracción aduanera, calificando y adecuando típicamente la
misma a una conducta contraria al ordenamiento jurídico que regula la materia 48
y se emite luego de: (i) aprehendida y/o entregada la mercancía (art. 502 ibidem),
(ii) expedida el acta de aprehensión (art. 504 ibidem), (ii) del reconocimiento y
avalúo de la mercancía (art. 505 ibidem) y (iv) presentadas las objeciones al acta
si así se decide (art. 505-1 ejusdem). De manera que, en el sub júdice no se agotó
el referido procedimiento por parte de la autoridad aduanera, “pero esto se
entiende como una consecuencia de la legalización de las mercancías por parte
de la sociedad importadora”, tal como se indicó en el concepto del 15 de enero de
2013, y no porque se hubiese vulnerado el debido proceso de la empresa
importadora.
50. Se agrega a lo anterior que la parte actora no allegó prueba alguna que
acredite que hubiera existido una coacción o constreñimiento físico, moral o
jurídico por parte de la DIAN sobre la empresa GP CARS para que presentara y
pagara las declaraciones de legalización de los vehículos respecto de los cuales
se hizo el requerimiento. En efecto, la revisión del expediente administrativo da
cuenta de que la actora optó voluntariamente por pagar los tributos dejados de
cancelar en las declaraciones de importación iniciales, presentando las de
legalización de los vehículos (que incluía el valor del rescate) debido a las
irregularidades suscitadas en relación con la facturación, pues las facturas
comerciales que soportaban las declaraciones de importación no correspondían
con las originalmente expedidas por el proveedor en el exterior y, como se indicó
en el concepto tantas veces mencionado: “(…) no se encontró en la
documentación obrante en el expediente una explicación clara de parte de la
sociedad GP CARS SAS sobre la existencia de dos facturas por cada vehículo”.
47
Es el acto administrativo por el cual la autoridad aduanera propone al declarante la imposición de una
sanción, el decomiso de una mercancía o la formulación de una liquidación oficial (art. 1 del Estatuto Aduanero
• definiciones).
48
El Decreto 2685 de 1999, en su artículo 507 “Requerimiento especial aduanero”, facultaba a la autoridad
aduanera para, “proponer la imposición de sanción por la comisión de infracción administrativa aduanera, o
para definir la situación jurídica de la mercancía cuando se configure una causal de aprehensión…”.
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51. Tanto es así que, en el 2013, la División de Gestión de Control Cambiario
inició un proceso sancionatorio contra GP CARS (que es distinto al proceso
sancionatorio aduanero49), en el cual fue multada por la suma de $240’949.557,
“por no canalizar a través del mercado cambiario el valor total correspondiente a
las mercancías legalizadas con las declaraciones No(s). 07328310247611 del 27
de marzo de 2012, 01165021065336 del 12 de marzo de 2012 y 07328310247629
del 27 de marzo de 2012”, dado que se encontró que en el proceso de
nacionalización, la mercancía se declaró por un valor inferior al valor aduanero50.
52. En este contexto, la medida cautelar de aprehensión decretada por la
demandada obedeció única y exclusivamente al cumplimiento de sus funciones
dentro de un proceso reglado en el Estatuto Aduanero, en el que se establecen
eventos objetivos que dan lugar a la aprehensión y decomiso de las mercancías
en casos en los que resulte procedente, y no consulta a razones subjetivas y
eventuales del importador, como las aducidas en este caso, esto es, tener que
perjudicar a los compradores de los automóviles, exponerse a ser demandado,
pagar indemnizaciones por los perjuicios causados a terceros o asumir grandes
pérdidas en su negocio, en tanto que la cautela no tiene un objetivo distinto que
poner a disposición la mercancía con el fin de verificar su legalidad.
53. Por tal motivo, si para la demandante no había duda de que los documentos
de importación estaban conforme a la ley, debió proceder de la manera en que
estaba regulado en el Estatuto Aduanero, es decir, entregando los vehículos
objeto del requerimiento, y dentro de este procedimiento ejercer su derecho de
defensa, presentado las objeciones al acta de aprehensión, aportando las pruebas
conducentes para desvirtuar la causal invocada por la autoridad aduanera (art.
511 del Decreto 2685 de 1999) o, si su intención era evitar causar perjuicios a sus
clientes (compradores de los vehículos) pudo entregar la mercancía y constituir
una garantía en reemplazo de la aprehensión para que le fuera devuelta mientras
se definía su situación jurídica (art. 233 ibidem51).
