Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2014-00835-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2014-00835-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2014-00835-02
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas
4 de octubre de 2023
Expediente: 25000-23-36-000-2014-00835-02 (63215)
Demandante: Ministerio de Relaciones Exteriores
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá, D.C., cuatro (04) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Radicado número: 25000-23-36-000-2014-00835-02 (63215)
Demandante: Ministerio de Relaciones Exteriores
Demandado: Abelardo Ramírez Gasca y otros
Referencia: Medio de control de repetición
Tema 1: Repetición. Subtema 1.1: Legitimación en la causa en la acción de repetición.
Subtema 1.2: Presupuestos para la prosperidad del medio de control de repetición.
Subtema 1.3: Régimen legal -Ley 678 de 2001-. Subtema 1.4: Elemento subjetivo - Culpa
grave- no acreditado. Tema 2: Legitimación en la causa en la acción de repetición.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección, de acuerdo con la prelación dispuesta en sesión del 5 de mayo de
20051, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 24 de
octubre de 2018, que negó las pretensiones.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El Ministerio de Relaciones Exteriores celebró conciliación extrajudicial en la que se
obligó a pagarle a la señora Lilia Stella Cepeda Ulloa la diferencia entre el monto de las
cesantías reliquidadas y el realmente devengado en planta externa, causadas desde
1989 hasta 2003, sin prescripción. Pretende que la suma cancelada en virtud de la
conciliación extrajudicial sea reembolsada por diecisiete (17) demandados que
ocuparon los empleos de jefes, asesores y subsecretarios de personal, de recursos
humanos, y de capacitación de bienestar social y prestaciones sociales, durante el
periodo que comprendió la reliquidación, porque, a su juicio, actuaron con culpa grave,
al omitir la notificación de los actos de reconocimiento de las cesantías, “generando el
aumento de la liquidación” porque no operó así la prescripción.
II. ANTECEDENTES
2.1. El diecisiete (17) de junio de dos mil catorce (2014), el representante del Ministerio
de Relaciones Exteriores2 presentó demanda, en ejercicio de la acción de repetición,
en contra de Abelardo Ramírez Gasca, Clara Inés Vargas de Lozada, Hernando
Leiva Varón, Hilda Stella Caballero, Aura Patricia Pardo Moreno, Edith Andrade
Páez, Myriam Consuelo Ramírez Vargas, Ovidio Helí González, Luis Miguel
Domínguez García, Leonor Barreto Díaz, Olga Constanza Montoya, Juan Antonio
Liévano Rangel, María Hortencia Colmenares Faccini, María del Pilar Rubio Talero,
1 Según consta en el acta núm. 15 suscrita en esa fecha por la Sección Tercera de esta Corporación.
2 CPACA. “Artículo 159.Capacidad y representación. […] La entidad, órgano u organismo estatal estará
representada, para efectos judiciales, por el Ministro, Director de Departamento Administrativo, Superintendente,
Registrador Nacional del Estado Civil, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República o
Fiscal General de la Nación o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el
hecho. […]”.
Expediente: 25000-23-36-000-2014-00835-02 (63215)
Demandante: Ministerio de Relaciones Exteriores
Patricia Rojas Rubio, Rodrigo Suárez Giraldo e Ituca Helena Marrugo Pérez, para
que se declare su responsabilidad, a título de culpa grave, por omitir notificar los
actos de reconocimiento y liquidación de las cesantías de la servidora Lilia Stella
Cepeda Ulloa, durante los años 1989 a 2003, omisión que habría impedido que
operara la prescripción de las sumas reliquidadas, conciliadas por medio de acta
suscrita el catorce (14) de marzo de dos mil trece (2013), ante la Procuraduría 119
Judicial II para Asuntos Administrativos, y aprobada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca mediante auto de once (11) de abril de dos mil trece (2013). Como
consecuencia, solicitó condenar a los demandados al pago de ciento setenta y siete
millones ochocientos sesenta y cuatro mil seiscientos noventa y cuatro pesos
($177.864.694), suma que el Ministerio de Relaciones Exteriores debió pagar en
cumplimiento de la conciliación extrajudicial3.
2.1.1. Como fundamento fáctico de las anteriores pretensiones, el organismo
demandante expuso, en síntesis:
2.1.1.1. Que la señora Lilia Stella Cepeda prestó sus servicios en el Ministerio
de Relaciones Exteriores desde 1989 y el último cargo ejercido en planta
externa fue el de auxiliar de misión diplomática en la oficina de los jefes de
misión y oficinas consulares adscritas a la embajada de Colombia en Chile.
2.1.1.2. Que, el 4 de octubre de 2012, Lilia Stella Cepeda solicitó al ministerio
la reliquidación del auxilio de cesantías con base en lo realmente devengado
en la planta externa, no con los ingresos fijados para un cargo equivalente en
la planta interna.
2.1.1.3. Que la solicitud de reliquidación fue negada mediante el oficio 71848
de 24 de octubre de 2012.
2.1.1.4. Que el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la audiencia de
conciliación extrajudicial convocada por el servidora Lilia Stella Cepeda,
celebrada el 14 de marzo de 2013, propuso acuerdo por la suma de ciento
sesenta y siete millones seiscientos veinticuatro mil novecientos veintitrés
pesos ($167.624.923), correspondiente a la reliquidación del auxilio de
cesantías causado entre 1989 y 2003, y a los intereses moratorios del 2%
nominal mensual; acuerdo conciliatorio que fue aprobado por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca mediante providencia de 11 de abril de 2013.
2.1.1.5. Que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Resolución
No. 0688 de 24 de enero de 2014, ordenó cumplir el acuerdo conciliatorio y
dispuso transferir al Fondo Nacional del Ahorro (en adelante FNA) la suma de
ciento setenta y siete millones ochocientos sesenta y cuatro mil seiscientos
noventa y cuatro pesos ($177.864.694) a la cuenta individual de la señora Lilia
Cepeda; suma abonada efectivamente el 31 de enero de 2014.
2.1.1.6. Que, como consta en el acta No. 245 de 11 de marzo de 2014, el
Comité de Conciliación del Ministerio de Relaciones Exteriores decidió
presentar demanda de repetición en contra de los servidores demandados en
este contencioso, por omitir la notificación de los actos administrativos que
reconocieron y liquidaron el auxilio de cesantías de Lilia Cepeda, pues, a su
juicio, dicha conducta impidió la configuración del fenómeno de la prescripción
trienal de la prestación4.
3 Folio 11 del c. 1.
4 Folios 13 a 15 del c. 1.
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Expediente: 25000-23-36-000-2014-00835-02 (63215)
Demandante: Ministerio de Relaciones Exteriores
2.1.2. A modo de sustento jurídico de la pretensión de reembolso, el organismo
hizo referencia al artículo 90 de la Constitución Política y a la Ley 678 de 2001, con
base en los cuales afirmó que los demandados incurrieron en una conducta
gravemente culposa porque, a su juicio, el hecho generador de la conciliación devino
por la falta de notificación de los actos de reconocimiento y liquidación del auxilio de
cesantías, omisión que impidió la configuración de la prescripción de la prestación.
2.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por auto de 19 de agosto de 2014,
admitió la demanda al encontrar subsanados los defectos formales indicados en
auto de 23 de julio de 20145. El magistrado sustanciador ordenó el emplazamiento
de los demandados Patricia Rojas, Leonor Barreto, Rodrigo Suárez, Hernando Leiva
Varón, Olga Constanza Montoya, María del Pilar Rubio, Hortencia Colmenares y
Alberto Ramírez Gasca; trámite que se realizó a través de publicación en un diario
de circulación nacional el 21 de junio de 20156. El tribunal designó curador ad litem
a las demandadas Olga Constanza Montoya, María del Pilar Rubio y Hortencia
Colmenares y reconoció personería a los apoderados de los demás accionados7.
2.3. Los demandados presentaron escritos de contestación de la demanda en el
siguiente orden:
2.3.1. Clara Inés Vargas Silva se opuso a las pretensiones y propuso las
siguientes excepciones: (i) falta de legitimación, en razón a que el cargo de
asesor 1020 grado 01 de la sección de personal de la Subsecretaría de
Asuntos Administrativos, que ejerció desde el 1 de julio de 1990 hasta el 9 de
septiembre de 1991, no le imponía el deber de participar en la expedición de
los actos de reconocimiento de cesantías ni de realizar su notificación; (ii)
inexistencia del nexo causal, porque la actuación administrativa que motivó la
conciliación no ocurrió por la falta de notificación de los actos administrativos,
sino por la decisión de los servidores que aprobaron la conciliación; (iii)
inexistencia de culpa grave, debido a que no se demostró que tuviera a su
cargo la función presuntamente omitida8.
2.3.2. Luis Miguel Domínguez García se opuso a las pretensiones y propuso
como medios exceptivos: (i) la falta de legitimación en la causa por pasiva
porque, para la época en que fue expedido el acto administrativo por medio
del cual el Ministerio de Relaciones Exteriores negó la reliquidación de las
cesantías solicitada por Lilia Stella Cepeda, este demandado no ejercía el
cargo de Subsecretario de Recursos Humanos, empleo que desempeñó
desde el 24 de enero hasta el 12 de diciembre de 1995; (ii) inexistencia de
relación causal, en razón a que el ministerio accionante no demostró que la
presunta omisión de notificación de los actos de reconocimiento y liquidación
de las cesantías hubiera sido el hecho generador del daño conciliado; (iii) falta
de prueba de la conducta gravemente culposa, debido a que el demandado
no tenía asignada la función de notificación de actos9.
