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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2014-00705-01

Fecha
19 de abril de 2024
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2014-00705-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR de oficio la sentencia el 29 de octubre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, las cual quedará así: PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las resoluciones n.°s 2961 del 15 de noviembre y 3048 del 28 de noviembre de 2013, por medio de las cuales el IDU adjudicó las licitaciones públicas n.°s IDU-LP-SGI-011-2013, grupo 2 e IDU-LP-SGI- 009-2013, grupo 4, y la nulidad absoluta de los contratos n.° 1722 del 2 de diciembre de 2013, suscrito con la firma ICEIN S.A.S., y n.° 1792 del 9 de diciembre de 2013, celebrado con el Consorcio Vial 2013-GI. SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones. TERCERO: FIJAR como agencias en derecho a favor del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, la suma de SEIS MILLONES DE PESOS MCTE ($6.000.000) y en contra de los miembros de los consorcios Vial JJM-09 y Vial JM- 011, en proporción de su participación. SEGUNDO: CONDENAR en costas, en segunda instancia, a la parte actora, miembros de los consorcios Vial JJM-09 y Vial JM-011, en proporción de su participación, y a favor del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU. En consecuencia, se fijan las agencias en derecho, para esta instancia, en la suma de tres millones cuatrocientos ochenta y tres mil quinientos ochenta y cinco pesos ($3.483.585). TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo. Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2014-00705-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

19 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00705-01 (56.413)

Actor: CONSORCIOS VIAL JJM-009 Y VIAL JM-0111

Demandado: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Asunto: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Tema: Alcance de la apelación. La demostración de la mejor propuesta es parte de
la carga probatoria de la parte actora, que no corresponde suplirla al juez. No es
suficiente con ejercicios subjetivos de una posible evaluación. Se deben dar
explicaciones y respaldos probatorios.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
en contra de la sentencia del 29 de octubre de 2015, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual
se negaron las pretensiones de la demanda, así (fls. 130 a 135, c. ppal, 2ª instancia, acta
de la audiencia inicial con sentencia oral):

PRIMERO: Se NIEGAN las pretensiones de la demanda, de acuerdo con la parte
considerativa de esta providencia. SEGUNDO: Se fijan como agencias en derecho a
favor del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, la suma de SEIS MILLONES DE
PESOS MCTE ($6.000.000). TERCERO: LA PRESENTE SENTENCIA SE
NOTIFICA EN ESTADOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL
ARTÍCULO 202 DEL CPACA. CUARTO: CONTRA LA PRESENTE SENTENCIA
PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN, DENTRO DE LOS 10 DÍAS
SIGUIENTES A SU NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La parte actora pretende que se anulen las resoluciones n.°s 2961 del 15 de
noviembre y 3048 del 28 de noviembre de 2013, por medio de las cuales el IDU
adjudicó las licitaciones públicas n.°s IDU-LP-SGI-011-2013, grupo 2 e IDU-LP-
SGI-009-2013, grupo 4, respectivamente, que tenían como finalidad contratar unas

1
Los consorcios fueron integrados por las mismas personas, a saber: Jorge Enrique Rojas Abril y la
sociedad Mantenimiento y Seguridad Vial S.A.S. Los integrantes nombraron como representante
legal a la señora Janeth Farfán Duque, facultada para representarlos en todos los actos (fls.1 a 8, c.
2, cláusulas 5ª y 8ª), quien fue la que otorgó el poder para demandar en el presente asunto (fls. 12
y 13, c. ppal, 1ª instancia).

Radicación número: 25000233600020140070501 (56.413)
Actores: Consorcio JJM-009 y otro
Demandada: IDU
Referencia: Controversias contractuales

obras en la malla vial, urbana y rural, de la ciudad de Bogotá. En consecuencia, se
solicita la nulidad absoluta de los contratos estatales derivados de tales
adjudicaciones.

El fundamento de la nulidad fue el indebido rechazo de la propuesta, puesto que,
por un error de transcripción, en el anexo n.° 4.3, sobre experiencia específica, se
relacionaron los datos de un contrato que no correspondía y que no cumplía con lo
exigido; sin embargo, sin agregar un nuevo contrato, sino con base en los datos de
un contrato que ya obraba en la propuesta, se corrigió dicho error y, por lo tanto, se
consignaron los datos correctos en el referido anexo; sin embargo, la entidad
demandada estimó que se trataba de un mejoramiento de la propuesta y confirmó
el rechazo.

II. ANTECEDENTES
A. Demanda

1. El 22 de mayo de 2014 (fl. 11 rev., c. ppal, 1ª instancia), los Consorcios Vial JJM-09 y
Vial JM-011, en lo que sigue la parte actora, presentaron demanda, en ejercicio de
la acción de controversias contractuales, en contra del IDU, con base en las
siguientes pretensiones (fl. 1 y rev., c. ppal, 1ª instancia):

1. Que es nula la resolución n.° 3048 del 28 de noviembre de 2013 expedida
por el Instituto de Desarrollo Urbano mediante la cual, el INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO-IDU adjudicó los grupos n.° 1, 2, 3 , 4 y 5 de la
Licitación Pública n.° IDU-LP-DG-009-2013 a las siguientes empresas
respectivamente: CONSORCIO VIAL 2013-G1, CONSORCIO VIAL FASE 1
2013, UNIÓN TEMPORAL CONSERVACIONES 2014, COMPAÑÍA DE
TRABAJOS URBANOS S.A. y UNIÓN TEMPORAL CONSERVACIÓN VIAL.

2. Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de la resolución n.°
3048 de 2013 se declare la nulidad absoluta del contrato n.° 1792 de 2013,
celebrado entre el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU y el
CONSORCIO VIAL 2013-G1, cuyo objeto es “Ejecutar las obras y actividades
para la conservación de la malla vial arterial n.° troncal, grupo 4, fase I-2013, a
precios unitarios en la ciudad de Bogotá D.C.”.

3. Que consecuencia de las anteriores declaraciones se declare que la oferta
presentada por el CONSORCIO VIAL JM-009 (sic) era la mejor oferta dentro
de la Licitación Pública n.° IDU-LP-DG-009-2013.

4. Que es nula la resolución n.° 2961 del 15 de noviembre de 2013 expedida
por el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU mediante la cual se
adjudicó los grupos n.° 1 y 2 de la Licitación Pública n.° IDU-LP-DG-011-2014
a las siguientes empresas respectivamente: COMPAÑÍA DE TRABAJOS
URBANOS S.A. e ICEIN S.A.S.

5. Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de la resolución n.°
2961 del 15 de noviembre de 2013 se declare la nulidad absoluta del contrato
n.° 1722 de 2013, celebrado entre el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-
IDU y el ICEIN S.A.S., cuyo objeto es “realizar las obras y actividades para
conservación de la malla vial rural, en el Grupo 2-Zona Sur-Fase 1-2013, a
precios unitarios con ajustes en la ciudad de Bogotá D.C.”.

2

Radicación número: 25000233600020140070501 (56.413)
Actores: Consorcio JJM-009 y otro
Demandada: IDU
Referencia: Controversias contractuales

6. Que consecuencia de las anteriores declaraciones se declare que la oferta
presentada por el CONSORCIO VIAL JM-011 era la mejor oferta dentro de la
Licitación Pública n.° IDU-LP-DG-011-2013.

