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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-00656-01

Fecha
19 de abril de 2023
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-00656-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Confírmase la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B del 7 de diciembre de 2016. 2º) Condénase en costas a la parte demandante, las cuales deberán liquidarse por la Secretaría de la Sección Tercera del Tribunal administrativo de Cundinamarca. 3º) Fíjanse por concepto de agencias en derecho de la segunda instancia la suma equivalente a seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la presente providencia, que deberán ser pagados por la empresa Unilever Andina Colombia Ltda, para cada uno de ellos, en favor de la Nación – Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Minas y Energía, Departamento Nacional de Planeación y Ministerio de Transporte. 4º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2015-00656-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

19 de abril de 2023

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, diecinueve (19) de abril de dos mil veintitrés (2023).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 25000-23-36-000-2015-00656-01 (58.899)
Demandante: UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
TURISMO, MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO, MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA,
DEPARTAMENTO NACIONAL PLANEACIÓN Y
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO
RURAL
Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – CONTRATO DE
ESTABILIDAD JURÍDICA

Síntesis del caso: la demanda se circunscribe a la discusión acerca de la legalidad del acta no. 15
de 25 de septiembre de 2013 y de la Resolución no. 0039 de 8 de octubre de 2014 que la confirmó,
ambas proferidas por la Secretaría Técnica del Comité de Estabilidad Jurídica de la Dirección de
Productividad y Competitividad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por estimar que
fueron expedidas con falsa motivación por el hecho de desconocer la normatividad que rige la
materia y los principios de igualdad y equidad.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia de 7 de diciembre de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B que denegó las pretensiones de
la demanda (fls. 431 a 453 cdno. ppal.) en los siguientes términos:

“PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones
expuestas en la parte considerativa de la presente sentencia.

SEGUNDO: NEGAR las objeciones presentadas contra el dictamen
pericial conforme la parte considerativa de esta providencia.

TERCERO: Condenar en costas en esta instancia a la parte demandante,
razón por la cual deberá pagar a favor de la demandada la suma de
NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENOS NOVENTA Y UN
PESOS ($962.891[.000]).

CUARTO: Contra la presente sentencia procede el recurso de apelación,
en los términos dispuestos en el artículo 243 y 247 del CPACA” (fls. 452
vlto. y 453 ibidem – negrillas y mayúsculas fijas del texto original).

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Expediente no. 25000-23-36-000-2015-00656-01 (58.899)
Actor: Unilever Andina Colombia Ltda
Nulidad y restablecimiento del derecho
Apelación de sentencia

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito radicado el 2 de marzo de 2015 1 en la Secretaría de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la empresa Unilever Andina
Colombia Ltda (Unilever), actuando por intermedio de apoderada judicial, interpuso
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
(fls. 125 a 131 cdno. no. 1) con las siguientes súplicas:

“A. Respetuosamente solicito al honorable Tribunal de Cundinamarca,
que como consecuencia de estar plenamente probada la ilegalidad de los
actos acusados, se declare la nulidad total del Acta no. 15 del 26 de
septiembre de 2013, mediante la cual se improbó la solicitud de
suscripción de contrato de estabilidad jurídica, y de la Resolución que
Resolvió el Recurso de Reposición no. 039 del 8 de octubre de 2014
(Anexo D), a través de la cual se confirmó la decisión de improbar la
solicitud de suscripción del contrato de estabilidad jurídica presentado por
Unilever.

B. Como restablecimiento del derecho solicito respetuosamente a su
Despacho se sirva ordenar la aprobación de la solicitud de suscripción del
contrato de estabilidad jurídica presentada por Unilever el 28 de octubre
de 2010, por cuanto cumple con todos los requisitos exigidos por la Ley
963 de 2005, contrato que debe ser otorgado por el término de 10 años,
contados a partir de la fecha en que debió haber sido resuelta la solicitud
hecha en debida forma, esto es desde el 28 de febrero de 2011.