49
En tanto que, el régimen cambiario regula todo lo relacionado con los cambios internacionales, es decir,
todas las transacciones con el exterior que impliquen pago o transferencia de divisas; mientras que el
aduanero se refiere a las normas que regulan el tráfico internacional de las mercancías que se encuentran
sometidas a fiscalización de la Aduana.
50
Resolución 1220 del 12 de septiembre de 2013 (confirmada por 1014 del 23 de diciembre de 2013).
51
“Artículo 233. GARANTÍA EN REEMPLAZO DE APREHENSIÓN. La autoridad aduanera podrá autorizar la
entrega de las mercancías aprehendidas, cuando sobre estas no existan restricciones legales o
administrativas para su importación, o cuando se acredite el cumplimiento del respectivo requisito, previo el
otorgamiento, dentro del término para presentar el documento de objeción a la aprehensión de que trata el
artículo 505-1 del presente decreto, de una garantía por el valor en aduana de la misma y el ciento por ciento
(100%) de los tributos aduaneros a que hubiere lugar, cuyo objeto será respaldar en debida forma la obligación
de poner la mercancía a disposición de la Aduana, cuando en el proceso administrativo se determine su
decomiso. El término de constitución será fijado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
El reemplazo de la aprehensión de la mercancía por la garantía de que trata el inciso anterior se deberá
solicitar en el documento de objeción a la aprehensión anexando la garantía correspondiente, sobre la cual
se pronunciará la autoridad competente a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes a su presentación.
Contra la negativa de la solicitud procederá el recurso de reposición que se resolverá dentro de los tres (3)
días siguientes a su interposición.
El otorgamiento de la garantía, de acuerdo con lo previsto en el inciso anterior, permite la disposición del bien
por parte del declarante.
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54. Sin embargo, como lo revela el documento suscrito el 16 de febrero de 2012
por el representante legal de la sociedad demandante -ver párrafo 36- ésta decidió
de manera espontánea presentar las declaraciones de legalización
correspondientes a 7 de los 9 vehículos identificados en el requerimiento ordinario,
de conformidad con el artículo 228 del citado Estatuto52, situación que no
evidencia la supuesta coacción ejercida por la entidad accionada, en tanto no se
trató de una determinación que se hubiera presentado contra la voluntad de ella.
55. Respecto de la remisión de copias a la Fiscalía General de la Nación para que
investigara las posibles conductas punibles, no es posible considerar que ello
significara un constreñimiento por parte de la DIAN, puesto que constituía un
deber legal de los empleados públicos que adelantaron la investigación (art. 177
C.P.) y una obligación legal de la entidad (art. 505, parágrafo 1 del Decreto 26685
de 199953) proceder de esa manera.
56. Bajo estas circunstancias, el pago efectuado como consecuencia de las
declaraciones de legalización presentadas por la actora ante la DIAN era una
carga que estaba llamada a asumir ante las irregularidades suscitadas en la
importación y nacionalización de los vehículos; además, las medidas adoptadas
por la demandada -como se vio- fueron consecuencia de un procedimiento que se
desarrolló con sujeción a lo regulado en la ley aduanera y no como consecuencia
de un supuesto constreñimiento de la autoridad demandada.
57. De cualquier manera, la Sala considera que el presunto constreñimiento o la
actuación presuntamente deficiente de la DIAN, no lo fue, no derivó en que el actor
hubiese visto mermado su patrimonio sin justa causa o mediante la realización de
un pago de lo no debido, que al final de cuentas es lo que se debió probar, de
manera que las acusaciones sobre la manera en que obró la DIAN, pudieran
La garantía se hará efectiva cuando una vez ordenado el decomiso de la mercancía, esta no pueda colocarse
a disposición de la autoridad aduanera, por haber sido consumida, destruida o transformada. Si la mercancía
es un bien no perecedero y se ha ordenado su decomiso, deberá presentarse declaración de legalización, en
la que se cancele, además de los tributos aduaneros, el rescate en los términos previstos en el artículo 231
del presente decreto, so pena de que se haga efectiva la garantía.
Una vez se haga efectiva la garantía, no procederá la imposición de sanción alguna, sin perjuicio de que la
autoridad aduanera pueda hacer efectivo el decomiso, cuando no se hubiere presentado declaración de
legalización de mercancías no perecederas.
Cuando en el proceso administrativo se determine que no había lugar a la aprehensión, la garantía no se hará
efectiva y se devolverá al interesado”.
