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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-00091-02

Fecha
3 de febrero de 2025
Consejero ponente
Nicolás Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-00091-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 14 de febrero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal a quo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso. TERCERO: FIJAR en el presente proceso, como agencias en derecho en la segunda instancia, la suma de sesenta y tres millones pesos ($63.000.000), a cargo de la parte demandante y a favor del Fogafín. CUARTO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2015-00091-02

Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales

3 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., tres (03) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 25000233600020150009102 (61176)
Demandante: CROMAS S.A.
Demandado: FONDO DE GARANTÍAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

Tema: Intervención administrativa y liquidación de Interbolsa S.A. Falla
del servicio por omisión en la vigilancia del liquidador. El daño no
es imputable a Fogafín.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 14 de febrero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Entre el 8 de agosto y el 1° de noviembre de 2012, Interbolsa S.A. registró ante el
sistema de la Bolsa de Valores de Colombia 70 operaciones de reporto sobre las
acciones de Odinsa S.A. que eran de propiedad de la sociedad Cromas S.A.
Posteriormente, mediante las Resoluciones Nos. 1795 del 2 de noviembre de 2012
y 1812 del 7 de noviembre de 2012, la Superintendencia Financiera, en su orden,
ordenó la toma de posesión de la sociedad Interbolsa S.A. y su liquidación forzosa,
de modo que, en adelante, la comisionista se denominaría Interbolsa S.A. Sociedad
Comisionista de Bolsa en Liquidación Forzosa Administrativa. Asimismo, mediante
Resolución No. 10 del 7 de noviembre de 2012, el Fondo de Garantías de
Instituciones Financieras – Fogafín, designó al respectivo agente liquidador.

Entre el 6 de noviembre de 2012 y el 11 de febrero de 2013, venció el plazo de las
operaciones de reporto sobre las acciones de Odinsa S.A., sin que se hubiese
efectuado su recompra.

2

Radicado: 25000233600020150009102 (61176)
Demandante: Cromas S.A.

El 21 de diciembre de 2012, Cromas S.A. presentó al liquidador de Interbolsa S.A.
S.C.B. en Liquidación Forzosa Administrativa el formulario de reclamación de
acreencias en el trámite liquidatorio. Mediante Resolución No. 03 del 5 de marzo de
2013, el referido liquidador aceptó condicionalmente la reclamación de Cromas S.A.
por el valor equivalente a la diferencia entre el precio pactado en la operación de
recompra y el valor del mercado a la fecha de incumplimiento y, posteriormente, en
Resolución No. 035 del 7 de marzo de 2013, no reconoció valor alguno a favor de
Cromas S.A., por cuanto las liquidaciones efectuadas por la Bolsa de Valores de
Colombia no arrojaron saldo a favor de la reclamante por las operaciones repo
pasivas.

La demandante alega la pérdida de la propiedad que ostentaba sobre las acciones
de Odinsa S.A., atribuible a que el liquidador de Interbolsa S.A. Sociedad
Comisionista de Bolsa en Liquidación Forzosa Administrativa no efectuó su
respectiva recompra, luego de la operación de reporto. Al respecto, la demanda
considera que este hecho tuvo lugar porque el Fondo de Garantías de Instituciones
Financieras omitió el ejercicio adecuado de las funciones de vigilancia sobre las
actuaciones del liquidador de Interbolsa S.A. S.C.B. en Liquidación Forzosa
Administrativa.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 13 de enero de 20151, Cromas S.A., mediante apoderado judicial y en ejercicio
del medio de control de reparación directa, presentó demanda en contra del Fondo
de Garantías de Instituciones Financieras (en adelante Fogafín), para que se le
declarara patrimonialmente responsable por omisión en el ejercicio adecuado de su
función de vigilancia sobre las actuaciones del liquidador de Interbolsa S.A., quien
prescindió de la recompra de las acciones de Odinsa S.A. de propiedad de la
demandante.

1 Fl. 2 a 16, C.1.

3

Radicado: 25000233600020150009102 (61176)
Demandante: Cromas S.A.

Como pretensiones de su demanda, la parte actora solicita condenar a la entidad
pública accionada a pagarle, por perjuicios morales, 100 SMLMV; por daño
emergente, la suma de $55.000.000.000; y por lucro cesante, la suma de
$8.000.000.000.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que, en fecha
indeterminada, la sociedad Cromas S.A. adquirió 6.939.040 acciones de Odinsa
S.A.

Asevera que, al 2 de noviembre de 2012 las mencionadas acciones tenían un valor
total de $65.226.976.000.

Indica que, entre el 8 de agosto y el 1° de noviembre de 2012, Interbolsa S.A.
registró ante el sistema de la Bolsa de Valores de Colombia 70 operaciones de
reporto sobre las referidas acciones, afirmando que la actuación se efectuó sin que
mediase orden de Cromas S.A. y sin que ésta recibiera el dinero de dichas
operaciones.

Advierte que, mediante Resolución No. 1812 del 7 de noviembre de 2012, la
Superintendencia Financiera ordenó tomar posesión de Interbolsa S.A., por
presuntas irregularidades en su manejo y administración.

Señala que, en Resolución No. 010 del 7 de noviembre de 2012, Fogafín designó a
Ignacio José Argüello Andrade como liquidador de la mencionada sociedad.

Sostiene que, en fecha indeterminada, el liquidador de Interbolsa S.A. S.C.B. en
Liquidación Forzosa Administrativa le manifestó a Cromas S.A. que debía pagar las
operaciones de recompra de las mencionadas acciones.

Manifiesta que, en fecha indeterminada, se declaró el incumplimiento de Cromas
S.A. frente a las operaciones de recompra de las acciones de Odinsa S.A.

4

Radicado: 25000233600020150009102 (61176)
Demandante: Cromas S.A.

