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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-00100-01

Fecha
8 de mayo de 2023
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-00100-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 1 de marzo de 2017, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte actora, para lo cual se fija por concepto de agencias en derecho, la suma de seis millones seiscientos sesenta mil seiscientos sesenta y cuatro ($6´660.664), que corresponden al 0.1% del valor de las pretensiones de la demanda. TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2015-00100-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

8 de mayo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 25000-23-36-000-2015-00100-01 (59.376)
Actor: Antonio María Sandoval Díaz y otro
Demandado: Superintendencia de Sociedades y otro
Referencia: Medio de control de reparación directa
Asunto: Sentencia

TEMAS: DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA –
ERROR JUDICIAL / CARGA ARGUMENTATIVA DEL RECURSO DE APELACIÓN –
ámbito de competencia del ad quem – no se satisface la carga argumentativa con la sola
reiteración de las razones expuestas en el curso de la primera instancia, resulta necesario
que se confronte la razón que soporta la decisión que se impugna – en este caso la parte
demandante no sustentó debidamente el recurso de alzada.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia que negó las pretensiones de la demanda.

Según la demanda, las accionadas deben ser declaradas responsables de los
perjuicios causados al haber ejercido indebidamente sus funciones de inspección,
vigilancia y control en el trámite de un proceso concursal y un proceso de
controversias contractuales iniciado contra Ecopetrol.

SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la sentencia del 1° de marzo de 2017, mediante la cual el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B negó las
pretensiones de la demanda.

Demanda Inicial

2. El anterior proveído decidió la demanda presentada el 13 de enero de 2015 1, por
los señores Antonio María Sandoval Díaz y María del Socorro Martínez de
Sandoval, en su calidad de “causahabientes” de la sociedad IMI LTDA, en contra de
la Superintendencia de Sociedades y la señora Carmen Judith Vásquez Vásquez
en su calidad de liquidadora, cuyas pretensiones, hechos principales y fundamentos
de derecho son, los siguientes:

1 Folios 220 a 245, Cuaderno del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

1

Radicación: 25000-23-36-000-2015-00100-01 (59.376)
Actor: Antonio María Sandoval Daza y otro
Demandado: Superintendencia de Sociedades y otro
Referencia: Acción de reparación directa

Pretensiones

3. La actora pretende que se declare la responsabilidad de los demandados y, en
consecuencia, se les condene al pago de la totalidad de los daños y perjuicios
causados con el error jurisdiccional en el que presuntamente incurrió la
Superintendencia de Sociedades al proferir los autos 650-000222 y 650-000223 del
4 de agosto de 2011, causando la perención del proceso de controversias
contractuales que adelantó la sociedad -en liquidación- contra Ecopetrol2. A su vez,
se solicitó declarar la responsabilidad de la liquidadora al omitir su deber de
adelantar con diligencia el trámite liquidatorio y velar por la adecuada conservación
de los activos de IMI LTDA3.

4. Por lo anterior, estimó la solicitud indemnizatoria en: i) seis mil millones de pesos
($6.000.000.000), por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño
emergente, correspondientes al valor final de las pretensiones de la demanda
formulada contra Ecopetrol; ii) los rendimientos financieros sobre el valor antes
indicado; y, iii) mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por
concepto de perjuicios morales, para cada uno de los demandantes4.

Hechos

5. Los actores señalaron que la sociedad Ingeniería y Montajes Industriales (IMI)
LTDA5, se constituyó el 7 de marzo de 1991,6 siendo sus socios fundadores, los
señores Antonio Sandoval Díaz, María Martínez de Sandoval, Carlos Mario y Marco
Antonio Sandoval.

6. Luego, “a mediados del año 2004”, dicha sociedad inició proceso de
reestructuración ante la Superintendencia de Sociedades – Intendencia Regional de
Cartagena, celebrándose el respectivo acuerdo de reestructuración de deudas con
sus acreedores el 6 de mayo de 2005.

2 Identificado con el Radicado No. 68001-23-31-000-2009-00453-00
3 Folios 220, 221 y 240, Cuaderno del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
4 Folio 2 del Cuaderno Principal.
5 Según Certificado de Existencia y Representación Legal No. 6534386, su objeto social se circunscribía al

“diseño básico y detallado de ingeniería eléctrica, mecánica y civil; construcción y montaje de estructuras y
equipos eléctricos, mecánicos y civiles; mantenimiento de equipos y sistemas eléctricos y mecánicos,
interventorías mecánicas, eléctricas y civiles, gerencia de proyectos, suministro de materiales y equipos
industriales, representación de casas nacionales o extranjeras, compra y venta de toda clase de artículos
electromecánicos o afines. a) Prestación de los servicios de transporte de materiales, materias primas y
personal. b) Prestación de los servicios de ingeniería, calibración y montajes de instrumentación industrial”.
Folio 1199, Cuaderno No. 6.
6 Según el hecho 2 de la demanda, la sociedad se reformó mediante las Escrituras Públicas No. 85 del 30 de

enero de 1992, 176 del 14 de febrero de 1992, 950 del 31 de mayo de 1993, 1304 del 21 de julio de 1993, 2439
del 30 de agosto de 1996, todas ellas suscritas en la Notaría Cuarta de Cartagena; 703 del 12 de julio de 1999,
288 del 2 de abril de 2001, 363 del 30 de abril de 2002, suscritas en la Notaría Sexta de Cartagena; y 2544 del
1 de diciembre de 2005, de la Notaría 1° de Cartagena. Folio 3 del Cuaderno Principal.

2

Radicación: 25000-23-36-000-2015-00100-01 (59.376)
Actor: Antonio María Sandoval Daza y otro
Demandado: Superintendencia de Sociedades y otro
Referencia: Acción de reparación directa

7. El 2 de diciembre de 2005, IMI LTDA y Ecopetrol suscribieron el contrato No.
5201418, cuyo objeto consistió en la realización de obras de mantenimiento técnico
de torres, tambores, intercambiadores, reactores, eyectores, hornos, otros equipos
y tubería durante la parada de planta de las unidades de parafinas del año 2006 en
el complejo de Barrancabermeja, cuyo valor inicial fue de dos mil ochenta y cinco
millones cien mil ochocientos ochenta y nueve pesos ($.2.085.100.889). Se
celebraron los contratos adicionales No. 17 y 28 el 10 de mayo y 16 de julio de 2006,
respectivamente.

8. El 9 de agosto de 2006, Ecopetrol e IMI LTDA, suscribieron acta de terminación
del contrato No. 5201408, y acatando lo dispuesto en su cláusula XXXV, procuraron
efectuar la liquidación de mutuo acuerdo, pero al no poderse conciliar sobre las
inconformidades de la sociedad contratista en lo referente al cumplimiento de ciertas
obligaciones de la contratante, Ecopetrol expidió Resolución No. 7 del 23 de mayo
de 2006, en la que liquidó unilateralmente el contrato, quedando un saldo a pagar
por parte de IMI LTDA de novecientos noventa y ocho millones cuatrocientos
dieciocho mil trescientos cuarenta y tres pesos ($998.418.343)9.

9. El 28 de noviembre de 2007, el promotor del acuerdo de reestructuración, bajo el
radicado No. 2007-07-004770, remitió copia del acta de la reunión de determinación
del incumplimiento de dicho acuerdo10 ante la Superintendencia de Sociedades, por
lo que, mediante Auto No. 650-000093 del 20 de febrero de 2008, decretó la
apertura del proceso de liquidación judicial de IMI LTDA y designó a la señora
Carmen Judith Vásquez Vásquez como liquidadora de los bienes de la sociedad.

10. El 8 de junio de 2009, la sociedad suscribió contrato de prestación de servicios
con Andrés Antonio Alarcón Lora, para que actuara como su apoderado judicial en
el proceso de controversias contractuales a surtirse contra Ecopetrol por el
incumplimiento del contrato No. 520141811.

