Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2014-00535-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2014-00535-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2014-00535-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas
24 de julio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 25000-23-36-000-2014-00535-01 (59671)
Demandantes: Varela Fiholl & Compañía S.A.S. y Civilia S.A.
Demandado: Universidad Militar Nueva Granada
Referencia: Medio de control de controversias contractuales
Tema 1: Objeto del recurso de apelación y competencia funcional del juez de segundo grado. Tema
2: Régimen contractual de las universidades públicas y naturaleza jurídica de los actos que expiden
durante el iter contractual. Tema 3: Controversias contractuales como medio de control procedente
cuando el negocio jurídico fue perfeccionado con independencia de si la causa dañosa deviene de
una actuación adelantada en la etapa precontractual. Tema 4. Buena fe objetiva y teoría de los actos
propios. Tema 5. Contribución especial de los contratos de obra pública (Impuesto de guerra).
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte accionante contra la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, el veinticinco (25) de mayo de dos mil diecisiete (2017), que negó las
pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La Universidad Militar Nueva Granada (en lo sucesivo, “UMNG”) abrió un proceso de
invitación pública con el objeto de contratar la construcción de la facultad de relaciones
internacionales, estrategia y seguridad en Cajicá. Durante la etapa precontractual, la
UMNG expidió, entre otras, la adenda número 2, por la cual determinó que el contrato
en ciernes no estaría sujeto al gravamen por concepto de la contribución especial de
que trata la Ley 1106 de 2006 (impuesto de guerra). En esas condiciones, el Consorcio
Varela Civilia presentó propuesta, que fue posteriormente seleccionada por el ente
universitario y, con base en lo allí consignado, se suscribió el contrato de obra 001/
2011, que fue objeto de varias prórrogas y adiciones al precio. Culminado el plazo de
ejecución contractual y entregada a satisfacción la obra, la UMNG retuvo del precio
total del contrato un porcentaje para sufragar el pago del impuesto de guerra, sin
perjuicio de lo previsto en la adenda mencionada, proceder que quedó plasmado en
el acta de liquidación bilateral, dentro de la cual se dejó una salvedad al respecto.
Las sociedades accionantes, quienes integraron el consorcio contratista, pretenden
en este contencioso que se declare el incumplimiento contractual de la UMNG al variar
unilateralmente las condiciones económicas del contrato y descontar un porcentaje de
su precio para pagar el impuesto de guerra, generando un desequilibrio económico, y
en consecuencia, que se modifique el acta de liquidación bilateral, con la exclusión del
monto retenido. En caso de que no prosperaran dichas súplicas, el extremo activo pide
que se declare la nulidad del acto administrativo contentivo de la adenda número 2 y,
subsecuentemente, la nulidad absoluta del contrato, con la consecuente condena.
Radicado: 25000-23-36-000-2014-00535-01 (59671)
Partes: Varela Fiholl & Compañía S.A.S. y Civilia S.A.
contra Universidad Militar Nueva Granada
El Tribunal negó las pretensiones de la demanda, al considerar que la retención que
efectuó la UMNG por concepto del impuesto de guerra no puede configurarse como
un hecho constitutivo de desequilibrio económico, puesto que su origen es de carácter
legal y este se encontraba vigente para la época en que se presentó la oferta. La parte
actora insistió, en alzada, sobre la prosperidad de sus pretensiones anulatorias como
fundamento de la responsabilidad de la UMNG, bajo el argumento de que el a quo no
se ocupó de analizar la legalidad de la adenda 2 y los efectos adversos que de ello se
derivaron.
II. ANTECEDENTES
2.1. El veinticinco (25) de abril de dos mil catorce (2014)1, con fundamento en los
hechos resumidos en el acápite anterior, Varela Fiholl & Compañía S.A.S.2 y Civilia
S.A.3 (quienes conformaron el Consorcio Varela Civilia4) presentaron demanda
en ejercicio del medio de control de controversias contractuales contra la UMNG,
con las pretensiones que, a continuación, se sintetizan:
2.1.1. Principales: (i) se declare que la UMNG incumplió el contrato 001 de
2011, “al desconocer su decisión contenida en la adenda 2, en el sentido de no
contemplar dentro del presupuesto el descuento por contribución especial”, (ii)
se declare que la UMNG “al variar unilateralmente las condiciones económicas
y jurídicas del contrato […] generó el desequilibrio financiero del mismo” y, en
consecuencia, se ordene su restablecimiento; (iii) se modifique judicialmente la
liquidación bilateral del contrato, “en el sentido de incluir […] como saldo a favor
del contratista las sumas descontadas del precio del contrato por concepto de
contribución especial”; (iv) se condene a la UMNG a reconocer y cancelar los
perjuicios patrimoniales derivados de la ejecución del contrato, en la suma de
$672.163.029, “equivalentes al valor descontado por contribución especial del
5% del valor del contrato”; (v) se actualice la suma anterior; y (vi) se condene
en costas a la parte demandada.
2.1.2. Subsidiaria: (i) se declare la nulidad de la adenda 2 de invitación pública
003 de 2011 “por ilegal al desconocer las normas fundantes, que indujo a error
a los oferentes” al determinar expresamente que el contrato en ciernes no sería
objeto del gravamen por contribución especial para contratos de obra; (ii) como
consecuencia de lo anterior, se declare la nulidad absoluta del contrato 001 de
2011; (iii) se condene a la UMNG al pago de $672.163.029 “por concepto de
restablecimiento del derecho ante la retención y descuento de parte del precio
del contrato”, (iii) se actualice la suma anterior; y (iv) se condene en costas a
la parte demandada.
1 Folios 1 a 38 del cuaderno 1 y CD 1.
2 Folios 6A a 8A del cuaderno 1. Certificado de existencia y representación legal R041198758 expedido por la
Cámara de Comercio de Bogotá el 21 de marzo de 2014.
3 Folios 3A a 5A del cuaderno 1. Certificado de existencia y representación legal R041495558 expedido por la
Cámara de Comercio de Bogotá el 9 de abril de 2014.
4 Folios 33 del cuaderno de pruebas 1. Formato de conformación de consorcios suscrito el 26 de abril de 2011
por los representantes legales de Varela Fiholl & Compañía Ltda. y Civilia S.A., por medio del que manifestaron
haber conformado el Consorcio Varela – Civilia, con una participación del 60% y el 40% respectivamente, y
cuyo representante legal sería el Jairo Enrique Varela Fiholl.
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2.1.3. Como fundamento jurídico de sus pretensiones principales, las sociedades
accionantes refirieron que la UMNG transgredió los principios de planeación, buena fe
y confianza legítima, además, del mandato que establece que los contratos legalmente
celebrados son ley para las partes, al haber descontado un porcentaje del precio del
contrato para sufragar el gravamen por concepto del impuesto de guerra incluido en
el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006, desconociendo «la cláusula contractual del
numeral 17 del literal d) de la adenda 2 en la cual expresó que “el contrato al que se
refería la invitación pública, no sería objeto del gravamen por concepto de impuesto
de contribuciones especiales por contrato de obra pública”, por tanto, esa contribución
especial […] no formaba parte de los impuestos y retenciones […] que debían correr
por cuenta del contratista, en la medida en que fue la propia entidad contratante quien
lo relevó de dicha obligación». En suma, expresó que el proceder del ente universitario
le generó un desequilibrio económico que no estaba en la obligación de soportar.
En apoyo de las súplicas subsidiarias, la parte actora indicó que la ilegalidad de los
actos previos puede alegarse como fundamento de la nulidad absoluta del contrato,
de manera que en el caso concreto resulta procedente “la declaratoria de nulidad
absoluta del contrato de obra 01 de 2011 y del acto previo nulo (adenda 2) en que está
fundado, de conformidad con el artículo 44.4 de la Ley 80 de 1993 […], toda vez que
el acto previo viol[ó] el ordenamiento legal en cuanto vía administrativa desconoc[ció]
los postulados de una obligación tributaria de origen legal, particularmente lo previsto
en […] la Ley 1106 de 2006 […], exonerando por disposición expresa la UMNG al
contratista de tal obligación, induciéndolo a error al momento de proponer y contratar”.
