Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2014-00641-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2014-00641-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2014-00641-02
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas
17 de junio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado número: 25000-23-36-000-2014-00641-02 (61609)
Demandante: Fiduciaria Bogotá SA actuando como vocera del
Fideicomiso Patrimonio Autónomo Consorcio Buendía.
Demandado: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP
y Diego Jaramillo Gómez
Referencia: Acción de reparación directa
Tema. Responsabilidad del Estado por ocupación de bienes inmuebles Subtema 1. Diferenciación
conceptual entre daño y perjuicio. Subtema 2. Acreditación del daño – No acreditado.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante en contra de la sentencia proferida el doce (12) de abril de dos mil
dieciocho (2018) por el Tribunal Administrativo del Cundinamarca, que negó las
pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS
Fiduciaria Bogotá SA, - en adelante Fidubogotá SA -, actuando como vocera de
Fideicomiso Patrimonio Autónomo Consorcio Buendía, propietaria del predio
ubicado en la calle 152 A No 91 – 36 interiores 1, 2 y 3 de Bogotá D.C., aduce
que, con ocasión d la ejecución del contrato de obra número 1 – 01 – 31300 –
0863 - 2011, cuyo objeto residía en la realización de los trabajos “de emergencia
para la estabilización de taludes en la calle 152 A con carrera 90 A, barrio Tuna
Alta de la localidad de Suba, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución No
946 de 7 de diciembre de 2011”, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá EAAB ESP -en adelante el Acueducto de Bogotá-, y Diego Jaramillo
Gómez – en adelante, el contratista, a cargo de la obra-, ocuparon de manera
permanente una franja de terreno del inmueble referido, conducta antijurídica que -
aseguró- le ocasionó un daño patrimonial.
El a quo negó las pretensiones del extremo demandante, habida consideración de
la falta de prueba de la aducida ocupación. Encontró que, pese al decreto y
práctica de prueba pericial con ese propósito, el dictamen que rindió el perito
careció de sustento técnico, pues sus conclusiones no estuvieron fundadas en un
levantamiento topográfico practicado con empleo de equipos técnicos que
permitiera una clara identificación del área de terreno realmente ocupada; su
contenido se nutrió de apreciaciones personales del auxiliar de la justicia dirigidas,
por demás, a la demostración del perjuicio, más que del daño.
El demandante viene en apelación, solicitando la revocación de la sentencia de
primera instancia y que, en su lugar, se concedan las pretensiones de la demanda,
pues afirma que el tribunal, no sólo se abstuvo de decretar la solicitada inspección
judicial sobre el predio objeto de la litis, y de practicar la prueba testimonial
decretada, sino que desestimó sin razones válidas la prueba pericial con la que,
asegura, acreditó la ocupación del inmueble con ocasión de las obras ejecutadas
por el Acueducto de Bogotá, en términos que lo hacen inviable para adelantar el
levantamiento de construcción alguna por la afectación que le causan las obras
que se construyeron para la contención del talud, en particular, un muro de
contención de 6 metros, unos cubos de 1m3, unas tuberías de 32 y 36 pulgadas y
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Actor: Fideicomiso Patrimonio Autónomo Consorcio Buen día (Fidubogotá)
varias cajas de inspección.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda1.
Fidubogotá, el trece (13) de mayo de dos mil catorce (2014), presentó demanda
en ejercicio del medio de control de reparación directa, con la pretensión de que
se declare administrativamente responsable a la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá EAAB - ESP, y, a Diego Jaramillo Gómez, por los
perjuicios que ha derivado de “la ocupación de hecho y las obras desarrolladas
sobre el inmueble de la calle 152 A No 91 – 36, interiores 1, 2 y 3 de Bogotá,
identificado con folio de matrícula inmobiliaria número 50N – 20640408, en
ejecución del contrato número 1 – 01 – 31300 – 0863 – 2011, celebrado con Diego
Jaramillo Gómez, sin ninguna autorización del titular del predio”. En consecuencia,
solicitó se condene a los demandados al pago de los perjuicios materiales que se
pasan a referenciar: (i) por concepto de daño emergente, la suma de dos mil
millones ochocientos sesenta y nueve millones setecientos treinta y siete mil
seiscientos cincuenta y dos pesos ($2.869.737.652) y; (ii) por lucro cesante, los
“intereses equivalentes al 6% anual liquidado sobre las sumas indexadas,
calculados a partir del momento en que se culminó la obra pública, momento en el
que el que culmina el daño y se inutiliza totalmente el inmueble”.
2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, admitió la demanda el nueve (9) de
junio de dos mil catorce (2014)2. Notificada la decisión3 y corridos los traslados de
ley, el Acueducto de Bogotá presentó oportunamente su escrito de contestación
de la demanda, y a su vez, llamó en garantía a las sociedades Seguros del Estado
SA4, La Previsora SA Compañía de Seguros5 y Allianz Seguros SA6; por su parte,
el contratista presentó escrito de contestación en forma oportuna y llamó en
garantía a la sociedad Seguros del Estado SA7. Los llamamientos fueron
admitidos el diecisiete (17) de septiembre de dos mil trece (2013)8. Las referidas
sociedades se notificaron debidamente9 y presentaron contestación dentro del
término legal.
En su orden, la Sala resume a continuación el contenido de cada contestación
presentada, iniciando por los demandados, y siguiendo con los llamados en
garantía, así:
• La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB - ESP10,
contestó la demanda y se opuso a las pretensiones al considerar que no se
encontraba acreditado el daño antijurídico, su imputación, ni el monto de los
perjuicios alegados. Esto, por cuanto no se acreditaron los elementos material,
temporal y subjetivo conforme a los lineamientos trazados en la jurisprudencia
para la demostración de la ocupación, a saber: (a) elemento material, pues
alude a la afectación del predio ubicado en la calle 152 A No 91 – 36 interiores
1, 2 y 3 identificado con FIM 50N – 20640408, pese a que este número
corresponde a un globo de terreno que abarca tres predios denominados “La
Alquería”, “El Encanto” y, “El Cuadro”; (b) elemento temporal, pues no identifica
“sin ambages” el lapso en que ocurrió la presunta ocupación; (c) elemento
subjetivo, esto es, que el Acueducto de Bogotá sea el responsable de la
1 Demanda. Folios 4 a 24, cuaderno 1.
2 Auto admisorio de la demanda. Folios 26 a 28, cuaderno 1.
3 Diligencias de notificación de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP. Folios 29 a 31, C.1. Diligencia de
notificación de Diego Jaramillo Gómez ordenada mediante auto del 28 de julio de 2014 bajo los parámetros del artículo 200 del
CPACA. Folios 34 y 49. C1.
4 Folios 1 a 3, C.3.
5 Folios 26 a 28, C.3.
6 Folios 69 a 71 C.3.
7 Folios 120 a 121 C.3.
8 Folios 137 a 138 C.3.
9 Folios 139 a 142 C.3.
10 Folios 51 a 62, cuaderno 1.
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Actor: Fideicomiso Patrimonio Autónomo Consorcio Buen día (Fidubogotá)
presunta ocupación del bien de su propiedad “ya que no obra en el plenario
prueba siquiera sumaria que permita inferir tal conclusión”. Propuso los
siguientes medios exceptivos i) inexistencia de daño antijurídico
imputable a la entidad, en referencia al incumplimiento de los requisitos
jurisprudenciales antes enunciados, por carencia de prueba del daño; ii) falta
de legitimación en la causa por pasiva, porque la parte actora no prueba la
imputación jurídica de la presunta ocupación a la entidad; iii) inexistencia del
daño, en atención a que, los predios sobre los cuales se alega la presunta
afectación por ocupación, se encuentran ubicados en zona de alto riesgo no
apta para el desarrollo urbanístico, como lo indican los estudios realizados por
el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias – FOPAE. La entidad
destaca la alta amenaza de remoción en masa que conjuró con los trabajos a
su cargo, y la solución que para esta problemática se ejecutó, consistente en la
relocalización de redes, muros, terreras y otros elementos estructurales
instalados en razón de la ejecución del objeto del contrato No 1 – 01 – 31300 –
0863 – 2011.
• Diego Jaramillo Gómez11, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda, afirmando que carecen de fundamentos fácticos, jurídicos y
probatorios y propuso la siguientes excepciones: i) ausencia de
responsabilidad de Diego Jaramillo Gómez, por cuanto actuó como
mandatario del Acueducto de Bogotá en ejecución de las obligaciones
pactadas en el contrato de obra número 1 – 01 – 31300 – 0863 - 2011, que no
incluyó la elaboración de los diseños, en tanto correspondieron al Consorcio
Diseños Tuna Alta con motivo de la celebración del contrato número 2 – 01 –
31100 – 00456 – 2011 del veintinueve (29) de junio de dos mil once (2011),
que encuentra fundamento en la Resolución No 946 de siete (7) de diciembre
del mismo año, expedida por el gerente de la prestadora de servicios públicos;
ii) inexistencia de perjuicios con la ejecución del contrato, dado que, la
realización de las actividades no produjo ningún daño sobre el predio cuya
titularidad se encuentra en cabeza de la parte actora, y, que lo dejaran
inutilizable. En contraposición, está acreditada la existencia de las obras
tendientes a mitigar y prevenir el riesgo de deslizamientos en el talud, como
consecuencia de la temporada invernal; iii) el avalúo del lote aportado por la
demandante para determinar la tasación de perjuicios carece de
fundamentos objetivos, al considerar que se presenta un error al determinar
como avalúo la suma de dos mil millones ochocientos sesenta y nueve
millones setecientos treinta y siete mil seiscientos cincuenta y dos pesos
($2.869.737.652) “con base en el presunto desarrollo de un proyecto de
construcción, que en la realidad no se había materializado aun siquiera en su
etapa de iniciación por razones desconocidas y ajenas a la ejecución del
contrato 1 – 01 - 31300 – 0863 – 2011”. Agrega que el avalúo tomó como base
para estimar el perjuicio la afectación de un total 2.318,31m2, cifra esta que no
corresponde a la realidad del terreno; iv) el terreno en el que se ejecutó el
contrato no era apto para la construcción, y, esta situación impide el
reconocimiento de los perjuicios reclamados en la demanda.
Agrega que, Jesús Johann Buendía Rodríguez actuando como representante legal
del Consorcio Contein Buendía otorgó autorización al Acueducto de Bogotá para
la ejecución de las actividades contractuales, como consta en el documento
suscrito el 22 de marzo de 2012.