11. Por lo anterior, el 14 de agosto de 200912 el referido apoderado presentó
demanda contra Ecopetrol (Rad. 68001-23-31-000-2009-00453-00) ante el Tribunal
Administrativo de Santander, la cual fue admitida en auto del 6 de noviembre de
200913, providencia en la que se dispuso que, de conformidad con el artículo 207,

7 En el contrato adicional No. 1 se modificaron las cláusulas de alcance de los trabajos, el valor del contrato, la

forma de pago y el anticipo del contrato principal, variación que consistió en mayor cantidad de obra requerida,
lo que llevó a que se incrementara el valor inicial en mil veinticuatro millones ciento veintinueve mil doscientos
cuarenta pesos ($1.024.129.240), para un total de tres mil ciento nueve millones doscientos treinta mil ciento
veintinueve pesos ($3.109.230.129). Folios 1257 a 1267, Cuaderno No. 6.
8 En el contrato adicional No. 2 nuevamente se modificó el alcance y el valor del contrato, disminuyéndose el

trabajo bajando por ello su valor en trescientos veintiocho millones doscientos unos mil ochocientos
diecinueve pesos ($328.201.819), para un total de dos mil setecientos ochenta y dos millones veintiocho mil
trecientos diez pesos ($2.782.028.310), al igual que se modifica la forma de pago y se amplía el plazo de
ejecución hasta el 9 de agosto de 2006.
9 Folios 1332 a 1343, Cuaderno No. 6.
10 Celebrada el 26 de noviembre de 2007. Folios 162 a 166, Cuaderno No. 4.
11 Folios 202 a 204, Cuaderno No. 4.
12 Folios 236 a 260, Cuaderno No. No. 8.
13 Providencia notificada por Estado del 10 de noviembre de 2009. Folio 263, Cuaderno No. 8.

3

Radicación: 25000-23-36-000-2015-00100-01 (59.376)
Actor: Antonio María Sandoval Daza y otro
Demandado: Superintendencia de Sociedades y otro
Referencia: Acción de reparación directa

numeral 4 del Código Contencioso Administrativo, debía pagarse por concepto de
gastos procesales quince mil pesos ($15.000), dentro de los 10 días siguientes a la
comunicación del número de cuenta correspondiente.

12. El 11 de agosto de 2010, la Secretaría Judicial del Tribunal Administrativo de
Santander expidió informe en el que se deja constancia que la parte demandante
no pagó los gastos procesales ordenados al admitirse la demanda14. Así, ante la
falta de pago de dicho rubro, mediante Auto del 19 de agosto de 2010, decretó la
perención del proceso15, providencia notificada por estado el 1 de septiembre
siguiente.

13. El 3 de junio de 2011, el apoderado de IMI LTDA presentó ante el Tribunal
Administrativo de Santander, escrito solicitando revocar el auto que decretó la
perención del proceso16.

14. En auto del 16 de enero de 201217, el Tribunal Administrativo de Santander
confirmó la decisión de declarar la perención.

15. Al mismo tiempo, en el proceso liquidatorio, los demandantes señalaron que la
liquidadora presentó diversos informes en los que, a pesar de haberse declarado la
perención del proceso de controversias contractuales surtido contra Ecopetrol,
dicha circunstancia no fue puesta en conocimiento de la Superintendencia de
Sociedades, a saber: i) informe trimestral de gestión del 30 de septiembre de 2009,
en el que, a pesar de ya haberse interpuesto la demanda, indicó que esta no se
había presentado pues se estaba adelantando la presentación de la conciliación
prejudicial respectiva18, ii) informe trimestral de gestión del 31 de diciembre de 2009,
en el que indicó que se presentó la demanda de controversias contractuales contra
Ecopetrol, tras haberse intentado presentar demanda arbitral ante la Cámara de
Comercio de Barrancabermeja sin éxito ante la falta de claridad de la cláusula
compromisoria19, iii) informes presentados el 23 y 24 de febrero de 2010, de los que
se destaca que se puso de presente que se firmó contrato de prestación de servicios
con Andrés Alarcón para presentar demanda de controversias contractuales contra
Ecopetrol20, iv) informe de gestión presentado el 31 de diciembre de 2010 21, en el
que la liquidadora obrando también como contadora de la sociedad en liquidación,
justificada en la falta de liquidez de la empresa expuso los estados financieros de
IMI LTDA, actuación que a juicio de los demandantes debió ser cuestionada por la
Superintendencia de Sociedades, v) informe del 30 de abril de 201122, en el que la
liquidadora vuelve a informar que la demanda de Ecopetrol está en etapa de
14 Folio 264, Cuaderno No. 8.
15 Folios 265 a 267, Cuaderno No. 8.
16 Folios 270 a 275, Cuaderno No. 8.
17 Folios 351 y 352, Cuaderno No. 8.
18 Hecho 21 de la demanda. Folio 225, Cuaderno del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
19 Hechos 27 y 28 de la demanda, Folio 226, Cuaderno del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
20 Hechos 30 y 31 de la demanda, Folios 226 y 227, Cuaderno del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
21 Hecho 38 de la demanda, Folio 228, Cuaderno del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
22 Hecho 40 de la demanda, Folio 228, Cuaderno del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

4

Radicación: 25000-23-36-000-2015-00100-01 (59.376)
Actor: Antonio María Sandoval Daza y otro
Demandado: Superintendencia de Sociedades y otro
Referencia: Acción de reparación directa

conciliación prejudicial aun cuando ya se había declarado la perención del proceso;
vi) informe del 30 de abril de 201223 en el que se reitera que aún se está
presentando la solicitud de conciliación prejudicial en el proceso de controversias
contractuales, vii) informe del 17 de agosto de 201224, en el que se indica
nuevamente que se está adelantando solicitud de conciliación prejudicial, y viii) al
presentarse la cuenta final de la liquidación el 23 de agosto de 2012 25, se pone de
presente que en la Nota No. 4. Inventarios, la liquidadora vuelve a mencionar el
trámite surtido infructuosamente ante la Cámara de Comercio de Barrancabermeja
y la presentación de la solicitud de conciliación prejudicial como prerrequisito para
interponer demanda de controversias contractuales, resaltándose que el saldo de
dicha cuenta contingente fue castigado siguiendo órdenes impartidas por el juez del
concurso, por lo que dicho registro se contabilizó en el mes de marzo de 2011,
presentando un saldo de 0.

16. En relación con el actuar de la Superintendencia de Sociedades dentro del
proceso liquidatorio de IMI LTDA, los demandantes resaltaron que a pesar de las
inconsistencias presentadas en los informes suscritos por la liquidadora, mediante
autos No. 650-000222 y 650-000223 del 4 de agosto de 2011, se dio la aceptación
de los suscritos con corte a 31 de diciembre de 2009 y 2010 y a 30 de abril de 2011.
Más adelante, en auto notificado en estado del 25 de mayo de 2012, se aceptó el
informe de gestión a 31 de diciembre de 2011 y luego, en auto No. 650-000248 del
3 de agosto de 2012, aprobó el proyecto de calificación, graduación de créditos y
determinación de derechos de voto y el inventario del patrimonio a liquidar de la
concursada, ascendiendo el total de créditos calificados a la suma de tres mil
cuatrocientos ocho millones quinientos setenta mil trescientos cincuenta y tres
($3.408.570.353).

17. Seguidamente, mencionaron que mediante auto No. 650-00278 del 12 de
septiembre de 2012, el Intendente Regional de la Superintendencia de Sociedades
en Cartagena corrió traslado a los interesados por el término de 20 días hábiles de
la rendición final de las cuentas presentadas por la liquidadora de IMI LTDA, y
finalmente, mediante auto No. 650-000389 del 5 de diciembre de 2012, aprobó la
rendición final de cuentas y dio por terminado el proceso concursal.

18. La parte actora concretó la imputación en las siguientes irregularidades:

i) El error jurisdiccional atribuido a la Superintendencia de Sociedades por omitir su
deber de vigilar, inspeccionar y controlar, en su calidad de juez del proceso
concursal, el cumplimiento de las cargas procesales de la liquidadora y no
comprobar la veracidad de los informes rendidos por esta.