Asimismo como consecuencia de lo anterior solicito se ordene pagar el
valor de la prima, con la correspondiente actualización de los intereses,
que Unilever debería cancelar a la Nación por suscribir el contrato de
estabilidad jurídica, y disponer el plazo para realizar el correspondiente
pago, de acuerdo con el valor del proyecto y lo señalado por el artículo 5°
de la Ley 963 de 2005.

Adicionalmente solicito que se restablezca el derecho de mi representada
con relación a los perjuicios que se causen durante el trámite del ejercicio
del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
ocasionados por la improbación de la solicitud de suscripción del contrato
de estabilidad jurídica, perjuicios que deberán cuantificarse a través de un
incidente de conformidad con el artículo 127 del Código General del
Proceso, y dentro de los cuales ha sido cuantificado a la fecha en la suma
de $9.628.910.838, que (sic) correspondiente al mayor impuesto sobre la
renta pagado, por haber dejado aplicar la deducción especial por
adquisición de activos fijos reales productivos y el pago del impuesto
sobre la renta para la equidad CREE.” (fls. 9 y 10 cdno. no. 1 – negrillas
sostenidas del original).

1 La demanda fue reformada el 14 de enero de 2016 y admitida por auto de 22 de enero de 2016 (fls.

157 a 159 cdno. no. 1).

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Expediente no. 25000-23-36-000-2015-00656-01 (58.899)
Actor: Unilever Andina Colombia Ltda
Nulidad y restablecimiento del derecho
Apelación de sentencia

2. Hechos

Como fundamento fáctico la parte demandante expuso en el escrito contentivo de
la demanda, en síntesis, lo siguiente:

1) El 28 de octubre de 2010, Unilever Andina Colombia Ltda radicó ante el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo una solicitud para la suscripción de un contrato de
estabilidad jurídica y presentó como propuesta de inversión los proyectos
denominados “AGILE” y “MAQUILA”, con los cuales se intensificaría el negocio por
medio de eficiencia y mejora continua, con la optimización de las metas de
crecimiento y expansión de la empresa a nivel nacional e internacional.

2) El 27 de diciembre de 2012, Unilever Andina Colombia Ltda presentó una
ampliación a la petición de suscripción de contrato de estabilidad jurídica, con el
objeto de incluir el proyecto denominado “SALSA” con el cual se construiría una
fábrica mundial de detergente en polvo para el mercado colombiano.

3) El monto de la inversión presentado correspondió a un total de $152.066.321.800,
suma de la cual $10.090.695.717 son destinados para el proyecto “AGILE”,
$7.302.960.037 para el proyecto “MAQUILA” y $134.672.666.000 para el proyecto
“SALSA”.

4) El 18 de marzo de 2011, el Departamento Nacional de Planeación determinó que
la solicitud de suscripción de contrato de estabilidad jurídica presentada por Unilever
Andina Colombia Ltda cumplía con los requisitos, los montos de inversión
requeridos para acceder al beneficio y que resultaba pertinente a la luz del Plan
Nacional de Desarrollo del periodo comprendido para los años 2010 a 2014.

5) El 28 de octubre de 2009, la Secretaría Técnica del Comité de Estabilidad Jurídica
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través del acta no. 15 improbó la
petición de suscripción del contrato de estabilidad jurídica, decisión que fue
confirmada mediante la Resolución no. 0039 de 8 de octubre de 2014 expedida por
esta misma autoridad.

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Actor: Unilever Andina Colombia Ltda
Nulidad y restablecimiento del derecho
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3. Fundamento de la demanda

En el texto de la demanda la parte actora presentó como fundamentos de derecho
y concepto de violación normativa, en resumen, lo siguiente:

3.1 Primer cargo: falta de aplicación del artículo 6 de la Constitución Política
por indebida aplicación del artículo 49 de la Ley 1450 de 2011 y por
interpretación errónea de los artículos 2, 4 y 11 de la Ley 963 de 2005 y los
documentos Conpes números 3366 de 2005 y 3406 de 2005

El acta no. 15 de 25 de septiembre de 2013 y la Resolución no. 0039 de 8 de octubre
de 2014, ambas emitidas por la Secretaría Técnica del Comité de Estabilidad
Jurídica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, deben declarase nulas
porque con su expedición se inaplicó el artículo 6 de la Constitución Política, se
aplicó indebidamente el artículo 49 de la Ley 1450 de 2011 y se interpretaron
erróneamente los artículos 2, 3, 4 y 11 de la Ley 963 de 2005 y los documentos
Conpes números 3366 de 2005 y 3406 de 2005, por el hecho de determinar que los
proyectos presentados por Unilever Andina Colombia Ltda no constituían nuevas
inversiones y que por tanto la estabilidad jurídica pretendida no era determinante
debido a que tales proyectos ya habían iniciado su ejecución.