7. Que se condene al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO a pagar al
consorcio CONSORCIO (sic) VIAL JM-009 la utilidad que hubiera devengado
por la adjudicación, celebración y ejecución del AIU en la respectiva utilidad del
contrato 1792/13 grupo 4 un valor de CUATROCIENTOS UN MILLONES
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS
($401.398.222).

8. Que se condene al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO a pagar al
consorcio la utilidad que hubiera devengado por la adjudicación, celebración y
ejecución del AIU en la respectiva utilidad del contrato 1722/13 grupo 2 un valor
de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS
DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS DOS MIL (sic) PESOS CUATROCIENTOS
UN MIL (sic) UN MILLONES (sic) TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS (sic) ($295.318.885).

9. Que las anteriores cifras fueran debidamente indexadas con sujeción a las
fórmulas de actualización del IPC.

10. Que se reconozca a partir de la fecha de adjudicación y hasta la fecha de
la sentencia que ponga fin al presente proceso intereses legales.

2. En los hechos (fls. 1 rev. a 3 rev., c. ppal, 1ª instancia), la parte actora señaló
que se presentó en dos procesos de selección adelantados por el IDU para llevar a
cabo unas obras en la malla vial de Bogotá.

2.1. En la licitación pública n.° IDU-LP-SGI-009-2013, grupo 4, la parte actora se
presentó como el Consorcio JM-009, pero su propuesta fue rechazada por no
acreditar el requisito de experiencia específica; sin embargo, esto obedeció a un
error de transcripción en el anexo n.° 4.3, en el cual se relacionó un contrato que
no cumplía con lo exigido. En el traslado del informe de evaluación, se procedió a
corregir dicho error y se consignaron los datos correctos en el referido anexo, con
base en otro contrato que ya obraba en la propuesta. La entidad demandada estimó
que se trataba de un mejoramiento de la propuesta y confirmó el rechazo.

2.2. En la licitación n.° IDU-LP-SGI-011-2013, grupo 2, en la cual la parte actora
concurrió como el Consorcio JM-011, sucedió algo similar.

2.3. El 15 de noviembre de 2013, mediante la resolución n.° 2961, la demandada
adjudicó la licitación pública n.° IDU-LP-SGI-011-2013, grupo 2 y, posteriormente,
celebró el contrato n.° 1722 del 2 de diciembre de 2013, con la firma ICEIN S.A.S.

2.4. El 28 de noviembre siguiente, a través de la resolución n.° 3048, la demandada
adjudicó la licitación pública n.° IDU-LP-SGI-009-2013, grupo 4 y seguidamente
celebró el n.° 1792 del 9 de diciembre de 2013, con el Consorcio Vial 2013-GI.

3

Radicación número: 25000233600020140070501 (56.413)
Actores: Consorcio JJM-009 y otro
Demandada: IDU
Referencia: Controversias contractuales

3. Como concepto de la violación (fls. 4 a 10, c. ppal, 1ª instancia), bajo las
denominaciones de “vulneración al debido proceso y al derecho de defensa”, el
“derecho a la igualdad” y el “principio de selección objetiva e igualdad”, la parte
actora se limitó a reiterar que tenía derecho a subsanar su propuesta, porque se
trataba de un requisito habilitante, que fue corregido con base en los documentos
obrantes en la misma. Insistió que por un error de transcripción se relacionó el
contrato n.° 765 de 1999, cuando lo correcto era el contrato n.° 159 de 2006, que
era parte de los documentos de su ofrecimiento; sin embargo, la entidad
demandada estimó que de esta forma se adicionaba la propuesta. Finalmente,
estimó improcedente exigir la demostración de una experiencia que ya estaba
acreditada ante el RUP de la Cámara de Comercio.

B. Trámite de primera instancia

4. El 19 de agosto de 2014, el Tribunal a quo admitió la demanda y ordenó notificar
al IDU y a los consorcios Vial 2013-G1 e ICEIN S.A.S., en calidad de adjudicatarios
de los contratos frentes a los cuales se pidió la nulidad absoluta, y al Ministerio
Público (fls. 16 a 18, c. ppal, 1ª instancia).

5. La demandada contestó la demanda (fls. 23 a 33, c. ppal, 1ª instancia) y se opuso a
las pretensiones de las demandas. De fondo, sostuvo que la “situación presentada
por el proponente (…) NO constituía error de transcripción. El día 30 de octubre de
2013, a través de radicado 20135261047492, el proponente presentó
observaciones al informe de evaluación inicial, manifestando que su intención no
había sido la de incluir los contratos que se encontraban relacionados en el Anexo
4.3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN CONSULTORÍA, sino otros, los cuales
solicitaba que se tuvieran en cuenta. No se trató de una situación de
subsanabilidad, es claro que en el anexo citado se encontraban relacionados (2)
dos contratos como lo exigía el pliego de condiciones, información suficiente que
permitió a la entidad realizar la evaluación, y por eso no se le realizaron
requerimientos en lo referente a este aspecto” (fl. 26, c. ppal, 1ª instancia).

5.1. También sostuvo que no hay pruebas que permitan determinar que las
propuestas de la parte actora eran mejores que las que finalmente quedaron
seleccionadas.

5.2. Propuso como excepciones la falta de agotamiento del trámite de conciliación
extrajudicial, toda vez que la solicitud para el efecto se limitó a la nulidad de las
resoluciones de adjudicación, pero no a las demás pretensiones de la demanda, y
la indebida escogencia del medio de control, por cuanto, además de que la nulidad

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Radicación número: 25000233600020140070501 (56.413)
Actores: Consorcio JJM-009 y otro
Demandada: IDU
Referencia: Controversias contractuales

absoluta del contrato está reservada a las partes, el artículo 141 del CPACA
dispone que la nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho son los medios
idóneos para cuestionar la legalidad de los actos previos.

6. ICEIN S.A.S. (fls. 88 a 108, c. ppal, 1ª instancia), en similares términos a lo

manifestado por la demandada, estimó que la parte actora no cumplió con las
exigencias del pliego, razón por la cual fue rechazada. De ninguna manera se
permitió que el proponente aportara nuevos contratos para acreditar un requisito no
cumplido. En todo caso, el pliego prohibió que se incorporaran más de dos contratos
para el anexo 4.3, así éstos estuvieran en la propuesta.

7. El 23 de septiembre de 2015, el a quo fijó para el 19 de octubre siguiente la
realización de la audiencia inicial (fls. 116 y rev., c. ppal, 1ª instancia). El 14 de octubre
de 2015, el a quo, además de cambiar la fecha de la referida audiencia para el 26
de octubre, advirtió a las partes que si en la fijación del litigio se encontraba que el
asunto era de puro derecho o que no era necesario practicar pruebas, se dictaría
sentencia anticipada (fl. 118, c. ppal, 1ª instancia).