Afirma que, mediante Resolución No. 035 del 7 de marzo de 2014, el liquidador de
Interbolsa señaló que el valor a reconocer por las acreencias de Cromas S.A. era
de cero pesos.

La demandante alega la pérdida de la propiedad que ostentaba sobre las acciones
de Odinsa S.A., atribuible a que el liquidador de Interbolsa S.A. S.C.B. en
Liquidación Forzosa Administrativa no efectuó su respectiva recompra, luego de las
operaciones de reporto. Al respecto, la demandante considera que este hecho tuvo
lugar porque el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras – Fogafín omitió el
ejercicio adecuado de las funciones de vigilancia sobre las actuaciones del
liquidador de Interbolsa S.A. S.C.B. en Liquidación Forzosa Administrativa.

Así, textualmente expuso: “Fogafín es responsable de las actuaciones de las
personas que designa para ejercer como liquidadores, a tal punto que dicha
responsabilidad no se limita al nombramiento de personas idóneas, sino que
también abarca la obligación de vigilar su gestión, solicitarle informes, incluso llega
hasta poder sancionarlo, tal como lo establece la Ley”.

2. Contestación

El 6 de julio de 20152, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la
demanda y ordenó su notificación a la entidad demandada y al Ministerio Público.

2.1. Fogafín3 manifestó que su actuación en el proceso de liquidación de Interbolsa
S.A. S.C.B. en Liquidación Forzosa Administrativa no le ocasionó daño alguno a la
demandante, toda vez que este se adelantó conforme a las exigencias sustanciales
y formales que la ley impone.

Precisó que el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (en adelante EOSF) y el
Decreto 2555 de 2010, no contemplan la obligación de Fogafín de intervenir en los
actos de liquidación y su gestión. Adicionalmente, afirmó que la responsabilidad por

2 Fl. 38, C.1.
3 Fl. 50 a 94, C.1.

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Radicado: 25000233600020150009102 (61176)
Demandante: Cromas S.A.

los actos del liquidador es personal, conforme al numeral 10 del artículo 295 del
EOSF.

Formuló como excepciones las que denominó “falta de legitimación en la causa por
pasiva”, dado que el daño antijurídico alegado no se deriva de alguna acción u
omisión del Fogafín y “culpa exclusiva de la demandante”, argumentado que la
demandante debió interponer los recursos de ley contra la Resolución No. 3 del 5
de marzo de 2013, por la cual el liquidador de Interbolsa S.A. S.C.B. en Liquidación
Forzosa Administrativa aceptó condicionalmente la reclamación de Cromas S.A. por
el valor equivalente a la diferencia entre el precio pactado en la operación de
recompra y el valor del mercado a la fecha de incumplimiento.

3. Audiencia inicial

El 19 de abril de 20164, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca celebró la
audiencia inicial en la que realizó el saneamiento del proceso, resolvió las
excepciones previas, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.

Frente a este último punto, es decir, el objeto del litigio, señaló que se circunscribiría
a determinar si “es administrativa y extracontractualmente responsable el Fondo de
Garantías Financieras – Fogafín por los perjuicios alegados por la demandante con
ocasión a la designación del liquidador y la presunta falla del servicio, falta de
idoneidad y el defectuoso funcionamiento por la no vigilancia o seguimiento a las
actuaciones efectuadas por el liquidador dentro de la liquidación forzosa
administrativa de Interbolsa S.A. ordenada mediante Resolución No. 1812 del 7 de
noviembre de 2012 por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia”.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 15 de junio de 20175 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4 Fl. 239 a 244, C.1.
5 Fl. 719 a 720, C.2.

6

Radicado: 25000233600020150009102 (61176)
Demandante: Cromas S.A.

4.1. La parte demandante6 reiteró los argumentos expuestos en el escrito de la
demanda. Adicionalmente, afirmó que en la liquidación de Interbolsa S.A., Fogafín
tenía amplias facultades para realizar seguimiento, dirección, instrucción y
supervisión de esta liquidación forzosa administrativa. Argumentó que la actuación
negligente de Fogafín permitió que en la liquidación de Interbolsa S.A. se
incumplieran las operaciones de recompra para adquirir las acciones de Odinsa S.A.
que pertenecían a Cromas S.A., lo que, a su vez, impidió el reconocimiento
adecuado de la cuantía de la acreencia de Cromas S.A. basada en el valor de dichas
acciones.

4.2. Fogafín7 sostiene que su actuación en el proceso de liquidación de Interbolsa
S.A. no presenta conducta cuestionable alguna. Señala que efectuó las labores de
seguimiento del proceso de liquidación de conformidad con el artículo 291 del EOSF
y que la labor de vigilancia correspondía a la Superintendencia Financiera.
Adicionalmente, advierte la designación de Ignacio José Argüello Andrade como
liquidador, sin que contra este acto se hayan formulado reproches específicos.
Finalmente, indica que el ordenamiento legal no faculta a Fogafín para intervenir en
las actuaciones del liquidador, ni para revocar sus actos.

4.3. El Ministerio Público guardó silencio.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 14 de febrero de 20188 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda Consideró que Fogafín no
incurrió en la falla del servicio endilgada, toda vez que cumplió con su labor de
seguimiento del liquidador en el trámite de liquidación forzosa administrativa de
Interbolsa S.A. Advirtió que Fogafín no tenía competencia para impartir ordenes con
el propósito de que el liquidador procediera a recuperar las acciones de Cromas
S.A., operadas en repos.

6 Fl. 750 a 777, C.2.
7 Fl. 727 a 749, C.2.
8 Fl. 779 a 803, C.P.

7

Radicado: 25000233600020150009102 (61176)
Demandante: Cromas S.A.

Finalmente, precisó que los actos administrativos proferidos por el liquidador se
dictaron de forma autónoma, los cuales podían ser cuestionados en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, como efectivamente lo
hizo la sociedad aquí demandante.