• La Previsora S.A. Compañía de Seguros12, contestó la demanda
oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones, bajo el argumento, de la
falta de prueba de los elementos de responsabilidad patrimonial,
especialmente el daño antijurídico, pues el Acueducto de Bogotá actuó
conforme a las disposiciones jurídicas y en razón al estado de necesidad de
realizar las obras. Planteó las siguientes excepciones: i) caducidad, en razón
11 Folios 89 a 96, cuaderno 1.
12 Folios 134 a 175, cuaderno 1.
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Actor: Fideicomiso Patrimonio Autónomo Consorcio Buen día (Fidubogotá)
a que la demanda asevera que la ocupación por parte de los demandados
inició en febrero de 2012, y, esto implica que “la acción prescribió dos años
después” – sic -, y, que, “la caducidad operó el 13 de febrero de 2014”; ii)
inexistencia de daño antijurídico, pues, se concluye de los hechos de la
demanda, que, la parte actora obtuvo una mejora de las condiciones de los
inmuebles presuntamente afectados; esto, en consideración a que el terreno
en donde se encuentran ubicados fue catalogado por el FOPAE como de alto
riesgo constructivo. Considera que la intervención fue “superficial” con un
beneficio que impactó positivamente en el valor del predio, y esto, desvirtúa la
acreditación de un daño antijurídico; iii) inexistencia de daño, la demanda
alude a perjuicios imposibles de reparar, que obedecen únicamente al valor del
lote ocupado, y, solo cuentan con la afirmación de que “el valor total del bien
inmueble supuestamente ocupado es el daño real”; sin embargo, “ese daño no
puede ser, en ningún caso, el valor del inmueble”; además, considera que no
es cierto que dicho daño sea consecuencia de una actuación atribuible al
Acueducto de Bogotá; iv) inexistencia de título de imputación, por cuanto,
de los hechos de la demanda se extrae que no fue el Acueducto quien realizó
las supuestas intervenciones en el predio, sino el contratista Diego Jaramillo
Gómez, en calidad de tercero; v) sobrestimación de los daños, en el
entendimiento de que, en el evento en que el Acueducto de Bogotá sea
condenado, la indemnización no puede ser completa por ser excesiva,
asimismo, resalta que el daño debe estar debidamente probado y cuantificado,
máxime cuando la ocupación – supuesta – no tiene el carácter de permanente
y teniendo en cuenta que las obras impactaron de manera positiva la
estabilidad del terreno; vi) concurrencia de culpas entre el Acueducto de
Bogotá y el demandante, bajo la aplicación de los parámetros y lineamientos
del artículo 2357 del Código Civil, y en razón a la negligencia de la Fiduciaria
Bogotá para evidenciar que los bienes sobre los cuales se alega la ocupación,
se encontraban en una zona de alto riesgo geológico, lo que hace que
cualquier actividad constructiva sea riesgosa, salvo que, “como lo hizo el
Acueducto, interviniera la ladera y estabilizara el terreno”; vii) falta de
jurisdicción y competencia, cláusula compromisoria, al tenor de lo dispuesto
en el artículo 100 numerales 1 y 2 del Código General del Proceso, y, a raíz de
la existencia de una cláusula compromisoria en el contrato de seguro, que
funda la incompetencia de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa para
adoptar una decisión sobre el vínculo sustancial entre el Acueducto y La
Previsora, ya que esto es del resorte de un Tribunal de Arbitramento.
Igualmente, presentó escrito de contestación al llamamiento en garantía13 con
el que se opuso al mismo .Formuló la siguientes excepciones: i) falta de
competencia y jurisdicción habida cuenta de la existencia de cláusula
compromisoria; ii) límite asegurado y coexistencia de seguro primario, en
razón a que, ante una eventual condena, La Previsora solo estaría obligada al
pago del límite asegurado, que corresponde al 16.5% del valor total, aunado a
que el contratista cuenta con pólizas que cubren el mismo riesgo de daños a
terceros, lo que podría crear un amparo en exceso; iii) ausencia de amparo,
pues la póliza solo tiene efectos respecto del contratista cuando sus
actuaciones provengan de un hecho accidental, súbito o imprevisto; por ende,
de encontrarse probada una ocupación por parte de Diego Jaramillo Gómez sin
mediar autorización del titular del derecho de dominio, esto correspondería a
un evento no cubierto, ya que su génesis está en la ejecución del contrato de
obra y no en una emergencia intempestiva; iv) exclusión: errores y
omisiones del asegurado en el ejercicio de su actividad profesional, en
consideración a que, el Acueducto de Bogotá tiene la calidad de profesional en
relación con los servicios públicos que presta, y, tenía la obligación de verificar
que el contratista contara con todos los permisos para la intervención del
terreno; así, aduce que, el daño alegado en la demanda se enmarca dentro de
esta causal de exclusión; v) exclusión: inobservancia de las disposiciones
13 Folios 189 a 245, C.3.
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legales, en cuanto a que la póliza excluye de su cobertura cualquier
responsabilidad derivada de actividades que no estén acordes a la normas
pertinentes, es decir, aquellas que estén por fuera del marco legal, verbigracia,
la ocupación del bien sin autorización -; vi) exclusión: dolo y/o culpa grave
del Acueducto, dado que, de encontrase probado que la entidad y el
contratista ocuparon los bienes de la parte actora sin autorización, esta
actuación correspondería a una lesión a la Ley con culpa grave.
• Allianz Seguros S.A.14, contestó la demanda y el llamamiento en garantía con
oposición, al considerar que no existe ninguna actuación imputable al
Acueducto de Bogotá que hubiese causado perjuicios a la parte demandante,
además, no se acreditaron los elementos necesarios para la declaración de
responsabilidad. Propuso las siguientes excepciones: i) inexistencia del
daño antijurídico, falta de legitimación en la causa por pasiva e
inexistencia del daño, coadyuvando los argumentos esgrimidos por el
Acueducto de Bogotá en su escrito de contestación; ii) inexistencia de la
obligación a cargo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá ESP, en cuanto a que no existe una conducta activa u omisiva,
imputable a la entidad que haya generado el daño alegado en la demanda; iii)
falta de prueba idónea que acredite el daño ocasionado, fundamentada en
que dentro del expediente no se observa prueba que determine la ocupación,
en qué fecha inició, ni cual de los tres (3) bienes se vio afectado, acorde a lo
indicado en la demanda.
En cuanto a las pretensiones del llamamiento en garantía, formuló las
siguientes: i) inexistencia de cobertura para el reclamo objeto del proceso,
en razón a que, la responsabilidad endilgada al Acueducto de Bogotá no tiene
relación con una falla en el servicio, o, un obrar contrario a la Ley en la
ejecución de la obra, “sino es consecuencia de un impacto posterior a la
construcción”; ii) inexistencia de cobertura para responsabilidad
administrativa por daño especial, o, responsabilidad sin falta, en
consideración a que, de probarse la ocupación, debe tenerse en cuenta que
esto obedece a un actuar legítimo de la administración y el cumplimiento de un
deber legal, que no se encuentra cubierto por el amparo de la póliza 21206078;
iii) falta de cobertura para los hechos materia del proceso, pues, la
vigencia de la mencionada póliza va desde el primero (1) de diciembre de dos
mil doce (2012) al primero (1) de diciembre de dos mil trece (2013), mientras
que, el contrato de obra número 1 – 01 – 31300 – 863 – 2011 inició su
ejecución el trece (13) de febrero de dos mil trece (2013) y finalizó el doce (12)
de agosto siguiente; iv) exclusiones pactadas contractualmente, pues, los
perjuicios cuya indemnización solicita la parte actora “tienen origen legal y no
fueron generados por una responsabilidad extracontractual, ya que si se
prueba la ocupación del inmueble con obras públicas, las mismas fueron
ejecutadas dando cumplimiento a lo establecido en la ley de servicios
públicos”, además, la póliza No 21206078 no ampara las obligaciones del
contrato de obra; v) incumplimiento de las obligaciones a cargo del asegurado,
en cuanto al desconocimiento de lo preceptuado en el artículo 1075 del Código
de Comercio, con los efectos del artículo 1078 ibidem, pues la aseguradora no
recibió el aviso del siniestro, y, solo tuvo conocimiento a través de la
notificación del llamamiento en garantía; vi) prescripción, dado que, la
notificación del llamamiento en garantía, que, conllevó el conocimiento del
siniestro para la aseguradora, tuvo lugar luego de pasados seis (6) años
contados a partir de su ocurrencia – año 2012 -, superando así el término de
dos (2) años previsto en el artículo 1081 del Código de Comercio; vii)
limitación de responsabilidad, pues el artículo 1079 ejusdem dispone que el
asegurador no estará obligado a responder sino hasta la ocurrencia de la suma
asegurada; viii) ajuste del valor a indemnizar de acuerdo al grado de
agotamiento del valor asegurado, en razón a que, se deberán tener en cuenta
14 Folios 143 a 152, C.3.
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Actor: Fideicomiso Patrimonio Autónomo Consorcio Buen día (Fidubogotá)
las sumas ya canceladas o que se cancelen por concepto de siniestros
ocurridos durante la vigencia de la póliza 212060; ix) aplicación del deducible
pactado en la póliza, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
1103 del Código de Comercio, el deducible debe ser asumido por el
asegurado, y, por ende, descontado de una eventual indemnización.
• Seguros del Estado SA15, presentó escrito con oposición a la prosperidad de
las pretensiones, fundado en los siguientes medios exceptivos: i) falta de
prueba del daño, dado que “en el expediente no existe prueba alguna que
permita apreciar la ocurrencia de un perjuicio indemnizable”; ii) frente al título
de imputación (sic), en razón que, al estar fundamentada la demanda en una
responsabilidad de tipo objetivo, es necesario probar la ocupación sobre el bien
identificado con FIM 50N – 20640408, y, señala que, en todo caso, la eventual
ocupación – de llegar a estar probada - no tiene relación con la ejecución
del contrato de obra; iii) ausencia de nexo de causalidad, toda vez que “al
no configurarse el daño en los bienes de la parte demandante, ni existir título
que permita imputarle a la EAAB perjuicio alguno, no puede realizarse ninguna
atribución a los hechos desplegados por la administración".-
También solicita desestimar las pretensiones del llamamiento en garantía, con
apoyo en las siguientes excepciones: i) ausencia de responsabilidad de
Seguros del Estado SA ante la inexistencia del siniestro, el artículo 1077
del Código de Comercio impone al asegurado la obligación de acreditar su
derecho ante la aseguradora, de cara a la realidad probatoria del presente
asunto no se encuentra probado ni cuantificado el siniestro (daño); ii) deducible
del clausulado de la póliza 21 – 40 – 101030993, por lo que, acorde al
contenido del artículo 1127 del Código de Comercio, y, en el evento de una
sentencia condenatoria superior a 3 SMLMV, se deberá ordenar el descuento
del diez por ciento (10%) del valor a pagar.