2.2. El treinta y uno (31) de julio de dos mi catorce (2014)5, la UMNG contestó la
demanda, con oposición a la totalidad de las pretensiones en ella formuladas. Como
argumentos defensivos, manifestó que si bien a través de la adenda 2 se estableció
que el contrato en ciernes no sería objeto del impuesto de guerra, también es cierto
que tanto en el pliego de condiciones como en el texto del contrato se fijó clara e
inequívocamente que “los impuestos y retenciones que surg[ieran] por la celebración,
ejecución y liquidación del contrato corr[erían] por cuenta del contratista”, cuestión que
fue expresamente aceptada por el consorcio cuando de manera consiente, voluntaria
y libre signó el contrato de obra que le fue adjudicado, “coligiéndose por tanto, que en
todo momento, estuvo consiente de la retención por el impuesto de guerra que ahora
aduce no conocer”, quedando desprovisto de argumentos el supuesto quebranto de
los principios de planeación, confianza legítima y buena fe. En suma, expresó que aun
cuando el contrato es ley para las partes debe tenerse en cuenta que, con fundamento
en el artículo 38 de la Le 153 de 1887, en todo contrato se entiende incorporadas las
leyes vigentes al tiempo de su celebración, “y para el caso en curso el impuesto de
guerra retenido al consorcio se expidió en el 2006 mediante la Ley 1106 queriendo
decir con esto que si el contrato 01 se suscribió en el año 2011, para esta fecha ya se
encontraba vigente el impuesto de contribución especial y en consecuencia estaba
incorporada a dicha relación contractual”, por lo tanto, el monto descontado por este
concepto no puede estimarse como un hecho constitutivo de desequilibrio económico.
5 Folios 52 a 76 del cuaderno 1.
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2.3. El veintinueve (29) de abril de dos mil quince (2015)6, el tribunal celebró audiencia
inicial, en la cual, entre otras decisiones, resolvió: (i) declarar saneada la actuación
procesal; (ii) declarar la ausencia de ánimo conciliatorio; (iii) fijar el litigio7; (iv); tener
como pruebas los documentos aportados por ambas partes y decretar una prueba
documental faltante (Acuerdo 04 de 2010 - Reglamento General de Contratación de
la UMNG); y (v) fijar fecha y hora para celebrar la audiencia de pruebas.
2.4. El dos (2) de junio de dos mil quince (2015)8, la autoridad judicial de primer
grado celebró audiencia de pruebas, en la que constató que la prueba documental
decretada fue allegada al proceso y, tras prescindir de la audiencia de alegación y
juzgamiento, corrió traslado a las partes y al Ministerio Público, para que aquellas
alegaran de conclusión y este rindiera concepto de fondo.
2.5. Dentro del término de traslado, la parte accionante9 y la UDEA10 alegaron de
conclusión, con reiteración de lo argumentado en oportunidades precedentes y que
sirvió de fundamento a la causa y a la contradicción. El Ministerio Público guardó
silencio.
2.6. El veinticinco (25) de mayo de dos mil diecisiete (2017), el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca dictó sentencia de primera instancia11, con desestimación de las
pretensiones formuladas en la demanda. Como fundamento de lo resuelto, consideró:
2.6.1. Que, por regla general, en la contratación estatal rige el principio de la
autonomía de la voluntad, sin embargo, las estipulaciones incluidas bajo este
principio no pueden contravenir la Constitución y la Ley. Así las cosas, arguyó
que si bien durante la etapa precontractual se expidió la adenda 2 y en esta
se estableció que el negocio jurídico en ciernes no sería objeto del gravamen
por concepto de las contribuciones especiales de que trata la Ley 1106 de 2006
(impuesto de guerra), la retención que efectuó la UMNG por ese concepto no
se puede configurar como un desequilibrio económico del contrato, “puesto
que su origen es de carácter legal, cuyo sujeto pasivo es la persona natural
o jurídica que celebra contratos de obra con una entidad pública. Disposición
que ya estaba vigente para la fecha en que se celebró el contrato”.
2.6.2. Que el impuesto recaudado por la UMNG no puede considerarse como
una medida imprevista para el contratista, ni tampoco puede afirmarse que la
inclusión de la adenda 2 lo hubiera inducido a error al momento de calcular
su oferta económica, debido a que en el pliego de condiciones se estableció
de manera clara y expresa que todos los impuestos, tasas y contribuciones
6 Folios 94 a 95 del cuaderno 1 y CD 3.
7 El Tribunal consideró que en el presente litigio debe establecerse: “1. Si declara el incumplimiento del contrato
de obra 001 de 2011 por parte de la UMNG, así como el restablecimiento del equilibrio económico en favor del
contratista. // 2. Si procede modificar el aspecto económico de la liquidación bilateral del contrato, incluyendo a
favor del contratista el valor que le fue descontado por concepto de contribución especial ($672.163.029). // 3.
Subsidiariamente, determinar si debe declararse la nulidad de la adenda 2 de la invitación pública 03 de 2011,
por desconocer normas fundantes e inducir a error a los proponentes, al decir que no se harían descuentos por
contribución especial, y en consecuencia, declarar la nulidad absoluta del contrato”.
8 Folio 120 del cuaderno 1 y CD 5.
9 Folios 121 a 127 del cuaderno 1.
10 Folios 128 a 146 del cuaderno 1.
11 Folios 153 a 158 del cuaderno principal.
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que pudieran originarse en el contrato debían ser asumidos por aquel, por lo
tanto, “tampoco procede el incumplimiento aludido por los demandantes
fundado en la falta de planeación por el cobro del impuesto de guerra”.
2.7. El ocho (8) de junio de dos mil diecisiete (2017)12, la parte accionante interpuso
recurso de apelación contra el fallo antedicho, para que sea revocado y, en su lugar,
“se declare la nulidad de la adenda 2 por ilegal [y se] establezca la responsabilidad de
la demandada por su actuar en la fase precontractual y contractual […], en el sentido
de reparar el daño patrimonial que [los demandantes] no estaban en el deber jurídico
de soportar”. Como argumentos de inconformidad expresó:
2.7.1. Que el a quo se limitó a establecer que la adenda 2 no afectó el equilibrio
económico del contrato, sin embargo, no analizó su ilegalidad, pese a “haberse
solicitado en la demanda una pretensión subsidiaria para que fuera declarada
en sede judicial”. Así las cosas, —consideró— no puede existir silencio de la
jurisdicción ante una pretensión puntual de nulidad de un acto previo (adenda
2), que fue determinante a la hora de confeccionar la propuesta presentada por
los ahora accionantes, y que “con base en el principio de inalterabilidad de las
reglas del pliego confi[aron] en que la estructura económica del precio pactado
no iba a ser afectado por la decisión unilateral de la demandada”.
2.7.2. Que si bien no discute “que el impuesto de guerra estaba vigente para la
época en que se celeb[ó] el contrato, ni que [el contratista] debía acatar la ley
sobre ese tributo y con base en ello estructurar [los] costos y precios de su
oferta”, lo cierto es que la responsabilidad de la UMNG se encuentra probada,
pues profirió un acto administrativo precontractual (adenda 2), que aun siendo
ilegal por contravenir normativa tributaria, gozaba de presunción de legalidad,
para luego inaplicarlo durante la ejecución del contrato, transgrediendo, así, el
principio de buena fe, en detrimento del patrimonio del otrora contratista, a
quien de manera inconsulta se le dedujo de su remuneración “el 5% del valor
del contrato, por impuesto de guerra”.
2.8. El cinco (5) de febrero de dos mil dieciocho (2018)13, la parte actora y la UMNG
presentaron sus alegatos de conclusión de manera oral. El primero con reiteración
de los juicios expuestos en el recurso de alzada concerniente a la ilegalidad del acto
precontractual (adenda 2) y la responsabilidad que de ello se deriva; el segundo con
argumentos encausados a que se confirme íntegramente la sentencia de primera
instancia. Por su parte, el Ministerio Público, por intermedio del ahora magistrado de
esta Sala Nicolás Yepes Corrales, rindió concepto desfavorable a los intereses del
recurrente14, al considerar que el recurso presentado por la parte accionante se limitó
a cuestionar la legalidad del acto precontractual (adenda 2), sin embargo —afirmó—
que frente a esta pretensión subsidiaria operó la caducidad de la acción15.