52
“Artículo 228. PROCEDENCIA DE LA LEGALIZACIÓN. Las mercancías de procedencia extranjera,
presentadas a la Aduana en el momento de su importación, respecto de las cuales se hubiere incumplido
alguna obligación aduanera que dé lugar a su aprehensión, podrán ser declaradas en la modalidad de
importación que corresponda a la naturaleza y condiciones de la operación, en forma voluntaria o provocada
por la autoridad aduanera, según se establezca en el presente Decreto”.
53
“PARÁGRAFO 1o. Si como resultado de la diligencia de aprehensión o de reconocimiento y avalúo de la
mercancía aprehendida, según corresponda, se determina que puede haber lugar a los delitos previstos en la
Ley 788 de 2002, se deberá informar a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia, enviando
copia de las actuaciones adelantadas. La autoridad aduanera continuará con el proceso administrativo de que
trata el presente Capítulo para definir la situación jurídica de la mercancía. Igual determinación deberá
adoptarse en cualquier estado del proceso siempre que se establezca un hecho que pueda constituir delito”.
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constituirse en causa eficiente del daño alegado, el que, tal como se ha señalado,
no está acreditado.
Afectación al buen nombre por difusión de información falsa
58. De acuerdo con lo señalado en la demanda y en el escrito de la apelación,
debido a la réplica de información falsa y difamatoria brindada por el Director de
la DIAN a los medios de comunicación sobre el presunto contrabando,
subfacturación y evasión en la importación de vehículos Maserati y Ferrari, las
ventas y oportunidades de negocio se disminuyeron sustancialmente, pese a que
los años anteriores se había presentado un crecimiento constante y progresivo.
59. El manejo indebido de información que forme parte de una investigación,
implica el deber de proteger los bienes jurídicos constitucionales y
convencionales, como el buen nombre que, por virtud de dicha información, pueda
resultar vulnerado. Esto no significa que la información en posesión de una
entidad del Estado sea reservada, pues ello solo puede ser así por disposición
constitucional o legal, por cuanto la “libertad de información” -como derecho
fundamental- reconoce, por un lado, la libre expresión y difusión de las ideas,
conocimientos, juicios u opiniones y, por el otro, proclama el derecho de acceder
o recibir una información ajustada a la verdad objetiva. En ese sentido, la
información que ofrecen las autoridades públicas permite la formación de una
opinión pública libre y, a su vez, posibilita ejercer control sobre el desempeño de
estas autoridades.
60. Al lado de lo anterior, se destaca que el derecho de acceso a la información
no implica para las autoridades públicas únicamente la obligación de dar
respuesta a las peticiones de los ciudadanos, sino también el deber de promover
y generar una cultura de transparencia, lo que conlleva el deber de publicar y
divulgar documentos y archivos que plasman la actividad estatal y de interés
público, atendiendo a límites razonables, por cuanto dicha libertad no es absoluta,
ya que implica responsabilidades y deberes sociales, esto es, que no se atente
contra los derechos de los asociados, el orden público, ni el interés general54.
61. Así, acceder a la información pública incluye también el correlativo deber a
difundirla de forma responsable, lo que implica que la emisión de la información
debe hacerse respetando fielmente su contenido, el contexto en el cual él se
produjo y sin el propósito de crear confusión o suspicacia. Igualmente, la libertad
de información y la actividad periodística, a pesar de su importante y explícito
reconocimiento en los artículos 20 y 73 de la Constitución, se encuentra sometida
a dos clases de límites: uno, objetivo, que es la verdad y la imparcialidad en la
información que se emita o publique y, otro, subjetivo, que se refiere a la
54
Sentencia C-350 de 1997 y T-439 de 2009 de la Corte Constitucional.
22
Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00304-01 (62.810)
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Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –
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objetividad como actitud del informador hacia la verdad, para determinar si se ha
realizado una averiguación o indagación por parte del periodista, honesta y
diligente55.
62. En suma, el derecho a la información no es absoluto y, por ende, no puede
ser utilizado para revelar datos íntimos ni para lesionar la honra y el buen nombre
de las personas; la información, en los términos del ordenamiento superior, debe
corresponder a la verdad, ser veraz e imparcial, pues no existe derecho a divulgar
información que no sea cierta y completa.
63. Al plenario se aportaron las siguientes noticias y publicaciones. El 22 de
febrero de 2012, la estación W radio publicó en su página oficial la siguiente noticia
(se transcribe de manera literal):
“La Dian persigue 9 autos entre Lamborghinis y Maseratis por declaración
fraudulenta.