23 Hecho 51 de la demanda, Folio 229, Cuaderno del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
24 Hecho 56 de la demanda, Folio 230, Cuaderno del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
25 Hecho 57 de la demanda, Folio 230, Cuaderno del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-00100-01 (59.376)
Actor: Antonio María Sandoval Daza y otro
Demandado: Superintendencia de Sociedades y otro
Referencia: Acción de reparación directa

ii) El defectuoso funcionamiento atribuido al actuar de la liquidadora por incumplir
su deber legal de procurar, tanto la adecuada conservación de los activos de la
sociedad en liquidación como la recuperación de aquellos que, luego de surtirse
debidamente el proceso de controversias contractuales podían haberse incorporado
al acervo liquidatorio. Reiteró que al haber presentado informes que no reflejaban
la verdad procesal de la demanda contra Ecopetrol ni hacer seguimiento efectivo a
lo actuado por el apoderado que ella misma designó en dicho asunto, causó la
perención del proceso de controversias contractuales, ignorando que acorde con lo
dispuesto en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 1116 de 2006, en concordancia
con los artículos 234 del Código de Comercio y 134 del Decreto 2649 de 1993, su
gestión debió ser austera y eficaz. Sumado a que, no actuó de buena fe, con lealtad
y el mínimo de diligencia exigida a un buen hombre de negocios, tal como se dispuso
en los artículos 200 y 255 del Código de Comercio.

Subsanación y reforma de la Demanda

19. Acatando decisión previa del Tribunal26, el 17 de febrero de 2015, los
demandantes presentaron escrito de subsanación de la demanda27 precisando la
estimación de la cuantía, negando la presentación de informes parciales por parte
de la liquidadora e informando las direcciones electrónicas de notificación de las
partes procesales, por lo que, mediante auto del 9 de marzo de 2015, se admitió la
demanda de reparación directa, se notificó a la parte demandada y al Ministerio
Público28.

20. Posteriormente, en auto del 14 de diciembre de 2015, se aceptó el llamamiento
en garantía pedido por el apoderado de la señora Carmen Vásquez de la
Aseguradora Solidaria de Colombia29.

21. Acto seguido, el 3 de mayo de 2016 la parte actora presentó nuevo escrito de
subsanación de la demanda30 ante la decisión del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca de dejar sin valor ni efecto31 las actuaciones surtidas a partir del auto

26 Auto del 2 de febrero de 2016, mediante se inadmitió la demanda, Folio 25, Cuaderno Principal.
27 Folios 27 a 32, Cuaderno Principal.
28 Folios 34 y 35, Cuaderno Principal.
29 Folios 163 y 164, Cuaderno Principal.
30 Folios 218 a 245, Cuaderno del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
31 En auto del 11 de abril de 2016, el A quo pidió a la parte actora corregir los siguientes aspectos: i) determinar

los autos proferidos por la Superintendencia de Sociedades contentivos del error jurisdiccional que se le endilga,
así como indicar las actuaciones realizadas por la liquidadora o que presuntamente condujeron a la pérdida de
los activos de la sociedad en liquidación y las gestiones adelantadas por los socios para impedir la pérdida de
dichos bienes, ii) modificar las pretensiones de la demanda incluyendo la información pedida en el anterior
numeral, y iii) excluir como parte demandada al abogado Andrés Antonio Alarcón Lora porque el cumplimiento
de sus obligaciones derivadas del contrato de prestación de servicios suscrito con la liquidadora es un asunto
de responsabilidad civil extracontractual que debe ventilarse ante la jurisdicción ordinaria.
Sobre el particular es importante precisar que, tanto en el escrito de demanda inicial como en su posterior
subsanación, la parte actora al formular sus pretensiones y los hechos que las sustentaban, no indicó
expresamente los autos proferidos por la Superintendencia de Sociedades que a su juicio, configuraban el error
jurisdiccional al interior del proceso concursal, e igualmente, tampoco precisó las actuaciones específicas de la
liquidadora que llevaron a la pérdida injustificada de la cuenta contingente. En efecto, las pretensiones iniciales
de la demanda fueron formuladas en los siguientes términos: “PRIMERA: Que se DECLARE que la

6

Radicación: 25000-23-36-000-2015-00100-01 (59.376)
Actor: Antonio María Sandoval Daza y otro
Demandado: Superintendencia de Sociedades y otro
Referencia: Acción de reparación directa

inadmisorio del 2 de febrero de 2015. No obstante, atendiendo las fechas de
notificación de los informes presentados por la liquidadora y de algunos autos
proferidos por la Superintendencia de Sociedades, en providencia del 31 de mayo
de 201632, se declaró la caducidad parcial de la acción y se rechazaron parcialmente
las pretensiones de la demanda33, providencia que no fue recurrida por la parte
actora34.

22. Con todo, en auto del 5 de julio de 2016, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca admitió nuevamente la demanda y las pretensiones continuaron
respecto del presunto error jurisdiccional de los autos 650-000278 del 12 de
septiembre de 2012 y 650-000389 del 5 de diciembre de 201235.

La Defensa

Superintendencia de Sociedades omitió sus deberes de inspección, vigilancia y control del proceso de
liquidación de la sociedad Ingeniería y Montajes Industriales Ltda. IMI en Liquidación Judicial.
SEGUNDA: Que se DECLARE que la señora Carmen Judith Vásquez Vásquez omitió su deber de adelantar
con diligencia el trámite de liquidación de la sociedad Ingeniería y Montajes Industriales Ltda. IMI en Liquidación
Judicial y velar por la adecuada conservación de sus activos, y que por cuenta de su conducta omisiva se
produjo la perención del proceso contencioso administrativo contractual que dicha sociedad había iniciado en
contra de Ecopetrol.
TERCERA: Que se DECLARE que el señor Andrés Antonio Alarcón omitió su deber de atender con diligencia
y cuidado el proceso contencioso administrativo contractual que la sociedad Ingeniería y Montajes Industriales
LTDA… inició contra Ecopetrol, y en el que actuaba como apoderado judicial.
CUARTO: Que como consecuencia de lo anterior, se DECLARE que [los demandados] causaron un daño a la
sociedad Ingeniería y Montajes Industriales LTDA… estimado en el valor final de la demanda formulada contra
ECOPETROL, es decir una suma superior a seis mil millones de pesos ($6.000.000.000) (…)”. Folios 1 y 2,
Cuaderno del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
32
Folios 247 a 250, Cuaderno del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
33 El Tribunal indicó que se presentó una caducidad parcial de las pretensiones de la demanda, puesto que: i)

los informes de la liquidadora en los que a juicio de los demandantes se concretó el defectuoso funcionamiento
fueron rendidos el 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2009, el 23, 24 de febrero y 31 de diciembre de 2010,
el 30 de abril de 2011, el 17 y 23 de agosto de 2012, luego, la parte demandante tenía hasta el 25 de agosto de
2014 para presentar la demanda (el 23 de agosto de 2014 era día sábado), pero esta solo fue presentada hasta
el 13 de enero de 2015, luego de haberse presentado la solicitud de conciliación extrajudicial el 12 de septiembre
de 2014 y declararse fallida la diligencia el 10 de diciembre de 2014.
Sobre la caducidad de la acción en lo referente al error judicial endilgado a la Superintendencia de Sociedades,
se considera que la demanda caducó frente a los autos No. 650-000222 del 4 de agosto de 2011, 650-000223
del 4 de agosto de 2011 y 650-00248 de 3 de agosto de 2012, pues este último auto quedó en firme el 10 de
agosto de 2012, toda vez que, acorde con lo dispuesto en el artículo 311 del CPC, las providencias quedaban
ejecutoriadas y en firme tres días después de su notificación, por lo que el término para interponer la demanda
corrió hasta el 11 de agosto de 2014, y solo hasta el 12 de septiembre de 2014 se presentó solicitud de
conciliación extrajudicial.
Además, se descartó que el término de caducidad debiera contarse, como lo señaló la parte actora, desde el
12 de septiembre de 2012, fecha en la cual se corrió traslado de la rendición final de cuentas en el proceso
liquidatorio por el término de 20 días (hecho 60 del líbelo demandatorio), pues acorde con lo dispuesto en el
artículo 169 del Código de Comercio, las cuentas rendidas por el liquidador "se pondrán a disposición de los
acreedores y socios por el término de diez días, a fin de que puedan objetarlas por falsedad, inexactitud, error
grave o por cualquier otra causa". Así, en cumplimiento del literal i) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA,
la oportunidad para presentar la demanda por un presunto error judicial y un defectuoso funcionamiento se
contaba a partir de la ejecutoria de la providencia contentiva del yerro y de la fecha de los informes rendidos
por la liquidadora.
34 Acorde a informe secretarial que reposa a folio 256, Cuaderno del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
35 En este punto debe tenerse en cuenta que al momento de surtirse la audiencia inicial, al pronunciarse sobre

las excepciones previas formuladas por los demandados, el A quo indicó que: “Se tiene en cuenta que la
Superintendencia contestó la demanda al momento de la notificación del auto del 09 de marzo de 2015,y si bien
se dejó sin efecto lo actuado por el juez, esa contestación inicial era válida, pues solamente quedaron sin efecto
fue las decisiones del juez y esta contestación fue realizada el 14 de octubre de 2015”. Folio 284, Cuaderno del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-00100-01 (59.376)
Actor: Antonio María Sandoval Daza y otro
Demandado: Superintendencia de Sociedades y otro
Referencia: Acción de reparación directa

23. La señora Carmen Judith Vásquez Vásquez se opuso a la totalidad de las
pretensiones de la demanda, y propuso las excepciones de “inepta demanda”,
caducidad de la acción, inexistencia de todos los elementos constitutivos de la
responsabilidad y falta de elementos necesarios de imputación, “inexistencia de un
daño cierto” y la innominada36.