6. Recurso de apelación

El 7 de marzo de 20189 la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual
fue concedido el 14 de marzo de 201810 y admitido el 21 de mayo siguiente11.

6.1. La recurrente12 reiteró los argumentos expuestos en el escrito de demanda.
Adicionalmente, señaló que Fogafín estuvo enterada de la problemática de Cromas
S.A. como acreedor de la liquidación, razón por la cual “debió haber ejercido
activamente las facultades de instrucción que la ley prevé, tales como, exigencia de
informes o rendición de cuentas de la acreencia de Cromas, o incluso, la suspensión
del proceso, que al no haberlo hecho, derivó en una ineficaz gestión de la
liquidación”. Finalmente, sostuvo que Fogafín debió requerir al liquidador de
Interbolsa S.A. en liquidación para que cumpliera con las operaciones de recompra
de las acciones de Cromas y para que se graduara y calificara en debida forma su
acreencia por el monto total de las acciones que perdió.

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 26 de junio de 201813 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

7.1. La parte demandante14 y Fogafín15 reiteraron los argumentos expuestos en el
recurso de apelación y en el trámite de la primera instancia, respectivamente.

9 Fl. 816 a 840, C.P.
10 Fl. 842 a 843, C.P.
11 Fl. 858, C.P.
12 Fl. 816 a 840, C.P.
13 Fl. 862, C.P.
14 Fl. 889 a 894, C.P.
15 Fl. 865 a 888, C.P.

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Radicado: 25000233600020150009102 (61176)
Demandante: Cromas S.A.

7.2. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado16 solicitó confirmar la
sentencia de primera instancia, al estimar que Fogafín cumplió a cabalidad con su
función de seguimiento de la liquidación de Interbolsa, sin que le sea imputable el
daño alegado por la parte actora.

7.3. El Ministerio Público guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra
la sentencia del 14 de febrero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor de la demanda,
supera la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado en ejercicio del
medio de control de reparación directa tenga vocación de doble instancia ante esta
Corporación17, de acuerdo a lo previsto en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2. Medio de control procedente

La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el
artículo 14018 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

16 Fl. 910 a 921, C.P.
17 El valor de la pretensión mayor, por perjuicios materiales, se estima en la suma de
$55.000.000.000.
18 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona

interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u
omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre
otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación
temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa
imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de
la misma. En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y

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Radicado: 25000233600020150009102 (61176)
Demandante: Cromas S.A.

En vista de lo expuesto, se evidencia que el medio de control procedente es el de
reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño por una omisión del
Fogafín.

3. Vigencia de la acción

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en
oportunidad alguna por las partes, ni la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo,
resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto se trata de
un presupuesto procesal19.

Así, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico
jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la
protección del interés general20, estableció unos plazos para poder ejercer
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser
razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de
las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una
de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”.
19 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad

de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales.
Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la
caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y
generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter
de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para
declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad, actúa al verificarse el
plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius
cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó
anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la
acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración
alguna”. Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252.
20 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal

a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida
justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener
seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no
concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,
esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser
declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”

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Demandante: Cromas S.A.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción21, ofrecer estabilidad del
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle
configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna
situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una
limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando
como una sanción ipso iure22 que opera por la falta de actividad oportuna en la
puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún
reconocimiento o protección de la justicia23, cuya consecuencia, por demandar más

21 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a

la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción
necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las
acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para
solidificar el concepto de derechos adquiridos”
22 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de

los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en
tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es
así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no
admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto
procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
23 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados

por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen

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allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad
potestativa de accionar.

El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo24, señala que la acción de reparación directa deberá presentarse dentro
del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de
la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener
conocimiento de este si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad
de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

Sobre el particular, la Sala advierte que entre el 8 de agosto y el 1° de noviembre
de 2012, Interbolsa S.A. registró ante el sistema de la Bolsa de Valores de Colombia
70 operaciones de reporto sobre las acciones de Odinsa S.A. que eran propiedad
de Cromas S.A (hecho probado 7.1.3.) y que el plazo establecido en las
mencionadas operaciones de reporto venció entre el 6 de noviembre de 2012, el 11
de febrero de 2012 y el 11 de febrero de 2013, sin que se hubiese efectuado su
respectiva operación de recompra (hecho probado 7.1.5.).

De conformidad con lo anterior, se estima que en el caso sub examine el derecho
de accionar se ejerció en tiempo teniendo en cuenta: i) que el 6 de noviembre de
2012 venció el primer plazo de las referidas operaciones de reporto, sin que se
hubiese efectuado su recompra; ii) que el 6 de agosto de 2014 la parte demandante
presentó solicitud de conciliación extrajudicial la cual se declaró fallida el 18 de
septiembre de 201425; y iii) que la demanda se presentó el 13 de enero de 201526,
esto es, dentro del plazo establecido en la norma antes citada.

entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.
24 Al sub examine, por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de julio de 2012,

le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y las modificaciones introducidas por el
legislador en la Ley 2080 de 2021. Asimismo, son aplicables las disposiciones del Código General
del Proceso (CGP), en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de
los estatutos mencionados.
25 Fl. 1, C.2.
26 Fl. 15, C.1.

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Demandante: Cromas S.A.

4. Legitimación en la causa

Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis27.

4.1. Cromas S.A., es sobre quien recae el interés jurídico que se debate en este
proceso y está legitimada en la causa por activa, toda vez que era la propietaria de
las acciones de Odinsa S.A. (hecho probado 7.1.2.), cuya pérdida se alega, como
daño antijurídico y como consecuencia de la labor ejercida por Interbolsa S.A.
S.C.B. en Liquidación Forzosa Administrativa, bajo la vigilancia de Fogafín.

