Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2014-01011-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2014-01011-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2014-01011-02
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
21 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 250002336000201401011 02 (59.397)
Demandante: Consorcio CGR 003
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-
Acción: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia
Temas: — CONTRATO DE OBRA PÚBLICA – principio de la autonomía de la voluntad /
DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO ESTATAL - prueba de que las
circunstancias fueron imprevistas y sobrevenidas / MAYOR PERMANENCIA EN OBRA –
sobrecostos endilgados a la entidad contratante / SUSPENSIÓN Y PRÓRROGA DEL
CONTRATO – alcance e intención de las partes, principio de buena fe
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a
resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda.
La controversia gira alrededor de los mayores costos que se habrían causado a los
integrantes del Consorcio CGR003, como consecuencia de la mayor permanencia
derivada de incumplimientos que fueron endilgados al IDU, así como por la
ocurrencia de un evento que llevó a la ruptura del equilibrio económico del contrato.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la decisión proferida el 8 de marzo de 2017 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, a través de la cual
se adoptaron las siguientes determinaciones:
“PRIMERO: DECLARAR la existencia del Contrato de Obra Pública No- IDU 027
de 2009 conforme la parte motiva de la presente providencia.
“SEGUNDO: DECLARAR el desequilibrio económico Contrato de Obra Pública
No. IDU 027 de 2009 en razón a las mayores permanencias en obra por razones
no imputables al demandante de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.
Radicación: 250002336000201401011 02 (59.397)
Demandante: Consorcio CGR 003
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-
Asunto: Controversias contractuales
“TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a la parte
demandada a pagar un total de setecientos treinta millones novecientos veintiséis
mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos ($730’926.453) a favor de la parte
actora, los cuales corresponderán en un 50% a la COMPAÑÍA DE TARBAJOS
(sic) URBANOS S.A., en un 25% a GALVIS FRACASSI y COMPAÑÍA S en C y
GERMÁN RAMÍREZ BARBOSA en un 25%.
“CUARTO: DECLARAR el incumplimiento del Contrato de Obra Pública No- IDU
027 de 2009 por parte del Instituto de Desarrollo Urbano IDU en los términos de
la parte motiva de la presente providencia.
“QUINTO: Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a la parte
demandada a pagar un total de Veintiocho millones trescientos veintiún mil
ochocientos cuarenta y tres pesos ($28.321.843) los cuales corresponderán en
un 50% a la COMPAÑÍA DE TARBAJOS (sic) URBANOS S.A., en un 25% a
GALVIS FRACASSI y COMPAÑÍA S en C y GERMÁN RAMÍREZ BARBOSA en
un 25%.
“SEXTO: NEGAR las demás pretensiones principales y subsidiarias de la
demanda, conforme la parte motiva de la presente providencia.
“SÉPTIMO: Condenar en costas en esta instancia a la parte demandada, razón
por la cual deberá pagar a favor de la demandante la suma de SETECIENTOS
CINCUENTA Y NUVE (sic) MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
($759.248) los cuales corresponderán en un 50% a la COMPAÑÍA DE
TARBAJOS (sic) URBANOS S.A., en un 25% a GALVIS FRACASSI y
COMPAÑÍA S en C y GERMÁN RAMÍREZ BARBOSA en un 25%.
“CUARTO (sic): Contra la presente providencia procede el recurso de apelación,
en los términos dispuestos en el artículo 243 y 247 del C.P.A.C.A.”
El anterior proveído resolvió la demanda cuyas pretensiones, hechos principales y
fundamentos de derecho son, los siguientes:
Pretensiones
2. El 14 de julio de 20141, el consorcio CGR 0032, integrado por la Compañía de
Trabajos Urbanos S.A., Galvis Fracassi y Cía. S. en C. y Germán Ramírez Barbosa,
presentó demanda contra el Distrito Capital de Bogotá – Instituto de Desarrollo
Urbano (en adelante IDU), con el fin de obtener las siguientes declaraciones y
condenas (se transcribe conforme obra, incluidos eventuales errores):
“4.1 PRETENSIONES RELATIVAS A LA MAYOR PERMANENCIA EN OBRA POR
CAUSAS IMPUTABLES A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DISTRITAL.
“4.1.1 PRETENSIONES DECLARATIVAS PRINCIPALES.
“PRIMERA. - Que se declare la existencia del contrato Estatal de Obra Pública
No. 027/06 del 6 de octubre de 2009 que da cuenta esta demanda y sus respectivos
documentos contractuales.
“SEGUNDA. - Que se declare la mayor permanencia en el contrato de Obra
Pública, como consecuencia de las demoras en las aprobaciones de los Planes de
Manejo de Tráfico por parte de la Secretaría de Movilidad Distrital por causas no
1 Folio 1 del cuaderno 1.
2 Conforme con el documento de constitución de esta forma asociativa, éste está integrado por la Compañía de
Trabajos Urbanos S.A., en un 50%, Galvis Fracassi y Compañía S. en C., con un 25%, y Germán Ramírez
Barbosa, con el 25% restante- (folios 104 y 105 del cuaderno 2).
2
Radicación: 250002336000201401011 02 (59.397)
Demandante: Consorcio CGR 003
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-
Asunto: Controversias contractuales
imputables al contratista e imputables a la administración en general, conforme lo
expuesto en esta Demanda Contractual.
“TERCERA. - Que se declare el desequilibrio económico y financiero del
contrato de que trata esta Demanda Contractual proveniente de la Administración,
ocasionando que el CONTRATISTA sufriera unos perjuicios que la entidad
demandada debe indemnizar con ocasión de la aplicación de la teoría del hecho
del príncipe.
“CUARTA. - Que como consecuencia de la anterior declaración, se declare que el
DISTRITO CAPITAL- IDU es responsable de los perjuicios ocasionados a
CONSORCIO CGR 003.
“4.1.2. PRETENSIONES DECLARATIVAS SUBSIDIARIAS.
“PRIMERA. - Que de no considerarse como probada la existencia de la teoría del
hecho del príncipe se declare la existencia de la teoría de la imprevisión.
“SEGUNDA. - Que se declare el desequilibrio económico y financiero del
contrato por las razones expuestas en el presente documento.
“TERCERA. - Que como consecuencia de la anterior declaración dé por incumplido
el CONTRATO por parte del IDU.
“4.1.3. PRETENSIONES DE CONDENA PRINCIPALES.
“PRIMERA. - Que se condene al DISTRITO CAPITAL -IDU al pago del valor de los
gastos en los que tuvo que incurrir el Consorcio Contratista en la mayor permanencia
en la obra ocasionada por la Secretaría de Movilidad Distrital en una cuantía de
CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO
MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS ($425.538.714,76) M/CTE ajustados a valor
presente, más la correspondiente indemnización de perjuicios por el lucro cesante
del dinero.
“SEGUNDA. - Que se condene al DISTRITO CAPITAL -IDU a pagar al CONSORCIO
CGR 03, a título de restablecimiento del derecho, como consecuencia de las
declaraciones realizadas, la indemnización integral de los perjuicios de todo orden
que por la aplicación de la Teoría del Hecho del príncipe se le han causado a mi
poderdante, así como todos aquellos perjuicios materiales e inmateriales que el
fallador encuentre probados en el proceso.
“4.1.4. PRETENSIONES DE CONDENA SUBSIDIARIAS.
“PRIMERA. - Que se condene al DISTRITO CAPITAL -IDU a pagar al demandante,
a título de restablecimiento del derecho, como consecuencia de las declaraciones
realizadas, la indemnización de los perjuicios de todo orden que por la aplicación de
la Teoría de la imprevisión se le han causado a mi poderdante, así como todos
aquellos perjuicios materiales e inmateriales que el fallador encuentre probados en el
proceso.
“SEGUNDA. - Que sean cancelados los valores solicitados mediante el derecho de
petición y reconocidos mediante acto administrativo presunto, con respecto al
presente rubro.
“4.2 PRETENSIONES RELATIVAS A LA MAYOR PERMANENCIA EN OBRA POR
CAUSAS IMPUTABLES A LA ENTIDAD CONTRATANTE.
“4.2.1 PRETENSIONES DECLARATIVAS PRINCIPALES.
“PRIMERA. -Que se declare la mayor permanencia en el contrato de Obra
Pública, como consecuencia de la no recepción en tiempo de la Obra por causas no
3
Radicación: 250002336000201401011 02 (59.397)
Demandante: Consorcio CGR 003
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-
Asunto: Controversias contractuales
imputables al contratista e imputables a la entidad contratante, conforme lo expuesto
en esta Demanda Contractual.
“SEGUNDA. - Que se declare que, como consecuencia de la mayor permanencia en
el contrato de Obra Pública por causas no imputables al CONTRATISTA e
imputables a la entidad demandada, la parte demandante (CONTRATISTA) sufrió
unos perjuicios que el IDU debe indemnizar por las razones expuestas a lo largo
de la presente Demanda Contractual.
“TERCERA. - Que se declare el desequilibrio económico y financiero del
contrato de que trata esta demanda proveniente de la entidad demandada,
haciendo que el CONTRATISTA sufriera unos perjuicios que la entidad demandada
debe indemnizar con ocasión de la mayor permanencia en la obra.
“4.2.2. PRETENSIONES DE CONDENA PRINCIPALES.
“PRIMERA. - Que se condene al DISTRITO CAPITAL -IDU a pagar al demandante,
CONSORCIO CGR 003, los costos directos, indirectos, de administración y la
utilidad esperada que con ocasión de la mayor permanencia en Obra Pública que se
presentó por causas no imputables al contratista en ejecución del contrato estatal de
Obra Pública No. 027/2009 suscrito entre las partes, los cuales ascienden a un valor
de TRESCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL
VEINTITRÉS PESOS ($323.913.023,45) M/CTE.
“SEGUNDA. - Que se condene al DISTRITO CAPITAL -IDU a pagar al demandante,
CONSORCIO CGR 003, a título de restablecimiento del derecho, como
consecuencia de las declaraciones realizadas, la indemnización de los perjuicios de
todo orden que por el desequilibrio económico y financiero del contrato proveniente
de la administración se le han causado a mi poderdante, así como todos aquellos
perjuicios materiales e inmateriales que el fallador encuentre probado en el proceso.
“4.3 PRETENSIONES RELATIVAS A LA MAYOR PERMANENCIA EN OBRA POR
CAUSAS IMPUTABLES A LA ENTIDAD CONTRATANTE.
“4.3.1. PRETENSIONES DECLARATIVAS PRINCIPALES.
“PRIMERA. - Que se declare la existencia de MAYORES CANTIDADES DE OBRA
ejecutadas por el contratista no previstas en el Contrato de Obra No. 027/09 y no
reconocidas por la entidad contratante conforme lo expuesto en esta Demanda
Contractual.
“SEGUNDA. - Que se declare el incumplimiento del contrato de que trata esta
demanda por la parte contratante, haciendo que el Consorcio contratista sufriera
unos perjuicios que la entidad demandada debe indemnizar con ocasión de las
mayores cantidades de obra ejecutadas y no reconocidas por la entidad contratante.
“TERCERA. - Que se declare el desequilibrio económico y financiero del contrato de
que trata esta demanda proveniente de la entidad contratante, haciendo que el
CONTRATISTA sufriera unos perjuicios que el DISTRITO CAPITAL- IDU debe
indemnizar con ocasión de las mayores cantidades de obra.
“CUARTA. - Que se declare que la sociedad interventora es igualmente responsable
del no reconocimiento de las mayores cantidades de obra no previstas en el
contrato, en tanto y en cuanto la sociedad interventora no radicó ante la entidad
contratante la solicitud de reconocimiento de las mayores cantidades de obra no
previstas aun cuando el Consorcio Contratista se lo solicitó en debida forma.
“QUINTA. - Que se declare que, como consecuencia de las declaraciones de que
tratan los numerales anteriores, la parte demandada es responsable de los perjuicios
solicitados, reconocidos y/o probados en el transcurso del presente proceso por las
mayores cantidades de obra ejecutadas y no reconocidas por la entidad contratante.
4
Radicación: 250002336000201401011 02 (59.397)
Demandante: Consorcio CGR 003
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-
Asunto: Controversias contractuales
“4.3.2. PRETENSIONES DE CONDENA PRINCIPALES.
“PRIMERA. - Que se condene al DISTRITO CAPITAL -IDU a pagar al Consorcio
demandante, la suma de SESENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($60.635.631,00) M/CTE por concepto
de Mayores cantidades de obra no reconocidas por el contratante.
“SEGUNDA. - Que se condene al DISTRITO CAPITAL -IDU a pagar al demandante,
CONSORCIO CGR 003, a título de restablecimiento del derecho, como
consecuencia de las declaraciones realizadas, la indemnización de los perjuicios de
todo orden que por el desequilibrio económico y financiero del contrato proveniente
de la administración se le han causado a mi poderdante, así como todos aquellos
perjuicios materiales e inmateriales que el fallador encuentre probado en el proceso.
“4.3.3 PRETENSIONES DE CONDENA SUBSIDIARIAS:
“PRIMERA. -Que sean cancelados los valores solicitados mediante el derecho de
petición y reconocidos mediante acto administrativo presunto, correspondientes al
presente rubro.
“4.4 PRETENSIONES RELATIVAS A LA MODIFICACIÓN EN EL OBJETO
CONTRACTUAL POR CAUSAS IMPUTABLES A LA ENTIDAD CONTRATANTE.
“4.4.1. PRETENSIONES DECLARATIVAS PRINCIPALES.
“PRIMERA. - Que se declare la efectiva MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE
OBRA por parte de la entidad contratante sin el lleno de los requisitos exigidos por la
ley para el efecto, por causas no imputables al CONSORCIO CGR 003, conforme lo
expuesto en esta Demanda Contractual.
