Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2014-00802-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2014-00802-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2014-00802-01
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
31 de mayo de 2024
Radicado: 25000-23-36-000-2014-00802-01 (58135)
Demandante: Instituto Nacional para Ciegos
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Repetición
Radicación: 25000-23-36-000-2014-00802-01 (58135)
Demandante: Instituto Nacional para Ciegos
Demandada: Mary Lucía Hurtado Martínez
Tema: Acción de repetición por hechos ocurridos durante la vigencia de la
Ley 678 de 2001. Se confirma la decisión de negar las pretensiones
porque los reparos formulados en la apelación no desvirtúan el
estudio de la culpabilidad realizado en el fallo de primera instancia.
SENTENCIA
Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede
la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante
contra la sentencia dictada el 11 de agosto de 2016 por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, que negó las pretensiones de
la demanda.
La Sala es competente para proferir esta providencia de acuerdo con los artículos
150 y 152 numeral 11 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA)1.
El recurso de apelación se admitió mediante auto del 2 de noviembre de 2016.
En auto del 1º de diciembre de 2016 se corrió traslado para alegar de conclusión.
La entidad demandante y la demandada presentaron alegatos; el Ministerio
Público no rindió concepto.
I. ANTECEDENTES
A. Posición de la parte demandante
1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 12 de junio de 2014
por el Instituto Nacional para Ciegos (en adelante, el Inci). Se dirigió contra la
agente Mary Lucía Hurtado Martínez para obtener el reintegro de lo pagado por
1 Estas normas son aplicables en su redacción original, previa a las modificaciones introducidas por los
artículos 26 y 28 de la Ley 2080 de 2021, de acuerdo con el régimen de vigencia establecido por el artículo
86 de esa ley.
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Demandante: Instituto Nacional para Ciegos
la entidad demandante en virtud de la condena impuesta en la sentencia del 14
de octubre de 2011 dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Sala de Descongestión – Subsección F.
2.- En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:
<<(…) PRIMERA: Que se declare que la señora MARY LUCÍA HURTADO
MARTÍNEZ, es civil y administrativamente responsable por su comportamiento
doloso y/o gravemente culposo, al haber proferido la Resolución No. 060216 del
31 de agosto de 2006, en la cual se declaró insubsistente a la señora MARÍA
LUCÍA HURTADO MARTÍNEZ (sic) en el cargo de Secretario General Código
0037 Grado 18.
SEGUNDA: Que como consecuencia de la anterior declaración se condene a la
señora MARY LUCÍA HURTADO MARTÍNEZ a pagar al INSTITUTO NACIONAL
CIEGOS - INCI la suma de SEISCIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE
($610.254.034), valor que canceló la entidad, en cumplimiento de la sentencia
proferida por el Juzgado Veintidós Administrativo – Sección Segunda del Circuito
Judicial de Bogotá D.C., calendada el 17 de junio 2008, la cual fue confirmada
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección
"F", proferida el 14 de noviembre de 2011.
TERCERA: Solicito que la sentencia que ponga fin al proceso, reúna los
requisitos exigidos por los artículos 99 del CPACA y 488 del CPC, es decir, que
en ella conste una obligación clara, expresa y exigible, con el fin de que preste
mérito ejecutivo.
CUARTA: Que se ordene el pago de los intereses de conformidad con lo previsto
en el artículo 142 del CPACA.
QUINTA: Que el monto de la condena que se profiera en contra la doctora MARY
LUCÍA HURTADO MARTÍNEZ sea actualizado hasta el momento del pago
efectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 142 del CPACA.
SEXTA: Que se condene en costas a la parte demandada. (…)>>
3.- Las pretensiones se fundaron en las siguientes afirmaciones:
3.1.- El 31 de agosto de 2006, la agente demandada Mary Lucía Martínez
Hurtado Martínez, en calidad de directora general del Inci, expidió la Resolución
060216, en la que declaró insubsistente el nombramiento de la señora María
Rocío Trujillo García en el cargo de secretaria general de la entidad.
Posteriormente, la señora María Rocío Trujillo García demandó ese acto a través
de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
3.2.- En sentencia de segunda instancia del 14 de octubre de 2011, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Sala de Descongestión –
Subsección F confirmó el fallo que declaró la nulidad de la Resolución 060216,
ordenó el reintegro de la señora María Rocío Trujillo García y condenó al Inci a
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Demandante: Instituto Nacional para Ciegos
pagarle los sueldos y prestaciones sociales que dejó de recibir desde la fecha de
su retiro hasta la fecha del reintegro.
