Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-00206-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-00206-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2015-00206-02
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
18 de noviembre de 2024
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, dieciocho (18) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 25000-23-36-000-2015-00206-02 (62.817)
Actor: ANDRÉS URIBE CAJIAO Y OTRO
Demandados: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE
COLOMBIA
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA – LEY 1437 DE 2011
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – OMISIÓN DE LOS
DEBERES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y
CONTROL – NO ACREDITACIÓN DE LA FALLA
DEL SERVICIO
Síntesis del caso: los demandantes aducen que la entidad demandada es patrimonialmente
responsable de los perjuicios sufridos por la falta de ejercicio de los deberes de inspección,
vigilancia y control respecto de Interbolsa SA, omisión que repercutió en la pérdida de la
totalidad del valor que tenían invertido en las acciones de esa sociedad.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra
de la sentencia proferida el 19 de septiembre de 2018 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B que
denegó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1 Pretensiones
Mediante escrito presentado el 19 de enero de 2015 (fl. 40 respaldo cdno. 1),
los señores Andrés Uribe Cajiao y Francisco José Potes Forero promovieron
una demanda de reparación directa en contra de la Superintendencia
Financiera de Colombia (fls. 3 a 40 cdno. 1) con las siguientes súplicas:
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Expediente 25000-23-36-000-2015-00206-02 (62.817)
Actor: Andrés Uribe Cajiao y otro
Reparación directa - apelación de sentencia
“Primera.- Declarar que la entidad demandada es responsable del
daño antijurídico causado a los demandantes como consecuencia de
sus acciones y omisiones en la función de supervisión, vigilancia y
control de las entidades financieras.
Segunda.- Declarar que, consecuencialmente a la declaración de
responsabilidad, deberá entonces reparar integralmente a los
demandantes, de acuerdo con lo siguiente:
Indemnización.- Por concepto de indemnización los daños y
perjuicios económicos ascienden a la suma de dos mil doscientos
quince millones novecientos ochenta y ocho mil trece pesos
($2.215.988.013) para el sr. Uribe Cajiao y de tres mil setecientos
once millones cuatrocientos treinta mil treinta y ocho pesos
($3.711.430.038) para el sr. Potes Forero1. (…)” (fl. 4 cdno. 1).
1.2 Hechos
Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente:
1) Los señores Andrés Uribe Cajiao y Francisco José Potes Forero eran
accionistas minoritarios de la compañía Inversionistas de Colombia SA, la cual
se fusionó con la compañía Interbolsa Sociedad Comisionista de Bolsa,
quedando como accionistas de la nueva compañía fusionada Interbolsa SA.
2) La compañía Interbolsa SA fue intervenida por la Superintendencia
Financiera de Colombia mediante la Resolución no. 1795 el 2 de noviembre de
2012 y el 7 de noviembre siguiente ordenó su liquidación a través de la
Resolución no. 1812.
3) Debido a las actuaciones ilícitas y desleales del representante legal de la
sociedad y de las personas implicadas en el caso, así como también por la
conducta omisiva y permisiva de la Superintendencia Financiera de Colombia,
los demandantes perdieron la totalidad del valor que tenían invertido en las
acciones de Interbolsa SA, lo cual correspondía a buena parte del patrimonio
que habían acumulado como producto de su esfuerzo laboral durante muchos
años de trabajo.
1 Según se explicó en la demanda y su subsanación, esos valores fueron calculados “producto
de multiplicar el número de acciones que poseía cada inversionista demandante, por el precio
de cada acción (…) al 30 de junio de 2012” (fl. 58 cdno. 1).
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Expediente 25000-23-36-000-2015-00206-02 (62.817)
Actor: Andrés Uribe Cajiao y otro
Reparación directa - apelación de sentencia
Con base en los anteriores hechos la parte demandante hizo el siguiente
razonamiento de responsabilidad:
1) La Superintendencia Financiera de Colombia no adoptó las medidas
preventivas consagradas en la Ley 964 de 2005 para proteger a los
inversionistas de Interbolsa SA por existir serios indicios sobre las posibles
anomalías que estaban ocurriendo con las acciones, pues, disponía de
información cierta sobre lo que ocurría con la cartera colectiva Credit porque
sus funcionarios realizaron unas visitas entre los días 26 de agosto y 29 de
septiembre de 2011 y encontraron que más del 30% del valor del fondo, esto
es, una suma superior a los 103.000 millones de pesos, había sido prestado a
unas empresas sin ninguna solidez económica en un claro desvío de los
recursos del fondo.
2) Los indicios con los que contaba la superintendencia eran tan válidos y
sólidos que todos terminaron siendo probados y sancionados por la entidad,
aunque, tardíamente, comoquiera que el daño al mercado y a los inversionistas
estaba hecho de manera irreparable, por lo tanto, las medidas adoptadas por
la entidad fueron completamente ineficaces para prevenir el derrumbe
económico de la empresa.
3) La entidad demandada pudo haber adoptado las siguientes medidas durante
el año 2011: i) suspender provisionalmente a los directivos de la empresa; ii)
convocar a los afiliados de la cartera Credit para escoger otra firma que
administrara las carteras colectivas mientras se adelantaban las respectivas
investigaciones; iii) suspender temporalmente las negociaciones de las
acciones de BMC y Fabricato.
4) Ese tipo de medidas hubiera evitado el daño porque el nivel de repos
concentrados en clientes de la sociedad comisionista era muy inferior al monto
que tenía al momento de su intervención, máxime si se tiene en cuenta que la
iliquidez que motivó la intervención de la sociedad comisionista de bolsa
comenzó a presentarse cuando esta tuvo que responder por operaciones repo
incumplidas por sus clientes.
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5) Los procesos disciplinarios iniciados por la Procuraduría General de la
Nación en contra de funcionarios de la superintendencia ahora demandada dan
cuenta de las irregularidades de la entidad en el caso de Interbolsa SA.
6) Los demandantes tenían operaciones repo en su condición de accionistas
minoritarios pero, desconocían la situación de la administración de Interbolsa
SA, a tal punto que después de presentada la debacle no pudieron cumplir con
las operaciones repo porque no contaban con más patrimonio para garantizar
las mismas, debido a que su patrimonio se vio drásticamente afectado por la
conducta de Interbolsa SA y la omisión de la superintendencia.
7) A pesar de que la entidad demandada tenía conocimiento de las prácticas
de la empresa que desencadenaron el desastre de su holding2, no actuó
oportunamente para evitar la pérdida patrimonial que reclaman los
demandantes, lo que implicó un incumplimiento de sus deberes de inspección,
vigilancia y control de las entidades financieras en el mercado.
8) La entidad vulneró los principios de confianza legítima y de respeto al acto
propio, con lo cual provocó, además del perjuicio patrimonial, la afectación del
buen nombre comercial de los demandantes.
2. Posición de la demandada
La Superintendencia Financiera de Colombia (cdno. 4) se opuso a las
pretensiones de la demanda y propuso las siguientes excepciones:
a) “Falta de legitimación en la causa por activa”, porque los demandantes no
son accionistas de Interbolsa SA como consecuencia de la enajenación que
realizaron de sus acciones a través de operaciones repo, en virtud de las cuales
recibieron unos recursos en préstamo cuya garantía eran aquellos títulos y
2 Algunas de esas prácticas fueron: i) debilidades en la identificación de los riesgos de sus
operaciones, ii) indebida documentación de las inversiones que realizaban, iii) desvío del objeto
para el cual fue creada y autorizada llegando a realizar créditos riesgosos e ilegales
(“autopréstamos”), iv) incumplimiento de sus propios reglamentos y manuales sobre el riesgo
del crédito y de las inversiones, v) manipulación fraudulenta de especies inscritas en el Registro
Nacional de Valores e Intermediarios y administración desleal, entre otras.