12 Folios 162 a 165 del cuaderno principal.
13 Folios 205 a 206 del cuaderno principal y CD 6. La audiencia de alegatos fue presidida por el entonces
magistrado Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
14 Ibidem y Folios 193 a 204 del cuaderno principal.
15 Con fundamento en el artículo 136.2 del CCA —aplicable a las pretensiones subsidiarias— consideró que
“los extremos para realizar el conteo de la caducidad van desde el día siguiente a la fecha de perfeccionamiento
del contrato, que fue el 15 de julio de 2011 y los dos años van hasta el día 15 de julio de 2013. La solicitud de
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2.9. El veintiséis (26) de abril de dos mil diecinueve (2019)16, el magistrado Nicolas
Yepes Corrales manifestó estar impedido para conocer del presente asunto por haber
emitido el concepto referido en el punto inmediatamente anterior. El veintinueve (29)
de julio de dos mil diecinueve (2019)17, el consejero sustanciador de esta providencia
declaró fundado el impedimento referido y, posteriormente, avocó el conocimiento
del asunto18.
III. CONSIDERACIONES
Cuestiones preliminares
3.1. La jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer
de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas19,
como lo es la UMNG20. De igual manera, esta Corporación es la encargada de desatar
el recurso de apelación interpuesto por la parte accionante en contra de la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca21, toda vez que es un asunto
con vocación de doble instancia22, en razón a la cuantía23.
3.2. Ahora bien, el artículo 320 del Código General del Proceso (“CGP”) —aplicable
de manera supletoria al procedimiento contencioso administrativo de conformidad con
lo establecido por el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (“CPACA”)24 y lo dicho por la jurisprudencia administrativa
unificada25— dispone que el “recurso de apelación tiene por objeto que el superior
conciliación extrajudicial se presentó el día 13 de diciembre de 2013 pero para ese entonces ya había operado
el fenómeno de la caducidad frente a las pretensiones subsidiarias, que son el objeto de controversia en el
recurso de apelación”.
16 Folio 345 del cuaderno principal.
17 Folios 347 a 348 del cuaderno principal.
18 Folio 351 del cuaderno principal.
19 CPACA. “Artículo 104. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer […] de las
controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho
administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas […]. // Igualmente conocerá de los
siguientes procesos […]: 2. Los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte
una entidad pública […]. // Parágrafo. […] se entiende por entidad pública todo órgano, organismo o entidad
estatal, con independencia de su denominación; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una
participación igual o superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o participación estatal igual o superior
al 50%”.
20 LEY 805 DE 2003. “Artículo 1º. La Universidad Militar Nueva Granada es un ente universitario autónomo del
orden nacional, con régimen orgánico especial, cuyo objeto es la educación superior y la investigación, dirigidas
a elevar la preparación académica de los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, en actividad
o en retiro; los empleados civiles del sector defensa, los familiares de todos los anteriores, y los particulares que
se vinculen a la universidad. Vinculado al Ministerio de Educación Nacional, en lo que a las políticas y a la
planeación del sector educativo se refiere”.
21 CPACA. “Artículo 150. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos”.
22 CPACA. “Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes
asuntos: […] 5. De los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en que sea parte una entidad
pública en sus distintos órdenes o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado […], cuando la
cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
23 La demanda se presentó en el año 2014, época para la cual el salario mínimo era de $616.000, por lo tanto,
los 500 salarios mínimos equivalían a $308.000.000. Entonces, la cuantía de la mayor pretensión aducida por
el actor, que ascendía a $672.163.029, supera el monto legalmente exigido.
24 CPACA. “Artículo 306. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de
Procedimiento civil en lo que sea compatible con la naturaleza d los procesos y actuaciones que correspondan
a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.
25 CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio de
2014, exp. 49299 “[…] según lo analizado, a partir de la entrada en vigencia del Código General del Proceso,
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examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos
formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión”. En
razón a ello, la competencia funcional de la Sala, como juez de segunda instancia,
se limita a pronunciarse “sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio
de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley", como
lo establece el artículo 328 del CGP.
En línea con las prescripciones normativas expuestas en el párrafo inmediatamente
precedente, esta Subsección ha considerado26 que el objeto de la apelación recae
sobre las decisiones adoptadas en la providencia recurrida y en su fundamentación;
razón por la que el impugnante, al sustentar el recurso27, tiene la carga de exponer
los desaciertos en los que hubiera incurrido el a quo al resolver el litigio planteado.
Por lo tanto, en principio, los aspectos ajenos a los cargos del recurso con los que
fueron rebatidos los fundamentos de la providencia impugnada deben ser excluidos
del debate en la instancia superior, pues en el recurso alzada opera tanto el principio
de non reformatio in pejus, como el principio dispositivo, de acuerdo con los cuales,
es el recurrente quien delimita, con la formulación y sustentación del recurso, la
competencia funcional del ad quem28.
3.3. En el sub examine, el recurso de alzada fue interpuesto únicamente por la parte
actora, quien se limitó a reprochar la falta de pronunciamiento sobre la legalidad de la
adenda 2 de la invitación pública 003 de 2011 —a la cual le dio la connotación de acto
administrativo precontractual— como colofón de la nulidad absoluta del contrato y el
consecuente restablecimiento29. En consecuencia, la competencia funcional de esta
Sala se circunscribe a decidir sobre este único aspecto —excluyéndose del ámbito de
estudio las pretensiones atinentes a declarar el desequilibrio económico del contrato
y el incumplimiento contractual—. No obstante, para cumplir con dicho cometido, se
estima necesario, en primer lugar, determinar el régimen jurídico que rige la invitación
esto es, el 1ª de enero de 2014, en los eventos de remisión al Código de Procedimiento Civil, se entenderá que
las normas aplicables serán las dispuestas en la nueva legislación procesal”.
26 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencias del 22 de agosto de 2022 y del 10 de
marzo de 2023, exp. 55759 y 56170 respectivamente.
27 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, auto de 30 de agosto de 1984, Gaceta Judicial
No. 2415: «Si, como ya está dicho, la apelación es una faceta del derecho de impugnar, expresión ésta derivada
de la voz latina "impugnare", que significa "combatir, contradecir, refutar", tiene que aceptarse que el deber de
sustentar este recurso consiste precisa y claramente en dar o explicar por escrito la razón o motivo concreto
que se ha tenido para interponer el recurso; o sea, para expresar la idea con criterio tautológico, presentar el
escrito por el cual, mediante la pertinente crítica jurídica, se acusa la providencia recurrida a fin de hacer ver su
contrariedad con el derecho y alcanzar por ende su revocatoria o su modificación […]. Cree la Corte que no
pueda darse por sustentada una apelación, ni por ende cumplida la condición que subordina la admisibilidad de
este recurso, cuando el impugnante se limita simplemente a calificar la providencia recurrida de ilegal, injurídica
o irregular; tampoco cuando emplea expresiones abstractas tales como, “sí hay prueba de los hechos" u otras
semejantes, puesto que aquellos calificativos y estas expresiones, justamente por su vaguedad e imprecisión
no expresan, pero ni siquiera implícitamente, las razones o motivos de la inconformidad del apelante con las
deducciones lógico-jurídicas a que llegó el Juez en su proveído impugnado».
CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 23 de abril de 2021, expediente 48450:
”[…] la Sala debe reiterar que la apelación se encuentra limitada a los aspectos indicados por la parte actora en
su recurso, en tanto a través de ella se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión
judicial, por lo cual corresponde a los recurrentes confrontar los argumentos que el juez de primera instancia
presentó para tomar su decisión con sus propias consideraciones, para efecto de solicitarle al juez de superior
jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se plantean ante la segunda instancia […]”.
28 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia SU-327 de 1995, “Las pretensiones del recurrente y su voluntad de
interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime
lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: tantum devolutum
quantum appellatum’”. Criterio reiterado por esa Corporación en la sentencia C-583 de 1997.
29 Apartados 2.7 y subsiguientes.
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pública adelantada por la UMNG como la naturaleza de los actos que expidió con
ocasión de esta fase precontractual.
