Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2014-01372-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2014-01372-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2014-01372-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
4 de septiembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 25000-23-36-000-2014-01372-01 (61.273)
Actor: Rafael Ricardo Rosales Bolívar y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Medio de control de reparación directa
Temas: CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - El término de
caducidad empieza su cómputo desde la fecha de conocimiento del hecho dañoso
o desde el conocimiento de la posible participación del Estado en el mismo.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
Se demanda la reparación de los daños causados por el homicidio de un ciudadano
por miembros de un grupo armado ilegal con la supuesta colaboración de un agente
del Ejército Nacional.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 24
de enero de 2018, mediante la cual decidió la demanda de reparación directa
presentada el 12 de septiembre de 20141 por Luz Marina Bolívar Jiménez (esposa),
Johana Alexandra, Adriana Mariana y Rafael Ricardo Rosales Bolívar (hijos) y
Álvaro Rosales Orozco (hermano), contra la Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional, con el fin de que se le declarara patrimonialmente responsable
por el homicidio del señor Ricardo Rosales Orozco, en hechos ocurridos el 16 de
febrero de 2003 en la ciudad de Tunja y se la condenara al pago a su favor de una
indemnización por concepto de perjuicios morales, materiales, daño a la vida de
relación y afectación a derechos constitucional y convencionalmente amparados2.
1
Folios 6-61 c. ppal.
2
Solicitó que a cada uno de los demandantes se le reconociera la suma equivalente a mil (1.000) SMLMV por concepto de
perjuicios morales; por concepto de perjuicios materiales la suma global de $923’957.838,04 m/cte.; el valor equivalente a
seiscientos (600) SMLMV para cada uno de los demandantes por la violación de bienes constitucionalmente protegidos; la
suma de cuatrocientos ochenta y un (481) SMLMV para cada uno de los demandantes por daño a la vida de relación; y la
adopción de las siguientes medidas de satisfacción y garantía de no repetición: (i) acceso a tratamiento médico y psicológico
para los demandantes; (ii) adopción de un mecanismo para apoyar el plan de vida de las víctimas que incluyera plan de
trabajo para su manutención, (iii) acto de reconocimiento público de responsabilidad y perdón y un acto conmemorativo; (iv)
investigar y sancionar a los miembros de las fuerzas militares involucrados en los hechos; (v) publicación de la sentencia en
un periódico regional y/o uno nacional de amplia circulación y en las instalaciones y páginas web oficiales de los despachos
respectivos.
Radicación: 25000-23-36-000-2014-01372-01 (61.273)
Actor: Rafael Ricardo Rosales Bolívar y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Medio de control de reparación directa
2. Como fundamento fáctico de la demanda se narró que el 16 de febrero de 2003,
el señor Ricardo Rosales Orozco fue ultimado con arma de fuego por miembros de
las autodenominadas Autodefensas Campesinas del Casanare -ACC- en la vía que
de Tunja conduce a Cucaita, Boyacá, hecho que hizo parte del contexto de
homicidios selectivos o mal llamados “limpieza social”.
3. Se indicó que el 13 de julio de 2012, el Juzgado Penal del Circuito Especializado
de Tunja condenó a Luis Eberto Díaz Molano, quien para la época de los hechos
era agente de inteligencia del B2 del Ejército Nacional, como coautor responsable
del homicidio agravado del señor Rosales Orozco, sentencia confirmada el 30 de
mayo de 2013 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja – Sala Penal.
4. Según la demanda, el mentado militar era miembro activo de la organización
criminal que le ocasionó la muerte al señor Rosales Orozco y a otras personas en
la región. Ese agente del Estado fue quien dio la orden de asesinarlo “por
supuestamente tener fama de ladronzuelo”, para lo cual se valió de la información
logística a la que tenía acceso en razón de sus labores de inteligencia; además dotó
de armas y vehículos a dicha organización para cometer tales crímenes, todo lo cual
configuró una falla del servicio del Ejército Nacional, constitutiva además de una
grave violación de derechos humanos.
La defensa
5. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional se opuso a la prosperidad
de las pretensiones, para cuyo efecto propuso las excepciones de (i) hecho
exclusivo y determinante de un tercero, pues la muerte del señor Rosales Orozco
solo resultaba imputable a un grupo armado ilegal y, (ii) culpa personal del agente,
en tanto la actividad delictiva del uniformado Luis Eberto Díaz Molano no guardó
relación directa con sus funciones, sino que obró dentro de su esfera privada como
miembro de un grupo armado al margen de la ley, sin que existiera relación con el
servicio. Finalmente, se opuso a la indemnización deprecada en la demanda3.
3
Folios 101-111 c. ppal. 1.
2
Radicación: 25000-23-36-000-2014-01372-01 (61.273)
Actor: Rafael Ricardo Rosales Bolívar y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Medio de control de reparación directa
6. Surtida la etapa probatoria 4 , en sus alegatos, la institución demandada
replicó los argumentos propuestos en la contestación de la demanda5, mientras que
la parte demandante solicitó que se declarara la responsabilidad agravada del
Estado por graves violaciones a derechos humanos6.
La sentencia de primera instancia
7. Al resolver el conflicto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la
responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, en los
siguientes términos (se transcribe de manera literal):
“PRIMERO: DECLARAR la responsabilidad administrativa y patrimonial de la
Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, por los perjuicios causados
a los accionantes con el homicidio de Ricardo Rosales Orozco, de acuerdo a
los argumentos expuestos en la presente providencia, y en consecuencia.
SEGUNDO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional a pagar a favor de los demandantes por concepto de perjuicios
morales la suma de cuatrocientos cincuenta (450) salarios mínimos legales
mensuales vigentes a la ejecutoria de la presente providencia, distribuidos así:
Beneficiarios Calidad Monto
Luz Marina Bolívar Jiménez Cónyuge 100 SMLMV
supérstite
Johana Alexandra Rosales Bolívar Hija 100 SMLMV
Adriana Mariana Rosales Bolívar Hija 100 SMLMV
Rafael Ricardo Rosales Bolívar Hijo 100 SMLMV
Álvaro Rosales Orozco Hermano 50 SMLMV
Total 450 SMLMV
TERCERO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional a pagar a favor de los demandantes por concepto de perjuicios
4
En audiencia inicial llevada a cabo el 20 de octubre de 2016 se determinó lo siguiente: PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA:
Documentales. las aportadas con la demanda. Solicitud de oficios. Oficiar al Juzgado Penal del Circuito Especializado de
Tunja para que aporte copia auténtica de la totalidad del expediente No. 15001310100120100006 adelantado en contra de
Luis Eberto Díaz Molano; Oficiar a la Procuraduría Delegada para Asuntos Disciplinarios para que certifique si adelantó
investigación disciplinaria en razón del asesinato de Ricardo Rosales Orozco. Testimoniales. De los señores Jorge Alberto
Malaver Molano, Dany Arturo Quintero Rojas, Laura Yasmín Munevar Amezquita, Stella Suárez de Rosales. PRUEBAS DE
LA PARTE DEMANDADA: Oficiar a la Dirección de Prestaciones Sociales del Ejército Nacional para que allegue el expediente
prestacional correspondiente a Luis Eberto Díaz Molano y Oficiar a la Dirección de Personal del Ejército Nacional para que
aporte la hoja de vida de Luis Eberto Díaz Molano, su expediente administrativo y la certificación de las funciones que debía
cumplir. (Folios 168-171 c. ppal. 1). En el proceso se practicaron las siguientes pruebas: (1) Extracto de hoja de vida del
señor Luis Eberto Díaz Molano. (2) Constancia y certificación expedidas por el Oficial Sección Atención al Usuario DIPER. (3)
Orden administrativa de personal No. 001190 del 25 de noviembre de 1999. (4) Orden administrativa de personal Comando
Ejército No. 1015 del 31 de enero de 2004. (5) Testimonios rendidos por los señores Jorge Alberto Malaver Molano, Dany
Arturo Quintero Rojas y Stella Suárez de Rosales. (6) Oficio No. 0653 del 8 de marzo de 2017 suscrito por el Comandante
del Batallón de Inteligencia Militar No.5. (7) Expediente prestacional No. 49958 del 18 de junio de 2004 a nombre del señor
Luis Eberto Díaz Molano. (8) Cédulas de ciudadanía y registros civiles de nacimiento de los demandantes. (9) Partida de
matrimonio de la señora Luz Marina Bolívar Jiménez y Ricardo Rosales Orozco. (10) Declaraciones extrajuicio rendidas por
Jorge Alberto Malaver Molano, Lucinio Bolívar Jiménez y María Eugenia Bolívar en junio de 2013. (11) Certificado de ingresos
y retenciones año gravable 2000, del señor Ricardo Rosales Orozco. (12) Factura de venta No. 3907 expedida por la Funeraria
San Francisco correspondiente al servicio fúnebre para el señor Ricardo Rosales Orozco, por valor de $1’115.000. (13)
Sentencia del 13 de julio de 2012 expedida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Distrito Judicial de Tunja en la
causa seguida en contra del señor Luis Eberto Díaz Molano. (14) Sentencia del 30 de mayo de 2013 proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Tunja – Sala Penal en la causa seguida en contra del señor Luis Eberto Díaz Molano. (15)
Copia del expediente penal con causa No. 1500131070012010-006 adelantado en contra del señor Luis Eberto Díaz Molano
por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado en 23 cuadernos. (16) Copia del expediente del
proceso disciplinario No. 008-103553-04 seguido por la Procuraduría Delegada de Derechos Humanos en contra del señor
Luis Eberto Díaz Molano y otros por presunta colaboración con grupos armados ilegales en Boyacá.