24. La Superintendencia de Sociedades igualmente se opuso a las pretensiones de
la demanda, alegando la falta de responsabilidad de la entidad ante el error
jurisdiccional endilgado en su calidad del juez de la liquidación. En concreto, indicó
que el seguimiento de las actuaciones judiciales de la concursada estaba a cargo
del liquidador, atendiendo a que la Superintendencia no puede ser juez y parte en
un proceso. A su vez, refirió que no se probó la responsabilidad del Estado, pues
en la demanda únicamente se realizaron una serie de apreciaciones sobre su actuar
como juez de la liquidación que no constituyen prueba de responsabilidad.
Finalmente, reiteró que el daño alegado no era cierto. Con todo, formuló como
excepciones de mérito: i) inexistencia de responsabilidad del Estado y
específicamente de la Superintendencia de Sociedades, ii) culpa de un tercero en
la configuración del daño, haciendo alusión a la autonomía funcional del liquidador
y la Superintendencia, iii) falta de legitimación en la causa por pasiva, aduciendo
que el liquidador era quien tenía el deber de hacer seguimiento al proceso de
controversias contractuales, y iv) falta de legitimación en la causa por activa, puesto
que, en caso de haber prosperado la demanda contra Ecopetrol, los dineros serían
utilizados para el pago de las acreencias de IMI LTDA, sin que los accionantes
tuvieran derecho sobre dichos activos37.

25. La Aseguradora Solidaria de Colombia, en su calidad de llamada en garantía,
también se opuso a las pretensiones de la demanda. Así, formuló las excepciones:
i) inexistencia de elementos constitutivos de responsabilidad, sustentada en el
cumplimiento efectivo de las labores de inspección, vigilancia y control, ii) carencia
de prueba del supuesto perjuicio, pues las pretensiones del proceso contra
Ecopetrol representaban una mera expectativa y un activo con un carácter
totalmente contingente, iii) caducidad de la acción, en razón a que el auto que
declaró la perención del proceso se notificó a las partes el 6 de septiembre de 2010,
esto es, más de dos años antes al momento en que los demandantes pretenden
alegar haberse dado por enterados del daño, esto es, el 12 de septiembre de 201238.

Alegatos

26. Surtida la etapa probatoria39, la Superintendencia de Sociedades reiteró su
solicitud de negar las pretensiones de la demanda, al considerar que de las

36 Folios 87 a 112, Cuaderno del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
37 Folios 113 a 121, Cuaderno del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
38 Folios 181 a 194, Cuaderno del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
39 El Tribunal, en la audiencia inicial llevada a cabo el 4 de noviembre de 2016, decretó las siguientes pruebas:

documentales: 1) copia del proceso de restructuración y posterior liquidación judicial adelantado por la sociedad

8

Radicación: 25000-23-36-000-2015-00100-01 (59.376)
Actor: Antonio María Sandoval Daza y otro
Demandado: Superintendencia de Sociedades y otro
Referencia: Acción de reparación directa

pruebas recaudadas, se demostró que la entidad estatal cumplió a cabalidad su
deberes y funciones como juez de la liquidación y que no existe daño, respecto de
lo supuestamente adeudado por Ecopetrol, entidad que liquidó unilateralmente el
contrato ante el incumplimiento de las obligaciones de IMI LTDA por lo que se le
interpusieron varias multas que derivaron en una deuda a pagar a favor de la
contratante. Seguidamente, resaltó que la señora Carmen Vásquez en su
interrogatorio de parte manifestó que los dineros que se demandan pertenecían a
una cuenta contingente, por lo que no hacían parte de los activos de la sociedad y
en caso de haberse ganado dicho proceso, estos se utilizarían para el pago de las
acreencias pendientes. Con todo, aseveró que no podía pasarse por alto que los
demandantes pudieron interponer recursos y acciones ante las decisiones
atacadas e injustificadamente no lo hicieron. Por último, reiteró la independencia
funcional entre la Superintendencia y la liquidadora40.

27. La señora Carmen Judith Vásquez reiteró oponerse a las pretensiones de la
demanda al considerar que el daño alegado era incierto y posiblemente había
operado el fenómeno de la caducidad en el presente asunto, teniendo en cuenta
que los accionantes pudieron tener conocimiento de la perención del proceso
mucho antes de lo indicado en la demanda41.

28. Los demandantes reiteraron los argumentos esgrimidos en la demanda contra
la Superintendencia de Sociedades y la liquidadora de IMI LTDA42.

La decisión

29. Al definir el caso, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las
pretensiones de la demanda. Para tal efecto consideró:

• No se probó que la Superintendencia de Sociedades en su calidad de juez
de la liquidación haya incumplido sus deberes y obligaciones durante el
trámite de dicho asunto, por cuanto estaba probada la revisión efectuada a
los informes presentados por la liquidadora, en los que si bien puede haberse

IMI LTDA, No. 40500, allegada en CD por la Superintendencia de Sociedades al contestar la demanda (f. 142,
Cuaderno del Tribunal Administrativo de Cundinamarca), 2) copia del auto del 19 de agosto de 2010, mediante
el cual el Tribunal Administrativo de Santander decretó la perención del proceso iniciado contra Ecopetrol,
aportada con la demanda, y 3) copia del auto del 12 de enero de 2012 que confirmó la declaratoria de perención
del proceso iniciado contra Ecopetrol, aportada con la demanda. Oficios: 1) al Tribunal Administrativo de
Santander para que remitiera en calidad de préstamo el proceso 68001-23-31-000-2009-00453-00 adelantado
por IMI LTDA -en liquidación- contra Ecopetrol y 2) al señor Andrés Antonio Alarcón Lora para que diera su
testimonio y expresara las instrucciones dadas por su poderdante Carmen Vásquez y explicara sus actuaciones
como apoderado y si hubo requerimiento alguno por la Superintendencia de Sociedades. Testimonio de: Horacio
del Castillo Brigard, en su calidad de Intendente Regional de Cartagena de la Superintendencia de Sociedades.
Interrogatorio de parte de: Carmen Judith Vásquez Vásquez, en calidad de liquidadora de la sociedad IMI LTDA.
Exhibición de documentos: del contrato de prestación de servicios profesionales celebrado por el abogado
Andrés Alarcón y la liquidadora de la sociedad IMI LTDA. En audiencia se tuvo en cuenta que no se tenía certeza
sobre la ubicación del documento, por lo que, se ordenó a Secretaría oficiar al abogado Alarcón para que el día
de la audiencia de pruebas exhibiera el contrato referido.
40 Folios 340 a 342, Cuaderno del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
41 Folios 345 a 349, Cuaderno del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
42 Folios 350 a 357, Cuaderno del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-00100-01 (59.376)
Actor: Antonio María Sandoval Daza y otro
Demandado: Superintendencia de Sociedades y otro
Referencia: Acción de reparación directa

mencionado que la demanda contra Ecopetrol se encontraba en etapa de
conciliación prejudicial cuando ya se había decretado su perención, dicha
actuación no puede ser considerada como causante del daño alegado, al
igual que la aprobación de dichos informes por parte de la entidad estatal
accionada, puesto que: i) los informes rendidos por la liquidadora fueron
conocidos por los demandantes y no los objetaron, ii) del interrogatorio de
parte de la liquidadora y del abogado en el proceso de controversias
contractuales iniciado contra Ecopetrol se podía inferir que el señor Antonio
Sandoval fue quien propuso presentar dicha demanda y se comprometió a
hacer vigilancia al proceso y pagar los gastos procesales, iii) el daño material
cuya indemnización se reclama es incierto pues dependía del resultado del
proceso de controversias contractuales, sumado a que, iv) dichas sumas
dinerarias siempre fueron una cuenta contingente que no se contó como
activo real de la sociedad en liquidación.