“SEGUNDA. - Que se declare el desequilibrio económico y financiero del contrato de
que trata esta Demanda Contractual proveniente de la entidad contratante, haciendo
que el CONTRATISTA sufriera unos perjuicios que la entidad demandada debe
indemnizar con ocasión a la modificación de manera unilateral del contrato por parte
de la entidad contratante.
“4.4.2. PRETENSIONES DE CONDENA PRINCIPALES.
“PRIMERA. - Que se condene al DISTRITO CAPITAL -IDU a pagar al Consorcio
demandante, la suma de SESENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA MIL
CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($48.090.418,76) M/CTE por concepto de
las utilidades dejadas de percibir por la modificación del objeto contractual por parte
de la entidad contratante.
“SEGUNDA. - Que se condene al DISTRITO CAPITAL -IDU a pagar al demandante,
CONSORCIO CGR 003, a título de restablecimiento del derecho, como
consecuencia de las declaraciones realizadas, la indemnización de los perjuicios de
todo orden que por el desequilibrio económico y financiero del contrato proveniente
de la administración se le han causado a mi poderdante, así como todos aquellos
perjuicios materiales e inmateriales que el fallador encuentre probado en el proceso.
“4.5 PRETENSIONES RELATIVAS AL RECONOCIMIENTO DEL ACTO
ADMINISTRATIVO FICTO PROVENIENTE DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO
POSITIVO.
“4.5.1 PRETENSIONES DECLARATIVAS PRINCIPALES.
“PRIMERA. - Que se declare la existencia del Acto Administrativo Ficto o presunto
proveniente de un silencio administrativo positivo, ocasionado con la no respuesta en
tiempo del derecho de petición mediante el cual se solicitó el reconocimiento del
desequilibrio financiero y económico del Contrato No. IDU-027 de 2009.
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Radicación: 250002336000201401011 02 (59.397)
Demandante: Consorcio CGR 003
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-
Asunto: Controversias contractuales
“SEGUNDA. - Que se declare la obligación en cabeza de la entidad demandada de
reconocer los valores establecidos en el Acto Administrativo Ficto o presunto en
favor del demandante.
“4.6. PRETENSIONES GENERALES COMUNES.
“PRIMERA. - Que se realice por parte del fallador la LIQUIDACIÓN JUDICIAL del
Contrato IDU 027 de 2009 con el reconocimiento de los pagos y condenas acá
solicitados así como todos aquellos que encuentre el fallador probados en el
proceso.
“SEGUNDA. - Que todas las sumas solicitadas en esta demanda sean pagadas
debidamente actualizadas, indexadas e incluyan los intereses moratorios causados a
la máxima tasa legal permitida, de conformidad con lo que disponga la ley, teniendo
en cuenta que los valores señalados por el demandante se encuentran actualizados
hasta el 31 de agosto de 2013.
“TERCERA. - Que se condene AL DISTRITO CAPITAL -IDU (como entidad
contratante) al pago de las costas y gastos del proceso, incluidas las agencias en
derecho, en la cantidad que determine el H. fallador de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 1395 de 2010.
“CUARTA. - Que se disponga el cumplimiento de la sentencia favorable en los
términos de los artículos 187 a 196 de la Ley 1437 de 2011, Nuevo Código
Contencioso Administrativo y sus demás normas concordantes.
“QUINTA. - Que para el caso en que DISTRITO CAPITAL-IDU no diere cumplimiento
inmediato a la Providencia Judicial que ponga fin al proceso que se inicia, se le
condene al pago de los intereses sobre el monto de la condena líquida, señalados
en el artículo 192 del de la ley 1437 de 2011, Nuevo Código Contencioso
Administrativo.
“4.7 PRETENSIONES DE CONDENA GENERALES SUBSIDIARIA.
“PRIMERA. - Que le sea cancelado al Consorcio demandante por parte del
DISTRITO CAPITAL-IDU los valores reconocidos como adeudados por dicha
entidad, mediante el Acto Administrativo presunto ocasionado por el silencio
administrativo positivo generado por la no respuesta dentro del término establecido
para ello del derecho de petición mediante el cual se solicitó el reconocimiento del
desequilibrio financiero y económico del contrato”3 (negrillas del texto original).
Hechos relevantes
3. Como supuestos fácticos, la parte actora indicó que, el 6 de octubre de 2009,
suscribió el contrato de obra 27 de 2009 con el IDU, cuyo objeto era la “construcción
de los andenes faltantes de la calle 77 y av. Calle 85 entre la avenida Paseo del
Country (AK 15) y avenida Germán Arciniegas (AK 11) y construcción de andenes de
la calle 76 entre la avenida Paseo del Country (AK 15) y avenida Caracas (AK 14),
correspondientes respectivamente a los proyectos de código de obra 406 y 141 del
Acuerdo 180 de 2005 de Valorización, en Bogotá D.C.”4, con plazo de ejecución de
12 meses -contado desde la fecha de firma del acta de inicio de obra-, lo que
aconteció el 9 de noviembre de 2009, pero que se aumentó en 159 días calendario
adicionales.
3 Folios 28 a 33 del cuaderno 1.
4 Folio 8 del cuaderno 1.
6
Radicación: 250002336000201401011 02 (59.397)
Demandante: Consorcio CGR 003
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-
Asunto: Controversias contractuales
4. Indicó que el contrato era de precios unitarios, por valor de $7.915’261.176, el cual
fue adicionado en las sumas de $41’021.143 y $712’228.126, para la ejecución
mayores cantidades de obra.
5. Señaló que, el 3 de mayo de 2012, presentó una petición de “reconocimiento del
desequilibrio financiero y económico del contrato ...”, sobre la que MAB Ingeniería de
Valor S.A. -sociedad interventora- emitió concepto desfavorable. El 23 de abril de
2013, el IDU, mediante comunicación STESV 20133360666101, negó la aludida
petición con fundamento en los mismos argumentos esbozados por la interventoría.
6. Reseñó las circunstancias que generaron una mayor permanencia en obra, así:
(i) El 11 de octubre de 2010, el contratista pidió ampliar el plazo en 90 días, pues no
habían sido aprobados los Planes de Manejo de Tráfico (PMT) presentados en junio
y julio ante la Secretaría Distrital de Movilidad;
(ii) el 8 de noviembre de ese año, fue suscrita la prórroga 1 del negocio jurídico por 3
meses;
(iii) mediante el Adicional 1 al contrato, fue aumentado su valor en $41’021.143, “sin
embargo (sic) no fue cancelado por la entidad contratante”5;
(iv) el 9 de noviembre de 2010, se firmó un acta del Comité Técnico a través del cual
el IDU ordenó la suspensión de actividades, con ocasión de la temporada
decembrina;
(v) el 4 de febrero de 2011, se suscribió el acta 29, definiendo la suspensión del
contrato por 14 días, “en razón a la necesidad de la administración de contar con los
recursos presupuestales para proceder a la legalización de la adición y prórroga del
contrato”6;
(vi) el 17 de febrero siguiente, se suscribió el acta 30 de ampliación de la suspensión
contractual por 10 días, “dado que el IDU se encontraba tramitando la consecución
de los recursos presupuestales de los contratos de obra y de interventoría
respectivamente”7;
(vii) el 28 de febrero de 2011, fue suscrita acta de reiniciación de obra;
(viii) el 4 de marzo de ese mismo año, se pactó la prórroga 2, por un término de 45
días calendario; y,
(ix) el 1 de abril de 2011, fue suscrita la Adición 2, por un monto de $712’228.126,
“con ocasión a (sic) las mayores cantidades de obra autorizadas por la entidad
contratante”8.
7. El 31 de julio de 2012, fue suscrita el acta de recibo final de obra por parte del
contratista, el IDU y el Interventor. Adicionalmente, señaló que al momento de
presentar la demanda -14 de julio de 2014- no había sido liquidado el contrato.
8. Agregó que, durante el desarrollo del contrato y previo consentimiento de la
interventoría, ejecutó obras cuyos precios unitarios no estaban contemplados en el
acuerdo negocial, como lo fueron: rejillas, codos pasantes, tubería para servicios
5 Folio 10 del cuaderno 1.
6 Folio 11 del cuaderno 1.
7 Ibídem.
8 Ibídem.
7
Radicación: 250002336000201401011 02 (59.397)
Demandante: Consorcio CGR 003
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-
Asunto: Controversias contractuales
públicos, nivelación de caja, reconstrucción de caja, ductos, tapón, excavación
manual y empates, entre otros.
Si bien el consorcio, junto con el topógrafo de la interventoría conciliaron el valor de
dichas obras por la suma de $55’974.834, lo cierto es que el interventor nunca
tramitó la certificación de las obras no previstas en los precios unitarios y el IDU negó
su reconocimiento, al aseverar que “no fue solicitado dentro del término contractual
establecido para ello, y por lo mismo, las obras fueron llevadas a cabo bajo cuenta y
riesgo del contratista”9.
9. Adujo que el objeto contractual comprendía la intervención de las redes de los
servicios públicos de las manzanas a tratar, pero debido a la dificultad de su cobro a
las empresas prestadoras de servicios públicos, el IDU decidió omitir la realización
de dichas obras, circunstancia que implicó una reducción en las utilidades esperadas
por el contratista, por razones imputables a la contratante.
10. Durante el trámite del presente proceso, las partes suscribieron, de común
acuerdo, el acta de liquidación del contrato 27 de 200910, el 22 de mayo de 2015.
Fundamentos de derecho
11. Según el actor, las súplicas incoadas tienen sustento en incumplimientos del IDU.
En específico, indicó que se presentó una mayor permanencia en obra por causas
imputables a la contratante, ante la suspensión de la obra por: a) la temporada
decembrina y, b) la falta de recursos presupuestales a cargo de la accionada.
12. Precisó que aunque fueron suscritas dos adiciones al precio del contrato, lo cierto
es que las mismas no resultaban suficientes para restablecer la ecuación económica,
comoquiera que no tuvieron relación con el aludido desequilibrio, pues se limitaron a
reconocer los mayores gastos sociales –adición 1- y mayores cantidades de obra no
previstas en el contrato –adición 2-.
13. A su vez, manifestó que la ecuación financiera y económica del contrato se
afectó con ocasión de la no entrega oportuna de los Planes de Manejo de Tráfico -
PMT-, por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad, circunstancia enmarcada en la
teoría del hecho del príncipe. En particular, señaló que la demora en las
aprobaciones de los PMT desencadenó una mayor permanencia en obra, por un
término de 90 días, que produjo mayores gastos para el mantenimiento de la obra y
de la oficina, que no le fueron reconocidos.
14. Asimismo, aseveró que se presentó un incumplimiento frente a la remuneración
de las mayores cantidades de obra que ejecutó y que el IDU no le pagó11.
15. Añadió que la entidad modificó de forma unilateral el contrato, al reducir el objeto
convenido, “pues el acuerdo de voluntades que buscaba en un principio la
9 Folio 23 del cuaderno 1.
10 Aportada al proceso mediante memorial del 25 de junio de 2015 –folios 156 a 163 del cuaderno 1-.
11 Folio 85 del cuaderno 1.
8
Radicación: 250002336000201401011 02 (59.397)
Demandante: Consorcio CGR 003
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-
Asunto: Controversias contractuales
adecuación de redes de los servicios públicos y arreglo de los andenes fue
modificado, reduciendo la obra solamente a la construcción de los andenes” 12 ,
actuación que no se realizó en los términos del artículo 16 de la Ley 80 de 1993 y
que, además, redujo de manera drástica las utilidades esperadas, al disminuir el
objeto a ejecutar.
16. Aseguró que operó, de pleno derecho, el silencio administrativo positivo respecto
de la solicitud de restablecimiento económico radicada el 30 de abril de 2012, toda
vez que el IDU no se pronunció dentro de los 3 meses estatuidos en la ley para el
efecto, lo cual configuró un acto administrativo ficto o presunto; por ende, le
corresponde a la entidad pagar las sumas dinerarias derivadas de éste.
17. Por último, resaltó que el consorcio CGR 003 es un contratista cumplido, que
observó las prestaciones que le correspondían y actuó bajo el principio de buena fe.
Contestación de la demanda
18. A través de auto del 1 de septiembre de 201513, se admitió la demanda y se
ordenó su notificación personal a la entidad demandada y a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.
19. El IDU, al contestar la demanda, se opuso a todas las pretensiones14. Para el
efecto, adujo que no aconteció una manifestación del Estado que derivara en el
“hecho del príncipe” en relación con la aprobación del PMT. Manifestó que dicho
reparo no era una circunstancia extraordinaria, imprevista o imprevisible para el
consorcio, pues, bajo los numerales 4.5 y 4.6 del anexo técnico separable del pliego
de condiciones, era obligación del contratista elaborar dichos planes, por lo que la no
entrega oportuna de su aprobación “no genera costo adicional alguno de ningún tipo,
ni para el contratista ni para la interventoría”15.
20. Añadió que el contrato de obra 27 de 2009 se adicionó en varias oportunidades,
las cuales incluyeron el valor de las obras y los precios globales más las demoras en
la ejecución de metas físicas, sin que el contratista incluyera salvedad alguna en su
suscripción, por lo que la mayor permanencia está cubierta en las dos adiciones
suscritas entre las partes.
21. Señaló que no se redujo el objeto contractual, puesto que el mismo fue ejecutado
en su totalidad, e incluso fue necesario realizar obras adicionales.
22. Expuso que no se configuró el silencio administrativo positivo, dado que la falta
de respuesta de la Administración no crea una prestación, y tal omisión no es fuente
de obligaciones.
Llamamiento en garantía
12 Folio 90 del cuaderno 1.
13 Folios 174 a 176 del cuaderno 1.
14 Folios 201 a 252 del cuaderno 1.
15 Folio 239 del cuaderno 1.
9
Radicación: 250002336000201401011 02 (59.397)
Demandante: Consorcio CGR 003
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-
Asunto: Controversias contractuales
23. MAB Ingeniería de Valor S.A. fue llamada en garantía. Al contestar16, se opuso
indicando que en los términos del artículo 19 de la Ley 678 de 2001, constituye un
requisito para su admisión la prueba, al menos sumaria, del dolo o culpa grave con
que actuó el llamado en garantía, lo que no se demostró en el sub lite.