La audiencia inicial16 se realizó el seis (6) de febrero de dos mil diecisiete
(2017)17 y en ella el a quo: i) verificó que no había alguna circunstancia
constitutiva de nulidad procesal que invalidara las actuaciones surtidas hasta ese
momento; ii) negó las excepciones de caducidad, falta de legitimación en la causa
por pasiva, existencia de cláusula compromisoria18, y, prescripción; la decisión
sobre las excepciones de caducidad y cláusula compromisoria fue objeto de
recurso de apelación por parte de La Previsora SA Compañía de Seguros, siendo
confirmada por esta Corporación con auto del veintiuno (21) de abril de dos mil
diecisiete (2017)19; iii) fijó el objeto del litigio en los siguientes términos: 1.-
Respecto de la relación jurídica entre demandante y demandados: “…se centra en
los hechos 11, 13 al 16, 19 al 22, relacionado con a) la demostración fáctica de la
ocupación del inmueble de los demandantes (sic); como la demostración de los
elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado; y; b) los perjuicios
ocasionados a la parte actora”; 2.- Respecto de la relación jurídica existente entre
Acueducto de Bogotá y La Previsora S.A. y, Allianz Seguros SA: “… se centra en
las circunstancias fácticas no aceptadas por las partes, relacionadas con los
hechos 5 y 6, referidos a la afectación del contrato de seguro en una eventual
condena en contra del llamante en garantía”; 3.- Respecto de la relación jurídica
entre Diego Jaramillo Gómez y Seguros del Estado SA; “…se centra en las
circunstancias fácticas no aceptadas por las partes, relacionadas con los hechos 3
y 4, referidos a la afectación del contrato de seguro en una eventual condena en
15 Folios 254 a 259, C.3.
16 Se realizó la siguiente aclaración en cuando al desarrollo de la diligencia: “Teniendo en cuenta que, en el presente asunto se
admitieron tres llamados en garantía, la presente audiencia tendrá el siguiente orden a) en primer lugar se realizará y agotará lo
relacionado con la demanda inicial hasta la fijación del litigio; y b) con posterioridad, se abordará independientemente las etapas de la
audiencia inicial para cada uno de los llamados en garantía”.
17 Acta de audiencia inicial. Folios 271 a 279, C1. Cd obrante a folio 265. C1.
18 La excepción fue formulada como “falta de jurisdicción y competencia por existencia de cláusula compromisoria”, sin embargo, en la
audiencia inicial el Magistrado director precisó que se trataba de dos excepciones diferentes con fundamentos propios, precisando que
la falta de jurisdicción fue indebidamente formulada, para luego, pasar a aclarar que el estudio se realizaría sobre los argumentos de la
existencia de la cláusula compromisoria. Folio 226 vto.
19 Folios 284 a 287, C.1.
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Radicado: 25000-23-36-000-2014-00641-02 (61609)
Actor: Fideicomiso Patrimonio Autónomo Consorcio Buen día (Fidubogotá)
contra del llamante en garantía”; decisiones que no fueron recurridas por las
partes; iv) agotó la etapa conciliatoria regulada en el artículo 180 de la Ley 1437
de 2011, sin éxito; y v) abrió la etapa de pruebas.
En la audiencia de pruebas celebrada el doce (12) de diciembre de dos mil
diecisiete (2017)20, el Tribunal corrió traslado a las partes para que alegaran de
conclusión, como en efecto ocurrió21; y al Ministerio Público para que emitiera su
concepto, quien, guardó silencio.
2.3. La sentencia recurrida
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A,
profirió sentencia, el doce (12) de abril de dos mil dieciocho (2018)22, en la que
negó las pretensiones de la demanda, y, se abstuvo de imponer condena en
costas a la parte actora.
En sus consideraciones, puso de presente que el criterio jurisprudencial reiterado
en casos de responsabilidad del Estado por ocupación permanente de bienes
inmuebles, ha sido de carácter objetivo, por lo que se hacía indispensable
determinar la existencia real y efectiva de la ocupación por parte de la
administración pública, así como, acreditar la antijuridicidad del daño.
En consecuencia, sostuvo que, la titularidad del predio objeto de la litis se
encontraba acreditada en cabeza del Fideicomiso Patrimonio Autónomo Consorcio
Contein Buendía - Fidubogotá, de conformidad con el folio de matrícula número
50N – 20640408, en el que fue registrada la escritura pública No 492 de 7 de abril
de 2011, mediante la cual, se englobaron – para formar una sola unidad – los
predios denominados “La Alquería”, “El Encanto” y “El Cuadro”, y le fue asignada
la dirección calle 152 A No 91 – 36 interiores 1, 2 y 3.
Por otra parte, al remitirse a las pruebas documentales válidamente aportadas al
expediente, encontró que i) mediante la Resolución No 0946 de dos mil once
(2011), el Acueducto de Bogotá declaró el estado de urgencia y ordenó la
construcción de obras de emergencia para la mitigación del deslizamiento del
talud ubicado en la calle 152 A con carrera 90, barrio Tuna Alta de la localidad de
Suba, sin que el acto haya sido objeto de demanda por parte de Fidubogotá SA,
motivo por el cual, se presume legalmente expedida; ii) como consecuencia de la
declaratoria de emergencia el Acueducto de Bogotá celebró el contrato de obra No
1 – 01 – 31300 – 0863 – 2011 con Diego Jaramillo Gómez.
En cuanto al requisito de la demostración de la ocupación, consideró que no se
encontraba satisfecho, pues, si bien se alega en la demanda que las obras
construidas provocaron la inutilización total del predio, el perito – designado para
tal efecto – reconoció en la audiencia de pruebas “que no utilizó equipos técnicos
para realizar un levantamiento topográfico a fin de determinar e identificar con
precisión el área de terreno que realmente se encuentra ocupada, sino que se
limitó a realizar una inspección ocular”; asimismo, pese que a que el dictamen
indica que los trabajos realizados afectan de manera negativa el valor del predio
por cuanto impiden la construcción de cualquier edificación, el perito no explicó de
manera concreta y técnica en qué consiste dicha afectación, a lo que se suma –
indicó el a quo -, que las personas que emitieron conceptos para la elaboración del
dictamen no estuvieron bajo la dirección del auxiliar de la justicia, y, por tanto, no
existe certeza acerca de los parámetros que fueron utilizados; adicionó que, la
exposición relacionada con la condición del terreno no tuvo soporte técnico y se
20. Actas de audiencia de pruebas y cd. Folios 350 a 354, cuaderno 1.
21 Alegatos de conclusión llamados en garantía en primera instancia, folios 355 a 381 y 384 a 386, cuaderno 1. Alegatos de conclusión
de los demandados en primera instancia, folios 382 a 383 y 387 a 392, cuaderno 1. Alegatos de conclusión del demandante en
primera instancia, folios 393 a 417.
22 Sentencia de primera instancia. Folios 420 a 431, cuaderno principal.
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basa en “apreciaciones personales”, que, si bien pueden estar apoyadas en la
experiencia, carecen de solidez para demostrar las conclusiones del dictamen.
Por consiguiente, consideró el a quo que “la discusión del monto de los perjuicios
eventualmente causados por las obras de emergencia para la estabilización del
terreno, ordenada por la EAAB – ESP, queda desplazada ante la incertidumbre del
daño, pues no está claro exactamente el área del predio que habría quedado
inutilizada, ni cual es el tipo de afectación que presenta con ocasión de las obras
realizadas en el inmueble”. Además, refirió que, tanto la parte demandante como
el perito se centraron en probar los perjuicios antes que el daño, por lo que no
obra en el expediente medio de convicción que permita establecer con total
claridad el área afectada.
Destacó que (i) desde el catorce (14) de septiembre de dos mil (2000), la
Dirección de Atención y Prevención de Emergencias determinó que el barrio Tuna
Alta presentaba una situación de riesgo por la inestabilidad del terreno que, podía
desencadenar un evento de remoción de masa tipo deslizamiento; (ii) el 15 de
noviembre de 2007 la Dirección de Ingeniería Especializada del Acueducto de
Bogotá, emitió concepto geotécnico que ratifica la categoría de zona de amenaza
del lugar en donde se encuentra el predio (iii) el Consorcio Contein Buendía
decidió adquirir los lotes de terreno ubicados en la calle 152 A No 91 – 36 interior
1, 2 y 3 - como consta en la escritura pública número 1973 de 23 de noviembre de
2010 -, momento para el cual, tenía pleno conocimiento de esta situación de
riesgo; (iv) no se acreditó que la sociedad demandante hubiese adelantado los
trámites pertinentes para proceder con la realización del proyecto urbanístico, la
elaboración de diseños estructurales, ni los requisitos para la expedición de la
licencia de construcción.
Por último, explicó la primera instancia que, si en gracia de discusión se aceptara
la causación del daño, entendido este como la afectación del uso de un porcentaje
de terreno en razón de las obras construidas, debe tenerse en cuenta que: (i) el
contrato se suscribió con ocasión de la emergencia declarada por el Acueducto de
Bogotá; (ii) el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, certificó
que hasta el año 2011 los predios ubicados en la calle 152 A No 91 – 36 se
encontraban categorizados en una condición de “riesgo mitigable”; pruebas que,
dan cuenta de la grave situación del sector, y, demuestra que las obras
desarrolladas reportaron un beneficio no solo para la comunidad sino para la parte
actora, teniendo en cuenta que su propio terreno era el que presentaba amenaza
de deslizamiento; además, acreditan que la sociedad demandante tenía
conocimiento de la ocupación e incluso autorizó la ejecución de ciertos trabajos.
A partir de estas últimas consideraciones, precisó, que, en el presente asunto no
puede predicarse el padecimiento de un daño especial dado que, si bienes cierto
que la ocupación se originó en una actividad lícita de la administración amparada
en una situación de emergencia, y la parte actora tuvo que soportar por causa de
aquella una carga superior a la que pesa sobre el común de las personas, también
lo es que, la ejecución de las obras generó un correlativo y especial beneficio para
su predio al mitigar el riesgo inminente de remoción en masa que presentaba.
2.4. El recurso de apelación
La parte demandante, interpuso recurso de apelación23 el dos (2) de mayo de
dos mil dieciocho (2018), en contra de la sentencia de primera instancia, con el fin
de que esta Corporación profiera su revocación y, en su lugar, conceda las
pretensiones de la demanda. El recurso se sustentó en los siguientes cargos:
2.4.1. Invoca la existencia de un error de hecho en la apreciación de las pruebas,
con fundamento en los siguientes argumentos:
23 Folios 447 a 494, cuaderno principal.
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2.4.1.1. En la audiencia inicial celebrada el seis (6) de febrero de dos mil diecisiete
(2017), se negó el decretó de la práctica de la inspección judicial con asistencia de
peritos solicitada por el Acueducto de Bogotá, para, en su lugar, decretar un
dictamen pericial que tenía por objeto la verificación de las obras más no la
cuantificación de perjuicios, además, fundamentó el director de la diligencia que
este aspecto sería debatido con posterioridad a la determinación de la existencia
de la ocupación.