4.2. Fogafín está legitimado en la causa por pasiva, toda vez que en Resolución No.
10 del 7 de noviembre de 2012, designó al liquidador de Interbolsa S.A. S.C.B. en
Liquidación Forzosa Administrativa (hecho probado 7.1.7.) y, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 11.3.15.1.1. del Decreto 2555 de 201028, era la entidad
pública encargada de realizar el seguimiento a la actividad del liquidador designado.
Asimismo, porque es la entidad frente a la cual se alega la falla del servicio
consistente en la inadecuada labor de vigilancia sobre las actuaciones del liquidador
de Interbolsa S.A. S.C.B. en Liquidación Forzosa Administrativa.

27 Frente al tema, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “la legitimación en la causa
corresponde a un presupuesto procesal de la acción (y no de la pretensión) y, por lo tanto, debe
analizarse de oficio y de manera previa a la decisión de fondo de la litis. En consecuencia, la ausencia
de legitimación material en la causa tanto activa como pasiva impide adentrarse en el fondo del
caso”. Consejo de Estado, Sentencia del 28 de abril de 2021. Rad.: 48436. En igual sentido, ver
sentencia del Consejo de Estado del 8 de octubre de 2020, Rad.: 1760-18. Sentencia del 25 de julio
de 2019, Rad.: 54527 y auto del 10 de septiembre de 2020, Rad.: 0736-18.
28 “Artículo 11.3.15.1.1 Facultades. En los procesos de toma de posesión y liquidación forzosa

administrativa adoptados sobre las entidades enunciadas en el numeral 1 del parágrafo 3 del artículo
75 de la Ley 964 de 2005, los organismos de autorregulación y las entidades que administren
sistemas de registro de operaciones sobre valores, el Fondo de Garantías de Instituciones
Financieras, en adelante el Fondo, ejercerá las funciones consagradas en el Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero para estos efectos, así como las previstas en el Libro 1 de la Parte 9 del presente
decreto y demás normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen en lo que sea compatible
con su naturaleza, en particular las siguientes:
1. Designar al agente especial y al liquidador, quienes podrán ser personas naturales o jurídicas que
podrán actuar tanto durante la etapa de administración como de la liquidación, y
2. Realizar el seguimiento de la actividad del agente especial y del liquidador, sin perjuicio de la
vigilancia que ejerza la Superintendencia Financiera de Colombia sobre la entidad objeto de
administración mientras no se decida su liquidación”.

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Radicado: 25000233600020150009102 (61176)
Demandante: Cromas S.A.

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la pérdida de la propiedad que ostentaba
Cromas S.A. sobre las acciones de Odinsa S.A., atribuible a que el liquidador de
Interbolsa S.A. S.C.B. en Liquidación Forzosa Administrativa no efectuó su
respectiva recompra, es imputable a una omisión en el ejercicio adecuado de las
funciones de vigilancia sobre las actuaciones del liquidador de Interbolsa S.A.
S.C.B. en Liquidación Forzosa Administrativa, por parte de Fogafín.

6. Solución al problema jurídico

Antes de entrar a resolver el problema jurídico que se ha planteado, es conveniente
exponer unas consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado.

6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado

El artículo 90 de la Constitución Política de 199129 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.

El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el
ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la
ley o el derecho30, que contraría el orden legal31 o que está desprovista de una
causa que la justifique32, resultado que se produce sin derecho al contrastar con las
normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o
protegida33, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto
resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor

29 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia
de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.
30 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945
31 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez

Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.
32 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499;

Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.
33 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva

Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.

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Radicado: 25000233600020150009102 (61176)
Demandante: Cromas S.A.

patrimonial que sufre. Reductivamente, se dice que daño antijurídico es aquel que
la persona no tiene el deber jurídico de soportar, descripción que, aunque ilustra en
términos generales el fenómeno lesivo indemnizable, resulta insuficiente para
explicarlo integralmente.

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño
antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo y que comprende los daños
causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo de ella,
de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han desarrollado para
ello, principalmente por la doctrina, y que han sido acogidos y aplicados por la
jurisprudencia, como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio, con el
desequilibrio de las cargas públicas, con el riesgo excepcional y con el daño
especial, entre otros34.

Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.

7. El caso concreto

En el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 14 de febrero
de 2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones
de la demanda, el extremo activo reiteró los argumentos expuestos en el escrito de
demanda. Adicionalmente, señaló que Fogafín estuvo enterada de la problemática
de Cromas S.A. como acreedor de la liquidación, razón por la cual “debió haber
ejercido activamente las facultades de instrucción que la ley prevé, tales como,
exigencia de informes o rendición de cuentas de la acreencia de Cromas, o incluso,
la suspensión del proceso, que al no haberlo hecho, derivó en una ineficaz gestión
de la liquidación”. Finalmente, sostuvo que Fogafín debió requerir al liquidador de
Interbolsa S.A. S.C.B. en Liquidación Forzosa Administrativa para que cumpliera
con las operaciones de recompra de las acciones de Cromas S.A. y para que se

34Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C,
sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386.

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Radicado: 25000233600020150009102 (61176)
Demandante: Cromas S.A.

graduara y calificara en debida forma su acreencia por el monto total de las acciones
que perdió.

En este sentido, y comoquiera que sólo la parte demandante presentó recurso de
apelación contra la sentencia proferida el 14 de febrero de 2018 por el Tribunal
Administrativo del Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
328 del Código General del Proceso, se resolverá el asunto exclusivamente en
aquello que se reprocha como desfavorable en el recurso35.