3.2 Segundo cargo: falsa motivación de los actos administrativos por
violación del artículo 3 de la Ley 963 de 2005

Los actos administrativos demandados deben ser declarados nulos porque fueron
proferidos con violación de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 963 de 2005,
puesto que dicha norma determina que serán nuevas inversiones las que se hagan
en proyectos que entren en operación con posterioridad a la vigencia de esta ley,
esto es, a partir del 9 de julio de 2005, y como los proyectos presentados por
Unilever Andina Colombia Ltda iniciaron su ejecución en septiembre de 2009 se
encuentran cubiertos por la vigencia de la norma y deben ser considerados como
nuevas inversiones.

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Actor: Unilever Andina Colombia Ltda
Nulidad y restablecimiento del derecho
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3.3 Tercer cargo: falsa motivación de los actos administrativos por indebida
valoración probatoria – violación de los artículos 1, 13, 23 y 29 de la
Constitución Política

El Comité de Estabilidad Jurídica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
con la decisión de improbar la solicitud de suscripción de contrato de estabilidad
jurídica adoptada a través del acta no. 15 de 25 de septiembre de 2013 y la
Resolución no. 0039 de 8 de octubre de 2014, violó los artículos 1, 13, 23 y 29 de
la Constitución Política por el hecho de hacer una errónea valoración probatoria, lo
cual condujo a una decisión falsamente motivada, pues, no solo invalidó el
cumplimiento de los requisitos de Unilever Andina Colombia Ltda, sino que, además,
dictaminó que los casos similares relacionados en la solicitud eran diferentes por
cuanto “el proyecto Salsa fue presentado por fuera de la vigencia de la Ley 963 de
2005” (fl. 35 cdno. no. 1).

3.4 Cuarto cargo: violación por falta de aplicación de los principios de
igualdad y equidad establecidos en los artículos 13, 95 (numeral 9), 209 y
363 de la Constitución Política y del principio de imparcialidad
consagrado en el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo

Unilever Andina Colombia Ltda recibió de parte del Comité de Estabilidad Jurídica
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo un trato desigual y, por tanto,
inequitativo en comparación con empresas como Sofasa SA, Comerte SA, Profeco
Andina BV sucursal Colombia, Coma Ltda, Leonisa SA, la Compañía Nacional de
Chocolates SA, Colombina SA, Alpina Productos Alimenticios SA, Compañía de
Galletas Noél, Bavaria SA y Bimbo de Colombia SA, cuyos contratos de estabilidad
jurídica fueron aprobados y suscritos, pues, tanto estas empresas como Unilever
Andina Colombia Ltda cumplieron con los criterios establecidos para optar por la
estabilidad jurídica.

3.5 Quinto cargo: falsa motivación del acta no. 15 de 25 de septiembre de 2013

El análisis realizado por el Comité de Estabilidad Jurídica del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo y consignado en el acta no. 15 de 2013 se basó en
los siguientes razonamientos:

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Actor: Unilever Andina Colombia Ltda
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a) La solicitud radicada por Unilever Andina Colombia Ltda no abarca el
cumplimiento de la obligación de representar un beneficio económico social en los
términos previstos en el documento Conpes no. 3366 de 1 de agosto de 2005 por
cuanto, “si bien es cierto la realización de las donaciones señaladas y cuantificadas
por el solicitante pueden beneficiar a terceras personas, también lo es que el
principal beneficiado de esas donaciones es el inversionista. En efecto, según el
artículo 125 del Estatuto Tributario, los contribuyentes tienen derecho a deducir de
la renta el valor de las donaciones efectuadas durante el año o periodo gravable” (fl.
39 cdno. no. 1).

b) Los proyectos de inversión presentados por Unilever Andina Colombia Ltda no
requerían del contrato de estabilidad jurídica para su realización; sin embargo, pasa
por alto el Comité de Estabilidad Jurídica que, aunque fueron ejecutados los
proyectos, no van a generar los mismos efectos en cabeza de la compañía dada la
no suscripción del contrato de estabilidad jurídica, pues, se tenía proyectada una
mayor inversión y como resultado un mayor crecimiento de la empresa.