Se decretaron las pruebas testimoniales solicitadas, pero, estas no fueron
practicadas “por cuanto los antecedentes administrativos y la prueba pericial eran
suficientes para acreditar la ocupación permanente del inmueble”.
2.4.1.2. El dictamen pericial elaborado por el Ingeniero Civil Álvaro Corrales
Merlano, es claro en señalar la existencia de la ocupación del inmueble de
propiedad de Fidubogotá SA con motivo de la ejecución de las obras del contrato
No 1 – 01 – 31300 – 0863 – 2011, además, ubica el bien dentro de la plancha
topográfica de la manzana catastral de la localidad de Suba (código 009112030),
y, describe las obras ejecutadas aportando el material fotográfico que hace parte
del dictamen.
Destaca la parte actora, que, el perito da cuenta de la construcción de un muro de
contención “que atraviesa todo el lote” y “la construcción de dados de concreto,
canales de escorrentía y escalonadas que atraviesan la propiedad en ambos
sentidos, concluyendo que en el lote no se puede efectuar ninguna construcción
porque no hay lugar a que se pueda efectuar construcción alguna” (sic), razones
suficientes para tener por acreditada la ocupación, y, por ende, el daño.
2.4.1.3. Agregó que, en la audiencia de pruebas en la que se llevó a cabo la
contradicción del dictamen, el Juez de la primera instancia y las partes realizaron
preguntas al perito en relación con las obras a las que se ha venido haciendo
alusión, y, que, allí se ratificó que éstas ocuparon el lote de propiedad de
Fidubogotá SA, además, esta ocupación lo hace “inútil”. Seguidamente, afirma que
“las obras son evidentes y la ocupación permanente”, conclusión a la que se llega
sin la necesidad de elaboración de un estudio, pues, se aprecia a primera vista la
existencia del muro de contención de 6 metros, cubos de 1m 3, tuberías de 32 y 36
pulgadas y cajas de inspección.
En el informe del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático, no
se observa que para la fecha de legalización del barrio Tuna Alta (año 1997)
existiese una restricción de uso u ocupación del predio objeto de la litis en razón
del estado del suelo, y, que, acorde al informe, solo para el año 2007 se determinó
una restricción parcial “debido a la ruptura de un tubo de 36 pulgadas de diámetro
de la EAAB”. Resalta que tal documento claramente indica que la amenaza de
remoción en masa no tiene una causa originaria en el inmueble de propiedad de la
parte actora, sino asociada a los predios que se encuentran en la parte alta,
además, destaca que en el Diagnóstico Técnico DI – 5132 de 2011 – que sirvió de
antecedente para declarar la emergencia –, se dejó claro que desde el año 2007
se había ordenado la construcción de un muro de contención, atendiendo al
Diagnóstico Técnico DI – 3167 de 2007.
2.4.1.4. El informe técnico No 03, en donde se describen las obras, coincide con el
dictamen pericial en cuanto a la existencia del muro de contención en el predio de
propiedad de Fidubogotá SA, asimismo, la ocupación también se observa en los
planos récords que reposan en los antecedentes administrativos.
2.4.1.5. Explica que, en la sentencia de primera instancia se indicó que se había
prescindido de la declaración de parte de Diego Jaramillo Gómez ante la
inasistencia a la audiencia de la parte que pidió la prueba, sin embargo, fue el
demandado quien no atendió la citación y no compareció a la diligencia, por lo
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que, conforme a las normas procesales debía declarársele confeso sobre los
hechos 7 y 11 a 17; esto, permite tener como probada la identificación del
inmueble en donde fueron ejecutadas las obras y, también que el contratista no
solicitó autorización para realizarlas.
2.4.2. Reitera que, la prueba pericial confirma la existencia de las obras
ejecutadas en el terreno por parte del Acueducto de Bogotá, y, la ocupación del
bien con dados de concreto de 1m3, la realización de cunetas, un muro de
contención, así como la construcción e instalación de una tubería de 36 pulgadas;
igualmente, da cuenta que no es posible construir en el predio debido a la
magnitud de la ocupación.
Con el dictamen fueron aportadas diferentes fotografías que concuerdan con la
manifestación del perito sobre la existencia de las obras, las que, en atención a la
jurisprudencia del Consejo de Estado, cuentan con pleno valor probatorio, aunado,
a que al momento de decreto de la prueba el Magistrado precisó que era suficiente
con el registro visual que hiciere el perito para no decretar la inspección judicial.
2.4.3. Considera el apelante que el fallador de primera instancia “confunde” la
demanda de reparación directa con la de nulidad y restablecimiento del derecho,
en cuanto alude a que la Resolución No 0946 de 2011 no fue demandada por el
propietario del predio y se encuentra en firme, pues, este medio de control no es
idóneo para cuestionar la legalidad de actos administrativos, además, el título de
imputación para este asunto – daño especial –, no requiere de dichas actuaciones
sino probar la ocupación permanente.
2.5. Trámite relevante en segunda instancia
Esta Corporación, el seis (6) de julio de dos mil dieciocho (2018), admitió el
recurso de apelación interpuesto24; y, el seis (6) de septiembre del mismo año,
corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio
Público para que emitiera su concepto25.
Los llamados en garantía (La Previsora y Allianz)26, reiteraron los argumentos
expuestos en primera instancia, al igual que los demandados27. La parte actora,
en sus alegaciones conclusivas28, insistió en su postura planteada en la primera
instancia de este contencioso. El Agente Delegado del Ministerio público29 Dr.
Nicolás Yepes Corrales, a través del concepto No 0221/2018, propuso la
confirmación de la sentencia impugnada, toda vez que si bien resulta admisible
estimar como cierto que los predios objeto de la litis resultaron ocupados, esto
solo se presentó en forma temporal durante la ejecución de la obra, sin que exista
prueba del daño alegado en la demanda, pues “el perito reconoció no haber
utilizado equipos técnicos para el levantamiento topográfico, ni explicó de manera
técnica y concreta en qué consistió la afectación de la propiedad, ante lo cual solo
se puede inferir que la parte pasiva de este litigio EAAB ESP, sin la autorización
del propietario para la ejecución de la obra permaneció temporalmente en los
inmuebles […] permanencia que se limitó a la ejecución de la obra con el fin de
mitigar y evitar que se generaran problemas futuros en la zona”, sin que de esto se
pueda inferir una ocupación permanente ni un porcentaje de afectación económica
del bien.
Seguros del Estado SA, guardó silencio.
2.6. Manifestación de impedimento.
24 Folio 504, cuaderno principal.
25 Folio 508, cuaderno principal.
26 Folios 512 a 523, 531 a 553 cuaderno principal.
27 Folios 524 a 530 y 579 a 581 cuaderno principal.
28 Folios 554 a 578, cuaderno principal.
29 Folios 582 a 596, cuaderno principal.
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El magistrado Nicolás Yepes Corrales manifestó estar impedido para conocer del
presente asunto, conforme a lo previsto en el inciso 1° del artículo 140 y el
numeral 12 del artículo 141 del Código General del Proceso, por haber rendido
concepto como Procurador Primero Delegado ante esta Corporación. Los
magistrados William Barrera Muñoz y Jaime Enrique Rodríguez Navas —sin la
intervención del magistrado Nicolás Yepes Corrales, quien se apartó de la Sala
mientras este punto fue debatido— resolvieron declarar fundado el impedimento.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Problemas jurídicos
En atención a los cargos del recurso de alzada, compete a esta Sala resolver los
siguientes problemas jurídicos:
3.1.1. ¿Está probada la existencia del daño antijurídico alegado en la demanda,
esto es, la ocupación permanente del predio identificado con FIM 50N –
20640408, con motivo de la ejecución de las obras de emergencia del contrato
número 1 – 01 – 31300 – 0863 – 2011, celebrado entre la Empresa de Acueducto
y Alcantarillado de Bogotá EAAB - ESP y Diego Jaramillo Gómez, para la
estabilización de los taludes ubicados en la Calle 152 con carrera 90, del barrio
Tuna Alta de la localidad de Suba?
Con el propósito de resolver dicho problema jurídico, la Sala establecerá si el
dictamen pericial elaborado por el Ingeniero Civil Álvaro Corrales Merlano se
constituye en un medio de convicción eficaz para acreditar la ocupación del
inmueble identificado con FMI 50N – 20640408.
3.1.2. De ser afirmativa la respuesta al anterior cuestionamiento, la Sala
responderá si: ¿la ocupación del inmueble identificado con FMI 50N – 20640408
resulta atribuible a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB -
ESP y a Diego Jaramillo Gómez?
3.1.3. En caso de que se declare la responsabilidad de la Empresa de Acueducto
y Alcantarillado de Bogotá EAAB - ESP y Diego Jaramillo Gómez, se dará
respuesta a esta otra pregunta: ¿Deben La Previsora SA Compañía de Seguros,
Allianz Seguros S.A. y Seguros del Estado S.A, amparar, total o parcialmente a
los llamantes en garantía en relación con la indemnización a su cargo?
3.1.4. Si se encuentran satisfechos los presupuestos para declarar la
responsabilidad del Estado, corresponderá analizar los perjuicios deprecados en la
demanda, con fundamento en las reglas que la jurisprudencia de la Corporación
tenga establecidas en esa materia.
3.2. Sobre los presupuestos de la sentencia de mérito.
La Sala procede a resolver los problemas atinentes al fondo de la litis habida
consideración de la competencia que le asiste para ello, en atención a lo
preceptuado por los artículos 150 y 152 numeral 6° del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pues la cuantía, dada por el
valor de la mayor pretensión de la demanda30, supera la exigida de 500 SMLMV,
para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación
directa, tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación 31; así como
al oportuno ejercicio que de la acción de reparación directa, en atención las
obras adelantadas en ejecución del contrato de obra finalizaron el 12 de
30 El artículo 157 del CPACA dispone que: “la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados,
según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios
morales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen (…) Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se
acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor (…)”. La demanda se presentó durante su
vigencia el 13 de mayo de 2014 (Fl. 24, C. 1.).
31 En el presente caso la pretensión mayor corresponde daño emergente tasado en la suma de $2.869.737.652. Folio 13, C.1.