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como consecuencia de que no devolvieron los recursos prestados, perdieron la
titularidad de las acciones.
b) “Culpa de la víctima – incumplimiento contractual” e “inexistencia de perjuicio
– conocimiento profesional del mercado por parte de los demandantes”, debido
a que los demandantes ocuparon la posición pasiva en las operaciones repo o
reporto, lo cual significa que ellos recibieron el dinero a cambio de unas
acciones de la que eran titulares y que entregaron como garantía al momento
de realizarse la operación de regreso, es decir, cuando ellos debían devolver el
dinero, con la diferencia a favor de su contraparte, incumplieron con lo de su
cargo; ahora hacen valer el perjuicio a la suma del valor de las acciones de que
eran propietarios pero que en virtud de las operaciones repo enajenaron y
conservaron ellos el dinero proveniente del precio pactado; además, la decisión
de realización de operaciones de reporto, que conllevan un riesgo, era conocido
por los demandantes en su condición de expertos y profesionales del mercado
de valores y, además, conocían la situación de la sociedad Interbolsa SA, no
solo por ser inversionistas sino por corresponder a una de las acciones
transadas en un mercado en el cual actuaban como asesores, ostentaban la
calidad de representantes legales comerciales de la SCB Interbolsa SA.
c) “Indebida reclamación económica”, puesto que los demandantes calcularon
el perjuicio con el valor de sus acciones que tenía reportada la compañía
Interbolsa SA en junio de 2012, cuando lo que se debe tomar en cuenta es el
valor del precio pactado al momento de la negociación de las operaciones repo
y, en todo caso, considerar el riesgo de dichas operaciones, esto es, asumiendo
las desvalorizaciones producidas durante la vigencia de la operación.
d) “Incumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 90 de la Constitución
Política respecto de la responsabilidad extracontractual del Estado” por motivo
de: (i) “Inexistencia del daño alegado”, pues, el dinero que recibieron producto
de las operaciones repo sigue en su patrimonio por haber incumplido el
contrato, adicionalmente, aunque los demandantes no señalaron que a la fecha
de presentación de la demanda continuaban en posesión de acciones de
Interbolsa SA Holding y hasta el momento ello es desconocido para el proceso,
en el entendido que las certificaciones datan de fechas anteriores al proceso
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Actor: Andrés Uribe Cajiao y otro
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de reorganización de la empresa, esto es, el 2 de enero de 2013; en el evento
de que los demandantes tuviesen la oportunidad de demostrar tal circunstancia,
a fin de descartar la existencia de un eventual daño, la eventual pérdida de valor
de las acciones no tuvo origen en el actuar de la superintendencia, sino que,
fue consecuencia directa del proceso de reorganización empresarial al que fue
sometida la empresa, en gracia de discusión sobre la existencia del daño, este
no es antijurídico porque los demandantes tenían pleno conocimiento del riesgo
al que se sometían con las operaciones repo; (ii) “ausencia del nexo causal”,
porque un eventual nexo de causalidad se rompió con la actuación de la propia
víctima; además, la entidad no incurrió en la omisión alegada en la demanda
en el sentido de no haber impuesto las medidas preventivas establecidas en la
Ley 964 de 2005, pues, se trata de facultades discrecionales sujetas a la
verificación de unos requisitos que no se cumplían.
e) “El principio de legalidad y las competencias de la Superintendencia
Financiera de Colombia”, porque no se explicó de manera detallada y con
exactitud las normas legales y constitucionales que no fueron aplicadas por la
entidad y las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que debería darse la
aplicación de las mismas.
3. Audiencia inicial
El magistrado ponente de la primera instancia declaró no probada la excepción
de ausencia de legitimación en la causa por activa propuesta por la entidad
demandada (fls. 191 a 196 cdno. 2), decisión contra la cual interpuso recurso
de apelación, el cual fue resuelto por esta Subsección en el sentido de
confirmar la decisión (fls. 224 a 231 cdno. 2).
En la continuación de la audiencia se fijó el litigio3, se decidió respecto de las
solicitudes de pruebas efectuadas en la demanda y su contestación (fls. 246 a
263 cdno. 2), luego se fijó fecha de audiencia de pruebas (fls. 270 a 271 cdno.
3 Lo hizo en los siguientes términos: “Determinar si se debe declarar la responsabilidad
patrimonial de la Superintendencia Financiera de Colombia, por los presuntos daños
ocasionados a los demandantes por el incumplimiento de sus funciones de inspección y
vigilancia sobre la sociedad comisionista de bolsa Interbolsa SA. En el evento de que le asista
responsabilidad a la demandada, debe establecer si hay lugar al reconocimiento de los valores
allí pretendidos” (fl. 247 cdno. 2).
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Actor: Andrés Uribe Cajiao y otro
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ppal.), la cual se llevó a cabo en condiciones normales y en esta se ordenó
correr traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público
para que rindiera concepto si a bien lo tenía (fls. 366 a 375 cdno. 2).
4. Los alegatos de conclusión
1) La parte actora (fls. 379 a 431 cdno. 2) adujo que los hechos alegados en la
demanda quedaron demostrados, especialmente la respuesta tardía de la
entidad demandada por la ausencia absoluta de medidas preventivas que
conllevó a un sinnúmero de procesos disciplinarios por parte de la entidad, los
cuales concluyeron con sanciones impuestas a Interbolsa SA, así como
también con sanciones disciplinarias por parte de la Procuraduría General de
la Nación a funcionarios de la superintendencia y penales a funcionarios del
grupo Interbolsa SA, por lo cual, si el mismo Estado a través de los entes de
control encontró que los funcionarios incurrieron en omisión de sus funciones,
se puede afirmar que hubo falla en el servicio por parte de la superintendencia;
esta entidad sí tuvo conocimiento oportunamente de las anomalías que
ocurrían en Interbolsa SA, específicamente en las acciones de Fabricato y de
la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC).
Asimismo, precisó que, aunque los demandantes, además de ser accionistas
trabajaban para la sociedad Interbolsa SA, lo que los ubica como profesionales
del mercado, lo cierto es que esa labor no los facultaba para conocer de los
hechos y anomalías que estaban ocurriendo en el interior de las empresas del
grupo Interbolsa y del comportamiento totalmente atípico de las acciones de
Fabricato y de la BMC, de las cuales sí conoció la entidad demandada; los
demandantes supieron cuando se dio la intervención de la superintendencia.
La entidad debió tomar las medidas preventivas, porque estas no eran
facultativas como lo alegó la entidad, sino obligatorias de cara a la situación
particular de la empresa, tal como lo consideró la Procuraduría General de la
Nación en los fallos disciplinarios proferidos en contra del superintendente.
Aunque los demandantes tenían operaciones repo sobre acciones de
Interbolsa SA adquiridas por ellos producto de la fusión en razón a necesidades
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de liquidez, dichas operaciones en nada tuvieron que ver con la debacle
económica de Interbolsa, generada por la omisión de inspección, vigilancia y
control por parte de la entidad demandada.
2) Por su parte, la Superintendencia Financiera de Colombia (fls. 436 a 442
cdno. 2) sostuvo que no se probó el daño antijurídico por cuanto los
demandantes asumieron un riesgo cuando invirtieron en acciones de valores y,
en todo caso, esas acciones salieron de su patrimonio; de otro lado, adujo que
la decisión disciplinaria de la procuraduría no ata al juez de lo contencioso
administrativo, máxime si la actuación de la superintendencia no fue objeto de
reproche en ese proceso; asimismo, la entidad demandada solo ejercía
funciones de inspección, vigilancia y control sobre SCB Interbolsa SA y no
sobre Holding Interbolsa SA, pero, en todo caso, no hubo omisión de su parte,
por el contrario, emitió varias resoluciones sancionatorias; por último, insistió
en la culpa de la víctima como causal del rompimiento del nexo causal por las
mismas razones expuestas en la contestación de la demanda.
3) El Ministerio Público guardó silencio.
5. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección
B, en sentencia del 19 de septiembre de 2018 (fls. 319 a 339 cdno. ppal.)
denegó las pretensiones de la demanda porque, aunque consideró que el daño
se acreditó con los certificados de participación de los demandantes en
Interbolsa SA y el hecho de que no hubiera prueba de que recuperó el dinero
cuando terminó el proceso de liquidación de Interbolsa SCB, no así su
antijuridicidad, puesto que operó una causa extraña que rompe el nexo de
causalidad, consistente en que existían unos riesgos propios de la inversión
que los inversionistas conocían y debían asumir dada su previa experiencia y
conocimiento en el mercado de valores.