8. El 26 de octubre de 2015, en el desarrollo de la audiencia inicial, en particular,
en la fijación del litigio, se llegó a la conclusión de que, además de ser un asunto
de puro derecho, no habían pruebas por decretar, razón por la cual se corrió
traslado a las partes y los litisconsortes para alegar de conclusión. En sus
alegaciones, las partes y ICEIN S.A.S. reiteraron los argumentos de sus
intervenciones (fl. 131 rev., c. ppal, 2ª instancia). El Ministerio Público no se hizo presente
a la audiencia inicial.

C. La sentencia oral de primera instancia

9. En la sentencia oral del 26 de octubre de 2015 (fls. 132 a 135, c. ppal, 2ª instancia), el
Tribunal a quo, después de esclarecer que en los dos procesos cuestionados las
reglas de los pliegos, así como la situación fáctica, eran idénticas, definió el
problema jurídico así: “¿Si de conformidad con el numeral 2.2.8.3 de los pliegos de
condiciones (subsanación experiencia específica), el proponente podía corregir el
anexo 4.3 con un contrato no relacionado en dicho anexo, pero aportado
inicialmente con la propuesta?”.

9.1. Explicó que según el pliego, la experiencia específica del proponente se
demostraba con el RUP o, en su defecto, con el diligenciamiento del anexo 4.3. En
este anexo se podían relacionar como máximo dos contratos por proponente. En el

5

Radicación número: 25000233600020140070501 (56.413)
Actores: Consorcio JJM-009 y otro
Demandada: IDU
Referencia: Controversias contractuales

evento de que se relacionaran más contratos, sólo se tendrían en cuenta los dos
exigidos.

9.2. Por su parte, a su juicio, la experiencia específica relacionada en el anexo 4.3
se podía subsanar tanto en los soportes, como en el texto del anexo. Los primeros,
los soportes, siempre que fueran los relacionados en el texto. El segundo, su texto,
en la medida que solo se incluyeran contratos respecto de los cuales se hubiera
presentado el documento soporte con la propuesta, pero sin superar los máximos
de contratos permitidos.

9.3. Consideró ambigua la regla de subsanación porque si bien permitía relacionar
más contratos, al tiempo solo se permitía valorar como máximo dos para la
experiencia específica, sin que pudieran variarse los originalmente relacionados, lo
cual dejaba sin posibilidad de saneamiento real.

9.4. Interpretó dicha ambigüedad a favor del proponente y dado que la experiencia
específica fue consagrada como un requisito habilitante, consideró que debía
permitirse la subsanación para privilegiar lo sustancial sobre lo formal. En
consecuencia, se le debió valorar la inclusión en el anexo 4.3 de un nuevo contrato
que reposaba en la propuesta, sin que ello significara un mejoramiento de la
propuesta, en la medida que los requisitos habilitantes no otorgan puntos. Así,
encontró demostrado el cargo de ilegalidad.

9.5. No obstante, consideró que no se demostró que la experiencia específica
cumpliera con el requisito técnico de orden matemático, que imponía superar el
50% del presupuesto global oficial. Tampoco existían pruebas de si la propuesta de
la parte actora fue la mejor desde el punto de vista jurídico, financiero y técnico, con
mayor razón si se tiene en cuenta que el IDU no evaluó la propuesta al ser
rechazada.

D. El recurso de apelación

10. La parte actora (fls. 136 a 155, c. ppal, 2ª instancia)2 sostuvo que con el contrato n.°
159-2006, cuyos datos se corrigieron al responder las observaciones, se cumplió
con el requisito de experiencia específica en consultoría. Primero, por cuanto su
objeto consistió en la interventoría al mejoramiento de una vía pública y la
construcción de alcantarillas. Además, tenía la cuantía solicitada, por cuanto el
contrato debía tener un valor igual o superior al 50% del presupuesto oficial para

2
El recurso fue presentado el 12 de noviembre de 2015 (fl. 136, c. ppal, 2ª instancia).
6

Radicación número: 25000233600020140070501 (56.413)
Actores: Consorcio JJM-009 y otro
Demandada: IDU
Referencia: Controversias contractuales

las actividades de consultoría, que correspondía a 243.51 SMMLV3. El referido
contrato tuvo un valor total de $1.565,15 SMMLV, pero al haberse ejecutado en la
modalidad de consorcio, del cual formó parte del señor Jorge Rojas Abril en un
25%, integrante a su vez del consorcio demandante, el valor acreditado para el
proceso en estudio fue de 391,26 SMMLV, es decir, superior al exigido.

10.1. Después de realizar la evaluación, en unos cuadros que no indican ni sus
respaldos ni los ejercicios efectuados, pues simplemente se relacionan unos
valores, estimó que para la licitación pública n.° IDU-LP-SGI-011-2013, grupo 2, la
propuesta de la actora fue la mejor con 977,03721 puntos, sobre la de ICEIN SAS
con 963,68751; frente al otro proceso, IDU-LP-SGI-009-2013, grupo 4, se limitó a
señalar que los argumentos ya esbozados también aplicaban para este último, sin
más explicaciones.

10.2. Insistió en que se reconozca la utilidad esperada, debidamente indexada, de
conformidad con las pretensiones y en la cuantía indicada en la demanda.

10.3. Finalmente, solicitó revocar la condena en costas ante la posible prosperidad
de las pretensiones. Además, echó de menos la justificación del a quo para fijar las
agencias en derecho en una suma tan alta, que limita el acceso a la administración
de justicia.

E. Trámite en segunda instancia

11. Concedida la apelación por parte del a quo, mediante auto del 16 de diciembre
de 2015 (fl. 157 y rev., c. ppal, 2ª instancia), esta Corporación la admitió (fls. 162, c. ppal, 2ª
instancia) y, luego, corrió traslado para alegar de conclusión (fl. 165, c. ppal, 2ª instancia),

oportunidad en la que las partes e ICEIN S.A. reiteraron los argumentos de sus
intervenciones (fls. 166 a 184, c. ppal, 2ª instancia).

III. CONSIDERACIONES

F. Jurisdicción, competencia, medio de control procedente y caducidad

12. Atendiendo a la naturaleza pública del IDU, al tratarse de una entidad
descentralizada del orden distrital4, la presente controversia es de conocimiento de
esta jurisdicción, en los términos del artículo 104 del CPACA.

3
Salarios mínimos mensuales legales vigentes.
4
En los términos del artículo 1 del Acuerdo n.° 19 de 1972, el IDU se creó como “un establecimiento
público, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente”. Visto en:
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=940.
7

Radicación número: 25000233600020140070501 (56.413)
Actores: Consorcio JJM-009 y otro
Demandada: IDU
Referencia: Controversias contractuales

13. Esta Corporación es la competente para conocer del presente asunto, en
segunda instancia, en atención a su naturaleza y cuantía5, en los términos del
artículo 150 del CPACA.

14. Los medios de control para demandar los actos previos, como los demandados,
son los de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho, en los términos del
artículo 141 del CPACA. Por su parte, el artículo 165 ejusdem admite la
acumulación de pretensiones, entre otros, con el medio de control relativo al de
controversias contractuales, como ocurre en esta oportunidad, si se tiene en cuenta
que también se pidió la nulidad absoluta de los contratos derivados de los actos
administrativos demandados.

