Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2014-00738-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Obligación por parte del deudor: conducta del acreedor
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2014-00738-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2014-00738-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
31 de marzo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 25000233600020140073801 (59.765)
Demandante: Star Inteligencia y Tecnología S.A.
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Asunto: Controversias contractuales
Temas: INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL – Definición /PRESTACIÓN TARDÍA DE LA
OBLIGACIÓN POR PARTE DEL DEUDOR – Conducta del acreedor / INCUMPLIMIENTO
CONTRACTUAL – Falta de comunicación de la designación de un funcionario como
supervisor del contrato
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a
resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A, mediante la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
La controversia gravita sobre la pretensión de declaratoria de incumplimiento de la
entidad contratante, por el no pago de la contraprestación pactada. La Fiscalía
General de la Nación demandó en reconvención, al aducir que el incumplimiento
fue causado por la contratista al entregar de forma tardía el objeto contratado. El a
quo accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda principal, al constatar
que el contratista entregó la solución convenida; el apelante -la Fiscalía- insiste en
que Star Inteligencia y Tecnología S.A. no cumplió con la prestación, pues al
vencimiento del plazo no había ejecutado todas las obligaciones que le incumbían.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la proferida el 2 de febrero de 2017 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, a través de la
cual se adoptaron las siguientes determinaciones:
“PRIMERO: Se DE CLARA (sic) NO probadas las excepciones de contrato no
cumplido y de culpa exclusiva de la víctima, alegadas por part e de la FISCA LÍA
GENERAL DE LA NACIÓN.
Radicación: 25000233600020140073801 (59.765)
Demandante: Star Inteligencia y Tecnología S.A.
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Asunto: Controversias contractuales
“SEGUNDO: Se DECLARA que la FISCALÍA GENE RAL DE LA NA CIÓN, (sic)
incumplió con las obligaciones contraídas en virtud del contrato No. 144 de 2011, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia.
“TERCERO: Se CONDE NA a LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, al pago de
la suma de CUATROCIE NTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO
VEINTICINCO MIL OCHO PESOS M/CTE ($443’125.008.oo), por concepto de:
pago y actualización del contrato No. 144 de 2011.
“CUARTO: Se NIEGAN las pretensiones de la demanda de reconvención, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia.
“QUI NTO: Se fija por agencias en derecho a favor de la entidad demandante, la
suma de VEINTI DÓS MILLONES CIENTO CINCUE NTA Y SEIS MIL
DOS CIENTOS CINCUE NTA PESOS ($22’ 156. 250.oo) las cuales deberá pagar la
parte demandada una vez quede ejecutoriada la presente sentencia.
“SEXTO: En la demanda de reconvención, se fijan agencias en derecho a favor
de STAR INTELIGE NCIA Y TECNOLOGÍA S.A., la suma de VEINTIDÓS
MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CI NCUE NTA
PESOS ($22’156.250.oo), la cual deberá pagar la FISCA LÍA GENE RAL DE LA
NACIÓN, una vez quede ejecutoriada esta providencia” 1 (resaltado del texto
original).
2. Este proveído resolvió la demanda cuyas (i) pretensiones, (ii) hechos principales
y (iii) fundamentos de derecho son los siguientes:
Pretensiones
3. La sociedad Star Inteligencia y Tecnología S.A. –STAR I&T S.A.- solicitó que se
emitieran las siguientes declaraciones y condenas:
“1- S e declare la existencia del contrato 144/11, cuyo objeto fue la ADQUISICIÓN
DE UNA SOLUCIÓN DE GESTIÓN DE CONTE NIDO MULTIMEDI A PARA EL
FORTALE CIMIENTO DE LA SE CCIÓN DE AALISIS (sic) CRIMINAL DEL
CUE RPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍ A GENE RAL DE LA
NACIÓN, debidamente suscripto (sic) entre la firma STAR I&T y la FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN.
“2- Que se declare el incumplimiento del contrato 144/2011, por parte de la
FISCALÍA GENE RAL DE LA NACIÓN, que en su cláusula terc era se refiere a la
(sic) obligaciones de la fiscalía en lo que tiene que v er con el punto 1, 2, 3 y 4 de
dicha cláusula, al no haber tramitado las actas a satisfacción y la liquidación final
por parte del supervisor del contrato, y no haber cancelado el valor del contrato
realizando los procedimientos señalados.
“3- Que s e declare el incumplimiento del contrato 144/2011, en su cláusula
QUINTA, por el no pago del v alor del c ontrato, según factura No 1050 del 2 de abril
de 2012, radicada en la fiscalía una vez cumplido y ejecutado el objeto contractual,
consistente en …
“4- Que se declare el incumplimiento del contrato 144/2011, en su cláusula DÉCIMO
SEGUNDA, en lo que tiene que ver con la supervisión del contrato por parte del
Jefe de la Oficina de I nformática, ya que éste nunca cumplió con sus funciones,
argumentando que en ningún moment o fue notificado de la supervisión del contrato.
Por ende, nunca realizo (sic) las funciones determinadas por la ley, el manual de
contratación adopt ado por la fiscalía y obligaciones impuestas por el mismo
contrato.
1 Folio 166 del cuaderno principal.
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Radicación: 25000233600020140073801 (59.765)
Demandante: Star Inteligencia y Tecnología S.A.
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Asunto: Controversias contractuales
“5- Que como consecuencia de la anterior declaración, la NACIÓN – FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN sea condenada a pagar a favor de la firma STA R I&T
S.A. … la suma de $ 367.919. 984, oo, saldo adeudado por el no pago del contrato
144/2011, si (sic) embargo haberse prestado el servicio a cabalidad, consistente en
la … hecho que se encuentra soporte de cobro en la factura No 1050 del 2 de abril
de 2012, acta de ent rega de objeto contractual del 29 de marzo de 2012, acta de
verificación de cumplimiento del 22 de abril y 17 de may o de 2013 y los equipos
indispensable (sic) para el desenvolvimient o del objet o contractual a fin de evitar
enriquecimiento sin causa a favor de la entidad demandada.
“6- Que la NACION – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, (sic) sea condenada a
pagar a favor de la firma STA R I&T S.A. … por concepto de indemnización a titulo
(sic) de rompimiento del equilibrio económico, por los incumplimientos a que fue
sometido durante la prestación del servicio del contrato 144/2011, cuyo objeto se
cumplió en su totalidad por lo que se deberá condenar a las siguientes sumas :
“A) – Por intereses banc arios por préstamos que realizo (sic) la empres a STAR I&T
S.A. por la (sic) suma (sic) que resulten probadas dent ro del proceso de acuerdo a
los créditos bancarios No 0612103694-9 y 612103693-1, con fecha de 28 de marzo
de 2011, los cuales no se habrían causado y pagado en contra de la empresa, si la
Fiscalía General de la Nación hubiera cancelado la prestación del servicio en los
términos del contrato 144/2011.
“B) – P or concepto de honorarios profesionales, la suma equivalente al 30% del
total obtenido en la sentencia que se imponga en cont ra de la entidad demandada,
por el no pago de la prestación de los servicio (sic) del contrato 144/2011, el cual
asciende a la suma de $367.919.984.oo.
“C)- Por concept o de la actualización del valor del contrato 144/2011 capital que se
actualizara (sic) una vez quede ejecutoriada la sentencia que ponga fin al proc eso,
teniendo en cuent a que la suma dejada de percibir ha perdido su valor adquisitivo,
por lo que se hace necesario bajo la tabla del IPC solicitar la actualización y el pago
de dicha actualización sobre los valores que debieron pagars e en el año 2012 más
exactamente en el mes de mayo de 2012.
“D)- que se condene a la demandada por los perjuicios morales causados al
Representant e Legal de la empresa STAR I&T S.A. pues al prestar el servicio de
manera completa se es pera el pago por la prestación realizada y al no recibir la
remuneración descrita en la Cláusula Tercera, trajo como consec uencia la
preocupación, tristeza e impotencia y un prof undo cambio en su estado de ánimo al
ver que no tenía el dinero necesario para responder con sus obligaciones
financieras y mucho menos para invertir en otras obligaciones adquiridas porque
parte de su patrimonio se había invertido en desarrollo del objet o contractual del
contrato 144/2011, el cual no quiso s er cancelado por la FISCALÍA GE NERA L DE
LA NACIÓN”2 (resaltado del texto original).
Hechos principales
4. Como supuestos fácticos de su demanda, la parte actora indicó que suscribió el
contrato 144 del 22 de diciembre de 2011 con la Fiscalía General de la Nación ,
cuyo objeto era la “adquisición de una solución de gestión de contenido
multimedial para el fortalecimiento de la sección de análisis criminal del cuerpo
técnico de investigación de la Fiscalía General de la Nación”, con un plazo de
ejecución de 90 días calendario.
5. Indicó que en las actas de reunión llevadas a cabo entre el contratista y los
funcionarios de la entidad consta el cumplimiento del objeto del contrato.
2 Folios 4 a 6 del cuaderno 1.
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Radicación: 25000233600020140073801 (59.765)
Demandante: Star Inteligencia y Tecnología S.A.
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Asunto: Controversias contractuales
Asimismo, el 29 de marzo de 2012 entregó a la contratante la documentación
pertinente para la utilización de las funcionalidades.
6. Sostuvo que emitió la factura 1050 del 2 de abril de 2012, la cual fue rechazada
a través de Oficio FNG-DNCTI-DI-Oficio 765356, en el que se consignó que el
objeto del contrato solo se había cumplido en un 70.86%.
7. Ante la circunstancia antes referida, el contratista solicitó al Jefe de la Oficina de
Informática la certificación de cumplimiento de las actividades pactadas, quien se
negó a dar fe de lo solicitado aduciendo que no era el supervisor del contrato.