3.3.1. Los artículos 57.330 y 9331 de la Ley 30 de 1992 establecieron, de forma general,
que las universidades públicas tendrían un régimen contractual especial exceptuado
del Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública (“EGCAP”) que
se gobernaría por las normas del derecho privado. En concordancia con lo anterior, el
artículo 19 de la Ley 805 de 200332, prescribió, de forma particular, que el régimen
contractual de la UMNG se regiría por las normas civiles y comerciales. Ahora bien,
como ya lo refirió esta Subsección, las consecuencias jurídicas de dicha regulación no
se circunscriben solamente al ámbito de la celebración y ejecución del contrato, sino
que se extienden, también, a la fase de formación del negocio jurídico, es decir, a la
etapa precontractual33.
3.3.2. Constatado, entonces, que tanto la invitación pública 003 de 2011 adelantada
por la UMNG34 como el contrato de obra 001 de 2011 derivado de dicho proceso de
selección y celebrado con el Consorcio Varela Civilia35 se gobiernan por un régimen
de derecho privado, debe entenderse como consecuencia necesaria que los actos
emitidos por la institución educativa contratante con ocasión de cualquiera de esas
dos fases (precontractual y contractual) no son en realidad actos administrativos
30 LEY 30 DE 1992. “Artículo 57 […]: inciso modificado por el artículo 1 de la Ley 647 de 2001. El carácter
especial del régimen de las universidades estatales u oficiales, comprenderá […] el régimen de contratación
[…] de acuerdo con la presente ley”.
31 LEY 30 DE 1992. “Artículo 93: Salvo las excepciones consagradas en la presente ley, los contratos que para
el cumplimiento de sus funciones celebren las universidades estatales u oficiales, se regirán por las normas del
derecho privado y sus efectos estarán sujetos a las normas civiles y comerciales, según la naturaleza de los
contratos".
32 LEY 805 DE 2003. “Artículo 19. La Universidad Militar Nueva Granada está facultada para celebrar toda clase
de contratos de acuerdo a su naturaleza y objetivos. Los contratos que para el cumplimiento de sus funciones
celebre la Universidad Militar Nueva Granada se regirán por las normas de derecho privado y sus efectos
estarán sujetos a las normas civiles y comerciales, según la naturaleza de los contratos […]”.
33 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 28 de febrero de 2020, exp. 31628
“Como en los regímenes exceptuados toda la actividad contractual -en sentido amplio- se rige por el derecho
privado, no se puede limitar a la de ejecución del contrato, sino que abarca todas sus fases, es decir, desde la
formación del negocio jurídico hasta la etapa postcontractual. Por ello, en la fase precontractual la regla
predominante será, también, la autonomía privada (arts. 1602 del CC y 870 del C. Co) y las normas supletivas,
como se verá a continuación, serán las correspondientes a la regulación de la oferta y la demanda en la ley
mercantil. // [...] La aplicación del derecho privado, en la fase de formación del contrato, implica que la entidad
estatal se encontrará en la misma posición que el particular, es decir, que tiene la posibilidad de escoger un
contratista mediante un concurso público, sin que ello signifique que emita actos administrativos. Los actos
precontractuales de las entidades de los ‘regímenes exceptuados’, de la misma forma que los de los
particulares, no se catalogan como actos administrativos porque estos se fundan en la posición de supremacía
de la administración, por virtud de las competencias que les asigna la ley y que les permiten imponer sus
decisiones en contra de la voluntad de los particulares. // Las decisiones que adoptan en la fase previa de
formación del contrato, corresponde a actos de gestión contractual, iguales a los que adoptaría un particular,
quien por razón de la autonomía privada, define cómo y con quién entablar una relación de naturaleza
contractual. Ello no quiere decir que estén exentas de responsabilidad, pues, como se verá más adelante, la
aplicación del principio de buena fe exenta de culpa le impone obligaciones durante la etapa de las
negociaciones previas”.
34 Folios 1 a 19 del cuaderno de pruebas 1 (Estudios previos y aviso de prensa de la invitación pública 003 de
2001 promovida por la UMNG). Folios 21 a 62 del cuaderno de pruebas 1 (Pliego de condiciones de la invitación
pública 003 de 2001).
35 Folios 1 a 17 del cuaderno de pruebas 2. Contrato de obra 001/2011 suscrito entre la UMNG y el Consorcio
Varela Civilia cuyo objeto consistía en la “construcción de la Facultada de Relaciones Internacionales, Estrategia
y Seguridad del Campus Nueva Granada en Cajicá, a precios unitarios sin reajuste”.
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sino actos jurídicos36-37-38, que por su calidad no son susceptibles de pretensiones
de nulidad, comoquiera que resulta abiertamente improcedente adelantar un juicio de
legalidad sobre ellos39.
3.4. Ahora, si bien es cierto que la Sección Tercera de esta Corporación, en sentencia
de unificación40, estableció que las controversias relativas a los actos precontractuales
emitidos por las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios (“ESP”), que no tengan
la calidad de actos administrativos, deben tramitarse a través del medio de control de
reparación directa —lógica que también resulta aplicable a otras entidades excluidas
del EGCAP41, como lo es la UMNG42—, en concepto de la Sala dicha regla procede
únicamente cuando las negociaciones previas se hubieran visto frustradas o cuando
el contrato no se hubiera perfeccionado, comoquiera que, en caso contrario, el
medio de control adecuado resultaría ser el de controversias contractuales43.
36 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 5 de julio de 2018, exp. 59530. “[…]
las decisiones adoptadas durante la etapa de formación del contrato adoptadas por las entidades sometidas a
los “regímenes exceptuados”, son expresiones de la autonomía privada como las que adoptan los particulares
durante la fase de negociación y, por lo mismo, no son actos administrativos, salvo aquellos casos en los cuales
la ley disponga expresamente lo contrario”.
37 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Sentencia de 27 de septiembre de 1961, GJ XCVII,
págs. 98-103. siendo el acto jurídico una manifestación de voluntad, que tiene por fin la creación, la modificación
o la extinción de un derecho, es posible, en el momento en que tal manifestación se produce, consignarla por
escrito, ya en orden a la constitución misma del acto, ya para que le sirva simplemente de prueba”.
38 ALESSANDRI, A. y SOMARRIVA M., Derecho Civil, T. II, Santiago de Chile, Editorial Nascimiento, 1998, pág.
5. “Este puede ser definido como la declaración unilateral o bilateral de voluntad, ejecutada con arreglo a la ley,
y destinada a producir efectos jurídicos (creación, conservación, transferencia […]. Las características del acto
jurídico se dan en ser una manifestación voluntaria de una o más personas, diferenciándose así de los hechos
jurídicos que son obra de la naturaleza. Dicha manifestación es hecha con la intención de producir efectos
jurídicos, lo cual lo diferencia de los hechos materiales del hombre (un saludo, una conversación) y de los otros
hechos voluntarios sin intención de producir efectos (delitos). Atendiendo el número de voluntades necesarias
para generarlos, los actos son unilaterales cuando para su generación basta la voluntad de una sola persona
para producir efectos que le son propios (testamento, emancipación, interrupción de la prescripción […]. El acto
jurídico unilateral en el que intervienen varias personas puede ser unilateral, pues la clasificación no se hace
atendiendo al número de personas sino a las voluntades necesarias para producir los efectos de acto mismo,
este es unilateral, pero cuando no puede generases sin el concurso de varias voluntades, es bilateral.
Finalmente, si acto requiere la autorización de un tercero esto no lo hace perder su carácter de unilateralidad”.
39 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, auto del 11 de mayo de 2020, exp. 58562.
40 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de unificación del 3 de septiembre de 2020, exp.42003.
“Salvo las excepciones expresamente establecidas en la ley vigente, los actos precontractuales de los
prestadores de servicios públicos domiciliarios no son actos administrativos y se rigen por la normatividad civil
y comercial, así como, de resultar aplicables, por los principios que orientan la función administrativa.-Salvo las
excepciones expresamente establecidas en la ley vigente, las controversias relativas a actos precontractuales
de prestadores de servicios públicos domiciliarios de conocimiento de esta jurisdicción, que no correspondan a
actos administrativos, deberán tramitarse a través de la acción (medio de control en el CPACA) de reparación
directa. -Como garantía del derecho de acceso a la administración de justicia, el juzgador de conocimiento de
este tipo de controversias, en relación con las demandas presentadas antes de la notificación de esta
providencia, resolverá la controversia de fondo, aunque no se haya empleado la acción (medio de control) que
corresponda, en el marco del régimen jurídico aplicable a este tipo de actos”.