14.1. Frente a los requisitos para acumular dichas pretensiones, señalados por el
citado artículo 165, se tiene en el sub lite que esta Corporación es la competente
para conocer de todas, en atención a la naturaleza de los asuntos y su cuantía.
Igualmente, las mismas no se excluyen entre sí, por el contrario, son
consecuenciales, si se tiene en cuenta que la nulidad de los actos previos da lugar
a la nulidad absoluta de los contratos derivados de ellos, según lo dispuesto en el
numeral 4 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993 y, además, se tramitan por el mismo
procedimiento.

14.2. Además, las pretensiones de nulidad de los actos previos no están caducadas.
Precisa recordar que la oportunidad para presentar los medios de nulidad y
restablecimiento del derecho, según el literal c) del numeral 1 del artículo 164 del
CPACA, es dentro de los cuatro meses siguientes al de la comunicación,
notificación, ejecución o publicación de dichos actos, según el caso.

14.3. Los actos administrativos cuestionados fueron proferidos en audiencias
públicas, en las que participaron los aquí demandantes (fls. 269 rev., 270 y 474 ,c. 2).
Por lo tanto, en los términos del numeral 11 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993,
se entiende que conocieron de dichos actos el día en que se realizaron tales
audiencias y, además, contra los mismos no procedía recurso alguno en vía
gubernativa, de conformidad con el parágrafo 1° del artículo 77 de la citada ley.
Estas fechas corresponden a los días 15 y 28 de noviembre de 2013, que coinciden
con los de la expedición de las resoluciones n.°s 2961 y 3048, enjuiciadas.

14.4. En ese orden, vale recordar que la solicitud de trámite de conciliación
prejudicial se presentó el 14 de marzo de 2014 y se declaró fallida el 20 de mayo

5
La cuantía del proceso se estimó en la suma de $696.717.107, equivalente a la utilidad dejada de
percibir por la no adjudicación de los procesos de selección cuestionados (fl. 10 rev. y 11, c. ppal, 1ª
instancia).
8

Radicación número: 25000233600020140070501 (56.413)
Actores: Consorcio JJM-009 y otro
Demandada: IDU
Referencia: Controversias contractuales

siguiente (fls. 13 a 15, c. 2). Siendo así, la demanda presentada el 22 de mayo de 2014
(fl. 11 rev., c. ppal, 1ª instancia), lo fue en tiempo. La misma conclusión se impone frente

a la nulidad absoluta, puesto que el término de caducidad es mucho más amplio.

14.5. En consecuencia, además de ser procedente la acumulación en estudio, se
tiene que tampoco se configuró el fenómeno de la caducidad de los medios de
control acumulados.

G. Legitimación en la causa

15. Las partes, así como los litisconsortes, están legitimados, puesto que profirieron
y suscribieron los actos jurídicos demandados y, además, son destinatarios de los
mismos.

15.1. Precisa señalar que la legitimación de terceros para pedir la nulidad absoluta
ha sido legalmente limitada a la existencia de un “interés directo” (inciso 3° del artículo
141 del CPACA). Sobre el alcance de esta expresión, en vigencia del CCA, la Corte

Constitucional, además de considerarla constitucional, precisó que se materializa,
más allá de una cuestión puramente económica, que puede “derivarse del hecho o
circunstancia que lo vincula a la necesidad, no de promover un proceso para definir
lo relativo a la nulidad, sino para intervenir en el mismo en razón de que las resultas
pueden incidir, repercutir o afectar en cualquier forma o modo su situación e
intereses, o el goce o efectividad de sus derechos -no sólo económicamente”6 (se
destaca).

15.2. De esta forma, es claro que actualmente el artículo 165 del CPACA admite la
acumulación, entre otros, de los medios de nulidad y restablecimiento y el de
controversias contractuales, sin más limitaciones que las allí establecidas, sin que
entre ellas se cuente la posibilidad de demandar la nulidad absoluta. Igualmente, el
numeral 4 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993 prescribe que los contratos estatales
serán absolutamente nulos, cuando se anulen los actos administrativos en que se
fundamenten. De suerte, que más allá de cuestiones puramente económicas, al
proponente7 le asiste la posibilidad de pedir la referida nulidad absoluta, como parte
de la proposición jurídica completa de sus pretensiones, en caso de ser procedente
la acumulación, como ocurre en este asunto.

6
Sentencia C-221 del 14 de abril de 1999, M.P. Fabio Morón Díaz.
7
En otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 15 de febrero de 2012,
exp. 19.880, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
9

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Actores: Consorcio JJM-009 y otro
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15.3. Aunque no se desconoce que en el CCA, la acumulación se imponía por
disposición legal ante la suscripción del contrato, lo cual no ocurre actualmente, de
ello no sigue la imposibilidad de pedir la nulidad absoluta para los proponentes, toda
vez que al regularse la acumulación en el artículo 165 del CPACA no existe dicha
limitación y, en línea con la Corte Constitucional, también se pueden incorporar
todas las pretensiones, no sólo económicas, que afecten los derechos o la situación
jurídica del tercero interesado, como cuando se acumula de manera debida.

H. Plan de solución del caso

16. En el recurso de apelación se cuestionan los argumentos del a quo, según los
cuales, no se probó que la propuesta de la parte actora fuera la mejor. En
consecuencia, la Sala se limitará a determinar dicho extremo.

I. El caso concreto: la mejor propuesta

17. Precisa recordar que el a quo consideró no probado que con el nuevo contrato
relacionado en el anexo 4.3. se cumpliera el requisito de experiencia específica
exigida y, además, también echó de menos las pruebas que permitieran concluir
que desde los factores jurídicos, técnicos y económicos la propuesta de la parte
actora fuera la mejor.

18. La parte actora sostiene que con el contrato n.° 159-2006 se probó la
experiencia específica, porque su objeto consistió en consultoría para redes de
alcantarillado y su valor superaba el mínimo exigido. Además, después de realizar
las evaluaciones, estimó que su puntaje era el mejor.

19. Para resolver, la Sala abordará cada proceso por separado.

20. Así, primero se analizará lo relacionado con la licitación pública n.° IDU-LP-
SGI-011-2013, grupo 2, toda vez que fue sobre la que se hizo el proceso evaluativo
más completo.

20.1. Para empezar es preciso determinar si la subsanación de cambiar los datos
del contrato relacionado originalmente en el anexo 4.3 satisfizo el requisito de
“experiencia específica en consultoría”. Vale recordar que, frente a la validez de
dicha subsanación, el a quo la consideró procedente, sin que sus razones en esta
dirección fueran atacadas en esta instancia, por lo cual se impone mantenerlas, con
mayor razón si se tiene en cuenta que le son favorables a la parte apelante.