El director de la Dian Juan Ricardo Ortega señaló que gente inescrupulosa logró
hacer declaraciones manuales en aduanas de Bogotá de vehículos de altísima
gama como Lamborghinis y Maseratis a una cifra irrisoria de 70 millones de pesos
de un vehículo que en realidad cuesta más de 140 mil dólares, es decir, más de
250 millones de pesos.
Esto quiere decir que en cada una de estas fraudulentas declaraciones se pueden
estar perdiendo aproximadamente 200 millones de pesos por cada uno de estos
vehículos.
Según Ortega, en el país ya se han encontrado 9 carros de este tipo, uno de ellos,
ingresó por Santa Marta”56.
64. En la misma fecha, el Espectador.com publicó una noticia que título “Maseratis
y Lamborghini importados ilegalmente en la mira de la Dian”, en la que informó
(se transcribe conforme obra):
“El contrabando por subfacturación supera los $I0 billones.
El director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, denunció que gente incorrecta logró
hacer unas declaraciones manuales en las aduanas de Bogotá de unos vehículos
de alta gama a una cifra irrisoria de 70 millones de pesos cada uno para un
vehículo que en Estados Unidos vale más de 140.000 dólares.
Denunció que en cada operación se pueden estar robando 300 millones de pesos
en impuestos ‘en cada uno y hemos encontrado nueve y vamos a seguir buscando
porque tenemos unos Lamborghini que entraron por Santa Marta’.
Ortega indicó que los comentarios es que en Colombia hay 100 Ferraris, ‘uno si
tiene que entender que en Colombia con estos huecos quien se puede dar el lujo
de tener un Ferrari’.
55
Sentencia T-439 de 2009 de la Corte Constitucional.
56
Folio 15, c. 2.
23
Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00304-01 (62.810)
Actor: GP CARS S.A.S.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –
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Referencia: Reparación directa
El director de la Dian indicó que la entidad recaudadora está en el proceso para
emprender todas las acciones y defender el erario.
Reseñó que la Dian tiene conocimiento de la entrada de dos Lamborghini, uno por
Santa Marta y el otro por El Dorado en Bogotá. ‘Ese Lamborghini es uno que está
en investigación’, reiteró.
Ortega denunció que por solo contrabando con subfacturación el Estado deja de
percibir alrededor de 10 billones de pesos”57.
65. Al día siguiente día -23 de febrero de 2012-, cuando la DIAN inmovilizó uno
de los Maseratis importados por GP CARS, varios noticieros y medios
periodísticos, expusieron lo sucedido, así: CM& La Noticia título “DIAN inmoviliza
Maserati por caso de importaciones sospechosas” (se transcribe conforme obra):
“El vehículo inmovilizado estaba exhibido en las vitrinas del comercializador
exclusivo de Maserati para Colombia.
Por problemas en los documentos de importación, la DIAN inmovilizó en la ciudad
de Bogotá un vehículo Maserati estimado en 250 mil dólares, y perteneciente a la
compañía importadora GP Cars.
El vehículo inmovilizado estaba exhibido en las vitrinas del comercializador
exclusivo de Maserati para Colombia. La DIAN encontró inconsistencias en los
documentos de importación, pero aclaró que no se trata de un caso de
subfacturación.
Robert Kunrel, representante de GP Cars, dueño de la franquicia de Maserati en
Colombia, sostiene que su carro fue inmovilizado por un error de trámite y no por
evasión de impuestos. La DIAN viene investigando la importación de vehículos
Maserati reportados por un valor menor.
En declaraciones recientes el director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, dijo que
9 vehículos Maserati que ingresaron al país fueron declarados por un valor
irrisorio”58.
66. Asimismo, el portal de información económico y de negocios Portafolio.co
publicó la siguiente noticia (se trascribe conforma obra):
“Dian inmovilizó uno de los nueve Maserati investigados
La Policía Fiscal y Aduanera aprehendió el vehículo en el norte de Bogotá. Ya
identificaron empresa que los importó.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales inmovilizó en la noche de este
jueves el primero de los nueve Maseratis que vienen siendo investigados por la
entidad desde septiembre pasado, por presuntas irregularidades en su ingreso al
país.
57
Folio 16, c. 2.
58
Folio 17, c. 2.