8. Afirmó que las partes se reunieron para examinar el efectivo cumplimiento del
objeto, con la aclaración de que las 40 funcionalidades se encontraban instaladas
y en funcionamiento desde el 29 de marzo de 2012. Igualmente, indicó que el 17
de mayo de 2013, los funcionarios dieron visto bueno sobre los ajustes realizados
a 8 funcionalidades, pero aun así la entidad no pagó el valor de los servicios
prestados.
Fundamentos de derecho
9. La parte actora aseveró que la conducta de la parte accionada infringió los
artículos 13, 23, 25, 29 y 85 de la Constitución Política, 3, 4, 5, 14, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 30, 40 y 50 de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1716 de 2009.
Contestación demanda
10. La Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda.
Como sustento de su defensa propuso las excepciones previas de (i) inepta
demanda, por cuanto en la solicitud de conciliación extrajudicial no se incluyó la
petición de reconocimiento de perjuicios morales; (ii) indebida representación del
demandante, comoquiera que el poder fue otorgado al profesional del derecho
para actuar como mandatario de la sociedad y no de su representante legal; y, (iii)
falta de legitimación en la causa por activa, dado que no es viable pedir
indemnización por perjuicios morales causados al representante legal de la actora.
11. Al lado de los anteriores medios de defensa propuso de fondo las excepciones
de: (i) contrato no cumplido, toda vez que no obra documento emitido por la
entidad en el que conste el recibo a satisfacción del objeto que se contrató y al
momento en que venció el plazo estipulado -29 de marzo de 2012- la sociedad no
ejecutó la totalidad de las obligaciones asumidas y, (ii) culpa de la víctima, en la
medida que no era procedente el pago de la factura allegada por el contratista,
dado que no cumplió con la totalidad de la prestación y tampoco gestionó una
posible prórroga para ejecutar las obligaciones faltantes.
Demanda de reconvención
12. El 23 de febrero de 2015, la Fiscalía General de la Nación presentó demanda
de reconvención, en la que solicitó las siguientes declaraciones y con denas:
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Radicación: 25000233600020140073801 (59.765)
Demandante: Star Inteligencia y Tecnología S.A.
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Asunto: Controversias contractuales
“PRIMERO.- Por las razones fácticas y jurídicas que más adelante expresaré, solicito
respetuosamente al Honorable Tribunal A dministrativo, se declare contractualmente
responsable a la empresa STA R INTELIGE NCIA & TECNOLOGÍA S.A., por
incumplimiento del contrato No. 144 de 2011.
“SEGUNDO.- Como cons ecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento de los derechos, se ordene, condene y disponga el pago de la
cláusula penal pactada dent ro del contrato N° 144 de 2011 a STAR INTE LIGENCIA &
TECNOLOGÍA S.A., en calidad del contratista y a la Compañía de Seguros Generales
SEGUROS COLPATRIA S.A., compañía aseguradora garante del contrato,
correspondiente al 20% del valor total del contrato.
“TERCERO.- Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de
restablecimiento de los derechos de la Fiscalía General de la Nación, se ordene,
condene y disponga de las demás sumas de dineros que resultaren probadas en el
proceso por daños y perjuicios, sumas indexadas más los intereses a que hubiere
lugar.
“CUARTO.- Que se liquide el cont rato N° 144 de 2011, conforme lo antes solicitado, en
consonancia con lo probado en el proceso.
“QUI NTO.- Que se condene a STA R INTELIGE NCIA & TECNOLOGÍA S.A., en calidad
de contratista y a la Compañía de Seguros Generales SEGUROS COLPATRIA S.A.,
compañí a aseguradora garante del cont rato de obra No. 144 del 2011 al pago de las
costas y gastos del proceso”3.
En apoyo de sus peticiones, la Fiscalía General de la Nación relató los siguientes
hechos:
13. Adujo que suscribió el contrato 144 de 2011 con la sociedad Star Inteligencia y
Tecnología S.A., cuyo plazo de ejecución feneció el 29 de marzo de 2012 sin que
esta sociedad ejecutara la totalidad de las prestaciones pactadas.
14. Señaló que en informe del 15 de enero de 2013, realizado por el funcionario
Roberto Salas, se manifestó que la digitalización de las 5000 horas ya se había
realizado, pero la referida a la catalogación e ingreso al sistema aún estaba sin
terminar y el contrato se encontraba sin recibo a satisfacción por parte de los
supervisores. Igualmente, mediante informe del 27 de febrero de ese año, se
adujo que de los 40 ítems verificados, 9 de ellos no cumplían con los
requerimientos técnicos exigidos.
15. Agregó que, según informe del 9 de abril de 2013, el contratista había
ejecutado el 70,86% del contrato, que equivale a (i) la prestación de 32 de las 40
funcionalidades requeridas, a saber, el 48% del 60% pactado como primer pago,
(ii) la digitalización de las 5000 horas requeridas y (iii) la catalogación e indexación
del 20% de las horas digitalizadas, pues se catalogaron e indexaron un total de
714 horas de video.
La defensa de la demandada en reconvención
16. Al contestar la demanda de reconvención 4, Star se opuso a las pretensiones
argumentando que no es coherente que la entidad señale el incumplimiento del
3 Folio 14 del cuaderno 2.
4 Presentada el 21 de octubre de 2015 (folios 41 a 48 del cuaderno 2).
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Radicación: 25000233600020140073801 (59.765)
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Asunto: Controversias contractuales
contrato después de un año de haberlo acreditado, tal como se certifica con el
acta del 27 de marzo de 2012.
17. Formuló las excepciones de: (i) incumplimiento contractual por parte de la
Fiscalía General de la Nación , y (ii) cumplimiento contractual por parte del
contratista.
Trámite en primera instancia
18. En curso de la audiencia inicial 5 se llevó a cabo el decreto de pruebas 6 y luego
de surtida la etapa probatoria 7, el a quo corrió traslado a las partes y al Ministerio
Público para presentar sus alegaciones y concepto, respectivamente.
19. En esta oportunidad, la sociedad contratista reiteró los argumentos que
fundamentaron la demanda principal y agregó que, mediante los testimonios
practicados, se demostró que el único supervisor era el señor Roberto Salas y que
la Fiscalía incumplió el deber que tenía de notificarle tal designación, omisión que
provocó la falta de obtención del visto bueno requerido pese al cumplimiento del
objeto pactado.
Por su parte, la demandada ratificó las razones esgrimidas en curso del proceso; y
añadió que los testimonios rendidos no acreditan la efectiva prestación del objeto y
que fue el Jefe de la Oficina de Informática el encargado de la supervisión y quien
no cumplió con la obligación de delegar oficialmente dicha función; además,
resaltó que éste conocía del contrato, pues sabía del mismo desde el estudio de la
necesidad.
El Ministerio Público guardó silencio.
Fundamentos de la providencia recurrida
5 Folios 86 a 90 del cuaderno 1.
6 El a quo, luego de negar las excepciones previas formuladas y fijar el litigio, decretó como medios de prueba
los siguientes: (i) los documentales aportados por la parte actora – cd obrante a folio 1 del cuaderno 1 y el
cuaderno 4- y los antecedentes administrativos anexados por la demandada -cuaderno 3-; (ii) se ofició al
Banco Colpatria y a Bancolombia para que allegara certificación de los préstamos ad quiridos por la sociedad
demandante desde el 2 de mayo de 2012 hasta la fecha de dicho proveído; (iii) los testimonios de los señores
Daniel Hernando Reyes Castro, Helver Arvey Romero Ríos, Julián Andrés Misnasa y Luz Divia Flórez,
pedidos por la demandante, con el fin de “acreditar el cumplimiento del contrato y los perjuicios materiales” y
(iv) la declaración del señor Roberto Salas, pedida por la Fiscalía General de la Nación, a través de su
demanda de reconvención.
7 En el curso de la audiencia de pruebas: a) la actora puso de presente que Bancolombia se negó a aportar la
certificación bancaria requerida y, en su lugar, allegó documentación relativa al proceso ejecutivo singular
iniciado contra Star Inteligencia y Tecnología S.A. por el no pago de dos créditos comerciales –folios 97 a 106
del cuaderno 1-; b) la entidad demandada aportó unos documentos sobre la persona encargada de ejercer la
supervisión del contrato –folios 107 a 128 del cuaderno 1-, documentación respecto de la cual la demandante
manifestó no oponerse a su incorporación al plenario, pese a que “debieron ser aportados antes de la
audiencia”; c) la demandante desistió de la práctica del testimonio de la señora Luz Divia Flórez; y d) se
recibió la declaración de los señores Daniel Hernando Reyes Castro –minuto 46:45 a 1:09:27 del cd visible a
folio 90 del cuaderno 1-, Helber Arvey Romero Ríos –minuto 7:21 a 37:51 del cd obrante a folio 90 del
cuaderno 1-, Julián Andrés Misnasa –minuto 1:10:36 a 1:22:25 del cd visible a folio 90 del cuaderno 1 - y
Roberto Salas –minuto 1:23:45 a 1:43:17 del cd obrante a folio 90 del cuaderno 1 -.
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Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Asunto: Controversias contractuales
20. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca8 accedió parcialmente a las
súplicas de la demanda en los términos transcritos al inicio de esta providencia.
Consideró que a la luz de las actas suscritas durante la ejecución del contrato,
quedó probado que la sociedad contratista no solo instaló la solución de gestión
de contenido multimedial en los servidores suministrados por la Oficina de
Informática sino que, además, atendió los requerimientos realizados en punto a
varios módulos9.
21. En esa medida, estudió la indemnización de perjuicios pedida, para concluir
que procedía el pago indexado del valor del contrato sin condena por concepto de
perjuicios morales, intereses bancarios y el valor de los honorarios profesionales
del mandatario judicial dentro de este proceso.