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20.2. Teniendo claro lo anterior, se observa que el requisito de experiencia
específica en consultoría, en el numeral 1 del literal b) del ítem 2.2.8.1, quedó
plasmado así:

2.2.5. INFORMACIÓN SOBRE LA EXPERIENCIA ACREDITADA DEL
PROPONENTE (ANEXOS 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4). (…)

2.2.8.1. Experiencia aceptable y sus condiciones (…)

B. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

1. Se considera como “EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN CONSULTORÍA”, aquellos
contratos que hayan consistido en cualquiera de los siguientes proyectos y cuya
sumatoria, expresada en SMLMV sea igual o superior al 50% del presupuesto global
oficial para las actividades de consultoría DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑO
(INCLUIDO IVA):

Se deberá acreditar, en máximo dos (2) contratos, terminados o en ejecución, haber
realizado:

● ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O
ADECUACIÓN O AMPLIACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO AUTOMOTOR (QUE INCLUYAN
REDES SUBTERRÁNEAS DE SERVICIOS PÚBLICOS).
● INTERVENTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN O
REHABILITACIÓN O ADECUACIÓN O AMPLIACIÓN O MEJORAMIENTO O
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO
AUTOMOTOR (QUE INCLUYAN REDES SUBTERRÁNEAS DE SERVICIOS
PÚBLICOS).
● INTERVENTORÍA DE CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O ADECUACIÓN
O AMPLIACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO AUTOMOTOR (QUE INCLUYAN
REDES SUBTERRÁNEAS DE SERVICIOS PÚBLICOS).

Cuya sumatoria, expresada en SMMLV sea igual o superior al 50% del valor del
presupuesto oficial para la etapa de estudios y diseños del GRUPO para el cual
presenta propuesta. En caso de presentar propuesta para varios GRUPOS
dicho porcentaje será el correspondiente al grupo de mayor valor entre aquellos
para los cuales se presente.

El no cumplimiento del porcentaje mínimo exigido para la sumatoria de
experiencia específica acreditada, ocasionará que la propuesta sea
considerada NO HÁBIL.

En el caso de Consorcios y Uniones Temporales, si la experiencia se acredita
a través de varios de sus integrantes, se tendrá en cuenta lo siguiente:

En el evento en el que se requiera sumar las experiencia [sic] específicas
acreditadas por diferentes integrantes del proponente plural para cumplir con la
experiencia específica mínima habilitante establecida en el presente numeral
(50% del presupuestos oficial de consultoría del grupo al cual presenta
propuesta, expresada en SMMLV), el integrante que aporte la mayor cantidad
de experiencia específica, deberá tener una participación igual o superior al
10% en el consorcio o unión temporal que se conforme. Sin embargo, si más
de uno de los integrantes acredita por separado la totalidad de la experiencia
específica mínima habilitante establecida en el presente numeral (50% del
presupuesto oficial en consultoría del grupo al cual presenta propuesta,
expresado en SMMLV), alguno de ellos deberá ser quien tenga participación
igual o superior al 10% en el consorcio o unión temporal.

NOTA: En caso de Consorcio o Unión temporal, este integrante deberá estar
incluido como ejecutor de las actividades para las cuales presentó la
experiencia específica solicitada.

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20.3. Como se observa, el requisito imponía que fueran máximo dos contratos, que
estuvieran finalizados o en ejecución, con las siguientes características: (i) que su
objeto fuera en consultoría de estudios y diseños o interventoría sobre tales
documentos o interventoría de construcción o rehabilitación o adecuación o
ampliación o mejoramiento o mantenimiento vial para tráfico automotor, pero que
incluyera en cualquiera de dichas modalidades redes subterráneas de servicios
públicos, y (ii) que la sumatoria de dichos proyectos fuera igual o superior al 50%
del presupuesto global oficial para las actividades de consultoría del grupo
respectivo.

20.4. El objeto del contrato n.° 159-2006 consistió en la interventoría de las obras
de mejoramiento de la vía nacional Ramiriquí-Ramal a Rondón, sector PR26+ 800
al PR41 + 200, en el departamento de Boyacá. Sus actividades incluían, entre otras,
la construcción de alcantarillas (fl. 367 rev., c. 2). Frentes a estas, el IDU, en respuesta
a la observación de un proponente, en la licitación pública n.° IDU-LP-SGI-009-
2013, en una interpretación amplia, sostuvo que “en igualdad de condiciones para
todos los proponentes y como se ha dilucidado en otros procesos de selección, las
obras de drenaje pluvial para carretera a través de redes de alcantarillado, pueden
enmarcarse dentro del concepto de redes subterráneas de servicios públicos” (fl.
214, c. 2).

20.5. El presupuesto para la consultoría del grupo 2 fue de $287.094.929 (fl. 293, c.
2). Este valor debía expresarse en SMMLV de 2013, según el literal b) lo cual

equivalía a 487,014. Ahora, el requisito exigía que la sumatoria de los contratos
fuera igual o superior al 50% de dicho presupuesto, es decir, 243.51 SMMLV (fl. 423,
c. 2, es el mismo dato de referencia consignado en el formato de evaluación del IDU para este ítem).

20.6. Así, se tiene que el contrato n.° 159-2006 tuvo un valor de $678.808.800 (fl.
367 rev., c. 2), los cuales, según el numeral 3.4.1. del pliego (fl. 320 rev., c. 2), debían

expresarse en SMMLV del año de ejecución, es decir, 2007. Por consiguiente, dicha
suma equivalía a 1.565 SMMLV. Además, debe tenerse en cuenta que en dicho
contrato participó el señor Jorge Enrique Rojas Abril, como integrante del consorcio
Intervías Boyacá, en un porcentaje del 25% (fl. 367 rev., c. 2), quien a su vez fue
integrante del consorcio demandante, en un proporción del 50% (fl. 1 rev., c. 2). Por
lo tanto, de los 1.565, SMMLV sólo se podía considerar el primer porcentaje, es
decir, 391,29 SMMLV (fl. 423, c. 2, así se consignó en el formato de evaluación del IDU para
este ítem) y, por lo tanto, superior al exigido para el requisito en estudio.

20.7. El ejercicio anterior deja entrever que, en principio, la parte actora cumplía
con la exigencia en estudio; sin embargo, el literal b) del numeral 2 del ítem 2.2.8.1

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(fl. 312, c. 2) también imponía que de participar como consorcio o unión temporal, el

integrante debía estar incluido como ejecutor de las actividades para las cuales
presentó la experiencia específica solicitada. El cumplimiento de esta exigencia no
se desprende de los documentos aportados, por cuanto se echa de menos el
documento de conformación consorcial del contrato n.° 159-2006.

20.8. Ahora, como legalmente la responsabilidad del consorcio es solidaria, sin
salvedad alguna, puesto que las tareas o actividades se realizan de manera
mancomunada, no es de su esencia una distribución en la participación de la
ejecución, como ocurre con las uniones temporales8. Sin embargo, además de que
estas previsiones legales operan, exclusivamente, en favor de la entidad estatal
contratante, nada impide que las partes de un consorcio, dentro del marco de su
autonomía de la voluntad y, con efectos estrictamente entre ellas, determinen una
división interna de trabajo. Este aspecto resultaba vital para satisfacer la
experiencia específica exigida, como pasa a explicarse.

20.9. La finalidad de la exigencia era demostrar la experiencia específica en
consultoría de los proponentes, razón por la cual resultaba razonable que para los
consorcios o uniones temporales, dada su naturaleza plural de integración, se
impusiera la demostración de este requisito de manera individual, es decir, por parte
del integrante que la aportara. Sólo así se lograba la certeza de que se contaba con
el perfil particular para la contratación, con mayor razón en tratándose de estas
formas de participación.