1) En primer lugar, explicó que el artículo 6 de la Ley 964 de 2005 exige que
para que la Superintendencia Financiera de Colombia (antes Superintendencia
de Valores) pueda suspender preventivamente una actividad se necesita de un
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“temor fundado” de un posible daño a los inversionistas o al mercado de
valores, temor que en este caso no fue probado, máxime si se tiene en cuenta
que la iliquidez de la empresa no la causó las operaciones repo sino los créditos
con entidades financieras que no pudieron ser pagados; “la parte demandante
no acreditó por qué razón el Estado debió proceder en determinada forma en
orden a intervenir la economía, más allá de señalar lo ‘injusto’ en relación con
haber visto disminuido su patrimonio, como en efecto así puede suceder” (fl.
336 cdno. ppal.).
2) No existe certeza sobre los efectos positivos de dicha medida, más allá de
los que con la adopción de medidas como la toma de posesión y posterior
liquidación se hayan logrado; el Estado no puede, cada vez que detecte algo
inusual, adoptar medidas de intervención, puesto que afectaría el mercado y la
libertad económica a tal punto que la gente se abstendría de invertir en una
bolsa de valores so pretexto de la intervención estatal.
3) El temor fundado no puede nacer de una apreciación del inversionista, sino
que, debe obedecer a las situaciones desplegadas por la sociedad comisionista
y que en su momento hayan sido de conocimiento de la superintendencia; en
el plenario no obran quejas o denuncias a esta entidad por los presuntos
manejos irregulares de la sociedad Interbolsa SA, por el contrario, se acreditó
que esa entidad adelantó unas actuaciones administrativas por las cuales
impuso sanciones a funcionarios de Interbolsa SA y es a partir de estas
actuaciones que comienza a estructurarse dicho temor fundado; además,
existen varias condenas penales por el descalabro financiero de Interbolsa SA,
lo que conlleva a concluir que si el actuar fue ilegal y delictivo, su naturaleza
era oculta para los inversionistas y para la entidad demandada.
Aunado a lo anterior, los demandantes son profesionales en la materia, de
modo que tenían pleno conocimiento del riesgo que tenían sus recursos al
invertirlos en bolsa, según el Registro Nacional de Valores y las certificaciones
emitidas por la superintendencia, ellos libre y voluntariamente suscribieron los
contratos de comisión con la sociedad, de manera que asumieron su propio
riesgo con lo cual se configura la eximente de responsabilidad de culpa
exclusiva de la víctima -por el alcance de las obligaciones derivadas de los
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Actor: Andrés Uribe Cajiao y otro
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contratos de comisión suscritos por los actores- o de hecho de un tercero -por
el actuar delictivo de miembros de la sociedad-.
6. El recurso de apelación
La parte actora (cdno. 5) solicita la revocatoria del fallo de primera instancia
porque, en su criterio, la entidad demandada supo desde el año 2010 de los
hechos irregulares que ocurrían en Interbolsa SAI (sociedad administradora de
inversiones) e Interbolsa SCB (sociedad comisionista de bolsa), que
desencadenaron en la pérdida absoluta del holding; sus motivos de
inconformidad son los siguientes:
1) La sentencia recurrida no resolvió el caso o lo confundió con otro
notoriamente diferente: los aquí demandantes llegaron a ser accionistas de
Interbolsa SA (holding) en virtud de una fusión por absorción, no tenían relación
con sus filiales de administración de inversiones (Interbolsa SAI) o la
comisionista de bolsa (Interbolsa SCB), de manera que no participaron en las
estrategias de la comisionista, razón por la cual su caso no es asimilable al
caso citado en la sentencia de primera instancia4, en el cual los demandantes
eran comisionistas de bolsa que hicieron parte de la estrategia por el no pago
de sus comisiones, además, dicha sentencia no es de unificación.
2) Errores de la sentencia recurrida (se mencionan los que tienen relevancia en
el objeto de la litis): i) no es cierto que el menoscabo del patrimonio de los
demandantes provenga de una inversión, porque ninguno de ellos pretende el
pago de pérdidas derivadas de sus inversiones sino la reparación del valor
patrimonial de las acciones que se vio reducido a cero porque la entidad
demandada no ejerció adecuadamente sus funciones; ii) en igual sentido, fue
errado concluir que hubo una causa extraña derivada de los riesgos propios de
la inversión, porque la causa petendi no radica en la pérdida derivada de
inversiones.
4 Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C, sentencia proferida el 29 de enero de
2018, proceso no. 25000233600020150040502 (59179), MP Jaime Orlando Santofimio
Gamboa.
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Expediente 25000-23-36-000-2015-00206-02 (62.817)
Actor: Andrés Uribe Cajiao y otro
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3) Sí se probó la falla en el servicio de la Superintendencia Financiera de
Colombia: no es cierto que no se hubiera acreditado el “temor fundado” al que
se refiere el artículo 6 de la Ley 964 de 2005, porque i) se demostró que desde
el año 2010 la superintendencia conoció los hechos que le obligaban a adoptar
medidas preventivas para evitar daños al mercado, las sanciones que impuso
tardíamente no reparan los daños sufridos por los demandantes; ii) no es cierto
que la entidad solo puede adoptar sanciones administrativas cuando encuentre
prácticas irregulares; iii) el Decreto 2555 de 2010 exige la publicación de
información relevante por parte de los emisores de valores para que los actores
del mercado puedan estar debidamente informados, lo cual la entidad debió
verificar, además, dicha norma define el concepto de “inversionista profesional”,
condición que no implica el uso de información privilegiada, como erradamente
sostiene el tribunal; iv) insistió en los argumentos presentados en la demanda
y los alegatos de conclusión de primera instancia.
4) De igual manera, consideró que la sentencia de primera instancia no estuvo
debidamente motivada porque se trató de una transcripción de una sentencia
proferida en otro caso.
7. Trámite en segunda instancia
1) En el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera
instancia, la parte actora solicitó que se ordenara a la Procuraduría General de
la Nación remitir los expedientes contentivos de las investigaciones
disciplinarias efectuadas en contra de los funcionarios relacionados con el caso
Interbolsa (prueba que fue decretada y practicada en primera instancia), con
fundamento en el numeral 2 del inciso 4 del artículo 212 del CPACA, toda vez
que la entidad requerida “no contestó el requerimiento de fondo”, razón por la
cual le había solicitado al magistrado de primera instancia que requiriera
nuevamente la prueba, quien no accedió (fls. 43 y 44 cdno. 5).
2) En auto proferido el 10 de mayo del 2019 se negó dicha solicitud de pruebas
en segunda instancia, decisión contra la cual la parte actora interpuso recurso
de súplica, y en auto proferido el 5 de mayo de 2020 este se resolvió en el
sentido de revocar la anterior decisión y ordenar a la Procuraduría General de
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la Nación que allegara copia de dichas investigaciones (índice 15 SAMAI).
3) En virtud de ello, la Secretaría de la Sección Tercera envió diferentes oficios
a la Procuraduría General de la Nación con el respectivo requerimiento, y la
entidad allegó varios documentos, los cuales fueron trasladados a las partes
(índices 54 y 55 SAMAI), quienes guardaron silencio.
8. Las alegaciones de conclusión en segunda instancia
1) La parte actora (índice 65 SAMAI) manifestó que los documentos remitidos
por la Procuraduría General de la Nación en virtud del decreto de pruebas
efectuado en segunda instancia no corresponden a lo solicitado porque no
tienen ninguna relación con este caso, lo cual probaría la omisión de la entidad
demandada, motivo por el cual solicita lo siguiente: i) conminar a la aludida
entidad para que cumpla efectivamente su deber de suministrar las pruebas; ii)
o valorar la información publicada relacionada con este caso; iii) o que se
invierta la carga de la prueba contra la Superintendencia Financiera de
Colombia por “(a) cercanía con el material probatorio, (b) tener en su poder el
objeto de prueba, (c) circunstancias técnicas especiales y (d) por haber
intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, y le dé la
oportunidad de demostrar si incurrió o no en la falla del servicio causa de las
pretensiones por su conducta omisiva” (fl. 15 documento virtual); de otra parte,
transcribió los mismos argumentos presentados en el recurso de apelación
respecto de los motivos de inconformidad con la sentencia apelada.