5
Folios 399-405 c. ppal. 1.
6
Folios 406-418 c. ppal. 1.
3
Radicación: 25000-23-36-000-2014-01372-01 (61.273)
Actor: Rafael Ricardo Rosales Bolívar y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Medio de control de reparación directa
materiales en razón de lucro cesante la suma de ciento noventa y ocho millones
seiscientos noventa y dos mil sesenta y dos mil (sic) pesos m/cte.
($198.692.162,00), distribuidos así:
Nombre TOTAL
Lucro cesante consolidado a favor de Luz Marina $104.416.743,oo
Bolívar Jiménez
Lucro cesante futuro a favor de Luz Marina Bolívar $52.268.021,oo
Jiménez
Lucro cesante consolidado a favor de Johana $19.174.377,oo
Alexandra Rosales Bolívar
Lucro cesante consolidado a favor de Adriana $13.642.960,oo
Mariana Rosales Bolívar
Lucro cesante consolidado a favor de Rafael $9.190.061,oo
Ricardo Rosales Bolívar
TOTAL $198.692.162,oo
CUARTO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
a pagar a favor de Álvaro Rosales Orozco por concepto de perjuicios materiales
en razón de daño emergente la suma de dos millones sesenta y un mil
seiscientos cincuenta y nueve pesos con veintiséis centavos (2’061.659,26).
QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, de acuerdo a las
razones expuestas en el presente fallo.
SEXTO: CONDENAR en costas de primera instancia a la Nación – Ministerio
de Defensa – Ejército Nacional, incluyendo como agencias en derecho el
equivalente al 4% del valor reconocido en la presente providencia, suma que
deberá ser liquidada por la Secretaría de la Sección, en los términos del artículo
366 del Código General del Proceso.
SÉPTIMO: La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional deberá dar
cumplimiento a la presente sentencia de acuerdo a lo dispuesto en el artículo
187 y el inciso 3 del artículo 192 del CPACA.
OCTAVO: De no ser apelada la sentencia, una vez ejecutoriada esta
providencia ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones secretariales de
rigor”.
8. Para arribar a dicha decisión, sostuvo que si bien era cierto que el homicidio del
señor Ricardo Rosales Orozco fue ejecutado materialmente por integrantes de un
grupo ilegal y externo a la institución castrense, también lo era que en el proceso
penal se acreditó que el Cabo del Ejército Nacional Luis Eberto Díaz Molano fue
quien dio la orden de asesinarlo, en el marco de un plan denominado “limpieza
social”, dirigido contra la población civil y que resultó en el homicidio de varias
personas bajo la orden del ex agente del Ejército durante el año 2003. Por esta
razón, concluyó que los hechos fueron constitutivos de un delito de lesa humanidad
en los que tuvo participación un miembro activo del Ejército Nacional.
9. En cuanto respecta a la excepción propuesta por el Ejército Nacional consistente
en la culpa personal del agente, el a quo determinó que el exagente Díaz Molano,
actuó como parte de las Autodefensas Campesinas del Casanare prevalido de su
4
Radicación: 25000-23-36-000-2014-01372-01 (61.273)
Actor: Rafael Ricardo Rosales Bolívar y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Medio de control de reparación directa
condición de militar y en ejecución de su servicio, de manera que se aprovechó de
su posición dentro de la institución castrense para recolectar y suministrar
información, vehículos y armas e, incluso, para ordenar la ejecución de homicidios
selectivos; actividades que además le generaron privilegios dentro de aquél grupo
paramilitar, circunstancia que acreditaba el nexo con el servicio y, por lo tanto, surgió
para el Estado el deber de reparar los perjuicios causados a los actores7.
II. EL RECURSO INTERPUESTO
Sustentación del recurso de apelación
10. La parte demandante cuestionó la sentencia de primera instancia frente a la
liquidación de perjuicios realizada por el a quo. Sobre los perjuicios morales, adujo
que los valores otorgados no se ajustaron a la parte motiva de la sentencia que
declaró la configuración de un crimen de lesa humanidad y la responsabilidad
agravada del Estado, razón por la cual se debió procurar una mayor indemnización,
en aplicación de la regla de excepción que contempla una suma de hasta 300
SMLMV para los padres y 150 SMLMV para hermanos.
11. En cuanto concierne a los perjuicios materiales, señaló que el a quo no tuvo en
cuenta el certificado de ingresos y retenciones del señor Rosales Orozco, a pesar
de que éste estaba firmado por la DIAN y daba cuenta de que la suma que
devengaba la víctima al momento de los hechos ascendía a $2’200.000, valor mayor
al del salario mínimo legal mensual con el cual se realizó la liquidación del lucro
cesante. Sobre este punto, arguyó que el Tribunal debió tener en cuenta los criterios
de flexibilización probatoria para este tipo de casos de graves violaciones a
derechos humanos por lo que, en función de los principios de justicia, equidad y
reparación integral, pidió aplicar la figura del acrecimiento con base en la
jurisprudencia de unificación al respecto.
12. Finalmente, en relación con las medidas de reparación integral: (i) adujo que el
otorgamiento de las medidas de rehabilitación solicitadas en la demanda era
ineludible para el diagnóstico y el acceso a un tratamiento médico profesional para
los demandantes, en tanto se trató de una grave violación a derechos humanos, de
manera que el juez no podía basarse en la ausencia de prueba de un “padecimiento
mental” para negarlas; (ii) solicitó que se ordenara que el acto de reconocimiento
público de responsabilidad decretado por el a quo, fuera realizado por un funcionario
de alto nivel de la entidad demandada y con la participación activa de los
demandantes, y (iii) señaló que la publicación de la sentencia que resolviera el
asunto no podía ser en su integridad como lo ordenó el Tribunal, pues en virtud de
la protección del derecho a la intimidad de los demandantes, debía ordenarse sólo
la publicación de lo discurrido sobre las circunstancias de hecho y la declaración de
responsabilidad de la demandada, no así, los montos otorgados a título de
reparación8.
13. Surtido el término de traslado para alegar de conclusión, la institución
demandada reiteró que se configuró la causal de exoneración consistente en la
7
Folios 419-454 c. del Consejo de Estado.
8
Folios 464-476 c. del Consejo de Estado.
5
Radicación: 25000-23-36-000-2014-01372-01 (61.273)
Actor: Rafael Ricardo Rosales Bolívar y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Medio de control de reparación directa
culpa personal del agente 9 , mientras que la parte demandante insistió en los
argumentos planteados en el recurso de apelación10.
14. El Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia recurrida con base en el
principio de no reformatio in pejus, debido a que se trató de apelante único; sin
embargo, dirigió la totalidad de su argumentación a establecer la configuración de
la causal de exoneración de culpa personal del agente, pues el comportamiento del
militar Luis Eberto Díaz Molano constituyó un acto personal, individual y autónomo,
que no podía comprometer la responsabilidad patrimonial de la institución
demandada11.
15. El 10 de julio de 2023 se profirió auto para mejor proveer12, mediante el cual se
dio traslado a la parte demandante para que expusiera los motivos que le impidieron
acudir a esta jurisdicción antes de la fecha en que presentó la demanda, teniendo
en cuenta que las reglas determinadas en la sentencia de unificación del 29 de
enero de 2020 fueron adoptadas con posterioridad a la fecha de presentación del
libelo inicial13. En cumplimiento de tal encargo, la parte actora propuso los siguientes
planteamientos:
a. A pesar de que el hecho ocurrió en febrero de 2003, los accionantes
solo tuvieron “plena certeza” de la participación de agentes del Ejército
Nacional hasta cuando se ejecutorió la sentencia de segunda instancia
del proceso penal en la que se condenó a un exagente del Estado.
b. Con anterioridad a esa fecha, los demandantes no tenían indicios
“serios” para demandar al Estado, pues incluso en la indagatoria
practicada en mayo de 2009, al señor Díaz Molano negó su
responsabilidad en los hechos.
c. En las declaraciones que los demandantes rindieron en ese proceso
“no hicieron alusión alguna sobre la presunta participación o la
responsabilidad de algún militar [énfasis del texto original] en el hecho
dañoso”, lo que denota que no tenían certeza sobre la participación del
Estado en el mismo.
d. Las víctimas se constituyeron como parte civil en el proceso penal el
9 de mayo de 2013, es decir, varios meses después de que se profirió la
sentencia de primera instancia, por manera que no estaría caducada la
acción si se contabiliza desde esa fecha.