24
Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00304-01 (62.810)
Actor: GP CARS S.A.S.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –
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Referencia: Reparación directa
El director de aduanas, seccional Bogotá, Abelardo Quintero, confirmó que, el
operativo ocurrió en un almacén del norte de Bogotá. El vehículo estaba en vitrina
y el interesado fue notificado de la investigación.
Le pidieron que llevara voluntariamente el lujoso auto deportivo, para las
verificaciones que hace la Dian cuando ya tiene algunas pruebas de que hay
presuntas irregularidades. Sin embargo, el dueño del vehículo hizo caso omiso,
por lo que la autoridad tributaria y aduanera adoptó la medida cautelar de
inmovilizarlo.
“(…)
El miércoles pasado, Ortega confirmó que ya tenían pistas más concretas. Y
anoche se presentó el primer resultado. Según lo expresado por Quintero, las
investigaciones realizadas hasta el momento señalan que hay dos tipos de
problema con los vehículos de alta gama, 'Uno es la subfacturación y el otro es el
de fallas en la documentación presentada a la Dian como prueba de legalidad de
la importación'.
Cuando el problema es de precio y el implicado resuelve voluntariamente corregir
la situación, debe pagarlos impuestos que no aportó al ingresar al país, más una
sanción establecida por ley. Si se trata de legalización de la documentación, el
interesado debe pagar un 20 por ciento del valor del bien, para poder rescatarlo
de la inmovilización”.
67. A su vez, El Espectador en la noticia que tituló “Dian inmovilizó Masserati (sic)
que habría ingresado al país de forma irregular”, manifestó:
“El organismo estima que este es uno de los vehículos que ingresaron de forma
irregular al país.
El director de aduanas seccional Bogotá, Abelardo Quintero, sostuvo este jueves
en la noche que el vehículo es uno de los nueve Maserati que habrían ingresado
al país con subfacturación.
De acuerdo con Quintero, se procedió a inmovilizarlo, toda vez que el dueño del
mismo se negó a llevarlo ante la Dian, como se lo habían solicitado. El vehículo,
con un monto aproximado de 500 millones de pesos, estaba en un concesionario
del norte de Bogotá.
La semana anterior, la Dian anunció una intensa cacería para dar con el paradero
de ‘unos carritos elegantes que uno ve en televisión, que aparecen registrados por
90 millones de pesos’, pero que pueden estar por el orden de los 500 millones de
pesos cada uno.
La advertencia fue hecha por el director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, en el
momento de explicar que se está allegando la documentación para iniciar la
investigación para determinar por dónde entraron los lujosos vehículos y cuál es
su paradero”59 (se resalta).
59
Folio 19, c. 2.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00304-01 (62.810)
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Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –
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Referencia: Reparación directa
68. De manera similar lo narró El Tiempo.com en su página web60. Y en la página
de internet de RCN Televisión se publicó el titular “Dian incautó primer Maserati e
investiga por qué los vehículos son importados por personas de escasos
recursos”, en el que se plasmó:
“Según el director de aduanas seccional Bogotá, Abelardo Quintero, el vehículo
fue incautado mientras la Dian investiga si efectivamente fue declarado por menor
valor y sí tiene los documentos en regla.
Además la Dian puso al descubierto que carros de gama alta entraron al país con
un precio muy inferior al real y registrados con el RUT de personas naturales, que
no tenían los recursos necesarios para adquirirlos.
El grupo élite de la DIJIN investiga sí las personas que aparecen como
importadores sabían del ilícito o fueron engañadas. Las autoridades advierten que
quienes presten su RUT para este ilícito pueden ser investigados por testaferrato
y falsedad en documento público.
La DIAN sospecha de las importaciones de 9 Maseratis, dos Lamborghinis y 100
Ferraris”61.
69. Los elementos probatorios relacionados62 demuestran que el entonces
Director de la Dian brindó información a algunos medios de comunicación sobre
la situación presentada en el país en relación con la importación de vehículos de
alta gama. De la valoración conjunta de las noticias allegadas se constata que no
hubo un señalamiento expreso ni directo de parte de dicho funcionario frente a la
sociedad demandante, pues se limitó a hacer referencia a: (i) “gente”
inescrupulosa que logró hacer declaraciones de importación manuales por cifras
irrisorias; (ii) denuncias por las operaciones de importación donde no se declara
el valor real de vehículos de alta gama como Lamborghinis (que no los importaba
la demandante) y Maseratis, informando que por el contrabando con
subfacturación el Estado dejaba de percibir alrededor de 10 billones de pesos; (iii)
que se estaban adelantado las investigaciones y acciones pertinentes para
defender el erario; (iv) que la Dian tenía conocimiento de la entrada de dos
Lamborghinis, uno por Santa Marta y el otro por El Dorado en Bogotá; además,
de Ferraris y Maseratis que estaban en investigación.