2) Por su parte, la Superintendencia Financiera de Colombia (índice 67 SAMAI)
solicitó la confirmación del fallo impugnado, por los siguientes motivos: i) la
sentencia de primera instancia sí analizó el caso en cuestión, porque tuvo en
cuenta la fijación del litigio decretada en la audiencia inicial y si la sentencia
atacada se basó en el fallo proferido en otro proceso similar no es razón para
restarle fuerza al fallo, sino, por el contrario, hace evidente que existe
argumentación jurídica suficiente y sólida en diversas instancias judiciales
relacionada con la inexistencia de responsabilidad administrativa de la
superintendencia demandada en relación con los hechos ocurridos con
Interbolsa SA.
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Expediente 25000-23-36-000-2015-00206-02 (62.817)
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Desde otro punto de vista, debe tomarse en cuenta que ii) no se probó la
existencia de causales para la adopción de la medida contenida en el artículo
6° de la Ley 964 de 2005, pues, se acreditó que no existían fundamentos
fácticos que configuraran el temor fundado que llevara a la suspensión de la
negociación de especies con anterioridad a la decisión tomada, pese a que las
acciones de Fabricato y de BMC estaban inscritas en el RNVE; el temor
fundado no es una percepción subjetiva de un inversionista5, sino que se trata
de situaciones que se desprenden de las actuaciones de la empresa vigilada,
que debió haber conocido la entidad a partir de quejas, ordenes administrativas,
sanciones, entre otras; por lo tanto, las visitas de inspección, ordenes
administrativas, requerimientos y sanciones proferidas por la entidad aducidas
en el escrito de apelación, lejos de ser extemporáneas, evidencian que la
superintendencia comprobó la existencia de un temor fundado justamente a
través de dichas actividades de supervisión y, en consecuencia, procedió
oportunamente con la adopción de medidas necesarias, entre ellas, la
suspensión de la negociación de acciones inscritas en el RNVE y de esta forma
evitar una afectación al mercado en general.
De igual manera, iii) hubo rompimiento del nexo causal por culpa de quien alega
ser víctima, puesto que en el recurso de apelación se incurre en un yerro
mayúsculo al pretenderse que por el hecho de haber adquirido los
demandantes las acciones de Interbolsa Holding, por la fusión de dos
comisionistas de bolsa, no les eran aplicables las disposiciones sobre
conocimiento y asunción de los riesgos propios de los inversionistas
profesionales; de acuerdo con la información que reposa en el Registro
Nacional de Profesionales del Mercado, ambos demandantes fueron miembros
suplentes de la junta directiva y representantes legales de Inversionistas de
Colombia SA, calidad que posteriormente ostentaron en Interbolsa SA SCB,
además, eran funcionarios de esta última, por lo tanto, es evidente que los
demandantes eran profesionales del mercado de valores, expertos en los
5 Según la jurisprudencia del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, el temor fundado se configura a partir de la comisión de prácticas inseguras no
autorizadas y peligrosas por parte de una empresa vigilada, que además hayan sido conocidas
por la superintendencia y con ocasión de las cuales se hayan realizado actuaciones
administrativas e impuesto sanciones.
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Expediente 25000-23-36-000-2015-00206-02 (62.817)
Actor: Andrés Uribe Cajiao y otro
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productos y servicios de dicho mercado6, calidades que obviamente les
proporcionaron claros y suficientes conocimientos acerca de los riesgos de las
operaciones que eran llevadas a cabo por Interbolsa SA.
Asimismo, iv) existió una causa extraña, configurada por el hecho de terceros,
por los hechos delictivos en que incurrieron varios directivos y administradores
del grupo Interbolsa, que se realizó en forma oculta no solo para el mercado
sino también para la superintendencia y, por último, v) el fallo de la Procuraduría
General de la Nación no tiene la vocación de probar las omisiones que se le
imputan a la superintendencia; por el contrario, el material probatorio allegado
con la contestación y todas las pruebas practicadas en el proceso dan cuenta
que las funciones de supervisión fueron efectivamente ejecutadas, además,
ese fallo disciplinario no es vinculante ni ata en manera alguna al Consejo de
Estado en la decisión que debe adoptar, por la naturaleza de dichos fallos.
3) El Ministerio Público (índice 66 SAMAI) pide que se confirme la sentencia
apelada, por cuanto se acreditó que la entidad demandada cumplió con sus
funciones de inspección, vigilancia y control en el caso de Interbolsa SA y que
si bien los demandantes cuestionan el actuar de aquella por razón de no
advertir e informar al público en general, en especial a los actores del mercado
de valores, sobre las conductas riesgosas y fraudulentas de Interbolsa SA,
específicamente lo referente a las operaciones repo que se realizaron con las
acciones de Fabricato durante los años 2011 y 2012, lo cierto es que no existe
elemento de juicio que permita inferir la ocurrencia de la omisión alegada,
porque, a pesar de lo que sucedía en el interior de Interbolsa SA, se dedicaron
a reportar información que denotaba una situación de tranquilidad y de liquidez,
ello como respuesta a los requerimientos formulados por la Superintendencia
Financiera; además, la función de supervisión de riesgos no puede ser
6 El señor Andrés Uribe Cajiao en audiencia de pruebas del 14 de agosto de 2018 manifestó
ser trader de la comisionista, circunstancia que de suyo lleva implícito no solo tener los
conocimientos específicos sobre el funcionamiento del mercado, sino además la certificación
expedida por la AMV junto con la respectiva inscripción en el RNAMV. En el mismo sentido, el
demandante Francisco Potes, quien fungía como director comercial de la comisionista y jefe
del señor Uribe Cajiao, expresó tener el conocimiento experto, pues, sus actividades laborales
se circunscribían al funcionamiento del mercado y la información de este, afirmaciones que
resultan pertinentes y relevantes al caso, pues, la parte actora pretende desligar su experticia
y conocimiento, por no tener la calidad de inversionista profesional, cuando lo cierto es que su
conocimiento superaba el de un inversionista profesional.
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Expediente 25000-23-36-000-2015-00206-02 (62.817)
Actor: Andrés Uribe Cajiao y otro
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interpretada en el sentido de eliminar o cubrir los riesgos implícitos a los cuales
se encuentran expuestas las operaciones que realizan los inversionistas y que
son propios de un mercado, riesgos que necesariamente debieron ser
evaluados por los hoy actores en su condición de inversionistas con el fin de
tomar las decisiones que consideraran necesarias para mitigar, soportar o
eliminar el riesgo.
La no acreditación de la omisión alegada es suficiente para denegar las
súplicas de la demanda, al margen de que el eventual perjuicio ocasionado a
los actores es atribuible a una causa extraña que surge de los riesgos propios
de la inversión, los cuales conocían y debían asumir los inversionistas, entre
ellos, los hoy demandantes, dada su experiencia y conocimiento en el mercado
de valores, más aún cuando esta clase de negocios hacen parte de la esfera
privada de las personas, que exigen de quienes participan o se involucran en
esa clase de negocios actuar con prudencia y cuidado para no poner en riesgo
sus intereses patrimoniales.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de
nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido
a consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y
anuncio de la decisión, 2) análisis de la responsabilidad patrimonial
extracontractual del Estado, 3) conclusión y, 4) condena en costas.