3.3.- En las resoluciones 201211100002173 del 25 de junio de 2012,
20121110002333 del 12 de julio de 2012, 20121110002543 del 23 de julio de
2012 y 20121110003013 del 29 de agosto de 2012, el Inci ordenó el pago de la
condena impuesta en la sentencia del 14 de octubre de 2011.
4.- Según la entidad demandante, la demandada Mary Lucía Martínez Hurtado
incurrió en culpa grave o dolo al suscribir la Resolución 060216 que declaró
insubsistente el nombramiento de la señora María Rocío Trujillo García. Como
fundamento de la culpabilidad de la demandada, invocó las presunciones
consagradas en los numerales 1° y 2° del artículo 5 y en el numeral 1° del artículo
6 de la Ley 678 de 2001, en su redacción original2, porque: (i) en la sentencia de
primera instancia dictada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho en la que se ordenó la nulidad de la Resolución 060216, el juzgado
concluyó que el acto demandado fue expedido con desviación de poder y (ii) en
la sentencia de segunda instancia dictada en ese proceso se concluyó que el Inci,
al expedir el acto demandado, desconoció el retén social derivado de la condición
de madre de familia de la señora María Rocío Trujillo García, así como su
desempeño en la entidad.
B. Posición de la demandada
5.- La demandada se opuso a las pretensiones de la demanda. Como
argumentos de defensa expuso que:
5.1.- El Comité de Conciliación rindió su concepto sobre la procedencia de la
acción de repetición el 11 de abril de 2013, cuando ya había fenecido el término
de seis meses previsto en el artículo 26 del Decreto 1716 de 2009 para que el
Comité pudiera tomar esa decisión.
5.2.- El Comité de Conciliación incurrió en una violación del debido proceso
porque revocó el acto administrativo mediante el cual, inicialmente, decidió no
iniciar la acción de repetición contra la demandada. Lo anterior, porque: (i) el 11
de abril de 2013, el Comité de Conciliación decidió no iniciar la acción de
repetición contra la demandada porque concluyó que no obró con culpa grave o
dolo; (ii) sin contar con nuevos elementos de convicción, y a raíz de una decisión
de la Contraloría, el Comité de Conciliación revocó el anterior acto administrativo
2 <<ARTÍCULO 5. (…) Se presume que existe dolo del agente público por las siguientes causas:
1. Obrar con desviación de poder.
2. Haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por inexistencia del supuesto de hecho
de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento>>.
<< ARTÍCULO 6. (…) Se presume que la conducta es gravemente culposa por las siguientes causas:
1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho>>.
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Demandante: Instituto Nacional para Ciegos
y decidió, el 24 de febrero de 2014, iniciar la acción de repetición contra la
demandada.
5.3.- No se probó que la demandada obró con culpabilidad al expedir la
Resolución 060216 que declaró insubsistente el nombramiento de la señora
María Rocío Trujillo García porque:
a.- El cargo que ejercía la señora María Rocío Trujillo García era de libre
nombramiento y remoción, razón por la cual la demandada tenía una amplia
discrecionalidad para declarar su insubsistencia y, adicionalmente, no requería
motivar el acto.
b.- La señora María Rocío Trujillo García no cumplía los requisitos legales y
jurisprudenciales consagrados en las Leyes 790 de 2002 y 812 de 2003 para
obtener protección en calidad de madre cabeza porque el Inci no hacía parte del
Programa de Renovación de la Administración Pública, y tampoco estaba en un
proceso de reestructuración o liquidación para el momento en el cual la
demandada expidió la Resolución 060216.
c.- Solo hasta 2011, es decir con posterioridad a la expedición de la Resolución
060216, la Corte Constitucional reconoció estabilidad para los servidores
públicos que ocuparan empleos de libre nombramiento y remoción en situaciones
de retén social. Y, en todo caso, el Consejo de Estado ha seguido considerando
que la protección prevista en la Ley 790 de 2002 no aplica para entidades que no
estén en reestructuración o liquidación y que no hagan parte del Programa de
Renovación de la Administración Pública.
C. Sentencia recurrida
6.- En la sentencia del 11 de agosto de 2016, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A negó las pretensiones de la
demanda. Si bien se acreditaron los elementos objetivos para la procedencia de
la acción de repetición, no encontró probada la culpabilidad de la demandada
porque:
6.1.- Debido a que en la demanda no se distinguió si la agente demandada obró
con culpa grave o dolo, en la audiencia inicial, en virtud del principio de
favorabilidad, el magistrado ponente circunscribió el litigio a determinar si su
actuación fue gravemente culposa.