2.3.3. Hernando Leiva Varón se opuso a las pretensiones y propuso las
siguientes excepciones: (i) “ausencia de nexo causal”, porque la suma
conciliada con motivo de la reliquidación del auxilio de cesantías fue el
resultado de la declaración de inconstitucionalidad de los artículo 57 del
5 Folios 33 y 48 del c. 2.
6 Folios 341 y 402 del c. 2.
7 Folio 465 del c. 3.
8 Folio 88 del c. 2.
9 Folio 98 del c. 2.
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Demandante: Ministerio de Relaciones Exteriores
Decreto 57 de 1992 y 66 del Decreto 274 de 2000, que establecían como
ingreso base de liquidación el fijado para el empleo equivalente en planta
interna; (ii) “ausencia de la conducta gravemente culposa”, porque la función
de notificación no estaba asignada al cargo de asesor de ministro con
funciones de jefe de personal, que ejerció este demandado del 10 de
septiembre de 1991 al 10 de febrero de 1992; (iii) indebida acumulación de
pretensiones10.
2.3.4. Rodrigo Suárez Giraldo propuso las excepciones de: (i) “inexistencia de
dolo o culpa”, (ii) “indeterminación de la suma a cargo de cada demandado”,
(iii) “no asignación de la función de notificación”, en su condición de director
de talento humano, (iv) “condena por causa diferente a la omisión”, dado que
la declaración de inexequibilidad del artículo 57 del Decreto 10 de 1992 que
fijaba el ingreso base de liquidación de la prestación motivó la conciliación por
la reliquidación del auxilio de cesantías; (v) indebida acumulación de
pretensiones11.
2.3.5. Juan Antonio Liévano Rangel, Ovidio Helí González, Hilda Stela
Caballero, Edith Andrade Páez, Ituca Helena Marrugo, María Consuelo
Ramírez, Aura Patricia Pardo, Patricia Rojas Rubio, Leonor Barreto Díaz y
Abelardo Ramírez Gasca, a través de un único apoderado, presentaron
escritos de contestación en los que se opusieron a las pretensiones y
propusieron, entre otras, las siguientes excepciones: (i) falta de legitimación
en la causa por pasiva, porque ninguno de los accionados tuvo a su cargo la
función de notificar los actos administrativos de reconocimiento y liquidación
de las cesantías expedidos en el periodo objeto de conciliación (1989-2003),
ni expidieron el acto administrativo que negó la solicitud de reliquidación; (ii)
falta de nexo causal porque la conciliación se produjo en razón a la
declaración de inexequibilidad de la norma que fijaba el ingreso base de
liquidación del auxilio de cesantías, no del incumplimiento de un deber
funcional; (iii) ausencia de culpa grave; (iv) inexistencia de la obligación; (v)
ineptitud de la demanda, “porque la materia no es susceptible de repetición”,
ya que, con la conciliación se dio cumplimiento a una sentencia de la Corte
Constitucional, sin que este sea un hecho dañoso atribuible a un agente del
Estado12.
2.3.6. El curador ad litem asignado a las demandadas Olga Constanza
Montoya, María del Pilar Rubio y María Hortencia Colmenares se opuso a las
pretensiones y “adhirió a las excepciones presentadas por los apoderados” de
los demás accionados13.
2.4. En la audiencia celebrada el 15 de julio de 2016, el tribunal declaró probada la
excepción de inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones, al
considerar que el ente accionante no individualizó la pretensión de reembolso
respecto de cada uno de los demandados, precisión que, afirmó, resultaba necesaria
por tratarse de un juicio de culpabilidad individual. Por lo anterior, consideró que el
proceso debía terminar en aplicación del principio de preclusión y concedió el recurso
de apelación interpuesto, “para que el juez de segunda instancia considere si se da
por terminado o se dicta medida de saneamiento’”. Adicionalmente, el magistrado
sustanciador declaró, de oficio, la falta de competencia del tribunal y remitió el
10 Folio 409 del c. 2.
11 Folio 442 del c. 3.
12 Folios 161, 186, 209, 232, 261, 293, 318, 345 y 368 del c. 2 y 490 del c. 3.
13 Folio 530 del c. 3.
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Expediente: 25000-23-36-000-2014-00835-02 (63215)
Demandante: Ministerio de Relaciones Exteriores
expediente a los juzgados administrativos, al considerar que la cuantía de la
pretensión de reembolso no superaba los 500 SMMLV14.
2.4.1. Esta Subsección, por auto de 21 de septiembre de 2016, decidió: (i) confirmar
la decisión “en lo concerniente a la prosperidad de la excepción de ‘ineptitud de la
demanda por falta de requisitos formales o indebida acumulación de pretensiones’,
con la aclaración de que su configuración “no da lugar a la terminación del proceso
[…], pues lo que se persigue con ella es precisamente el saneamiento del proceso”
y, (ii) revocar la declaración de falta de competencia del tribunal porque, según lo
dispuesto en la Ley 678 de 2001, vigente para el momento de la celebración del
acuerdo conciliatorio, el juez o tribunal competente para conocer de la acción de
repetición es el mismo que aprobó el acuerdo o impuso la condena objeto de la
pretensión de reembolso15.
2.4.2. Por auto de 26 de octubre de 2016, el tribunal corrió traslado al ente accionante
para corregir la demanda en los términos fijados en la audiencia inicial16. En
cumplimiento de lo anterior, el apoderado del Ministerio de Relaciones Exteriores
individualizó la pretensión de reembolso, así17:
AÑO OBJETO DEMANDADO RESPONSABLE DE NOTIFICAR EL SUMA A
DE AUXILIO DE CESANTÍA REPETIR
RELIQUIDACIÓN
1 1989 Abelardo Ramírez Gasca $2.146.625
2 1990 Clara Inés Vargas $4.242.527
3 1991 Hernando Leiva Varón $4.913.042
Hilda Stella Caballero
4 1992 Aura Patricia Pardo Moreno $4.998.850
Edith Andrade Páez
5 1993 Aura Patricia Pardo Moreno $7.096.588
Myriam Consuelo Ramírez Vargas
Ovidio Helí González
6 1994 Aura Patricia Pardo Moreno $8.334.683
Myriam Consuelo Ramírez Vargas
Luis Miguel Domínguez García
7 1995 Myriam Consuelo Ramírez Vargas $10.960.249
Leonor Barreto Díaz
Olga Constanza Montoya
8 1996 Leonor Barreto Díaz $10.264.682
9 1997 Ovidio Helí González $12.896.334
Juan Antonio Liévano Rangel
10 1998 Juan Antonio Liévano Rangel $14.734.272
11 1999 María Hortencia Colmenares Faccini $17.418.928
María del Pilar Rubio Talero
12 2000 María Hortencia Colmenares Faccini $18.864.079
Patricia Rojas Rubio
13 2001 María Hortencia Colmenares Faccini $18.692.746
Patricia Rojas Rubio
14 2002 Rodrigo Suárez Giraldo $21.855.402
Ituca Helena Marrugo Pérez
15 2003 Rodrigo Suárez Giraldo $20.444.688
TOTAL $177.864.694
2.4.3. En la sesión de la audiencia inicial celebrada después del traslado de la
corrección de la demanda, el tribunal declaró saneado el proceso, difirió la decisión
de las demás excepciones a la sentencia por tratarse de argumentos de defensa, fijó
14 Folio 555 del c. 4.
15 Folio 565 del c. 4.
16 Folio 577 del c. 4.
17 Folio 586 del c. 4.
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Expediente: 25000-23-36-000-2014-00835-02 (63215)
Demandante: Ministerio de Relaciones Exteriores
el litigio, incorporó las pruebas allegadas por las partes, ordenó expedir oficios y
decretó la práctica de los testimonios solicitados por algunos de los demandados18.
2.4.4. En la audiencia de pruebas, el a quo incorporó los documentales allegados,
aceptó el desistimiento de la prueba testimonial, y corrió traslado a las partes para
alegar de conclusión y al Ministerio Público para conceptuar19.
2.4.5. En la etapa de alegaciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró que
el hecho generador de la conciliación consistió en la omisión del deber de notificación
de los actos de reconocimiento y liquidación del auxilio de cesantías de la Lilia Stella
Cepeda, función que tenían a cargo los servidores demandados como director de
talento humano, jefe de capacitación de bienestar social, o coordinador de grupo
interno de nómina y prestaciones sociales, y que impidió “que estos quedaran en
firme, con lo cual no fue posible empezar a contar los términos de prescripción”20.
Clara Inés Vargas Silva insistió en que la demandada, en condición de asesora de la
sección de personal, no tenía a su cargo la función de notificar los actos
administrativos de liquidación de cesantías, lo que denota “un abuso del derecho
respecto al ejercicio del principio pro actione” por inexistencia de relación causal21.