24. Asimismo, sostuvo que no obra prueba en el expediente de la existencia de un
acuerdo sobre las obras adicionales, y tampoco se llevó a cabo el trámite contractual
para que fuera procedente su reconocimiento económico. Dijo que como el topógrafo
de MAB, no es su representante legal no tenía capacidad para manifestar la voluntad
de la sociedad interventora, por lo que no podría entenderse que MAB dio su
consentimiento para realizar las obras adicionales.
Alegatos en primera instancia
25. Surtido el debate probatorio17, el a quo corrió el traslado a las partes para alegar
de conclusión, y al Ministerio Público para emitir concepto; tanto la parte actora18
como la demandada19 insistieron en los argumentos que expusieron en la demanda y
en su contestación, respectivamente.
Fundamentos de la providencia recurrida
26. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca20 accedió parcialmente a las súplicas
de la demanda. Luego de negar la configuración de un silencio administrativo,
sostuvo que la prórroga del contrato, hasta la aprobación por parte de la Secretaría
de Movilidad del Plan de Manejo de Tráfico y Señalización -PMTS-, se enmarcó en
un hecho imprevisto, cuyo riesgo no fue asumido por el contratista, razón por la cual
correspondía a la entidad pagar los costos derivados de la mayor extensión en el
plazo para preservar la proporcionalidad de las prestaciones mutuas.
27. En relación con la mayor permanencia en obra endilgada a la contratante debido
a “la proximidad de la época decembrina”21, indicó que ésta debía obrar a favor del
contratista. Igualmente, señaló, en relación con la suspensión del contrato por 24
días, con ocasión de la “consecución de los recursos presupuestales”22, procedía su
imputabilidad a la entidad contratante.
16 Folios 296 a 302 del cuaderno 1.
17 En el curso de la audiencia inicial, el Tribunal abrió a pruebas el proceso –folios 331 a 335 del cuaderno 1-,
actuación en virtud de la cual: (i) tuvo como tales los documentos aportados por la parte actora –cuadernos 2, 3, 4
y 5 del expediente-; (ii) decretó el dictamen pericial solicitado por la parte actora, para determinar el monto y
alcance de los perjuicios ocasionados al Consorcio CGR 003 -prueba visible en los cuadernos 12, 13 y 14 del
expediente, asimismo en la audiencia de pruebas el perito rindió las aclaraciones y adiciones correspondientes
(folio 436 del cuaderno 1)-; (iii) decretó la declaración de tres testigos, pedida por la parte demandante, acerca de
la inherencia y necesidad de las mayores cantidades de obra que configuraron el supuesto desequilibrio
contractual -medios probatorios practicados en la audiencia de pruebas, folios 437 y 438 del cuaderno 1-; (iv) tuvo
como pruebas los documentos aportados por el IDU -obrantes en los cuadernos 7 a 11 del proceso-; (v) decretó
el interrogatorio de parte del representante legal del Consorcio CGR 003, pedido por la sociedad llamada en
garantía -practicado en la audiencia de pruebas, folio 439 del cuaderno 1-; (vi) en la audiencia de pruebas, se
incorporó las aprobaciones de los planes de manejo de tráfico referentes a las manzanas 18, 19, 20, 26, 27 y 28
relacionados con el contrato de obra 27 de 2009.
18 Folios 446 a 475 del cuaderno 1.
19 Folios 443 a 445 del cuaderno 1.
20 Folios 477 a 507 del cuaderno principal.
21 Folio 497 del cuaderno principal.
22 Folio 498 del cuaderno principal.
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Asunto: Controversias contractuales
28. Respecto de las mayores cantidades de obra y la ejecución de obras no
previstas, adujo que ante la ausencia del consentimiento por parte del IDU, no era
viable reconocerlas.
29. Destacó que lo denominado en la demanda como “modificación unilateral del
contrato” no es más que un mero incumplimiento de éste, por cuanto el hecho de que
la contratante no cuente con los recursos necesarios para cumplir sus obligaciones
evidencia descuido en el control y planeación financiera, escenario que acreditó la
utilidad que dejó de percibir el contratista, en atención a la exclusión de la “ejecución
de las ampliaciones y/o renovaciones de las redes de servicios públicos”.
30. Con base en lo anterior y en atención al dictamen pericial obrante dentro del
expediente, estableció como perjuicios: (i) la suma de $452’505.268, por las
pretensiones relativas a la mayor permanencia en obra por la demora en la
aprobación de los PMT por parte de la Secretaría de Movilidad; (ii) $278’421.185,
referente a la mayor permanencia en obra por causas imputables a la contratante; y,
(iii) $28’321.843, por la utilidad que dejó de percibir el actor, por la no ejecución total
del objeto convenido –“el porcentaje de ejecución del contrato fue de 92,98%
dejando de ejecutar un 7,02%”23-.
II. EL RECURSO INTERPUESTO
Síntesis del recurso de apelación:
31. El IDU formuló recurso de alzada con el fin de que sea revocada la sentencia
apelada. Adujo, en su orden, lo siguiente:
• La aprobación de las solicitudes de los PMT era responsabilidad del contratista, de
modo que la ampliación del plazo contractual tuvo origen en causas imputables a
éste.
• No es cierto que el contrato se hubiere suspendido por la época decembrina,
puesto que en acta del 9 de noviembre de 2010 se acordó que se debía dar
terminación a los tramos en ejecución antes del 30 de noviembre, “para que en
diciembre los peatones transitaran con seguridad, pero en ningún momento, se
requirió una suspensión de obras de construcción, esa es una interpretación
amañada del contratista y no corresponde a la realidad” 24 . Añadió que, como el
contratista conocía que para diciembre se presentaría una desaceleración de la obra,
debió tomar las medidas necesarias para reducir los costos de personal y cuadrillas
en esa época y, si bien se presentó una suspensión de actividades en los tramos de
la carrera 13 entre calles 78 y 80, ésta solo representa el 3% del total del proyecto.
• Reseñó que el IDU y la interventoría se limitaron a dar cumplimiento a lo indicado
en el Manual de Gestión Contractual de la entidad -adoptado por Resolución 3357
del 29 de octubre de 2010- y el aparte del contrato que estableció que el riesgo de
manejo del tráfico debía ser asumido por el contratista, razón por la cual la
23 Folio 504 del cuaderno principal.
24 Ibidem.
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Asunto: Controversias contractuales
remuneración de éste estaba incluida en los ítems pactados en el contrato, pagados
con base en la facturación de obra por parte del contratista.
-Sostuvo que no es viable que durante la suspensión contractual se reconozca la
mayor permanencia en obra, cuando durante ese término ni el IDU ni la interventoría
podían hacer exigibles las obligaciones al contratista, de modo que el contratista
tampoco podía hacer exigibles obligaciones al IDU.
-Añadió que la suspensión contractual por 24 días se dio para que la entidad
adicionara unos recursos para cubrir las obras no previstas, escenario que no
transgrede el principio de planeación, pues la Ley 80 de 1993 permite adiciones de
hasta un 50% del presupuesto inicial. Así, al aumentar el precio del contrato, el IDU
no podía desconocer que no era procedente autorizar la ejecución de esas obras sin
contar con la disponibilidad previa de los recursos por adicionar.
• Indicó que el pronunciamiento del Tribunal sobre la aparente disminución de la
utilidad, con ocasión de la reducción del objeto pactado y la consecuente menor
cantidad de obra que se dejó de ejecutar, devino de una interpretación “sesgada y
descontextualizada”, que tuvo origen en el oficio del 23 de junio de 2010 emitido por
el interventor, donde puso a consideración el balance del contrato presentado por el
contratista, anotando la necesidad de excluir la ampliación o renovación de las redes
de servicios públicos, cuando lo cierto es que, conforme a la Ley 142 de 1994, es
obligación de las E.S.P. la construcción de las redes para la prestación de estos
servicios. Por ende, no se contempló ni como obligación del IDU ni del consorcio la
ejecución de dichas redes, así que no es cierto que se hubiere reducido el objeto
contractual, pues “en realidad ni siquiera era su obligación de (sic) hacer redes”25.
• Por último, afirmó que no es entendible cómo el contratista pretende reclamar la
supuesta utilidad esperada, cuando prácticamente ejecutó el 100% de los recursos
iniciales; además, sostuvo que se configuró un conflicto de intereses por parte del
perito que rindió el dictamen -INTERSA S.A.- pues, de una parte, ejecuta contratos
para el IDU, y, de otra, fungió como experto para calcular los perjuicios que acá se
endilgaron contra la entidad pública.
Alegatos en segunda instancia
32. Al alegar de conclusión en segunda instancia, el IDU26 reiteró los argumentos que
expuso en su alzada y precisó que, en atención a lo prescrito en los numerales 4.4 y
4.5 del anexo técnico separable del pliego de condiciones, la aprobación de los PMT
no era una circunstancia imprevisible, pues era obligación del contratista elaborar
esos planes hasta su aprobación por la Secretaría de Movilidad y que, en caso de la
no entrega oportuna de dicha aprobación, ello no ocasionaría un costo adicional al
contratista o a la interventoría; añadió que el Tribunal no podía dar por cierto el
dictamen por el hecho de no haber sido objetado, pues su decisión no puede
desligarse de las demás pruebas que obran en el proceso y, al descorrer el traslado
25 Folio 529 del cuaderno principal.
26 Folios 672 a 679 del cuaderno principal.
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del dictamen pericial, sí manifestó las razones por las cuales no se compartían las
conclusiones a las que arribó el perito.
33. La parte demandante27 aseveró que los PMT presentados ante la Secretaría de
Movilidad sí cumplían con las condiciones que ésta exigía y que fue debido a la
gestión omisiva y dilatoria de dicho ente que los planes no fueron aprobados en
tiempo. Indicó que “si bien el contratista asumía la obligación de contar con la
implementación del PMT, la demora en la aprobación de esos planes de manejo de
tráfico son ciertamente un suceso imprevisible e irresistible, creando una situación de
desequilibrio contractual”28.
Igualmente, reiteró que el IDU no previó en debida forma las asignaciones
presupuestales que el contrato requería para su ejecución y, por ello, no puede
pretender que los gastos de la suspensión sean asumidos por el contratista. En igual
sentido, adujo que la contratante debe indemnizar los sobrecostos ocasionados con
la suspensión de la obra realizada con el fin de evitar afectar el comercio de la zona
por la época decembrina, comoquiera que se trata de un supuesto que no puede
imputársele al consorcio CGR 003. Añadió que la reducción del objeto convenido
implicó la disminución de la utilidad esperada por el contratista y que el recurso de
apelación no es la oportunidad para tachar a un perito por la supuesta existencia de
conflicto de intereses; en todo caso, el perito contaba con la idoneidad requerida para
rendir la experticia, sin que la existencia de contratos con el IDU pueda conducir a
aseverar que profirió su dictamen de forma parcializada.
34. En su concepto, el Ministerio Público29 pidió revocar la sentencia apelada en lo
relacionado con (i) la falta de aprobación de los PMT, pues esto no tuvo origen en las
actuaciones de la Secretaría de Movilidad, sino en situaciones imputables al
contratista; y, (ii) si bien la suspensión del negocio por 24 días no se generó por
causas imputables al contratista, sino en la necesidad de obtener recursos para
continuar con el contrato, lo cierto es que al suscribir las actas de suspensión 29 y 30
este último no consignó salvedad o manifestación alguna respecto de los mayores
costos derivados de la mayor permanencia en obra, escenario que evidencia que el
consorcio no cumplió con uno de los requisitos para el restablecimiento del equilibrio
económico, a saber, la reclamación previa sobre este tópico.
En relación con los demás aspectos objeto de condena, solicitó su confirmación,
puesto que (i) la suspensión del contrato por la época decembrina, por el lapso de 45
días, no obedeció a razones imputables al consorcio, sino a una decisión del IDU, en
aras de no perjudicar a los comerciantes de la zona; y, (ii) sí existió una reducción del
objeto contractual, dado que la contratante decidió omitir la instalación de las redes
de servicios públicos, sin una razón admisible, aún cuando éstas habían sido
incluidas en el apéndice C del pliego de condiciones como parte del objeto
contractual, circunstancia que debe ser indemnizada por el IDU, en la medida que el
contratista dejó de percibir el provecho derivado de éste.
27 Folios 680 a 692 del cuaderno principal.
28 Folio 684 del cuaderno principal.
29 Folios 693 a 711 del cuaderno principal.
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III. CONSIDERACIONES
El objeto de la apelación
35. La inconformidad del IDU se centró en cuatro aspectos principales: a) que la
aprobación de los PMT constituía una obligación del contratista; b) la suspensión por
la época decembrina no existió, y la que se extendió por 24 días para para adicionar
recursos al negocio jurídico no transgredió el principio de planeación; c) no se redujo
el objeto contractual; y, d) el conflicto de intereses respecto de la sociedad que rindió
la experticia que sustentó la condena impuesta.
Los demás cargos que la parte actora formuló en la demanda, esto es, los
relacionados con las peticiones de: a) declaratoria de existencia de un acto
administrativo ficto, y b) reconocimiento de las mayores cantidades de obra
ejecutadas por el contratista, quedaron al margen del debate de segunda instancia,
pues la decisión de primer grado no le resultó desfavorable al recurrente quien, por
demás, no formuló reparo alguno.
Por consiguiente, el análisis se limitará, exclusivamente, a los aspectos censurados
en el escrito de sustentación del recurso de apelación atrás referidos.