6.2.- No se demostró que la demandada hubiera incurrido en una violación
manifiesta e inexcusable de las normas de derecho ni que obró con culpa grave,
porque:
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Demandante: Instituto Nacional para Ciegos
a.- La entidad demandante se limitó a allegar la sentencia condenatoria dictada
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se anuló la
Resolución 060216.
b.- De acuerdo con la normatividad y la jurisprudencia vigente para el momento
en el cual la demandada suscribió la Resolución 060216 del 31 de agosto de
2006, la figura del retén social era solamente aplicable a las entidades públicas
que se encontraban en proceso de reestructuración o liquidación que hicieran
parte del Programa de Renovación de la Administración Pública que debía
llevarse a cabo en el límite temporal señalado en el artículo 8 de la Ley 812 de
2003, es decir desde el 1º de septiembre de 2002 y hasta el 31 de enero de 2004.
Sin embargo, en la sentencia C-991 de 2004 la Corte Constitucional declaró
inexequible el límite temporal del retén social consagrado en el artículo 8 de la
Ley 812 de 2003. En consecuencia, a partir de ese fallo se estableció la
atemporalidad del retén social para las madres cabeza de familia que ocuparan
cargos de libre nombramiento y remoción que estuvieran en proceso de
liquidación o reestructuración.
c.- La entidad demandante no allegó los medios de prueba con base en los cuales
el tribunal encontró probado en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho que el retén social era aplicable al Inci para la fecha en la que la
demandada expidió la Resolución 060216.
d.- Por el contrario, al proceso se allegó una certificación expedida por el
coordinador del Grupo de Gestión Humana y Servicio al Ciudadano del Inci según
la cual, para el 31 de agosto de 2006, esa entidad no estaba en un proceso de
reestructuración o liquidación ni hacía parte del Programa de Renovación de la
Administración Pública.
e.- Para la fecha en la que se expidió la Resolución 060216, no existía una línea
jurisprudencial uniforme sobre el deber de motivación de los actos de
desvinculación de funcionarios de libre nombramiento y remoción que reunieran
los requisitos para pertenecer al retén social. En ese sentido, destacó que: (i) en
la sentencia SU-448 de 2011, es decir con posterioridad a la expedición de la
Resolución 060216, la Corte Constitucional extendió el deber de motivación de
los actos de retiro de servicios para todos los funcionarios que ocuparan cargos
de libre nombramiento y remoción en situaciones de retén social y estableció a
su favor un régimen de estabilidad; (ii) no obstante, el Consejo de Estado siguió
limitando la aplicación del retén social únicamente a los funcionarios de libre
nombramiento y remoción que ocuparan cargos en entidades que hicieran parte
del Programa de Renovación de la Administración Pública, y que estuvieran en
reestructuración o liquidación.
f.- En conclusión, cuando se expidió la Resolución 060216, <<ni la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, ni la del Consejo de Estado, extendían la aplicación
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Demandante: Instituto Nacional para Ciegos
del retén social a las madres cabeza de familia cuyo retiro se produjera en casos
en que no estuviera en curso un programa de renovación de la administración.
Tampoco existía un criterio jurisprudencial que determinara que la desvinculación
de esta clase de empleados debía motivarse, como así lo interpretó la Corte
Constitucional años después, criterio que se destaca no es compartido por el
órgano de cierre de esta jurisdicción>>.
D. Recurso de apelación
7.- La entidad demandante solicita que se revoque integralmente la sentencia de
primera instancia y, en su lugar, se concedan las pretensiones. Su inconformidad
se centra en sostener que el tribunal incurrió en una indebida valoración
probatoria, toda vez que sí se demostró que se configuró la presunción
consistente en la violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho al
proferir la Resolución 060216 de 31 de agosto de 2006 que declaró insubsistente
el nombramiento de la señora María Rocío Trujillo García porque:
7.1.- La demandada violó los artículos 5, 13, 43, 44 y 54 de la Constitución Política
al expedir ese acto administrativo porque la señora María Rocío Trujillo García
se encontraba en condiciones de debilidad manifiesta por ser madre cabeza de
familia, razón por la cual debía recibir un trato privilegiado por parte del Estado.