30. Por último, indicó que, al no haberse demandado a la Rama Judicial, no era
factible pronunciarse sobre el yerro en que pudo incurrir el Tribunal Administrativo
de Santander al dejar de tener en cuenta el presunto pago oportuno de los gastos
procesales.

I. EL RECURSO INTERPUESTO

Sustentación del recurso de apelación

31. La parte actora, reprodujo en su integridad los argumentos desarrollados en la
demanda43, empezando por mencionar que las funciones jurisdiccionales a cargo
de la Superintendencia de Sociedades no se limitan a la designación de un
liquidador y la declaratoria de liquidación de las sociedades cuya vigilancia tiene a
su cargo, sino que, deben extenderse a todo el proceso liquidatorio, para proteger
los intereses patrimoniales tanto de los acreedores como de los accionistas, siendo
entonces su deber corroborar la información que la liquidadora le enviaba, no darla
por cierta e ignorar las inconsistencias sobre el desarrollo del proceso de
controversias contractuales surtido contra Ecopetrol, las cuales podían advertirse
desde la presentación del primer informe sobre el particular. A su vez, aseveró que
debió exigirle a la liquidadora, la protección de los activos de la sociedad y que
estuviera pendiente de la gestión del apoderado designado por ella haciéndolo
presentar informes periódicos sobre su gestión.

32. Reiteró que, dada la falta de vigilancia de la demanda incoada contra Ecopetrol,
se dieron largos periodos de inactividad que en caso de advertirse a tiempo la
perención del asunto, pudieron usarse para ejercer los recursos y acciones
respectivas. Al respecto volvió a mencionar las inconsistencias de los informes y las

43 Folios 378 a 389, Cuaderno Principal.

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-00100-01 (59.376)
Actor: Antonio María Sandoval Daza y otro
Demandado: Superintendencia de Sociedades y otro
Referencia: Acción de reparación directa

fechas de las diversas actuaciones surtidas en el proceso de controversias
contractuales.

33. A su vez, citó lo dispuesto por: la Corte Constitucional en la sentencia C-043 de
2004, el Tribunal Administrativo de Antioquia dentro del proceso Rad. 201300344-
01 y la definición dada por el Consejo de Estado sobre el daño antijurídico44.
Seguidamente, volvieron a mencionar que la liquidadora designada por la
Superintendencia de Sociedades no era una persona idónea para el cargo, quien
además no actuó con lealtad, diligencia, eficiencia y buena fe, pues falseó toda la
verdad procesal de lo acontecido con la demanda contra Ecopetrol, en detrimento
de la sociedad en liquidación, perdiendo la posibilidad de recuperar una cuenta
contingente que, por demás, hubiera alcanzado no solo para pagar las acreencias
pendientes sino también, dejaría un saldo a favor de los demandantes y demás
socios de aproximadamente tres mil millones de pesos ($3.000.000.000).

34. Por último, manifestaron que, no era posible endilgar culpa alguna a los
demandantes por la perención del proceso al no tener ni la administración ni el
control de dicho asunto al no ostentar la condición de representantes legales o
liquidadores de IMI LTDA, así como tampoco podía pasarse por alto que mientras
la liquidadora reconoció que cometió errores respecto de lo informado al
Superintendente, este testifique que asumió que toda información era verídica,
cuando ello denotaba “la desidia” con que actuó el ente estatal al desarrollar la
liquidación societaria.

Alegatos

35. La Superintendencia de Sociedades solicitó confirmar la decisión de primera
instancia, teniendo en cuenta que, estaba probado en el proceso que la entidad
cumplió a cabalidad con sus funciones como juez del concurso, en adición a que no
se probó daño alguno a reparar. A su vez, precisó que los demandantes no podían
pretender revivir a través del presente asunto, las actuaciones que dejaron de hacer
durante el trámite liquidatorio como, por ejemplo, objetar los informes de la
liquidadora y recurrir los autos de la Superintendencia45.

36. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio46.

II. CONSIDERACIONES

37. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia,
procede la Sala a resolver el recurso de apelación formulado.

44 Este fragmento jurisprudencial citado, no fue identificado por los accionantes con fecha de la providencia o

radicado.
45 Folios 407 a 409, Cuaderno Principal.
46 Tal como consta en informe secretarial del 21 de septiembre de 2017 a Folio 410, Cuaderno Principal.

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-00100-01 (59.376)
Actor: Antonio María Sandoval Daza y otro
Demandado: Superintendencia de Sociedades y otro
Referencia: Acción de reparación directa

El objeto de la impugnación y el alcance del estudio de segunda instancia

38. Para proceder a la determinación de los asuntos que deberían ser resueltos en
esta instancia, la Sala primero estima necesario detenerse en el análisis de lo que
expresó la parte demandante en su recurso de apelación de cara a las razones que
fundaron la decisión que se cuestiona, para establecer sí, en realidad, revela
razones de inconformidad que ataquen los argumentos que expuso el a quo para
denegar las pretensiones de la demanda.

39. En primer lugar, puntualiza la Sala, como ya en otras oportunidades lo ha
hecho47, que el alcance del recurso de apelación, mecanismo de control de las
decisiones judiciales, no se dirige sin límite alguno a reprochar cualquier tipo de
actuación e inconformidad generada en el curso del proceso, ni puede estar
orientado a repetir el trámite acontecido en la primera instancia, pues
fundamentalmente –léase esta expresión en clave de garantías constitucionales–
busca garantizar el principio de la doble instancia que, como regla general, está
disponible para controvertir las decisiones judiciales que se reputan contrarias al
ordenamiento jurídico.

40. En este contexto, la Sala ha señalado que si la aspiración de justicia que
subyace al recurso de alzada tiene por finalidad que el superior revise la decisión
de primer grado acusada de ser errática o de romper o lesionar el ordenamiento
jurídico, resulta imprescindible que el recurrente determine mediante los cargos
planteados, cuáles asuntos deben ser resueltos ante el superior jerárquico; razón
por la cual no basta con la simple interposición del recurso, ni resulta suficiente
repetir un argumento desprovisto de motivos de disenso, toda vez que los
planteamientos de la apelación son los que definen los temas objeto de control, de
cara a la decisión judicial que es rebatida48.

41. Para instrumentalizar lo anterior, el artículo 247 del CPACA dispuso que el
recurso debía interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la
providencia, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación; a su vez, el
322 del CGP49 establece que “deberá precisar, de manera breve, los reparos
concretos que le hace a la decisión, sobre los cuales versará la sustentación que
hará ante el superior” y, que para la sustentación del recurso “será suficiente que el
recurrente exprese las razones de su inconformidad con la providencia apelada” (se
subraya).

47 Al respecto se pueden consultar, entre otras, las siguientes providencias de esta Subsección: sentencias del

6 de julio de 2022, expedientes. 44707 y 54666, sentencia del 17 de febrero de 2023, expediente: 62.136.
48 El Consejo de Estado en casos similares se ha pronunciado en igual sentido, ver sentencias: (i) del 17 de

marzo de 2010, radicación 2009-00045 (36838), (ii) del 9 de junio de 2010, radicación 1997-08775-01(19283),
y (iii) del 14 de mayo de 2014, expediente 31469.
49 Aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CCA.

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-00100-01 (59.376)
Actor: Antonio María Sandoval Daza y otro
Demandado: Superintendencia de Sociedades y otro
Referencia: Acción de reparación directa

42. Adicionalmente, el artículo 328 del CGP dispone que el juez de segunda
instancia deberá pronunciarse “solamente sobre los argumentos expuestos por el
apelante” (se subraya), sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio,
en los casos previstos por la ley.