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
Presentada la demanda de manera oportuna7 corresponde a la Sala determinar
si en este asunto la Superintendencia Financiera de Colombia es
7 Como el 7 de noviembre de 2012 la Superintendencia Financiera de Colombia ordenó la
liquidación de la sociedad comisionista de bolsa Interbolsa SA, el 31 de octubre de 2014 se
presentó la solicitud de audiencia de conciliación prejudicial, la cual fue declarada fallida según
constancia expedida el 15 de enero de 2015 (fl. 6 cdno. 3) y la demanda se presentó el 19 de
enero siguiente, se impone concluir que lo fue antes del vencimiento de los dos años de
caducidad para impetrar la acción de reparación directa de que trata el artículo 164 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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Expediente 25000-23-36-000-2015-00206-02 (62.817)
Actor: Andrés Uribe Cajiao y otro
Reparación directa - apelación de sentencia
patrimonialmente responsable de los perjuicios causados a los señores Andrés
Uribe Cajiao y Francisco José Potes Forero por el no ejercicio de los deberes
de inspección, vigilancia y control respecto de Interbolsa SA -hoy liquidada-,
omisión que derivó en que los demandantes perdieran la totalidad del valor que
tenían invertido en las acciones de la aludida sociedad.
La Sala confirmará la sentencia apelada, dado que no se acreditó la supuesta
inobservancia de los deberes de inspección, vigilancia y control a cargo de la
Superintendencia Financiera de Colombia.
2. Análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado
1) En primer lugar, la Sala advierte que el daño alegado consistente en la
pérdida del dinero invertido en las acciones de Interbolsa SA por parte de los
actores se consideró acreditado por el tribunal de primera instancia8, decisión
que no fue cuestionada por ninguna de las partes, motivo por el cual ese primer
requisito de la responsabilidad extracontractual del Estado no puede ser motivo
de juicio en este instancia por carecer de competencia derivada de la apelación
efectuada en el caso concreto.
2) El centro de la apelación radica en la antijuridicidad de ese daño, pues, el a
quo consideró que ese elemento no se encuentra configurado en este caso, en
tanto la parte actora y única recurrente insiste en que sí, debido a que desde el
año 2010 la entidad demandada conoció de los irregulares manejos de la
sociedad y no tomó medidas preventivas que evitaran el daño sufrido por los
inversionistas, sino que, tomó medidas definitivas tardíamente, cuando ordenó
la liquidación de la empresa, de manera que incurrió en una omisión en sus
funciones de inspección vigilancia y control.
En igual sentido se ha pronunciado la Sección Tercera, ver, por ejemplo: Consejo de Estado –
Sección Tercera – Subsección A, sentencia proferida el 31 de julio de 2024, proceso no. 25000-
23-36-000-2014-00123-02 (62.412) MP María Adriana Marín.
Se aclara que en el expediente no hay prueba de la fecha de la terminación del proceso
liquidatorio de la sociedad, sin embargo, es evidente que esta fue posterior y de cualquier
manera tampoco habría operado la caducidad.
8 Lo hizo en los siguientes términos textuales: “El daño se encuentra acreditado con los
certificados de participación de los demandantes en Interbolsa SA, en donde se encuentra
demostrado que los demandantes invirtieron en dicha firma, sin que exista prueba que hayan
podido recuperar dicho dinero” (fl. 330 cdno. ppal.).
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Expediente 25000-23-36-000-2015-00206-02 (62.817)
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Reparación directa - apelación de sentencia
3) La Sala no encuentra acreditada la alegada falla del servicio que la parte
actora le reprocha a la entidad demandada por la supuesta omisión de sus
funciones de inspección, vigilancia y control; por el contrario, en el expediente
hay pruebas del cumplimiento de esos deberes, pues, la entidad supervisó las
operaciones de Interbolsa SA, como se explica a continuación:
a) El 26 de agosto de 2011, la superintendente delegada para emisores,
portafolios de inversión y otros agentes de la Superintendencia Financiera de
Colombia allegó un oficio al representante legal de Interbolsa SA Sociedad
Administradora de Inversión en el que le informó que la entidad, en uso de sus
facultades de supervisión previstas en el Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero y el Decreto 2555 de 2010 realizaría una visita a la empresa,
proceso de inspección que tenía como objetivo general “verificar los aspectos
relacionados con el cumplimiento de las obligaciones a cargo de esa sociedad
administradora” (documento “23. Oficio 2011063640-001-000 Aviso de Visita”
obrante en el CD del fl. 41 cdno. 1); en la visita se encontró que la sociedad
presentaba “debilidades en su gobernabilidad, gestión de riesgos y en la
manera como realiza parte de sus operaciones”, en virtud de lo cual la entidad
impartió una orden administrativa a la sociedad “con el fin de salvaguardar los
derechos de los accionistas, preservar la confianza del público y la
transparencia de la cual deben gozar los mercados de valores” con las
siguientes medidas: i) suspender las operaciones de administración de las
carteras colectivas, ii) adoptar un plan de ajuste para subsanar las
irregularidades encontradas, iii) optimizar el proceso de registro de operaciones
y de arqueo de títulos y, iv) suspender de manera inmediata la constitución de
participantes de la cartera colectiva Interbolsa Credit, además, quedaron
suspendidos los trámites de licenciamiento de nuevos portafolios de inversión
así como también los relativos a modificaciones a reglamentos de las carteras
colectivas administradas por Interbolsa; dicha orden se plasmó en un oficio del
21 de diciembre de 2011 (archivo “25. Orden de desmonte completa
2011063640-029” CD obrante a fl. 41 cdno. 1).
b) El 12 de abril de 2012, la entidad demandada informó a Interbolsa Sociedad
Administradora de Inversión de la visita que realizaría para verificar el
cumplimiento de las órdenes impartidas el 21 de diciembre de 2011 (archivo
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Expediente 25000-23-36-000-2015-00206-02 (62.817)
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Reparación directa - apelación de sentencia
“36. Oficio 2012024179-005” CD obrante a fl. 41 cdno. 1); posteriormente haría
una visita en noviembre de 2012 para “verificar los aspectos relacionados con
el cumplimiento de las obligaciones a cargo de esa sociedad” (archivos “40 y
49. Oficio 2012094991-001” y “41 y 50. Oficio 2012095359-000” ibidem).
c) El 2 de noviembre de 2012, la superintendencia ordenó a Interbolsa SA
Sociedad Administradora de Inversión suspender inmediatamente la redención
de participaciones en los vehículos de inversión colectiva en donde esta se
permitiera antes del plazo previsto para la duración de la cartera, así como
también convocar a asamblea extraordinaria de inversionistas para brindar
información a los adherentes tendiente a la protección de sus derechos,
especialmente la situación de restricción temporal de liquidez que afrontaba la
sociedad, entre otros asuntos (archivo “51. Oficio 2012094967-000” ibidem).
d) A través de la Resolución no. 1795 del 2 de noviembre de 2012, la
Superintendencia Financiera de Colombia ordenó la toma de posesión
inmediata de los bienes, haberes y negocios de la Sociedad Comisionista de
Bolsa Interbolsa SA debido a que no se establecieron alternativas suficientes
para subsanar el problema de liquidez en el que se encontraba, lo cual se
materializó en la suspensión del pago de sus obligaciones al cierre de
operaciones del día 1 de noviembre de 2012 (archivo “9.1.2. RESOLUCIÓN
1795 DE 2012” CD obrante a fl. 92 cdno. 4).
e) En Resolución no. 1812 del 7 de noviembre de 2012, la Superintendencia
Financiera de Colombia ordenó la liquidación de la Sociedad Comisionista de
Bolsa Interbolsa SA por cuanto las dificultades de iliquidez no pudieron
subsanarse en desarrollo de la medida de toma de posesión, dado que se
mantuvieron las restricciones al acceso de líneas de crédito, lo cual afectaba
de forma material la operación de la empresa y el adecuado cumplimiento de
sus obligaciones como intermediario del mercado de valores, en consecuencia,
no había un mecanismo diferente a la liquidación de sus activos para pagar sus
obligaciones (archivo “9.1.3. RESOLUCIÓN 1812 DE 2012” CD obrante a fl. 92
cdno. 4).
f) El 11 de noviembre de 2012, la superintendencia le ordenó a Interbolsa SA
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Expediente 25000-23-36-000-2015-00206-02 (62.817)
Actor: Andrés Uribe Cajiao y otro
Reparación directa - apelación de sentencia
Sociedad Administradora de Inversión abstenerse de celebrar actos jurídicos
que tuvieran como objetivo la destinación de recursos, de manera directa o
indirecta para el apoyo de liquidez de la sociedad administradora, las
subordinadas de la misma, su matriz o las subordinadas de esta (archivo “46.