22. Frente a la demanda de reconvención, negó las pretensiones, en consonancia
con lo manifestado frente a las súplicas de la demanda principal.
II. EL RECURSO INTERPUESTO
Síntesis del recurso de apelación:
23. La Fiscalía General de la Nación se alzó contra la sentencia de primer grado
con el fin de obtener su revocatoria; para el efecto, sostuvo que el contrato
comprendía la prestación de un producto debidamente terminado, instalado y en
funcionamiento, de conformidad con los requerimientos dispuestos en la etapa
precontractual, circunstancia que no aconteció comoquiera que al vencimiento del
plazo contractual solo se contaba con 32 características a satisfacción, es decir,
hacía falta entregar 8 sobre las cuales debían realizarse ajustes.
24. Apuntó que, contrario a lo expuesto por la actora, no obra documento en el
que constara el recibo a satisfacción de la solución de contenido multimedial por
parte de la entidad. Si bien obraban las actas 1 a 6 éstas no dan cuenta de todas
las actividades contratadas ni mucho menos contienen el recibo a satisfacción
suscrito por ambos supervisores, en tanto lo que se advierte en ellas es un visto
bueno de lo que se iba aportando, conforme a una lista de chequeo anexa a éstas.
25. Señaló que aunque la entidad tardó en revisar los productos entregados, en
los documentos elaborados con posterioridad al vencimiento del plazo –informe
del 15 de enero de 2013, concepto técnico del 27 de febrero de 2013 y actas del 9
y 22 de abril, así como del 17 de mayo de esa anualidad- constan todas las tareas
pendientes por ejecutar por el contratista; además, arguyó que hasta el mes de
mayo de 2013 la sociedad reconoció que entregó lo contratado a satisfacción.
Sobre este punto aclaró que cuando se revisaron las funcionalidades, hacían falta
8 y el contratista las desarrolló luego del 29 de marzo de 2012, “ pero de ninguna
8 Folios 150 a 166 del cuaderno principal.
9 Folio 163 del cuaderno principal.
7
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manera lo hace como garantía, ya que aún estaba pendiente la ejecución del
contrato, lo hace precisamente para dar cumplimiento al mismo ”10.
26. Por lo anterior, afirmó que “se podría hablar de una responsabilidad
compartida y no exclusiva de la entidad ”11, en la medida que, por un lado, hubo
fallas de la administración al no realizar las observaciones en vigencia del contrato
y, por otra parte, el contratista entregó el objeto de manera imperfecta en el plazo
convenido, razón por la cual discurrió que en caso de una condena en su contra el
valor debe disminuirse en atención a las fallas de la sociedad contratista.
27. Por último, manifestó que el contrato establecía que el pago debía hacerse en
dos partes: la primera, por el 60% y, la segunda, por el 40%; no obstante, como la
sociedad cambió la forma de pago al presentar una factura por el 100% del precio
pactado, ello impidió a la entidad cancelar la totalidad del monto pedido, puesto
que superaba los porcentajes estipulados en el contrato, circunstancia a la que se
agregaba que el contratista no aportó la certificación de cumplimiento del contrato.
28. Al alegar de conclusión en segunda instancia, tanto la demandante12 como la
demandada 13 reiteraron los argumentos planteados a lo largo del proceso; el
Ministerio Público no se pronunció.
III. CONSIDERACIONES
El objeto de la apelación
29. Como ruta metodológica para la solución de esta segunda instancia, la Sala se
propone determinar si existió un incumplimiento tardío del objeto pactado y, en
caso afirmativo, si la conducta de la contratante tuvo injerencia en las resultas de
la ejecución negocial. Asimismo, previo a desarrollar las aludidas temáticas, la
Sala se pronunciará sobre la oportunidad para instaurar la demanda de
reconvención, en aras de dilucidar si fue promovida o no en tiempo.
(i) Oportunidad para la presentación de la demanda de reconvención
30. El artículo 177 del CPACA consagra que, dentro del término del traslado de la
admisión de la demanda o de su reforma, el demandado puede proponer
demanda de reconvención contra uno o varios de los demandantes, siempre que
sea de competencia del mismo juez y no esté sometida a trámite especial. De
modo que se trata de una figura que da aplicación al principio de economía
procesal, por cuanto faculta al demandado para formular pretensiones contra
quien lo demanda, es decir, permite la acumulación de acciones.
31. Así las cosas y “dado que la demanda de reconvención es una nueva
demanda –sólo que, por razones de economía procesal, el juez la tramitará
10
Folio 175 del cuaderno principal.
11 Folio 178 del cuaderno principal.
12 Folios 226 a 239 del cuaderno principal.
13 Folios 240 a 252 del cuaderno principal.
8
Radicación: 25000233600020140073801 (59.765)
Demandante: Star Inteligencia y Tecnología S.A.
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Asunto: Controversias contractuales
conjuntamente con la que inicialmente se presentó–, lo dicho acerca de los
requisitos de la demanda, inadmisión de ella, traslado, etc., se aplicará respecto
de la reconvención, con el fin de que ambas se sustancien conjuntamente y con
una misma sentencia se decidan” 14 , corresponde analizar si ésta se formuló
dentro del plazo de caducidad estatuido en la ley, toda vez que “ la presentación de
la demanda principal no interrumpe el término de caducidad frente a la de
reconvención”15.
32. Sobre el particular, en el literal j del numeral 2 del artículo 164 del CPACA se
determina que el término para demandar es de dos (2) años contabilizado para los
contratos que requieren de liquidación, a partir del momento que sea efectuada o
si ésta no se logra por mutuo acuerdo o no se práctica por la administración
unilateralmente, una vez cumplido el término de dos (2) meses contados a partir
del vencimiento del plazo convenido para hacerlo bilateralmente o, en su defecto,
del término de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato o la
expedición del acto que lo ordene o del acuerdo que la disponga.
33. En el presente asunto: (i) el plazo con tractual venció el 27 de marzo de 2012;
(ii) el negocio no fue liquidado ni bilateralmente ni por parte de la entidad
contratante; (iii) según la cláusula 18 del negocio, las partes debían sujetarse a lo
previsto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, es decir, contaban con 4 meses
para efectuar la liquidación bilateral y con 2 meses para la liquidación unilateral -
contados al vencimiento del plazo contractual-; (iii) por ende, el plazo convencional
para liquidar el contrato de forma bilateral se cumplió el 28 de julio de 2012 y el
término para la liquidación unilateral el lunes 29 de septiembre de ese año; (iv) de
modo que, el plazo de 2 años para demandar corrió del 30 de septiembre de 2012
al 30 de septiembre de 2014.
En este punto, vale precisar que aunque Star Inteligencia y Tecnología S.A.
presentó solicitud de conciliación prejudicial el 25 de febrero de 2014, esta
actuación no tuvo la virtualidad de suspender el plazo para demandar en beneficio
de la Fiscalía General de la Nación, toda vez que la demandante en reconvención
es una entidad pública respecto del cual no es exigible el agotamiento de la
conciliación extrajudicial como requisito para acudir ante la jurisdicción, de
conformidad con lo previsto en el artículo 613 del CGP 16.
Asimismo, al ser la demanda principal y la de reconvención instrumentos
procesales autónomos, la interrupción de los términos acontecida en la demanda
inicial no se traslada a la de reconvención, en atención a la independencia que
14 LÓPEZ BLANCO: Hernán Fabio, “Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano”, Tomo I, Parte
General, Décima Edición, Bogotá D.C., Dupré Editores, 2009, p, 545.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, providencia del
8 de mayo de 2019, radicación 25000-23-36-000-2018-00332-01(62955).
16 “ARTÍCULO 613. AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN LOS ASUNTOS CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVOS.
“(…)
“No será necesario agotar el requisito de procedibilidad en los procesos ejecutivos, cualquiera que sea la
jurisdicción en la que se adelanten, como tampoco en los demás procesos en los que el demandante pida
medidas cautelares de carácter patrimonial o cuando quien demande sea una entidad pública”.
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cada uno de éstos profesa, circunstancia que conlleva al juez a verificar la
observancia de los requisitos establecidos para demandar respecto de cada uno,
con las especiales características que se puedan predicar respecto de éstos,
como acontece en relación con la Fiscalía General de la Nación, la cual no estaba
compelida en agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial 17.
34. Por consiguiente y dado que la demanda de reconvención se instauró el 23 de
febrero de 2015, es evidente que ello ocurrió fuera del plazo legal previsto para tal
fin, circunstancia que ineludiblemente conduce a la Sala a declarar, de forma
oficiosa, que operó el fenómeno jurídico procesal de la caducidad respecto de
dicho medio de control.
(ii) El cumplimiento parcial o con retardo de las obligaciones contraídas
35. La noción de incumplimiento contractual encuentra sustento en la
determinación de las condiciones de modo y tiempo para la observancia de las
prestaciones comprometidas bajo el contrato. Así se infiere con lógica casi que
profana, a partir de los enunciados de los artículos 1626 y 1627 del C. C.
36. Con este punto de partida, el incumplimiento comprende los escenarios que
impliquen la inejecución contractual, ya sea por la falta de observancia total del
objeto pactado, el cumplimiento imperfecto de lo contratado por una
disconformidad entre lo convenido y lo ejecutado por el deudor, o por el retardo en
la prestación de lo que se debe (art. 1613 del C.C.). De esta manera, el
incumplimiento se concibe bajo un amplio espectro, aunque para su evidencia
basta con constatar la falta de coincidencia entre lo pactado y lo ejecutado por el
deudor, considerando, además, la verificación de la gravedad de la falta.