20.10. Esta conclusión se hace más evidente, al revisar el texto del literal a) del
numeral 1 del ítem 2.2.8.1, que con relación a la experiencia general en consultoría
y, en particular, sobre consorcios y uniones temporales, dispuso (fl. 311, c. 2):

Para el caso de contratos ejecutados por el proponente como parte de un
Consorcio o de una Unión Temporal, el integrante demostrará únicamente el
valor correspondiente a las actividades realmente ejecutadas dentro del mismo,
con base en el documento de conformación establecido; en el caso que dentro
del documento del proponente plural no se hayan discriminado las
responsabilidades en la ejecución, se tendrá en cuenta únicamente el
porcentaje de participación dentro de la figura asociativa.

2.11. Como se observa, el pliego imponía la aportación del documento de
conformación para la evaluación de la experiencia general, pero, en este caso en
particular, si dicho documento no discriminaba las responsabilidades de ejecución
-vale observar que no se relevaba de su aportación- se reconocía, para acreditar

8
Sobre la particularización de dichas figuras, entre otras, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencias del 25 de septiembre de 2013, exp. 19.933, M.P. Mauricio Fajardo Gómez; Subsección
B, del 13 de noviembre de 2014, exp. 26.739, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.
13

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dicho requisito, únicamente el porcentaje de participación dentro de la figura
asociativa. Esto resultaba entendible, en la medida que se trataba de una
experiencia general y como mínimo, según el pliego, el porcentaje de participación
estaba acreditado y, por consiguiente, se tenía en cuenta en dicha proporción. Bien
podía ocurrir que el porcentaje fuera mayor en la constitución, pero al no estar
probado, se recurría por defecto al porcentaje de participación, como un mínimo a
tener en cuenta para probar el cumplimiento de este requisito habilitante.

20.12. Por su parte, para la experiencia específica, el pliego se limitó a señalar que
el integrante de la unión temporal o el consorcio “deb[ía] estar incluido como
ejecutor de las actividades para los cuales presentó la experiencia específica
solicitada” (fl. 312, c. 2, numeral 1 del literal b) del ítem 2.2.8.1).

20.13. Como se observa, ambas experiencias, la general y la específica, imponían
allegar el documento de constitución en el caso de consorcios y uniones
temporales, pero la diferencia radicaba en que para la última era determinante
acreditar que el proponente o el miembro del consorcio o unión temporal tenía la
experiencia aportada, por las razones consignadas y, por consiguiente, se debía
demostrar que fue el ejecutor de la misma.

20.14. Todo lo expuesto, justificaba la exigencia del pliego en estudio, además de
que su legalidad tampoco fue cuestionada y, por consiguiente, su cumplimiento
debía demostrarse, pero no fue así. En consecuencia, el rechazo de la entidad
demandada se mantenía por la falta de demostración de este requisito, que en los
términos del numeral 2.2.8 dispuso que todas “las condiciones establecidas en el
presente numeral deberán ser cumplidas por todos los proponentes, sin excepción”
(fl. 310, c. 2).

20.15. Además de lo anterior, en caso de que se aceptara que la propuesta de la
parte actora estaba habilitada, los ejercicios evaluativos consignados en la
apelación, tampoco son suficientes para concluir que su propuesta era la mejor.

20.16. Efectivamente, en la apelación, después de realizar la evaluación en unos
cuadros (fls. 150 a 155, c. ppal, 2ª instancia), sin mayores explicaciones de dónde
extrajeron los datos, aunque vale advertir que todas las propuestas obran en el
proceso; sin embargo, lo más grave es que tampoco se explicaron las operaciones
de dichos ejercicios, sino que simplemente se consignaron unas cifras y números.

20.17. Con estas deficiencias, la apelante concluyó que su ofrecimiento obtenía
977,03721 puntos, sobre el de ICEIN SAS, con 963,68751, que fue la ganadora de

14

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la licitación pública n.° IDU-LP-SGI-011-2013, grupo 2. Dicha evaluación dista de
ser prueba suficiente.

20.18. La evaluación daba un puntaje máximo de 1.000 puntos, distribuidos así
(numeral 3.5., fl. 322, c. 2):

FACTORES PUNTAJES
VALOR DE LA SUMATORIA DE LOS PRECIOS UNITARIOS BÁSICOS 40 PUNTOS
DE LA CONSULTORÍA PARA CADA GRUPO (sin incluir A.I.U)
VALOR DE LA SUMATORIA DE LOS PRECIOS UNITARIOS PARA LAS 560 PUNTOS
OBRAS CIVILES Y REDES PARA CADA GRUPO (sin incluir A.I.U)
PORCENTAJE TOTAL DEL A.I.U. (PARA CADA GRUPO) 260 PUNTOS
CALIDAD (PARA CADA GRUPO) 40 PUNTOS
PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL (PARA CADA GRUPO) 100 PUNTOS
TOTAL 1.000

20.19. El factor de calidad, que otorgaba 40 puntos, se dividía en dos aspectos a
su vez: (i) la calidad de los equipos a utilizar, que daba 10 puntos, con la única
condición de manifestar afirmativamente este compromiso en el anexo n.° 1 de las
propuestas, y (ii) el porcentaje de uso de materiales reciclados que otorgaba los 30
puntos restantes, siempre que aceptara este compromiso en el referido anexo y se
garantizara la utilización de elementos reciclados de centros de tratamiento y/o
aprovechamiento de residuos de la construcción y demolición en un porcentaje no
inferior al 40% y/o “cuando se aplique a la utilización de materiales provenientes
del aprovechamiento de llantas o neumáticos usados o llantas no conforme -GCR,
en las actividades de pavimento asfáltico en proporción con los metros cuadrados
(m2) totales de este proyectos a construir en un porcentaje no inferior al 5% o más,
adicional al mínimo exigido (es decir 15% o más del total de m2 a conservar)” (fl.
324, c. 2, numerales 3.5.2., 3.5.2.1 y 3.5.2.2).

20.20. La propuesta de la parte actora respondió afirmativamente en ambos sub-
factores (fl. 334, c. 2).

20.21. El factor de protección a la industria nacional era de muy sencilla verificación,
toda vez que para el efecto tan sólo se requería la demostración de la nacionalidad
colombiana, mediante la cédula o el certificado de existencia y representación legal
(fl. 318 rev., c. 2, numeral 2.2.15), lo cual se acreditó en la propuesta de la actora (fls. 341

a 348, c. 2), por lo que la calificación con el máximo puntaje, 100 puntos (fl. 150, c. ppal,

2ª instancia), en este aspecto tendría respaldo.

20.22. En los demás factores, que sumaban 860 puntos, su evaluación procedía
así (fls. 322 a 324, c. 2, numerales 3.5.1. y 3.5.1.1):

3.5.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA

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Se verificarán aritméticamente las propuestas. Se corregirán los errores
aritméticos que se presenten en los productos y en la sumatoria de los valores
en pesos propuestos en el ANEXO n.° 7-A (7 A-G1 y/o A-G2). EL VALOR DE
LA SUMATORIA DE PRECIOS UNITARIOS PARA CONSULTORÍA DE CADA
GRUPO (sin incluir A.I.U), VALOR DE LA SUMATORIA DE LOS PRECIOS
UNITARIOS PARA LAS OBRAS CIVILES Y REDES DE CADA GRUPO (sin
incluir A.I.U.) (corregido y ajustado al peso) y la sumatoria de los porcentajes
ofertados para los elementos componentes del AIU en el ANEXO 7B -
PORCENTAJE TOTAL DEL A.I.U. del respectivo GRUPO (corregido y ajustado,
en términos porcentuales, a la quinta cifra decimal). Los valores en pesos y los
porcentajes obtenidos después de realizar los ajustes y las correcciones
aritméticas en los ANEXOS 7A (7 A-G1 y/o 7A-G1) y 7B (7 B-G1 y/o 7B-G2),
serán utilizados para la comparación con los correspondientes a otras
propuestas.