Por ello, a continuación, se analizará si la pérdida de la propiedad que ostentaba
Cromas S.A. sobre las acciones de Odinsa S.A., atribuible a que el liquidador de
Interbolsa S.A. S.A. S.C.B. en Liquidación Forzosa Administrativa no efectuó su
respectiva recompra, es imputable a una omisión en el ejercicio adecuado de las
funciones de vigilancia sobre las actuaciones del liquidador de Interbolsa S.A.
S.C.B. en Liquidación Forzosa Administrativa, por parte de Fogafín.

Igualmente, se advierte que el cargo expuesto en el recurso de apelación, según el
cual Fogafín debió requerir al liquidador de Interbolsa S.A. S.C.B. en Liquidación
Forzosa Administrativa para que graduara y calificara en debida forma su acreencia
por el monto total de las acciones cuya pérdida alega la demanda, debe ser excluido
del análisis de esta providencia. En primer lugar, porque esta situación no fue
advertida en los cargos de la demanda, aunque se refirió en los alegatos de
conclusión de primera instancia.

En segundo lugar, porque tal circunstancia excedería las pretensiones de
reparación directa y conllevaría a un estudio sobre la legalidad de Resolución No.
035 del 7 de marzo de 2013 que denegó el reconocimiento de monto alguno a favor
de la demandante (hecho probado 7.1.10.). Al respecto, conviene advertir que este

35 “Artículo 328. Competencia del Superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan
apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin
limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el
recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación
del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos
íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes,
salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.”

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Radicado: 25000233600020150009102 (61176)
Demandante: Cromas S.A.

asunto fue objeto de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho resuelta
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 15 de junio
de 2023, que denegó la nulidad deprecada y adquirió firmeza el 30 de septiembre
de 2023, sin que la demandante presentara recurso de apelación36.

Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si los elementos que estructuran la responsabilidad del
Estado se encuentran acreditados.

7.1. Hechos probados

7.1.1. Se demostró que, el 10 de febrero de 2010, Cromas S.A. celebró un contrato
de mandato para administración de valores con Interbolsa S.A. De esta información
da cuenta la copia simple de dicho documento37.

7.1.2. Se acreditó que, para el 9 de marzo de 2012, Cromas S.A. era propietaria de
6.615.934 acciones de Odinsa S.A., según da cuenta la copia simple del listado de
accionistas de la mencionada sociedad, para dicha fecha38.

7.1.3. Consta que, entre el 8 de agosto y el 1° de noviembre de 2012, Interbolsa
S.A. registró ante el sistema de la Bolsa de Valores de Colombia 70 operaciones de
reporto sobre las acciones de Odinsa S.A. que eran propiedad de Cromas S.A. Está
información consta en la copia simple del resumen provisional por cuenta, expedido
por Interbolsa el 22 de febrero de 201339.

7.1.4. Se probó que, mediante Resolución No. 1795 del 2 de noviembre de 2012, la
Superintendencia Financiera ordenó la toma de posesión de la sociedad Interbolsa
S.A., pues evidenció que “la sociedad comisionista de bolsa incurrió en la causal
descrita en el literal a) del artículo 114 del EOSF, por cuanto suspendió el pago de

36 Consulta Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Radicado 5000234100020140166600.
37 Fl. 13 a 14, C.3.
38 Fl. 16, C.3.
39 Fl. 23 a 40, C.3.

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Radicado: 25000233600020150009102 (61176)
Demandante: Cromas S.A.

sus obligaciones”. De esta información da cuenta la copia simple del referido acto
administrativo40.

7.1.5. Está probado que, entre el 6 de noviembre de 2012 y el 11 de febrero de
2013, venció el plazo de las operaciones de reporto sobre las acciones de Odinsa
S.A., sin que se hubiese efectuado su recompra. Está información consta en la copia
simple del resumen provisional por cuenta expedido por Interbolsa el 22 de febrero
de 201341.

7.1.6. Está acreditado que, mediante Resolución No. 1812 del 7 de noviembre de
2012, la Superintendencia Financiera ordenó la liquidación forzosa de la citada
sociedad comisionista de bolsa que, en adelante, tomaría el nombre de Interbolsa
S.A. S.C.B. en Liquidación Forzosa Administrativa. En sustento de la decisión se
advirtió que “las dificultades de iliquidez que afronta la sociedad y que dieron lugar
a la suspensión de pagos, no pudieron ser subsanadas en desarrollo de la toma de
posesión”. Además, dispuso “que todos los inversionistas y acreedores, incluidos
los garantizados, quedarían sujetos a las medidas que se adopten para la
liquidación forzosa administrativa, para lo cual deberán ejercer sus derechos y hacer
efectiva cualquier tipo de garantía que dispongan frente a la intervenida dentro del
proceso de liquidación”. Adicionalmente, se precisó que “la presente decisión no
impedirá cumplir las operaciones realizadas por la entidad o por cuenta de ella en
el mercado de valores cuando ella sea conveniente para la misma”. De ello da
cuenta la copia simple del referido acto administrativo42.

7.1.7. Se demostró que, en Resolución No. 10 del 7 de noviembre de 2012, Fogafín
designó como liquidador de Interbolsa S.A. a Ignacio José Argüello Andrade. Según
da cuenta la copia simple de dicho acto administrativo43.

7.1.8. Se acreditó que el 21 de diciembre de 2012, Cromas S.A. presentó al
liquidador de Interbolsa S.A. S.C.B. en Liquidación Forzosa Administrativa el

40 Fl. 3 a 13, C.4.
41 Fl. 23 a 40, C.3.
42 Fl. 14 a 21, C.4.
43 Fl. 119 a 120, C.4.

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Radicado: 25000233600020150009102 (61176)
Demandante: Cromas S.A.

formulario de reclamación de acreencias en el trámite liquidatorio. Está información
consta en la copia simple del referido documento44.