37. En esta línea -con las debidas precisiones en materia de contratación estatal-,
la jurisprudencia ha resaltado que en aplicación del principio de conservación o
supervivencia de los contratos, no todo incumplimiento por parte de uno de los
contratantes conduce a su resolución o terminación, dado que ello debe acontecer
en los escenarios en que la falta de prestación es grave o palmaria, es decir, que
se trate del objeto primario o esencial que afecte la confianza del contratante
cumplido o la utilidad del negocio pues, en caso contrario, al acreedor le asiste el
17 En relación con este aspecto, esta Subsección ha señalado que la interrupción de términos de la demanda
inicial no beneficia a la demanda de reconvención por ser acciones autónomas, así:
“Finalmente, en lo que concierne al argumento planteado por la parte recurrente, en el sentido de indicar
que la demanda de reconvención es una consecuencia de la demanda principal y que, por tal razón, con la
presentación de la demanda inicial se interrumpieron los térmi nos para la de reconvención, cabe señalar,
como ya se dijo, que la demanda de reconvención, en esencia, es una acción autónoma que no pretende
enervar las pretensiones de la demanda principal sino que está encaminada a obtener el reconocimiento
de pretensiones diferentes, razón por la cual no es una consecuencia de la demanda principal.
“Así las cosas, si bien es cierto que, tal y como lo dispone el artículo 143 del Código Contencioso
Administrativo –Decreto 01 de 1984-, el término de caducidad de la acción, en cuanto a quienes hicieron
parte del Consorcio S.O.T. se refiere, se interrumpió con la presentación de la demanda principal, no es
posible señalar que dicha interrupción hubiere operado también para la demanda de reconvención, dado
que ésta, como se indicó, es de carácter autónomo”. (Consejo de Estado, Sala de lo Contecioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de agosto de 2013, radicación 25000-23-
26-000-2009-01045-01(45191)).
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deber de adoptar o permitir las medidas de remediación que se acompasen con la
trascendencia de la falta advertida. En este sentido ha manifestado:
“… Sin embargo no toda separación por parte del deudor respecto del ‘programa
obligacional’ previamente establecido, permite poner en funcionamiento los
mecanismos encaminados a extinguir la relación que une al obligado con el acreedor
–particularmente la resolución contractual-, toda vez que, en ciertas ocasiones,
retrasos en el cumplimiento o cumplimientos parciales, que en principio podrían dar
lugar a la resolución contractual, no se consideran de entidad suficiente como para
justificar tan radical determinación, en cuanto se podrían producir con ello situaciones
inequitativas, facilitar ejercicios abusivos o contrarios a la buena fe de la señalada
facultad resolutoria, además de afectarse el principio de conservación del contrato.
“Como se puede observar, la jurisprudencia vigente de la Corporación considera que
el cumplimiento tardío o extemporáneo de la obligación no impide que el contratante
cumplido pueda ejercer la acción resolutoria del contrato, particularmente cuando el
plazo pactado –y desatendido- se pueda considerar esencial, esto es, en aquellos
casos en los que la ejecución de la prestación con posterioridad a una cierta
oportunidad sea ya inútil al acreedor en cuanto que su interés en el derecho de
crédito ha sido definitivamente lesionado, o cuando el incumplimiento genera una
frustración del fin práctico perseguido por las partes en el negocio, o, por último,
cuando se pueda observar un razonable interés en la resolución del contrato.
Contrario sensu, si las circunstancias del caso concreto permiten concluir que la
ejecución retardada de las obligaciones del contratante demandado no presenta
características como las anteriormente mencionadas, en cuyo caso, se precisa, se
puede considerar que el incumplimiento no tiene la gravedad o la entidad como para
ser considerado un incumplimiento resolutorio, criterios como la equidad o la
prevención del abuso del derecho, y la aplicación del principio de conservación de los
contratos, hacen aconsejable que no se deba estimar la pretensión resolutoria en
esas condiciones puesta a consideración de la administración de justicia”18.
38. Tratándose del retardo en la ejecución de la prestación, recuerda la Sala que
corresponde a uno de los escenarios de incumplimiento donde el deudor está en
mora, pues, según el art.1608 del C.C., éste se constituye en dicho estado
“cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado ”, circunstancia
ante la cual las entidades contratantes cuentan con variadas opciones que van
desde la posibilidad de conminar mediante multas el cumplimiento del contratista,
pasando por declarar el incumplimiento total o parcial o, si las circunstancias lo
ameritan, declarar la caducidad del contrato. De otra parte, si los hechos que
motivan los retardos son ajenos a las partes, éstas cuentan con la posibilidad de
alterar por medio de modificaciones bilaterales, el plazo, bien sea a través de
prórrogas o de suspensiones.
39. En efecto, esta Corporación, de tiempo atrás, ha reconocido que la figura del
incumplimiento del contrato se presenta cuando unos de los extremos del negocio
jurídico incurre en inobservancia o en cumplimiento tardío o defectuoso del
contenido obligacional de aquellas estipulaciones que de manera libre y voluntaria
acordaron las partes al tiempo de su celebración, evento que de acreditarse
faculta al otro contratante, siempre que hubiere cumplido las obligaciones a su
cargo o que hubiera estado dispuesto a satisfacerlas en la forma y tiempo debidos,
para que en sede judicial pueda solicitar la resolución del respectivo vínculo
negocial o su cumplimiento, en ambos casos con la correspondiente
indemnización de los perjuicios causados o incluso, si a ello hubiere lugar, autoriza
18 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 18 de diciembre de 2009, radicado 1996-
09616.
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a la entidad estatal contratante para sancionar al contratista particular incumplido
mediante la declaratoria de caducidad del contrato 19 , o para declarar el
incumplimiento con el fin de hacer efectiva la cláusula penal incluida en el
contrato20.
40. Asimismo, dispone la ley que, aunque el deudor se encuentre en mora, puede
dar cumplimiento tardío a su obligación, salvo que se trate de un término esencial,
toda vez que el Código Civil establece en su artículo 1610 21 que el acreedor puede
exigir: 1) que se apremie al deudor para la ejecución del hecho convenido; 2) que
se le autorice a él mismo para hacerlo ejecutar por un tercero a expensas del
deudor; o 3) que el deudor le indemnice los perjuicios resultantes de la infracción
del contrato. En cualquier caso, el acreedor podrá exigir la correspondiente
indemnización de perjuicios.
41. En esa medida, “si un contratista cumple con sus obligaciones contractuales
por fuera del plazo de ejecución, y la entidad decide recibir la prestación que se le
adeuda, resulta lógico que el contratista tenga el derecho de recibir la
contraprestación de las prestaciones ejecutadas y recibidas a satisfacción. Lo
anterior no implica que las entidades estatales estén obligadas a recibir las
prestaciones ejecutadas fuera del plazo de ejecución. Tampoco quiere decir lo
anterior que todas las obras ejecutadas fuera del plazo deban ser pagadas. De la
misma manera, lo sostenido no significa que las entidades no puedan ejercer sus
poderes excepcionales para declarar el incumplimiento de la obligación e imponer
el pago de los perjuicios causados por entregar fuera del plazo. Menos aún, que
no se puedan reclamar judicialmente tales perjuicios o que las partes no puedan
realizar acuerdos sobre este asunto en la etapa de liquidación del contrato”22.
42. Precisadas las alternativas que el ordenamiento otorga a elección del acreedor
para que el deudor en mora cumpla con la obligación principal a su cargo, resulta
de vital importancia analizar el interés y la conducta de aquél con el fin de dilucidar
el desenlace contractual.
(iii) Caso concreto
43. Si bien, según se constató, la demanda de reconvención fue interpuesta fuera
del término legal, lo cierto es que en virtud de lo planteado en la demanda principal
en conjunto con los medios exceptivos propuestos por la defensa, y en
consonancia con lo manifestado en el recurso de apelación, corresponde examinar
si, como lo manifestó el apelante, el objeto que se contrató fue cumplido fuera del
plazo negocial y las consecuencias derivadas de ello, así como la incidencia que
pudo tener la conducta de la contratante en dichas resultas. En esa medida y con
19 Artículos 14 y 18 de la Ley 80 de 1993.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9
de octubre de 2013, radicación 25000-23-26-000-2002-01721-01(28913).
21 Norma especial, aplicable en las obligaciones de hacer, esto es, las relativas a la ejecución de un hecho
positivo, una prestación cualquiera diferente a la transferencia del dominio, pues a esta última conducta se
refieren las obligaciones de dar.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del
18 de noviembre de 2021, radicación 47001-23-33-001-2013-00363-01(61641).
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el propósito de esclarecer los reparos que sustentan el sub examine, resulta
imprescindible traer de presente una síntesis del acontecer contractual.
44. Da cuenta el expediente que el 22 de diciembre de 2011, la Fiscalía General
de la Nación y Star Inteligencia y Tecnología S.A. suscribieron el contrato 144, por
medio del cual esta sociedad se comprometió a “entregar una solución de gestión
de contenido multimedial para el fortalecimiento de la Sección de Análisis Criminal
del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, según lo
establecido en el pliego de condiciones de la Selección Abreviada de Menor
Cuantía FGN-125-2011” 23, cuyo valor fue pactado en $367’919.984 24 con plazo
para su ejecución de 90 días calendario25, contado a partir del cumplimiento de los
requisitos de ejecución del contrato, esto es, el 29 de diciembre de 2011 26, de
manera que dicho término se extendió hasta el 27 de marzo de 2012.
45. En los términos del anexo 5 del pliego de condiciones -parte integrante del
clausulado negocial- el objeto a contratar debía comprender dos aspectos
principales: (i) la adquisición de un software para el manejo del contenido
multimedial, y (ii) la digitalización, catalogación e indexación de 5000 horas de
video. Así, se determinó que la solución debía observar, como mínimo, las
siguientes características técnicas:
• Contemplar el software completo de funcionamiento, incluyendo el de
visualización y carga de archivos de video y audio, así como información no
estructurada como pdf, doc, xls, jpg, ppt, entre otros.