Oficio 2012095358-000” ibidem).
g) Por medio de la Resolución no. 2000 del 29 de noviembre de 2012 la
superintendencia ordenó el embargo de los títulos, acciones, derechos de
contenido económico y cualquier clase de valores cuyo titular o beneficiario
fuera Interbolsa SA Sociedad Administradora de Inversión (archivo “53.
Resolución 2000 de 2012” ibidem).
h) La Superintendencia Financiera de Colombia, en consideración a que
Interbolsa SA Comisionista de Bolsa en liquidación tenía una participación
importante en repos con acciones de Fabricato (más del 90%), ordenó a la
Bolsa de Valores de Colombia la suspensión de la negociación de la acción del
emisor del 19 al 23 de noviembre de 2012 y desde el 26 al 30 de noviembre de
2012 “con el fin de garantizar un funcionamiento informado y ordenado del
mercado”, esta información obra en un oficio que la entidad remitió al
representante legal de la empresa Fabricato SA el 30 de noviembre de 2012 en
el que le ordenó suministrar información adicional a los reportes de información
financiera que transmitía trimestralmente al Registro Nacional de Valores y
Emisores, “con el fin de asegurar la transparencia en el mercado, preservar los
derechos de los inversionistas y preservar la confianza de los terceros con los
cuales se relaciona el emisor para el giro ordinario de sus negocios”
(documento “34. 2012103158-000-000” CD obrante a fl. 41 cdno. 1).
i) En vista de que Interbolsa SA Sociedad Administradora de Inversión no dio
efectivo cumplimiento a las distintas órdenes impartidas por la
Superintendencia Financiera de Colombia y que se verificó su
descapitalización, a través de la Resolución no. 1125 del 8 de julio de 2014
dicha entidad ordenó la toma de posesión inmediata para liquidar los bienes,
haberes y negocios de la sociedad (archivo “45. Resolución 1125 de 2014” CD
obrante a fl. 41 cdno. 1).
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Expediente 25000-23-36-000-2015-00206-02 (62.817)
Actor: Andrés Uribe Cajiao y otro
Reparación directa - apelación de sentencia
j) Desde el año 2006 y hasta el año 2014, la Superintendencia Financiera de
Colombia impuso numerosas sanciones, multas, requerimientos y órdenes a
Interbolsa SA por distintos motivos (fls. 92 cdno. 4 y 41 cdno. 1).
4) De conformidad con el anterior análisis probatorio la Sala encuentra que,
contrario a lo plateado por los demandantes, la Superintendencia Financiera de
Colombia ejerció sus funciones de inspección, vigilancia y control de manera
oportuna y permanente, pues, hay evidencia de que desde el año 2006 impuso
multas, sanciones y medidas ante las irregularidades encontradas en Interbolsa
SA y no hay prueba de que dichas funciones las haya ejercido de manera tardía.
5) Específicamente, se observa que en el año 2011 la entidad ordenó a
Interbolsa SA Sociedad Administradora de Inversión suspender las
operaciones de administración de las carteras colectivas, la constitución de
participantes de la cartera colectiva Interbolsa Credit y los trámites de
licenciamiento de nuevos portafolios de inversión, entre otras medidas, lo cual
contradice lo alegado por la parte actora en la demanda, pues, cuando la
entidad realizó las visitas a la empresa y encontró anomalías en sus
operaciones sí impuso medidas preventivas, las cuales estaban encaminadas
a salvaguardar los derechos de los accionistas, preservar la confianza del
público y la transparencia del mercado de valores.
6) Luego de verificar que la sociedad se encontraba descapitalizada y con
graves problemas de iliquidez, con el fin de proteger al máximo posible el
patrimonio de los inversionistas ordenó la toma de posesión y posterior
liquidación de la Comisionista de Bolsa en 2012 y de la Sociedad
Administradora de Inversión en 2014.
7) Posteriormente, en noviembre de 2012, la superintendencia ordenó a la
Bolsa de Valores de Colombia la suspensión de la negociación de la acción de
Fabricato SA debido a que Interbolsa SA Comisionista de Bolsa en liquidación
tenía una participación importante en repos con acciones de esa sociedad,
además, le ordenó a Fabricato suministrar información adicional a los reportes
de información financiera que transmitía trimestralmente al Registro Nacional
de Valores y Emisores, lo cual pone en evidencia que la información que se
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Actor: Andrés Uribe Cajiao y otro
Reparación directa - apelación de sentencia
tenía hasta el momento no era completa y, en todo caso, que la
superintendencia estuvo vigilante a las operaciones realizadas con Fabricato.
Al respecto, conviene precisar que la Sección Tercera de esta corporación ha
advertido que la Superintendencia Financiera no contaba con la información
completa de lo que estaba ocurriendo con las operaciones repo respecto de las
acciones de Fabricato ni había un verdadero temor fundado para suspender las
negociaciones de dichas acciones antes de la intervención:
“Como los repos9 eran operaciones permitidas para las comisionistas
de valores y se estaban reportando como realizadas dentro de los
porcentajes establecidos y los indicadores de solvencia de la
comisionista no se encontraban excedidos para cuando se realizó la
visita de inspección -en septiembre de 2011- (…) esas operaciones no
eran calificadas como irregulares o ilegales, por lo cual no cabía
proceder a una intervención inmediata.
Observa la Sala que, en su momento, frente a la información disponible,
lo que la Superintendencia hizo fue adelantar las visitas para establecer
el funcionamiento de los sistemas de riesgo en Interbolsa SCB y
levantar hallazgos para que la entidad propusiera y ejecutara los
correctivos.
Por otro lado, para el caso de las acciones de Fabricato, se tiene
probado que el volumen de los repos, la concentración de los cupos con
“el grupo de amigos de Alesandro Corridori”, el incremento del riesgo de
liquidez de Interbolsa SCB, y las operaciones con otros fondos
separados que comercializaban Interbolsa SCB e Interbolsa SAI (…)
llevaron a que el 1º de noviembre de 2012 Interbolsa SCB no pudiera
conseguir recursos para cumplir con el banco BBVA en el pago de un
sobregiro “intraday” por $20.000 millones de pesos, hecho este último
que fue el que dio lugar a la toma de posesión.
(…).
[E]l demandante sostiene que, desde septiembre de 2011, la
Superintendencia Financiera podía haber tomado la medida de
suspensión, análisis que no comparte la Sala, puesto que ni el informe
interno de la Superintendencia sobre las acciones de Fabricato ni el que
le allegó la AMV eran conclusivos sobre la realidad de las operaciones
9 “el concepto de las operaciones de reporto o repo, (…) desde el punto de vista jurídico, se
corresponden con el contrato de venta de valores con pacto de recompra y, desde el punto de
vista financiero, constituyen un mecanismo de apalancamiento con garantía en la especie o
título objeto del contrato. // Existe una operación de entrada, en la cual una parte vende los
valores y recibe recursos y otra operación de regreso en la que esa parte recompra los valores
y paga el precio convenido. // En la dinámica normal de un intermediario de valores, a diario,
los repos que se vencen se sustituyen por otros, con recursos de los mismos intermediarios o
de clientes, para mantener el nivel de apalancamiento, sin exceder los márgenes permitidos de
acuerdo con el sistema de administración de riesgo. El precio que registran las transacciones
de cada especie en la bolsa va marcando el valor de mercado de la respectiva especie (títulos
o valor)”.
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Expediente 25000-23-36-000-2015-00206-02 (62.817)
Actor: Andrés Uribe Cajiao y otro
Reparación directa - apelación de sentencia
convenidas o preacordadas por fuera del sistema.
Nótese que el informe de la AMV correspondía a una indagación
preliminar dentro del campo en que operaba la labor disciplinaria de la
autorreguladora y no se refería a los riesgos de liquidez de Interbolsa.