Rodrigo Suárez Giraldo afirmó: (i) que el ente accionante no aportó prueba alguna
para acreditar que el demandado, en condición de director de talento humano, tenía
a su cargo las diligencias de notificación de los actos de liquidación del auxilio de
cesantías, (ii) que los hechos que fundamentaron la reliquidación de cesantías
ocurrieron antes de su vinculación y, (iii) que las normas que asignaron la función de
notificación de actos administrativos de reconocimiento y liquidación de prestaciones
fueron expedidas después de su desvinculación22. A su turno, el apoderado de los
señores Hilda Stela Caballero, Aura Patricia Pardo, Edith Andrade Páez, María
Consuelo Ramírez, Ovidio Helí González, Leonor Barreto Díaz, Juan Antonio
Liévano Rangel, Patricia Rojas Rubio e Ituca Helena Marrugo reiteró que la causa
eficiente del pago de la reliquidación del auxilio de cesantías no fue la presunta
omisión de la notificación del acto de liquidación, sino la sentencia que declaró
inexequible la norma sobre IBL23. El apoderado de Hernando Leiva Varón coincidió
en afirmar que la causa del daño no fue la falta de notificación de los actos
administrativos “sino la declaración de inconstitucionalidad de las normas en las
cuales se amparaba dicha liquidación” 24.
2.5. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del 24 de octubre
de 2018, negó las pretensiones por falta de legitimación en la causa material, al
considerar, en síntesis, que25:
2.5.1. El Ministerio de Relaciones Exteriores pagó la reliquidación del auxilio de
cesantías a la señora Lilia Stella Cepeda, en virtud del auto aprobatorio de la
conciliación prejudicial celebrada entre las partes.
2.5.2. El ente accionante realizó el pago de la obligación conciliada el 31 de enero
de 2014, hecho que encontró probado con la resolución que ordenó el cumplimiento
del acuerdo conciliatorio y la certificación expedida por el FNA en la que consta el
traslado de $177.864.694 a la cuenta individual de cesantías de la señora Lilia Stella
Cepeda.
18 Folios 616 y 672 del c. 4.
19 Folio 818 del c. 4.
20 Folio 826 del c. 4.
21 Folio 829 del c. 4.
22 Folio 833 del c. 4.
23 Folio 843 del c. 4.
24 Folio 851 del c. 4.
25 Folio 867 del c. ppal.
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Demandante: Ministerio de Relaciones Exteriores
2.5.3. La condición de servidores públicos de los demandados como directores y
subdirectores de talento humano, jefes de capacitación de bienestar social o
coordinadores del grupo interno de nómina fue acreditada con las certificaciones
allegadas al expediente, por lo que precisó que “se encuentran legitimados de hecho
en la causa por pasiva”.
2.5.4. En cuanto a la configuración del supuesto de hecho que sustentó la atribución
de culpa grave en contra de los demandados, precisó que las certificaciones
laborales allegadas al expediente con las funciones asignadas a cada empleo no
incluyen “la de notificar personalmente las cesantías”, motivo por el que consideró
que la omisión no podía estructurarse. Aclaró, además, que ninguno de los
demandados expidió el acto administrativo que negó la reliquidación de las cesantías
de la señora Lilia Stella Cepeda, por lo que no fueron ellos quienes produjeron el
daño.
2.6. El ente accionante interpuso recurso de apelación en el que afirmó que el
acuerdo conciliatorio extrajudicial fue soportado en la jurisprudencia reiterada del
Consejo de Estado conforme a la cual “la ausencia de notificación de las cesantías”
impide la configuración de la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho que, en el caso de la señora Lilia Stella Cepeda, dio lugar a la
reliquidación de las sumas reconocidas. Así, afirmó que el pago de la suma
conciliada fue el resultado de la omisión en la que incurrieron los demandados al
incumplir lo preceptuado en el artículo 30 del Decreto 3118 de 1968 y el artículo 44
del CCA. Agregó que la condena en costas “resulta irrazonable”, porque el ejercicio
de la acción de repetición involucra un interés público al tratar de proteger el erario
“recuperando todos los dineros que el Estado tuvo que perder por culpa de la falta
de notificación de los actos administrativos que liquidaron las cesantías de los
empleados del ministerio”26.
2.7. El recurso de apelación fue concedido por el tribunal27 y admitido por esta
Corporación mediante auto de 19 de febrero de 201928. En auto posterior, se corrió
traslado para alegaciones de las partes y el concepto del Ministerio Público29. Esta
oportunidad fue aprovechada por el apoderado del Ministerio de Relaciones
Exteriores, quien insistió en solicitar la revocación de la sentencia apelada,
“específicamente”, la condena en costas, por involucrar el proceso de repetición un
interés público30. Los demandados, Clara Inés Vargas Silva y Hernando Leiva Varón
reiteraron lo expuesto en la contestación de la demanda sobre el abuso del derecho
y la inexistencia del nexo causal entre la conducta y el daño31. El procurador
delegado para la conciliación administrativa rindió concepto en el que solicitó revocar
el fallo apelado en lo concerniente a la condena en costas porque, a su juicio, “en el
proceso de la referencia se persigue un interés público”, como es la protección del
patrimonio público y, precisó, que los demandados están legitimados en la causa por
pasiva, distinto es que no se encuentre demostrada la responsabilidad patrimonial
atribuida, porque el Ministerio de Relaciones Exteriores no demostró que la función
presuntamente incumplida estaba asignada al empleo que ejercieron los
accionados32.
26 Folio 886 del c. ppal.
27 Folio 889 del c. ppal.
28 Folio 903 del c. ppal.
29 Folio 912 del c. ppal.
30 Folio 926 del c. ppal.
31 Folios 918 y 950 del c. ppal.
32 Folio 957 del c. ppal.
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III. PROBLEMA JURÍDICO
3.1. De acuerdo con el artículo 320 del Código General del Proceso (CGP) —
aplicable en esta instancia conforme a la jurisprudencia unificada33— el "recurso de
apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente
en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el
superior revoque o reforme la decisión". En razón a ello, la competencia funcional de
la Sala, como juez de segundo grado, consiste en "pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley" como lo establece el artículo 328
del CGP.
3.2. Ahora, la estimación de las pretensiones de repetición pende de la constatación
de cuatro (4) presupuestos, a saber: (i) la condición de servidor o exservidor público
de la persona contra la que se repite; (ii) la obligación reparatoria a cargo del Estado;
(iii) el pago efectivo de la obligación reparatoria; y (iv) la conducta dolosa o
gravemente culposa del servidor o exservidor público. Siendo los primeros tres
elementos de carácter objetivo y el último de carácter subjetivo34.
Siguiendo el anterior lineamiento, se verifica que en la sentencia recurrida el tribunal
encontró acreditados los tres presupuestos objetivos de estimación de las
pretensiones de repetición35, esto es, la condición de ex servidores públicos de los
demandados, la obligación reparatoria derivada del acuerdo conciliatorio extrajudicial
celebrado entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la señora Lilia Stella Cepeda,
debidamente aprobado por el juez contencioso, y el pago efectivo de la obligación;
la configuración de esos elementos no fue rebatida por el ente accionante en la
sustentación del recurso de apelación.
3.2. Así las cosas, al haber quedado zanjada la litis sobre tres presupuestos objetivos
para la prosperidad de la pretensión de repetición, la Subsección procederá a
determinar si se configura el elemento subjetivo y, si hay lugar a ello, analizará la
procedencia de la condena en costas. La Sala, en función de los cargos de alzada y
de la competencia que de acuerdo con estos le asiste, procede a resolver los
siguientes problemas jurídicos:
3.2.1. ¿La reliquidación del auxilio de cesantías objeto del acuerdo conciliatorio
extrajudicial que sustenta la pretensión de reembolso es atribuible a los
demandados, a título de culpa grave, por el incumplimiento de la función de
notificación de los actos administrativos de reconocimiento y liquidación del auxilio
de cesantías, que presuntamente tenían a su cargo como directores, jefes y asesores
de las áreas de recursos humanos y prestaciones sociales del Ministerio de
Relaciones Exteriores?
3.2.2. ¿El ente accionante está exonerado de ser condenado en costas, según el
artículo 188 del CPACA, porque en el medio de control de repetición se ventila un
interés público?
33 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, auto del 25 de junio de 2014, exp. 49299.
34 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 5 de diciembre de 2006, exp. 22056; Sección Tercera,
sentencia del 27 de diciembre de 2006, exp. 22099; Sección Tercera, sentencia del 3 de octubre de 2007, exp.
24844; Sección Tercera, sentencia del 26 de febrero de 21109, exp. 30329; Sección Tercera, sentencia del 13
de mayo de 2009, exp. 25694; Sección Tercera, sentencia del 28 de abril de 2011, exp. 33407; Sección Tercera,
Subsección C, sentencia de del 19 de julio de 2017, exp. 55025; Sección Tercera, Subsección C, sentencia del
18 de junio del 2018, exp. 54692; Sección Tercera, Subsección C; sentencia del 9 de julio de 2018, exp. 58789;
Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 31 de enero de 2020, exp. 42037.
35 Apartado 2.5.
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Expediente: 25000-23-36-000-2014-00835-02 (63215)
Demandante: Ministerio de Relaciones Exteriores
IV. CONSIDERACIONES
4.1. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de
repetición, según lo prescrito por el artículo 7 (inciso 1º) de la Ley 678 de 2001. En
consonancia con lo anterior, esta Corporación es competente para desatar el recurso
de apelación interpuesto, conforme lo establecido por el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)36, así como
el mencionado artículo 7 (inciso 3º) de la Ley 678 de 200137.
4.2. El plazo para el ejercicio oportuno de la presente acción comenzó a correr cuando
se encontraban en vigor la Ley 678 de 200138 y el CPACA39, pues la providencia por
medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aprobó el acuerdo
conciliatorio fue expedido el once (11) de abril de dos mil trece (2013)40.