• Incluir las características de un buscador amigable que permita digitar palabras
con frases o comodines y/o rangos según el tipo de datos, cuyos tiempos de
respuesta no sobrepasen los 10 segundos.
• Permitir transmitir y/o grabar archivos en tiempo real, así como guardar los
videos con una catalogación, edición y administración en temas y añadirle niveles
de seguridad (mínimo privado y público).
• Tener un módulo de administración de roles de usuario: creación de usuarios
administradores y de usuarios invitados o temporales, con el registro y control de
los usuarios a través de perfiles, la asociación de éstos a una persona, seccional o
dependencia y la definición de los niveles de seguridad asociados con el tipo de
perfil. Así como generar reportes de las actividades que realizan los usuarios en el
sistema.
• Ser accesible desde la intranet de la Fiscalía, a través de un navegador web y
cumplir con los estándares del consorcio World Wide Web, utilizar lenguaje de
script y controladores añadibles (plugins), que funcionen correctamente con los
navegadores: Windows Internet Explorer versión 6 o superior, Mozilla Firefox
23
Página 110 del archivo “1-2817_001” visible en el cd aportado con la demanda.
24 Cláusula cuarta del negocio jurídico en estudio.
25 Cláusula sexta del contrato 144 de 2011.
26 Según se reseñó en el informe de ejecución del contrato -folio 553 del cuaderno 3-.
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versión 3.5 o superior, Google Chrome versión 6 o superior, Ópera versión 8.0 o
superior y Safari versión 4.0 o superior.
• Permitir el monitoreo de desempeño y la determinación de las acciones
correctivas para brindar un servicio óptimo y eficaz, mediante la implementación
de los indicadores y estadísticas referentes al (i) funcionamiento y operación de la
página, (ii) el uso del sitio web y (iii) el comportamiento de los clientes.
• En relación con la digitalización, indexación y catalogación de las 5000 horas de
video en formato VHS y DVD, se precisó que debía hacerse teniendo en cuenta
los temas como vienen rotulados los videos (narcotráfico, subversión,
administración pública, etc.), con el respectivo ingreso al sistema del título, fecha,
medio que emite y tema del material audiovisual.
46. Igualmente, en los términos de la cláusula segunda, se pactaron como
obligaciones específicas del contratista, las siguientes:
“B. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1) EL CONTRATISTA se obliga a realizar la
labor de migración/digitalización, catalogación e ingreso a la solución del video
por demanda, de 5000 horas de vídeo que actualmente se encuentran en formato
VHS y DVD en la FGN, 2) Cargar y asociar la inf ormación de indexación
disponible para cada casette de VHS y DVD a cada objet o convertido y cargado
al sistema. 3) El proveedor o las personas conocedoras del proceso o datos que
instalen o digitalicen, estarán obligados a firmar un ACTA DE
CONFIDE NCIALI DAD sobre la información a ellos suministrada por la FISCALÍA
GENERA L DE LA NACIÓN. 4) Entregar los componentes de la solución a la FGN
debidamente en funcionamiento. 5) A brindar las licencias y/o programas cuando
esta (sic) sean requeridas. 6) A brindar un listado de las personas que atenderán
requerimient os, con sus respectivos contactos, con número de teléfono celular,
fijo, email, entre otros. 7) Los gastos derivados de la organización logística,
equipos e instructores de la capacitación en la ciudad de Bogotá, que serán
asumidos por el contratista. 8) A entregar un plan de entrenamiento de
administración de la plataforma y de usuario final, con certificación. 9) A la
entrega de funcionalidad de Streaming media incluido software que permita la
reproducción de vídeo en vivo ajustada a la solución propuesta. 10) La solución
suministrada deberá tener una garantía mínima de tres años asumida por el
oferente por defectos de fabricación y/o funcionamiento de la solución a partir de
la fecha de entrega a satisfacción. Durante este periodo s e hará una revisión
técnica anual”27.
47. A su vez, se estableció que la Fiscalía se comprometía no solo a pagar el
precio pactado, sino que debía tramitar las actas de recibo a satisfacción y
liquidación final por parte del supervisor, ejerciendo la supervisión y seguimiento
permanente del objeto contratado y las obligaciones derivadas del mismo.
48. En relación con este último aspecto, en términos de la cláusula décimo
segunda, la tarea de controlar y seguir la ejecución contractual estaba a cargo “ del
jefe de la Oficina de Informática y el Jefe de la División de Investigaciones DN
CTI”28 a quienes les competía: a) hacer cumplir las condiciones pactadas en el
negocio jurídico; b) elaborar los informes requeridos para soportar los pagos
pactados; c) exigir la ejecución idónea y oportuna del contrato; y, d) realizar y
27 Página 110 del archivo “1-2817_001” visible en el cd aportado con la demanda.
28 Página 112 del archivo “1-2817_001” visible en el cd aportado con la demanda.
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remitir a la Sección de Servicios Administrativos el acta de inicio, el informe de
ejecución del contrato, el formato de evaluación y reevaluación de proveedores y,
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del negocio, suscribir el
acta de liquidación del mismo.
49. Durante la ejecución del negocio jurídico, se suscribieron las siguientes actas
que dan cuenta del avance del mismo:
ACTA FECHA ASISTENTES TEMAS TRATADOS Y/O DESARROLLO
000 3/01/2012 - Gerentes comercial y - El señor Salas, quien f irmó como interventor,
General de Star I&T pidió un cronograma de actividades.
S.A. - Asimismo, se suministró al contratista los
• Roberto Mario Salas: campos de indexación con los cuales debe
Investigador contar la solución y se aclararon los roles y
Criminalístico II perf iles de los usuarios que accederán al
• Viviana Orjuela López: sistema.
Asistente Investigador
Criminalístico IV
002 26-01-2012 - Gerente General de - Se analizó el tiempo de migración de 5000
Star I&T S.A. horas de vídeo y el contratista solicitó
• Roberto Mario Salas 29: f ormatos para calcular el ancho de banda
Investigador requerido, así como el suministro de un
Criminalístico II listado de los dif erentes medios emisores de
• Viviana Orjuela López: los vídeos existentes para incluirlos en los
Asistente Investigador campos de indexación.
Criminalístico IV
003 15/02/2012 - Gerente General de - Se revisó la interf ace a utilizar, “haciendo
Star I&T S.A. algunas correcciones del interventor”, en
• Roberto Mario Salas 30: relación con campos de indexación, imagen
Investigador institucional, colores.
Criminalístico II - Contratista solicita que se le entreguen los
• Viviana Orjuela López: logos
Asistente Investigador - Se probó la f unción estadística, detectando
Criminalístico IV algunos errores de módulo.
• Julián Misnaza: -El contratista manif estó “renunciar al pago
Ingeniero Star I&T S.A. del 60% del valor del contrato estipulado en el
momento de la instalación, configuración y
puesta en marcha de la solución y recibo a
satisfacción del supervisor del contrato,
aduciendo que espera el pago del 100% del
valor del contrato al momento de recibido a
satisfacción total de la solución por parte del
interventor”.
004 09/03/2012 - Gerente General de - El contratista inf ormó que ya terminó el
Star I&T S.A. desarrollo y personalización de la solución.
• Roberto Mario Salas 31: Con la precisión que tenía las
Investigador especif icaciones del servidor requerido para
Criminalístico II la instalación y que estaba a la espera de que
• Viviana Orjuela López: la Of icina de inf ormática respondiera sobre la
29 Suscribe el acta como “interventor del contrato”, página 52 del archivo “1-2817_001” obrante en el cd
aportado con la demanda.
30
Suscribe el acta como “interventor del contrato”, página 54 del archivo “1-2817_001” obrante en el cd
aportado con la demanda.
31 Suscribe el acta como “interventor del contrato”, página 56 del archivo “1-2817_001” obrante en el cd
aportado con la demanda.
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Asistente Investigador existencia de dicho servidor.
Criminalístico IV -El “interventor” solicitó ampliar las entradas
• Julián Misnaza: para la migración de las horas de vídeo.
Ingeniero Star I&T S.A. Igualmente, pidió “realizar la solicitud de
ampliación de término para el cumplimiento
del contrato, teniendo en cuenta el
inconveniente presentado con los servidores
donde quedara (sic) instalada la solución, los
cuales deben ser suministrados por la oficina
de informática de la FGN”.
005 19/03/2012 - Ingeniero Star I&T S.A. - El contratista inf ormó que ya instaló la
• Roberto Mario Salas 32: solución en los servidores suministrados, se
Investigador realizan las pruebas de su f uncionabilidad y
Criminalístico II se encontraron algunos errores en los
• Julián Misnaza: módulos de reportes y usuarios.
Ingeniero Star I&T S.A. - Se realizó la prueba de f uncionabilidad de la
visualización de los videos cargados,
encontrando exitosa dicha prueba.
• Se programó una nueva prueba para la
revisión de los errores encontrados en los
módulos.
006 27/03/2012 - Ingeniero Star I&T S.A. - “Se procede a realizar la revisión en los
• Roberto Mario Salas 33: módulos de reportes, así como también en el
Investigador módulo de usuarios, los cuales habían
Criminalístico II quedado pendientes en la prueba anterior,
• Julián Misnaza: encontrando buena funcionalidad para los
Ingeniero Star I&T S.A. mismos.
• “Se revisan los cambios sugeridos para la
interface encontrando que se hicieron los
ajustes necesarios.
“Se procede a revisar punto a punto los
requerimientos generales solicitados en el
contrato, encontrando cumplidos dichos
puntos”.