En otras palabras, el informe de AMV fue una alerta importante para
iniciar los requerimientos e investigaciones correspondientes, mas, por
sí solo, no era suficiente para concluir un “temor fundado” acerca de la
situación del mercado y decidir en ese momento la suspensión de las
operaciones de la especie Fabricato”10.
8) No hay prueba en este expediente de que las medidas adoptadas por la
Superintendencia Financiera de Colombia hubieran sido inoportunas o
ineficaces; tal como acertadamente lo consideró el tribunal de primera
instancia, no se acreditó el “temor fundado” de que trata el literal c) del artículo
6 de la Ley 964 de 200511.
9) En el expediente no existe medio probatorio alguno que acredite, idónea y
fehacientemente, la supuesta omisión de los deberes de inspección, vigilancia y
control de la Superintendencia Nacional de Salud, carga procesal que le
correspondía a la parte actora del proceso; en el acervo probatorio constan una
serie de actuaciones por parte la Superintendencia Financiera de Colombia, no
obstante, a partir de tales actuaciones no se logró establecer alguna
irregularidad de la entidad demandada, no hay prueba alguna en el proceso que
demuestre su supuesta intervención tardía de Interbolsa SA; la carga de la
prueba en casos como estos consiste en acreditar que se incumplieron esas
obligaciones, pero, no de manera genérica, sino específica.
10) En este caso, de modo concreto, en la demanda se plantea que la entidad
debió tomar medidas provisionales y a tiempo para evitar la descapitalización de
10Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A, sentencia proferida el 24 de
septiembre de 2020, proceso no. 25000-23-36-000-2015-00445-02 (59.713), MP Marta Nubia
Velásquez Rico.
11 “Artículo 6o. Funciones adicionales de la Superintendencia de Valores. La Superintendencia
de Valores tendrá, en adición a las funciones que actualmente le han sido asignadas, las
siguientes: (…) c) Suspender preventivamente cuando hubiere temor fundado de que se pueda
causar daño a los inversionistas o al mercado de valores, una oferta pública en cualquiera de
sus modalidades; la negociación de determinado valor, la inscripción de valores, o de los
emisores de los mismos en el Registro Nacional de Valores y Emisores; la inscripción de
determinada persona en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores; la inscripción
de determinada persona en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores;
(…)”.
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Expediente 25000-23-36-000-2015-00206-02 (62.817)
Actor: Andrés Uribe Cajiao y otro
Reparación directa - apelación de sentencia
la sociedad y advertir a los inversionistas de los problemas que observaron, sin
embargo, no hay prueba de que la intervención, tal como se efectuó, hubiera
sido tardía o ineficaz, la superintendencia encontró unas irregularidades, impuso
unas medidas y ante la falta de cumplimiento de ellas por parte de la sociedad
y de no encontrar otra solución para proteger a los inversionistas y el mercado
de valores ordenó su liquidación, sin que se acreditara que el momento de esa
decisión no fuera el correcto, máxime si se tiene en cuenta que la ley no prevé
un término específico para el efecto, sino que, dependerá de las circunstancias
de cada caso en particular.
11) En esa perspectiva, se tiene que las pruebas aportadas no dan cuenta de la
alegada falta de ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control
propias de la entidad demandada en este proceso, y menos aún de que tal
conducta haya sido, precisa y necesariamente, la fuente del daño cuya
reparación se reclama con la demanda.
12) La Sala pone de presente que las decisiones penales y disciplinarias que se
tomaron en contra de funcionarios o personas involucradas en actuaciones
ilegales o irregulares en el caso Interbolsa, a las cuales se refiere la parte actora,
además de que no fueron allegadas a este proceso, no obligan al juez de lo
contencioso administrativo a tomar su decisión en el mismo sentido, menos aún
si no se cuenta con las pruebas analizadas en esos casos, pues, el juez es
autónomo en la actividad de analizar los hechos de la controversia y en la
valoración de las pruebas que obren en el proceso objeto de su decisión.
Al respecto se aclara que, aunque la parte actora en los alegatos de conclusión
de segunda instancia efectuó unas solicitudes tendientes a que se vuelva a
decretar el traslado de los procesos disciplinarios relacionados con este caso,
debido a que los documentos allegados por la Procuraduría General de la
Nación en virtud del decreto de pruebas realizado en segunda instancia no
correspondió a lo solicitado, no es posible acceder a su petición por cuanto
dichos documentos le fueron debidamente trasladados, término durante el cual
guardó silencio, de manera que no se opuso a dicha prueba oportunamente.
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Expediente 25000-23-36-000-2015-00206-02 (62.817)
Actor: Andrés Uribe Cajiao y otro
Reparación directa - apelación de sentencia
13) Ahora bien, aunado al hecho de que en este caso no se acreditó
debidamente la falla del servicio alegada, es relevante para la Sala el hecho de
que los demandantes tenían pleno conocimiento del funcionamiento del
mercado bursátil y con ello de los riesgos que implica tener acciones en dicho
mercado, de conformidad con los siguientes elementos de prueba:
a) Según certificados expedidos por la asesora administrativa de Interbolsa SA
Comisionista de Bolsa en liquidación, los señores Francisco José Potes Forero
y Andrés Uribe Cajiao laboraron en esa empresa desde junio de 2007 hasta
julio de 2013 con contrato a término indefinido, el primero desempeñaba el
cargo de director de banca institucional y corporativa y, el segundo, el de
director on line (documento “Anexo8” CD fl. 308 cdno. 2).
b) Según la determinación del perfil del inversionista de Interbolsa Comisionista
de Bolsa, los demandantes se calificaron a sí mismos como “conocedor con
amplio dominio en la realización de inversiones bursátiles” y en la evaluación
del cliente los calificaron como clientes con “un conocimiento representativo del
sector en el cual se desempeña” (documento “Anexo4” CD fl. 308 cdno. 2).
c) De conformidad con los certificados expedidos por la Superintendencia
Financiera de Colombia, los actores fueron representantes legales comerciales
de Inversionistas de Colombia SA y luego de Interbolsa SA SCB; de igual
manera, aparecen inscritos en el Registro Nacional de Profesionales del
Mercado de Valores, específicamente como operadores de negociación de
instrumentos de renta variable y renta fija (fls. 97 a 102 cdno. 4).
d) Obran en el expediente unos correos electrónicos enviados entre los
demandantes y las asesoras financieras de Interbolsa Comisionista de Bolsa
en los cuales se observan distintas renovaciones de operaciones repos desde
octubre de 2011 hasta noviembre de 2012 (documento “Anexo7” CD fl. 308
cdno. 2).
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Expediente 25000-23-36-000-2015-00206-02 (62.817)
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Reparación directa - apelación de sentencia
e) En el proceso se practicó el testimonio de Andrés Enrique Abella Fajardo 12,
economista, quien trabajó en Interbolsa desde el año 2004 hasta su liquidación
y cuyo jefe fue Francisco Potes desde 2008, también se practicaron
interrogatorios de parte a los dos demandantes Francisco Potes Forero13 y
Andrés Uribe Cajiao14; en síntesis, ellos dieron cuenta de las funciones que
12 Explicó que el actor era jefe de la mesa institucional de Interbolsa, que sus funciones tenían
que ver con el seguimiento y apoyo comercial a la gestión de los operadores con los clientes
del sector financiero (inversionistas profesionales); su jefe tenía experticia para interpretar
datos de mercado y generar estrategias de inversión, entender las dinámicas del mercado y
asesorar a los clientes, aclaró que la profesionalidad o idoneidad (conocimiento del mercado)
es distinta a conocer información de la alta administración, a tener acceso diferente a la
información pública en el mercado de valores; también conoció a Andrés Uribe Cajiao en el año
2008 porque provenía de otra firma comisionista Inversionistas de Colombia, la cual se fusionó
con Interbolsa, ambos llegaron a raíz de esa fusión, eran accionistas de la anterior y se
volvieron accionistas de Interbolsa. Ellos no tenían acceso a información privilegiada, esto es,
diferente a la pública, su jefe Francisco en los 4 años que trabajó con él nunca le mencionó de
una información diferente a la pública. La mesa institucional manejaba valores de renta fija, de
flujos conocidos, no tenían participación en el mercado accionario colombiano. Los actores no
pudieron haber tenido acceso a la información que llevaron a la quiebra de Interbolsa. El testigo
también fue víctima, quedó desempleado. Si la información hubiera sido conocida, cualquier
persona hubiera actuado de forma diferente. Era imposible conocer esa información porque la
manejaba la alta dirección (presidente y junta directiva), ellos se limitaban a cumplir con un
presupuesto establecido al inicio de cada año con seguimiento mensual, la información para
ellos se remitía a datos de mercado conocidos por todos; nunca recibió ninguna insinuación o
dato de Francisco alguna información diferente. Los jefes de Francisco eran el vicepresidente
de comercio o el presidente, pero el testigo trabajaba directamente con Francisco y todo su
grupo de trabajo. Las funciones de Andrés Uribe estaban a cargo del proyecto de Interbolsa
online, plataforma a través de la cual los clientes operaban en el mercado de valores.