4. Posición de la parte demandada

4.1 Ministerio de Hacienda y Crédito Público

A través de escrito radicado el 18 de diciembre de 2015 contestó la demanda con
oposición a las pretensiones, formuló excepciones y solicitó que fueran negadas
(fls. 73 a 84 cdno. no. 1), con los siguientes argumentos:

1) De conformidad con lo dispuesto en la Ley 963 de 8 de julio de 2005, en el
Decreto 2950 de 2005, en los documentos Conpes números 3366 de 1º de agosto
de 2005 y 3406 de 19 de diciembre de 2005 y las demás leyes que rigen la materia,
la celebración y suscripción de un contrato de estabilidad jurídica es competencia
del Estado y la decisión de suscribirlo o no será siempre motivada y pública, de
acuerdo con los criterios específicos para aprobar o improbar la celebración del
contrato.

2) La solicitud radicada por la demandante no se adecúa a los requisitos que el
legislador ha previsto para proceder con la aprobación de la suscripción de un

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contrato de estabilidad jurídica, pues, para la fecha en la que se radicó la petición
los proyectos denominados “AGILE” y “MAQUILA” ya estaban ejecutados en más
de un 90% “poniendo de presente que no fue el deseo de acceder a la suscripción
lo que motivó a hacer las mismas, pues resulta claro que en ninguna norma de la
Ley 963 de 2005, se prevé la hipótesis de que la sola presentación de la solicitud
confiere el derecho reclamado” (fl. 78 vlto. cdno. no. 1).

3) De otra parte, en relación con el proyecto “SALSA” y que fue presentado como
adición a los dos proyectos inicialmente radicados, el Comité de Estabilidad Jurídica
determinó que se trataba de una nueva solicitud de suscripción de contrato de
estabilidad jurídica “habida cuenta que no guardaba ninguna relación con los
proyectos “AGILE” y “MAQUILA”, que integraban la solicitud inicial” (fl. 79 ibidem).

4) En ese sentido, si bien el comité debe tener en cuenta en sus decisiones el marco
normativo y consultivo ya referido, no puede desconocer la naturaleza y condiciones
específicas tanto de la inversión como de la sociedad que presenta la solicitud,
pues, aquel está en el deber de hacer una evaluación completa de la solicitud con
la consulta de todos los aspectos fácticos, financieros, económicos y normativos
relativos a la misma, así como también del interés general, sin que le esté dado
otorgar un tratamiento diferencial al inversionista, lo cual no supone, de ninguna
manera, contrariar el principio de legalidad u obrar con discrecionalidad absoluta.

5) Propuso como excepciones las siguientes:

a) “Falta de competencia”, toda vez que el actor formuló pretensiones encaminadas
a la declaración de nulidad de unos actos administrativos de carácter tributario, sin
que en modo alguno la competencia le corresponda a la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pues, se trata de un juicio de nulidad cuya
competencia le corresponde a la Sección Cuarta de ese juez colegiado.

b) “Legalidad de las decisiones tomadas por el CEJ”, pues, no existe un derecho
reconocido a la empresa demandante y la sola presentación de una solicitud de
suscripción de un contrato de estabilidad jurídica no constituye un derecho
adquirido, sino, una mera expectativa.

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4.2 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Mediante escrito de 13 de enero de 2016, a través de apoderado judicial contestó
la demanda, se opuso a las pretensiones y solicitó que estas se denieguen (fls. 88
a 115 cdno. no. 1), con base en el siguiente razonamiento:

1) Es preciso señalar que, por el hecho de negar la suscripción de un contrato de
estabilidad jurídica, no se priva al particular de ejercer el control o propiedad
respecto de la supuesta inversión, así como tampoco se genera un impacto
económico en la supuesta inversión.