50. Por medio de la factura de venta 1050 del 2 de abril de 201234, la sociedad
Star I&T S.A. requirió a la contratante el pago total del contrato 144 de 2011, esto
es, por el monto de $327.943.574,70 35. Asimismo, en escrito del 16 de agosto de
ese año36, manifestó que la Fiscalía aún no había tramitado el pago pese a que
había radicado la aludida factura, el recibo a satisfacción del interesado y la
certificación de pago de los aportes al sistema de seguridad social.
51. Mediante escrito del 15 de enero de 2013, dirigido por el Analista Roberto
Mario Salas al Jefe de la Oficina de Informática de la FGN -Carlos Polanía Falla- y
al señor Helbert Harbey Romero Ríos –Jefe de la División Nacional de
Investigaciones del CTI-, se indicó que el contrato 144 de 2011 presentaba un
incumplimiento en lo relativo a la digitalización, indexación y catalogación del
32 Suscribe el acta como “interventor del contrato”, página 59 del archivo “1-2817_001” obrante en el cd
aportado con la demanda.
33 Suscribe el acta como “interventor del contrato”, página 61 del archivo “1-2817_001” obrante en el cd
aportado con la demanda.
34
Folio 44 del cuaderno 4.
35 El precio del contrato fue estipulado en $367’919.984, incluido IVA; sin embargo, en la referida factura se
anotó el monto de $327’943.574 como valor total.
36 Folio 50 del cuaderno 4.
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Asunto: Controversias contractuales
material de video, pues, si bien se había completado la digitalización de las 5000
horas, no obraba su catalogación e ingreso al sistema. Igualmente, señaló que
para ese momento no se contaba con “un recibido a satisfacción por parte de
ninguno de los supervisores y que al momento lo único que se tiene es un
documento de validación de software realizado por el soporte técnico del contrato,
en este caso la Sección de Análisis Criminal ”37.
52. En concepto técnico del 27 de febrero de 2013, el Jefe de la Oficina de
Informática de la FGN señaló que de las 40 funcionalidades mínimas que debía
observar el software de gestión de contenido multimedial, varios de ellos no
cumplían con los requerimientos técnicos exigidos, a saber38 (se transcriben los
apartes relativos a los ítems aludidos,):
3.3.1. CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES MÍNIMAS Cumple (SI/NO)
10. La solución debe permitir añadir niveles de seguridad a los NO
videos de acuerdo con su contenido (mínimo privado y público) A todo el material cargado le asigna
nivel público
15. La solución permitirá crear usuarios invitados o temporales NO
mediante el registro de sus datos en el sistema, generándole La inhabilitación de los usuarios se
usuario y contraseña por un número limitado de descargas, una vez hace de manera manual no
finalizada la última descarga autorizada inhabilitará inmediatamente automática
al usuario.
22. La solución debe permitir definir los niveles de seguridad NO
asociados a los perfiles Como se verificó en el numeral 10
23. La solución debe permitir el registro, administración y reportes NO
de los logs de auditoría de la aplicación y de la base de datos Por medio de la aplicación no genera
reporte de los logs. De la base de
datos se hace por el motor SQL.
25. La solución debe permitir a través de reportes, listar las NO
actividades que realiza un usuario en el sistema, información y debe Muestra siempre el mismo reporte,
almacenarse en tablas de base de datos no lo actualiza.
27. La solución debe permitir configurar parámetros de seguridad y NO permite cambio de contraseña
políticas definidas en la FGN para el manejo de cuentas de usuario desde el usuario
28. La solución debe contener un tutor, ayudas y guías interactivas NO
del paso a paso de la funcionalidad de la aplicación Existe un documento con el paso a
paso del ingreso a la aplicación, pero
no está incluido en paso a paso de la
funcionalidad de manera interactiva
4.3.3. ESTÁNDARES DE NAVEGACIÓN MÍNIMOS
10. La solución para cumplir con el objetivo de monitoreo de NO
desempeño y uso del sitio web, debe implementar los indicadores y No se evidenció que lo cumpla en los
las estadísticas definidas a continuación: (i) Tipo 1, de requerimientos:
funcionamiento y operación, (ii) Tipo 2, de uso del sitio web y (iii) - Porcentaje de páginas no visitadas
tipo 3, de comportamiento de los clientes - Tiempo promedio de visita
• Promedio de páginas visitadas por
cliente
• Número de comentarios recibidos
• Tasa de crecimiento de clientes
registrados
• Horas pico de concurrencia de
usuarios
11. El administrador podrá a través de la solución: NO
a) Visualizar los resultados de los indicadores y estadísticas Para los puntos a), b) y d) no se
b) Generar reportes multidimensionales sobre los indicadores y evidenció la funcionalidad en el
estadísticas aplicativo ni como lo hace.
c) Exportar los reportes generados a distintas fuentes de datos En el punto c) se hicieron las
d) Realizar la medición de los indicadores o estadísticas en pruebas satisfactoriamente
cualquier instante mediante filtros
4.3.4. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DIGITALIZACIÓN,
INDEXACIÓN Y CATALOGACIÓN DEL MATERIAL DE VIDEO
1. Se deberá realizar la migración/ digitalización, ingreso y NO
catalogación a la solución del video por demanda, de 5000 horas de La herramienta no permite verificar
37 Folio 526 del cuaderno 3.
38 Folios 604 a 607 del cuaderno 3.
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video que actualmente se encuentran en formato VHS y DVD en la los videos cargados y la sumatoria
FGN de horas a que corresponde.
53. Luego, a través de concepto técnico del 15 de marzo de 201339, el coordinador
de la Sección de Análisis Criminal presentó a la Dirección Nacional Administrativa
y Financiera de la FGN el complemento del concepto presentado el 27 de febrero
por la Oficina de Informática, con la aclaración que de los ítems enunciados por no
cumplir con los requerimientos técnicos uno fue modificado por parte del
contratista (el identificado con el número 25), de modo que continuaban los
reparos respecto de las algunas de las funcionalidades mínimas requeridas.
54. En el acta del 9 de abril 201340, suscrita por la Sección de Análisis Criminal de
la contratante, se consignó que en virtud de las obligaciones adquiridas por Star
I&T S.A., la solución contratada comprendía dos componentes: (i) el primero,
referente al software de gestión de contenido, integrado por 40 funcionalidades, y
(ii) el segundo, relacionado con la digitalización y catalogación de los videos,
evidenciándose que el contratista solo había entregado 32 funcionalidades de las
requeridas, dejando de catalogar e indexar todas las horas de video digitalizadas,
de conformidad con el informe suscrito el 27 de febrero de ese año.
Por lo anterior, la entidad calculó el avance del contrato, en atención a la forma de
pago estipulada en dos partes -60% y 40%-, para concluir que faltaba por ejecutar
el 29,14% del contrato. Como sustento de esta apreciación, aseveró:
“2. La CLA USULA (sic) QUINTA del contrato No. 144 de 2011, (sic) establece lo
siguiente:
‘La FISCALIA (sic) GENERA L DE LA NACI ÓN realizará un primer pago del sesent a por
ciento (60%) del valor del contrat o al momento de la instalación, configuración y puesta
en funcionamiento de la solución y el cuarenta por ciento (40%) restante una vez
entregado la totalidad del objeto contratado’.
“En tal sentido, el sesenta por ciento (60% ) corresponde al software con parametrización,
es decir, las 40 funcionalidades y el cuarenta por ciento (40%) corres ponde a la
digitalización, catalogación e indexación de la solución.
“PARA EL SESENTA POR CIENTO (60%), se analizó lo siguiente:
“Dado que la solución no discrimina el valor de cada uno de los componentes y lo
ejecutado por el contratista para el software con parametrización, que equivale a 32
funcionalidades de las 40 requeridas, esto es, el 48% del 60% del valor del contrato.
“PARA EL CUARENTA POR CIENTO (40%), se analizó lo siguiente:
“En cuanto a la digit alización, catalogación e indexación, se cargaron a la plataforma de
la solución 5000 horas de video digitalizadas, de las cuales se han catalogado e
indexado un total de 714 horas de video, por lo tanto, faltan 4286 horas de video por
catalogar e indexar, que corresponde al 85,72% del 40% del valor del contrato.
“3. Conforme a lo anterior, es important e señalar que en porc entajes la digitalización,
equivale al 20% y la c atalogación e in dexación al 20% restante, teniendo que las últimas
actividades son realizadas de manera simultánea.
“(…)
39 Folios 589 a 595 del cuaderno 3.
40 Folios 528 a 531 del cuaderno 3.
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“4. Así las cosas, la evaluación de lo faltante, de acuerdo con los criterios expuestos,
ascienden a ($107.226.600), que corresponden al 29,14% del valor total del contrato”41.
55. El 10 de abril de 2013, la Fiscalía, en respuesta de las peticiones GDPQ
20136110142312 y GDPQ 20136110069392, donde el contratista solicitaba el
pago del precio acordado, así como su liquidación bilateral y que se le informara
quiénes eran los jefes de la Oficina de Informática y de la División de
Investigaciones al momento de suscribir el contrato, manifestó que un Comité
Técnico advirtió que como se había ejecutado un 70,86% del objeto convenido no
era procedente el pago de la factura allegada; además, señaló que como el
negocio expiró en el año anterior, “no se cuentan con los recursos debido a que
estos tuvieron una vigencia hasta diciembre de 2012 ”42. Igualmente, le comunicó
al contratista que para la época de celebración del negocio jurídico, “el Jefe de la
División de Investigaciones del Cuerpo Técnico de Investigaciones, (sic) era el Dr.
Helbert Harbey Romero Ríos y por parte de la Oficina de Informática, Ing. Carlos
Enrique Polanía Falla ”43.