7.1.9. Consta que, mediante Resolución No. 03 del 5 de marzo de 2013, el liquidador
de Interbolsa S.A. S.C.B. en Liquidación Forzosa Administrativa decidió sobre las
reclamaciones de créditos presentadas oportunamente en relación con los bienes
que integran la masa de la liquidación y que, en cuanto a Cromas S.A., aceptó
condicionalmente la reclamación “en el valor equivalente a la diferencia que surja
entre el precio pactado en la operación de recompra y el valor del mercado a la
fecha de incumplimiento”. De esta información da cuenta la copia simple de dicho
acto administrativo45.

7.1.10. Se probó que, en Resolución No. 035 del 7 de marzo de 2013, el liquidador
de Interbolsa S.A. S.C.B. en Liquidación Forzosa Administrativa no reconoció valor
alguno a favor de Cromas S.A., en consideración a que las liquidaciones de la Bolsa
de Valores de Colombia no arrojaron saldo a favor de los reclamantes, por las
operaciones repo pasivas de Cromas S.A. De ello da cuenta la copia simple del
referido acto administrativo46.

7.1.11. Finalmente, está probado que, entre el 31 de enero de 2013 y el 19 de agosto
de 2015, Fogafín realizó 32 reuniones de seguimiento con el liquidador de Interbolsa
S.A. S.C.B. en Liquidación Forzosa Administrativa, según da cuenta la copia simple
de las actas de dichas reuniones47.

7.2. Análisis de los elementos de la responsabilidad del Estado

En aras de resolver el cargo invocado en el recurso de apelación, la Sala analizará
de forma ordenada cada uno de los elementos de la responsabilidad patrimonial del
Estado, ya que la configuración de dicho instituto jurídico depende de la sumatoria
de los componentes que lo conforman. Por lo anterior, se hace necesario abordar
dichos elementos de la siguiente manera: i) el daño antijurídico y ii) su imputación

44 Fl. 43 a 52, C.3.
45 Fl. 22 a 59, C.4.
46 Fl. 60 a 62, C.4.
47 Fl. 1 a 221, C.5 y Fl 1 a 184, C.6.

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Radicado: 25000233600020150009102 (61176)
Demandante: Cromas S.A.

frente al Estado.

Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende
a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia del daño como elemento
esencial del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de toda
utilidad, ya que aún ante su existencia, no será posible declarar responsabilidad
patrimonial de la Administración48.

7.2.1. El daño antijurídico

El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el
ordenamiento; es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho, que
contraría el orden legal o que está desprovista de una causa que la justifique,
violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta
contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor
patrimonial que sufre. Reductivamente, se dice que daño antijurídico es aquel que
la persona no tiene el deber jurídico de soportar, descripción que, aunque ilustra en
términos generales el fenómeno lesivo indemnizable, resulta insuficiente para
explicarlo integralmente.

En el caso sub examine se tiene que el daño alegado consiste en la pérdida de la
propiedad de Cromas S.A. de las acciones de Odinsa S.A., derivada de unas
operaciones de reporto que se efectuaron sobre ellas sin que el agente liquidador
de Interbolsa S.A. en Liquidación realizara su recompra.

Al respecto es necesario advertir que las operaciones de reporto (también conocidas
como operaciones repo) son acuerdos financieros en los cuales una de las partes
vende un valor a otra con el compromiso de recomprarlo en una fecha futura a un
precio previamente acordado49.

48 Sobre este aspecto Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.

Sentencias del 13 de agosto de 2008, Rad. 16516; 6 de junio de 2012, Rad. 24633; 5 de marzo de
2020, Rad. 50264.
49 Artículo 14, Ley 964 de 2005. “Por la cual se dictan normas generales y se señalan en ellas los

objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular las actividades de
manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público que se efectúen mediante
valores y se dictan otras disposiciones”.

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Radicado: 25000233600020150009102 (61176)
Demandante: Cromas S.A.

Así las cosas, “si quien inicialmente transfiere los valores incumple su obligación de
pagar el precio de readquisición, su contraparte mantendrá el derecho de propiedad
sobre los mismos y en consecuencia podrá conservarlos definitivamente, disponer
de ellos o cobrarlos a su vencimiento.”50

De acuerdo con los medios probatorios arrimados al proceso está acreditado que:
i) entre el 8 de agosto y el 1° de noviembre de 2012, Interbolsa S.A. registró ante el
sistema de la Bolsa de Valores de Colombia 72 operaciones de reporto sobre las
acciones de Odinsa S.A. que eran propiedad de Cromas S.A. (hecho probado
7.1.3.); ii) entre el 2 de noviembre de 2012 y el 11 de febrero de 2013, venció el
plazo de las operaciones de reporto sobre las acciones de Odinsa S.A., sin que se
hubiese efectuado su recompra (hecho probado 7.1.5.); iii) que el 21 de S.A. S.C.B.
en Liquidación Forzosa Administrativa el formulario de reclamación de acreencias
en el trámite liquidatorio (hecho probado 7.1.8.); y iv) que mediante Resolución No.
035 del 7 de marzo de 2013 el liquidador de Interbolsa S.A. S.C.B. en Liquidación
Forzosa Administrativa señaló que el valor reconocido en las acreencias de Cromas
S.A. era de cero pesos (hecho probado 7.1.10.).

En estos términos, se tiene acreditado que Cromas S.A. perdió la propiedad sobre
las acciones de Odinsa S.A., negociadas mediante la operación repo, como
consecuencia de no haberse ejercido el derecho de recompra.

Este daño tiene el carácter de antijurídico, pues se trata de una afectación a la
garantía integral del patrimonio que, como interés legítimo, encuentra protección en
el ordenamiento jurídico, de conformidad con los artículos 2 y 58 de la Carta Política.
Además, el menoscabo alegado resulta antijurídico, pues se trata de la afectación
de un derecho protegido por el ordenamiento jurídico, cuya lesión no encuentra
justificación.