De acuerdo con el literal l) del artículo 164 del CPACA, el medio de control de repetición
tiene un término de caducidad de dos (2) años contados a partir del día siguiente a
aquel en el que el organismo hubiera pagado la condena o, a más tardar, desde el
vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de las condenas
o conciliaciones aprobadas judicialmente. En este caso, ese plazo corresponde al
previsto en el inciso 2° del artículo 192 del CPACA41, en armonía con lo previsto en el
artículo 195.4 de la misma codificación42, esto es, diez (10) meses, pues la providencia
que aprobó el acuerdo conciliatorio fue expedida bajo esa norma procesal43.
La obligación contenida en el acuerdo conciliatorio extrajudicial aprobado por auto de
trece (13) de abril de dos mil trece (2013) fue cumplida de acuerdo con la Resolución
No. 0688 de 24 de enero de 2014, mediante la cual la directora administrativa y
financiera de la Cancillería dispuso transferir al FNA, a favor de Lilia Stella Cepeda, las
36 CPACA. “Artículo 150. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales administrativos
[…]”.
37 LEY 678 DE 2001. “Artículo 7. Jurisdicción y competencia. Cuando la reparación patrimonial a cargo del Estado
se haya originado en una conciliación o cualquier otra forma permitida por la ley para solucionar un conflicto con
el Estado, será competente el juez o tribunal que haya aprobado el acuerdo o que ejerza jurisdicción territorial
en el lugar en que se haya resuelto el conflicto”. En el presente asunto, se observa que la primera instancia del
presente asunto fue resuelta por el mismo Tribunal que aprobó el acuerdo conciliatorio del cual surgió la
obligación de pago del ente estatal, que ahora pretende le sea reembolsada.
38 Según el artículo 31 de la Ley 678 de 2001, "La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga
las normas que le sean contrarias", y ésta fue publicada en el Diario Oficial No. 44.509 de 4 de agosto de 2001.
39 Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del
año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a
las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia
de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.
40 Folio 13 del c. 1.
41 CPACA, artículo 192. “Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las entidades
públicas. Cuando la sentencia imponga una condena que no implique el pago o devolución de una cantidad
líquida de dinero, la autoridad a quien corresponda su ejecución dentro del término de treinta (30) días contados
desde su comunicación, adoptará las medidas necesarias para su cumplimiento.
Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán
cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia.
Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada. (…)”.
42 CPACA, artículo 195. Trámite para el pago de condenas o conciliaciones. El trámite de pago de condenas y
conciliaciones se sujetará a las siguientes reglas: (…) 4. Las sumas de dinero reconocidas en providencias que
impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación, devengarán intereses moratorios a una tasa
equivalente al DTF desde su ejecutoria. No obstante, una vez vencido el término de los diez (10) meses de que
trata el inciso segundo del artículo 192 de este Código o el de los cinco (5) días establecidos en el numeral
anterior, lo que ocurra primero, sin que la entidad obligada hubiese realizado el pago efectivo del crédito
judicialmente reconocido, las cantidades líquidas adeudadas causarán un interés moratorio a la tasa comercial.
CPACA, artículo 195.
43 Folio 13 del c. 1.
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Expediente: 25000-23-36-000-2014-00835-02 (63215)
Demandante: Ministerio de Relaciones Exteriores
siguientes sumas44: (i) cuarenta millones setecientos cuarenta y un mil setecientos
noventa y cuatro pesos ($40.741.794) por concepto de “diferencia del auxilio de
cesantías” y, (ii) ciento treinta y siete millones ciento veintidós mil novecientos pesos
($137.122.900) “por concepto de interés moratorio del 2% nominal mensual sobre las
diferencias de las cesantías”. Según la certificación expedida por el Coordinador
GARCF del FNA, el Ministerio de Relaciones Exteriores consignó las diferencias del
auxilio de cesantías de la señora Lilia Stella Cepeda, el treinta y uno (31) de enero de
dos mil catorce (2014), por la suma de ciento setenta y siete millones ochocientos
sesenta y cuatro mil seiscientos noventa y cuatro pesos ($177.864.694)45; momento a
partir del cual se computa el término de caducidad, por ser anterior al plazo de diez (10)
meses para el pago de obligación indemnizatoria conciliada. Como la demanda que
inició este contencioso fue radicada el diecisiete (17) de julio de dos mil catorce
(2014)46, esto es, dentro del término de dos años contados desde el vencimiento del
plazo para el pago del acuerdo conciliatorio aprobado por el juez contencioso el once
(11) de abril de dos mil trece (2013)47, el medio de control de repetición fue ejercido
oportunamente.
4.3. En cuanto a la legitimación en la causa, está acreditado que la acción de
repetición fue ejercida por el apoderado judicial designado por la jefe de la oficina
asesora jurídica interna del Ministerio de Relaciones Exteriores, en virtud de la
delegación de funciones prevista en la Resolución No. 5393 de trece (13) de diciembre
de dos mil diez (2010)48. Entonces, al ser el Ministerio de Relaciones Exteriores el
órgano que pagó la obligación indemnizatoria estipulada en el acuerdo conciliatorio
extrajudicial, le asiste legitimación por activa para presentar la pretensión de
reembolso49.
Debido a que el a quo denegó las pretensiones por la falta de legitimación material de
los demandados, resulta necesario precisar que, de acuerdo con la jurisprudencia de
esta Corporación50, la legitimación en la causa se clasifica en procesal o de hecho, y
material. La primera surge a partir de la presentación de la demanda y la notificación
del auto admisorio, que permite a los sujetos procesales intervenir en el proceso y
ejercer el derecho de defensa. La segunda se configura cuando se comprueba la
participación real de las partes en los hechos que motivaron el ejercicio de la acción51.
44 Folio 737 del c. 4.
45 Folio 747 del c. 4.
46 Folio 31 del c. 2.
47 Folio 13 del c. 1.
48 Folios 1, 2 y 9 del c. 2.
49 Ley 678 de 2001, artículo 8. "Legitimación. En un plazo no superior a los seis (6) meses siguientes al pago
total o al pago de la última cuota efectuado por la entidad pública, deberá ejercitar la acción de repetición la
persona jurídica de derecho público directamente perjudicada con el pago de una suma de dinero como
consecuencia de una condena, conciliación o cualquier otra forma de solución de un conflicto permitida por la
Ley. Si no se iniciare la acción de repetición en el término y por la entidad facultada que se menciona
anteriormente, podrá ejercitar la acción de repetición: 1. El Ministerio Público. 2. El Ministerio de Justicia y del
Derecho, a través de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o quien haga sus veces”.
50 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 17 de junio de 2004, exp. 14452. En similar sentido y
complementando lo dicho en el texto, se ha afirmado lo siguiente: “La legitimación material en la causa, activa y
pasiva, es una condición anterior y necesaria entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante
o al demandado. Nótese que el estar legitimado en la causa materialmente por activa o por pasiva, por sí solo,
no otorga el derecho a ganar; si la falta recae en el demandante el demandado tiene derecho a ser absuelto pero
no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque
quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo -no el procesal-; si la
falta de legitimación en la causa es del demandado, de una parte al demandante se le negarán las pretensiones
no porque los hechos en que se sustenten no le den el derecho sino porque a quien se las atribuyó no es el
sujeto que debe responder; por eso, de otra parte, el demandado debe ser absuelto, situación que se logra con
la denegación de las súplicas del demandante”. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 22 de
noviembre de 2001, exp. 13356. Puede verse, en la misma dirección, Consejo de Estado, Sección Tercera.
Sentencia del 27 de abril de 2006, exp. 15352.
51 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 1° de marzo de 2006, expediente 13764, M.P. Alier E.
Hernández Enríquez.
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Expediente: 25000-23-36-000-2014-00835-02 (63215)
Demandante: Ministerio de Relaciones Exteriores
Así, la falta de legitimación de hecho o procesal impide avanzar con el proceso hasta
tanto se subsane dicha circunstancia, propósito que la identifica como excepción
previa, mientras que la falta de legitimación material imposibilita adoptar sentencia
de mérito favorable52. Entonces, es posible que un sujeto pueda estar legitimado en
la causa de hecho por encontrase formalmente vinculado al proceso, pero carecer
de legitimación material por no tener relación con los hechos que sustentan la
pretensión53.
Además, al tratarse de un asunto en el que, como el presente, la responsabilidad es
atribuida a los demandados en razón a una omisión, debe configurarse un nexo
causal hipotético, entre la función omitida por el funcionario a su cargo y el perjuicio
ocasionado con el reconocimiento indemnizatorio del Estado, razón por la cual el
análisis de las funciones de los demandados forma parte del juicio de imputación de
responsabilidad, como más adelante se expone54.