9
Folios 555-557 c. del Consejo de Estado.
10
Folios 558-573 c. del Consejo de Estado.
11
Folios 574-588 c. del Consejo de Estado.
12
Dicho proveído se expidió en observancia a que en determinadas situaciones, en las que el operador judicial pueda advertir
un compromiso de caducidad frente a la presentación de la demanda en casos en que se analiza la eventual responsabilidad
del Estado por violaciones graves a derechos humanos -asunto sobre el que versa la unificación de enero de 2020-, resulta
procedente como medida previa de verificación y en aras de garantizar el debido proceso, dar oportunidad a las partes para
pronunciarse sobre el cumplimiento oportuno de las cargas procesales que les competen, a fin de conocer las razones
probatorias por las cuales acudieron a la jurisdicción en tiempo lejano a aquél en el que acontecieron los hechos o se configuró
el daño. Véase: Corte Constitucional. Sentencia SU-167 del 18 de mayo de 2023. M.P. Diana Fajardo Rivera.
13
Índice 29 de SAMAI.
6
Radicación: 25000-23-36-000-2014-01372-01 (61.273)
Actor: Rafael Ricardo Rosales Bolívar y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Medio de control de reparación directa
e. Finalmente, con base en el criterio jurisprudencial mayoritario vigente
a la fecha de presentación de la demanda, los actores tenían una
expectativa legítima de que no se aplicaría el término de caducidad14.
16. En esta oportunidad, la parte demandada y el Ministerio Público guardaron
silencio15.
III. CONSIDERACIONES
17. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia,
procede la Sala a resolver el recurso.
La caducidad del medio de control impetrado
18. En cuanto al término para ejercer la pretensión de reparación directa, el numeral
8 del artículo 136 del C.C.A. -estatuto vigente para la fecha en que ocurrieron los
hechos- establecía que, salvo en los casos de desaparición forzada, la caducidad
se contaba desde el acaecimiento de la situación causante del daño; sin embargo,
esta Sección ha precisado que no basta con la ocurrencia del hecho dañoso, pues
además, resulta necesario su conocimiento por parte del afectado, ya que a partir
de ello surgiría el interés para ejercer el derecho de acción16.Por su parte, el literal
i) del numeral 2 del artículo 164 del C.P.A.C.A.17 establece como determinante la
ocurrencia de la acción u omisión causante del daño o del momento en el que el
afectado la conoció o debió conocerla, si fue en fecha posterior, “siempre que
pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”18.
19. De este modo, para computar el plazo de caducidad no basta con la ocurrencia
“de la acción u omisión causante del daño”, pues se debe determinar si el interesado
advirtió o tuvo la posibilidad de saber que el Estado participó en tales hechos y que
le era imputable el daño19. Al respecto esta Corporación en sentencia de unificación
del 29 de enero de 2020, estableció lo siguiente:
14
Índices 37 y 38 de SAMAI.
15
Índice 41 de SAMAI.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de marzo de 2006, expediente
15785, MP: María Elena Giraldo.
17
“i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados
a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o
debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en
la fecha de su ocurrencia.
“Sin embargo, el término para formular la pretensión de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada, se
contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el
proceso penal, sin perjuicio de que la demanda con tal pretensión pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los
hechos que dieron lugar a la desaparición” (se destaca).
18
En este sentido, la Sala Plena de esta Sección se ha pronunciado en casos en los que la demanda se presentó en vigencia
del C.C.A. para advertir que: “Si bien al proceso en el cual se dictó la sentencia objeto de apelación le resulta aplicable lo
establecido en el Código Contencioso Administrativo en relación con la caducidad, la Sala advierte que las normas en las
cuales se contempla el tema en la Ley 1437 de 2011 tienen relación con el criterio a reiterar en esta providencia. Para
determinar la caducidad de las demandas incoadas en ejercicio del medio de control de reparación directa, de conformidad
con el literal i del artículo 164 de la Ley 1437 del 2011, se estableció un término de dos años contados a partir: (i) del día
siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño: o, (ii) de cuando el demandante tuvo o debió tener
conocimiento del mismo, si fue en fecha posterior, y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de
su ocurrencia. Así, de conformidad con este criterio normativo, es preciso determinar entonces en qué momento se concreta
el daño antijurídico que se pretende acreditar en la demanda”. Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena Sección Tercera. Sentencia
del 29 de noviembre de 2018. Exp. 47.308. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de unificación del 29 de enero de
2020. Exp. 61.033. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
7
Radicación: 25000-23-36-000-2014-01372-01 (61.273)
Actor: Rafael Ricardo Rosales Bolívar y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Medio de control de reparación directa
“(…) a modo de conclusión, la Sección Tercera aclara que, mientras no se
cuente con elementos de juicio para inferir que el Estado estuvo implicado en
la acción u omisión causante del daño y que le era imputable el daño, el plazo
de caducidad de la reparación directa no resulta exigible, pero si el interesado
estaba en condiciones de inferir tal situación y, pese a ello no acudió a esta
jurisdicción, el juez de lo contencioso administrativo debe declarar que el
derecho de acción no se ejerció en tiempo, bien sea al analizar la admisión
de la demanda, al resolver las excepciones en la audiencia inicial o al dictar
sentencia, según el caso”20 (se resalta).
20. Si un grupo familiar conoce la muerte de uno de sus miembros, pero no cuenta
con elementos para inferir que el Estado estuvo involucrado y era el llamado a
responder patrimonialmente, la caducidad no se cuenta desde la ocurrencia del
hecho u omisión dañosa, sino desde que tuvo la posibilidad de advertir que la
pretensión de reparación directa resultaba procedente para los fines previstos en el
artículo 90 de la Constitución Política. Así, corresponde en cada caso analizar la
posibilidad que tenían los demandantes de conocer el hecho dañoso desde que
ocurrió y si se encontraban en condiciones de inferir la posibilidad de imputarle
responsabilidad patrimonial al Estado21.
21. Vale la pena precisar en todo caso, que el referido término de caducidad de la
pretensión de reparación directa no resulta exigible en los eventos en los que se
configuran circunstancias que obstaculizan materialmente el ejercicio del derecho
de acción, que impiden agotar las actuaciones necesarias para la presentación de
la demanda, aspectos que deben estar acreditados en el proceso22.
22. En cuanto a los efectos en el tiempo de la sentencia de unificación citada
previamente, esta Corporación ha determinado 23 -así como la Corte
Constitucional 24 - que, por regla general, los cambios jurisprudenciales tienen
efectos retrospectivos y son de obligatorio seguimiento por los operadores jurídicos
y las partes involucradas en un proceso en curso, aun si incorporan modificaciones
importantes en la comprensión de un determinado problema jurídico 25 . En ese
sentido, la Sala Plena de la Sección Tercera ha precisado que salvo que de manera
expresa se disponga lo contrario, los operadores judiciales deben privilegiar la tesis
jurisprudencial vigente al momento de resolver el asunto sometido a su
consideración, a efectos de salvaguardar valores superiores como la igualdad, la
seguridad jurídica y la aplicación uniforme e inmediata del derecho26.
20
Ibídem.
21
Ibídem.
22
Ibídem.
23
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 3 de marzo de 2023, C.P: Marta Nubia Velázquez Rico.
Exp; 53.439. Al respecto, se pueden consultar también las siguientes providencias dictadas por esta Corporación: i)
Subsección A, auto del 30 de julio de 2021, exp: 66.941 y ii) Sección Primera, sentencia de 29 de abril de 2021, C.P. Roberto
Augusto Serrato Valdés, exp: 2021-01372-00 (AC), entre otras.
24
Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, sentencia T-044 del 14 de febrero de 2022, M.P: Paola Andrea Meneses
Mosquera, exp: T-8.263.898. En fallos recientes proferidos por la Corte Constitucional, en los que por vía de tutela se ha
estudiado la configuración de la causal de desconocimiento del precedente judicial por parte de esta Corporación al dar
aplicación a la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 (Exp. 61.033), el mentado Tribunal ha sostenido que, por
regla general, los precedentes judiciales de las altas cortes tienen efectos inmediatos y son de obligatorio seguimiento por los
operadores jurídicos así como las partes involucradas en un proceso en curso, aun si incorporan cambios importantes en la
comprensión de un determinado problema jurídico, de manera que ha concluido que la aplicación de la referida sentencia de
unificación en casos en curso al momento de su expedición, no representa un desconocimiento del precedente judicial (véase:
Corte Constitucional. Sentencia SU-167 del 18 de mayo de 2023. M.P. Diana Fajardo Rivera).
25
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 3 de marzo de 2023, C.P: Marta Nubia Velázquez Rico.