Liquidación bilateral
36. Cuando la actora instauró la demanda -14 de julio de 2014- puso de presente que
para ese momento la entidad contratante “no tomó las medidas necesarias para
proceder a la liquidación del contrato”30, razón por la cual pidió su finiquito en sede
judicial; no obstante, entre el período acontecido desde esta actuación procesal
hasta su admisión31, las partes liquidaron el negocio jurídico a través de acta suscrita
el 22 de mayo de 2015, en la cual el consorcio CGR 003 incorporó la siguiente
salvedad (se transcribe conforme obra):
“Nota No. 4. CONSIDERACIONES CONSORCIO CGR 003: Con la suscripción
de la presente acta el contratista en concordancia con el oficio CGR003158
DIR 2010, manifiesta que solicitó reconocimiento económico teniendo en
cuenta lo siguiente:
“i) La mayor permanencia en obra en razón a las demoras en la aprobación de
los Planes de Manejo de Tráfico por parte de la Secretaría de Movilidad
Distrital; esta por concepto de CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS
M/CTE ($425.538.714), más los intereses moratorios y la actualización
monetaria.
“ii) La mayor permanencia en obra en razón a la suspensión del contrato por
órdenes de la entidad contratante en razón a la época decembrina, esta por
concepto de TRECIENTOS (sic) VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS
TRECE MIL VEINTITRÉS PESOS M/CTE ($323.913.023), más los intereses
moratorios y la actualización monetaria.
30 Folio 103 del cuaderno 1.
31 El Tribunal, en un comienzo, rechazó la demanda por encontrar configurada la caducidad del medio de control.
Esta decisión fue objeto de recurso de alzada y esta Corporación, en auto del 16 de julio de 2015, la revocó.
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“iii) La mayor permanencia en obra por la suspensión del contrato por órdenes
de la entidad en razón a la falta de recursos presupuestales para la legalización
de la prórroga y adición del contrato; por concepto de SESENTA MILLONES
SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO M/TE
($60.635.631), más los intereses moratorios y la actualización monetaria.
“iv) Las mayores cantidades de obra no previstas en el contrato y no
reconocidas por la entidad contratante; v) y la reducción del objeto contractual
por parte de la entidad contratante por razones no imputables al contratista,
esta por concepto de SESENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA MIL
CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($68.090.418), más los
intereses moratorios y la actualización monetaria.
“El contratista Consorcio CGR 003, en uso de sus derechos constitucionales y
legales y según el acervo probatorio obrante en los expedientes que se
produjeron durante la ejecución del contrato y, con fundamento en las
Suspensiones al contrato y los sobrecostos por causas no imputables al
contratista e imputables a la Entidad Contratante; al hecho del príncipe y a la
teoría de la imprevisión, el consorcio CGR 003 se reserva el derecho a
interponer las acciones judiciales necesarias para reclamar el incumplimiento
del contrato, los mayores costos tanto directos así como el desequilibrio
financiero y económico del contrato, las erogaciones producidas por la mayor
permanencia en obra, por mayores cantidades de obra, por reducción del
objeto contractual y otras razones y todas las compensaciones y/o
indemnizaciones a que haya lugar conforme a derecho tal cual lo adujo en
diferentes momentos y escenarios durante la ejecución del contrato”32.
37. En este contexto, los motivos concretos de inconformidad del contratista guardan
correspondencia con los supuestos que sustentan el asunto de la referencia; por
ende, para la Sala resulta procedente analizar las pretensiones relacionadas con los
cargos que fundamentan la alzada.
Las reclamaciones económicas frente a la obligatoriedad de las convenciones
modificatorias del contrato y al principio de buena fe
38. El principio de normatividad (Código Civil, artículo 1602) y el deber de las partes
de actuar de buena fe (Código Civil, artículo 1603; Código de Comercio, artículo 871)
se aplica a los contratos de las entidades estatales, estén o no sometidos a la Ley 80
de 1993. Con fundamento en esos postulados, la jurisprudencia de la Corporación ha
sostenido que son improcedentes las reclamaciones que se fundan en acuerdos
contractuales sobre la modificación del plazo si, al tiempo de suscribirlos, el
contratista no manifestó salvedades para conservar su derecho a pedir el pago de los
costos y gastos que la ampliación o suspensión puede significar.
39. Con todo, esta Subsección ha afirmado que “no se acepta incorporar una tarifa
interpretativa acerca del requisito formal de la salvedad, sino que en cada caso se
parte del análisis del contenido del respectivo acuerdo y de sus antecedentes, para
determinar el alcance de los otrosíes correspondientes” 33. Así mismo, ha destacado
32 Folio 162 del cuaderno 1.
33 Al respecto, veánse: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección
A, sentencias (i) del 8 de noviembre de 2016, radicación 17001233100020080013801 (47336), (ii) del 6 de
febrero de 2020, radicación 25000-23-26-000-2012-00225-01(63123), (iii) del 6 de febrero de 2020; radicación
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Asunto: Controversias contractuales
que “la inexistencia de salvedades ha sido invocada como una de las reglas para la
interpretación del alcance del otrosí de prórroga, [pero] la Sala advierte que su
ausencia no impide el estudio de fondo de las respectivas reclamaciones y no
constituye argumento suficiente para desechar las pretensiones correspondientes”34.
40. En esta línea, se ha sostenido que el artículo 27 de la Ley 80 de 1993 –que
establece que las partes pueden suscribir los acuerdos o pactos necesarios para
adoptar en el menor tiempo posible las medidas tendientes a conservar la igualdad o
equivalencia de derechos y obligaciones surgidos al momento de contratatar- de
ninguna manera fijó un “requisito de procedibilidad previo” 35 , según el cual, al
suscribirse pactos adicionales durante la ejecución del contrato, pueda entenderse
que el silencio de una de las partes frente a una determinada reclamación, le impida,
a la llana, pretenderla en un proceso ante esta jurisdicción, pues por vía de
interpretación judicial no pueden “crearse requisitos de ‘oportunidad’ para exigir
determinada pretensión o para reclamar los perjuicios que se derivan”36.
41. De modo que cuando las partes autorregulen sus intereses y relaciones para
poner fin a cualquier diferencia o para llegar a un arreglo respecto de los distintos
escenarios que se puedan presentar en curso de la ejecución contractual, no puede
interpretarse en una posterior exigencia jurisprudencial que exhorte la precisión de
expresas formas de reclamación y que, a la postre, impidan estudiar el fondo del
conflicto, toda vez que lo que le compete al juez, “de acuerdo con las reglas de
interpretación de los contratos, las normas supletivas aplicables a los tipos
contractuales contenidas en las reglas civiles y comerciales y, por supuesto, la
ejecución de buena fe del contrato, será desentrañar, en cada caso, cuál fue el
acuerdo de las partes y su alcance y así establecer si las partes pretendieron, con
ese acuerdo, regular los asuntos cuya reclamación ahora se le formula y los términos
de esa regulación”37 (se resalta).
42. En este orden de ideas, el hecho de que no se incluyan salvedades en las
convenciones que las partes suscribieron para suspender o prorrogar el plazo del
contrato no releva al juez del estudio de fondo de la reclamación; por el contrario se
impone determinar si es procedente ordenar el pago de la indemnización o
compensación, analizando cuál fue el motivo que condujo la suscripción del acuerdo
modificatorio –como, por ejemplo, el incumplimiento de las obligaciones o la
materialización de riesgos asumidos por una parte– y el contenido de los arreglos que
las partes alcanzaron, contrastándolo con los hechos que sirven de causa a las
pretensiones y con el objeto de éstas.
Con base en estos elementos y de cara a las estipulaciones de los contratantes,
habrá de definirse si las pretensiones resultan o no procedentes, ya porque
25000-23-26-000-2002-01599-01 (38603) y (iv) del 8 de mayo de 2020, radicación 66001-23-31-000-2011-00255-
01(64701).
34 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 8 de mayo de 2020, radicación 66001-23-
31-000-2011-00255-01(64701) y del 5 de febrero de 2021, expediente 46.726.
35 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 20 de noviembre de 2020, radicación 05001-
23-31-000-1999-00093-01 (38097).
36 Ibídem.
37 Ibídem.
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desconocen el contenido de un negocio jurídico obligatorio en el que se regularon los
asuntos objeto de la reclamación, ya porque la parte que formula la reclamación
tenía el deber de hablar –expresar reservas o salvedades– pues la ley, el contrato o
el principio de buena fe se lo imponían o, ya porque debe soportar los efectos de la
ocurrencia de los hechos que motivaron la suscripción de las prórrogas –por tratarse,
por ejemplo, de un riesgo asumido por ella–.
43. Así, para resolver los problemas que plantea el recurso de apelación, la Sala
analizará cuál fue el objeto y alcance de las distintas suspensiones, prórrogas y
adiciones que pactaron las partes, previa mención de los aspectos generales del
negocio jurídico objeto de controversia.
El contrato de obra 27 de 2009
44. El 6 de octubre de 2009, el IDU y el consorcio CGR 003 suscribieron el contrato
de obra 27, cuyo objeto era la “construcción de andenes faltantes de la calle 77 y av.
Calle 85 entre avenida Paseo del Country (AK 15) y avenida Germán Arciniegas (AK
11) y construcción de andenes de la calle 76 entre avenida Paseo del Country (AK
15) y avenida Caracas (AK 14), correspondientes respectivamente a los proyectos
código de obra 406 y 414 del Acuerdo 180 de 2005 de valorización, en Bogotá D.C.,
de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas
en el Pliego de Condiciones, en especial las consignadas en el anexo técnico
separable (Capítulo 4 del pliego de condiciones), los apéndices y la propuesta
presentada el 14 de julio de 2009”38.
45. En los términos de su cláusula segunda, el valor del contrato fue acordado en
$7.915’261.176, al cual se le agregaron dos reconocimientos por mayores cantidades
de obra por el monto de $ 753’249.269 -el primero por $41’021.143 y el segundo por
$712’228.126-. El balance financiero del mismo arrojó como resultado por concepto
de valor total la suma de $8.668’510.445, con un saldo no ejecutado a liberar por la
suma de $776’958.499; al respecto, se consignó en el acta de liquidación de mutuo
acuerdo que contra la suscripción de dicho documento “NO proceden pagos a favor
del contratista. El saldo no ejecutado por el valor de $776’958.499 se libera con la
firma de la presente Acta de Liquidación”39, tal como se lee en la siguiente relación
consignada en la mencionada acta:
38
Folio 326 del cuaderno 2.
39
Folio 161 del cuaderno 1.
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46. A su vez, el plazo fue acordado en 12 meses contados a partir de la firma del
acta de iniciación, que tuvo lugar el 9 de noviembre de 2009, razón por la cual el
contrato debía concluir el 8 de noviembre de 2010; sin embargo, terminó el 18 de
abril de 2011, es decir, el plazo final de ejecución fue de 16 meses y 15 días. Lo
anterior, en virtud de las prórrogas y suspensiones de que fue objeto, las cuales
fueron resumidas en el acta de liquidación así:
47. En los términos de la cláusula 14 y en atención a lo previsto en el artículo 32 de
la Ley 80 de 1993, el contrato contaba con un interventor que, en este caso, era MAB
Ingeniería de Valor S.A. 40 encargada de vigilar el desarrollo, ejecución y
cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del contratista.
Demora en la aprobación de los Planes de Manejo de Tráfico -PMT-
48. Respecto de este reproche, como ya se mencionó antes, el a quo sostuvo que la
prórroga del contrato originada en la espera de la aprobación de los PMT por parte
de la Secretaría Distrital de Movilidad constituyó un hecho imprevisto no imputable al
contratista y cuyo riesgo no fue asumido por éste, razón por la cual impuso a la
contratante pagar los costos derivados de la mayor extensión en el plazo. Por su
parte, el IDU disintió de tal criterio, al manifestar que la ampliación del término
contractual tuvo origen en causas imputables al consorcio, comoquiera que la
aprobación de los PMT hacía parte de sus obligaciones y el material probatorio
obrante en el expediente da cuenta de que la demora en su autorización provino de
la inobservancia de los requerimientos que este último debía cumplir.
49. Para desatar este reparo, observa la Sala que según la cláusula 9 del negocio
jurídico, el plazo del contrato comenzaba a correr una vez fuera suscrita el acta de
inicio de la obra, para lo cual el contratista previamente debía, entre otros, “…2-
Haber obtenido la aprobación del Plan de Manejo de Tráfico Señalización y Desvíos
por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad” 41.
En conjunto con lo anterior, a la firma del contrato, el consorcio actor contrajo las
siguientes obligaciones relacionadas con el manejo de tráfico:
40 Contrato de interventoría 28 de 2009, suscrito entre el IDU y MAB Ingeniería de Valor S.A. -folios 356 a 381 del
cuaderno 2.
41 Folios 335 y 336 del cuaderno 2.
18
Radicación: 250002336000201401011 02 (59.397)
Demandante: Consorcio CGR 003
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-
Asunto: Controversias contractuales
“12. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA … D) Obligaciones en materia de
especificaciones de manejo de tráfico, señalización y desvíos: 1) EL
CONTRATISTA no podrá iniciar las obras objeto de este contrato hasta tanto se
encuentren debidamente señalizadas de acuerdo con lo establecido en Plan de
Manejo de Tráfico y Señalización aprobado por la Secretaría Distrital de
Movilidad y demás normas que regulan la materia. El incumplimiento de esta
obligación dará la imposición de sanciones pactadas en el presente contrato, sin
perjuicio de la Responsabilidad Civil Extracontractual imputable al
CONTRATISTA. 2) El CONTRATISTA está en la obligación de mantener
debidamente señalizada la obra y cumplir con cada una de las disposiciones
contenidas en el Plan de Manejo de Tráfico aprobado por la Secretaría Distrital
de Movilidad. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la imposición de
sanciones pactadas en el presente contrato, sin perjuicio de la Responsabilidad
Civil Extracontractual imputable al CONTRATISTA”42.