En este orden de ideas, para la configuración de la legitimación en la causa por pasiva
en este medio de control basta con que se demuestre que los demandados tenían la
condición de servidores públicos del ente demandante, en cargos a los que podría
corresponder la función de notificación de los actos de reconocimiento de prestaciones;
circunstancia esta que fue probada en este contencioso con las certificaciones
laborales expedidas por la coordinadora de administración de personal del Ministerio
de Relaciones Exteriores, así55:
Demandado Cargo Periodo
1 Abelardo Ramírez Gasca Asesor código 1020, grado 01 de la Del 28 de febrero de
seccional de personal de la 1985 al 1 de julio de
Subsecretaría de Asuntos 1990
Administrativos
2 Clara Inés Vargas de Lozada Asesor código 1020, grado 01 de la Del 29 de julio de 1990
seccional de personal de la al 17 de febrero de 1991
Subsecretaría de Asuntos y del 5 de julio de 1991
Administrativos al 13 de noviembre de
1991
3 Hernando Leiva Varón Asesor código 1020, grado 02 del Del 10 de septiembre de
Despacho del ministro 1991 al 9 de febrero de
1992
4 Hilda Stella Caballero Asesor código 1020, grado 04 de la Del 10 de febrero de
Secretaría General y secretario 1992 al 7 de febrero de
general 1993 y del 8 de febrero
de 1993 al 12 de abril de
1993
5 Aura Patricia Pardo Moreno Asesor código 1020, grado 04 de la Del 25 de agosto de
planta interna y jeja del área de 1992 al 12 de abril de
recursos humanos 1993
6 Edith Andrade Páez Asesor código 1020, grado 04 de la Del 1 de febrero de 2001
planta global al 31 de julio de 2003
7 Myriam Consuelo Ramírez Asesor código 1020, grado 02 de la Del 2 de diciembre de
Vargas planta global y jefe de división de 1992 al 2 de mayo de
capacitación, bienestar social y 1993 y del 3 de mayo de
prestaciones sociales ese año al 20 de mayo
de 1996
52
“La finalidad de las excepciones previas, es la de conjurar vicios formales en procura de evitar decisiones inhibitorias o, dada
la entidad de las falencias, impedir que continúe el curso del proceso ab initio, ya que no sería posible, ante su existencia,
llegar a la sentencia por sustracción de materia…” (Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Segunda – Subsección A. Auto unitario del 12 de marzo de 2014. Rad. 15001-23-33-000-2013-00558-01(0191-
14)).
53 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 15 de junio de 2000, expediente CE-SEC3-EXP2000-
N10171.
54 Apartado. 4.6.
55 Folios 758 a 778 del c. 4.
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Expediente: 25000-23-36-000-2014-00835-02 (63215)
Demandante: Ministerio de Relaciones Exteriores
8 Ovidio Helí González Asistente administrativo código Del 27 de octubre de
4140, grado 12 de la sección de 1987 al 1 de marzo de
personal de la subsecretaría de 1992
asuntos administrativos
9 Luis Miguel Domínguez García Subsecretario de relaciones Del 24 de enero de 1995
exteriores código 0044, grado 11, al 11 de diciembre de
de la subsecretaría de recursos 1995
humanos
10 Leonor Barreto Díaz Subsecretario de relaciones Del 21 de abril de 1993
exteriores código 2014, grados 18 y al 31 de agosto de 1997
19 de la subsecretaría de recursos
humanos y jefe de división código
2040, grado 19 de la división de
capacitación, bienestar social y
prestaciones sociales
11 Olga Constanza Montoya Tercer secretario de relaciones Del 2 de noviembre de
Exteriores código 3076, grado 08 de 1995 al 5 de marzo de
la planta global del ministerio 1996
12 Juan Antonio Liévano Rangel Subsecretario de relaciones Del 10 de marzo de
exteriores código 0044, grado 18 de 1997 al 2 de mayo de
la subsecretaría de recursos 1999
humanos
13 María Hortencia Colmenares Director general del ministerio Del 9 de septiembre de
Faccini código 0100, grado 18 de la 1999 al 6 de agosto de
dirección general de desarrollo de 2002
talento humano
14 María del Pilar Rubio Talero Asesor código 1020, grado 04 de la Del 8 de noviembre de
planta global encargada de las 1999 al 28 de noviembre
funciones de la división de de 2001
capacitación, bienestar social y
prestaciones sociales
15 Patricia Rojas Rubio Primer secretario de relaciones Del 22 de mayo de 2000
exteriores código 3055, grado 16 de al 30 de julio de 2001,
la planta global encargada de las del 29 de agosto al 29
funciones de la división de de noviembre de 2001 y
capacitación, bienestar social y 30 de noviembre de
prestaciones sociales y 2001 al 7 de enero de
Coordinadora del grupo interno de 2002
trabajo de nómina y prestaciones
16 Rodrigo Suárez Giraldo Director técnico código 0100, grado Del 16 de septiembre de
18 de la Dirección de talento 2002 al 8 de noviembre
humano de 2004
17 Ituca Helena Marrugo Pérez Asesor Código 1020, grado 01 de la Del 30 de noviembre de
planta interna 2001 al 1 de febrero de
2004
Por lo anterior, la vinculación al proceso de los servidores que prestaron servicios
durante el periodo en que se causaron las diferencias del auxilio de cesantías
reconocidas a favor de Lilia Stella Cepeda (1989-2003) en el acuerdo conciliatorio que
sustenta la pretensión de reembolso denota que se encuentran legitimados en la
causa por pasiva.
Régimen jurídico aplicable al asunto
4.4. Esta Corporación ha precisado que, en virtud del principio de irretroactividad, la
Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el
momento de su derogación sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener
efectos retroactivos56. En ese orden, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la
imposición de la condena ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de
2001, continuarán rigiéndose por la normativa anterior57, pero si ocurrieron con
56 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Sentencia del 8 de mano de 2007, exp. 30330.
57 "Las normas sustanciales aplicables para dilucidar si se actuó con culpa grave o dolo serán las vigentes al
tiempo de la comisión de la conducta del agente público, que es la que constituye la fuente de su responsabilidad
patrimonial frente al Estado, en cuyos eventos es necesario remitirse directamente al criterio de culpa grave y
dolo que plantea el Código Civil //Frente a estos conceptos, el Consejo de Estado ha dicho que para determinar
la existencia de la culpa grave o del dolo, el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en el Código
12
Expediente: 25000-23-36-000-2014-00835-02 (63215)
Demandante: Ministerio de Relaciones Exteriores
posterioridad, será la ley citada la que rija el análisis del dolo o la culpa grave del
demandado y no las nociones generales aplicables en el régimen anterior, “sin perjuicio
de que, dada la estrecha afinidad y el carácter civil que se le imprime a la acción en el
artículo 2° de la misma ley, excepcionalmente se acuda al apoyo del Código Civil y a
los elementos que la doctrina y la jurisprudencia han edificado en punto de la
responsabilidad patrimonial, siempre y cuando no resulte irreconciliable con aquélla y
los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de responsabilidad de los
servidores públicos (artículos 6, 121, 122, 124 y 90 de la Constitución Política)”. Por
ende, como en este caso la presunta omisión atribuida a los demandados a título de
culpa grave produjo efectos periódicos por la inoperancia del fenómeno de la
prescripción de derechos frente a las cesantías causadas entre 1989 y 2003, la
normativa aplicable a los aspectos sustanciales de los hechos ocurridos
después del 4 de agosto de 200158 lo es la Ley 678 de 2001, lo cual no cabe
predicar de los hechos anteriores a esa fecha, en la que entró en vigor esa ley.
Sin embargo, como lo consideró la Sala en sentencia del 22 de agosto de 2022 (exp.
57229)59, en línea con las demás subsecciones de la Sección Tercera60, cuando el ente
actor no especifique en la demanda la presunción concreta a partir de la cual le atribuye
la responsabilidad que reclama al servidor o ex servidor público demandado, no se
aplican las presunciones previstas en la Ley 678 de 2001, porque ello violaría el
derecho de defensa del demandado, dando paso así a un análisis general del elemento
subjetivo de responsabilidad.
Consideraciones relativas al problema jurídico planteado
4.5. Para sustentar el presupuesto subjetivo de prosperidad de la acción de
repetición, el órgano apelante adujo que el pago de la obligación indemnizatoria cuyo
reembolso pretende fue causado por la omisión en que incurrieron los demandados
al incumplir el deber de notificación de los actos de liquidación anual del auxilio de
cesantías reconocidas a la servidora del Ministerio de Relaciones Exteriores Lilia
Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares del caso que deben armonizarse con lo
previsto en los artículos 6° y 91 de la Constitución Política acerca de la responsabilidad de los servidores públicos,
como también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos. //Es
igualmente necesario tener en cuenta otros conceptos como los de buena fe, contenidos en la Constitución
Política y en la ley, a propósito de algunas instituciones, como por ejemplo contratos, bienes y familia". CONSEJO
DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 18 de junio de 2018. Expediente No. 54692
58 LEY 678 DE 2001. “Artículo 31. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las normas
que le sean contrarias”.
59 “4.5. De acuerdo con lo determinado anteriormente, en este asunto son aplicables las presunciones de dolo
previstas en el artículo 5 de la Ley 678 de 2001, dentro de las que se encuentra el haber sido penal o
disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la
responsabilidad patrimonial del Estado (num. 2). Sin embargo, en este proceso, el ente actor incumplió la carga
de especificar la presunción concreta a partir de la cual le atribuyó responsabilidad al servidor o ex servidor
público. De hecho, no le imputó siquiera la responsabilidad a título de dolo, sino de culpa grave. || Como lo ha
precisado la jurisprudencia administrativa59, esta carga se impone como garantía del derecho de defensa y
contradicción del demandado en repetición, el cual se encuentra en una posición procesal desventajosa, como
consecuencia de la inversión probatoria que envuelven las presunciones de culpa grave y dolo previstas en los
artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 200159. Como efecto natural de la omisión de esta carga procesal59, las
presunciones de dolo y culpa grave referidas se han inaplicado, dando paso a un análisis general del elemento
subjetivo de la responsabilidad por repetición59. En consecuencia, en este asunto no cabe la aplicación de la
presunción prevista en el artículo 5.2 de la Ley 678 de 2001, con base en la cual el ente actor erige el cargo de
apelación bajo estudio. Además, dicha condena penal no fue mencionada en los hechos de la demanda, en los
que únicamente se hizo referencia al desarrollo de una investigación penal en contra del funcionario
demandado59, ni en el expediente obra la providencia referida. || Por lo tanto, en razón a todo lo anterior, se
impone una respuesta negativa al primer problema jurídico”.