2) La solicitud presentada para la suscripción de un contrato de estabilidad jurídica
de ninguna forma genera una expectativa legítima ni constituye en cabeza del titular
de la petición un derecho adquirido, pues, la única obligación que se genera para el
Estado es la revisión y evaluación de la misma para tomar una decisión, razón por
la cual no procede el reconocimiento de indemnización por vulneración de derechos
o expectativas inexistentes.

4.3 Ministerio de Transporte

El 2 de febrero de 2016, por medio de apoderada judicial contestó la demanda, se
opuso a las pretensiones, solicitó que se desestimen y formuló una excepción (fls.
134 a 139 cdno. no. 1) en cuyo respaldo adujo lo siguiente:

1) En atención a lo dispuesto en el literal b) del artículo 4 de la Ley 963 de 2005 y
en el artículo 2 de la Resolución no. 2 de 2008 del Comité de Estabilidad Jurídica,
este ministerio carece de todo nexo con el fondo de la controversia suscitada, pues,
no hizo parte del Comte de Estabilidad Jurídica que decidió la inadmisión de la
solicitud de suscripción del pretendido contrato de estabilidad jurídica con Unilever
Andina Colombia Ltda.

2) Propuso como excepción la “falta de legitimación en la causa por pasiva”, debido
a que el solo hecho de asistir al Comité de Estabilidad Jurídica del 25 de septiembre
de 2013 no lo hace merecedor de responsabilidades en el contenido del acto
demandado ni tampoco sujeto pasivo de la obligación de pagar los supuestos

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perjuicios pretendidos con la demanda.

4.4 Ministerio de Minas y Energía

El 14 de marzo de 2016, por intermedio de apoderada judicial contestó la demanda,
se opuso a las súplicas, solicitó que estas se nieguen y formuló excepciones (fls.
174 a 186 cdno. no. 1), con la siguiente sustentación:

1) El Comité de Estabilidad Jurídica observó los criterios de evaluación dispuestos
por los documentos Conpes y profirió los actos administrativos dentro del marco de
su competencia legal y reglamentaria, los cuales se encuentran debidamente
motivados en consonancia con los hechos y normas aplicables al caso.

2) Los argumentos expuestos por la demandante no son suficientes para la
declaratoria de nulidad de los actos demandados, se fundamentan en criterios e
interpretaciones subjetivas de las normas a su conveniencia, las cuales no son
válidas ni suficientes para desvirtuar los argumentos expuestos en los actos
administrativos controvertidos cuya legalidad se controvierte.

3) Propuso como excepciones las que se relacionan a continuación:

a) “Falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Minas y Energía”,
toda vez que el literal b) del artículo 4 de la Ley 963 de 2005 y el artículo 2 de la
Resolución no. 2 de 2008 del Comité de Estabilidad Jurídica, este ministerio solo es
parte del Comité de Estabilidad Jurídica en el caso de que se discuta la inversión
en un proyecto que tenga relación con sus funciones.

b) “Genérica”, conforme a la cual el juez puede declarar las excepciones que de
oficio encuentre probadas.

5. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B, en
providencia de 7 de diciembre de 2016 (fls. 431 a 453 cdno. ppal.) denegó las
pretensiones de la demanda con base en las siguientes consideraciones:

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Actor: Unilever Andina Colombia Ltda
Nulidad y restablecimiento del derecho
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1) En relación con la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
propuesta tanto por el Ministerio de Transporte como por el Ministerio de Minas y
Energía, se advierte que el Comité de Estabilidad Jurídica que tomó la decisión de
no aprobar la solicitud de suscripción del contrato de estabilidad jurídica radicada
por Unilever Andina Colombia Ltda lo conformaron las entidades que componen el
extremo pasivo de la litis, razón por la cual dicho medio exceptivo, en ambos casos,
no se encuentra probado.