56. El 15 de abril siguiente, la Oficina de Informática y la Sección de Análisis
Criminal rindieron concepto técnico44, y concluyeron que conforme a los dos (2)
componentes fundamentales del proyecto, el contratista, para ese momento, había
ejecutado un 70,86% del objeto convenido.
57. Mediante acta del 17 de mayo de 201345, suscrita tanto por la sociedad actora
como por el Jefe de la Oficina de Informática y el Jefe de la Sección de Análisis
Criminal, se consignó que el contratista cumplió (i) con los ajustes requeridos en 8
de las 40 funcionalidades para el correcto funcionamiento del software de gestión
de contenido multimedial y (ii) con la digitalización de las 5000 horas de video y su
catalogación, “conforme al rótulo de cada cassette (cinta de VHS), restando el
proceso de perfeccionamiento para ser indexadas a la solución ”46.
58. En el informe de ejecución del contrato 144 de 2011 47, rendido el 26 de junio
de 2014 por la Dirección Nacional Cuerpo Técnico de Investigaciones, se plasmó,
entre otros, que: a) el 29 de diciembre de 2011, con memorando
20116130050333, le fue notificado al Jefe de la Sección de Análisis Criminal la
supervisión del contrato; b) en el acta 006 del 27 de marzo de 2012, solo se
elaboró una lista de verificación de algunas características mínimas de
funcionabilidades del software, “sin constituirse en un recibo a satisfacción como lo
precisa el Acta N°006” 48; c) la Oficina de Informática adujo que no podía tramitar el
pago de la factura 1050, toda vez que hasta agosto de 2012 le fue notificada su
designación como supervisor del contrato, época para la cual ya había vencido el
plazo del negocio jurídico; d) el 15 de enero de 2013, la Sección de Análisis
41 Folio 531 del cuaderno 3.
42 Folio 59 del cuaderno 4.
43 Folio 60 del cuaderno 4.
44 Folios 532 a 535 del cuaderno 3.
45
Folios 545 a 548 del cuaderno 3.
46 Folio 548 del cuaderno 3.
47 Folios 552 a 563 del cuaderno 3.
48 Folio 558 del cuaderno 3.
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Criminal informa a la Sección de Servicios Administrativos que, en los términos del
contrato, la supervisión de éste correspondía al “Jefe de la Oficina de informática y
División de Investigaciones, los cuales no fueron comunicados una vez se
perfeccionó el contrato ” 49; e) la solución fue entregada a los usuarios el 17 de
mayo de 2013, “en relación con la solución de software, quedando la indexación ”50
y el contratista ha prestado el soporte incluido en la garantía de hardware y
software, por un término de 3 años; f) el contratista posiblemente desconoció la
cláusula segunda, referente a “cargar y asociar la información de indexación
disponible para cada casette de VHS y DVD a cada objeto convertido y cargado al
sistema”51. Asimismo, anotó que “dado que el contratista entregó la solución, la
dependencia usuaria no ha incurrido a la fecha (sic) ningún tipo de perjuicio o
daño”52.
59. Sumado a lo anterior, resulta procedente enlazar las anteriores pruebas
documentales con las declaraciones rendidas por los testigos en el sub lite, en
aras de ilustrar el desarrollo del contrato, así53:
• Declaración de Helbert Harbey Romero Ríos (minuto 7:21 a 37:51 del cd de
audiencia de pruebas): manifestó que en 2011 fungía como Jefe de la
División Nacional de Investigaciones del CTI, la cual tenía a su cargo la
Sección de Análisis Criminal, dependencia que elaboró los análisis de
conveniencia y oportunidad que justificó el negocio jurídico en estudio, al
advertir la necesidad de organizar y digitalizar una importante cantidad de
información audiovisual que se encontraba en distintos formatos. Señaló
que la labor de la dependencia que dirigía se limitaba a elaborar los
aludidos análisis y entregarlos a la Oficina Administrativa y Financiera de la
Fiscalía General de la Nación, área encargada de llevar a cabo el proceso
de selección y de la suscripción del contrato. Adujo que en ningún momento
se le informó que el Jefe de la División Nacional de Investigaciones debía
supervisar el contrato 144 de 2011 y que dicha designación contrarió lo
consignado en el análisis de conveniencia, en donde se determinó que el
supervisor del negocio a suscribir sería el señor Roberto Salas; además,
aclaró que en esa época se acostumbraba delegar en el análisis de
conveniencia y oportunidad el funcionario encargado de la supervisión
contractual, pero que como tal no existía un documento de delegación
posterior a la celebración del negocio jurídico.
• Testimonio de Daniel Hernando Reyes Castro (minuto 46:45 a 1:09:27 del
cd de la audiencia de pruebas): afirmó que en ejercicio de su profesión
como ingeniero de sistemas, cumplió la labor de líder de desarrollo de Star
Inteligencia y Tecnología S.A., indicando que durante la ejecución del
negocio la Fiscalía no manifestó inconformidad alguna respecto del
49 Folio 560 del cuaderno 3.
50 Folio 561 del cuaderno 3.
51
Folio 562 del cuaderno 3.
52 Ibidem.
53 Dado que dichos medios probatorios obran en un medio audiovisual, se trae a la providencia una síntesis de
lo dicho por cada testigo en su respectiva declaración.
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software y material entregado. Asimismo, los arreglos de las 8
funcionalidades versaron sobre garantías.
• Declaración de Julián Andrés Misnasa (minuto 1:10:36 a 1:22:25): señaló
que en calidad de ingeniero telemático, ocupó el cargo de desarrollador en
Star Inteligencia y Tecnología S.A. Resaltó que el 27 de marzo de 2012, se
revisaron todas las funcionalidades, incluidas las 5000 horas de video y que
no se manifestó inconformidad alguna sobre éstas.
60. Del anterior recuento probatorio emergen dos conclusiones principales: (i) la
entidad contratante inobservó el deber de comunicarle a los funcionarios
investidos como supervisores su designación en tal calidad y; (ii) la sociedad
contratista entregó la totalidad del objeto fuera del plazo contractual.
61. Respecto de la primera de las aseveraciones acabadas de formular, encuentra
la Sala que en el contrato se consignó de forma expresa, que su supervisión sería
realizada tanto por el del jefe de la Oficina de Informática, como por el Jefe de la
División de Investigaciones del CTI; no obstante, obran medios probatorios que
acreditan que dicha función no fue ejercida por los aludidos funcionarios, dado que
no les fue comunicada en tiempo tal designación.
62. En efecto, en su testimonio, el señor Helbert Harbey Romero, en calidad de
Jefe de la División Nacional de Investigaciones del CTI para la época de los
hechos, aseveró que le fue comunicada dicha designación meses después de que
el contrato terminara y que, de forma previa, se encontraba bajo la convicción de
que dicha tarea debía ser ejercida por el funcionario Roberto Salas, pues fue quien
se nombró a cargo de esta función en el documento de análisis de conveniencia y
necesidad de la contratación, elaborado por la Sección de Análisis Criminal,
dependencia bajo su dirección. El anterior convencimiento guarda conformidad
con lo manifestado por el señor Salas en su declaración , quien afirmó que su jefe
directa le dio la instrucción de supervisar el negocio en estudio, razón por la cual
estuvo al tanto del desarrollo contractual y suscribió las actas 000 a 006 -
celebradas durante el plazo del negocio jurídico-.
Asimismo, tanto en el informe de ejecución del contrato 144 de 2011, rendido el 26
de junio de 2014, como en el escrito del 15 de enero de 2013, se puso en
evidencia que la Oficina de Informática no conoció del aludido negocio jurídico
durante su marcha sino de forma posterior, circunstancia que implicó la falta de
seguimiento del mismo por parte de esta dependencia lo que impidió la expedición
de los informes y actas de recibo necesarios para su control, correspondiente
finalización y pago.
63. Aunado a lo anterior, no obran pruebas que demuestren, más allá de la
estipulación negocial, que la entidad le hubiere comunicado a los servidores
correspondientes su designación como supervisores; de hecho, el Jefe de la
División Nacional de Investigaciones del CTI aceptó que no delegó en funcionario
alguno esta tarea, puesto que actuó bajo la convicción de que esta labor sería
ejercida por el señor Salas, por cuanto así se había consignado en el documento
21
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de justificación de la contratación y que este convencimiento solo fue refutado con
posterioridad al vencimiento del término contractual.
Por consiguiente, la contratante no observó la obligación que contrajo en la
cláusula décimo segunda del negocio jurídico, comoquiera que ésta no se alcanza
con esa única mención, sino que resultaba imprescindible que la Fiscalía les
comunicara a los funcionarios correspondientes que les fue asignado dicho
encargo, con el propósito de que pudiesen ejercer de manera efectiva las misiones
encomendadas.
64. Del acervo probatorio, también colige la Sala que el objeto fue entregado
cuando ya había expirado el plazo negocial. Al respecto, no se comparte el criterio
de la actora que dice que con el acta 006 del 27 de marzo de 2012 la entidad
recibió a satisfacción la totalidad de la prestación convenida, por cuanto dicha acta
no fue suscrita por los supervisores del contrato, en los términos ya desarrollados
y, en todo caso, no da cuenta de la revisión de la totalidad de los componentes de
la prestación debida, pues si bien allí se consignó que se revisaron los módulos de
reportes y de usuarios, así como “punto a punto los requerimientos generales
solicitados en el contrato, encontrando cumplidos dichos puntos ”, lo cierto es que
esa aseveración no conduce a tener por acreditada la totalidad de los
requerimientos mínimos exigidos, dado que provino de un funcionario que no tenía
encargada la función de seguimiento del contrato.