Si se presenta cualquier inconsistencia o diferencia entre lo indicado en el
ANEXO n.° 7-A (7 A-G1 y/o 7A-G1) o en el ANEXO n.° 7B (7 B-G1 y/o 7B-G2)
con cualquier otra información contenida en otro aparte de la propuesta,
prevalecerá lo indicados en los citados anexos.

Para cada Grupo se procederá a realizar la evaluación económica de las
propuestas y la asignación de puntajes, para los factores: VALOR DE LA
SUMATORIA DE PRECIOS UNITARIOS PARA CONSULTORÍA (sin incluir
A.I.U), VALOR DE LA SUMATORIA DE LOS PRECIOS UNITARIOS PARA LAS
OBRAS CIVILES Y REDES (sin incluir A.I.U.) y el PORCENTAJE TOTAL DEL
A.I.U. del respectivo GRUPO de acuerdo con el siguiente procedimiento:

3.5.1.1. ASIGNACIÓN DEL PUNTAJE PARA CADA FACTOR DE
EVALUACIÓN

Consistente en asignar, mediante la alternativa sorteada por balotas en la
audiencia de cierre, el puntaje correspondiente a cada factor a las propuestas
que resultaron hábiles en cada uno de ellos, de acuerdo al procedimiento
indicado a continuación:

Para la evaluación de los factores: VALOR DE LA SUMATORIA DE PRECIOS
UNITARIOS PARA CONSULTORÍA (sin incluir A.I.U), VALOR DE LA
SUMATORIA DE LOS PRECIOS UNITARIOS PARA LAS OBRAS CIVILES Y
REDES (sin incluir A.I.U.) y el PORCENTAJE TOTAL DEL A.I.U. del respectivo
grupo, se tendrán en cuenta las alternativas sorteadas en la audiencia de cierre
y una vez obtenidos los puntajes correspondientes, se establecerá el orden de
elegibilidad de las propuestas con base en la sumatoria de los puntajes
obtenidos por los proponentes en todos los factores como se indica a
continuación: (…)

B- ALTERNATIVA B (MEDIA GEOMÉTRICA)9

Se calculará (de manera independiente), el valor de la media geométrica con
los valores de las propuestas hábiles resultantes para el respectivo favor en
evaluación, incluyendo para su cálculo el valor oficial respectivo factor, el
número de veces que corresponda, de acuerdo con la opción que haya
resultado seleccionada mediante el sorteo por balotas.

La media geométrica (Mg) se calcula mediante la siguiente ecuación:

9
Se relacionan solamente las alternativas b y c, porque corresponden a las sorteadas en la audiencia
de cierre. La alternativa B para calcular el valor de la sumatoria de precios unitarios para consultoría
(sin incluir A.I.U) y el valor VALOR DE LA SUMATORIA DE LOS PRECIOS UNITARIOS PARA LAS
OBRAS CIVILES Y REDES (sin incluir A.I.U.)
16

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Donde:

Mg: Media geométrica
n: Número de propuestas hábiles
Xn: Valor de la enésima propuesta

Para el respectivo factor en evaluación se asignaron los puntos así:

Para efectos de asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente:
se asignará el puntaje máximo a cada factor a la propuesta cuyo VALOR
DE LA SUMATORIA DE PRECIOS UNITARIOS PARA CONSULTORÍA
(sin incluir A.I.U.), VALOR DE LA SUMATORIA DE LOS PRECIOS
UNITARIOS PARA LAS OBRAS CIVILES Y REDES (sin incluir A.I.U.) y
el PORCENTAJE DEL A.I.U. del respectivo grupo, se encuentre más
cerca del valor de la media geométrica calculada para el factor
correspondiente. Las demás propuestas recibirá puntaje de acuerdo a la
siguiente ecuación:

Donde:

P: Puntaje a asignar
ABS: Valor absoluto
Mg: Calor de la media geométrica calculada
Vx: Calor ofertado por el proponente “x”
PMax: Puntaje máximo para el respectivo factor de evaluación.

C- ALTERNATIVA C (MEDIANA):

Se calculará (de manera independiente) el valor de la mediana con los valores
de las propuestas hábiles para el respectivo factor económico en evaluación,
incluyendo su cálculo el valor oficial del respectivo factor, el número de veces
que corresponda, de acuerdo con la opción que haya resultado seleccionada
mediante el sorteo por balotas.

Se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado de cálculo que
se obtiene mediante la aplicación del siguiente procedimiento: se ordena de
manera descendente los valores de las propuestas económicas hábiles
correspondientes a cada factor y el valor oficial del respectivo factor el número
de veces que resulte sorteado. SI el número de valores es impar, la mediana
corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana
corresponde al valor promedio de los valores centrales.

Para el respectivo factor en evaluación se asignarán los puntos así:

Si el resultado de sumar el número de propuestas hábiles del correspondiente
factor, con el número de veces que se incluye el valor oficial del respectivo favor
es impar, se le asignará el máximo puntaje correspondiente a cada factor a
aquella que se encuentre en el valor de la mediana, las otras propuestas
obtendrán la puntuación de acuerdo a la siguiente fórmula:

Donde:
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P: Puntaje a asignar
ABS: Valor absoluto
M: Mediana
Vx: Valor ofertado por el proponente “x”
Pmax: Puntaje máximo para el respectivo factor de evaluación

Si el resultado de sumar el número de propuestas hábiles correspondiente a
cada factor, con el número de veces que se incluye el valor oficial del respectivo
factor es par se le asignará el máximo puntaje correspondiente a cada factor a
aquella que se encuentre inmediatamente por debajo del valor de la mediana.
Las otras propuestas obtendrán la puntuación de acuerdo a la siguiente fórmula:

Donde:

P: Puntaje a asignar
ABS: Valor absoluto
N: Valor ofertado inmediatamente por debajo del valor de la mediana
Vx: Valor ofertado por el proponente “x”
Pmax: Puntaje máximo para el respectivo factor de evaluación

20.23. Aunque revisados los datos consignados en los cuadros del recurso de
apelación, los mismos coinciden con los de la evaluación del IDU, aunque los
puntajes cambian, en razón de que el número de propuestas habilitadas los
afectaba, se echan de menos los ejercicios para determinar los valores de la
propuesta de la parte actora dentro de la evaluación del recurso, que, cómo quedó
visto arriba, son el resultado de la aplicación de las fórmulas matemáticas arriba
consignadas, las cuales, además, partían de una verificación aritmética de las
propuestas (fl. 322, c. 2,numeral 3.5.1), que al menos requería de la intervención de un
especialista en el tema.