7.2.- <<Si bien en cierto que para el día 31 de agosto de 2006, fecha en la cual
se declaró insubsistente a la señora MARIA ROCIO TRUJILLO, el INSTITUTO
NACIONAL PARA CIEGOS -INCI- no se encontraba en proceso de
reestructuración ni hacia parte del programa de renovación del Estado, lo cierto
es que sí hubo un reestructuración llevada a cabo en el año 2004, sin embargo
la protección especial a las mujeres cabeza de familia, en el momento en que se
profirió el acto acusado aún estaba vigente porque, entre otras cosas, era
aplicable la Ley 812 de 2003 que estableció la intemporalidad de la figura del
retén social, como lo estableció la sentencia de la Corte Constitucional C-991 del
12 de octubre de 2004, o la sentencia T-768 de 2005 [que] establece que no
puede predicarse válidamente que la protección consagrada en el artículo 12 de
la Ley 790 de 2002 a favor de las madres cabeza de familia dependa de la
pertenencia al plan de renovación de la administración pública, pues la misma es
una garantía constitucional, ya que la naturaleza de la protección laboral
reforzada atribuida a las madres cabeza de familia no tiene origen legislativo, sino
que es desarrollo de expresos mandatos constitucionales, y entonces la
protección a la mujer por su especial condición de madre cabeza de familia es de
origen supra legal, la cual se desprende de lo dispuesto en los artículos 13 y
43>>.
7.3.- En el proceso de nulidad y restablecimiento se allegaron y decretaron
distintos medios de prueba para acreditar que los directivos del Inci, entre ellos
la demandada, tenían conocimiento de la condición de madre cabeza de familia
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Demandante: Instituto Nacional para Ciegos
de la señora María Rocío Trujillo García y de que su hijo tenía una limitación
visual. En particular, la entidad demandante destaca que ese hecho se acreditó
con los siguientes medios de prueba obrantes en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho: (i) la declaración extrajuicio rendida por la señora
María Rocío Trujillo García; (ii) el oficio del 10 de septiembre de 2003 suscrito
por Dilia Esther Robinson de Saavedra, quien en ese momento era la directora
general del Inci, en el cual catalogó a la señora María Rocío Trujillo García como
madre cabeza de familia para efectos del rediseño de la organización de la
entidad; y (iii) <<los numerosos testimonios recepcionados dentro (…) [del
proceso] de nulidad y restablecimiento del derecho>>.
7.4.- En la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Segunda – Sala de Descongestión – Subsección F se
expresó que <<todo acto de retiro del servicio debe gozar de unos motivos, que
aunque no se expresen, deben consultar los altos intereses del estado general,
y de la entidad emisora en particular, so pena de incurrir en los vicios de nulidad
previstos en el artículo 84 del CCA>>.
II. CONSIDERACIONES
E. Asuntos procesales, régimen legal y decisiones a adoptar
8.- La Sala se pronunciará de fondo porque están reunidos los presupuestos
procesales para fallar y la demanda fue presentada dentro del término de dos
años previsto en el artículo literal l) del numeral 2º del artículo 164 del CPACA,
en su redacción original:
8.1.- De acuerdo con esa disposición, <<el término será de dos (2) años,
contados a partir del día siguiente de la fecha del pago, o, a más tardar desde el
vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas
de conformidad con lo previsto en este Código>>.
8.2.- Según la constancia allegada al proceso, la sentencia condenatoria quedó
ejecutoriada el 1º de diciembre de 20113; en consecuencia, de conformidad con
el artículo 177 del CCA, el Inci tenía plazo hasta el 2 de junio de 2013 para
realizar el pago de la condena.
8.3.- Según la certificación expedida por la Secretaría General del Inci y sus
respectivos soportes4, el último pago de la condena se efectuó el 3 de agosto de
20125, es decir dentro del término de 18 meses consagrado en el artículo 177 del
3 Cuaderno de pruebas, fl. 72.
4 Cuaderno de pruebas, fls. 111 a 118.
5 Si bien en la constancia se indica que la entidad realizó un último pago el 17 de agosto de 2012, ese pago
correspondió únicamente a los intereses moratorios de la condena.
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Demandante: Instituto Nacional para Ciegos
CCA. Así las cosas, el plazo para presentar la demanda se extendió hasta el 4
de agosto de 2014.
8.4.- La demanda se presentó oportunamente el 12 de junio de 20146.
9.- A este trámite le son aplicables las disposiciones sustanciales de la Ley 678
de 2001 en su redacción original, porque los hechos imputados a la agente estatal
demandada ocurrieron después de su entrada en vigencia.