50. A su vez, en el pliego de condiciones, capítulo 4 anexo técnico separable, se
estableció lo siguiente en torno a los PMT:
“4.3. GENERALIDADES
“(…)
“En todo caso, antes de iniciar el contrato, el contratista debe efectuar las
siguientes actividades:
“1. Elaborar el Plan de Manejo de Tráfico Específico con la propuesta de
señalización, desvíos y tipo de tráfico afectado, radicación de dicho PMT ante
la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá -SDM- para su revisión y hasta su
aprobación por parte de dicha Secretaría de Movilidad.
“(…)
“4.4. TRÁMITE DE PERMISOS Y LICENCIAS
“(…)
“Igualmente es de resaltar que los planes de Manejo de Desvíos de Tráfico y
de Manejo Ambiental o Principio de Gestión Ambiental del IDU definitivos
deben ser aprobados por la autoridad competente.
“(…)
“4.5. CONDICIONES ESPECIALES
“(…)
“El contratista debe considerar en su propuesta, los costos de la totalidad de
las labores y servicios necesarios hasta el total recibo a satisfacción de las
obras, por parte de la interventoría, el IDU y los Entes Distritales
competentes”43.
51. Por otra parte, respecto de la posibilidad de celebrar una adición al plazo
contractual –prórroga-, la cláusula 10 del pacto negocial estatuyó, en su parágrafo,
que “cuando por causas imputables al contratista se requiera prorrogar el plazo del
42 Folio 340 del cuaderno 2.
43 Folios 74, 75 y 76 del cuaderno 7.
19
Radicación: 250002336000201401011 02 (59.397)
Demandante: Consorcio CGR 003
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-
Asunto: Controversias contractuales
contrato para lograr el fin del proyecto y evitar un perjuicio mayor para la entidad y no
se considera que existen razones que justifiquen la declaratoria de caducidad, todos
los costos que se generen por esta prórroga serán por cuenta del CONTRATISTA,
incluyendo el valor del período adicional de Interventoría, el cual será descontado de
las actas de obra y/o actas de liquidación”44.
52. El 27 de septiembre de 2010, el consorcio CGR 003 presentó ante la
interventoría solicitud de prórroga del plazo contractual por un lapso de 90 días, dado
que “pese a haber solicitado a la secretaría de movilidad en los meses de junio y julio
la aprobación de los PMT para el inicio de labores en las manzanas 18, 19, 20, 26,
27 y 28 y que esta entidad solamente ha aprobado los PMT parciales de las
manzanas 18, 19 y 20 y que los PMT de las manzanas 27 y 28 fueron aprobados
hasta el día 17 de septiembre del año en curso … consideramos importante recalcar
que el atraso en la intervención de las cuadras faltantes para iniciar las actividades
de construcción de obra, (sic) se debe a causas ajenas al contratista. De igual forma
solicitamos una adición al presupuesto por un valor de $366’787.327.00 pesos
mcte”45.
53. Luego, el 8 de noviembre de 2010, las partes suscribieron la prórroga 1 46 ,
mediante la cual se aumentó el plazo en 3 meses y se acordó que “las demás
cláusulas del contrato principal, no modificadas con la presente adición continúan
vigentes y surten los efectos legales que con ellas se fijan”; lo anterior, previo
concepto desfavorable de la interventoría en torno a la adición del precio solicitada
por el contratista -junto con la solicitud de prórroga- al aseverar que el contrato no
sería aumentado en su valor por una mayor permanencia en obra, puesto que el
pago del PMT está directamente relacionado con el porcentaje de ejecución de obra.
54. Conforme a este panorama, se relacionan cada una de las direcciones que
componen manzanas relativas a las demoras aludidas –en atención al listado
detallado de las 28 manzanas aportado por el consorcio 47 - con las solicitudes y
fechas de radicación presentadas ante la Secretaría Distrital de Movilidad y las
respuestas dadas por este ente48, a través de los COI49, así:
Manzana Dirección # Fecha COI Fecha COI Aprobación PMT
Radicado Radicado
18 CALLE 80 ENTRE 114582 22-07-2010 COI-30 29/07/2010 SI
CARRERA 12A Y
CARRERA 13
(COSTADO SUR)
CARRERA 12 A 118891 29-07-2010 COI-31 05/08/2010 PRORROGA 3 SEGUN
ENTRE CALLE 78 Y COI 23 DE 2010
CALLE 80 No se autoriza
(COSTADO el cierre simultáneo de
OCCIDENTAL) andenes en los dos
costados.
44 Folio 336 del cuaderno 2.
45 Folios 386 y 387 del cuaderno 2.
46 Folios 95 y 96 del cuaderno 8.
47 Folios 391 a 394 del cuaderno 2.
48 Trámite adelantado ante las Secretaría Distrital de Movilidad, visible en el cd a folio 413 del cuaderno 1.
49 Consolidado de obras de infraestructura de la Secretaría de Movilidad.
20
Radicación: 250002336000201401011 02 (59.397)
Demandante: Consorcio CGR 003
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-
Asunto: Controversias contractuales
Por otro lado, no se
autoriza intervención
de andén en tramos
superiores a 100
metros.
CALLE 78 ENTRE 161134 07/10/2010 COI-41 14/10/2010 Se aprueba PMT … no
CARRERA 12A Y se autoriza
CARRERA 13 intervención
COSTADO NORTE simultánea en ambos
costados, si el costado
del frente está
intervenido, esta
aprobación está
condicionada a la
habilitación de dicho
anden
CARRERA 13 148155 COI-38 23/09/2010 Se niega prórroga. El
ENTRE CALLE 78 Y formato COI debe
CALLE 80 contener la firma de las
COSTADO personas que aparecen
ORIENTAL en el PMT inicial como
responsables de la obra
160177 06/10/2010 COI-41 14/10/2010 Se aprueba PMT
19 CALLE 78 ENTRE 148155 COI-38 23/09/2010 Se niega prórroga. El
CARRERA 13 Y formato COI debe
CARRERA 13ª contener la firma de las
COSTADO NORTE personas que aparecen
en el PMT inicial como
responsables de la obra
160177 06/10/2010 COI-41 14/10/2010 prórroga 1 según COI
25 de 2010 … se aclara
que el PMT se
encontraba vencido
desde el 26 de
septiembre hasta la
fecha de inicio de la
presente prorroga por
lo cual esta dirección
no tuvo conocimiento
de la continuidad de la
intervención durante
este período
CARRERA 13 161134 07-10-2010 COI-41 14/10/2010 Se aprueba PMT
ENTRE CALLE 78 Y
CALLE 80
COSTADO
OCCIDENTAL
CARRERA 13 A 161134 07-10-2010 COI-41 14/10/2010 Se aprueba PMT, con
ENTRE CALLE 78 Y cierre total de andén,
CALLE 80 en un solo costado.
COSTADO Deberá garantizar el
ORIENTAL acceso a predios y
parqueaderos. No se
deben afectar las
Intersecciones
CALLE 80 ENTRE 114582 22-07-2010 COI-30 29/07/2010 PRORROGA 1 SEGUN
CARRERA 13 Y COI 25 DE 2010,
CARRERA 13A - Deberá ubicar
21
Radicación: 250002336000201401011 02 (59.397)
Demandante: Consorcio CGR 003
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-
Asunto: Controversias contractuales
COSTADO SUR bandereros a ambos
costados del sendero.
Deberá garantizar el
acceso a predios y
parqueaderos. No
se deben afectar las
intersecciones.
20 CARRERA 13A 114582 22-07-2010 COI-30 29-07-2010 SE NIEGA PMT; la
ENTRE CALLE 78 Y aprobación de este
CALLE 80 tramo solo podrá
COSTADO realizarse cuando se
OCCIDENTAL hayan habilitado
tramos que se
encuentran
actualmente vigentes:
Lo anterior con el fin
de no generar mayor
impacto de la obra a
los residentes y
comunidad en general
de este sector.
161134 07-10-2010 COI-41 14-10-2010 Se aprueba PMT
CALLE 80 ENTRE 114582 22-07-2010 COI-30 29-07-2010 Se aprueba PMT
CARRERA 13A Y
CARRERA 14
COSTADO SUR
CALLE 78 ENTRE 114582 22-07-2010 COI-30 29-07-2010 SE NIEGA PMT; la
CARRERA 13A Y aprobación de este
CARRERA 14 tramo solo podrá
COSTADO NORTE realizarse cuando se
hayan habilitado
tramos que se
encuentran
actualmente vigentes:
Lo anterior con el fin
de no generar mayor
impacto de la obra a
los residentes y
comunidad en general
de este sector.
175160 05-11-2010 COI-45 11-11-2010 Se niega PMT. Deben
habilitarse los frentes
de obra intervenidos
para poder aprobar
frentes nuevos debido
a la afectación que se
tiene en el sector.
CARRERA 14 114582 22-07-2010 COI-30 29-07-2010 Se aprueba PMT
ENTRE CALLE 78 Y
CALLE 80
COSTADO
ORIENTAL
26 CALLE 77A ENTRE 114582 22-07-2010 COI-30 29-07-2010 SE NIEGA PMT; la
CARRERA 12A Y aprobación de este
CARRERA 13 tramo solo podrá
COSTADO NORTE realizarse cuando se
hayan habilitado
tramos que se
22
Radicación: 250002336000201401011 02 (59.397)
Demandante: Consorcio CGR 003
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-
Asunto: Controversias contractuales
encuentran
actualmente vigentes:
Lo anterior con el fin
de no generar mayor
impacto de la obra a
los residentes y
comunidad en general
de este sector.
161134 07-10-2010 COI-41 14-10-2010 Se aprueba PMT
CALLE 78 ENTRE 114582 22-07-2010 COI-30 29-07-2010 SE NIEGA PMT; la
CARRERA 12A Y aprobación de este
CARRERA 13 tramo solo podrá
COSTADO SUR realizarse cuando se
hayan habilitado
tramos que se
encuentran
actualmente vigentes:
Lo anterior con el fin
de no generar mayor
impacto de la obra a
los residentes y
comunidad en general
de este sector.
161134 07-10-2010 COI-41 14-10-2010 Se aprueba PMT
CARRERA 13 114582 22-07-2010 COI-30 29-07-2010 SE NIEGA PMT; la
ENTRE CALLE 77A aprobación de este
Y CALLE 78 tramo solo podrá
(COSTADO realizarse cuando se
ORIENTAL) hayan habilitado
tramos que se
encuentran
actualmente vigentes.
Lo anterior con el fin
de no generar mayor
impacto de la obra a
los residentes y
comunidad en general
de este sector.
161134 07-10-2010 COI-41 14-10-2010 Se aprueba PMT
CARRERA 12A 114582 22-07-2010 COI-30 29-07-2010 SE NIEGA PMT; la
ENTRE CALLE 77A aprobación de este
Y CALLE 78 tramo solo podrá
(COSTADO realizarse cuando se
OCCIDENTAL) hayan habilitado
tramos que se
encuentran
actualmente vigentes.
Lo anterior con el fin
de no generar mayor
impacto de la obra a
los residentes y
comunidad en general
de este sector.
23
Radicación: 250002336000201401011 02 (59.397)
Demandante: Consorcio CGR 003
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-
Asunto: Controversias contractuales
161134 07-10-2010 COI-41 14-10-2010 Se aprueba PMT
27 CALLE 77A ENTRE 146379 14-09-2010 COI-37 16-09-2010 Se aprueba PMT
CARRERA 13 Y
CARRERA 13A
COSTADO NORTE
CALLE 78 ENTRE 140630 03-09-2010 COI-36 09-09-2010 SE NIEGA PMT. LA
CARRERA 13 Y APROBACION DE
CARRERA 13A NUEVOS TRAMOS
COSTADO SUR DEPENDE DE LA
CULMINACION DE LOS
TRAMOS QUE SE
ENCUENTRAN
ACTUALMENTE
INTERVENIDOS. LO
ANTERIOR TENIENDO
EN CUENTA QUE SE
DEBE AFECTAR E
IMPACTAR LO MENOS
POSIBLE EL SECTOR.
UNA VEZ SE TENGAN
TRAMOS LIBERADOS SE
DEBE PRESENTAR
NUEVAMENTE EL PMT
PARA LOS NUEVOS
TRAMOS INCLUIDO EL
REPORTE DE LOS
TRAMOS
146379 14-09-2010 COI-37 16-09-2010 Se aprueba PMT
CARRERA 13 140630 03-09-2010 COI-36 09-09-2010 SE NIEGA PMT. LA
ENTRE CALLE 77A APROBACION DE
Y CALLE 78 NUEVOS TRAMOS
(COSTADO DEPENDE DE LA
OCCIDENTAL) CULMINACION DE LOS
TRAMOS QUE SE
ENCUENTRAN
ACTUALMENTE
INTERVENIDOS.
146379 14-09-2010 COI-37 16-09-2010 Se aprueba PMT
CARRERA 13A 140630 03-09-2010 COI-36 09-09-2010 SE NIEGA PMT. LA
ENTRE CALLE 77A APROBACION DE
Y CALLE 78 NUEVOS TRAMOS
(COSTADO DEPENDE DE LA
ORIENTAL CULMINACION DE LOS
TRAMOS QUE SE
ENCUENTRAN
ACTUALMENTE
INTERVENIDOS.
146379 14-09-2010 COI-37 16-09-2010 Se aprueba PMT
28 CALLE 77A ENTRE 140630 03-09-2010 COI-36 09-09-2010 SE NIEGA PMT. LA
CARRERA 13A Y APROBACION DE
CARRERA 14 NUEVOS TRAMOS
COSTADO NORTE DEPENDE DE LA
CULMINACION DE LOS
TRAMOS QUE SE
ENCUENTRAN
ACTUALMENTE
INTERVENIDOS.