65. En este punto, la Sala aclara que no pretende trasladar al contratista la
exigencia de saber si los funcionarios que suscribieron las actas eran los
competentes o no para ello, por cuanto tal situación tiene injerencia con el
funcionamiento y trámite interno de la entidad, en la medida que Star Inteligencia y
Tecnología S.A. no tenía por qué conocer que el señor Roberto Salas no había
sido oficialmente delegado por el Jefe de la División Nacional de Investigaciones
del CTI como supervisor del contrato 144 de 2011; no obstante, lo que sí se
reprocha es que, bajo la debida diligencia de sus actividades y gestión de sus
negocios, no hubiere verificado el contenido del clausulado del contrato y hubiese
requerido para que también estuviere presente durante el desarrollo del mismo,
así como en la suscripción de las actas, el Jefe de la Oficina de Informática,
funcionario al cual, como se vio, también le correspondía vigilar el contrato y emitir
la certificación sobre su cumplimiento.
66. A su vez, se constata que fue hasta la revisión de la Oficina de Informática, -la
cual era imprescindible, como se detalló-, que se encontró que la sociedad no
había observado los requerimientos de 8 de las 40 funcionalidades que
comprendían el objeto pactado, de modo que pese a haber entregado desde el 27
de marzo de 2012 la prestación convenida, ésta no se cumplió a entera
satisfacción comoquiera que no incluía todos los componentes que la integraban.
67. Es cierto que una supervisión oportuna y eficiente de la labor contractual
habría advertido esas falencias a tiempo, esto es, durante el plazo, pero también
lo es que desde la etapa precontractual la sociedad contaba con los lineamientos
claros que debía atender, puesto que las 40 funcionalidades fueron expresamente
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explicadas en el anexo 5 de los pliegos de condiciones. De modo que la aludida
falencia de la entidad no justifica totalmente al contratista en la inobservancia de
los requerimientos técnicos exigidos y en la entrega del objeto de forma tardía , en
la medida que, se itera, ésta conocía las condiciones que debía satisfacer para
lograr con éxito la solución multimedial contratada.
68. Así las cosas, como el plazo de ejecución del contrato corrió entre el 29 de
diciembre de 2011 y el 27 de marzo de 2012, para considerar como oportuno el
cumplimiento de la obligación principal, la sociedad debió haber ejecutado todas
las prestaciones a su cargo para la última de las referidas fechas; no obstante,
esto solo vino a acontecer hasta el acta del 17 de mayo de 2013, momento en el
cual los supervisores del negocio jurídico certificaron que se atendieron todos los
componentes del objeto convenido; por consiguiente, resulta claro que la
prestación fue ejecutada como cumplimiento tardío, según consta en la
mencionada acta.
69. En línea con lo expuesto, el contratista tiene derecho a la contraprestación
económica por la ejecución con mora de sus obligaciones, pues la entidad admitió
sin reparo la prestación desde el 17 de mayo de 2013. Sobre el particular, se
aclara que el cumplimiento tardío de las obligaciones no libera al contratista de las
consecuencias jurídicas de la tardanza, como podría ser la indemnización de los
perjuicios sufridos por la entidad 54.
70. Por consiguiente, vistas las conclusiones que arrojó el examen del material
probatorio obrante en el expediente y en línea con los pedimentos formulados
tanto en la demanda principal, la Sala modificará la sentencia impugnada.
Indemnización de perjuicios
71. Star Inteligencia y Tecnología S.A. pidió lo siguiente: (i) el pago del valor del
contrato, esto es, el monto de $367’919.984; (ii) los intereses bancarios que tuvo
que cancelar por los créditos que adquirió con entidades financieras para cubrir la
prestación derivada del contrato 144 de 2011; (iii) el 30% de la condena que se
profiera, correspondiente a los honorarios profesionales del abogado que ejerce su
representación judicial; y, (iv) los perjuicios morales causados “al representante
legal de la empresa STAR I&T S.A.”, sin fijar un monto preciso.
72. El Tribunal de primera instancia, como se dijo en apartes previos, accedió al
pago del precio del contrato, suma que indexó a partir de marzo de 2012, y negó
el reconocimiento de los demás pedimentos económicos de la demanda principal -
intereses bancarios, honorarios profesionales, porque afirmó que éstos se
comprenden en la condena en costas, y perjuicios morales-.
73. En este orden de ideas y al recordar que existe un apelante único en el sub
examine, el margen de decisión del juez de segundo grado está restringido por el
54 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del
18 de noviembre de 2021, radicación 47001-23-33-001-2013-00363-01(61641).
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principio de la “non reformatio in pejus”55, introducido como precepto en el artículo
31 de la Constitución Política56 y consagrado por el artículo 328 del C.G. del P. 57,
esto es, la prohibición de reformar la providencia para dejar en una situación
menos favorable al apelante único, en este caso, la Fiscalía General de la Nación,
lo que denota que la situación de éste puede mejorarse pero nunca hacerse más
gravosa.
74. Bajo esta línea, la Sala no entrará a pronunciarse sobre las pretensiones
económicas que el a quo negó, puesto que, en caso de arribarse a una conclusión
distinta a la del Tribunal y en aplicación del aludido principio, no se puede
modificar la negativa respecto de estas súplicas, por cuanto ello significaría
desmejorar la situación de la Fiscalía General de la Nación.
75. Ahora, en relación con la condena proferida por el saldo adeudado a Star
Inteligencia y Tecnología S.A. por el no pago del contrato, se mantendrá esta
decisión, toda vez que la sociedad tiene derecho a la contraprestación económica
por la ejecución, aun con mora, de sus obligaciones.
La Sala precisa que no hay lugar a modificar el anterior monto, al imponer una
indemnización de perjuicios a favor de la Fiscalía con ocasión del retardo en el
cumplimiento de la prestación, toda vez que la súplica en tal sentido, esto es, la
referente a condenar a la sociedad contratista al pago de la cláusula penal
pactada en el negocio jurídico, correspondiente al 20% del valor de éste, fue
formulada en la demanda de reconvención, acto procesal que, como se vio, fue
presentado fuera del plazo legal y respecto del cual se declarará que operó el
fenómeno jurídico de la caducidad.
76. En este orden de ideas, el reconocimiento de los perjuicios se enmarcará en
actualizar el valor total del contrato -$367’919.984-, utilizando los índices de
precios al consumidor certificados por el DANE, para ello se tendrá en cuenta que
el índice inicial corresponde a la fecha en la cual la contratista cumplió totalmente
la prestación –mayo de 2013- y que el índice final corresponde a la fecha de esta
55 Se aclara que este principio no es absoluto, por cuanto en su aplicación deben tenerse en cuenta varias
excepciones, como lo son, las normas legales de carácter imperativo, dentro de las cuales se encuentran, a
título puramente ilustrativo, aquellos temas procesales que, de configurarse, aun en el evento en que no lo
haya advertido el juez de primera instancia o la parte impugnante no lo hubiere manifestado , el ad quem debe
decretar de manera oficiosa, entre ellas, el fenómeno jurídico de la caducidad de las accio nes, la falta de
legitimación en la causa y la ineptitud sustantiva de la demanda.
56 “ARTÍCULO 31. Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que
consagre la ley.
“El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”.
57 “ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar
de oficio, en los casos previstos por la ley.
“Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
“En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y deci dir el recurso, condenar en
costas y ordenar copias.
“El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella .
“En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia” (se subraya).
24
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Asunto: Controversias contractuales
providencia, con base en la siguiente fórmula (donde Vp corresponde al valor
presente y Vh al valor histórico o inicial):
Vh x Índice final
Vp= ----------------------
Índice inicial
367.919.984 x 130,40
Vp= ----------------------------------
79,21
Vp= 605’690.770
77. Por consiguiente, la suma que le corresponde pagar a la Fiscalía General de la
Nación a favor de Star Inteligencia y Tecnología S.A., por concepto de la
prestación ejecutada y no pagada, es de seiscientos cinco millones seiscientos
noventa mil setecientos setenta pesos m/cte ($605’690.770).
Costas
78. En los términos del artículo 188 del CPACA, la liquidación y ejecución de la
condena en costas se sujetará a las reglas previstas en el Código General del
Proceso, normativa que establece, en su artículo 365, numeral 1, que “se
condenará en costas a la parte vencida o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación”.
La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el
Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que
dispone el artículo 366 del Código General del Proceso.
79. En este orden de ideas, se fijan las agencias en derecho, para esta instancia,
en la suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO
NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($3’679.199) a favor de la sociedad Star
Inteligencia y Tecnología S.A., cifra que no supera el 5% sobre las pretensiones
que fueron formuladas en este proceso, límite máximo para la tasación de las
costas en segunda instancia, según lo establece el Acuerdo 1887 de 2003.
IV. PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
25
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Asunto: Controversias contractuales
MODIFICAR la sentencia proferida el 2 de febrero de 2017, por el Tribunal
Administrativo Cundinamarca, la cual quedará en los términos de la presente
decisión.
PRIMERO: DECLARAR, de oficio, que operó el fenómeno jurídico de la caducidad
respecto de la demanda de reconvención.
SEGUNDO: DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO del contrato 144 de 2011 por
parte de la Fiscalía General de la Nación , por los motivos explicados en esta
providencia.
TERCERO: CONDENAR a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar a la
sociedad Star Inteligencia y Tecnología S.A. la suma de SEISCIENTOS CINCO
MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS
M/CTE ($605’690.770)., por concepto de contraprestación del contrato 144 de
2011, de conformidad con los argumentos esgrimidos en esta providencia.
CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO: CONDENAR en costas, por esta instancia, a la Fiscalía General de la
Nación, en favor de Star Inteligencia y Tecnología S.A. por la suma de TRES
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y
NUEVE PESOS M/CTE ($3’679.199).
Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo.
SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE58
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
VF
58
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
26
Sigue leyendo
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