2) Respecto del fondo de la controversia planteada, se tiene que las normas
invocadas como violadas disponen, precisamente, que una inversión que cumpla
con todos los requisitos y genere niveles altos de empleo puede estar en contra de
las directrices de planeación adoptadas por el Estado, razón por la cual el
cumplimiento de los requisitos no conlleva necesariamente a la suscripción de un
contrato de estabilidad jurídica.

3) El cargo de nulidad por violación del derecho a la igualdad no está llamado a
prosperar, por cuanto la parte actora solo brinda criterios objetivos de comparación
que impiden igualar o asemejar a los demás contratos con su solicitud, más allá del
simple monto de inversión ejecutado.

4) El proyecto denominado Salsa, presentado como adición a los dos proyectos
inicialmente, radicados por Unilever Andina Colombia Ltda no se tuvo en cuenta
dentro de la solicitud inicial, por el hecho de que tales proyectos no tienen similitud
entre sí.

5) La parte actora argumentó que las decisiones adoptadas por el comité adolecen
de nulidad porque se basaron en la consideración de que las inversiones estaban
ejecutadas en más de un 90% y que en otras oportunidades se aprobaron contratos
con empresas que habían presentado sus proyectos con inversión en ejecución; sin
embargo, al expediente no fueron aportadas las solicitudes con las que se compara,
por lo cual no existe soporte de tal afirmación.

6) En cuanto a la objeción del dictamen pericial practicado, se determina que la
experiencia del perito como avaluador y el título en el extranjero son suficientes para
acreditar su experticia.

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Actor: Unilever Andina Colombia Ltda
Nulidad y restablecimiento del derecho
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7) Finalmente, se denegaron las pretensiones de la demanda y se condenó en
costas a la parte actora.

6. El recurso de apelación

La parte actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia (fls. 494 a 503 cdno. ppal.) el cual fue concedido por el a quo mediante
auto de 10 de febrero de 2017 (fls. 505 y 506 ibidem), impugnación que fue
sustentada en los siguientes términos:

1) La posición del tribunal de primera instancia no es admisible, toda vez que el
proyecto presentado por Unilever Andina Colombia Ltda sí cumple con los requisitos
previstos en la Ley 963 de 2005 y el Comité de Estabilidad Jurídica no tenía la
libertad de negar la suscripción del contrato si se había cumplido con los requisitos
legales, y menos aún sirviéndose para ello de criterios subjetivos y arbitrarios.

2) El artículo 1 de la Ley 963 de 2005 no prohibió la presentación de solicitudes con
proyectos en ejecución, por el contrario, permite “ampliar las existentes en el
territorio nacional” (fl. 497 cdno. ppal.) y, en el presente asunto, Unilever Andina
Colombia Ltda presentó inversiones con ejecución pendiente lo cual no significa que
las normas que se solicitó estabilizar no fueran requeridas.

3) El tribunal no valoró en debida forma las pruebas que conforman el expediente
dado que se aportó la copia del contrato de estabilidad jurídica suscrito con la
Compañía Nacional de Chocolates, documento del que se puede extraer la actividad
que dicha empresa desarrolla y la inversión ejecutada, documento con el que se
acredita la vulneración del derecho a la igualdad de Unilever Andina Colombia Ltda.

4) De otra parte, el proyecto “SALSA” fue presentado como ampliación de la solicitud
inicial, de manera tal que debía ser evaluado como parte de un proyecto integral
conformado por las dos solicitudes, debido a que el objetivo es la búsqueda de la
estabilidad de la compañía y no solo en una línea del negocio.

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Actor: Unilever Andina Colombia Ltda
Nulidad y restablecimiento del derecho
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5) Por último, como no está demostrada, ni siquiera sumariamente, la mala fe o
temeridad de la parte actora, la condena en costas impuesta en primera instancia
viola el derecho de defensa.

7. Actuación surtida en segunda instancia

1) Por auto de 10 de julio de 2017 se admitió el recurso de apelación (fls. 523 y vlto.
cdno. ppal.).