60
Folios 28, c. 1.
61
Folio 19, 24 a 27, c. 2.
62
Los recortes de prensa y noticias publicadas por medios periodísticos en la internet, como los allegados por
la demandante, son documentos privados que en principio sólo prueban la publicación de la información en
éstos contenida, motivo por el cual no ostentan por sí solos la entidad suficiente para probar la existencia y
veracidad de la situación que narran y/o describen, por lo que su eficacia probatoria depende de su conexidad
y coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente. De conformidad con lo señalado
por esta Corporación, “cualquier género periodístico que relate un hecho (reportajes, noticias, crónicas, etc.),
en el campo probatorio puede servir solo como un indicador para el juez, quien, a partir de ello, en concurrencia
con otras pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, podría llegar a constatar la certeza de los
hechos”. (Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de mayo de 2012,
Radicación número: 110010315000201101378-00).
26
Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00304-01 (62.810)
Actor: GP CARS S.A.S.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –
DIAN-
Referencia: Reparación directa
70. Como se observa, en ninguna de estas noticias el Director de la DIAN
individualizó a la empresa GP CARS como contrabandista o defraudadora de la
renta de aduanas, sino que sus declaraciones se limitaron a enunciar las marcas
de carros con las que se estaban presentado inconsistencias en el pago de
tributos por importación, donde se hizo referencia incluso a un Lamborghini que
ingresó por el puerto de Santa Marta que nada tenía que ver con los automóviles
que importaba la actora. Es decir, correspondió a un relato objetivo de lo que
estaba sucediendo con la importación de vehículos de alta gama en el país, datos
que fueron ofrecidos por la persona a cargo de la dirección de la entidad aduanera,
quien, como era lógico, estaba al tanto de las problemáticas en esta materia y
manifestó su preocupación por las pérdidas económicas que esto implicaba para
el Estado, al tiempo que puso en evidencia su intención de emprender las
acciones necesarias para defender el patrimonio público, obligación ineludible en
su calidad de servidor público.
71. Ahora, si bien en el titular del 23 de febrero de 2012 publicado por CM& La
Noticia se indicó que “Por problemas en los documentos de importación, la DIAN
inmovilizó en la ciudad de Bogotá un vehículo Maserati estimado en 250 mil
dólares, y perteneciente a la compañía importadora GP Cars”, ello fue producto
del ejercicio periodístico y la libertad de información que radica en cada uno de
los medios de comunicación, los cuales estaban cubriendo un caso mediático, al
lado de lo cual, no puede perderse de vista que la inmovilización del referido
automóvil y la exposición de lo ocurrido en los medios no tuvo origen en la
información brindada por el Director de la DIAN, sino en el acto o hecho mismo de
la demandante que propició la investigación al entregar dos facturas diferentes
para la importación de un mismo vehículo, por manera que debía asumir las
consecuencias de ello.
72. Se agrega a lo anterior, que en la misma publicación (de CM& La Noticia), la
entidad demandada precisó que no se trataba de un caso de subfacturación -hasta
ese momento- sino que se estaba requiriendo la mercancía por inconsistencias
en los documentos de importación, y el mismo representante legal de GP CARS
declaró que “su carro fue inmovilizado por un error de trámite y no por evasión de
impuestos”, lo que sin duda permitió aclarar que se trataba de un simple
requerimiento de verificación.
73. Incluso, la misma parte actora, en el escrito inicial manifestó que la DIAN
nunca había acusado directamente a la empresa, así (se transcribe conforme
obra):
“Si bien una lectura aislada de las noticias permitiría inferir que las declaraciones
del director de la DIAN no acusaron directamente a GP CARS, Io cierto es que
la revisión integral y sistemática de las mismas, así como el conocimiento del
mercado, y del comprador objetivo, permiten asegurar con absoluta claridad que
las acusaciones de contrabando fueron interpretadas por los medios de
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Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00304-01 (62.810)
Actor: GP CARS S.A.S.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –
DIAN-
Referencia: Reparación directa
comunicación y por los clientes potenciales como si hubieran sido dirigidas
a GP CARS, lo cual incidió en la grave lesión de su buen nombre y reputación
comercial, así como en la grave disminución de sus ventas y oportunidades de
negocio.