Exp. 53.439.
26
“Así las cosas, de conformidad con lo expuesto, para la Sala la providencia del veinticuatro (24) de octubre de dos mil
diecinueve (2019) no incurrió en un desconocimiento de la jurisprudencia unificada de esta Corporación. Por el contrario, el
8
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Actor: Rafael Ricardo Rosales Bolívar y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Medio de control de reparación directa
23. Por consiguiente, la aplicación de la sentencia de unificación proferida por
esta Corporación el 29 de enero de 2020 en materia de caducidad del medio de
control de reparación directa no desconoce las garantías procesales de las partes
involucradas en el proceso, en tanto se trata del criterio vigente en este momento
para la evaluación y estudio de la oportunidad para demandar, el cual, además, ha
sido reiterado en precedencia por esta misma Subsección en varias providencias
desde el año 201327 hasta que fue objeto de unificación en 2020.
24. Con base en los referidos parámetros establecidos en el estatuto procesal
administrativo, cuyos alcances han sido objeto de unificación jurisprudencial por
esta Sección del Consejo de Estado, se procede a analizar si operó el fenómeno
jurídico de la caducidad, teniendo en cuenta que entre el momento a partir del cual
los demandantes tuvieron conocimiento de la participación y eventual
responsabilidad penal de agentes del Estado en los hechos por los que se demanda
y la interposición de la demanda de reparación directa, transcurrieron más de los 2
años que establece la ley procesal para ejercer el referido medio de control, tal como
lo demuestra el siguiente análisis.
25. La parte actora solicitó la declaratoria de responsabilidad del Ejército Nacional
por los perjuicios causados con ocasión del homicidio del señor Ricardo Rosales
Orozco, hecho en el cual participó un agente del Estado, quien posteriormente fue
condenado como coautor del hecho delictivo28. Para estos efectos, en el libelo inicial
sostuvo que la contabilización del término de caducidad debía realizarse desde que
se profirió la sentencia de primera instancia en el proceso penal29, pues sólo desde
esa fecha las víctimas adquirieron “pleno conocimiento” de la participación del
Estado en los hechos30.
Tribunal aplicó la regla de unificación vigente y aplicable al momento de resolver el asunto sometido a su consideración,
analizando la antijuridicidad del daño para encontrar acreditada la responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad.
Adicionalmente, debe indicarse que no resultan de recibo los argumentos de la parte actora dirigidos a afirmar que debió
aplicarse la tesis prevista en la sentencia de diecisiete (17) de octubre de dos mil trece (2013), radicado 23.354, por ser esa
la vigente al momento de presentar la demanda, pues, como lo ha indicado el Consejo de Estado (…) los operadores judiciales
deben privilegiar la tesis jurisprudencial vigente al momento de resolver el asunto Consejo de Estado (…)”. Sala Plena de la
Sección Tercera. Sentencia del 25 de agosto de 2022. Exp. 66.535. C.P. Nicolás Yepes Corrales.
27
Véase por ejemplo: Auto del 28 de agosto de 2013. Radicado 66001-23-31-000-2011-00138-01. C.P. Mauricio Fajardo
Gómez; Auto del 21 de noviembre de 2012, Exp. 41.377; Auto del 10 de febrero de 2016, Radicado 05001-23-33-000-2015-
00934-01. C.P. Hernán Andrade Rincón, entre otras.
28
El 13 de julio de 2012 el Juzgado penal del Circuito Especializado del Distrito Judicial de Tunja profirió sentencia en la que
resolvió condenar al señor Luis Eberto Díaz Molano “para la época de los hechos agente de inteligencia del B2 del Ejército
Nacional, a la pena de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO (441) MESES DE PRISIÓN, como coautor responsable de
homicidio agravado” de 9 personas, entre esas, el señor Ricardo Rosales Orozco “el día 16 de febrero de 2003 en la vía que
de Tunja conduce a Cucaita en los límites de Piedra Gorda y Media Loma de Caucaita, quien se dedicaba a la ornamentación
y fue sacado de una cancha de tejo conocida como los Chavales, por varias personas (...) hechos ocurridos como resultado
de la mal llamada ‘limpieza social’ que se estaba llevando a cabo por miembros del grupo al margen de la ley Autodefensas
Unidas el Casanare que operaban en la cuidad de Tunja, coadyuvados con miembros del Estado” (Folios 18-146 c. de pruebas
No. 2).
El 30 de mayo de 2013 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja – Sala Penal, profirió decisión de segunda instancia
y resolvió confirmar el fallo del a quo (Folios 147-219 c. de pruebas No. 2). El 21 de octubre de 2013 el Tribunal dispuso
declarar desierto el recurso extraordinario de casación que había sido interpuesto por el defensor del procesado en contra de
la providencia del 30 de mayo (Folios 220-221 c. de pruebas No. 2); así pues, la sentencia de segunda instancia quedó
ejecutoriada el 30 de octubre de 2013, según consta en certificado suscrito por la secretaria del Juzgado Único Penal del
Circuito Especializado de Tunja (Folio 17 c. de pruebas No. 2).
29
“Con la sentencia del 13 de julio de 2012 del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Tunja, se tiene conocimiento de
la participación del Estado en este horrendo crimen. El pleno conocimiento, se predica del hecho que con la sentencia
condenatoria es que se pude afirmar, de conformidad con la verdad judicial, que pretende la verdad material, que uno de los
coautores del asesinato selectivo, era un agente del Estado”. (Folio 36 c. ppal.).
30
Sin embargo, en memorial allegado en el mes de julio de 2023, la parte demandante adujo que sólo tuvieron plena certeza
de la participación de agentes del Ejército Nacional en los hechos, cuando el Juzgado Penal del Circuito Especializado del
Distrito Judicial de Tunja ejecutorió la sentencia condenatoria el 30 de octubre de 2013. Índice 37 de SAMAI.
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26. El Tribunal concluyó que la demanda se presentó de manera oportuna con base
en el criterio de la “cognición del daño”, a partir de lo cual determinó que si bien el
daño por el que se reclama ocurrió el 16 de febrero de 2003, no fue sino hasta las
sentencias del 13 de julio del 2012 y la confirmatoria del 30 de mayo de 2013,
proferidas en el marco del proceso penal, que los accionantes tuvieron certeza de
que quien había ordenado la muerte de su familiar había sido un agente del Ejército
Nacional. En tal virtud, contabilizó el término para demandar desde la fecha de
ejecutoria de la providencia de segunda instancia, esto es, el 30 de octubre de 2013.
27. El criterio de certeza al que acudió el a quo, sobre la identidad del autor del daño
y no de la identidad del responsable del daño, a juicio de la Sala, no se desprende
ni encuentra su justificación en la ley o la jurisprudencia unificada de esta
Corporación, por la sencilla razón de que la responsabilidad patrimonial anónima
del Estado es independiente de la sanción penal del autor o partícipe de la conducta,
de ahí que la primera no se encuentra condicionada a la segunda.
28. La posibilidad de conocer si el Estado -a través de uno de sus agentes- participó
en los hechos y, por ende, si le era imputable el daño que se invoca, no requiere
entonces de la individualización del agente que lo ocasionó ni de la sanción penal o
disciplinaria que se le imponga -y así lo ha reconocido la jurisprudencia unificada de
esta Corporación- porque ello restringiría el derecho de acceso a la administración
de justicia, en cuanto condicionaría la declaratoria de la responsabilidad estatal a
un requisito de procedibilidad que la ley no contempla, como es la identificación del
autor o partícipe31.
29. Tampoco se ha desarrollado criterio alguno respecto de la existencia de un
“pleno conocimiento” -derivado únicamente de la sentencia condenatoria- sobre la
identidad de un particular agente estatal en los hechos, en tanto lo que se exige es
que el interesado hubiera advertido o hubiera tenido la posibilidad de saber que el
Estado participó en tales hechos, aspecto que, se insiste, no requiere de una
individualización del autor, pues la responsabilidad del Estado se cimienta en la
antijuridicidad del daño y no en la culpa, así ésta la encuentre presente un sector de
la doctrina en la falla del servicio, de aquí que se afirme, entre otros, que la
responsabilidad extracontractual del Estado, por regla general es anónima.
30. En este sentido, la Sala Plena de la Sección Tercera precisó que para el
cómputo de la caducidad no es relevante “la individualización o sanción penal del
agente que ocasionó el daño, sino el conocimiento de la intervención de una
autoridad”32.
31. En el sub judice, la parte actora aduce que antes de que se profirieran las
sentencias del proceso penal, los familiares del señor Ricardo Rosales pensaban
que los responsables del homicidio eran miembros de las Autodefensas
Campesinas del Casanare, organismo criminal privado. No obstante, la documental
arroja una realidad probatoria diversa, en tanto demuestra que los demandantes
tuvieron conocimiento de la participación y eventual responsabilidad penal de
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de unificación del 29 de enero de
2020. Exp. 61.033. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de unificación del 29 de enero de
2020. Exp. 61.033. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
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agentes del Estado en los hechos, aún antes del inicio de la investigación por parte
de la Fiscalía General de la Nación, situación que fue reiterada posteriormente en
el proceso penal, como se describe a continuación.