20.24. La apelante se limitó, en un cuadro, a asignarle el máximo de puntaje a las
propuestas, incluida la suya, salvo las rechazadas, sin más explicaciones (fl. 150, c.
ppal, 2ª instancia). Aunque pueden compartirse las valoraciones que coinciden con las

del IDU (fls. 422 rev. y 423, c. 2), lo cierto es que en relación con su propuesta, se
imponían, en esta sede, las explicaciones para entender el por qué de su puntaje,
como carga argumentativa del recurso, con mayor razón si como consecuencia del
rechazo, el IDU se abstuvo de hacerla.

20.25. No puede perderse de vista que las evaluaciones dependían del número de
propuestas hábiles, razón por la cual serían entendibles las diferencias en los
resultados que se obtuvieron en la apelación y que, según la parte actora, la daban

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como ganadora; sin embargo, vale recordar que quedó demostrado que la
subsanación tampoco permitió tener por superada la habilitación de la propuesta
de los accionantes, lo cual desdice per se el ejercicio evaluativo del recurso.

20.26. Podría pensarse que le correspondía al juez realizar el reemplazo de todos
los valores en cada fórmula, por cuanto se trataba de sólo un ejercicio matemático
con base en los datos de las propuestas aportadas; sin embargo, esto, además de
exigir un conocimiento técnico más allá de un ejercicio matemático básico, relevaría
la carga de argumentación del recurso de apelación que debe ser completa10, sin
que se pueda trasladar al juez, no sólo porque desborda su competencia, sino que
pone en riesgo el equilibrio y la igualdad de las cargas de las partes frente al
proceso y con ello el principio de imparcialidad y el del debido proceso.

21. Frente al otro proceso, IDU-LP-SGI-009-2013, grupo 4, la parte apelante se
limitó a señalar que los argumentos ya esbozados también aplicaban para este
último, sin más explicaciones. De entrada esta simple remisión no satisface la carga
argumentativa del recurso, no sólo por las razones arriba expuestas, sino también
porque el ejercicio de sustentación del recurso impone la estructuración de cargos
específicos frente a la decidido por el a quo. De lo contrario, se impondría al juez
de segunda instancia una complementación del recurso que no le está dada.

22. Para finalizar, es del caso complementar la sentencia de primera instancia para
declarar la nulidad que encontró probada el a quo, por cuanto la perjudicada con
dicha omisión, por ser una de sus pretensiones, es la aquí apelante. En
consecuencia, en los términos del inciso 2° del artículo 287 del CGP, aplicable por
remisión del artículo 306 del CPACA, la Sala declarará la nulidad de las
resoluciones demandadas y de los respectivos contratos.

I. Condena en costas

23. La parte apelante formuló reparos para reducir la condena por agencias en
derecho, toda vez que las estimó injustificadas y excesivas.

24. Al respecto, dado que la impugnación se dirigió a cuestionar el monto de las
agencias en derecho, las cuales, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5°
del artículo 366 del Ley 1564 de 2012, solo pueden controvertirse mediante los
recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de
costas, la Sala considera que este aspecto no es susceptible de ser discutido a

10
Entre otras, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección sentencia del 12 de septiembre
de 2022, exp. 59.258, M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
19

Radicación número: 25000233600020140070501 (56.413)
Actores: Consorcio JJM-009 y otro
Demandada: IDU
Referencia: Controversias contractuales

través del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia y, por ende, ser
estudiado en la providencia que desata la apelación. Este criterio ha sido reiterado
en varias oportunidades por esta Subsección11.

25. Frente a las costas, se tiene que el numeral 5 del artículo 365 del Código
General del Proceso establece que en caso de que prospere parcialmente la
demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena
parcial y, en cualquiera de los eventos, debidamente motivada.

26. Por lo tanto, en esta oportunidad se condenará en costas, en tanto el recurso
de apelación no prosperó, sino una corrección de la sentencia de primera instancia
realizada de manera oficiosa. Siendo así, como en esta instancia y en lo apelado
se confirmó totalmente la sentencia del a quo, se condenará al recurrente en las
costas únicamente de la segunda instancia, tal como lo dispone el numeral 2 del
artículo 365 del Código General del Proceso.

27. En los términos del artículo 366 del Código General del Proceso se dispondrá
que, por intermedio de la secretaría del tribunal de primer grado, se proceda a su
liquidación de manera concentrada. Para tales efectos, la Sala fijará las agencias
en derecho, de conformidad con la naturaleza, la complejidad y la duración de la
actuación que tuvo que desplegar la parte demandada en esta instancia.

28. En el presente caso, está probado que la demandada intervino en la segunda
instancia, por lo que atendió el proceso de manera diligente y oportuna a través de
su apoderado judicial. Ahora, el Acuerdo 1887 de 2003, expedido por el Consejo
Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda,
estableció que para los asuntos contencioso administrativos con cuantía, las
agencias en derecho, debían fijarse, en primera instancia, hasta el 20% del valor
de las pretensiones negadas o reconocidas en la sentencia, mientras que, en
segunda instancia, hasta el 5% sobre el mismo concepto.

29. Por lo anterior, la Sala fija como agencias en derecho, en segunda instancia, la
suma de $3.483.585, correspondientes al 0.5% del valor de las pretensiones
negadas en la demanda12, monto que deberá pagar la parte actora, en proporción
de participación en el consorcio, al IDU.

11
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencias de 12 de agosto de 2019, exp.
63.519; del 3 de octubre de 2019, exp. 49.865; del 10 de septiembre de 2020, exp. 64.790.
12
La cuantía del proceso se estimó en la suma de $696.717.107.
20

Radicación número: 25000233600020140070501 (56.413)
Actores: Consorcio JJM-009 y otro
Demandada: IDU
Referencia: Controversias contractuales

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR de oficio la sentencia el 29 de octubre de 2015, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A,
las cual quedará así:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las resoluciones n.°s 2961 del 15 de
noviembre y 3048 del 28 de noviembre de 2013, por medio de las cuales el IDU
adjudicó las licitaciones públicas n.°s IDU-LP-SGI-011-2013, grupo 2 e IDU-LP-SGI-
009-2013, grupo 4, y la nulidad absoluta de los contratos n.° 1722 del 2 de diciembre
de 2013, suscrito con la firma ICEIN S.A.S., y n.° 1792 del 9 de diciembre de 2013,
celebrado con el Consorcio Vial 2013-GI.

SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones.

TERCERO: FIJAR como agencias en derecho a favor del INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO, la suma de SEIS MILLONES DE PESOS MCTE
($6.000.000) y en contra de los miembros de los consorcios Vial JJM-09 y Vial JM-
011, en proporción de su participación.

SEGUNDO: CONDENAR en costas, en segunda instancia, a la parte actora,
miembros de los consorcios Vial JJM-09 y Vial JM-011, en proporción de su
participación, y a favor del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU. En consecuencia,
se fijan las agencias en derecho, para esta instancia, en la suma de tres millones
cuatrocientos ochenta y tres mil quinientos ochenta y cinco pesos ($3.483.585).

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen para lo de su cargo.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Aclaración de voto
VF

21

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