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noviembre de dos mil doce (2012)32 y la demanda fue radicada el 13 de mayo de
dos mil catorce (2014), es decir, dentro del término de dos (2) años previsto en el
artículo 164, numeral 2, literal h) de la Ley 1437 de 2011.
Esta decisión tendrá alcance respecto de la sociedad demandante, a quien, la
Sala encuentra legitimada en la causa por activa, en su condición de propietaria
del bien identificado con FMI 50N – 2064040833, ubicado en la calle 152 A No 91 –
36 interiores 1, 2, y 3, sobre el cual, se alega la ocupación, y, en lo que atañe al
extremo pasivo de la litis, en la demanda se atribuye responsabilidad al Acueducto
de Bogotá y a Diego Jaramillo Gómez, quienes suscribieron el contrato número 1
– 01 – 31300 – 0863 – 2011, a partir del cual, se ejecutaron las obras que se
alegan como constitutivas de ocupación. En consecuencia, los demandados se
encuentran legitimadas por pasiva.
3.3. Elementos de la responsabilidad en casos de ocupaciones permanentes
de inmuebles.
3.3.1. El daño y su antijuridicidad son los principales elementos sobre los que
gravita el régimen de responsabilidad del Estado. Para el caso materia de estudio,
la parte actora sostiene que la ejecución de las obras de emergencia del contrato
número 1 – 01 – 31300 – 0863 – 2011, para la estabilización de los taludes
ubicados en la Calle 152 con carrera 90, del barrio Tuna Alta de la localidad de
Suba, han causado unos daños que no está en el deber de soportar.
3.3.2. Recuerda la Sala que en casos como el que se resuelve en esta
oportunidad, la responsabilidad que se le atribuye al Estado es de carácter
objetivo34, por lo que hay lugar a su declaración una vez se haya demostrado que
una parte o la totalidad de un bien inmueble de propiedad del demandante ha sido
ocupado por la Administración o por particulares que actúan autorizados por ella.
3.3.3. La imposición de la obligación resarcitoria se justifica por la ruptura del
principio de igualdad frente a las cargas públicas, pues no existe para el particular
afectado el deber jurídico de soportar la realización de unas obras o trabajos
públicos que, si bien pueden reportar beneficio para la colectividad, lesionan
excepcionalmente los derechos de un coasociado. Así, si bien la prevalencia del
interés general respalda y orienta teleológicamente la actividad administrativa, no
justifica el sacrificio desproporcionado de la esfera de derechos e intereses de los
individuos, cuya salvaguarda también constituye fin esencial del Estado (Art. 2
CN).
3.3.4. Consecuente con la idea antes indicada, la jurisprudencia de esta
Corporación ha considerado que la declaratoria de la responsabilidad patrimonial
del Estado por ocupación de inmuebles, supone la concurrencia de dos
elementos: i) el daño antijurídico, que consiste en la lesión excepcional al derecho
subjetivo, real o personal, del que es titular el demandante. En estos están
comprendidos no sólo los perjuicios derivados de la afectación del derecho de
propiedad, sino también los perjuicios provenientes de la ocupación por la
limitación al ejercicio de las facultades propias de los derechos reales o del
menoscabo de la posesión que se ejerce respecto del predio ocupado. En
segundo lugar, se exige: ii) la imputación jurídica del daño al ente demandado,
aspecto que se configura con la prueba de que la ocupación del bien provino de la
acción del Estado. A su vez, el Estado podrá exonerarse de responsabilidad si
32 Acta de liquidación, folio 159, cuaderno de pruebas.
33 Folios 20. C2.
34 Esto sin perjuicio de lo indicado por la Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 19 de abril de 2012, Exp. 21515, en la cual se
sostuvo que “Esta Sala, (…) unificó su posición en el sentido de indicar que, en lo que se refiere al derecho de daños, el modelo de
responsabilidad estatal que adoptó la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez
definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte las razones, tanto fácticas como jurídicas, que
den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha dado cabida a la
utilización de diversos títulos de imputación, para la solución de los casos propuestos a su consideración, sin que esa circunstancia
pueda entenderse como la existencia de un mandato que imponga la obligación al juez de utilizar, frente a determinadas situaciones
fácticas, un específico título de imputación”.
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Actor: Fideicomiso Patrimonio Autónomo Consorcio Buen día (Fidubogotá)
desvirtúa la relación causal mediante la prueba de una causa extraña, tal como la
fuerza mayor, el hecho exclusivo de un tercero o el hecho exclusivo de la víctima.
3.4. Diferencia conceptual entre daño y perjuicio.
Encuentra esta Subsección que la controversia principal suscitada en el recurso
de apelación en razón a los motivos de la decisión de primera instancia, gravitan
en la acreditación del daño, pues mientras que la parte actora considera que este
elemento se encuentra acreditado con el dictamen pericial elaborado por el
Ingeniero Civil Álvaro Corrales Merlano, el a quo afirma que la prueba es
insuficiente para tal efecto, ante la ausencia de utilización de métodos técnicos y,
la falta de claridad en cuanto a la afectación negativa de los trabajos, la porción de
terreno afectada y la cuantificación de los perjuicios.
El concepto de daño alude a la vulneración del derecho o interés jurídico tutelado
y protegido por el ordenamiento jurídico35, y que la persona [demandante] no está
en el deber de tolerar. Para que sea indemnizable requiere estar cabalmente
estructurado, siendo imperiosa la acreditación de los siguientes elementos
relacionados con la lesión cuya reparación se reclama: (i) que sea antijurídico,
cualificación del daño que se traduce en la ausencia del deber jurídico de
soportarlo por parte del administrado; (ii) que lesione un derecho, bien o interés
jurídico tutelado y; (iii) que sea cierto, en el sentido que permita su apreciación
material y jurídica36. Por su parte, el perjuicio hace referencia a las consecuencias
que el daño trae consigo, es decir, el menoscabo patrimonial que resulta de la
lesión al derecho37.
Corresponde, entonces, al Juzgador determinar en primera medida la acreditación
del daño antijurídico que afirma el accionante haber padecido, y en caso de
encontrarlo probado, abordar el respectivo análisis a efectos de establecer si el
mismo es imputable a quien es traído como sujeto pasivo, para luego, analizar la
procedencia o no de la indemnización de los perjuicios que sean solicitados.
3.5. Hechos probados relevantes y solución de los problemas jurídicos
planteados
Las copias de los documentos simples que respaldan los hechos que se
relacionan a continuación, estuvieron a disposición de las partes en curso de la
audiencia inicial, motivo por el cual constituyen medios de prueba válidos38.
El material probatorio da cuenta de los siguientes hechos:
3.5.1. El Acta No 001 de 4 de octubre de 2010, dice que, Carlos Moreno Neira –
como representante legal de Contein Ltda. - y Jesús Johann Buendía, en calidad
de integrantes del Consorcio Contein Buendía, autorizaron la compra del lote
ubicado en la Calle 152 A No 91 – 36, interiores 1, 2 y 3 de Bogotá, con el fin de
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, providencia 18 de noviembre de 2021, expediente
46.656.
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, providencia del 4 de septiembre de
20213, expediente 67.752.
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, providencia 18 de noviembre de 2021, expediente
46.656.
38 El artículo 246 del CGP, aplicable a este caso, estipula que las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando
por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia. Sin perjuicio de la presunción de
autenticidad, la parte contra quien se aduzca copia de un documento podrá solicitar el cotejo con su original, o a falta de este con una
copia expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro de la audiencia correspondiente.
87 del CPC, aplicable en este caso, enuncia que las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto de acuerdo con las reglas de la
sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. De las
pruebas documentales allegadas como medios de convicción a este proceso, los documentos aportados en copia auténtica serán
tratados como medios hábiles y su eficacia probatoria será valorada conforme a las reglas de la sana crítica; así mismo, las copias
simples traídas al plenario serán tenidas en cuenta, puesto que no han sido objeto de tacha de falsedad por la parte contra la cual se
aducen. Respecto a su alcance, los documentos públicos, de conformidad con el artículo 264 del CPC, hacen fe de su otorgamiento,
de la fecha y de las declaraciones que en ellos haga el funcionario que lo autoriza; a su vez, los documentos privados tal como lo
dispone el artículo 279 del CPC, tienen el mismo valor probatorio que los documentos públicos, ya sea entre quienes los suscribieron y
sus causahabientes como respecto de terceros.
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Radicado: 25000-23-36-000-2014-00641-02 (61609)
Actor: Fideicomiso Patrimonio Autónomo Consorcio Buen día (Fidubogotá)
desarrollar un proyecto de vivienda, y, asimismo, se autorizó la constitución de un
fideicomiso “al que se le transferirá la propiedad de los lotes antes citados con una
sociedad fiduciaria legalmente constituida”39.
3.5.2. El Consorcio, en calidad de Fideicomitente, y a través de sus integrantes,
celebró con la Fiduciaria Bogotá SA, contrato de fiducia mercantil de
administración, con el objeto de “constituir un patrimonio autónomo para radicar en
nombre de la Fiduciaria, como administradora del patrimonio autónomo, la
propiedad fiduciaria de los siguientes bienes inmuebles: lotes de terreno
identificados con los folios de matrícula inmobiliaria números 50N-1189424, 50N-
1189426 y 50N-11859425”40.
3.5.3. Se observan en el certificado de libertad y tradición No 50N – 2064040841
los siguientes aspectos: (i) Fidubogotá SA, como vocera del Fideicomiso
Patrimonio Autónomo Consorcio Contein Buendía, adquirió por transferencia de
dominio a título de beneficio en fiducia, mediante la escritura pública No 1973 de
23 de noviembre de 201042, los predios identificados con FIM 50N-1189424, 50N -
1189426 y 50N-11859425; (ii) el inmueble fue identificado como un globo de
terreno de 2.318,31 m2, con la dirección calle 152 A No 91 – 36 interiores 1, 2, y 3.
3.5.4. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, informó43 lo
siguiente: (i) los predios que corresponden a la dirección calle 152 A No 91 – 36
interiores 1, 2 y 3, se encuentran ubicados en el barrio Tuna Alta de la localidad de
Suba, barrio que fue legalizado mediante la Resolución 1126 de 18 de diciembre
de mil novecientos noventa y seis (1996) y, “en dicha resolución no se mencionan
condicionamientos o restricciones para el uso u ocupación del suelo”; (ii) en
atención al evento de emergencia No 73034, se emitió el Diagnóstico Técnico DI –
3767 de dos mil siete (2007)44, en el cual se realiza restricción parcial de uso y
evacuaciones de viviendas de la calle 152 A No 91 – 36 interiores 1, 2 y 3, y se
recomienda a la Alcaldía Local de Suba establecer el responsable de la
implementación de las obras de protección geotécnica; (iii) en atención a los
eventos de emergencia No 109058, No 109057, No 110341 y No 110589, se
emitió el Diagnóstico Técnico DI – 5132 de 201145, en donde se recomienda la
evacuación temporal y preventiva de los mencionados predios, debido al riesgo
generado por el proceso de remoción en masa “producido por un aumento del
aporte de agua ocasionado por el crecimiento del caudal posiblemente asociado
con la afectación de la red de alcantarillado pluvial del sector”; (iv) con fundamento
en los diagnósticos de los años dos mil siete (2007) y dos mil once (2011), el
sector se encontraba catalogado como en condición de riesgo mitigable, sin
embargo, a partir del año dos mil once (2011) no se registran eventos de
emergencia.