50 Literal b, ibidem.

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Radicado: 25000233600020150009102 (61176)
Demandante: Cromas S.A.

7.2.2. La imputación

Para determinar si hay lugar a imputar el daño antijurídico a Fogafín es menester
establecer si éste le es atribuible fáctica y jurídicamente.

En el caso sub examine la parte actora sustenta su reproche argumentando que
Fogafín incumplió su obligación de vigilar la gestión del liquidador de Interbolsa
S.A. S.C.B. en Liquidación Forzosa Administrativa, lo cual condujo a la pérdida de
las acciones que ostentaba en la sociedad Odinsa S.A., por no haberse ejercido su
operación de recompra.

Pues bien, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 11.3.15.1.1. del Decreto
2555 de 201051, Fogafín es la entidad encargada de ejercer el seguimiento de la
actividad del liquidador. Sobre el particular, conviene precisar, que contrario a lo
afirmado por la parte actora, a la entidad demandada no se le han atribuido
funciones de inspección, vigilancia o control respecto del liquidador, las cuales han
sido definidas por la Corte Constitucional en los siguientes términos “[…] la función
de inspección, consiste en la facultad que tiene la Administración de solicitar y/o
verificar información o documentos que estén en poder de las entidades sujetas a
su control; la vigilancia, hace alusión al seguimiento y evaluación de las actividades
desarrolladas por la actividad vigilancia; y, el control, corresponde a la posibilidad
de que la autoridad ponga en marcha correctivos, lo cual puede producir la
revocatoria del controlado o la imposición de sanciones”52.

51 “Facultades. En los procesos de toma de posesión y liquidación forzosa administrativa adoptados

sobre las entidades enunciadas en el numeral 1 del parágrafo 3 del artículo 75 de la Ley 964 de
2005, los organismos de autorregulación y las entidades que administren sistemas de registro de
operaciones sobre valores, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, en adelante el
Fondo, ejercerá las funciones consagradas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero para
estos efectos, así como las previstas en el Libro 1 de la Parte 9 del presente decreto y demás normas
que lo modifiquen, sustituyan o complementen en lo que sea compatible con su naturaleza, en
particular las siguientes:
1. Designar al agente especial y al liquidador, quienes podrán ser personas naturales o jurídicas que
podrán actuar tanto durante la etapa de administración como de la liquidación, y
2. Realizar el seguimiento de la actividad del agente especial y del liquidador, sin perjuicio de
la vigilancia que ejerza la Superintendencia Financiera de Colombia sobre la entidad objeto
de administración mientras no se decida su liquidación” (se destaca).
52 Corte Constitucional, sentencia C851/13.

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Radicado: 25000233600020150009102 (61176)
Demandante: Cromas S.A.

Sobre el particular se precisa que las facultades de Fogafín se circunscriben a
realizar seguimiento de la actividad del liquidador, la cual, de acuerdo con el
artículo 11.3.1.1.2. del Decreto 2555 de 2010, corresponde a “la facultad que tiene
el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras – Fogafín de evaluar la gestión
y eficacia del liquidador de la respectiva entidad”. Adicionalmente, la precitada
norma precisa que “El seguimiento efectuado por el Fondo de Garantías de
Instituciones Financieras Fogafín no exonera al liquidador de responsabilidad
alguna derivada del cumplimiento de sus funciones, ni implica participación o
intervención en la administración por parte del Fondo de Garantías de
Instituciones Financieras Fogafín en sus actividades”.

De conformidad con lo anterior, la Sala estima que el daño endilgado no le resulta
atribuible al Fogafín, toda vez que, de acuerdo con la norma transcrita, la labor de
seguimiento no implica su participación o intervención en las funciones del
liquidador de Interbolsa S.A. S.C.B. en Liquidación Forzosa Administrativa, quien es
responsable por las actuaciones derivadas del cumplimiento de sus funciones. Sin
embargo, se precisa, que las pretensiones de la demanda se dirigieron únicamente
en contra del Fogafín.

En línea con lo anterior, Fogafín no tenía las atribuciones para requerir al liquidador
de Interbolsa para que cumpliera con las operaciones de recompra de las acciones
de Cromas S.A., por el contrario, se advierte que de acuerdo con el artículo 295 del
EOSF53, el liquidador “ejercerá funciones públicas administrativas transitorias” y, en

53 “1. Naturaleza de las funciones del liquidador. El liquidador designado por el Fondo de Garantías

de Instituciones Financieras o por los acreedores reconocidos, ejercerá funciones públicas
administrativas transitorias, sin perjuicio de la aplicabilidad de las reglas del derecho privado a los
actos de gestión que deba ejecutar durante el proceso de liquidación.
PARAGRAFO. Cuando el liquidador sea designado por la Asamblea de Accionistas convocada
según lo dispuesto en el numeral 17 del artículo 300 del presente Estatuto, no tendrá funciones
públicas administrativas y por consiguiente únicamente ejercerá las funciones y facultades que le
atribuyan los estatutos sociales de la respectiva entidad y el Código de Comercio.
2. Naturaleza de los actos del liquidador. Las impugnaciones y objeciones que se originen en las
decisiones del liquidador relativas a la aceptación, rechazo, prelación o calificación de créditos y, en
general, las que por su naturaleza constituyan actos administrativos, corresponderá dirimirlas a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo. Los actos administrativos del liquidador gozan de
presunción de legalidad y su impugnación ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo no
suspenderá en ningún caso el proceso liquidatorio.
Contra los actos administrativos del liquidador únicamente procederá el recurso de reposición; contra
los actos de trámite, preparatorios, de impulso o ejecución del proceso, no procederá recurso alguno.

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Radicado: 25000233600020150009102 (61176)
Demandante: Cromas S.A.

ese sentido, las decisiones que adoptara constituían actos administrativos, los
cuales “gozan de presunción de legalidad”.