43. Bajo este designio normativo, la carga de sustentación que corresponde cumplir
a la parte recurrente no se satisface con la llana indicación de disenso frente a la
providencia recurrida, como tampoco con la solicitud de que se revoque para que
se acceda a los intereses de la parte inconforme, y menos aún con la simple
reiteración de las razones expuestas en el curso de la primera instancia, bien sea
en la demanda o en la contestación. Lo que la ley impone es que se ataquen los
fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento a la providencia de
primera instancia en aquello que se considere desfavorable, no solo porque la
decisión sea contraria a los intereses de quien la impugna, sino porque exista en
realidad una razón por la que considere que lo fallado no corresponde en derecho
a la decisión acertada, lo cual, por tanto, delimita el marco al que debe sujetarse el
juez al revisar la sentencia recurrida.

44. En este sentido, es ajeno al recurso de apelación la reiteración de las hipótesis
que se plantearon como punto de partida en la construcción de la decisión del
proceso en primera instancia, en tanto aquéllas, luego de haber transitado por las
etapas probatorias, de contradicción y de alegaciones finales, no pueden volver a
presentarse al ad quem en su estado inicial, es decir, como se postularon al
presentar la demanda, pues ya fueron objeto de comprobación y debate; sino que,
de cara a la tesis adoptada por el a quo en las conclusiones del fallo, corresponde
al apelante la formulación de una tesis diversa frente a éste, exigencia que,
conforme lo prevé el legislador, se cumple a través de la carga de sustentación,
siendo necesario precisar los reparos concretos que le hace a la decisión, como lo
prevé el artículo 322 del CGP.

45. En consecuencia, le corresponde al apelante confrontar los argumentos que el
juez de primera instancia tuvo en cuenta para adoptar su decisión con sus propias
reflexiones, para efectos de solicitarle al ad quem que decida sobre los puntos o
aspectos que se debaten en la segunda instancia; de ahí que la carga de
sustentación tampoco puede entenderse cumplida con la mera expresión de
afirmaciones genéricas y vagas que no confronten la razón de la decisión 50, pues,
aunque sucintas, deben ser suficientes por sí mismas para evidenciar las razones

50 “(…) no puede darse por sustentada una apelación, ni por ende cumplida la condición que subordina la

admisibilidad de este recurso, cuando el impugnante se limita simplemente a calificar la providencia recurrida
de ilegal, [anti]jurídica o irregular; tampoco cuando emplea expresiones abstractas tales como, ‘sí hay prueba
de los hechos’ u otras semejantes, puesto que aquellos calificativos y estas expresiones, justamente por su
vaguedad e imprecisión no expresan, pero ni siquiera implícitamente, las razones o motivos de la inconformidad
del apelante con las deducciones lógico-jurídicas a que llegó el Juez en s proveído impugnado”. Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Civil. Auto de 30 de agosto de 1984, Gaceta Judicial No. 2415. M.P. Humberto
Murcia Ballén.

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-00100-01 (59.376)
Actor: Antonio María Sandoval Daza y otro
Demandado: Superintendencia de Sociedades y otro
Referencia: Acción de reparación directa

o motivos que conduzcan a considerar que lo decidido en primera instancia resultó
desacertado.

46. Ciertamente, dado el marco de competencia fijado, al juez de la segunda
instancia no le está dado construir tales motivos de disenso pues si así lo hiciera,
vulneraría el principio de imparcialidad51 y el derecho al debido proceso de la
contraparte52. Recuérdese que la tarea de confrontación entre los argumentos del
apelante y los aspectos de la decisión de primer grado que son atacados por esta
vía es la que determina la competencia material del juez de segunda instancia 53,
pues precisamente el tema de decisión a cargo del ad quem queda delimitado, por
regla general, al examen de dos tesis opuestas cuyo enfrentamiento debe ser
desatado54.

47. Precisado lo anterior, y revisado el recurso de apelación interpuesto por los
demandantes, encuentra la Sala que a pesar de que formalmente se presentó la
impugnación, lo cierto es que materialmente no puede deducirse un argumento que
esté destinado a debatir o cuestionar las razones que el a quo expuso como
fundamento de su decisión, en tanto, casi en su totalidad, lo consignado en el escrito
se limita a reproducir y transcribir literalmente los argumentos planteados en el libelo
demandatorio -pues se advierte que se reprodujeron los argumentos dados en la
demanda inicial y su subsanación con respecto al incumplimiento de los deberes de
la Superintendencia de Sociedades como juez de la liquidación y de la auxiliar
judicial designada como liquidadora de IMI LTDA, que causaron la perención del
proceso de controversias contractuales iniciado contra Ecopetrol-, sin confrontar el
cimiento de la decisión de la sentencia que se recurre.

48. El Tribunal a quo fundó su decisión de negar las pretensiones de la demanda
en cuatro argumentos principales, que son:

(i) No se probó que el juez del concurso hubiera incumplido alguna obligación legal,
pues por el contrario, se corroboró que este revisó los informes presentados por la
liquidadora, los que si bien contaban con imprecisiones sobre las actuaciones
surtidas dentro del proceso iniciado contra Ecopetrol, lo cierto es que dichas
actuaciones inexactas por parte de la liquidadora no causaron un daño cierto a los
demandantes puesto que, aquellos tuvieron conocimiento de los informes rendidos

51 “Cuyo fundamento constitucional se encuentra en el artículo 13 Superior, impone al juez la obligación de dar

un trato igual a las personas que acuden a la administración de justicia”. Corte Constitucional, sentencia C-450
de 2015.
52 Artículo 29 Constitucional.
53 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 4

de marzo de 2022, radicación 73001-23-33-000-2015-00512-01 (66390), Consejera Ponente: Marta Nubia
Velásquez Rico.
54 En ese sentido, también se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia al señalar que “el deber de sustentar

este recurso [el de apelación] consiste precisa y claramente en dar o explicar por escrito la razón o motivo
concreto que se ha tenido para interponer el recurso, o sea para expresar la idea con un criterio tautológico,
presentar el escrito por el cual, mediante la pertinente crítica jurídica se acusa la providencia recurrida a fin de
hacer ver su contrariedad con el derecho y alcanzar por ende su revocatorio o modificación”. Corte Suprema de
Justicia, providencia del 30 de agosto de 1984. M.P. Humberto Murcia Ballén.

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-00100-01 (59.376)
Actor: Antonio María Sandoval Daza y otro
Demandado: Superintendencia de Sociedades y otro
Referencia: Acción de reparación directa

por la liquidadora y no los objetaron al igual que los autos proferidos sobre el
particular por la Superintendencia de Sociedades.

(ii) La parte demandante tenía pleno conocimiento de que se adelantaba un proceso
de controversias contractuales contra Ecopetrol, pues acorde con lo dispuesto en el
interrogatorio de parte de Carmen Vásquez y Andrés Alarcón, se concluyó que
incluso el señor Antonio María Sandoval se comprometió a hacerle seguimiento y
pagar los gastos procesales, y al no haberse demandado a la Rama Judicial para
cuestionarse si el Tribunal Administrativo de Santander incurrió en error judicial
sobre la valoración de la consignación de los gastos procesales surtida el 19 de
febrero de 2010, no era factible en el presente asunto analizar dicha actuación
judicial;

(iii) En los informes de la liquidadora, el valor del contrato suscrito con Ecopetrol se
registró siempre en una cuenta contingente, es decir que no sumaban en los activos
de IMI LTDA, lo anterior, dado que su reconocimiento estaba sujeto a la
contingencia de ganar o perder el proceso contencioso administrativo; y,

(iv) Los activos de la sociedad en liquidación eran cero (0), es decir, inexistentes, y
por pasivos ascendían a la suma de tres mil doscientos ochenta y ocho millones
novecientos mil pesos ($3´288.900.000), por lo que, en caso de una eventual
condena a Ecopetrol, dicho dinero le correspondería a los acreedores de la sociedad
y no a los demandantes.

49. Frente a estos elementos, no observa la Sala que en la apelación se hubieren
hecho reparos concretos en relación con el razonamiento efectuado por el juez de
la primera instancia, pues como se advirtió, la apelante se limitó a reproducir las
pretensiones y los fundamentos de derecho plasmados en el escrito inicial.