10.- En esta providencia, la Sala:
10.1.- Tendrá por demostrados los elementos objetivos de la acción de repetición,
los cuales se acreditaron con prueba documental7 y no fueron controvertidos por
la demandada.
10.2.- Confirmará la decisión de negar las pretensiones porque los reparos
formulados en la apelación no desvirtúan el estudio de la culpabilidad realizado
en el fallo de primera instancia.
F. Los reparos formulados en la apelación no desvirtúan el estudio de
la culpabilidad realizado en el fallo de primera instancia
11.- Debido a que el recurso de apelación fue interpuesto en vigencia del CGP,
la Sala limitará su estudio únicamente a los reparos de la apelación, esto es, si a
partir de la sentencia condenatoria se deduce la existencia de la presunción de
culpa grave consistente en la <<violación manifiesta e inexcusable de las normas
de derecho>>. No se estudiarán las demás presunciones invocadas en la
demanda debido a que la entidad demandante no insistió en su estructuración en
el recurso de apelación.
12.- La entidad demandante invocó la presunción contenida en el numeral 1° del
artículo 6 de la Ley 678 de 2001, es decir, la <<violación manifiesta e inexcusable
de las normas de derecho>>. En el concepto de violación expuesto en la
demanda indicó que esta se configuró porque el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca anuló el acto que declaró la insubsistencia del nombramiento de
la señora María Rocío Trujillo García porque en este se desconoció la
normatividad sobre el retén social derivado de su condición de madre de familia.
13.- En la sentencia condenatoria, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Sala de Descongestión – Subsección F anuló el acto que
6 Cuaderno 1, fls. 2-15.
7 La condena está demostrada con la sentencia del 14 de octubre de 2011 dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Sala de Descongestión – Subsección F (cuaderno
de pruebas, fls. 28 a 71); el pago está probado con la certificación expedida por la Secretaría General del
Inci y sus respectivos soportes (cuaderno de pruebas, fls. 111 a 118); la calidad de agente estatal de la
demandada está acreditada con la certificación expedida por el Inci (cuaderno de pruebas, fls. 5 a 9).
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declaró la insubsistencia del nombramiento de la señora María Rocío Trujillo
García porque se acreditó que era madre cabeza de familia, razón por la cual
gozaba de estabilidad laboral. Además, destacó que el acto carecía de
motivación porque la señora Trujillo García tenía un buen desempeño laboral y
en el acto no se justificaron las razones de su retiro. Al respecto, se destaca lo
siguiente:
<<La entidad demandada en el recurso de alzada manifiesta que, para la fecha
en que la demandante fue declarada insubsistente, la entidad no se encontraba
en proceso de reestructuración alguno. Cierto es, como se deduce del material
probatorio, que tal reestructuración fue llevada a cabo en el año 2004; sin
embargo, conforme a los argumentos arriba expuestos la protección especial a
las mujeres cabezas de familia, en el momento en que se profirió el acto acusado
aún estaba vigente porque, entre otras cosas, era aplicable la Ley 812 de 2003
que estableció la intemporalidad de la figura del retén social.
La demandante MARİA ROCÍO TRUJILLO GARCÍA al momento de su
desvinculación tenía la condición de madre cabeza de familia y, además carecía
de alternativa económica, como ya lo había reconocido la entidad demandada en
el oficio de fecha 10 de septiembre de 2003, suscrito por la Directora General del
-INCI- Dra. DILIA ESTHER ROBINSON DE SAAVEDRA, dirigido a la rediseño
organizacional del INCI, en donde se catalogó a la accionante MARIA ROCİO
TRUJILLO GARCİA, entre otras, como madre cabeza de familia.
De otro lado, revisada la declaración juramentada de bienes y rentas que aparece
en el expediente, no se observa en ninguno de los campos referidos a
arrendamientos, que la demandante haya completado estos espacios tal como lo
afirma la parte demandada en su recurso de alzada, razón por la cual, encuentra
la Sala que la demandante sí reúne las condiciones que para ser madre cabeza
de familia y por ende amparada por la figura del retén social que prevé la ley y la
jurisprudencia expuesta, ya que el argumento tendiente a objetar que señora
MARÍA ROCÍO TRUJILL0 GARCÍA, no tiene alternativas económicas, ha de
desvirtuarse por el hecho de que la expresión "sin alternativa económica", no se
refiere en forma literal a la carencia absoluta o pobreza, sino a la forma o manera
como habitual o diariamente una madre en estas condiciones sortea y cuenta con
determinados medios económicos para el sostenimiento de su hogar, lo cual
indica para la Sala que en caso de perder su empleo, no contaría de manera
normal su subsistencia y especialmente la de su hijo menor que por tener una
condición de discapacidad debe tener mayor protección y atención, la cual se vio
disminuida desde el momento mismo en que su madre fue desvinculada del
empleo, ya que al carecer del salario que devengaba, el cual era su única fuente
de ingreso para su manutención en condiciones dignas y ajustadas a sus
necesidades, vio desmejorada la condición de vida de su menor y discapacitado
hijo. (…)
Ahora bien, conforme a lo antes señalado está probado que la administración
retiró a la demandante, siendo una empleada eficiente y que además tenía unas
condiciones especiales que ameritaban ser tenidas en cuenta, como era, ser
madre cabeza de familia de un menor invidente, lo que conduce a señalar que la
declaratoria de insubsistencia fue arbitraria, pues dentro del proceso no se
justificaron las razones del servicio que impulsaron su retiro.