60 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 11 de octubre de 2021, exp. 56777;
y, Subsección A, sentencia del 2 de julio de 2021, exp. 51498.
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Expediente: 25000-23-36-000-2014-00835-02 (63215)
Demandante: Ministerio de Relaciones Exteriores
Stella Cepeda, pues, a su juicio, ese comportamiento impidió la configuración de la
prescripción de la prestación y de la caducidad de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el acto administrativo que negó la petición de
reliquidación.
4.6. En punto al juicio de culpabilidad, viene oportuno recordar que el acuerdo
conciliatorio aprobado mediante providencia judicial no demuestra la ocurrencia de un
daño atribuible a título de culpa grave o dolo a los servidores públicos de la entidad que
lo celebra, pues el mismo puede ser el resultado de una actuación legítima que, como
en este caso, reconoce un derecho laboral irrenunciable. Al involucrar el medio de
control de repetición un verdadero juicio de responsabilidad subjetiva y personal del
servidor, le corresponde al juez contencioso analizar las circunstancias que motivaron
el acuerdo conciliatorio, centrado en la valoración de la conducta del agente, a partir
de las pruebas legalmente acopiadas61.
La Corte Constitucional, en reciente sentencia de unificación62, puso de presente la
existencia de unos presupuestos constitucionales de la responsabilidad del agente
que, en lo atinente al elemento subjetivo, implica que su actuación, conforme a la
normatividad vigente para la época en que se presentó el hecho generador de la
condena o del acuerdo conciliatorio, hubiera estado dirigida a “la realización de un
hecho ajeno a las finalidades del Estado” (dolo)63, o sea calificable como “una
infracción directa a la Constitución o a la ley” o como “una inexcusable omisión o
extralimitación en el ejercicio de las funciones” (culpa grave)64.
Asimismo, la Corte precisó que el juez contencioso debe analizar y calificar, en forma
independiente, el comportamiento del servidor o ex servidor para establecer: (i) si la
actuación está directamente relacionada con el hecho o daño que motivó la condena
judicial o acuerdo conciliatorio objeto de la pretensión de reembolso, (ii) si el
comportamiento fue determinante en su ocurrencia, teniendo en cuenta las funciones
contempladas en la ley y el grado de diligencia atribuible al servidor público en razón
de los requisitos del cargo, la jerarquía o la retribución económica recibida y, iii) cuál
fue el grado de participación del agente.
En línea con el breve derrotero normativo y jurisprudencial expuesto, le corresponde a
la Sala determinar si la reliquidación del auxilio de cesantías objeto del acuerdo
conciliatorio extrajudicial revela una conducta gravemente culposa atribuible a los
servidores públicos demandados, por presuntamente omitir la notificación de los actos
de reconocimiento que la prestación que, a juicio del ente accionante, impidieron la
configuración de la prescripción.
4.7. En este escenario, viene necesario precisar que, en el juicio de culpabilidad, el
análisis de las circunstancias que dieron lugar a la conciliación extrajudicial que
sustenta la pretensión de reembolso resulta determinante para calificar la conducta de
los servidores demandados en el marco del ejercicio de las funciones atribuidas al
empleo que ejercían, motivo por el cual procede, en primer lugar, esclarecer el marco
fáctico que dio lugar al acuerdo conciliatorio.
61 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 29 de noviembre de 2019, exp.43056.
62 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 26 de agosto de 2020
63 Ley 678 de 2001, artículo 5. Dolo. “La conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización
de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado.”.
64 Ley 678 de 2001, artículo 6. Culpa grave. “Se presumirá que la conducta del agente del Estado es gravemente
culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la Ley o de una
inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones.”.
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Expediente: 25000-23-36-000-2014-00835-02 (63215)
Demandante: Ministerio de Relaciones Exteriores
4.7.1. En primer lugar, la Sala observa que el acuerdo conciliatorio en el que se sustenta
la pretensión de reembolso fue celebrado en el trámite extrajudicial iniciado por la
señora Lilia Stella Cepeda ante la Procuraduría 119 judicial II, como requisito de
procedibilidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho por la invalidez
del oficio 71848 del 24 de octubre de 2012, por medio del cual el Ministerio de
Relaciones Exteriores le negó la liquidación de las cesantías “originadas en planta
externa hasta el año 2003 (en lo desfavorable)”, en el que formuló la siguiente
pretensión65:
“Que se reliquiden las cesantías correspondientes a todos y cada uno de los años [que]
laboró en planta externa desde 1989 hasta el año 2003 inclusive, sin consideración a
prescripción alguna, tomando como base el salario realmente devengado en planta
extranjera; es decir, el percibido en divisas extranjeras, convertidos a pesos colombianos, a
la tasa representativa del mercado. Que las diferencias de capital que resulten entre las
viejas liquidaciones y las que ahora se practiquen como consecuencia del compromiso
conciliatorio, debidamente refrendada por la jurisdicción contenciosa, sean sometidas a un
interés moratorio del 2 %, previsto en el Decreto 162/69, artículo 14, para casos de condenas
judiciales a un mayor valor de cesantías”.
4.7.2. El apoderado del Ministerio de Relaciones Exteriores propuso fórmula
conciliatoria conforme a lo decidido por el comité de la entidad sobre la procedencia de
la reliquidación del auxilio de las cesantías por la diferencia presentada entre el salario
pagado en moneda extranjera y el fijado en la planta interna desde 1989 hasta 2003,
equivalente a ciento sesenta y siete millones seiscientos veinticuatro mil novecientos
veintitrés pesos ($167.624.923) 66.
4.7.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por auto de 11 de abril de 201367,
aprobó el acuerdo conciliatorio referido al considerar que a la convocante “le fueron
liquidadas las cesantías desde 1989 hasta 2003 teniendo en cuenta las asignaciones
del cargo equivalente en el servicio interno del Ministerio de Relaciones Exteriores, de
conformidad con los artículos 76 del Decreto 2016 de 1968, 57 del Decreto 10 de
199268 y 66 del Decreto 274 de 2000 y no con el salario realmente devengado en
dólares, con el que debieron liquidarlas teniendo en cuenta las sentencias C-535 de
2005, mediante la cual se declaró inexequible el artículo 57 del decreto 10 de 1992 y
C-173 de 2004, mediante la cual se declararon inexequibles los apartes demandados
del artículo 7 de la Ley 797 de 2003”. Precisó, además, que en el caso de Lilia Stella
Cepeda no “procedía declarar prescripción alguna” porque, conforme a lo afirmado por
el Ministerio de Relaciones Exteriores, no se encontraron los actos administrativos de
liquidación anual del auxilio de cesantías de que trata el Decreto 3118 de 196869, “ni
las constancias de su notificación”.
65 Folio 9 del c. 1.
66 Folio 11 del c. 1.
67 Folio 13 del c. 1.
68 Artículo 57. Las prestaciones sociales de los funcionarios del servicio exterior, a excepción de los administrativos
locales, se liquidarán y se pagarán con base en las asignaciones del cargo equivalente en el servicio interno del
Ministerio de Relaciones Exteriores.
69 Decreto 3118 de 1968, artículo 27. Cada año calendario, contado a partir del 1o. de enero de 1969, los
Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y Empresas
Industriales y Comerciales del Estado, liquidarán la cesantía que anualmente se cause en favor de sus
trabajadores o empleados.
Artículo 30. Notificaciones y recursos. Las liquidaciones del auxilio de cesantía de empleados públicos y
trabajadores oficiales de que tratan los Artículos 22., 25., 27. y 28. se notificarán a los interesados, quienes si las
encuentran correctas deberán suscribirlas en señal de asentimiento.
Si el respectivo empleado público o trabajador oficial no estuviere conforme con la liquidación practicada podrá
hacer uso de los recursos legales correspondientes.
Vencidos los términos establecidos para tales recursos, la liquidación quedará en firme y contra ella no cabrá
ninguna otra clase de acciones.
ARTÍCULO 31. Comunicación al fondo. En firme las liquidaciones, ellas se comunicarán al Fondo Nacional de
Ahorro para que éste las acredite en cuenta a favor del respectivo empleado o trabajador.
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Expediente: 25000-23-36-000-2014-00835-02 (63215)
Demandante: Ministerio de Relaciones Exteriores
De acuerdo con lo expuesto en la providencia aprobatoria del acuerdo conciliatorio,
el pago que debió asumir el ente accionante con motivo de la reliquidación del auxilio
de cesantías de la servidora Lilia Stella Cepeda, devino por la aplicación de la
sentencia C-535 de 2005, que declaró inexequible el artículo 57 del Decreto 10 de
1992 en lo relativo a la base para liquidar las prestaciones sociales de los
funcionarios del servicio exterior con el salario de cargos equivalentes en planta
interna, por vulnerar “los principios constitucionales de dignidad humana e igualdad”;
decisión que produjo efectos hacía el futuro, conforme a la regla general prevista en
el artículo 45 de la ley 270 de 1996 —estatutaria de administración de justicia—,
pues la Corte Constitucional no resolvió lo contrario.