41 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, auto del 11 de mayo de 2020, exp 58562;
Subsección B, sentencias del 10 de febrero de 2021 y del 30 de noviembre de 2023, exp. 53888 y 68952,
respectivamente.
42 Apartado 3.3.1.
43 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 28 de febrero de 2020, exp. 31618.
«[Cuando el régimen jurídico del contrato bajo controversia es exclusivamente de derecho privado] el
fundamento de la respectiva obligación resarcitoria dependerá, según las reglas de la oferta y la demanda, de
si “el lazo contractual se ha perfeccionado o no”. Si se perfeccionó el contrato por la confluencia del
consentimiento de las partes, existirá, sin lugar a dudas, un derecho subjetivo al cumplimiento del contrato, de
manera que a la otra parte será contractualmente responsable de un comportamiento antijurídico que le es
imputable y que habilita la reclamación del interés positivo, ya sea mediante la ejecución de la obligación o el
pago del valor del objeto del contrato y, en ambos casos, con la indemnización de perjuicios (art. 1546 del CC.).
En este caso, el medio de control procedente será el de controversias contractuales. || A su vez, si el contrato
no se formó, pero las negociaciones estaban lo suficientemente avanzadas para que el demandante considerara
que ello iba a producirse o porque las reglas del proceso de negociación suponían que con él debía celebrarse
el contrato, el demandante tendrá derecho al “interés negativo o de confianza” y en consecuencia, el medio de
control procedente será el de reparación directa».
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3.4.1. Ahora, en el caso sub examine, la recurrente protestó que, durante la ejecución
del contrato 001/2006, la UMNG pretermitió un acto precontractual (adenda 2), de
acuerdo con el cual el negocio jurídico en ciernes no sería objeto del impuesto de
guerra, pero, al liquidar el contrato, retuvo el cinco por ciento (5%) del precio total para
el pago de dicha contribución especial, bajo el argumento de que lo allí dispuesto
contravenía normas de carácter tributario. Al tratarse así de actos precontractuales
que, al incorporarse al contenido del contrato 001/2006, surtieron efectos durante su
ejecución, el medio de control procedente era el de controversias contractuales,
que fue el incoado.
3.5. En cuanto a la oportunidad para presentar demandas relativas a contratos,
el artículo 164.2 del CPACA prescribió un término de dos (2) años que, en casos como
el presente, en que los contratos objeto de reproche “requieran de liquidación y esta
sea efectuada de común acuerdo por las partes [se contará] desde el día siguiente a
de la firma del acta”44. En el sub lite se encuentra probado que la UMNG y el Consorcio
Varela Civilia suscribieron el acta de liquidación bilateral el treinta y uno (31) de
diciembre de dos mil doce (2012)45. Por ende, el plazo bienal para la presentación
oportuna del medio de contrato de controversias contractuales corrió desde el primero
(1°) de enero de dos mil trece (2013) hasta el primero (1º) de enero de dos mil quince
(2015). Por consiguiente, la demanda fue presentada oportunamente el veinticinco
(25) de abril de dos mil catorce (2014)46, incluso sin entrar a calcular la suspensión del
término por el trámite de conciliación extrajudicial47.
Sobre el fondo del asunto
3.6. Despejado el panorama para que pueda tomarse una decisión de fondo, la Sala
procederá a resolver el siguiente problema jurídico:
¿La conducta desplegada por la UMNG al expedir la adenda número 2 de la
invitación pública 003 de 2011, en la que estableció que el contrato en ciernes
no sería objeto del gravamen por impuesto de guerra, para luego, durante la
ejecución del contrato, inaplicar esa disposición por considerarla contraria a la
normativa tributaria y, en consecuencia, descontar del precio del contrato un
porcentaje para pagar esa contribución especial, causó un daño antijurídico a
la parte demandante que debe ser indemnizado?
3.7. Como se ha expuesto a lo largo de esta providencia48, el régimen jurídico aplicable
a los contratos y a los actos que se emitan durante toda la actividad contractual en las
44 CPACA. “Artículo 164, La demanda deberá ser presentada: […]. 2. En los siguientes términos, so pena de
que opere la caducidad: […] j) En las relativas a contratos el término para demandar será de dos años que se
contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirva de
fundamento […] // En los siguientes contratos, el término de dos años se contará así: […] iii) en los que requieran
de liquidación y esta sea efectuada de común acuerdo por las partes, desde el día siguiente al de la firma del
acta”.
45 Folios 181 a 187 del cuaderno de pruebas 1. Acta de liquidación bilateral 031 suscrita por la UMNG y el
Consorcio Varela Civilia el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil doce (2012)
46 Apartados 2.1.
47 Folios 229 a 230 del cuaderno de pruebas 2.
48 Apartados 3.3.2.
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que participen universidades públicas, como la UMNG, es el derecho privado, en el
que no operan las prerrogativas de poder público o de autoridad, que se expresan a
través de actos administrativos. En contraste, prevalece en el derecho privado la
autonomía de la voluntad, que reconoce a los sujetos la facultad de autorregular sus
intereses y de dotar de efectos jurídicos vinculantes a tales actos, dentro de los limites
que impone la ley, el orden público y las buenas costumbres.
La facultad de obligarse a través de una manifestación de la voluntad se ciñe, así
mismo, al principio de la buena fe, de acuerdo con el artículo 871 del Código de
Comercio (“CCo”)49, con redacción similar al artículo 1603 del CC50, el cual ordena
que los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe, el cual “consiste
fundamentalmente en respetar en su esencia lo pactado, en cumplir las obligaciones
derivadas del acuerdo, en perseverar en la ejecución de lo convenido, en observar
cabalmente el deber de informar a la otra parte51, y, en fin, en desplegar un
comportamiento que convenga a la realización y ejecución del contrato sin olvidar que
el interés del otro contratante también debe cumplirse y cuya satisfacción depende en
buena medida de la lealtad y corrección de la conducta propia” 52. En consecuencia,
en sede contractual no interesa la convicción o creencia de alguna de las partes de
estar actuando conforme a derecho, esto es la buena fe subjetiva, sino el
comportamiento que propende por la pronta, debida y plena ejecución del acuerdo
contractual.
3.7.1. El principio de la buena fe objetiva impone el respeto de los actos propios. Este
deber se remonta a sus orígenes en el Derecho romano, en el que «la fides suponía
siempre, en todos los ámbitos en que actuaba, un “hacer lo que se dice”, o “cumplir lo
que se promete” o bien “tener palabra”, generándose así una confianza o un estado
de confianza»53. Este postulado, como trasunto de la buena fe orientadora de la
conducta del Estado y de los particulares54, ha trascendido en el ordenamiento jurídico
patrio, dentro del cual “la doctrina de los actos propios obliga […] a aceptar las
consecuencias vinculantes que se desprenden de sus propios actos voluntarios y
perfectos jurídicamente hablando, ya que aquella declaración de voluntad contiene un
designio de alcance jurídico indudable, manifestado explícitamente”55, tesis que sigue
siendo sostenida por esta Sección56.
49 CCo. “Artículo 871. Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán
no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos,
según la ley, la costumbre o la equidad natural”.
50 CC. “Artículo 1603. Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que
en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que
por ley pertenecen a ella”.
51 “En este sentido cfr. M. L. NEME VILLARREAL. Buena fe subjetiva y buena fe objetiva. En Revista de derecho
Privado. No. 17. Universidad Externado de Colombia, Bogotá 2009, p.73”.
52 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de junio de 2011, exp. 18836.
53 BOETSCH GILLET, Cristian, La Buena Fe Contractual, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2015,
Santiago, p. 27.
54 CONSTITUCIÓN POLÍTICA. “Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas
deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos
adelanten ante éstas”.
55 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 16 de mayo de 1991, exp. 5931.