Empero, la presunción de legalidad, que ampara el acto acusado, no llega hasta
el punto de desconocer la protección especial de que gozan las madres cabeza
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Radicado: 25000-23-36-000-2014-00802-01 (58135)
Demandante: Instituto Nacional para Ciegos
de familia, que además prestan su labor de manera eficiente y la administración
no se preocupó, siquiera, por indicar las razones de su decisión lo que torna en
arbitraria la decisión.
Se insiste todo acto de retiro del servicio, debe gozar de unos motivos que
aunque no se expresen, deben consultar los altes intereses del Estado en
general, y de la entidad emisora en particular, so pena de incurrir en los vicios de
nulidad previstos en el artículo 84 del CCA.
Bajo esta perspectiva, encuentra la Sala que, para la declaratoria de
insubsistencia del nombramiento de la actora, la entidad desconoció las
condiciones de madre cabeza de familia de la demandante, así como su buen
desempeño, compromiso y conocimiento, razones que desvirtúan la presunción
de legalidad de la Resolución acusada.>>
14.- A partir de la motivación de la sentencia condenatoria no es posible
estructurar la presunción de culpa grave invocada en el recurso de apelación. Si
bien en la sentencia se aludió a la ilegalidad del acto administrativo demandado,
en esta no se incluyeron argumentos dirigidos a mostrar que se originó en una
<<violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho>>. En ese
sentido, la Sala destaca que para la configuración de esta presunción no es
suficiente acreditar que en la condena se declaró la ilegalidad del acto
demandado, sino que la sentencia debe concluir que se incurrió en una violación
manifiesta e inexcusable de normas de derecho.
15.- Por último, en el recurso de apelación se agrega que la culpa grave de la
demandante también se acreditó con los medios de prueba allegados y
practicados en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Sin
embargo, estos no fueron aportados, ni trasladados al sub judice, razón por la
cual no es posible estudiar ese reparo.
G. Costas
16.- El primer inciso del artículo 188 del CPACA dispone que <<salvo en los
procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil>>. La condena en costas es procedente en la
acción de repetición porque en esta se ventilan intereses patrimoniales de las
entidades públicas.
17.- Y también es procedente de acuerdo con el numeral 1° del artículo 365 del
CGP porque la demandante fue la parte vencida en el proceso. En los términos
del artículo 366 del CGP, la liquidación de las costas deberá realizarse por
Secretaría.
18.- Para la fijación de las agencias en derecho en esta instancia, se tienen en
cuenta los criterios y topes establecidos en el artículo tercero del Acuerdo Nro.
1887 de 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, es
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Radicado: 25000-23-36-000-2014-00802-01 (58135)
Demandante: Instituto Nacional para Ciegos
decir, <<la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el
apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la cuantía
de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean
equitativas y razonables>>. Como la demandada Mary Lucía Hurtado Martínez
estuvo representada por apoderado, quien presentó alegatos en esta instancia,
la Sala tasará sus agencias en derecho en seis salarios mínimos legales
mensuales vigentes (6 SMLMV).
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia dictada el 11 de agosto de 2016 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, que
negó las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: CONDÉNASE a la demandante a pagar las costas que se hubieren
causado en esta instancia, las cuales serán liquidadas por el tribunal de origen.
INCLÚYASE la suma de seis salarios mínimos legales mensuales vigentes (6
SMLMV) por concepto de agencias en derecho a favor de la demandada Mary
Lucía Hurtado Martínez.
TERCERO: La condena en costas se cumplirá de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 192 y 195 del CPACA.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente a su tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Aclara voto
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