“En efecto, es necesario destacar que en noticias difundidas el 22 de febrero de
2012, el director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, señaló públicamente que se
estaba investigando la entrada de contrabando de vehículos Maserati, los cuales
habían sido subfacturados a precios irrisorios, circunstancia que generaba
grandes pérdidas para el erario. Dicha noticia, evidentemente no hacía alusión
a GP CARS, por lo que en principio podría pensarse que no tenía el alcance
de afectar su buen nombre, de no ser porque al día siguiente, esto es, el 23
de febrero de 2012, la DIAN acudió al concesionario de GP CARS S.A.S.
ubicado en la ciudad de Bogotá e inmovilizó un vehículo Maserati, lo cual tuvo
un gran cubrimiento y despliegue mediático.
Resulta incuestionable que el anuncio de la investigación de vehículos Maserati
ingresados al país en contrabando seguido de la inmovilización de un carro
Maserati de la vitrina de GP CARS, implica la conexión de ambas noticias,
ampliamente difundidas, en cualquier consumidor promedio, de manera que a
partir del 23 de febrero de 2012 se convirtió en una información de conocimiento
nacional que GP CARS era la empresa que había subfacturado los vehículos
Maserati y que ya le habían inmovilizado el primero de los nueve carros que había
ingresado al país de contrabando”63 (negrilla añadida).
74. Frente a la información que brindan las entidades sobre las actuaciones de
las autoridades públicas, de manera general, no pueden pretender los asociados
que la misma no sea de público conocimiento64 y, menos aún, derivar la lesión al
buen nombre de “conexiones” o conjeturas que hayan podido realizar los medios
de comunicación -los cuales no fueron vinculados al proceso-, en tanto en ellos
radica la libertad de prensa. En este contexto, en tanto el eje axial en el que orbita
el derecho al buen nombre es la reputación de la persona (natural o jurídica 65), se
entiende que existe una alteración o afectación a su goce pacífico cuando se
divulga información falsa o errónea que distorsionan la concepción pública de la
persona por cualquier tipo de medio; esta afrenta, dependiendo su magnitud y
gravedad, puede tener la capacidad de generar responsabilidad para el sujeto
emisor de la información oprobiosa.
63
Folios 92, c. 1.
64
Sólo puede ser reservada excepcionalmente por expreso mandato constitucional o legal. Tales restricciones
deben ser además limitadas, proporcionales y acordes con los principios de una sociedad democrática, lo cual
resulta concordante con las exigencias constitucionales señaladas en los artículos 74 y 209 Superiores y con
la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de acceso a la información pública. Ver, por ejemplo,
sentencia T-007 de 2020.
65
No debe perderse de vista que el ordenamiento jurídico colombiano ha reconocido la titularidad de derechos
intangibles a este tipo de personas jurídicas y si bien su alcance no tiene la misma magnitud que el de las
personas naturales, en tanto no pueden ser consideradas víctimas de los delitos de injuria y calumnia (Cfr.
Sentencia C 452 de 2016), no es óbice para que a merced suya se encuentren dispuestas las herramientas
legales para exigir su respeto y garantía. Es así como en el caso de las personas jurídicas el buen nombre se
le ha comprendido como el “good will” que también puede afrontar desavenencias que generen
responsabilidad y hagan merecedores de resarcimiento a quien ostenta su titularidad.
28
Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00304-01 (62.810)
Actor: GP CARS S.A.S.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –
DIAN-
Referencia: Reparación directa
75. Así las cosas, los elementos de convicción revelan que la información
entregada por el Director de la DIAN no fue falsa ni malintencionada, en tanto ésta
se brindó con el propósito de informar a la comunidad de un tema actual que era
del resorte competencial de esta entidad como recaudadora de los tributos que
ingresan al país por la importación de mercancías; además, se explicó el contexto
en que se estaban adelantando las investigaciones relacionadas con vehículos de
alta gama, por lo que fue veraz e imparcial, tanto es así que la misma demandante
aseguró que el Director nunca identificó de manera puntual a GP CARS, y lo que
demuestran las noticias aportadas como prueba es que lo publicado se manejó
en el escenario de la “investigación” y la “verificación” de los hechos, sin que dicho
hecho pueda reputarse como deshonroso o calumnioso frente a la demandante.