3.5.5. El Acueducto de Bogotá expidió la Resolución No 946 del 7 de diciembre de
dos mil once (2011)46, “por la cual se declara una urgencia”, en cuya motivación se
indicó que la entidad suscribió el contrato No 2 – 01 – 31100 – 0456 – 2011 con el
objeto de “diseño para la reubicación de redes de alcantarillado pluvial y obras de
mitigación de emergencia por movimiento de remoción en masa en el sector de las
carreras 90 y 92 entre las calles 152 A y 154 del barrio Tuna Alta de la localidad
de Suba”.
3.5.6. El Acueducto de Bogotá [contratante] celebró el contrato de obra No 1 – 01
– 31300 – 0863 – 201147 con Diego Jaramillo Gómez [contratista], cuyo objeto
39 Folios 147 a 148. C2.
40 Folios 3 a 18. C2.
41 Folios 20. C2.
42 Que reposa a folios 45 a 55. C2.
43 Folios 324 a 325
44 Obrante a folios 335 a 338
45 Obrante a folios 326 a 334
46 Folios 68 a 71 C.1.
47 Folios 97 a 102. C.1.
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Actor: Fideicomiso Patrimonio Autónomo Consorcio Buen día (Fidubogotá)
corresponde a “ejecución de obras de emergencia para la estabilización de taludes
en la calle 152 A con carrera 90 A, barrio Tuna Alta de la localidad de Suba, en
cumplimiento de lo ordenado en la Resolución No 946 del 7 de diciembre de
2011”. El acta de inicio48 del contrato fue suscrita el trece (13) de febrero de dos
mil doce (2012), con fecha de terminación al doce (12) de agosto de dos mil doce
(2012), sin embargo, por acuerdo de la partes la ejecución se extendió hasta el
doce (12) de noviembre siguiente, como se observa en el acta de terminación para
contratos que requieren acta de liquidación49, mientras que el acta de liquidación50
fue suscrita el doce (12) de julio de dos mil trece (2013), en donde las partes se
declararon a paz y salvo.
3.5.7. Jesús Johann Buendía Rodríguez, actuando como representante legal
suplente del Consorcio Contein Buendía, suscribió el “permiso de tala de
individuos arbóreos presentes en predio privado para la ejecución de las obras de
emergencia para la estabilización de taludes en la calle 152, con carrera 80 A,
barrio Tuna Alta de la localidad de Suba, en cumplimiento a lo ordenado en la
Resolución No 946 del 7 de diciembre de 2011. Contrato de obra No
1/01/31300/0863/2011”51
3.5.8. Diego Jaramillo Gómez, en calidad de contratista, y, Luis Fernando Triana
López, en calidad de interventor suscribieron el veintiséis (26) de noviembre de
dos mil doce (2012), actas de pago final en relación con al contrato de obra No 1 –
01 – 31300 – 863 – 2011, en las que se discriminaron las actividades adelantadas
en relación con el “muro de contención con cimentación profunda” y “rehabilitación
de la red de alcantarillado pluvial”52, de las que se destacan:
• Muro de contención: excavaciones, demoliciones, estructura de contención,
concreto de 300 PSI (suministro e instalación para estructura de contención),
anclajes 40 ton.
• Red de alcantarillado: excavaciones, demoliciones, traslado de estructuras,
rellenos, concretos, morteros y aceros, instalación de tuberías de
alcantarillado, instalación tubería sensible.
3.5.9. El Ingeniero Civil Álvaro Corrales Merlano, elaboró dictamen pericial53 en
cumplimiento al decreto de pruebas de la audiencia inicial54. Explicó que realizó
una visita al predio objeto de la litis, y contestó [en forma escrita] los
cuestionamientos de la siguiente forma:
(i) Existencia de las obras derivadas del contrato No 1 – 01 – 31300 – 0863 –
2011: “en realidad si existen las obras que han sido ejecutadas en razón del
contrato [...] firmado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y el
contratista Diego Jaramillo Gómez, en cuanto a que sea real, o supuesto el daño
depende de quien lo vea, para nuestro cuento el recebo y el concreto que la
entidad estatal hizo, es un beneficio, pero para el dueño de las vacas 55 es un
perjuicio” (sic).
(ii) Localización geográfica: Informó que el lote tiene una ubicación extraña, pues
la entrada no se encuentra “justo a la orilla del andén, sino que, está corrida 25
metros hacia el norte y hay un tramo de calle que correspondería a la carrera 90
A, no existe ninguna calle adicional atravesada, que pudiera llamársele calle 152 A
48 Folios 103 a 104. C.1.
49 Folios 107 a 108 C.1.
50 Folios 109 a 113 C.1.
51 Folio 114 C.1.
52 Folios 80 a 81. C.2.
53 Que reposa en el Cuaderno No 5.
54 Folios 217 a 279. C.1.
55 Vale la pena aclarar que, al inicio del dictamen el perito elaboró un “minicuento” en donde aludió a la existencia de un lote cuyo
dueño poseía semovientes, para luego indicar que sobre su superficie se construyó una placa de concreto, y, si bien esto eleva su
valor, lo cierto es que no es beneficioso para los animales en cuanto a la alimentación, ya que el concreto cubre la vegetación que allí
existía. Folio 1. C5.
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bus, o algo por el estilo. Pero lo que puedo asegurar es que ese es el único lote de
terreno que hay, cuya área de 2.318,31 m2, coincide con la nombrada en la
escritura # 492 del 7 de abril de 2011” (sic).
(iii) La existencia o no de superposición con los títulos del demandante: “es
bastante confuso lo de la superposición con los títulos, pero imagino que la parte
demandada se refiere, a que deben coincidir el título de propiedad con la dirección
de la nomenclatura urbana. Si es a esto que se refiere, si coinciden”.
(iv) Clase de intervención, por la ejecución de las obras del contrato No 1 – 01 –
31300 – 0863 – 2011: Se refirió al término “intervención” para señalar que, a su
juicio, es mas adecuado el término “afectación”. Seguidamente agregó:
“Con motivo del contrato que firmó la E.A.A.B con el contratista Diego Jaramillo
Gómez, se construyó un muro de contención (6 metros de altura), que tiene anclajes
de acero post-tensado, fotos 6ª, 7ª, 11ª sin duda alguna esto beneficia la propiedad,
en el sentido que impide que la tierra vaya a volcarse sobre el resto del terreno, pero
hay muchas más obras que aunque fueron necesarias para complementar la
contención y el drenaje del suelo, ahora lo perjudican y lo hacían inviable casi para
todas las actividades, tales como los cubos o dados de concreto, fotos 5ª, 10ª, que
ocupan gran área del lote, tales como la cercenada de parte área que antes de
construirse el muro tenía fotos 19ª, 20ª y 21, algunos canales y escorrentías
escalonadas, fotos 12ª, 15ª, y 16ª, que atraviesan la propiedad en ambos sentidos,
tales como tubería de 12 pulgadas, perforada por la parte superior, para colectar
aguas lluvias que hincada a una profundidad de 2 metros, pero luego hace parte del
alcantarillado. Hay tres pozos de inspección, fotos 3ª, 4ª y 9ª dentro del lote y solo
uno con tapa redonda de concreto, que se muestra en las fotos 17ª y 18ª. Si se
pensara construir uno o dos edificios de apartamentos tal como se ve en la foto 8ª
¿cómo podría hincarse pilotes o hacer zapatas con todos esos elementos
construidos?”
(v) Afectación en forma positiva o negativa del valor del predio por la ejecución de
las obras derivadas del contrato de obra:
“Nuevamente vuelvo a mi cuento; para quien construyó la placa de concreto es algo
POSITIVO ya que el concreto es de óptima calidad lo mismo que la sub-base en
recebo compactado, pero para el dueño de las vacas es NEGATIVO, porque sus
vacas no pueden alimentarse, ya que las vacas no comen concreto. Para el caso
que nos compete en la vida real también es NEGATIVO, porque cualquier
edificación que vaya a erigirse, debe contar con una cimentación, pero ¿cómo
construir algo con esos cubos a flor de tierra? Y si se destruyen se pierde el objetivo
para el cual fueron construidos y las zanjas, las escorrentías, los drenajes, las sub-
terraneas tuberías perforadas, los pozos de inspección, los geo-textiles y el resto de
obras ¿se pierde todo ese trabajo? ¿se pierde todo el dinero invertido? Y quien
debe perderlo?. Además, para destruir lo que se ha hecho y botar los escombros
debe invertirse dinero. ¿Quién asumiría los esos gastos?. En definitiva, si se
entregara a sus dueños, el lote en las condiciones actuales, se causaría un enorme
daño patrimonial que afectaría en forma negativa el valor del predio” (sic) –
mayúsculas propias del texto -.
(vi) Valorización o pérdida económica en el evento en que los afectara por la
ejecución de las obras derivadas del contrato No 1 – 01 – 31300 – 0863 – 2011:
“Sin duda alguna, habría una gran pérdida económica, justo por las obras
ejecutadas, derivadas del contrato de obra 863 de 2011. Tengo en mi poder el
avalúo comercial del lote en comento, hecho por el arquitecto Juan Carlos Rubio
Arbeláez con registro CRP 079, de la Cámara de Propiedad Raíz, de enero 15 de
2014 que avalúa dicho lote en el valor de $2.869.737.652 […] y, según una
certificación catastral cuya copia adjuntaré a este informe, el avalúo del mencionado
predio es de $2.381.139.000 […] para ese año” (sic).
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(vii) Determinar si corresponde a obras ejecutadas por el demandado Diego
Jaramillo Gómez: “sólo el demandado Diego Jaramillo Gómez ha ejecutado obras
sin orden expresa y por escrito del propietario del lote del terreno”.