Entonces, la aplicación de la sentencia que declaró inexequible el artículo 57 del
Decreto 10 de 1992 al caso de la convocante de la conciliación, Lilia Stella Cepeda,
fue sustentada en el hecho de que “no se encontraron” los actos de liquidación anual
del auxilio de cesantías “ni las constancias de notificación”, según lo afirmado por el
Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que llevó a dicho ente a proponer la fórmula
conciliatoria en la que extendió los efectos de la providencia a la prestación causada
durante el tiempo que la citada servidora laboró en planta externa, esto es, desde
1989 hasta 2003, tomando como IBL el ingreso realmente devengado en moneda
extranjera, no el fijado para el cargo equivalente en planta interna; proposición que
fue aprobada en sede judicial sin reparo alguno.
4.8. El ente apelante aduce que, para atribuir la responsabilidad por el pago de la
obligación indemnizatoria conciliada a los servidores o ex servidores demandados
son suficientes las certificaciones expedidas por la directora de talento humano de la
Cancillería, en las que constan las funciones atribuidas a los empleos ejercidos por
los demandados en los siguientes cargos: (i) asesor código 1020, grado 01 en la
sección de personal de la Subsecretaría de Asuntos Administrativos; (ii) jefe del área
de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Asuntos Administrativos; (iii)
subsecretario de Relaciones Exteriores de la Subsecretaría de Recursos Humanos
código 0044, grados 11 y 18; (iv) director general de Ministerio código 0100, grado
18 de la Dirección General de Talento Humano.
4.8.1. La Sala observa que las certificaciones referidas por el órgano actor describen
el periodo en que cada uno de los demandados ejerció alguno de los cargos
mencionados, pero no determinan expresamente la función de expedir actos
administrativos de reconocimiento y liquidación del auxilio de cesantías, sólo
refieren las competencias de la dependencia o el área de manera general, así70-
71:
«De conformidad con lo establecido en el Decreto No. 2126 del 29 de diciembre de 1992,
según el artículo 34, “por el cual se reestructura el Ministerio de Relaciones Exteriores y
se determinan las funciones de sus dependencias” las funciones de la División de
Capacitación, Bienestar Social y Prestaciones Sociales, eran las descritas a continuación:
[…] 4. Elaborar las liquidaciones anuales definitivas y avances de cesantías.
[…] De conformidad con lo establecido en el Decreto No. 1711, artículo 4° del 2 de
septiembre de 1999, “por el cual se reestructura la estructura orgánica del Ministerio de
70 Folios 114, 120, 134, 150 y 159 del c. 1.
71 Folio 145 del c. 1.
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Expediente: 25000-23-36-000-2014-00835-02 (63215)
Demandante: Ministerio de Relaciones Exteriores
Relaciones Exteriores”, eran funciones de la Dirección General de Desarrollo de Talento
Humano, las descritas a continuación: […] 5. Atender el manejo y la tramitación de
asuntos relacionados con selección, nombramientos, capacitación, evaluación, traslados,
licencias, permisos, comisiones, prestaciones sociales y demás situaciones
administrativas y elaborar los correspondientes actos administrativos sobre las
novedades de personal».
4.8.2. Además de los documentos referidos, el ente accionante anexó una
certificación expedida por la directora de talento humano de la Cancillería el 17 de
mayo de 2018, que da cuenta de que en la hoja de vida de la señora Lilia Stella
Cepeda “no se encontró registro de los actos administrativos de liquidación”
anual de cesantías, en su lugar adjuntó el acto que ordenó dar cumplimiento al
acuerdo conciliatorio72.
4.8.3. Por otra parte, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), en virtud del decreto de
pruebas, allegó al expediente una certificación en la que consta que la convocante
de la conciliación, Lilia Stella Cepeda, aparece como afiliada a ese fondo desde el
año 198973. El FNA también aportó un extracto individual de cesantías que da cuenta
de las sumas abonadas por “consolidación de cesantías” en febrero de cada año,
“intereses”, “retiros” y “abonos a crédito hipotecario”, aplicados a la cuenta de la
señora Cepeda desde 1999 hasta 2018.
4.9. Los anteriores documentos demuestran: (i) que la prestación de cesantías fue
consignada en la oportunidad debida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y (ii)
que la servidora tenía conocimiento del aporte anual aplicado a su cuenta individual
por concepto de cesantías74-75, pues realizó retiros parciales en el año 2000 y
autorizó la pignoración del auxilio para abono a crédito hipotecario desde 200176; (iii)
que la División de Capacitación, Bienestar Social y Prestaciones Sociales y la
Dirección General de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores tenían
la función de “elaborar las liquidaciones anuales definitivas y avances de cesantías”
y atender “el manejo de las prestaciones sociales”.
No obstante, en el marco de la responsabilidad patrimonial del agente, lo anterior
resulta insuficiente para acreditar la culpa individual de los accionados, dado que en
los documentos allegados no consta a cuál de los servidores o ex servidor
demandados le correspondía la función de reconocer el auxilio de cesantías y,
consecuentemente, notificar el acto de reconocimiento, durante el periodo
conciliado.
4.10. En segundo lugar, la Sala observa que no se configura un nexo causal entre la
omisión inexcusable de la función de expedir y notificar los actos de
72 Folio 736 del c. 4.
73 Folio 747 del c. 4.
74 Decreto 3118 de 1968, art. 3. “ENTIDADES VINCULADAS AL FONDO. Deberán liquidarse y entregarse al
Fondo Nacional de Ahorro, conforme a las disposiciones del presente Decreto, las cesantías de empleados
públicos y trabajadores oficiales de los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias,
Establecimientos Públicos y Empresas Industriales y Comerciales del Estado del orden Nacional.”.
Ley 432 de 1998, art. 5. “Afiliación de servidores públicos. Reglamentado parcialmente por el Decreto 1582 de
1998. A partir de la vigencia de la presente Ley deben afiliarse al Fondo Nacional de Ahorro los servidores
públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional.”.
75 Decreto 3118 de 1968, art. 17. PRESTAMOS E INVERSIONES EN VIVIENDA. Para los fines previstos en el
Artículo anterior y con sujeción a los programas y presupuestos aprobados por la junta directiva, el Fondo podrá
realizar las siguientes operaciones financieras:
a. Otorgar préstamos a favor de empleados públicos y de trabajadores oficiales, con garantía hipotecaria y
compromiso de futuras cesantías, primas y bonificaciones, siempre que la seriedad de las operaciones
propuestas y el saldo en el Fondo a favor del empleado o trabajador interesado indiquen que el préstamo va a
serle provechoso y que la operación es socialmente útil y aconsejable desde el punto de vista comercial para el
empleado o trabajador;
76 Folio 748 del c. 4.
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Expediente: 25000-23-36-000-2014-00835-02 (63215)
Demandante: Ministerio de Relaciones Exteriores
liquidación de las cesantías, en un extremo, y el hecho que motivó la
conciliación, en el otro extremo, puesto que, de acuerdo con los medios de prueba
documentales allegados al expediente, la convocante de la conciliación a quien el
Ministerio accedió a pagar la reliquidación de las cesantías, tuvo conocimiento de la
suma consignada por ese concepto en el FNA, lo que denota que la falta de
notificación del acto de liquidación del auxilio de cesantía no generó el hecho que dio
lugar a la conciliación extrajudicial.
Sobre la oponibilidad de la liquidación del auxilio de cesantías en contextos como el
descrito, la jurisprudencia de la Sección Segunda de esta Corporación ha
precisado77:
«En esta oportunidad, se reitera78 una vez más, las cesantías son una prestación social
que no es periódica, no obstante que su reconocimiento y liquidación se hace cada
año, se trata, entonces, de una prestación unitaria, en donde al ser reclamadas pueden
operar los fenómenos de la prescripción o de la caducidad, en los eventos que no se
acuda oportunamente a interrumpir dichos fenómenos.
De acuerdo con lo anterior y concluyendo lo señalado en precedencia, se tiene que
decir que, si el señor está alegando que el acto debe ser comunicado, se le debe
recordar que, su poderdante está afiliado al FNA y hay una regulación expresa para
que el empleador consigne las cesantías, lo cual, una vez efectuado, el ente previsional
le informa cuánto se le consignó. En consecuencia, no se requería la notificación del
acto de liquidación, esto es, el documento donde se liquidó, porque ya con la
consignación del valor tuvo conocimiento, y si pretendía un mayor valor y si conocía
que debía liquidarse en divisas y no en pesos colombianos, debió haber
reclamado oportunamente».
Al debatirse, en este asunto, un nexo causal hipotético entre una omisión atribuida a
los demandados y el perjuicio ocasionado al órgano demandante con el pago de la
obligación indemnizatoria conciliada, “el problema radica en establecer, en principio,
si existía la posibilidad real y efectiva para la entidad demandada de evitar
el daño, mediante la interrupción del proceso causal”79; interrupción que, de acuerdo
con la demanda, se hubiera producido con la notificación oportuna de los actos de
liquidación de las cesantías a Lilia Stella Cepeda Ulloa. Sin embargo, según la
jurisprudencia administrativa reiterada, referida en precedencia, tal notificación no
era necesaria, pues el conocimiento de la liquidación de las cesantías se desprendía
de su consignación, la cual fue probada en este proceso, siendo así irrelevante la
notificación cuya omisión reprocha el órgano demandante.