76. Por el contrario, la exposición de GP CARS ante los medios de comunicación
tuvo génesis en su propio actuar, puesto que aun cuando existieron
inconsistencias en las facturas de importación y fue requerida para que entregara
los vehículos con el fin de verificar la documentación y definir la situación jurídica
de los mismos, optó por no entregarlos, de modo que estaba llamada asumir los
efectos adversos que de ello se derivara, como sucedió en el caso sub lite.
77. Todas estas circunstancias evidencian que, aún de haberse acreditado el
daño, la DIAN no intervino en el proceso causal que llevó a la materialización del
mismo; por consiguiente, ante la ausencia de elementos de juicio que permitan
atribuir la afectación al buen nombre de la actora a la DIAN, se torna estéril de
cualquier examen de los fundamentos o sistemas de responsabilidad, objetivos o
tradicionales, pues se está en presencia de una falta absoluta de causalidad del
hecho dañoso que pudiere ser imputable al Estado.
78. En ese orden de ideas, se confirmará la sentencia objeto de apelación, por
cuanto no se acreditaron los presupuestos establecidos en el artículo 90 de la
Constitución Política, para declarar la responsabilidad de la Administración.
Condena en costas
79. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en
la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas en esta instancia, cuya
liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil.
80. El artículo 365 de la Ley 1564 de 2012 señala que hay lugar a condenar en
costas a la parte vencida en un proceso o a quien se resuelve desfavorablemente
el recurso. El artículo 361 ibidem establece que las costas “están integradas por la
totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por
las agencias en derecho”. Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las
tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00304-01 (62.810)
Actor: GP CARS S.A.S.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –
DIAN-
Referencia: Reparación directa
81. El numeral 8 del artículo 365 de la norma referida dispone que “solo habrá
lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida
de su comprobación”. En relación con las agencias en derecho correspondientes
a esta instancia, de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 366
de la Ley 1564 de 2012, se tiene en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la
gestión realizada, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales si las
hubiere.
82. La norma vigente en materia de tarifas de agencias en derecho para la fecha
en que se presentó la demanda es el Acuerdo 1887 de 2003 66. El pleito de la
referencia corresponde a una controversia de reparación directa con cuantía,
frente al cual se interpuso recurso de apelación, en este caso, se encuentra
acreditada la gestión del apoderado de la DIAN, quien contestó la demanda y
presentó alegatos de conclusión en ambas instancias, motivo por el cual la Sala
fijará las agencias en derecho a su favor, en la segunda instancia, por la suma
equivalente al 0.5% del valor de las pretensiones negadas67, esto es, veintisiete
millones ochocientos treinta y ocho mil setecientos veintitrés pesos $27.838.723.
83. Cabe agregar que, en este caso, el porcentaje de 0,5% obedece a la alta
cuantía de las pretensiones económicas de la demanda que fueron negadas, que
ascendieron a la suma de $5.567’744.725 y, en aplicación del parágrafo 3° del
artículo 3 del Acuerdo 1887 de 2003, que señala que “las tarifas por porcentaje se
aplicarán inversamente al valor de las pretensiones”; amén de que aplicar otro
porcentaje mayor resultaría demasiado oneroso para los demandantes.
Finalmente, la liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a quo,
en los términos del artículo 366 ejusdem.
IV. PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
66
Puesto que la demanda se presentó en el 2014 y aún no estaba vigente el Acuerdo PSAA16-10554 de
agosto 5 de 2016. Acuerdo 1887 de 2003: “Artículo 3º—Criterios. El funcionario judicial, para aplicar
gradualmente las tarifas establecidas hasta los máximos previstos en este acuerdo, tendrá en cuenta la
naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado o la parte que litigó personalmente,
autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean
equitativas y razonables. Las tarifas por porcentaje se aplicarán inversamente al valor de las pretensiones.
“(…)
“Artículo. 6º—Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho: “(…) “III CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO “(…). “3.1.3. Segunda instancia. “(...) “Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del
valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia” (se resalta).
67
En primera instancia el Tribunal fijó agencias en derecho en 0.1% de la estimación razonada de la cuantía.
30
Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00304-01 (62.810)
Actor: GP CARS S.A.S.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –
DIAN-
Referencia: Reparación directa
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 23 de agosto de 2018, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.
SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS por la segunda instancia a la parte
demandante, en favor de la DIAN. Para el efecto, las agencias en derecho se fijan
en la suma de veintisiete millones ochocientos treinta y ocho mil setecientos
veintitrés pesos $27’838.723. Las costas se liquidarán de manera concentrada en
el Tribunal a quo.
TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE
el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES (E)
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
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