(viii) Revisar si correspondió a terrenos ubicados en zona de alto riesgo de
amenaza de remoción de masa, antes de diciembre de 2011:
“Si, las autoridades locales determinaron antes de diciembre de 2011 que los
terrenos en donde está el lote era zona de ALTO RIESGO DE AMENAZA DE
REMOCIÓN DE MASA. Yo considero que debió decirse ALTA PROBABILIDAD DE
AMENAZA DE REMOCIÓN DE MASA, pues se considera que un talud de 70
grados en adelante, para terrenos arenosos, limosos o arcillosos y además, de
grandes cantidades de masa pueden ser peligrosos para una población, pero para
el caso que nos ocupa, la pendiente del terreno es menor a 40 grados, además la
cantidad de tierra que podría moverse en caso de saturación por aguas lluvias es
muy pequeña, de tal modo que no representa peligro alguno, por lo tanto, es
riesgoso. La prueba de eso, es que según la foto # 8, existe un edificio en dicha
zona a pocos metros del lote de la litis” (sic) (mayúsculas propias del original).
(ix) La aplicación que en su momento tuvo la Resolución No 0946 de 7 de
diciembre de dos mil once (2011), por la cual, declaró la urgencia para las obras
de mitigación en el sector (sic): Indicó que con el dictamen aporta copia del acto
administrativo resaltando que éste no habla de “expropiación”.
3.5.10. La contradicción del dictamen pericial tuvo lugar en la audiencia de
pruebas celebrada el doce (12) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)56, en
donde se concedió el uso de la palabra al perito Álvaro Corrales Merlano57,
quien manifestó, ser Ingeniero Civil con más de veinte (20) años de experiencia en
la elaboración de peritajes. Al explicar el objeto del dictamen, informó que visitó el
lote objeto de la litis, de cuerpo presente, viendo las obras que hizo “un Ingeniero
de apellido Jaramillo, las cuales principalmente consisten en unos cubos hechos
de concreto de más o menos 1m3 cada uno. También algo principal es un muro de
contención que está situado en la parte oriental del lote. Se vieron, además, unos
tubos perforados para la conducción de aguas residuales, unos pozos de
inspección y, en definitiva, bueno, finalmente, un geotextil, es un material que se
usa para impedir que el agua penetre a determinadas zonas del suelo, eso es
todo”.
El Magistrado conductor de la audiencia concedió el uso de la palabra a los
apoderados de las partes para efectos de una posible solicitud de aclaración o
complementación a formular al perito.
Acueducto de Bogotá58, solicitó aclaración al perito sobre los siguientes aspectos:
(i) señalar el porcentaje de ocupación de las obras en el terreno de propiedad del
demandante; el perito indicó: “el porcentaje de las obras ejecutadas es alrededor
del 70%”. Seguidamente el director de la audiencia intervino y preguntó: “señor
perito, usted hizo esa medición o la esta indicando acá en la audiencia, o eso está
en el dictamen pericial”. El auxiliar de la justicia contestó: “no hice mediciones
con un metro o con un decámetro, sino, viendo la cantidad del área que se
ocupa, es más o menos alrededor del 70%”59 (destaca la Sala); (ii) en cuanto a
la antigüedad del muro de contención, indicó el perito que “no existe un medio
científico que le indique a la persona sobre la antigüedad de cualquier elemento.
Se utiliza en la ciencia, el carbono 14, que es una fórmula para encontrar la
antigüedad, sin embargo, por la vejez que muestra, yo le calculo alrededor de 15
años”60; (iii) explicación sobre la forma en que estableció el valor de la pérdida
económica, conforme a lo consignado en el punto 6 de la experticia: indicó el
56 Cd obrante a folio 350. Acta de audiencia de pruebas. Folios 351 a 354. C.1.
57 Su intervención inicia en el minuto 0:17:22.
58 Minuto 0:20:48
59 Minuto 0:21:19 a 0:21:52
60 Minuto 0:22:11 a 0:22:52
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auxiliar de la justicia que, tomó el avalúo elaborado por el arquitecto Juan Carlos
Rubio Arbeláez, así como, el avalúo catastral que hace parte de la pericia.
Agregó, “esta fuente la tomo porque es una fuente oficial” pues es emitida por la
oficina de catastro, sin embargo, precisó que personalmente no conoce al
arquitecto Arbeláez, y, que el avalúo está confirmado por la Cámara de Propiedad
Raíz. Tenía conocimiento que ese dictamen fue presentado con la demanda,
además, indicó que las pautas con las que fue elaborado son las mismas que se
utilizan para los demás dictámenes y están aprobadas por la Cámara de
Propiedad Raíz; (iv) se solicitó aclaración sobre el punto 4 de la pericia, en cuanto
a indicar cuál es la base científica con la que llegó a dicha conclusión. El perito dio
lectura al punto 4 del dictamen, para luego señalar que los cubos de concreto que
se observan en el terreno, impiden la construcción de cualquier otro elemento
estructural, pues sería necesaria su destrucción para hincar pilotes o hacer zapata
de construcción.
Parte actora61, manifestó no tener ninguna pregunta.
La Previsora SA compañía de Seguros62, solicitó al perito: (i) señalar si a su juicio,
la intervención que se hizo en el lote, era o no necesaria, y, para dar respuesta
leyó nuevamente el contenido del dictamen, para luego, reiterar la imposibilidad de
edificar en el terreno ante la existencia de los cubos de concreto, sin embargo, no
contestó el interrogante; (ii) explicar cómo llega a la conclusión sobre el valor del
predio, teniendo en cuenta que, en respuesta anterior precisó ser inviable una
construcción. Señaló el auxiliar de la justicia que, “si el lote no se puede usar para
nada, debe desecharse, debe conseguirse la forma de como restituirle el lote, o
pagarle el lote, y se queda con el lote para dejarlo ahí por tiempo indefinido con los
cubos que tiene colocados”; (iii) las consecuencias que se habrían presentado en
el terreno, en el evento de no haberse realizado las intervenciones. El perito
precisó que “realmente si era necesario hacerle las obras que se hicieron, ya que
se había roto un tubo, pues esto podía haber generado más daños no solo en ese
sector, sino en otro sector más amplio”63.
Allianz Seguros SA64, solicitó al perito (i) informar si se hizo un levantamiento
topográfico del terreno en relación con la pendiente del talud que, conforme al
dictamen es de 40°, a lo que contestó “no se hizo levantamiento topográfico, se
tomaron medidas para determinar el porcentaje, el porcentaje que se toma es la
longitud en el sentido horizontal y la altura en el sentido vertical, y, con eso se
encuentra la pendiente”65; (ii) aclaración sobre la existencia de una medición del
terreno en relación con el porcentaje de ocupación. El perito señaló: “no se ha
hecho levantamiento topográfico, hablé de mediciones para calcular la pendiente.
La pendiente se toma definitivamente sin tener que hacer un levantamiento
topográfico, simplemente se toma la medida en una forma longitudinal y luego en
una forma vertical, eso da la pendiente”66.
Seguros del Estado SA67, manifestó no tener observaciones.
En síntesis, la Sala concluye que se trajo a este contencioso prueba suficiente
para demostrar: (i) la titularidad del predio en cabeza de la parte demandante, así
como la ubicación del mismo, pues la escritura pública No 492 de 7 de abril de
2011, da cuenta que los predios denominados “La Alquería”, “El Encanto” y “El
Cuadro”, fueron englobados en una sola unidad a la que fue asignada la dirección
calle 152 A No 91 – 36 interiores 1, 2 y 3 [hechos probado 3.4.1, 3.4.2. y 3.4.3.];
(ii) la situación de riesgo que se presentaba en el sector, y la causa de la misma,
pues el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático informó que,
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esto se debía a la problemática asociada a las tuberías del acueducto, lo que
conllevó a la declaratoria de emergencia [hechos probados 3.4.4 y 3.4.5]; (iii) las
obras que para la mitigación contrató el Acueducto de Bogotá con Diego Jaramillo
Gómez, que incluyeron la construcción de un muro de contención, los cubos de
concreto, así como la instalación de tuberías [hechos probados 3.4.6. y 3.4.8]; (iv)
la presencia de esos elementos en un predio aledaño al talud objeto de
intervención, pues así se desprende no solo de las fotografías del dictamen
pericial, sino también de las actas de pago final elaboradas por el contratista Diego
Jaramillo Gómez el 26 de noviembre de 2012, en donde se hace alusión a la
construcción del muro de contención y la instalación de las tuberías para la
rehabilitación de la red de alcantarillado pluvial [hecho probado 3.4.8.].
A efectos de acreditar la existencia del daño, y, el hecho que aduce como
fuente, se decretó por el juez de la primera instancia un dictamen pericial, – que
no fue solicitado por la parte actora, sino, por el Acueducto de Bogotá -, y, como
consecuencia, designó al Ingeniero Civil Álvaro Corrales Merlano.
Para efectos del análisis del dictamen rendido por el perito, ha de tomar la Sala en
consideración lo dispuesto en los artículos 16568, 17669 y 23270 del Código General
del Proceso, el dictamen pericial constituye un elemento más de prueba que debe
ser valorado por el funcionario judicial, conforme a las reglas de la sana crítica y
en conjunto con los demás medios de convicción, teniendo en cuenta la firmeza,
precisión y calidad de sus fundamentos, además de la competencia del perito,
presupuestos que no reúne la pericia rendida dentro de este proceso, pues no
cumple las condiciones de ser claro, preciso y detallado y estar debidamente
fundamentado.
En este caso, la Subsección encuentra que, si bien el perito visitó el predio
señalado como objeto de afectación, y tuvo una percepción directa de la existencia
de un muro de contención y cubos de concreto, lo cierto es que aceptó en la
audiencia de pruebas, al dar respuesta a los cuestionamientos de los apoderados,
que no realizó medición alguna, ni tampoco elaboró un levantamiento topográfico.
Concretamente dijo el perito: “no hice mediciones con un metro o con un
decámetro, sino, viendo la cantidad del área que se ocupa, es más o menos
alrededor del 70%” [hecho probado 3.4.10].
Tal respuesta genera perplejidad por cuanto el ejercicio de medición del terreno y
el levantamiento topográfico (que conlleva un examen de las características
físicas, geográficas y geológicas del terreno) son los medios técnicos mínimos
necesarios para revelar un daño de esta naturaleza en el plano material. La
experticia se concreta en la capacidad para develar la afectación con aplicación de
instrumentos de medición y procedimientos lógicos que permitan demostrar que
aquella ocurrió y que causó lesión del derecho del propietario sobre la totalidad o
una parcialidad de un terreno, hecho cuyo conocimiento no está al alcance del
juez, quien, por tanto, requiere del auxilio de un experto con conocimientos y
acceso a técnicas y recursos especializados para su revelación. Tales medios y
técnicas, entonces, no pueden ser sustituidos por una estimación porcentual
aproximada, a la manera en que lo haría cualquier persona sin conocimientos
especializados.