32. En el documento titulado “dibujo de ejecución” elaborado por el grupo
investigativo de homicidios de la Fiscalía General de la Nación, se consignaron
inicialmente como sindicados tres particulares identificados por los familiares del
occiso, respecto de lo cual se registró que: “al parecer su familia tiene información
que nos indica la autoría material por parte de los sujetos conocidos como ‘el negro
Angulo’, ‘Ferney Vargas’ y ‘Carlos Díaz. Una de las hijas del occiso afirma que
hace siete años atrás hubo un primer intento de secuestro y homicidio, donde
responsabiliza al sujeto conocido como ‘Ferney Vargas’ y sus hermanos’”33
(se resalta).
33. La Sala advierte que en esta primera aproximación en la investigación
adelantada por la muerte del señor Ricardo Rosales, no se mencionó como presunto
responsable al señor Luis Eberto Díaz Molano; sin embargo, en el referido
documento se plasmó que la persona identificada como Ferney Vargas
“aparentemente es funcionario de la Policía”34.
34. La señora Johana Alexandra Rosales Bolívar, hija del señor Ricardo Rosales y
aquí demandante, rindió declaración juramentada el 23 de abril de 2003 en el marco
del proceso penal seguido por la muerte de su padre y, al ser preguntada sobre lo
que sabía de Ferney Vargas, señaló lo siguiente (se transcribe de manera literal):
“No lo conozco personalmente, he escuchado hablar de él, sé que vivía en el Santa
Rita (…) esta persona es gato, y gato son las personas que hacen limpieza
social y matan a las personas por ser supuestos indigentes, y que trabaja en
la Fiscalía, y esto lo supe en el barrio la gente me ha contado eso en el Santa Rita,
pero no estoy segura (…)”35 (se resalta). Por otra parte, sobre el señor Carlos Díaz,
agregó que esta persona sabía muchos detalles sobre el crimen y que la había
buscado a ella y a su familia con el fin de informarle quiénes habían sido los
responsables por el homicidio del señor Rosales Orozco. Agregó que el señor Díaz
les ofreció un arma para vengar la muerte del señor Ricardo y que se presentó como
“ingeniero bélico y que había trabajado en el Ejército y que había leído el pasado
judicial de mi papá”36.
35. Asimismo, el expediente muestra que el señor Ferney Vargas rindió declaración
el 19 de septiembre de 2003, en la que afirmó que laboraba en la SIJÍN de Tunja,
en el cargo de Jefe del Área de Delitos contra el Patrimonio. En dicha diligencia, se
le cuestionó acerca de la razón por la cual la familia del señor Rosales Orozco lo
estaba sindicando de haber cometido el homicidio, a lo que respondió que
desconocía el motivo, pero que no estaba involucrado en los hechos37.
33
Sin folio c. de pruebas No. 8.
34
Sin folio c. de pruebas No. 8.
35
Folio 71 c. de pruebas No. 8.
36
Folio 74 c. de pruebas No. 9.
37
“PREGUNTADO: Indíquele al despacho, si usted conoció u oyó hablar de RICARDO ROSALES OROZCO (…) CONTESTO.
Sí claro yo lo conocí, yo conozco a ese señor porque yo me crié y toda mi infancia la pasé en el Barrio Santa Rita de Tunja,
ese señor si no estoy mal es el cuñado de unos señores de apellido BOLÍVAR, quienes residen en el Barrio Santa Ana de
esta ciudad (…) a mí se me informó estando de jefe de la Sijín de Garagoa que a ese señor lo habían matado y que el
día del levantamiento alguna persona decía que yo sabía de esa muerte, esta información me la dio el mismo personal
de la Policía, eso es todo lo que se sé, después de este hecho y al ver que se me está haciendo una acusación de este
tamaño yo me encontré con el señor LUCINIO BOLÍVAR, ya que pues es vecino y amigo mío de toda mi infancia y vive en el
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Referencia: Medio de control de reparación directa
36. El 30 de octubre de 2003 el señor Floriberto Díaz Cuervo, quien dijo ser amigo
del occiso y habitante del municipio de Tunja, presentó ampliación de la declaración
que había rendido en días anteriores, en la cual informó que en los hechos
relacionados con la muerte del señor Rosales Orozco habían estado involucrados
tres agentes de la SIJÍN, entre ellos, el agente Ferney Vargas, quien dirigía varias
de las “limpiezas” en el municipio junto con otros particulares38.
37. Si bien en las primeras etapas del proceso penal no consta que los familiares
del señor Rosales Orozco se hubiesen constituido formalmente como víctimas del
homicidio, ni se había vinculado al señor Luis Eberto Díaz Molano como agente del
B2 del Ejército Nacional y presunto responsable del delito, la familia del occiso
identificó a miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y, según consta en la
declaración del policial Ferney Vargas, este fue sindicado como uno de los
involucrados en su muerte por parte de los mismos familiares de la víctima directa.
Así, aunque también se hubiesen referido a otros civiles miembros de un grupo
paramilitar como partícipes en los lamentables sucesos, lo cierto es que incluso
desde la primera aproximación de la familia Rosales Bolívar a la investigación penal,
ya existían indicios sobre la participación activa de agentes del Estado -que
posteriormente serían plenamente identificados e individualizados- y, a su vez, del
contexto en el que éste habría ocurrido -a saber, los homicidios selectivos realizados
en contra de ciertos grupos de ciudadanos en el municipio de Tunja-.
38. Pero de manera concluyente, consta en el expediente del proceso penal, el
informe de investigador No. 257443 con fecha del 24 de octubre de 2005 rendido
por investigadores criminalísticos del C.T.I. al Coordinador del Grupo de Derechos
Humanos y DIH del C.T.I. y con destino a la Fiscal 16 Especializada de la UNDH
DIH, sobre la misión de trabajo concerniente a adelantar “labores de vecindario,
investigativas, inspecciones judiciales, ubicación de testigos, entrevistas,
declaraciones de ser necesario y todas las diligencias propias que lleven a
esclarecer los hechos relacionados con el homicidio del señor RICARDO ROSALES
OROZCO ocurrido el 16 de febrero de 2003 (…)”39.
39. Tal documento reviste gran importancia en cuanto concierne al conocimiento
que habrían tenido los aquí demandantes sobre la intervención de agentes del
Estado en la muerte del señor Rosales Orozco, ya que según consta allí, los
funcionarios se desplazaron en varias oportunidades a la residencia familiar del
señor Rosales Orozco, sin que los familiares del difunto les hubieran ofrecido
colaboración pues indicaron que no querían tener relación con los entes del
gobierno en tanto conocían de la participación de agentes del Estado en los hechos
en que falleció su familiar, particularmente miembros de la fuerza pública. Así, se
registró lo siguiente (se transcribe de manera literal):
Barrio Santa Ana, yo le pregunté el motivo por el cual me sindicaban de yo sabía de la muerte de ese muchacho y él me
respondió que no que él no tenía conocimiento de eso, eso fue todo, y esto fue este año que yo hablé con LUCINIO (…)
PREGUNTADO. Por qué cree usted que la familia del occiso RICARDO ROSALES OROZCO, lo hayan señalado como
la persona que sabía quién había matado a ROSALES OROZCO y después dijeron que era usted, sería que entre
usted y él hubo algún tipo de inconveniente para que la familia pensara en esa situación. CONTESTO. Como dije
anteriormente al Despacho en una sola ocasión que yo recuerde tuve contacto con esa persona, que fue el caso
cuando llamaron y fuimos al barrio Asís y lo sindicaba que sospechoso de hurto, fue la única vez que yo hablé con
esta persona, desconozco el motivo, causa o circunstancia para que me sindiquen que yo sabía quien le había
quitado la vida a ese señor (…)” (se resalta). Folios 166-16 c. de pruebas No. 7.
38
Folios 190-193 c. de pruebas No. 7.
39
Folios 76-78 c. de pruebas No. 9.
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Referencia: Medio de control de reparación directa
“(…) En varias oportunidades nos desplazamos al Barrio Santa Ana de Tunja
donde se ubicó el lugar de residencia de la familiar del señor RICARDO
ROSALES OROZCO (…) sin que fuera posible la colaboración de sus
integrantes, señalando que no quieren tener nada que ver con los entes
del Gobierno ya que tienen conocimiento que en la muerte del señor
ROSALES OROZCO intervinieron organismos de seguridad del Estado.
De igual manera y por todos los medios se trató de entrevistar a la señora LUZ
MARINA BOLÍVAR esposa del fenecido, quien no aceptó dicha diligencia en su
lugar de residencia, ni en su lugar de trabajo, y tampoco en las instalaciones
de la Fiscalía de Tunja, demostrando su renuencia a colaborar.