4.11. De acuerdo con las razones expuestas en precedencia, resulta forzoso concluir
que la respuesta al primer problema jurídico planteado es negativa, pues el Ministerio
de Relaciones Exteriores no demostró el supuesto de hecho de la culpa grave imputada
77 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 1 de marzo de 2018, expediente 25000-
23-42-000-2012-01908-01(2620-15), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Tesis reiterada por la Subsección A,
sentencia de 18 de noviembre de 2020, expediente 25000-23-42-000-2012-01910-01(4175-19), M.P. Gabriel
Valbuena Hernández. “En el presente asunto se encuentra probado que los actos liquidatorios de la prestación
aludida por las anualidades de 1992 a 1996 le fueron notificadas a la demandante. Asimismo, pese a que no
fueron allegados los actos de liquidación de las cesantías de los años 1997, 1998, 2002 y 2003, ni su notificación,
del extracto individual de cesantías se desprende que la demandante realizó retiros parciales de cesantías, por
abono a crédito hipotecario, el 28 de junio de 2002, el 17 de febrero de 2003, el 17 de febrero de 2005 y el 15 de
febrero de 2006 y a la fecha del retiro del servicio, ocurrido el 21 de febrero de 2007, le fueron reconocidas las
cesantías de manera definitiva. Lo anterior, implica, que a partir de las fechas aludidas, la demandante tenía
conocimiento de que sus cesantías fueron liquidadas con base en la asignación básica correspondiente al cargo
similar en la planta interna del Ministerio de Relaciones Exteriores, sin que ejerciera la impugnación de tales
reconocimientos en la oportunidad legal.”.
78 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, 25 de agosto
de 2005. Expediente: 2000-01910 (4656-03.- Expediente: 1998-03866 (4723-03). 25 de agosto de 2005.
79 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 27 de noviembre de 2006, exp. 14882.
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Expediente: 25000-23-36-000-2014-00835-02 (63215)
Demandante: Ministerio de Relaciones Exteriores
a los diecisiete (17) demandados, consistente en la omisión inexcusable de la función
de expedición y notificación de los actos de liquidación de cesantías de la servidora
Lilian Stella Cepeda, ni existe una clara relación causal entre la presunta omisión y el
hecho que motivó la conciliación extrajudicial, pues la convocante de la conciliación,
como afiliada del FNA, tuvo conocimiento de las consignaciones anuales del auxilio
de cesantías en su cuenta individual según dan cuenta los retiros parciales y los
abonos a crédito hipotecario realizados desde el año 1999. En consecuencia, la
Subsección confirmará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda.
V. COSTAS
5.1. En lo atinente a la inconformidad frente a la condena en costas presentada por
el órgano accionante, la Sala precisa que, en esta jurisdicción, el Código Contencioso
Administrativo exceptuaba la imposición de costas en las “acciones públicas”
(artículo 171), mientras el CPACA exceptúa “los procesos en que se ventile un
interés público” (artículo 188). De esta forma, el legislador colombiano cambió la
orientación de la exoneración a la imposición de costas en lo contencioso
administrativo, debido a que las “acciones públicas”, además de perseguir un interés
público —sin que se discutan derechos subjetivos80— tienen otros atributos, como lo
son la legitimación universal (o abierta a cualquier “ciudadano”)81, la posibilidad de
la intervención de terceros, la coadyuvancia82 y la imprescriptibilidad83. Lo anterior,
sin embargo, no implica que, en cualquier asunto con pretensiones patrimoniales en
el que el demandante sea un ente estatal se ventile un interés público.
Así, al no haberse decantado claramente el legislador, en el CPACA, por una
exoneración absoluta de costas en contra del Estado, no cabe darle esta
interpretación a su artículo 188, que prevé disponer sobre la condena en costas,
“salvo en los procesos en que se ventile un interés público”, pues tal entendimiento
supondría un criterio subjetivo en materia de costas, relacionado con el fuero de una
de las partes, que el precepto legal no prevé.
Ahora, el medio de control de repetición constituye “una acción civil de carácter
patrimonial”, por medio del cual el organismo estatal pretende el reembolso de la
condena causada por el actuar doloso o gravemente culposo de sus agentes84, para
así garantizar, de forma mediata, “los principios de moralidad y eficiencia de la
función pública, sin perjuicio de los fines retributivo y inherentes a ella”85. Si bien, de
esta forma, la acción de repetición persigue indirectamente un interés público, este
no es el asunto que se ventila de forma directa en el proceso.
La repetición, como “acción civil de carácter patrimonial” con “fines retributivo y
preventivo”, supone un ejercicio razonable del derecho de acción, circunscribiéndolo
a los eventos en que el organismo estatal vislumbre un comportamiento doloso o
gravemente culposo del servidor acusado por infringir sus deberes funcionales o por
la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado, a partir de
80 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 13 de agosto de 2002, rad.
núm. 11001-03-15-000-2001-0127-01(REV-0127).
81 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencias del 13 de junio de 2000, rad. núm.
AC-10252. del 27 de abril de 2004, rad. núm. 11001-03-15-000-2003-00311-01(S-311).
82 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 7 de diciembre de 1993,
radicación AC-1276.
83 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 11 de noviembre de 1925, C.P.
José A. Valverde R.
84 Ley 678 de 2001, artículo 3.
85 Ídem.
19
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Demandante: Ministerio de Relaciones Exteriores
una comprobación certera de las circunstancias de hecho que sustentan la
pretensión de reembolso.
Por lo expuesto, el cuestionamiento del organismo apelante sobre la condena
en costas no es de recibo, se impone una respuesta negativa al segundo
problema jurídico y, en consecuencia, la Sala procederá a disponer sobre la
condena en costas en segunda instancia. Además, de acuerdo con las anteriores
consideraciones, que en este asunto resultan pertinentes en razón al cargo de la alzada
que delimita la competencia del ad quem, la Sala, atendiendo a la carga de
transparencia que le asiste, aclara su posición sobre la imposición de costas en el
medio de control de repetición, que no ha sido pacífica.
5.2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 188 del CPACA86, que remite a las
disposiciones del CGP, las costas están compuestas por expensas, gastos
procesales y agencias en derecho, que deben ser “tasadas y liquidadas con criterios
objetivos y verificables en el expediente”87. En cuanto a las reglas para la imposición
de la condena, la norma procesal general dispone que procede en contra de la parte
vencida o contra quien se resuelva desfavorablemente el recurso de apelación y
“solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en
la medida de su comprobación”88.
En cuanto a la tasación de los elementos que las componen -expensas, gastos
procesales y agencias en derecho-, la Sala precisa que, según lo establecido en el
artículo 366 del CGP83, el tribunal de primera instancia es el competente para
determinar los honorarios del auxiliar de la justicia que presentó concepto en esa
etapa procesal, así como el valor de los demás gastos procesales y agencias en
derecho en la medida de su comprobación, decisión que la parte accionante puede
controvertir mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que
apruebe la liquidación.
Ahora, conforme a las reglas de procedencia de la condena en costas antes citadas,
no procede su imposición en segunda instancia por los componentes de expensas y
gastos procesales, porque no aparece demostrado en el expediente que la parte
demandada hubiera incurrido en ellos. En lo relativo a las agencias en derecho,
entendidas como “la porción de las costas imputables a los gastos de defensa judicial
de la parte victoriosa”89, se encuentra demostrado que los apoderados de Clara Inés
Vargas Silva y Hernando Leiva Varón presentaron alegatos de conclusión en
segunda instancia. Por tanto, la Sala fijará el monto de las costas por agencias en
derecho a favor de los citados demandados en cuantía equivalente al 5% de la
86 CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil.
87 CGP, artículos 361 (composición), 362 (expensas, arancel), 363 (honorarios de auxiliares de la justicia) y 366-
4 (agencias en derecho).
88 CGP, artículo 365. “Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que
haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que
dio lugar a aquella. (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la
medida de su comprobación.”.
89Acuerdo No.1887 de 2003, “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”. Artículo 2. Concepto.
Se entiende por agencias en derecho la porción de las costas imputables a los gastos de defensa judicial de la
parte victoriosa, a cargo de quien pierda el proceso, el incidente o trámite especial por él promovido, y de quien
se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, revisión o anulación que haya propuesto, y
en los casos especiales previstos en los códigos de procedimiento.”. (…) Artículo 6. Tarifas. Fijar las siguientes
tarifas de agencias en derecho: (…) “CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 3.1. ASUNTOS. (…) 3.1.3. Segunda
instancia. (…) Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas
en la sentencia. (…)”.
20
Expediente: 25000-23-36-000-2014-00835-02 (63215)
Demandante: Ministerio de Relaciones Exteriores
pretensión de reembolso fijada para cada uno90, esto es, la suma de doscientos doce
mil ciento veintiséis pesos ($212.126) para la primera y doscientos cuarenta y cinco
mil seiscientos cincuenta y dos pesos ($245.652) para el segundo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia expedida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca el 24 de octubre de 2018, que negó la pretensión de reembolso
presentada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en ejercicio de la acción de
repetición.
SERGUNDO: CONDENAR al Ministerio de Relaciones Exteriores al pago de costas
en segunda instancia por agencias en derecho a favor de los demandados Clara Inés
Vargas Silva y Hernando Leiva Varón, en cuantía equivalente al 5% de la pretensión
de reembolso fijada para cada uno.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado
Firmado electrónicamente
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Magistrado Magistrado (E)
Firmado electrónicamente Salvamento de voto parcial
Firmado electrónicamente
VF
90 Aparte 2.4.2.
21
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