En esta medida, se advierte la ausencia de un cimiento certero, sustento técnico, e
implementación de una metodología adecuada, que sirvan de base a las
68 “Artículo 165. Medios de prueba. Son medios de prueba, la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de
terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la
formación del convencimiento del juez. El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones
que regulen medios semejantes o según su prudente juicio”.
69 “Artículo 176. Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana
crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. El juez expondrá
siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba”.
70 “Artículo 232. Apreciación del dictamen. El juez apreciará el dictamen de acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo en
cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la
audiencia, y las demás pruebas que obren en el proceso”.
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conclusiones consignadas en el dictamen pericial, además, del análisis de las
respuestas a las solicitudes de aclaración que se formularon sobre aspectos como
la porción de terreno ocupada y antigüedad del muro, se observan conjeturas y
falta de claridad de parte del perito.
Contrario a como lo considera el apelante, no es cierto que el dictamen pericial
acredite la existencia del daño, pues si bien presta utilidad para establecer que
hay unas obras instaladas en el predio que el perito inspeccionó, no resulta eficaz
para demostrar la afectación real de la utilidad del predio de propiedad del
demandante, pues para ello era necesario determinar la ocupación permanente de
la totalidad o al menos una franja del terreno, tanto como la previa idoneidad de
esta para la derivación de una utilidad específica para su dueño, y la pérdida cierta
de ese potencial provecho; aspectos estos que debían ser probados por la
demandante atendiendo a los parámetros del artículo 167 del Código General del
Proceso.
El demandante, a juicio de esta Subsección, estuvo más presto a la estimación del
quantum de la pérdida económica que derivaría del daño, que de la prueba de
éste. Las pruebas aportadas y solicitadas en la demanda – incluida la pericial –,
gravitan sobre el valor del predio en razón del avalúo, y no, sobre la cantidad de
terreno real y efectivamente ocupada.
Así, para la Sala, la existencia del daño alegado no encuentra sustento probatorio
en el expediente, motivo por el cual, este cargo de apelación no tiene vocación de
prosperar.
En relación con los demás cargos del recurso de apelación, la Sala considera lo
siguiente:
i) Alega la parte actora una irregularidad en el decreto de pruebas de la audiencia
inicial, dado que el Magistrado negó la práctica de la inspección judicial solicitada
por la contraparte para decretar el dictamen pericial que tenía por objeto probar la
existencia de las obras, más no la cuantificación de perjuicios.
Este reproche, sin embargo, no puede ser atendido, puesto que, la decisión de la
primera instancia pudo ser impugnada, e incluso, pudo ser objeto de insistencia
por la parte interesada, pero ésta, por el contrario, en el desarrollo de la audiencia
de pruebas del doce (12) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), la parte
demandante desistió incluso de los testimonios de Jesús Johann Buendía, Carlos
Alberto Moreno Neira y Carmen Lara, que habían sido solicitados con el fin de
acreditar el daño, señalando que las circunstancias sobre la ocupación estaban
debidamente documentadas en la actuación, desistimiento éste que fue aceptado
por el Juez de la primera instancia. Al punto viene necesario rememorar el
alcance del artículo 167 del Código General del Proceso, en tanto prescribe que
“Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran
el efecto jurídico que ellas persiguen”.
ii) Considera el recurrente que, la inasistencia de Diego Jaramillo Gómez para la
práctica del interrogatorio de parte, conlleva a declarársele confeso de los hechos
siete (7) y once (11) a diecisiete (17).
En relación con este argumento, el artículo 205 del Código General del Proceso
señala que “la inasistencia del citado a la audiencia, (…), harán presumir ciertos
los hechos susceptibles de prueba de confesión sobre los cuales versen las
preguntas asertivas admisibles contenidas en el interrogatorio escrito”. Empero, el
valor probatorio de la confesión ficta o presunta se sujeta a las condiciones
previstas en el artículo 191 ibidem, entre los que se destaca: “1. Que el confesante
tenga capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el derecho que resulte de
lo confesado.” “2. Que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas
adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria.” y “3. Que recaiga
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sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio de prueba.” Por su
parte, el artículo 195 ejusdem prevé que: “No valdrá la confesión de los
representantes de las entidades públicas cualquiera que sea el orden al que
pertenezcan o el régimen jurídico al que estén sometidas.”
Dicho esto, se tiene que al señor Jaramillo Gómez se le llamó a interrogatorio en
virtud de ser el contratista en el contrato de obra No 1 – 01 – 31300 – 0863 – 2011
que celebró con el Acueducto de Bogotá, para la “ejecución de obras de
emergencia para la estabilización de taludes en la calle 152 A con carrera 90 A,
barrio Tuna Alta de la localidad de Suba, en cumplimiento de lo ordenado en la
Resolución No 946 del 7 de diciembre de 2011” [hecho probado 3.5.6]. De donde
se sigue que en su condición de contratista en modo alguno estaba facultado para
comprometer a la entidad pública contratante a través del medio de prueba de la
confesión, puesto que el objeto y alcance del contrato no le conferían tal
capacidad. Tal confesión no le está permitida a los representantes legales de las
entidades públicas71, menos aún podría considerarse válida la derivada de la
inasistencia del contratista a la audiencia dispuesta para su interrogatorio.
Por lo expuesto, no habiendo otro medio de prueba que resulte eficaz para
acreditar la existencia del daño invocado en la demanda, y, en consecuencia, no
ser posible acudir al estudio del carácter antijurídico de aquel menoscabo y mucho
menos al respectivo juicio de imputación, la Sala confirmará la sentencia
proferida el doce (12) de abril de dos mil dieciocho (2018) por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que negó las súplicas de la sociedad
demandante.
IV. COSTAS
El artículo 361 de la ley 1564 de 2012, Código General del Proceso (CGP), prevé
que “las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos
sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”. A su vez,
los artículos 365, numeral 1,72 y 366, numerales 1,3 y 6,73 ejusdem, aplicables a
los procesos contenciosos administrativos por expresa remisión del artículo 306 de
la ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), prescriben que se condenará en costas a la parte
vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
71 Corte Constitucional, sentencia C-632/12 “(...) la restricción probatoria que aquí se aborda, conscientemente introducida por el
legislador en diferentes compendios normativos, encuentra fundamento en claros principios de cariz constitucional (artículos 1º y 2º de
la Constitución Política), en pro de la res publicae y, por ende, en favor de la colectividad, como no podría ser de otra manera, al estar
comprometido el interés general. En cuanto al particular, se tiene que la Corte Constitucional al referirse a la constitucionalidad del ya
derogado artículo 199 del Código de Procedimiento Civil, pero que mutatis mutandis resulta aplicable al sub examine, sostuvo que:
"El fundamento de la regla de invalidez de la confesión hecha por los representantes de la nación, los departamentos, los distritos, los
municipios y los establecimientos públicos -hoy extendida a todas las entidades públicas según lo dispuesto en el Código Contencioso
Administrativo y en el Código General del Proceso- se vincula al principio de legalidad y al deber de asegurar el interés general, la
moralidad pública y el patrimonio del Estado. Estos intereses constitucionales exigen que la actuación del Estado se encuentre
sometida al derecho vigente y que la afectación de su patrimonio solo se produzca cuando se satisfagan las exigencias previstas en la
ley. De esta manera, la relación entre los intereses constitucionales mencionados y la restricción a la eficacia probatoria de la
confesión en el caso de los representantes de las entidades públicas, se explica al considerar que la norma demandada tiene la
aptitud de evitar que los funcionarios públicos, en virtud de una declaración no ajustada a la realidad o irregular en cualquier sentido,
puedan comprometer seriamente la responsabilidad de una entidad pública. Atendiendo que la capacidad de la confesión para incidir
en la orientación de una decisión judicial resulta inobjetable, el legislador dispuso eliminar su validez -aún bajo la posibilidad de afectar
la construcción de la verdad en el proceso civil- debido al riesgo de comportamientos dolosos o negligentes por parte de funcionarios
públicos al momento de emitir una declaración».
72 CGP. “Artículo 365. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se
sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, suplica, anulación o revisión que haya propuesto […]”.
73 CGP. “Artículo 366. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido
del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el
auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […] 3. La liquidación incluirá el valor de los
honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que
aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el
magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado. […] 6. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse
las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el
juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó
personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda excederse el máximo de dichas tarifas”
(subrayado añadido).
21
Radicado: 25000-23-36-000-2014-00641-02 (61609)
Actor: Fideicomiso Patrimonio Autónomo Consorcio Buen día (Fidubogotá)
apelación. Su liquidación se realiza, de manera concentrada, por la secretaría del
juzgador que haya conocido el proceso en primera o única instancia. Sin embargo,
en este escenario corresponde la fijación de las agencias en derecho, de acuerdo
con las tarifas fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura.
Bajo tales previsiones, la Sala condenará en costas a la parte demandante pues
fue la vencida en este proceso y en esta instancia. Para tal efecto, la Secretaría de
la Sección deberá efectuar la correspondiente liquidación y tasación, para lo cual
deberá considerar tanto los gastos judiciales hechos por los demandados,
correspondientes a las actuaciones autorizadas por la ley —siempre que
aparezcan comprobados—, como las agencias en derecho que esta Corporación
procede a fijar por el 0.1% del valor de las pretensiones, de conformidad con las
tarifas establecidas en el Acuerdo 1887 de 2003 expedido por el Consejo Superior
de la Judicatura74.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
De acuerdo con lo anterior, esta Sala fija agencias en derecho por un (1) SMLMV,
vigente al momento de esta sentencia, de acuerdo con las tarifas establecidas en el
Acuerdo 1887 de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura75.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLÁRESE FUNDADO el impedimento presentado por el magistrado
Nicolás Yepes Corrales
SEGUNDO: CONFÍRMASE la sentencia proferida el doce (12) de abril de dos mil
dieciocho (2018) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C, que negó las pretensiones de la demanda.
TERCERO: CONDÉNASE en costas a la parte demandante. FÍJESE, por
Secretaría, como agencias en derecho el monto equivalente al 0.1% del valor de
las pretensiones de la demanda.
CUARTO: Ejecutoriada la presente sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al
Tribunal de origen para lo de su cargo.
Cópiese, Notifíquese, Cúmplase
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
VF
SFGS
74 Acuerdo 1887 de 2003. El artículo 6 numeral 3.1.1. prescribe que, para los medios de control promovidos en la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, la tarifa en única instancia en los asuntos con cuantía será “hasta el quince por ciento (15%) del valor de
las pretensiones, reconocidas o negadas en la sentencia”.
75 Acuerdo PSAA16-10554 de 2016. El artículo 5 establece que para los procesos declarativos en segunda instancia será “Entre 1 y 6
S.M.M.L.V”.
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