En una de esas ocasiones fuimos atendidos por la señorita SANDRA
ROSALES BOLÍVAR (hija del fallecido) quien fue enfática en mencionar
que ya rindió declaración en la Fiscalía de Tunja, y que conoce que en ese
homicidio participaron miembros de seguridad acantonados en Tunja sin
especificar de qué organismo, y no aceptó profundizar en el tema señalando
que eso ya lo dejaban en manos de Dios”40 (se resalta).
40. De este modo, la familia del señor Ricardo Rosales Orozco advirtió la posibilidad
de imputar responsabilidad al Estado por los hechos, por lo menos, desde el año
2005, según lo dejaron dicho a los agentes de policía judicial ante quienes se
negaron a ampliar sus declaraciones inicialmente recibidas en el marco del proceso
penal41; aunque incluso desde fechas anteriores estaban en condiciones de inferir
tal situación.
41. Este punto es relevante para el análisis de la Sala, en tanto rebate el argumento
en materia de caducidad que ha sostenido la parte demandante en este trámite, que
se fundamenta exclusivamente en que no fue sino hasta que se profirió la sentencia
del proceso penal que los familiares del señor Rosales Orozco adquirieron plena
certeza sobre la participación de un agente del Estado como coautor del homicidio
y que las Autodefensas Campesinas del Casanare no fueron las únicas
responsables del hecho.
42. A pesar de que no existen elementos de convicción que lleven a determinar que
la parte demandante conocía para esa fecha la identidad de los autores materiales
e intelectuales de los hechos en que resultó muerto el señor Rosales Orozco, lo
concreto es que desde el 2003 sabía y tenía a su disposición información sobre la
posible participación de un agente de la Policía Nacional en los hechos y en la
diligencia de entrevista relatada en el informe de investigador de 2005, afirmaron
conocer que en la muerte de su familiar intervinieron “miembros de seguridad
acantonados en Tunja”, todos estos, elementos que les permiten centrar su
imputación en contra de la Nación – Ministerio de Defensa.
40
Folios 76-78 c. de pruebas No. 9.
41
Es importante precisar que la totalidad de las piezas procesales que se surtieron en el proceso No.
15001310100120100006, en el que se condenó a Luis Eberto Díaz Molano por el homicidio de Ricardo Rosales Orozco y
otras 8 personas, fueron allegadas a solicitud de la parte demandante (folio 59 c. ppal.), prueba que fue decretada por el a
quo y de la cual se dio el correspondiente traslado a las partes, pese a lo cual, la parte actora no cuestionó, a través de una
tacha, la veracidad de lo plasmado en el informe de la misión de trabajo en el que se deja constancia del dicho de las aquí
demandantes sobre el conocimiento de la participación de agentes del Estado en los hechos, ni tampoco negó en algún
momento lo que en él se consignó.
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Radicación: 25000-23-36-000-2014-01372-01 (61.273)
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Referencia: Medio de control de reparación directa
43. En consecuencia, al margen de que los demandantes no hubieran conocido con
certeza la institución de la fuerza pública a la que pertenecían los autores
involucrados en los hechos, sí contaban con elementos de juicio para incoar el
medio de control de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de
Defensa y que, con base en las pruebas recabadas en el proceso penal que se
allegaran a este plenario, se determinara la entidad que representaría judicialmente
a la Nación42.
44. Para la Sala no cabe duda que los demandantes tuvieron pleno conocimiento
acerca de que agentes del Estado estaban involucrados en los lamentables sucesos
que rodearon la muerte del señor Rosales Orozco, dado que así lo confirmaron a
través de la entrevista rendida ante los investigadores de policía judicial en 2005;
pese a lo cual, no acudieron a esta jurisdicción dentro de los dos años siguientes
establecidos por la ley, para que en este proceso judicial se practicaran las pruebas
necesarias en el desarrollo de la litis y, finalmente, se valoraran en la sentencia.
45. Sin perjuicio de la anterior conclusión respecto del momento a partir del cual los
demandantes tuvieron pleno conocimiento de que agentes estatales estaban
involucrados en la muerte de su familiar, se advierte que incluso, de tenerse en
cuenta el momento en que se celebró la audiencia pública de juzgamiento del señor
Luis Eberto Díaz Molano, el medio de control ejercido se encontraría igualmente
caducado.
46. En efecto, comoquiera que los familiares del señor Rosales Orozco tenían pleno
conocimiento de la existencia del referido proceso penal llevado por la muerte de su
cónyuge, padre y hermano, los elementos de juicio para demandar a la Nación se
advirtieron con suficiencia en el desarrollo de ese trámite y particularmente desde
el momento en que se celebró la audiencia pública de juzgamiento del señor Luis
Eberto Díaz Molano, como pasa a verse.
47. Así, del trámite del proceso penal seguido en contra del señor Luis Eberto Díaz
Molano, se destacan las siguientes actuaciones:
48. En declaración rendida el 24 de febrero de 2009 por Franklin Valenzuela Giraldo
ante la Fiscalía 68 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito Especializados,
desmovilizado del grupo paramilitar denominado Autodefensas Campesinas del
Casanare, refirió que el señor Luis Díaz, quien “pertenecía al B2 de la Primera
Brigada del Ejército”, era el que daba las órdenes de los homicidios en Tunja y
ordenó que se hiciera una limpieza para asesinar a todos los “desechables o
indigentes”. Sobre el señor Ricardo Rosales narró: “supe que se lo llevó MELENDEZ
y HERNÁN PLAZAS, supe de eso porque el mismo HERNÁN me dijo que lo habían
42
Sobre la legitimación en la causa por pasiva y la representación judicial de la Nación, la Sala Plena de la Sección Tercera
en providencia de unificación precisó que: “… Cuando se demanda a la Nación por un perjuicio causado por la Fiscalía
General de la Nación, y aquélla acude al proceso representada por la Rama Judicial, esto es, el Director Ejecutivo de la
Administración Judicial, no estamos ante un problema de falta de legitimación por pasiva, que conllevaría a una
sentencia que no resuelve sobre el fondo del asunto, sino ante uno de representación judicial de la Nación, que es la
persona que hace parte de la relación jurídico-procesal, debido al actuar de uno de su órganos. Y es importante
delimitar estos campos porque las consecuencias son diferentes, pues mientras que la falta de legitimación en la causa,
conlleva, en la práctica, a la negación de lo deprecado, la indebida representación configura una nulidad saneable.
Se reitera que el obligado a reparar los daños es la Nación, porque es la persona jurídica que tiene capacidad para ser sujeto
tanto de la relación jurídico- sustancial como de la jurídico-procesal, cuestión diferente es quién la representa, que es la
materia regulada por el artículo 49 de la ley 446 de 1998” (negrillas fuera del texto original). Consejo de Estado, Sala Plena
de la Sección Tercera, auto de unificación jurisprudencial del 25 de septiembre de 2013, Exp. 20.420, M.P. Enrique Gil Botero.
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Radicación: 25000-23-36-000-2014-01372-01 (61.273)
Actor: Rafael Ricardo Rosales Bolívar y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Medio de control de reparación directa
dejado en la vía Cucaita, que a este sujeto lo habían sacado de un establecimiento
público que era una cancha de tejo o un bebedero. Supe que la orden para matar a
este señor la dio LUIS DÍAZ o alias Lucho”43.
49. El 30 de abril de 2009 la Fiscalía dispuso tramitar por una misma cuerda
procesal las investigaciones asignadas por los homicidios de las 9 personas
referidas, que inicialmente eran conocidos por Fiscalías de la Unidad de Reacción
Inmediata de Tunja44.
50. El 4 de mayo de 2009 se vinculó formalmente a la investigación a Luis Eberto
Días Molano, alias “Lucho”, “Compadre” o “Don Álvaro”, quien para la época de los
hechos se desempeñaba como agente de inteligencia del Ejército Nacional o B-2
de la Primera Brigada de Tunja45.
51. Por resolución del 8 de mayo del mismo año se resolvió la situación jurídica de
Díaz Molano y se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva sin
beneficio de libertad provisional, por los delitos de terrorismo, concierto para
delinquir agravado y homicidio agravado en concurso heterogéneo sucesivo, en las
personas de Iván de Jesús Castro y Edwin Leonardo López, Jimmy Chaparro
Cárdenas, Ricardo Rosales Orozco, Óscar Eliecer Moreno Moreno, Rusmira Celis
García, Didier Alexander León Suárez, Juan Pablo Castro Aguilar y Raúl Delfín
Sandoval Escobar46.
52. En informe de actividades con fecha del 17 de junio de 2009 suscrito por un
funcionario de la policía judicial de la DIJIN y con destino a la Fiscal 68 de la Unidad
Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, se dejó
constancia, entre otras misiones, que nuevamente se pretendió un acercamiento
con familiares del señor Rosales Orozco para la obtención de información que
tuvieran en su conocimiento sobre las circunstancias que rodearon su muerte, en el
marco de lo cual, se entrevistó de manera informal a la señora Mariana Rosales,
hija, quien señaló que “los hechos que rodearon la muerte de su padre los
desconoce”47.