24
Radicación: 250002336000201401011 02 (59.397)
Demandante: Consorcio CGR 003
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-
Asunto: Controversias contractuales
146379 14-09-2010 COI-37 16-09-2010 Se aprueba PMT
CALLE 78 ENTRE 140630 03-09-2010 COI-36 09-09-2010 SE NIEGA PMT. LA
CARRERA 13A Y APROBACION DE
CARRERA 14 NUEVOS TRAMOS
COSTADO SUR DEPENDE DE LA
CULMINACION DE LOS
TRAMOS QUE SE
ENCUENTRAN
ACTUALMENTE
INTERVENIDOS.
146379 14-09-2010 COI-37 16-09-2010 Se aprueba PMT
CARRERA 13A 140630 03-09-2010 COI-36 09-09-2010 SE NIEGA PMT. LA
ENTRE CALLE 77A APROBACION DE
Y CALLE 78 NUEVOS TRAMOS
(COSTADO DEPENDE DE LA
OCCIDENTAL) CULMINACION DE LOS
TRAMOS QUE SE
ENCUENTRAN
ACTUALMENTE
INTERVENIDOS.
146379 14-09-2010 COI-37 16-09-2010 Se aprueba PMT
CARRERA 14 140630 03-09-2010 COI-36 09-09-2010 SE NIEGA PMT. LA
ENTRE CALLE 77A APROBACION DE
Y CALLE 78 NUEVOS TRAMOS
COSTADO DEPENDE DE LA
ORIENTAL CULMINACION DE LOS
TRAMOS QUE SE
ENCUENTRAN
ACTUALMENTE
INTERVENIDOS.
146379 14-09-2010 COI-37 16-09-2010 Se aprueba PMT
55. La anterior información revela que no existió un retardo por parte de la Secretaría
Distrital de Movilidad en proveer respuesta a las solicitudes incoadas por el
consorcio, pues, como se advierte en la relación enunciada, entre la fecha de
radicación de éstas y su respuesta, a través de los COI, no transcurrieron más de 8
días en todos los casos; además, la negativa inicial de algunos de los planes
obedeció a situaciones atribuibles a la planificación del consorcio contratista y, en
todo caso, también se observó que la respuesta en estas situaciones aconteció de
forma oportuna, es decir, sin demora injustificada por parte de la Administración.
56. Al examinar en detalle las decisiones que negaron los PMT, se advierte que
éstas tuvieron origen en dos supuestos específicos, a saber: a) “el formato COI debe
contener la firma de las personas que aparecen en el PMT inicial como responsables
de la obra” y b) “la aprobación de este tramo solo podrá realizarse cuando se hayan
habilitado tramos que se encuentran actualmente vigentes” o “la aprobación de
nuevos tramos depende de la culminación de los tramos que se encuentran
actualmente intervenidos”.
57. De la lectura de las mencionadas comunicaciones se desprende, sin hesitación
alguna, la falta de cumplimiento de parte del contratista solicitante al omitir observar
un requisito formal para el trámite de sus peticiones, del cual se desprende un
aspecto de relevancia sustantiva en la materia, como es la identificación y firma de
25
Radicación: 250002336000201401011 02 (59.397)
Demandante: Consorcio CGR 003
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-
Asunto: Controversias contractuales
quienes figuraban como responsables de la obra y por tanto de dicho plan; de ahí
que no constituyó un hecho imprevisible para el consorcio actor, puesto que no se
trata de una circunstancia sobrevenida o sorpresiva, ajena a su control y conducta.
Discernimiento que se ratifica con el sustento de las negativas de las manzanas 18 y
19, donde se consignó que se rechazaban las prórrogas de los PMT, por la
mencionada omisión del contratista, pese a que se encontraba tramitando una
prolongación de unos planes que ya le habían sido autorizados, escenario que
corrobora que éste conocía, por su propia experiencia, los requisitos exigidos para la
aprobación de dichos planes y que la desaprobación de éstos fue suscitada
únicamente por su desatención y conducta.
58. Respecto de la segunda de las razones que sirvieron de fundamento para la
negativa de algunos PMT, esto es, la no aprobación de las solicitudes instauradas a
la espera de la culminación de los tramos que se encontraban vigentes o
intervenidos, resalta la Sala que este supuesto tampoco configura una circunstancia
inesperada, súbita o imposible de advertir por parte de los sujetos contractuales, toda
vez que la finalidad que los PMT es “mitigar el impacto generado por las obras que
se desarrollan en las vías públicas o en las zonas aledañas a éstas”50, con el fin de
de que la “circulación vial [sea] restringida u obstruida lo menos posible”51; evitando
embotellamientos, cierres que impidan accesos a los sectores intervenidos, y, en
suma, caos de movilidad, lo que justifica que el contratista proponga sus PMT y que
éstos deban ser aprobados por la autoridad respectiva, con el propósito de generar
un balance entre la intervención de las obras y la movilidad del sector.
59. En este punto hay que subrayar que el contratista, en este caso un consorcio
constituido por dos sociedades y una persona natural, como experto en las obras
objeto de intervención, es conocedor de aquellos trámites y permisos conexos y
vinculados directamente con la ejecución del contrato a su cargo, entre ellos, sin
duda, la planificación, gestión, criterios y trámites relacionados con la aprobación de
los PMT.
Así, descartado que se tratara de una situación que superara motivos y plazos
razonables -como atrás se verificó- no puede llamarse imprevisto ni al trámite
adelantado, ni a la respuesta otorgada por la citada Secretaría que, en tiempo,
advirtió las situaciones que se debían considerar para la aprobación de planes de
manejo de tráfico en los diferentes tramos pues, con claridad meridiana, la
presentación de un PMT no implica, per sé, su aceptación; por el contrario, implica
que en ejercicio de las funciones atribuidas a la entidad que regenta la movilidad y el
tráfico en el Distrito Capital, ésta pueda negar, condicionar, o aprobar dichos planes
y, tal interregno no puede ser enrostrado como evento imprevisible y menos ajeno al
conocimiento del experto en este tipo de intervenciones.
50 Capítulo 4 del “Manual de Señalización Vial – Dispositivos para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras
y Ciclorrutas de Colombia”, consultado en:
https://www.mintransporte.gov.co/loader.php?!Servicio=Tools2&lTipo=descargas&Funcion=descargar&idFile=428
5
51 Ibídem.
26
Radicación: 250002336000201401011 02 (59.397)
Demandante: Consorcio CGR 003
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Asunto: Controversias contractuales
60. Se habrá de recalcar, dando un paso atrás, que en el proceso de selección que
dio lugar a la celebración del contrato sub lite, el consorcio CGR 003 demostró ser
experto en el área de la construcción, al cumplir los requisitos de habilitación fijados
en el pliego de condiciones, los cuales prescribían que los integrantes de esta forma
plural debían aportar el RUP con la actividad de “constructor” inscrita, en las
especialidades “2. obras sanitarias y ambientales; 4, edificaciones y obras de
urbanismo; 5. montajes electromecánicos y obras complementarias; 8. obras de
transporte –que incluía señalización y semaforización-; y 9. Servicios generales”52, y
la demostración de una capacidad residual de contratación mínimo de de 32.705
smmlv.
Sumado a lo anterior, para acreditar la experiencia requerida debían certificar haber
ejecutado 2 contratos terminados o en ejecución en los últimos 7 años anteriores a la
fecha de cierre del proceso de selección, que hubieren consistido en construcción,
rehabilitación, o adecuación de andenes, ciclorrutas, alamedas o plazoletas que
incluyeran redes subterráneas de servicios públicos diferentes a acometidas
domiciliarias, cuyo valor expresado en smmlv fuera igual o superior al 200% del valor
total del presupuesto oficial, siempre que el proponente los hubiere celebrado
directamente como contratista de una entidad pública colombiana, no como
subcontratista53.
En esa medida, los integrantes del consorcio CGR 003 tenían un amplio bagaje en el
manejo de obras como las relacionadas con el contrato que acá se estudia, y por ello
la importancia de la experiencia acreditada al momento de la selección; razón por la
cual, para ellos, no significó un hecho ajeno o imprevisto el manejo del tráfico para la
ejecución de las mismas, ni podía desconocer las vicisitudes o contratiempos
regulares que se pueden presentar en la aprobación de estos planes, tal como quedó
atribuido en el marco de la estructura obligacional del contrato, y sin que advierta la
Sala una circunstancia que desbordara su razonable previsión y la asunción de tal
obligación.
61. Bajo la Ley 769 de 2002 -Código Nacional de Tránsito- fue expedida la
Resolución 1050 de 2004, que adoptó el “Manual de Señalización Vial – Dispositivos
para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia” –
vigente para la época de los hechos que sustentan el sub lite-, el cual, entre otras
cosas, señaló como objetivos específicos de los PMT evitar la restricción u
obstrucción de los flujos vehiculares y peatonales, así como asegurar niveles de
operación aceptables, mediante la elaboración de un plan que tenga en cuenta la
magnitud de las interferencias previstas (mínimas, moderadas y altas), el
diagnóstico de las condiciones existentes, el manejo del tránsito vehicular, de
transporte público, de peatones y de vehículos pesados y la atención de los usuarios
y habitantes de la zona, cuya puesta en marcha impone “la previsión para ajustes en
campo del plan de manejo: si bien, el plan de manejo de tránsito debe implementarse
con anticipación al inicio de obras, este plan debe ser flexible y su evolución deberá
estar prevista, a través de los distintos estados progresivos de la obra,
52 Folios 22 y 23 del cuaderno 7.
53 Folio 35 del cuaderno 7.
27
Radicación: 250002336000201401011 02 (59.397)
Demandante: Consorcio CGR 003
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especialmente, cuando ésta ha sido programada para realizarse por etapas”54 (se
subraya).
62. En este orden de ideas, la modificación o adecuación de los PMT al estado actual
de la obra hace parte del normal trámite de éstos, dado el seguimiento que debe
realizarse a la evolución de la labor en construcción y la verificación de que el plan
proyectado desde el inicio se acompase o no a dicha realidad. De modo que la
certeza con la que cuenta el contratista no estriba en que el PMT se llevará a cabo
en el estricto orden como fue programado desde el comienzo, sino en que éste podrá
variarse en atención a la real y efectiva progresión de la obra, siempre bajo la guía y
orientación que estos planes profesan, que no es otra que mitigar el impacto
generado por las obras y asegurar que las restriciones en el flujo del tránsito sean las
mínimas.
63. En esa medida, se ratifica que no resultó una situación imprevista o
extraordinaria la falta de aprobación de los PMT de las manzanas ya referidas,
puesto que la negativa estuvo sustentada en la verificación del avance efectivo de la
obra y, así, en prevenir mayores restricciones en el tránsito de la zona intervenida,
decisión que, evidentemente, podía ser esperada por el contratista comoquiera que
conforme a la normatividad aplicable, se imponía que dicho plan debía ser flexible y
evolucionar de cara al real avance de la obra, situación que, como se vio, fue la que
sustentó las decisiones que negaron, en principio, la aprobación de algunos de los
PMT.
64. Por lo anterior, se constata que la alteración de los PMT, en los términos
aludidos, hacían parte del riesgo asumido por el contratista al suscribir el clausulado
obligacional que compone el contrato y el pliego de condiciones, circunstancia que
de ninguna manera constituye una circunstancia sobrevenida o intempestiva como
fue entendida por el a quo.
65. En línea con lo anterior, dado que al consorcio CGR 003 le correspondía soportar
los efectos de la demora en la aprobación de los PMT, que a todas luces no se
antojó sorpresiva como tampoco se dio bajo condiciones anormales, sustentado,
como se vio, en la verificación de la ejecución de la obra y la búsqueda de la menor
restricción del tránsito en la zona intervenida, no hay lugar a reconocer perjuicio
alguno por la mayor permanencia obra ocasionada a raíz de este evento, razón por
la cual se revocará la condena impuesta bajo este supuesto.
Sobre la consideración antes referida, la Sala concluye, de manera adicional, que el
acuerdo de prórroga constituyó realmente un mecanismo encaminado a mitigar los
efectos del trámite de aprobación de los PMT ante la evidencia que ofrecía el
contratista de no haberlos podido obtener como esperaba. De manera que su
celebración no puede ser considerada como la base de una reclamación válida por
mayor permanencia en obra, pues sería tal como desconocer el contrato, sus
54 Capítulo 4 del “Manual de Señalización Vial – Dispositivos para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras
y Ciclorrutas de Colombia”, consultado en:
https://www.mintransporte.gov.co/loader.php?!Servicio=Tools2&lTipo=descargas&Funcion=descargar&idFile=428
5.
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antecedentes y la asignación de obligaciones, roles y riesgos que las partes
válidamente pactaron.
Prórroga 2: fundamentada por la época decembrina
66. Sobre la ampliación del contrato por 45 días, en virtud del manejo de la época
decembrina, el Tribunal de primer grado manifestó que la contratante debía pagar los
costos irrogados al contratista con esta extensión del plazo, pues la protección de
intereses de terceros (comerciantes de la zona intervenida) no puede afectar la
situación particular del consorcio CGR 003. A su turno, el IDU indicó que no es cierto
que el contrato se hubiere suspendido y que lo que se acordó, mediante acta del 9
de noviembre de 2010, fue terminar los tramos en ejecución antes del 30 de
noviembre, para que los peatones pudiesen transitar con seguridad por dicha área.
67. Al respecto, a través de la prórroga 2, suscrita el 4 de marzo de 2011, las partes
acordaron ampliar “… el plazo de ejecución establecido en la cláusula novena del
contrato en CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO … CUARTA. - Las
demás cláusulas del contrato principal, no modificadas con la presente adición
continúan vigentes y surten los efectos legales que en ellas se fijen”55.
Como antecedentes de este acuerdo, la interventoría señaló, en escrito del 18 de
enero de 2011, que no se abrieron nuevos frentes de obra en virtud de la petición de
la comunidad por el trascurso del mes de diciembre y que era necesaria la ejecución
de mayores cantidades a las previstas inicialmente, como consecuencia de la
existencia de redes y ajustes propios, así como la adecuación de acceso a los
garajes y nivelación de cajas de las ESP, razón por la cual conceptuó de forma
favorable la solicitud del contratista de ampliar el plazo en 45 días y adicionar el valor
del negocio en $732’357.577, con el fin de terminar el objeto convenido56.