50. En efecto, la primera tesis expuesta por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, se fundamenta en tres enunciados, a saber: (i) que los informes sí
fueron objeto de revisión por parte de la Superintendencia de Sociedades, (ii) que
las imprecisiones en los informes de la liquidadora no constituyeron la causa
efectiva del daño alegado, y que (iii) los demandantes tuvieron conocimiento de los
informes rendidos por la liquidadora y la Superintendencia de Sociedades, sin
objetarlos debidamente.

51. No obstante, adviértase como la parte actora no adujo argumento alguno para
refutar o siquiera contradecir lo dicho por A quo, pues no se probó el daño causado
por la Superintendencia de Sociedades al haber incurrido en error jurisdiccional
materializado en los autos 650-000278 del 12 de septiembre de 2012 y 650-000389
del 5 de diciembre de 2012, ante la falta de objeción de los informes de la liquidadora
y los consecuentes autos del juez del concurso. Al respecto, la parte actora se limitó
a aseverar, tal como lo hizo en la demanda que, la perención del proceso iniciado

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-00100-01 (59.376)
Actor: Antonio María Sandoval Daza y otro
Demandado: Superintendencia de Sociedades y otro
Referencia: Acción de reparación directa

contra Ecopetrol únicamente era atribuible a la parte accionada, puesto que, los
demandantes no podían tener conocimiento del estadio en que se encontraba el
proceso contractual al no ostentar la calidad de representantes legales de IMI LTDA,
aseverando nuevamente que, todo se debió a la omisión del deber jurisdiccional de
la Superintendencia de verificar que los informes de la liquidadora fueran veraces,
por lo que, al no corroborar la información allí plasmada y pasar inadvertidas las
anomalías e inconsistencias sistemáticas en ellos encontradas, se le cercenó a la
sociedad en liquidación recuperar la cuenta contingente. En concreto, reiteraron
que: “El Error jurisdiccional a cargo de la Superintendencia… se desarrolla
reiterativamente desde el primer informe rendido por [la liquidadora], sin que la
Superintendencia de Sociedades hubiese advertido las inconsistencias registradas
entre la solicitud de conciliación prejudicial y el trámite de la acción contractual…”55,
situación que, de haberse advertido, pudo subsanarse, a su juicio, con la “cuidadosa
y oportuna intervención del juez del concurso”56.

52. Es decir, los demandantes (i) no objetaron que los informes de la liquidadora
hubieren sido revisados debidamente por la Superintendencia de Sociedades, así
como tampoco (ii) señalaron las razones por las cuales los informes constituyeron
la causa efectiva del daño, y (iii) no explicaron por qué tras haber conocido de las
inconsistencias existentes en los informes de la liquidadora y los consecuentes
autos proferidos por la Superintendencia demandada, no los objetaron o
presentaron los debidos recursos de ley.

53. De otro lado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones
de la demanda teniendo en cuenta la presunta responsabilidad del señor Antonio
Sandoval en el seguimiento de las actuaciones surtidas en el proceso iniciado contra
Ecopetrol y el pago de los gastos procesales, acorde con lo probado con el
interrogatorio de parte surtido por la liquidadora y el apoderado encargado del
proceso. Sumado a que, al no haberse demandado a la Rama Judicial para
cuestionarse si el Tribunal Administrativo de Santander incurrió en error judicial
sobre la valoración de la consignación de los gastos procesales surtida el 19 de
febrero de 2010, no era factible en el presente asunto analizar dicha actuación
judicial.

54. Frente a estas motivaciones, encuentra la Sala que en el recurso de apelación,
sin sustento probatorio alguno dentro del proceso y sin profundizar sobre dichas
afirmaciones, los demandantes se limitaron a asegurar que, el señor Antonio
Sandoval, en su calidad de exrepresentante legal de IMI LTDA, “antes de que la
empresa entrara en liquidación no fue atendido ni le fue suministrada información
en el Tribunal Administrativo de Santander” para denotar la presunta falta de
conocimiento de lo actuado en dicho proceso judicial, sin que conste prueba de
dicha gestión realizada por el demandante, ni se aduzca mayor razón a la falta de

55 Folio 383, Cuaderno Principal.
56 Folio 383, Cuaderno Principal.

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-00100-01 (59.376)
Actor: Antonio María Sandoval Daza y otro
Demandado: Superintendencia de Sociedades y otro
Referencia: Acción de reparación directa

asistencia ante el Tribunal de forma posterior al inicio del proceso liquidatorio a fin
de obtener información sobre el proceso, así como tampoco aparece probado en el
expediente que haya elevado petición de información sobre el particular ante las
demandadas.

55. Acorde a lo anterior, la Sala enfatiza en que los demandantes se limitaron a
afirmar que el argumento del juez de primera instancia con respecto a lo probado
con los testimonios recaudados sobre el conocimiento del proceso de controversias
contractuales carecía de sustento alguno, sin ahondar en las razones dadas para
refutar dicha afirmación o demostrar con las demás pruebas recaudadas que el
referido análisis era incorrecto, siendo improcedente su análisis de fondo.

56. A su vez, mencionaron los demandantes que, contrario a lo afirmado por el A
quo, no tienen responsabilidad alguna en lo ocurrido dentro del proceso liquidatorio
porque el señor Antonio Sandoval ya no ostentaba la calidad de representante legal
de la sociedad, y se limitó a informar de manera reiterada de la existencia del
contrato y que el saldo pendiente estaba registrado como “una cuenta contingente
en el activo”57, en adición a que, “no aparece en ninguno de los informes el
compromiso serio y solemne de los… accionantes, de atender judicialmente el
proceso en Bucaramanga, más aún si se tiene en cuenta que don Antonio María
Sandoval y su cónyuge no ostentan la calidad de abogados” 58. Sobre el particular,
la Sala considera que es evidente que estos argumentos buscan volver a poner de
presente que la perención del proceso de Ecopetrol se dio ante la inactividad de la
Superintendencia, la liquidadora y el abogado designado en dicho asunto, quienes
a su juicio actuaron “cohonestando… con el desgreño procesal que condujo
inexorablemente a la imposibilidad de intentar recuperar la cuenta contingente”59,
sin que se discuta realmente su presunta falta de conocimiento sobre el inicio,
admisión y perención del proceso contractual ante las afirmaciones efectuadas por
la liquidadora y el apoderado judicial en la audiencia de pruebas.

57. Sobre el argumento referente a que el daño alegado es incierto puesto que, la
suma reclamada por concepto de daño emergente y lucro cesante, correspondiente
a las pretensiones de la demanda instaurada contra Ecopetrol siempre se contó en
los informes de la liquidadora como una cuenta contingente y no como un activo de
IMI LTDA, en adición a que su reconocimiento dependía de ganar o perder el
proceso de controversias contractuales contra Ecopetrol, en el recurso de
apelación, los demandantes únicamente esgrimieron que, si a juicio de la
liquidadora la suma estipulada en las cuentas contingentes, expresadas en la
posible recuperación de un saldo a favor de IMI no era recuperable, acorde a su
contestación de la demanda y declaración, “estamos frente a una inducción al error
respecto del Intendente Regional de Cartagena o ante una absoluta negligencia de

57 Folio 387, Cuaderno Principal.
58 Folios 387 y 388, Cuaderno Principal.
59 Folio 388, Cuaderno Principal.

17

Radicación: 25000-23-36-000-2015-00100-01 (59.376)
Actor: Antonio María Sandoval Daza y otro
Demandado: Superintendencia de Sociedades y otro
Referencia: Acción de reparación directa

dicho funcionario, dado que se limitó a pesar de ser el Juez del Concurso, a
conferirle total veracidad a los informes presentados por la liquidadora, quien a su
vez era la representante legal de IMI y contadora de la misma sociedad, sin pasar
dichos informes por el tamiz de los abogados y contadores de dicha regional,
quienes en estos casos cumplen las veces de funcionarios adscritos a un despacho
judicial”60. Denotándose así, nuevamente, que la parte actora reitera la
responsabilidad en cabeza de las demandadas sobre la perención del proceso, pero
no debate realmente la certeza del daño, pues no se pronuncia sobre las
posibilidades reales de ganar dicha demanda teniendo en cuenta, por ejemplo, que
en la liquidación unilateral suscrita por Ecopetrol en la Resolución No. 07 de 2007,
se dejó un saldo a pagar por IMI LTDA.