53. El 17 de noviembre de 2009 rindió indagatoria el señor Jairo Espejo Rivera,
desmovilizado de las Autodefensas Campesinas del Casanare también vinculado al
proceso penal, en la que señaló:
“PREGUNTADO- Usted sabe el nombre de ALIAS COMPADRE o TOCAYO.
Puede hacer una descripción de él y desde hace cuánto lo conoce.
CONTESTO.- El nombre real lo vine a conocer en la Fiscalía Sesenta, cuando
di la declaración que se llama LUIS EBERTO DÍAS MOLANO pero al igual lo
conozco porque él se reunió conmigo en varias ocasiones, muchas veces (…)
las funciones que cumplía dentro de la organización era coordinar los
movimientos de la fuerza pública para nosotros poder mover personal e
incursionar en la parte rural y urbana de Boyacá contra el enemigo, en este
caso, la guerrilla (…) el COMPADRE era miembro activo del Ejército Nacional,
43
Folios 103-114 c. de pruebas No. 10.
44
C. de pruebas No. 17.
45
Folio 268 c. de pruebas No. 14 y folios sin enumerar del c. de pruebas No. 17.
46
Folios 156-170 c. de pruebas No. 17.
47
Folios 5-9 c. de pruebas No. 16.
15
Radicación: 25000-23-36-000-2014-01372-01 (61.273)
Actor: Rafael Ricardo Rosales Bolívar y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Medio de control de reparación directa
era sargento de inteligencia, era subalterno en ese entonces del CORONEL
PADILLA”48.
54. El 18 de diciembre de 2009 la Fiscalía 68 de la Unidad Nacional de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario Delegada ante los Juzgados
Penales del Circuito Especializados profirió resolución de acusación en contra del
señor Luis Eberto Díaz Molano por los delitos de concierto para delinquir agravado
en concurso con el punible de homicidio agravado en concurso homogéneo y
sucesivo con ocasión de los hechos que tuvieron ocurrencia durante los meses de
enero, febrero y marzo de 2003 en los que resultaron muertos varios ciudadanos,
entre ellos, el señor Ricardo Rosales Orozco, el 16 de febrero de 2003. En dicha
decisión, el ente acusatorio concluyó:
“LUIS EBERTO DÍAZ MOLANO no sólo era miembro de la organización ACC
[Autodefensas Campesinas del Casanare] dentro de la cual impartía órdenes
para la fecha de los hechos materia de investigación, sino que además estaba
vinculado con la fuerza pública en la Brigada de Tunja en el B2 (…).
(…)
No cabe duda para esta Delegada que para la época de los acontecimientos
criminales LUIS EBERTO DÍAS MARTÍNEZ, alias LUCHO o el COMPADRE
era militante de la agrupación armada ilegal (…) en calidad de jefe político,
quien aprovechando su condición de informante del B2 de la Primera Brigada
de Tunja, posición connotada y de poder, actuaba como filtro de la
organización, lo cual le permitía ordenar la ejecución de los más atroces
crímenes en la ciudad de Tunja y municipios circunvecinos; suministraba las
armas de fuego y en general el material logístico para el desarrollo de la
empresa criminal, como se desprende del acervo probatorio reseñado en este
acápite, sin dejar de lado la injerencia en las acciones que realizaba la
organización desde el año 2001”49.
55. Debe resaltarse el hecho de que si bien en el proceso no consta que los
familiares del señor Rosales Orozco se hubieran constituido como víctimas, lo cierto
es que los familiares estaban enterados del desarrollo de una investigación penal
por los sucesos en los que lamentablemente resultó muerto su padre, esposo y
hermano, e incluso las autoridades les solicitaron en 2005 -y posteriormente en
2009, luego de que se hubiere vinculado mediante indagatoria al exagente Díaz
Molano- que participaran ampliando sus declaraciones inicialmente rendidas, por
manera que de la evolución y el trámite de la misma investigación, se advierte que
existían elementos de juicio para inferir que el Estado estuvo implicado en la acción
causante del daño y que éste le era imputable.
56. Conviene destacar que la Corte Constitucional en sede de revisión de fallo de
tutela profirió sentencia de unificación SU-167 de 2023, en la que conoció de una
providencia proferida por esta Corporación y se pronunció precisamente sobre la
aplicación de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 para la
contabilización del término de caducidad de la acción de reparación directa. En
dicho caso, en el proceso primigenio se estudiaba la responsabilidad del Estado por
la muerte de un ciudadano a manos de miembros del Ejército Nacional, presentado
posteriormente como baja en combate. En tal escenario, la demandante en
reparación directa tampoco se había constituido como parte civil en el proceso penal
seguido por la muerte de su familiar, pese a lo cual, el tribunal constitucional
48
Folios 149-159 c. de pruebas No. 14.
49
Folios 264-217 c. de pruebas No. 14.
16
Radicación: 25000-23-36-000-2014-01372-01 (61.273)
Actor: Rafael Ricardo Rosales Bolívar y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Medio de control de reparación directa
consideró como válido que la caducidad debía contabilizarse desde que un Fiscal
Especializado de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario solicitó a la Jurisdicción Penal Militar la remisión del
expediente por considerar que el hecho podría tratarse de una presunta grave
violación de los derechos humanos o infracción al DIH. En consecuencia, lo
relevante para la determinación del momento desde el cual debía contarse la
caducidad de la acción de reparación directa, era en realidad la fecha a partir de la
cual los familiares de la víctima “pudieron contar con la posibilidad de acceder a una
información confiable para iniciar el medio de control de reparación directa”, aun
cuando no se hubieren hecho parte del proceso penal50.
57. La Sala tampoco puede soslayar el principio de publicidad dispuesto en el
artículo 236 de la Ley 600 del 2000, estatuto procesal penal que rigió el trámite de
la causa por el homicidio del señor Rosales y otras 8 personas, que dispone que
durante la etapa de juzgamiento “no habrá reserva y las pruebas podrán ser de
público conocimiento”51.
58. Según consta en el expediente penal allegado, la audiencia pública de
juzgamiento del señor Luis Eberto Díaz Molano se adelantó en 7 sesiones, que se
cumplieron el 25 y 30 de junio, 28 de julio, 12 de agosto y 11 de noviembre de 2010,
y los días 12 de enero y 10 de marzo de 2011, en las que se evacuaron varias de
las pruebas ordenadas, se practicaron los testimonios de varios desmovilizados de
las Autodefensas Campesinas del Casanare, se interrogó al procesado y tanto la
Fiscalía como la defensa presentaron los respectivos alegatos de conclusión52.
59. En este sentido y atendiendo a la naturaleza del proceso penal, desde la
celebración de las diferentes sesiones de la audiencia de juzgamiento los
demandantes tuvieron acceso a las pruebas practicadas en el proceso penal que se
seguía por el homicidio de su ser querido y del que conocían sobre su existencia y
trámite, en tanto se trata de una etapa pública del proceso.
60. Bajo este designio fáctico, encuentra la Sala que los demandantes contaban,
mucho antes de la fecha de la presentación de la demanda que dio origen al
proceso, con elementos de juicio que les permitían estimar que la muerte del señor
Ricardo Rosales Orozco fue determinada por agentes del Estado, por manera que
tenían razones suficientes para contemplar el ejercicio del medio de control de
reparación directa con el fin de que se declarara la responsabilidad del Estado por
dicha participación.
61. Los interesados no debían esperar a que se tramitara todo el proceso penal
para formular sus pretensiones, pues para tal fin debieron acudir a esta jurisdicción
50
Así consta en la sentencia: “Revisado el material probatorio obrante en el expediente de reparación directa, no existe
evidencia de que la accionante se haya constituido como parte en el proceso penal que cursó por los hechos en que perdió
la vida el señor Francisco Javier Galeano. (…)
(…)
(...)Atendiendo a esta circunstancia, debió tomar como fecha de inicio del término de caducidad el 02 de septiembre de 2008,
ya que solamente a partir de ese momento pudieron contar con la posibilidad de acceder a información confiable para iniciar
el medio de control de reparación directa”. Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-167 del 18 de mayo de 2023. M.P.
Diana Fajardo Rivera.
51
Igualmente, en el artículo 14 ibídem se establece que la publicidad es una de las normas rectoras del proceso penal, por
manera que “Dentro del proceso penal el juicio es público. La investigación será reservada para quienes no sean sujetos
procesales. Se aplicarán las excepciones previstas en este código”.
52
Véase folio 266 c. de pruebas No. 3.