68. Sobre las actividades en la época de diciembre se observa que, el 3 de
noviembre de 2010, la comunidad del sector pidió no intervenir la carrera 13 entre
calles 78 y 80 durante el último mes del año; en virtud de dicha solicitud, las partes y
la interventoría se reunieron, como consta en el acta del 9 de noviembre de 2010,
cuyo objeto fue precisado como “continuación de las obras en temporada
decembrina”, en la cual trataron los siguientes temas:
“1. Respecto a (sic) los frentes que faltan por abrir … manifiesta que la posición
del IDU es no abrir nuevos frentes para la época de mediados de noviembre y
diciembre de 2010, ya que el impacto sobre el comercio sería bastante alto.
“2. Se busca así mismo liberar de manera definitiva, disminuyendo el impacto
sobre la comunidad, los frentes que a la fecha están en [palabra ininteligible] o
en etapa constructiva, antes del 30 de noviembre /10.
“3. En diciembre se debe garantizar movilidad peatonal y vehicular, para que
no se afecte el comercio del sector.
“4. El contratista dispondrá de manera proporcional de los recursos a medida
que la obra lo exija”57.
55 Folio 415 del cuaderno 2.
56 Folios 307 a 312 del cuaderno 8.
57 Folio 399 del cuaderno 2.
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69. A partir del informe semanal 54 de la interventoría, ésta comunicó al IDU que no
se iniciaron nuevos frentes de obra y que el contratista utilizó los recursos en
atención a las necesidades de los tramos que se encontraban abiertos58.
Luego, el 16 de noviembre siguiente, el IDU respondió la petición antes aludida, en el
sentido de señalar que encontró viable atender la solicitud de la comunidad, “toda
vez que es procedente acometer durante el período de noviembre y diciembre de
2010, la terminación de otros frente de obra actualmente en ejecución”59.
70. Asimismo, obra comunicación del 9 de diciembre de ese mismo año60, por medio
de la cual el consorcio GGR 003 pidió reconsideración a la interventoría sobre el
reconocimiento de mayores costos por permanencia en obra, dado que ésta fue
generada por la “instrucción de suspender actividades en la época decembrina con el
único propósito de favorecer la actividad de los comerciantes del sector y por
demoras en la aprobación de los PMT’s”61.
En respuesta a la anterior comunicación, la interventoría, en escrito del 11 de enero
de 2011, señaló que el valor a reconocer por mayor permanencia en obra está
cubierto por las remuneraciones pactadas en el contrato de obra, en específico
adujo:
“Por lo anterior, solo tendrá reconocimiento la gestión social que es la única
actividad que no depende del avance de la obra, tal y como se realizó en la
adición No. 1.
“2. En cuanto a los gastos administrativos incurridos por el contratista en la
temporada decembrina nos permitimos informar que el AIU está discriminado
así: Administración 27,2224%, Imprevistos:0% y Utilidad: 5%, razón por la cual
estos gastos deben estar incluidos en el 27,2224% correspondientes a la
administración.
“3. Por último, en comunicación CGR003-1655 de 2010, ustedes informaron
cual era el plan de contingencia a tomar durante el periodo del 4 de noviembre
de 2010 al 2 de enero de 2011, el cual no corresponde al personal relacionado
en la comunicación del asunto”62.
En el mismo sentido, en escrito del 3 de febrero de 2011 63, el IDU manifestó que
compartía la posición esgrimida por la sociedad interventora frente al reconocimiento
económico pedido por el contratista por la mayor permanencia en obra durante la
temporada decembrina, puesto que la forma de pago convenida en el contrato lo
cubre.
71. Visto el anterior recuento probatorio, la Sala colige que la prórroga 2 (4 de marzo
de 2011) se sustentó, además de los cambios en el cronograma por la
reprogramación de las obras en diciembre, en la necesidad de ejecutar mayores
cantidades respecto de las inicialmente convenidas. De modo que no es cierto que
58 Folio 308 del cuaderno 8.
59 Folio 223 del cuaderno 9.
60 Folios 295 y 296 del cuaderno 8.
61 Folio 295 del cuaderno 8.
62 Folio 305 del cuaderno 8.
63 Folios 206 y 207 del cuaderno 9.
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dicha ampliación de 45 días tuviera como único sustento la “suspensión de la obra
por la época decembrina”.
De hecho, al examinar en detalle lo acontecido, se advierte que la decisión conjunta
de las partes no se dirigió a suspender la obra durante diciembre, sino a reajustar la
programación prevista para ese lapso, en aras de trabajar en frentes distintos a los
establecidos para la carrera 13 entre calles 78 y 80, con el objeto de generar el
menor impacto en la comunidad de la zona intervenida, principalmente comerciantes
que verían afectados sus ingresos.
72. Así las cosas, al observar los antecedentes de las negociaciones que dieron
lugar a la referida prórroga y al contenido plasmado en esta última, no hay lugar a
acceder a las pretensiones relacionadas con este punto, comoquiera que
desconocen lo pactado en un negocio jurídico vinculante, en el cual se acordó que
sólo había lugar a extender el plazo contractual, sin alterar las demás cláusulas del
negocio primigenio, por cuanto, en virtud de las disparidades advertidas con
antelación a su suscripción, el contratista estaba en la capacidad de expresar su
reserva o salvedad, en torno a dicho pacto.
73. En otras palabras, (i) como las partes del contrato, con participación de la
interventoría, discutieron acerca de la solicitud del contratista relacionada con el
otorgamiento de una prórroga de 45 días acompañada de reconocimientos
económicos –según petición del 9 de diciembre de 2010–; y luego, (ii) la interventoría
conceptuó de manera desfavorable acerca de los mayores costos pretendidos por la
época decembrina –el 11 de enero de 2011–, (iii) respecto de la cual, la contratante,
en febrero de 2011, no halló viable en relación con los temas económicos, pero sí
respecto de mayor plazo requerido, advierte la Sala que tales discusiones previas
fueron llevadas al negocio jurídico suscrito el 4 de marzo de 2011, el cual revela, con
expresa claridad, que éstas acordaron únicamente prorrogar el plazo del contrato,
conservando los demás acuerdos y obligaciones, incluido el precio pactado, sin que
el contratista hubiese expresado algo distinto al suscribir tal negociación.
74. Por consiguiente, las pretensiones relativas a este supuesto deben negarse. Se
itera, no porque el contratista incumpliera una carga formal de dejar salvedades en
los instrumentos modificatorios, sino porque quedó vinculado y debe respetar los
acuerdos que logró con la entidad con el objeto de regular la ampliación del término
contractual, pacto en el que, pese a conocer el criterio desfavorable de la
interventoría y del IDU sobre el reconocimiento económico que pidió, se abstuvo de
manifestar inconformidad alguna sobre la materia. Contrario a ello, en expresión de
su voluntad, consintió en las condiciones alcanzadas en dicha negociación, las que
ahora no puede desconocer, relevándose a sí mismo de su propia manifestación
expresa, o buscando restar el efecto normativo de tal acuerdo al intentar eludir sus
omisiones.
75. Al lado de esto, está acreditado que la reprogramación de las obras por la época
decembrina no alteró de forma palmaria el avance del objeto convenido, puesto que
a mediados de noviembre se decidió conformar el andén en los predios con
nomenclatura Cra. 13 # 78-09, 78-17, 78-27, 78-37 y 78-47 -cuya demolición ya
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había sido realizada-, en aras de atender los requerimientos de la comunidad y
reanudar las obras en éstos a mediados de enero de 201164, intervalo durante el cual
se decidió continuar con los demás frentes en ejecución.
Este escenario evidencia que no es cierto que el contratista hubiere sido compelido a
dejar de desarrollar sus labores por aquella época y, por el contrario, sí prueba que
debió seguir desarrollando las tareas que le incumbían en atención a sus
obligaciones contractuales. De este modo, se colige que al contratista no se le exigió
paralizar su actuación, circunstancia que, en principio, le habría generado unos
gastos no presupuestados al inicio de la obra, sino que continuó con la ejecución de
los frentes, previo ajuste de su programación, hecho que ratifica que los costos que
suscribió por aquel momento fueron los normales, es decir, los calculados para el
avance del objeto pactado y conforme a una reprogramación acordada.
Suspensión por falta de recursos presupuestales
76. El a quo accedió a la condena de la contratante, con ocasión de la suspensión
del contrato por 24 días, a la espera de la “consecución de los recursos
presupuestales”65 necesarios para el pago de la adición de precio acordado. Por su
parte, el IDU sostuvo que la mencionada suspensión no trasgredió el principio de
planeación, pues la Ley 80 de 1993 permite adiciones de hasta un 50% del
presupuesto inicial, facultad que conlleva el trámite de la disponibilidad de los
recursos adicionados.
77. Examinado el expediente en relación con este supuesto, la Sala encuentra que el
contrato fue adicionado en dos oportunidades: a) la primera vez, mediante el acta 1
de mayores cantidades de obra66, con CDP 4990 del 9 de septiembre de 2010, por
un valor de $41’021.143 pesos; y, b) en una segunda oportunidad, por medio del acta
2 de mayores cantidades de obra67, por el monto de $732’357.577, esta última sin
registrar CDP al momento de su suscripción -11 de enero de 2011-.
Igualmente, como se mencionó en los antecedentes de la prórroga 2, la interventoría
conceptuó de forma favorable la adición de las mayores cantidades de obra
plasmadas en la referida acta 2.
78. Luego, a través de las actas 29 y 30 68 , del 4 y del 17 de febrero de 2011,
respectivamente, el negocio jurídico fue suspendido durante 14 y 10 días, es decir,
por un lapso de 24 días, “a la espera que durante el período de suspensión se cuente
con los recursos presupuestales para proceder a la legalización de la adición y
prórroga del contrato”69.
79. En este punto, vistos los antecedentes de la referida adición, acordada el 11 de
enero de 2011 según el instrumento ya referido, se observa que ésta tuvo sustento
64 Folio 322 del cuaderno 8.
65 Folio 498 del cuaderno principal.
66 Folios 126 a 128 del cuaderno 8.
67 Folios 314 a 316 del cuaderno 8.
68 Folios 406 a 410 del cuaderno 2.
69 Folio 407 del cuaderno 2.
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en la necesidad de ejecutar mayores cantidades de obra a las inicialmente previstas,
como lo reseñó la interventoría70, y como se observa, entre otras, en comunicación
MAB-1-028-0017-11, fechada el 11 de enero de 2011, en que la interventoría indicó
al contratista lo siguiente (se transcribe literal con eventuales errores):
“Tal y como se le había informado en el comité del día 6 de enero de 2011, el
proceso de revisión de las cantidades presentadas por ustedes ha sido muy
dispendioso, toda vez que, en la información entregada por ustedes, están
relacionando cantidades con base en los cortes de los maestros mezcladas con
las actas parciales de obra. Es tal la situación que, a pesar de que se trabajó en
conjunto con su personal toda la semana pasada … solamente se ha podido
revisar el ítem de excavaciones y sardineles, ya que su información está muy
dispersa.
“Asimismo, le aclaramos que esta información se le ha estado solicitando en
varias oportunidades, y solamente hasta el 30 de diciembre de 2010, entregaron
una sábana con información disgregada, sin ajustarse a los ítems contractuales,
repitiéndose en muchas oportunidades las actividades, al parecer por las
condiciones en las cuales fueron ejecutadas por sus contratistas.
“Por lo anterior, le solicito contar con una información consolidada y organizada
de tal manera que la revisión sea más ágil, ya que debemos dar una pronta
respuesta al IDU sobre la posible adición presupuestal por mayores cantidades
de obra, situación que ustedes manifestaron en el último comité que se va ha
(sic) dar, pero los soportes entregados no son lo suficientemente claros para
soportar dicha afirmación”71 (se subraya).
80. Lo anterior revela que el 6 de enero de 2011, y aun el mismo 11 de enero
siguiente –según da cuenta el oficio transcrito–, la interventoría y el contratista
avanzaban en un proceso de revisión, verificación y validación de mayores
cantidades de obra, tarea que se advierte, venía siendo compleja dada la dispersión
de la información entregada por el contratista a la interventoría para tales efectos,
situación que impedía confirmar al IDU la necesidad o no de contar con una adición
presupuestal.
Al lado de lo anterior, a pesar de la claridad del hecho referido, advierte la Sala que
no hay explicación alguna, salvo para indicar que debió ser por falencias de
digitación, que la fecha del formato en el que se suscribió el acta de mayores
cantidades de obra fuera la misma del oficio en que la interventoría señalaba que esa
tarea estaba sin culminar pues hasta ese momento “solamente se ha[bía] podido
revisar el ítem de excavaciones y sardineles”.
81. Más allá de esta mención, lo cierto es que mediante comunicación del 18 de
enero de 2011 la interventoría conceptuó favorablemente sobre tal adición, de
manera que durante el mes de diciembre de 2010 y parte de enero de 2011,
interventoría y contratista estuvieron dedicados a analizar y validar las mayores
cantidades que requería la obra y, para ello, acordaron en una primera etapa
efectuar su estimación y cuantificación para, en un segundo momento y de resultar
necesario, iniciar los trámites presupuestales pertinentes. Así, en virtud de dicho
70 Folios 307 a 309 del cuaderno 8.
71 Folio 259 del cuaderno 9.
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acuerdo, resultó necesario y conveniente para ambas partes suscribir una
suspensión en orden a la consecución de recursos.