13 Francisco José Potes Forero es administrador de empresas, con 30 años de experiencia en
el sector financiero, actualmente tiene una agencia de seguros y asesora financieramente a
compañías; en Interbolsa fue director de la banca institucional y sus funciones eran el manejo
de los comerciales que se encargaban de realización de negocios con la banca institucional,
brindaba acompañamiento comercial y profesional, a la consecución de negocios y a vigilar que
en estos todo estuviera bien; dependía de la vicepresidencia comercial desde 2008 hasta la
debacle; se encontraba inscrito en renta fija, nunca manejó acciones, su cargo era de manejo
de renta fija; adquirió las acciones como resultado de la fusión, no compró acciones de
Interbolsa; ejecutó operaciones repo sobre sus acciones, algunas de ellos se encontraban
vigentes cuando se ordenó la liquidación, estaban en garantía, recibió los recursos con los
cuales se realizó las operaciones repo; estaba concentrado en renta fija, de las otras áreas
como la de acciones solo tenía conocimiento general; no fue accionista de Fabricato; no tuvo
conocimiento de información privilegiada, era imposible por su cargo, él solo tenía la
información para desempeñar su cargo; tenía la misma información de alguien que no trabajara
en la empresa; no tuvo conocimiento de las anomalías, se enteró junto con todo el mundo, no
sabían quiénes operaban Fabricato ni que estuvieran subiendo la acción, los corredores de
bolsa no saben de esa información; no supieron de las sanciones o investigaciones por parte
de la Superintendencia Financiera de Colombia; el 2 de noviembre se enteraron porque no
pudieron ingresar a sus oficinas.
14 Andrés Uribe Cajiao es administrador de empresas, con especialización en alta gerencia,
cursó en operaciones bursátiles en el instituto de la Bolsa de Valores y obtuvo el certificado
para operar en el mercado de renta fija y variable. Llegó a Interbolsa por la fusión con
Inversionistas de Colombia SA y esta última fue absorbida por aquella, él llegó con sus
acciones; allá ocupó el cargo de trader electrónico porque tenía que desarrollar la plataforma y
ponerla a funcionar, es una conexión directa a través de la bolsa y los clientes se auto sirven,
él tenía que verificar que los valores fueran reales y que los clientes los pudieran ejecutar
directamente al mercado, él no asesoraba a ningún cliente; él se encontraba inscrito en el
registro nacional de valores intermediarios; era cliente inversionista, tenía una inversión a largo
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Expediente 25000-23-36-000-2015-00206-02 (62.817)
Actor: Andrés Uribe Cajiao y otro
Reparación directa - apelación de sentencia
desempeñaban en Interbolsa y que a pesar de su conocimiento y experiencia
en el mercado de valores, ellos no tuvieron acceso a información privilegiada
que les hubiera advertido de las irregularidades que estaban ocurriendo al
interior de la empresa, sino que, solamente conocían la información pública;
también explicaron que sus acciones fueron objeto de operaciones repo que se
encontraban vigentes al memento de la liquidación de la empresa (CD fl. 376
cdno. 2).
14) Así pues, acreditada la profesión, el conocimiento y la idoneidad de los
demandantes respecto del mercado de valores, el cual contiene unos riesgos
inherentes a la actividad, ellos deben asumir el resultado de la valorización o
desvalorización de sus acciones; es cierto que en este proceso no se probó
que ellos tuvieron acceso a información privilegiada de lo que sucedía en
Interbolsa, como lo alegan, pero, ello no es óbice para que no deban asumir el
riesgo propio e intrínseco de la actividad en la cual tenían invertidos sus
recursos; tampoco es relevante que ellos no hubieran comprado las acciones
directamente a Interbolsa sino que su adquisición fue consecuencia de la fusión
con Inversionistas de Colombia SA, pues, ellos decidieron aceptar la fusión y
con ello las acciones de Interbolsa, con las cuales decidieron permanecer;
además, ellos son profesionales del mercado de valores como operadores de
negociación de instrumentos, no solo de renta fija, sino también de renta
variable que es el caso de las acciones, independientemente de las funciones
que desempeñaban en la empresa.
15) De otro lado, en cuanto al reproche efectuado por la parte actora de que la
sentencia de primera instancia no estuvo motivada, la Sala encuentra que esa
afirmación no es cierta, porque, esa decisión se tomó con base en las pruebas
practicadas en el proceso y se tuvieron en cuenta debidamente precedentes
judiciales como criterio auxiliar para la adopción de la decisión, sobre la base
del análisis y valoración de la prueba allegada al proceso.
plazo, estaba esperando una valorización a largo plazo; sus acciones fueron objeto de
operaciones repo, entonces él recibió unos recursos y él entregó unas garantías (las acciones),
pagó un interés y conservó sus derechos políticos, sus dividendos y la potestad de votar;
cuando se ordenó la toma de posesión y la liquidación de la sociedad, tenía operaciones repo
vigentes, lo cual no significa que no fuera accionista de la sociedad; a uno le devuelven las
acciones que le sobran o en su defecto los recursos, lo cual no ocurrió en su caso; el
desconocía la punta activa de la operación, los clientes fundadores, ello lo desconocía, la
reserva bursátil no permite conocer la contraparte.
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Expediente 25000-23-36-000-2015-00206-02 (62.817)
Actor: Andrés Uribe Cajiao y otro
Reparación directa - apelación de sentencia
16) En síntesis, debe advertirse que del material probatorio no es posible
concluir, fundada y válidamente, que la Superintendencia Financiera de
Colombia hubiese incurrido en omisión en el desarrollo de las funciones de
inspección, control y vigilancia a su cargo frente a la sociedad Interbolsa SA, y
mucho menos que dicha falla hubiese causado o determinado el daño por cuya
indemnización se demandó, razón por la cual la parte demandante inobservó el
contenido del artículo 167 del Código General del Proceso, según el cual,
“incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran
el efecto jurídico que ellas persiguen”.
3. Conclusión
La Sala confirmará la decisión apelada que denegó las súplicas de la demanda
debido a que no se probó que el daño alegado fuere imputable al proceder de la
entidad accionada.
4. Condena en costas
La condena en costas es procedente de acuerdo con el numeral 1 del artículo
365 del CGP, porque la parte demandante fue vencida en el proceso, para lo
cual el tribunal de origen liquidará la condena en costas de manera
concentrada, según lo previsto en los artículos 365 y 366 del CGP, incluidas las
agencias en derecho.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN
B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
FALLA:
1º) Confírmase la sentencia proferida el 19 de septiembre de 2018 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B.
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Expediente 25000-23-36-000-2015-00206-02 (62.817)
Actor: Andrés Uribe Cajiao y otro
Reparación directa - apelación de sentencia
2°) Condénase a la parte demandante a pagar a la Superintendencia
Financiera de Colombia las costas que se hubieren causado en esta instancia,
las cuales serán liquidadas por el tribunal de origen; inclúyanse igualmente las
agencias en derecho en segunda instancia en favor de la entidad demandada,
tásense de manera concentrada por el tribunal de primera instancia.
3°) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las respectivas constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Sala
Magistrado
Aclara voto
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Aclara voto
La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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