De otro lado, la parte actora alegó que Fogafín debió haber ejercido su facultad de
suspender el proceso liquidatorio de Interbolsa. Sobre el particular, el artículo
9.1.3.7.1. del Decreto 2555 de 2010 dispone:

“Artículo 9.1.3.7.1 Suspensión del proceso liquidatorio. Cuando no puedan
continuarse las etapas propias del proceso liquidatorio, por existir circunstancias
tales como iliquidez transitoria o procesos judiciales pendientes de resolver, se
podrá suspender el proceso por decisión del Director del Fondo de Garantías de
Instituciones Financieras - FOGAFÍN mediante acto administrativo, previo concepto
del Liquidador, quien junto con el contralor cesará en sus funciones temporalmente
hasta tanto se reinicie la liquidación, sin perjuicio del deber de cuidado y custodia
sobre los asuntos de la liquidación”.

Bajo el anterior contexto, en el presente asunto no se acreditó que el hecho de que
no se efectuara la recompra de las acciones que pertenecían a Cromas constituyese
un asunto por el cual “no puedan continuarse las etapas propias del proceso
liquidatorio”.

En este sentido y, comoquiera que se pretende endilgar responsabilidad al Fogafín
por no haber intervenido ante el liquidador para que hiciera efectivas las
operaciones de reporto pendientes, el demandante debió haber acreditado que
quien estaba a cargo de la liquidación no pudiera seguir adelante con el proceso
liquidatorio por no poderse continuar con las etapas propias de la liquidación y que
el Fondo debió conocer esa situación de manera previa, de manera que pudiera
solicitar que se procediera con las operaciones de reporto, mediante el concepto
previo del liquidador, que se echa de menos en estas diligencias.

Las decisiones sobre aceptación, rechazo, calificación o graduación de créditos, quedarán
ejecutoriadas respecto de cada crédito salvo que contra ellas se interponga recurso. En
consecuencia, si se encuentran en firme los inventarios, el liquidador podrá fijar inmediatamente
fechas para el pago de tales créditos. Lo anterior, sin perjuicio de resolver los recursos interpuestos
en relación con otros créditos y de la obligación de constituír provisión para su pago en el evento de
ser aceptados.
El liquidador podrá revocar directamente los actos administrativos que expida en los términos y
condiciones previstas en el Código Contencioso Administrativo, salvo que se disponga
expresamente lo contrario (…)”

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Radicado: 25000233600020150009102 (61176)
Demandante: Cromas S.A.

Con todo, se precisa que en el presente asunto está acreditado que Fogafín cumplió
sus labores dentro del proceso liquidatorio, pues se probó que, mediante Resolución
No. 10 del 7 de noviembre de 2012, designó como liquidador de Interbolsa S.A. a
Ignacio José Argüello Andrade (hecho probado 7.1.7.) y, a su vez, que ejerció la
labor de seguimiento de este, como dan cuenta las 32 reuniones de seguimiento
efectuadas, entre el 31 de enero de 2013 y el 19 de agosto de 2015 (hecho probado
7.1.11.).

En suma, de conformidad con lo expuesto se observa que el daño no es imputable
al Fogafín, pues no se acreditó que este se hubiese concretado por el
incumplimiento de sus funciones en el trámite liquidatorio de Interbolsa S.A. S.C.B.
en Liquidación Forzosa Administrativa.

Así las cosas, la parte resolutiva de esta providencia confirmará la sentencia del 14
de febrero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que
negó las pretensiones de la demanda.

8. Condena en costas

El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.

Al punto, el artículo 365 del Código General del Proceso, vigente para el momento
en el que se interpuso la demanda, establece las siguientes reglas para proceder a
la condena en costas, a saber:

“[…] 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica,
anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos
en este código. […]. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la
actuación que dio lugar a aquella. 3. En la providencia del superior que confirme en
todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de
la segunda. 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del
inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. […].
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en
la medida de su comprobación”.

25

Radicado: 25000233600020150009102 (61176)
Demandante: Cromas S.A.

De conformidad con las normas anteriormente transcritas, la Sala en la parte
resolutiva condenará en costas en segunda instancia a la parte actora, toda vez que
el recurso de apelación que interpuso no prosperó. La liquidación de las costas la
hará de manera concentrada el a quo, en los términos del artículo 366 del Código
General del Proceso, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 365.8
ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha liquidación las expensas que
aparezcan efectivamente probadas en el proceso.

En relación con las agencias en derecho54 en segunda instancia, se entienden
causadas en razón de la naturaleza, calidad, la cuantía del proceso y la actuación
desplegada por la parte vencedora55.

A su turno, el Acuerdo 1887 de 200356 proferido por la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura, determina que, en los procesos declarativos con
cuantía en segunda instancia, podrán fijarse “hasta por el cinco por ciento (5%) del
valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia”.

En este sentido, comoquiera que la actuación desplegada por la parte demandada
en segunda instancia comprendió la presentación de alegatos de conclusión en la
oportunidad procesal correspondiente, habrá lugar al pago de las agencias en
derecho a cargo de la parte accionante, las cuales se fijan en el 0,1% del valor de
la estimación razonada de la cuantía en la demanda, es decir, por la suma de
$63.000.000.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

54 Cfr. Art. 365 y ss. CGP.
55 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Rad.: 51034
56 Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho.

26

Radicado: 25000233600020150009102 (61176)
Demandante: Cromas S.A.

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 14 de febrero de 2018, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la
demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, las cuales serán
liquidadas de manera concentrada por el Tribunal a quo, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo
dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso.

TERCERO: FIJAR en el presente proceso, como agencias en derecho en la
segunda instancia, la suma de sesenta y tres millones pesos ($63.000.000), a cargo
de la parte demandante y a favor del Fogafín.

CUARTO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

VF

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