56 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 1º de junio de 2020, exp. 48945;
Subsección A, sentencia del 19 de febrero de 2021, exp. 65277; y Subsección B, sentencia del 28 de abril de
2021, exp. 53250
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La Corte Suprema de Justicia57, por su parte, ha precisado que la doctrina de los actos
propios se sustenta en el principio de “venire contra factum proprium non valet”, que
en castellano se traduce como nadie puede ir válidamente contra sus propios actos, y
que presupone: “(i) una conducta relevante que genere en la otra persona un grado
de confianza legítima sobre la realización o concreción, en el futuro, de unas
consecuencias en particular; (ii) que, con posterioridad, emerja otra conducta (quizás
una pretensión) que contradiga con evidente y objetiva incoherencia, los antecedentes
plantados; (iii) que la nueva situación presentada tenga trascendencia en lo jurídico y
la virtualidad para afectar lo existente; y, (iv) que haya identidad entre quienes
resultaron involucrados en uno y otro episodio”. En una sentencia posterior, esa misma
Corporación estableció que si bien el objetivo principal de la teoría de los actos propios
“es evitar que mediante un cambio intempestivo e injustificado de actitud se genere un
perjuicio a quien asumió una posición de confianza legítima por la conducta anterior
de su contraparte, [lo cierto es que] en ningún momento puede esa invención doctrinal
obligar a una persona a que permanezca en una situación que le genera un perjuicio
cuando tiene la facultad legal de actuar de otra manera y su contraparte carece de
toda expectativa válida”58.
En síntesis, la Sala comprende que la teoría de los actos propios bajo un escenario
contractual radica en el deber que tiene un extremo de actuar manera coherente,
razón por la cual no pueden contradecir sin justificación sus conductas anteriores,
las cuales en principio resultan eficaces, específicamente si con tal comportamiento
genera una expectativa valida o legítima a otro extremo sobre el mantenimiento o la
continuidad de la situación inicial. Empero, como bien lo expuso la Corte Suprema
“esta figura no es una garantía absoluta, sino que es siempre subsidiaria y supletoria,
por lo que no opera cuando existen normas expresas que amparan el comportamiento
de las personas, por muy contrario que pueda ser a sus actuaciones anteriores, pues
el simple cambio del sentido de una conducta no constituye una expectativa de la cual
tenga que surgir una obligación para el agente y, por el contrario, es una actitud del
libre ejercicio de la voluntad que tutela el ordenamiento positivo” 59.
3.8. En atención al breve derrotero normativo y jurisprudencial expuesto, entiende la
Sala que la parte actora alega que la conducta desplegada por la UMNG al descontarle
del precio total del contrato un porcentaje para sufragar el pago del impuesto de guerra
contravino la buena fe objetiva, específicamente, quebrantó la obligación de respetar
sus actos propios, pues en la etapa de tratativas dicha institución educativa, mediante
la adenda 2, había manifestado expresamente que el negocio jurídico que surgiría de
la invitación pública no seria objeto del gravamen por concepto de la contribución
especial que trata la Ley 1106 de 2006. En consecuencia, para dirimir la controversia
así planteada, resulta procedente realizar, en primer término, un recuento del trasegar
precontractual y contractual en lo atinente a lo estipulado sobre los impuestos y las
reglas de pago del contrato:
57 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, sentencia del 24 de enero de 2011, radicado núm.
11001-31-03-025-2001-00457-01.
58 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, sentencia del 17 de agosto de 2016, radicado
11001-31-03-007-2007-00606-01.
59 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, sentencia del 17 de agosto de 2016, radicado
11001-31-03-007-2007-00606-01.
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3.8.1. En el pliego de condiciones de la invitación pública 003 de 201160 se plasmó:
(i) que “serán por cuenta del contratista y se consideran incluidos como parte del
precio todos los impuestos, derechos, tasas y contribuciones que se originen en
desarrollo del contrato, sean estos de carácter nacional, departamental, distrital o
municipal [y que] las obligaciones asumidas en este sentido son las vigentes a la
fecha de presentación de ofertas, en consecuencia, si con posterioridad a esta
fecha y durante la ejecución del contrato los impuestos incluidos en la oferta
aumentan, o se crean nuevos impuestos, la Universidad dará aplicación a lo
estipulado en las normas vigentes”, y (ii) que “toda vez que los impuestos y
retenciones que surjan por la celebración, ejecución y liquidación del contrato
corren por cuenta del contratista, la Universidad hará las retenciones del caso y
cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la ley”.
3.8.2. En la Adenda 2 de la invitación pública 003 de 201161, dentro de la cual se dio
respuesta a las aclaraciones formuladas por los invitados a participar en la invitación
pública referida, se determinó que “el contrato al que se refiere la invitación Pública
003 de 2011, no es objeto del gravamen por concepto de impuesto de contribuciones
especiales por contratos de obra pública”.
3.8.3. En la Resolución 1174 del 14 de junio de 2011 expedida por la UMNG62, se
resolvió “adjudicar la invitación pública 003 de 2011 […] a la propuesta presentada
por el Consorcio Varela Civilia, por un valor de $12.700.660.406,61, incluidos todos
los impuestos y demás pagos a que haya lugar”.
3.8.4. En el contrato de obra 001/2011 celebrado entre la UMNG y el Consorcio Varela
Civilia63 se estipuló: (i) en la cláusula segunda, que “el precio acordado por las partes
es de $12.700.660.407 incluido AIU e IVA y demás impuestos a que haya lugar ”; y
(ii) en el parágrafo tercero de la cláusula tercera, que “los pagos quedan sometidos,
a las siguientes reglas: […] 5) Toda vez que los impuestos y retenciones que surjan
por la celebración, ejecución y liquidación del contrato corren por cuenta del
contratista, la Universidad Militar hará las retenciones del caso y cumplirá las
obligaciones fiscales que ordene la ley”.
3.8.5. Durante la ejecución del contrato, la UMNG al pagar una factura de venta
presentada por el contratista descontó un porcentaje por concepto de impuesto de
guerra64. El Consorcio solicitó la devolución de los saldos descontados por concepto
de la contribución especial, invocando lo establecido en la adenda 265. La institución
educativa, respondió de manera desfavorable la petición anterior, bajo el argumento
que, sin perjuicio de lo establecido en la adenda, se encontraba en la obligación legal
de efectuar dicha retención, pues la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo
60 Folios 31 y 36 del cuaderno de pruebas 1. Numerales 5.3. y 7.9 del pliego de condiciones de la invitación
pública 003 de 2011.
61 Folios 64 a 71 del cuaderno de pruebas 1.
62 Folios 114 a 159 del cuaderno de pruebas 1.
63 Folios 164 a 177 del cuaderno de pruebas 1. Contrato de obra 001 suscrito el 14 de julio de 2011 entre la
UMNG y el Consorcio Varela Civilia cuyo objeto consistía en la “construcción de la Facultada de Relaciones
Internacionales, Estrategia y Seguridad del Campus Nueva Granada en Cajicá, a precios unitarios sin reajuste”.
64 Folio 63 del cuaderno de pruebas 2.
65 Folio 63 del cuaderno de pruebas 2.
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de Estado66 en concepto reciente había aclarado que “las universidades públicas
están obligadas a retener a sus contratistas de obra pública la contribución especial
consagrada en el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006”67. El contratista insistió en el
reintegro de las sumas descontadas y aportó un concepto jurídico que soportaba
su pedimento68. La UMNG respondió en sentido negativo la solicitud precedente y
manifestó, por un lado, que tanto el pliego de condiciones como el contrato eran
claros en establecer que todos los impuestos, tasas y contribuciones debían ser
asumidos por el contratista y, por otro lado, que dicha casa de estudios “no tiene
obligación alguna de reintegrar la suma descontada por concepto de la contribución
especial equivalente al 5% del valor del contrato, toda vez que esta actúa simple y
llanamente como un agente retenedor y no como usufructuario o destinatario final
de dicha contribución especial”69.
3.8.6. En el acta de liquidación bilateral 031 de 2012 del contrato de obra 001/2011
celebrado entre la UMNG y el Consorcio Varela Civilia70, se estableció que al valor
total del contrato, que ascendió a $13.537.103.695 —derivado del precio inicialmente
pactado por $12.700.660.407; el valor de una adición por $752.240.41471 y el valor
de otra adición por $240.687.63772— le fue “descontado por concepto de contribución
especial por contrato de obra públicas el 5% del valor total del contrato esto es
$672.163.029”. El contratista dejó en el acta liquidatoria salvedad concerniente al
descuento efectuado por concepto del impuesto de guerra73.