58. Acorde con lo hasta aquí expuesto, la Sala considera que la simple afirmación
acerca de la falta de control de la sociedad por parte de los demandantes, así como
el hecho de que no eran los representantes legales de la misma, no es suficiente
para desvirtuar que de conformidad con los interrogatorios de parte era posible
demostrar no solo el conocimiento del estado del proceso adelantado contra
Ecopetrol sino también, el compromiso del señor Sandoval de pagar los gastos
procesales, pues sobre el particular, se reitera, se limitó a señalar que esto no
obraba en ningún informe allegado al proceso, sin referirse a las pruebas
testimoniales como tal, para refutar su contenido. Igualmente, la parte actora omitió
referirse a la presunta consignación realizada el 19 de febrero de 2010 ante el
Tribunal Administrativo de Santander y las razones por las cuales esto no fue
debidamente demandado contra la Rama Judicial, en adición a que no ahondó en
las razones por las cuales consideraba que el daño era cierto o a las posibilidades
reales de ganar el proceso iniciado contra Ecopetrol.

59. Es decir, de lo alegado en el recurso de apelación, se evidencia que los
demandantes no esgrimieron ningún argumento adicional que pudiera llegar a
generar dudas sobre la certeza del daño cuya indemnización se reclama, sino que,
indistintamente reiteran que, a su juicio, la posibilidad de reclamar una cuenta
contingente, cuyo reconocimiento estaba sometido a las resultas de un proceso
judicial en el cual pudieron resultar obteniendo una decisión favorable o
desfavorable a sus pretensiones, se perdió dada la presunta mala gestión de las
demandadas en el proceso liquidatorio.

60. Por último, en relación con lo dicho por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca sobre que el daño también puede considerarse incierto teniendo en
cuenta que, en caso de ganarse la demanda contra Ecopetrol, el dinero recaudado
se destinaría a pagar las acreencias de la sociedad en liquidación al tener activos
en cero (0), la parte actora refirió que, ello no era cierto teniendo en cuenta que, en
caso de haberse obtenido un fallo favorable, “el saldo a favor de la sociedad, luego
del pago de las acreencias, superaba la suma de los tres mil trescientos millones de

60 Folio 387, Cuaderno Principal.

18

Radicación: 25000-23-36-000-2015-00100-01 (59.376)
Actor: Antonio María Sandoval Daza y otro
Demandado: Superintendencia de Sociedades y otro
Referencia: Acción de reparación directa

pesos. (3.300.000.000) (sic)”61. Este argumento a juicio de la Sala, no es válido y
novedoso para controvertir que los socios sí hubieran sufrido un daño, precisamente
porque este se fundamenta en la posibilidad de ganar o no un proceso judicial, sobre
el cual, valga aclarar, la sociedad IMI LTDA iba con un saldo en contra de
novecientos noventa y ocho millones cuatrocientos dieciocho mil trecientos cuarenta
y tres pesos ($998´418.343), acorde a la liquidación unilateral del contrato efectuada
por Ecopetrol mediante la Resolución No. 07 del 23 de mayo de 200762. En adición
a que, los accionantes tampoco demostraron tener certeza de que al ganar el
proceso se les hubiera reconocido la totalidad de las pretensiones y por ende,
hubieran podido obtener saldo alguno a su favor. Lo que corrobora la naturaleza
contingente del proceso y con este, del daño que ahora se reclama.

61. El anterior análisis tiene como fundamento lo dicho por esta Subsección sobre
las características que debe comportar el daño cuya indemnización se reclama, a
saber: “cierto, concreto o determinado y personal”63. Además, se ha precisado que:
“El daño antijurídico, a efectos de que sea indemnizable, requiere estar cabalmente
estructurado; por tal motivo, esta Sección del Consejo de Estado ha establecido que
resulta imprescindible acreditar los siguientes aspectos relacionados con la lesión o
detrimento cuya reparación se reclama: i) que el daño es antijurídico (…); ii) que se
lesiona un derecho, bien o interés protegido por el ordenamiento legal y,iii)
que el daño es cierto, es decir, que se puede apreciar material y jurídicamente
y, por ende, no se limita a una mera conjetura”64.

62. Así, la falta de cuestionamiento por parte de la apelante a (i) la certeza del daño,
(ii) su culpabilidad ante la omisión de cuestionar las decisiones e informes proferidos
por las demandantes y (iii) su conocimiento previo del estado de perención del
proceso, y (iv) la ausencia de un criterio de causalidad que permita vincular la
conducta de la Superintendencia de Sociedades y la liquidadora de IMI LTDA con
la ocurrencia del daño antijurídico alegado por los demandantes, resulta evidente,
en tanto que los argumentos reproducidos textualmente sobre la omisión de deberes
jurisdiccionales de las demandadas no tienen vocación de cuestionar la inexistencia
del error judicial; además de que tales planteamientos -invocados también en la
demanda-, fueron oportunamente estudiados y decididos en la sentencia de primera
instancia; por manera que no se trató de una propuesta novedosa sobre un punto
no decidido o fallado erróneamente por el juez a quo.

63. Visto lo anterior, como la parte actora no planteó ninguna consideración sobre
el análisis probatorio adelantado por el fallador de primera instancia, ni argumentó
alguna equivocación sustantiva o adjetiva en la decisión adoptada por el a quo, esta
Sala no cuenta con fundamento alguno que conduzca a modificar la decisión
“apelada”, en tanto no median elementos de hecho o de derecho para definir de

61 Folio 388, Cuaderno Principal.
62 Folios 160 a 172, Cuaderno No. 8.
63 Rad. 55.928. M.P. Marta Nubia Velásquez.
64 Rad. 65.987. M.P. Adriana Marín.

19

Radicación: 25000-23-36-000-2015-00100-01 (59.376)
Actor: Antonio María Sandoval Daza y otro
Demandado: Superintendencia de Sociedades y otro
Referencia: Acción de reparación directa

manera diversa a como lo hizo el Tribunal, en lo atinente a la declaratoria de
responsabilidad de la Superintendencia de Sociedades y de la señora Carmen
Judith Vásquez Vásquez.

64. De modo que se confirmará la sentencia objeto de alzada que negó las
pretensiones de la demanda.

Costas

65. De conformidad con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, la liquidación
y ejecución de la condena en costas se sujetará a las reglas del Código de
Procedimiento Civil. En este orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 1 del artículo 365 del CGP65, la Sala condenará en costas en esta instancia
a la parte demandante, toda vez que en esta providencia se resuelve
desfavorablemente el recurso de apelación por ella interpuesto.

66. Adicionalmente, considerando que el artículo 361 ejusdem prevé que las costas
están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados causados
durante el trámite de la controversia, así como por las agencias en derecho, las
cuales se fijan con observancia de las tarifas establecidas por el Consejo Superior
de la Judicatura en el Acuerdo No. 1887 de 200366, en esta instancia, se fijan las
agencias en seis millones seiscientos sesenta mil seiscientos sesenta y cuatro
($6´660.664), a cargo de la parte demandante y a favor de la Superintendencia de
Sociedades, que corresponden al 0.1% del valor de las pretensiones negadas en la
sentencia67.

67. Ante esta definición, se impone la liquidación de las costas de manera
concentrada por parte del Tribunal de origen, en los términos del artículo 366 del
Código general del Proceso68.

III. PARTE RESOLUTIVA

68. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
65 “En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas

se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código”.
66 “CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

“3.1.3. Segunda instancia.
“Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la
sentencia”.
67 La suma de las pretensiones asciende a $6´660.664.585
68 A cuyo tenor: “Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que

haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que
le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las
siguientes reglas (…)”.

20

Radicación: 25000-23-36-000-2015-00100-01 (59.376)
Actor: Antonio María Sandoval Daza y otro
Demandado: Superintendencia de Sociedades y otro
Referencia: Acción de reparación directa

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca el 1 de marzo de 2017, por las razones expuestas
en esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte actora, para lo
cual se fija por concepto de agencias en derecho, la suma de seis millones
seiscientos sesenta mil seiscientos sesenta y cuatro ($6´660.664), que
corresponden al 0.1% del valor de las pretensiones de la demanda.

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

21

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