17
Radicación: 25000-23-36-000-2014-01372-01 (61.273)
Actor: Rafael Ricardo Rosales Bolívar y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Medio de control de reparación directa
dentro de los 2 años siguientes al momento en que estuvieron al tanto de la
participación y eventual responsabilidad del Estado y solicitar las pruebas que
sustentaran los hechos que constituían la causa petendi de sus pretensiones, en
concreto, que el homicidio del señor Rosales Orozco, así como el de 8 personas
más, ocurrió en el contexto de homicidios selectivos mal denominados “limpiezas
sociales”, dirigidos por miembros de grupos armados ilegales con el apoyo de
agentes del Estado.
62. Para el caso concreto, la Sala tiene certeza de que desde el año 2005 los aquí
demandantes conocían la posibilidad de imputarle responsabilidad a la Nación por
los hechos en que resultó muerto su ser querido, pero incluso si en aplicación del
principio pro actione se analizara la integridad de los medios de prueba allegados,
por lo menos desde la fecha de celebración de la última sesión de la audiencia
pública de juzgamiento adelantada en el proceso penal en contra del señor Luis
Eberto Díaz Molano53, esto es, marzo de 2011, los demandantes contaban con la
posibilidad de acceder a información confiable para incoar el medio de control de
reparación directa por los hechos presuntamente cometidos por uno de sus agentes.
Así, el término para demandar en ejercicio del medio de control de reparación
directa venció en el mes de marzo de 2013; pero como la solicitud de conciliación
extrajudicial se radicó el 14 de julio de 201454 y la demanda el 12 de septiembre del
mismo año55, es claro que ambas se presentaron de manera extemporánea.
63. Si la parte actora consideraba que lo ocurrido en el proceso penal tenía efecto
directo en el asunto de la referencia, le correspondía presentar la demanda en
tiempo y cuando el proceso estuviese para fallo solicitar su suspensión por
prejudicialidad, en los términos del artículo 161 del C.G.P.; sin embargo, no procedió
de conformidad.
64. Finalmente, en cuanto concierne a la posibilidad de acceder a la administración
de justicia en tiempo ante la eventual configuración de un obstáculo que
materialmente les hubiera impedido presentar la demanda antes de la fecha en que
efectivamente se incoó el medio de control, se advierte que la parte actora no alegó
ni mucho menos probó la imposibilidad objetiva de reclamar oportunamente, pues
lo cierto es que los elementos de juicio para demandar al Estado no les fueron
ocultados; por el contrario, tenían conocimiento desde las etapas primigenias de la
investigación penal, del contexto en que ocurrió la muerte de su familiar, a saber,
los homicidios selectivos que ocurrieron en esos años en el municipio de Tunja bajo
la operación y dirección de grupos paramilitares, así como de la participación de
agentes de la fuerza pública en los hechos.
65. Además, cuando los demandantes se pronunciaron sobre la aplicación al caso
concreto de los elementos normativos y probatorios introducidos por la sentencia de
unificación del 29 de enero de 202056, no se hizo ninguna mención a la configuración
de algún hecho que les hubiera impedido acceder materialmente a la jurisdicción en
tiempo, más allá de la referencia al criterio de la plena certeza sobre el conocimiento
53
Se reitera que según dispuesto en el artículo 236 de la Ley 600 del 2000, durante la etapa de juzgamiento “no habrá
reserva y las pruebas podrán ser de público conocimiento”.
54
Folio 65 c. ppal.
55
Folio 61 -reverso y 62 c. ppal.
56
En respuesta al auto proferido por este despacho el 10 de julio de 2023. Véase índice 37 y 38 de SAMAI.
18
Radicación: 25000-23-36-000-2014-01372-01 (61.273)
Actor: Rafael Ricardo Rosales Bolívar y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Medio de control de reparación directa
de la participación de agentes del Estado y la identidad del agente estatal que habría
intervenido en los hechos por los que se demanda, el cual ya ha sido
suficientemente estudiado y rebatido.
66. Con fundamento en las razones expuestas, se impone la revocatoria de la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dado que el
medio de control se encuentra caducado.
Costas
67. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en
la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por el procedimiento civil.
68. El artículo 365 de la Ley 1564 de 2012 señala que hay lugar a condenar en
costas a la parte vencida en un proceso o a quien se resuelve desfavorablemente
el recurso. El artículo 361 ibídem establece que las costas “están integradas por la
totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por
las agencias en derecho”. Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las
tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura.
69. El numeral 8 del artículo 365 de la norma referida dispone que “solo habrá lugar
a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación”.
70. En relación con las agencias en derecho correspondientes a esta instancia, el
numeral 4 del mismo artículo establece que “cuando la sentencia de segunda
instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar
las costas de ambas instancias”. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el
numeral 4 del artículo 366 de la Ley 1564 de 2012, se tiene en cuenta la naturaleza,
calidad y duración de la gestión realizada, la cuantía del proceso y otras
circunstancias especiales si las hubiere.
71. En atención a lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en el
acuerdo vigente para la fecha en que se presentó la demanda, en materia de tarifas
de agencias en derecho se tiene en cuenta lo siguiente:
“ACUERDO 1887 DE 2003
‘Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho’.
(…).
Artículo 3º—Criterios. El funcionario judicial, para aplicar gradualmente las
tarifas establecidas hasta los máximos previstos en este acuerdo, tendrá en
cuenta la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el
apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la cuantía
de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean
equitativas y razonables. Las tarifas por porcentaje se aplicarán inversamente
al valor de las pretensiones.
(…).
Artículo. 6º—Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho:
(…)
19
Radicación: 25000-23-36-000-2014-01372-01 (61.273)
Actor: Rafael Ricardo Rosales Bolívar y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Medio de control de reparación directa
III CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
(…).
3.1.3. Segunda instancia.
(...)
Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones
reconocidas o negadas en la sentencia” (se resalta).
72. A partir de lo expuesto, la Sala fijará las agencias en derecho por ambas
instancias. En el presente caso se observa que el Ejército Nacional no presentó
recurso de apelación, hecho que no implicó la erogación de mayores costos a esa
parte, aunque sí debió presentar alegatos de conclusión en segunda instancia,
circunstancia que indica que la entidad atendió el proceso de manera diligente y
oportuna, pues contaba con un apoderado que asumió su representación judicial.
73. Así pues las costas estarán a cargo de los demandantes y se pagarán a la
entidad demandada en la suma equivalente al 0,1% de las pretensiones negadas57
por cada instancia, para un total del 0,2% de las pretensiones negadas, equivalente
a catorce millones seiscientos sesenta y siete mil cuatrocientos treinta y siete pesos
con cincuenta y cuatro centavos m/cte. ($14’667.437,54), el cual deberá hacerse en
favor de la entidad demandada.
74. El valor dispuesto obedece, en primer lugar, a que la entidad demandada no
presentó recurso de apelación en contra de la decisión de primera instancia y,
además, a la elevada cuantía de las pretensiones económicas que fueron negadas,
las cuales ascendían a siete mil trescientos treinta y tres millones setecientos
dieciocho mil setecientos setenta y tres pesos con cuatro centavos m/cte.
($7.333’718.773,04), en aplicación de lo dispuesto en el artículo 3° del Acuerdo
1887 de 2003 que definió como criterios, entre otros, la cuantía de las pretensiones
y las demás circunstancias relevantes de modo que las tarifas resultaran equitativas
y razonables y estableció que “las tarifas por porcentaje se aplicarán inversamente
al valor de las pretensiones”. Así, resulta razonable establecer la tarifa equivalente
-en total- al 0,2% de las pretensiones negadas, porque aplicar una tarifa mayor sería
demasiado oneroso para los demandantes.
IV. PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 24 de enero de 2018 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se accedió parcialmente a las
súplicas de la demanda.
57
La parte demandante solicitó el reconocimiento de la suma global de $923’957.838,04 por concepto de perjuicios materiales
y las sumas equivalentes a 5.000 SMLMV por concepto de perjuicios morales ($3.080’135.000 teniendo en cuenta el salario del
año 2014 -$616.027-), 3.000 SMLMV por concepto de violación a derechos constitucional y convencionalmente protegidos
($1.848’081.000) y 2.405 SMLMV por concepto de daño a la vida de relación ($1.481’544.935 teniendo en cuenta el salario del
año 2014), para un total de $7.333’718.773,04.
20
Radicación: 25000-23-36-000-2014-01372-01 (61.273)
Actor: Rafael Ricardo Rosales Bolívar y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Medio de control de reparación directa
SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de caducidad del medio de control
impetrado.
TERCERO: CONDENAR a los demandantes, por concepto de las agencias en
derecho fijadas en esta providencia para ambas instancias, al pago de la suma de
catorce millones seiscientos sesenta y siete mil cuatrocientos treinta y siete pesos
con cincuenta y cuatro centavos m/cte. ($14’667.437,54), equivalente al 0,2% de las
pretensiones negadas, a favor de la entidad demandada.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente
al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
ACLARACIÓN DE VOTO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
ACLARACIÓN DE VOTO
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el enlace.
VF
21
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