3.9. De acuerdo con las pruebas enunciadas, resulta incontrovertible el hecho que
durante la etapa precontractual la UMNG profirió un acto jurídico (adenda 2) en el
que plasmó expresamente que el contrato que habría de surgir no sería objeto del
gravamen por concepto de contribuciones especiales por contratos de obra pública,
accionar que ha de establecer este juzgador, si se constituye una manifestación libre
e inequívoca de voluntad.
3.9.1. Al punto, es necesario reparar en el tenor literal de la manifestación que realizó
la UMNG, en la que funda sus pretensiones la parte aquí demandante y recurrente:
“el contrato al que se refiere la invitación Pública 003 de 2011, no es objeto del
gravamen por concepto de impuesto de contribuciones especiales por contratos de
obra pública”. En ésta, no encuentra la Sala, que la institución de educación haya
66 CONSEJO DE ESTADO, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 21 de septiembre de 2011, exp 2062.
67 Folios 64 a 65 del cuaderno de pruebas 2.
68 Folios 66 a 87 del cuaderno de pruebas 2.
69 Folios 88 a 91 del cuaderno de pruebas 2.
70 Folios 181 a 187 del cuaderno de pruebas 1.
71 Folios 18 a 2 del cuaderno de pruebas 2. Otrosí 001 de 2011 al contrato de obra 001 de 2011 celebrado entre
la UMNG y el Consorcio Varela Civilia. “Cláusula Segunda. Al precio acordado por las partes le será adicionada
a suma de $752.240.414, quedando como valor total del contrato la suma de $13.452.900.821”
72 Folios 23 a 26 del cuaderno de pruebas 2. Otrosí 002 de 2012 al contrato de obra 001 de 2011 celebrado
entre la UMNG y el Consorcio Varela Civilia. “Cláusula Segunda. Al precio acordado por las partes le será
adicionada a suma de $240.687.637, quedando como valor total del contrato la suma de $13.693.588.460”
73 Folios 186 (anverso) del cuaderno de pruebas 1. "El contratista se reserva la facultad de reclamar judicial o
extrajudicialmente el reconocimiento y pago de los perjuicios patrimoniales derivados de la ejecución del
Contrato No. 001 de 2011, particularmente aquellos originados por el desequilibrio económico del contrato como
consecuencia del cambio por parte de la Universidad Militar Nueva Granada, en las condiciones jurídicas del
mismo que condujo a la retención y descuento de parte del precio del contrato; igualmente a solicitar el
restablecimiento de la ecuación contractual como consecuencia de soportar imprevistos superiores al porcentaje
pactado en el contrato y definidos en el pliego. En su defecto, de solicitar la nulidad absoluta del contrato por
estar fundado en actos previos nulos (adenda No.2) de conformidad con el Artículo 44 numeral 4° de la Ley 80
de 1993 y su reparación patrimonial correspondiente”.
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expresado una voluntad suya, de enervar la causación de un impuesto; voluntad ésta,
que entrañaría un imposible jurídico por cuanto dicha oferta, así planteada, estaría
gravitando sobre un objeto ajeno a la autonomía privada74. Tampoco admite
interpretación en el sentido del compromiso, por esa institución, de asumir con cargo
a sus propios recursos el pago de la referida imposición. Tal manifestación solo puede
ser apreciada como un concepto sobre el ámbito de aplicación de una norma tributaria,
concepto que, como se expuso en alzada conocía el aquí demandante, venía contrario
a la normativa legal75.
3.9.2. Por otro lado, y en ese contexto, lo allí establecido debe ser interpretado en
armonía con las demás reglas incluidas en el pliego de condiciones, que disponían,
claramente, que todos los impuestos tasas y contribuciones —tanto vigentes como de
creación futura—, debían ser asumidos por la firma que resultara seleccionada como
adjudicataria del contrato proyectado, circunstancia que debe entenderse vinculada
a la suerte, incierta hasta ese entonces, de la aplicabilidad de la normativa tributaria
en cuestión a los contratos excluidos del EGCAP —para la fecha de celebración del
negocio jurídico no había consenso sobre su alcance y obligatoriedad, cuestión que
fue dilucidada por la Sala Plena del Consejo de Estado76—, aunque la fuente formal
de derecho decía, claramente, que su ámbito de aplicación se extendía a cualquier
persona natural o jurídica que suscribiera contratos de obra con entidades públicas,
de modo que le obligaba a “pagar a favor de la Nación, Departamento o Municipio,
según el nivel al cual pertenezca la entidad pública contratante una contribución
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del correspondiente contrato”77.
3.10. Ahora bien, se pregunta la Sala:
¿Lo establecido en la adenda número 2 generó para las ahora sociedades
accionantes, quienes integraron el consorcio adjudicatario del contrato, una
expectativa valida (confianza legitima) encaminada a creer que la UMNG no
les descontaría durante la ejecución del contrato un porcentaje del precio del
contrato para sufragar el impuesto de guerra?
¿Procedió conforme a derecho la UMNG al apartarse de su propio acto y, en
consecuencia, descontar del precio total del contrato debido al contratista un
74 Apartado 3.7.
75 Apartado 2.7.2.
76 Sobre el impuesto de guerra en los contratos de obra pública celebrados con entidades con régimen especial
de contratación consultar: CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de
unificación del 25 de febrero de 2020. “[…] por importancia jurídica y trascendencia económica, la Sala unifica
jurisprudencia respecto a si se realiza el hecho generador de la contribución de los contratos de obras públicas
cuando se celebren contratos de obra con entidades de derecho público sujetas a un régimen especial de
contratación. Para ello, fija las siguientes reglas jurisprudenciales: // 1. Para determinar si se realiza el hecho
generador de la contribución de los contratos de obra pública no es determinante el régimen contractual de la
entidad que celebre el contrato de obra pública, sea el general de la Ley 80 de 1993 o un régimen exceptuado.
El elemento de la obligación tributaria se define en función del contrato celebrado, y no de la actividad o régimen
jurídico de la entidad de derecho público. // 2. Los contratos de obra pública y los contratos de que trata el
artículo 76 de la Ley 80 de 1993 –contratos de exploración y explotación de recursos naturales, y las actividades
comerciales e industriales, son dos categorías de contratos diferentes, en tanto tienen características y
finalidades propias, que impiden que se trate de un mismo contrato // 3. La contribución no grava los contratos
referidos en el artículo 76 de la Ley 80 de 1993, por cuanto no corresponden a los contratos de obra pública
que son objeto de gravamen en el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006”.
77 LEY 1106 de 2006. Artículo 6. De la contribución de los contratos de obra pública o concesión de obra pública
y otras concesiones [impuesto de guerra].
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porcentaje para sufragar el gravamen por concepto del impuesto de guerra,
invocando el cumplimiento de normas tributarias?
3.10.1. Sobre el primer cuestionamiento, debe decirse sin ambages que de acuerdo
con los certificados de existencia y representación de las sociedades Civilia S.A.78
y Varela Fiholl & Compañía S.A.S.79 estas tenían como objeto social80 la realización
de obras públicas y privadas derivadas de cualquier modalidad de contratación, por
tanto, se deduce no solo que ambas tenían amplia experiencia en lo concerniente a
la participación en procesos de selección sino, además, en las cargas y obligación
que surgirían en el evento de resultar adjudicatarios del contrato proyectado, lo que
supone que aquellas deben responder, en cualquier caso, por el giro ordinario de
sus negocios81, que comprende aquellas actividades que en forma habitual ejecutan
las sociedades y que resultan inescindibles a su propósito primario.
Extrapolando lo expuesto al caso concreto, esta Sala considera que dentro del giro
ordinario de los negocios de las sociedades actoras estaban en el deber de conocer
los impuestos y gravámenes que podrían llegar a afectar directamente una relación
contractual de la cual pretendían hacer parte, en particular, la posibilidad de asumir
la obligación tributaria concerniente a que en el evento de contratar una obra con
una entidad pública debían sufragar el referido impuesto de guerra, cuestión que,
como se dejó expuesto en párrafos precedentes82, para la fecha de celebración del
contrato era incierta, pero constituía como una posibilidad latente. Así pues, a pesar
de que la UMNG hubiera plasmado en la adenda número 2 que el contrato en ciernes
no sería objeto del impuesto de guerra, lo cierto es que la institución educativa no
tenía la facultad de exonerarlos del pago de un impuesto de creación legal, máxime
cuando de una interpretación integral y armónica del pliego de condiciones se podía
deducir sin mayor esfuerzo que todos los impuestos debían ser asumidos por el
contratista.