82. De igual manera, para el momento en que se acordó la aludida adición -ya fuera
11 o 18 de enero 2011- restaba menos de un mes para finalizar el plazo contractual,
lo que ocurriría el 8 de febrero de ese mismo año72; en tal escenario, era claro para
contratante y contratista que el aumento de recursos para cubrir las mayores
cantidades de obra involucraría necesariamente la observancia de los trámites
presupuestales requeridos en la ley para el efecto, comoquiera que “[n]ingún órgano
del Presupuesto General de la Nación podrá efectuar gasto público con cargo al
Tesoro o transferir crédito alguno que no figure en el presupuesto, o en exceso del
saldo disponible, para lo cual, previo a contraer compromisos, se requiere la
expedición de un certificado de disponibilidad presupuestal”73, gestiones que si bien
son del resorte exclusivo de la entidad contratante, en el caso concreto hacen
evidencia de la unidad de designio y gestión de las partes en completar la obra y en
contar con el presupuesto para las mayores cantidades requeridas.
En otras palabras, a la par que el contratista contó con un amplio lapso para
sustentar las mayores cantidades y pedir la adición de recursos al contrato, su
interés fue proyectado en el acuerdo que suscribió con la entidad contratante para
que, al suspender el contrato, ésta lograra la apropiación de los recursos que el
contratista ejecutaría por valor superior a los $730’000.000 m/cte; además, ante la
inminencia en el vencimiento del plazo negocial acordado.
83. Así las cosas, el contexto en que se celebró la suspensión del contrato pone al
descubierto que las partes llenaron de contenido y sellaron la finalidad pretendida en
dicho instrumento, en un acto voluntario de corresponsabilidad que las unió; de
suerte que la citada suspensión no resultó en un aspecto inesperado para el
contratista, sino pretendido por éste y la entidad, con miras a detener el vencimiento
del plazo y lograr los recursos adicionales.
84. Si no fuera suficiente lo dicho, se agrega que, derivado de la experiencia del
Consorcio en el ámbito de la contratación con el Estado, no le resultaba ajeno o
sorpresivo el conocimiento sobre el trámite de dichos requerimientos en materia
presupuestal, menos aun cuando asintió en suspender el contrato con el propósito
expreso de que la entidad continuara el trámite de consecución de recursos,
justamente para adecuarse a los trámites que eran requeridos, conforme al acta de
mayores cantidades.
Por lo mismo, tampoco se considera que el tiempo utilizado en la gestión
mencionada se edifique como un incumplimiento del IDU, pues contrario a lo aducido
por el a quo, la suspensión fue el mecanismo adoptado de consuno por las partes
para el logro de la finalidad presupuestal anotada y en el que ambas estuvieron
comprometidas en sus propósitos y fines. Ni siquiera en perspectiva de la lógica llana
sería razonable suscribir un acta de mayores cantidades sin respaldo en un CDP
72 Folio 314 del cuaderno 8.
73 Artículo 18 del Decreto 4730 de 2005.
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para que, al mismo tiempo la entidad se colocara, por tal hecho, en situación de
incumplimiento, y el contratista en estado de afectación, asumiendo ingenuamente
mayores costos por tal suspensión.
85. En esa medida, por el conocimiento de ambas sobre las gestiones
presupuestales que se debían adelantar, la ausencia de manifestación sobre los
mayores costos que se ocasionarían al contratista con las mencionadas
suspensiones, y la buena fe que debe profesar la conducta de los sujetos en el curso
negocial, son razones que impiden hacer reconocimiento alguno por el supuesto en
estudio, comoquiera que ello desconoce la conducta desplegada por el contratista y
los acuerdos que suscribió; por lo dicho, también se revocará la condena impuesta
en primer grado por este concepto.
86. La conclusión antes referida no se involucra en valorar si la Administración podía
o no comprometer su voluntad sin contar con la disponibilidad presupuestal
correspondiente, pues en esa materia es claro que ello no es procedente. De lo que
se trata es de verificar si están dados los supuestos de un incumplimiento
contractual, asunto que difiere del análisis de los acuerdos surgidos entre las partes;
y, aunque en sus bases esté presente tal irregularidad, ésta no constituye por sí
misma una situación que active la responsabilidad contractual reclamada, tal como lo
quiso entender el tribunal.
También debe precisar la Sala que la interpretación que se da a los hechos no
significa que se avalen acciones de la Administración que omitan la ley y los
reglamentos, el punto a verificar es si en el acuerdo que llevó a la suspensión del
contrato para la consecución de recursos presupuestales, verdaderamente el
contratista debió asumir una carga que no le correspondía, la que, como se ha
reseñado, no ocurrió, pues aceptó asumirla con su activo concurso.
Reducción del objeto contractual y la consecuente afectación de la utilidad
esperada por el contratista
87. Respecto de este cargo, el a quo afirmó que la reducción del objeto convenido
por no contar con los recursos suficientes para cumplir cabalmente con éste denota
un incumplimiento por parte de la contratante que afectó la utilidad que dejó de
percibir el consorcio CGR 003 y que tasó en la suma de $28’321.843,
correspondiente al porcentaje del 7,02% del contrato que se dejó de ejecutar.
Por otra parte, el IDU aseveró que no se excluyó la ampliación o renovación de las
redes de servicios públicos, por cuanto no se contempló a cargo de la contratante ni
del contratista la ejecución de dicha prestación y que, en todo caso, no se redujo la
utilidad esperada por el consorcio, ya que prácticamente ejecutó el 100% de los
recursos inicialmente pactados.
88. En relación con este reparo resulta primordial indicar que el alcance de la obra
contratada era “la construcción de los andenes faltantes del sector 1 (sector Zona
Rosa Calle 77 y Avenida calle 85, Avenida Paseo el Country (AK15) y Avenida
Germán Arciniégas (AK11) y contratar la construcción del espacio público de la calle
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76 entre la Avenida Paseo el Country (AK15) hasta la Avenida Caracas (AK14),
adecuación de redes y todo aquello que se requiera para dar cumplimiento a la fase
de construcción”74. Así mismo, en el capítulo 1 del pliego de condiciones, se
especificó que se ejecutarían los ítems de cantidades requeridas para el traslado,
renovación, reconstrucción, contrucción o rehabilitación de redes de servicios
públicos, siempre que éstos fueran necesarios para la cabal ejecución del objeto
convenido y no se requirieran por razones imputables al contratista75.
A su vez, el presupuesto oficial de la contratación estaba conformado por dos
proyectos, los identificados con los códigos de obra 406 y 414, en ambos se
determinó un presupuesto oficial total para las obras de redes sin incluir AIU
($1’532.090.579 –código 406- y $154’464.639 –código 414-) y el valor de AIU para
obras de redes ($503’751.382 –código 406- y $50’787.973 –código 414-)76.
89. En el curso contractual, mediante comunicación del 21 de junio de 2010, la
sociedad interventora indicó que el contratista presentó solicitud de adición de obras
para el proyecto 406, en donde estableció que el valor faltante de obras de redes
(incluido AIU) era de $460’949.392 y que tal incremento obedeció a las solicitudes de
las ESP77. En respuesta de la anterior petición, el IDU, a través de oficio del 28 de
junio siguiente, manifestó:
“… me permito manifestarle que pese a la gestión adelantada por parte de esta
dirección Técnica, no se viabilizó la apropiación presupuestal requerida para
ejecutar dentro del alcance del contrato IDU-027-2009, la ampliación y/o
renovación de las redes de servicios públicos de acuerdo con lo previsto en los
estudios y diseños y de acuerdo con lo solicitado por las diferentes empresas de
servicios públicos (Codensa, ETB, EPM, EAAB).
“Así las cosas, y bajo el entendido, (sic) de acuerdo con lo informado por
contratista e interventor, que con los recursos actuales del contrato se cumpliría
en su totalidad la meta física de construcción de andenes, siendo necesario
excluir la ejecución de las ampliaciones y/o renovaciones de las redes de
servicios públicos (tanto secas como húmedas), consideramos procedente la
exclusión de dichas actividades, para los segmentos que están próximos a
iniciar”78.
90. En igual medida, al examinar el balance final detallado en el acta de liquidación –
visible en el acápite de “el contrato de obra”-, se observa que el valor total del
contrato fue presupuestado en $7.915’261.176 y el valor real ejecutado ascendió a
$7.891’551.946, es decir, existe una diferencia de $23’709.230 entre dichas cifras.
Todo lo anterior conduce a la Sala a aseverar que, pese a que la entidad no viabilizó
la renovación y/o construcción de redes de servicios públicos en un sector de la obra
contratada, por las razones anotadas, lo cierto es que ésto no alteró las utilidades
previstas por el contratista, no sólo por la mínima diferencia entre el presupuesto
original y el ejecutado, sino porque al tratarse de un contrato a precios unitarios,
donde el valor inicial es apenas indicativo de un monto estimado del contrato, las
74 Folio 74 del cuaderno 7.
75 Folio 193 del cuaderno 7.
76 Folios 8 y 9 del cuaderno 7.
77 Folios 265 y 266 del cuaderno 9.
78 Folios 263 y 264 del cuaderno 9.
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mayores o menores cantidades de obra son las que definen el valor final del contrato;
y, en todo caso, bajo el sub lite, hubo casi una identidad entre el valor del
presupuesto original y el ejecutado.
91. En este sentido, dado que la finalidad de este cargo se inscribe en el marco
económico relacionado con el concepto de utilidad –la que el consorcio CGR003
reclama como dejada de percibir por la reducción del objeto contractual– y ante la
advertencia de que la expectativa inicial de utilidad no fue truncada por la diferencia
de $23’709.230 entre el presupuesto inicial y el finalmente ejecutado, resulta forzoso
concluir que esta súplica no tiene vocación de prosperidad por la falta de acreditación
de la disminución patrimonial esperada por la parte actora.
Con base en lo expuesto, no hay lugar a analizar la indemnización de perjuicios
ordenada por el a quo, dado que ninguno de los cargos que la sustentaron prospera
en el juicio de esta instancia.
92. Finalmente y en aras de examinar la totalidad de reparos que sustentaron la
alzada, respecto de la supuesta configuración de un conflicto de intereses del
dictamen pericial rendido por Intersa S.A., dado que dicha sociedad también funge
como contratista de la entidad accionada, resulta imperioso destacar que (i) el
escenario reseñado por el IDU debe debatirse a través de una tacha al perito, por
“tener interés, directo o indirecto, en la gestión o decisión objeto del proceso”, tal
como lo prescribe el artículo 219 del CPACA y, (ii) el recurso de alzada no constituye
la oportunidad procesal adecuada para formular esta censura, toda vez que la norma
ya aludida establece que “cuando el dictamen pericial sea aportado por las partes, la
tacha deberá ser formulada antes de la realización de la audiencia siguiente a la
aportación del dictamen y se decidirá en esta”.
93. En el curso de la audiencia inicial, acontecida el 22 de noviembre de 2016, el a
quo decretó la referida prueba pericial, bajo el entendido que dicha carga debía ser
asumida por la parte solicitante, es decir, aportada por la parte actora, para lo cual
decidió otorgarle el término de 10 días para la presentación de ésta, plazo a cuyo
vencimiento dispuso correr traslado de dicho medio probatorio a la contraparte y al
Ministerio Público, para que presentaran las objeciones que correspondieran79. Así,
a) el 6 de diciembre de 201680, la parte demandante aportó el dictamen pericial
rendido por Intersa S.A., b) el 7 de febrero de 2017, el IDU descorrió el traslado de
dicho medio probatorio, sin formular argumento alguno sobre la supuesta
configuración del conflicto de intereses81 y, c) en esta última fecha, 7 de febrero de
2017, se celebró la audiencia de pruebas prevista en el artículo 181 del CPACA82.
Lo anterior, muestra con claridad que el IDU no presentó la tacha en el momento
procesal que le correspondía, por cuanto omitió pronunciarse sobre ésta antes de la
realización de la audiencia de pruebas que se surtió el 7 de febrero de 2017; por
ende y ante la ausencia de tal reproche en la oportunidad legal prevista para tal fin,
79 Minuto 26:58 cd audiencia inicial -obrante a folio 327 del cuaderno 1-.
80 Folio 396 del cuaderno 1.
81 Folios 415 a 418 del cuaderno 1.
82 Folios 434 a 442 del cuaderno 1.
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no hay lugar a examinar los motivos que conduzcan a cuestionar a Intersa S.A. en su
calidad de auxiliar de la administración de justicia -perito-, como un sujeto idóneo,
imparcial, con suficiencia, habilidad y experiencia en la materia cuya tarea se
encomienda -artículo 47 del CGP-.
Costas
94. En los términos del artículo 188 del CPACA, la liquidación y ejecución de la
condena en costas se sujetará a las reglas previstas en el Código General del
Proceso, normativa que establece, en su artículo 365, numeral 4, que se condenará
en costas por ambas instancias a la parte vencida, “cuando la sentencia de segunda
instancia revoque totalmente la del inferior”, escenario que se configuró en el sub lite.
95. Por lo anterior, se condena a la parte actora a pagar el valor de los costas
impuestas en primera instancia en el monto de SETECIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($759.248) y se
fijan las agencias en derecho, para esta instancia, en la suma de CUATRO
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA
PESOS M/CTE ($4’255.380) a favor de la demandada, cifra que equivale al 1% de
las pretensiones que fueron presentadas en este proceso por la parte demandante
(la suma de $425.538.714,76), es decir, que no supera el 5% sobre las pretensiones,
límite máximo para la tasación de las costas en segunda instancia, según lo
establece el Acuerdo 1887 de 2003; por ende, por ambas instancias, le corresponde
a la actora pagar la suma de CINCO MILLONES CATORCE MIL SEISCIENTOS
VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($5’014.628).
IV. PARTE RESOLUTIVA
96. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
REVOCAR la sentencia del 8 de marzo de 2017 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, y, en su lugar, se
dispone:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: CONDENAR en costas, por ambas instancias, a la parte actora, a favor
del IDU, por la suma de CINCO MILLONES CATORCE MIL SEISCIENTOS
VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($5’014.628).
Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo.
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TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE83
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
V.F
83 Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se
suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado
digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
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