Por las razones expuestas, para la Sala no son de recibo las alegaciones de la parte
accionantes tendientes a establecer que la inclusión de la adenda número 2 a la
invitación pública 003 de 2011 le generó una expectativa legítima sobre el hecho
que durante la ejecución del contrato no se iba a deducir monto alguno por concepto
del impuesto de guerra, más aún si se tiene en cuenta que las sociedades actoras
aceptaron, en alzada, que conocían desde el momento de presentar su oferta que
el impuesto de guerra estaba vigente y que debían acatar la ley sobre ese tributo y,
78 Folios 3A a 5A del cuaderno 1. Certificado de existencia y representación legal R041495558 expedido por la
Cámara de Comercio de Bogotá el 9 de abril de 2014.
79 Folios 6A a 8A del cuaderno 1. Certificado de existencia y representación legal R041198758 expedido por la
Cámara de Comercio de Bogotá el 21 de marzo de 2014.
80 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 19 de febrero de 2014, exp. 60126.
«El objeto social comprende el “objeto principal”, que “se refiere a los negocios o actividades principales que la
sociedad se propone desarrollar, los cuales pueden tener o no conexión entre sí, siempre que se encuentren
debidamente enunciados en la escritura social” y, también, el “objeto secundario”, en el que “se entienden
incluidos todos aquellos actos o contratos tendientes al desarrollo del objeto social principal».
81 Ibidem. “Si bien el llamado giro ordinario de los negocios se encuentra determinado por las actividades que
constituyen el objeto social, resultan oportunas algunas precisiones conceptuales en torno al empleo constante
en la práctica mercantil de la referida expresión ‘giro ordinario de los negocios’. Partiendo de las anteriores
consideraciones en cuanto al tema del objeto social, se concluye que éste alude a las actividades que desarrolla
o se propone realizar el ente social, al paso que solamente quedan cobijadas por ‘giro ordinario’ aquellas
actividades que en forma habitual u ordinaria, ejecuta la sociedad”.
82 Apartado 3.9.2.
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con base en ello, estructura los costos y precios de su oferta económica 83, pues
como lo ha dicho esta Corporación, “la confianza legitima no puede alegarse para
salvaguardar actuaciones que han sido expresamente proscritas por la Ley” 84.
3.10.2. En lo atinente a establecer si la UMNG se encontraba legalmente habilitada
para apartarse de lo fijado por ella en la adenda número 2 y descontar los montos
necesarios para sufragar el impuesto de guerra, debe recordarse, en primer lugar,
que en el contrato celebrado se estableció claramente, siguiendo la misma línea del
pliego de condiciones, que los impuestos, tasas y retenciones que surgieran por la
celebración, ejecución y liquidación del contrato correrían por cuenta del contratista,
en consecuencia, la UMNG estaba obligada a efectuar las retenciones del caso y
cumplir con las obligaciones tributarias que ordene la ley; en segundo lugar, que en
los contratos se entienden incorporadas las leyes vigentes al momento de su
celebración85, por lo tanto, para la fecha de suscripciones del negocio jurídico bajo
análisis no solo se encontraba vigente el ya mencionado artículo 6º de la Ley 1106
de 2006 que regulaba lo concerniente al impuesto de guerra 86, sino también el
artículo 121 de la Ley 418 de 1997, que establecía que la contribución especial no
recae sobre las entidades públicas contratantes sino sobre sus contratistas, por lo
que en el contexto de dicha obligación tributaria, las entidades públicas contratantes
sólo actúan como agentes de retención con deber de trasladar las sumas
recaudadas a la entidad territorial del nivel al que pertenezcan.
Revelado lo anterior, debe concluirse que la conducta desplegada por la UMNG al
inaplicar la adenda número 2 para descontar y retener un porcentaje del precio total
del contrato para el pago de gravamen por impuesto de guerra se fundamentó no
solo en prescripciones negociales validas sino en normas tributarias vigentes y de
obligatorio cumplimiento, proceder que, en consecuencia, no transgrede el principio
de buena fe objetiva, pues como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, la figura
de los actos propios no opera de manera automática, ni en todos los eventos, “por
ello, en las situaciones en que hipotéticamente hay incursión en los predios del acto
propio debe sobrevenir la confrontación del suceso en sí con la regulación normativa
vigente para determinar la pertinente procedencia. Su vitalidad, entonces, se patentiza
en la medida en que el asunto del que se trate no tenga una regulación legal general
o especial ante la cual, por su naturaleza, el principio deba ceder” 87.
3.11. En definitiva, esta Colegiatura responde negativamente el problema jurídico
planteado y, en consecuencia, confirmará el fallo proferido por el Tribunal de
primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda, pero por las razones
expuestas a lo largo de este proveído.
83 Apartado 2.7.2.
84 CONSEJO DE ESTADO, Sección Quinta Descongestión, sentencia del 12 de julio de 2018, exp 00348.01
85 LEY 153 DE 1887. Artículo 38.
86 La contribución especial para la seguridad ciudadana (impuesto de guerra) fue inicialmente incluida en la Ley
418 de 1997 "por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la
justicia y se dictan otras disposiciones", sin embargo, su vigencia original de 2 años fue prorrogada inicialmente
por 3 años (Ley 548 de 1999), luego por 4 años más (Ley 782 de 2002), posteriormente por otros 4 años
adicionales (Ley 1106 de 2006) y, finalmente, por otros 4 años más, según lo dispuso recientemente la Ley
1421 de 2010.
87 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, sentencia del 24 de enero de 2011, radicado núm.
11001-31-03-025-2001-00457-01.
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IV. COSTAS
4.1. El artículo 361 del CGP prevé que “las costas están integradas por la totalidad
de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias
en derecho”. A su turno, los artículos 365.188 y 36689 ejusdem, aplicables a los
procesos contenciosos administrativos por remisión expresa del artículo 188 del
CPACA90, establecen que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o
a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. Su liquidación se
realizará, de manera concentrada, por la secretaría del a quo, correspondiéndole a
este juzgador la fijación de las agencias en derecho de segunda instancia, de acuerdo
con las tarifas fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura.
4.2. Bajo tales previsiones, la Sala condenará en costas a la parte accionante, dado
que interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia y
este no prosperó. Para tal efecto, el Tribunal de origen efectuará la correspondiente
liquidación y tasación, debiendo considerar que, en esta instancia se fijan agencias en
derecho por el 0,1% de las pretensiones de la demanda. Lo anterior, con fundamento
en las tarifas fijadas en el acuerdo 1887 de 2003 expedido por el Consejo Superior de
la Judicatura91.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, el veinticinco (25) de mayo de dos mil
diecisiete (2017), que negó las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a las sociedades accionante, las cuales serán
liquidadas de manera concentrada por el a quo, debiendo considerar que en esta
88 CGP. “Artículo 365. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la
condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el
proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, suplica, anulación
o revisión que haya propuesto […]”.
89 CGP. ““Artículo 366. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado
que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia
que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a
las siguientes reglas: […] 3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los
demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados,
hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el
magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado. […] 6. Para la fijación de agencias en
derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas
establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad
y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso
y otras circunstancias especiales, sin que pueda excederse el máximo de dichas tarifas” (subrayado añadido).
90 CPACA. “Artículo 188. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del CPC”.
91 ACUERDO 1887 de 2003. El artículo 6 numeral 3.1.3 establece que, para los medios de control promovidos
en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la tarifa en segunda instancia será “hasta del (5) por ciento del
valor de las pretensiones reconocidas o negadas”.
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Radicado: 25000-23-36-000-2014-00535-01 (59671)
Partes: Varela Fiholl & Compañía S.A.S. y Civilia S.A.
contra Universidad Militar Nueva Granada
instancia se fijaron agencias en derecho por el 0,1% del monto de las pretensiones de
la demanda.
TERCERO: En firme este fallo, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Aclaración de voto
Firmado electrónicamente
VF
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