2) El 19 de enero de 2018 (fls. 541 y vlto. cdno. ppal.) se ordenó correr traslado a
las partes para alegar de conclusión por el término de 10 días y, vencido este, por
el mismo lapso, correr traslado al Ministerio Público para emitir el respectivo
concepto.

3) En dicho término las partes presentaron sus escritos de alegaciones finales (fls.
549 a 554, 555 a 559, 560 a 564, 565 a 568, 569 a 573, 574 y 574 vlto. ibidem); el
Ministerio Público guardó silencio (fls. 577 y 578 cdno. ppal.).

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) análisis de la impugnación, 3) conclusiones y, 4) condena en costas
y agencias en derecho.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

El centro de la controversia planteada radica en la discusión sobre la legalidad del
acta no. 15 de 25 de septiembre de 2013 y de la Resolución no. 039 de 8 de octubre
de 2014, ambas proferidas por la Secretaría Técnica del Comité de Estabilidad
Jurídica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mediante las cuales se
negó la solicitud de suscripción de un contrato de estabilidad jurídica, por estimarse
que fueron expedidas con falsa motivación por el hecho de desconocer la
normatividad que rige la materia y vulnerar el derecho de igualdad.

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Expediente no. 25000-23-36-000-2015-00656-01 (58.899)
Actor: Unilever Andina Colombia Ltda
Nulidad y restablecimiento del derecho
Apelación de sentencia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B
denegó las pretensiones de la demanda, por considerar que la Secretaría Técnica
del Comité de Estabilidad Jurídica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
adelantó el proceso de evaluación de la referida solicitud de suscripción de contrato
de estabilidad jurídica con debida sujeción a la Ley 963 de 2005 reglamentada a
través de la Resolución no. 01 de 16 de diciembre de 2005 expedida por el Comité
de Estabilidad Jurídica, sin que la sociedad actora pudiera desvirtuar la alegada
vulneración del derecho de igualdad, así como tampoco el desconocimiento de
derechos adquiridos, pues, con la sola presentación de la petición de suscripción de
contrato la actora no se hacía beneficiaria del negocio jurídico pretendido.

La parte actora interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera
instancia sobre la base de señalar que i) la posición del tribunal no es admisible,
debido a que el proyecto presentado por Unilever Andina Colombia Ltda cumple con
los requisitos establecidos en la Ley 963 de 2005; ii) la Ley 963 de 2005 acepta que
se presenten proyectos cuya inversión esté en ejecución; iii) el proyecto “SALSA”
se presentó con el propósito de que se valorara en conjunto con los proyectos de la
solicitud inicial, pues, se trata de una integración de proyectos; iv) los contratos de
estabilidad jurídica suscritos con otras empresas y aportados al expediente son
prueba del trato diferenciado, subjetivo y arbitrario dado a la petición de Unilever
Andina Colombia Ltda y, vi) la condena en costas no es procedente en el presente
asunto, por cuanto no se causaron ni fueron probadas en el plenario.

La sentencia apelada será confirmada, por las razones que se exponen a
continuación.

2. Análisis de la impugnación

2.1 Hechos probados

Examinadas las pruebas allegadas al proceso, se tiene acreditado lo siguiente:

1) El 28 de octubre de 2010, la empresa Unilever Andina Colombia Ltda (Unilever)
radicó ante la Secretaría Técnica del Comité de Estabilidad del Ministerio de

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Expediente no. 25000-23-36-000-2015-00656-01 (58.899)
Actor: Unilever Andina Colombia Ltda
Nulidad y restablecimiento del derecho
Apelación de sentencia

Comercio, Industria y Turismo una petición de celebración de contrato de estabilidad
jurídica (fls. 1 a 6 cdno. no. 3).

2) El 27 de diciembre de 2012, Unilever Andina Colombia Ltda presentó ante la
Secretaría Técnica del Comité de Estabilidad del Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo una solicitud de ampliación de contrato de estabilidad jurídica identificada
con la radicación no. 1-2010-039047 (fls. 287 a 290 ibidem).

3) El 25 de septiembre de 2013, el Comité de Estabilidad Jurídica del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo mediante acto documentado en el acta no. 15 decidió
las referidas solicitudes de contrato de estabilidad jurídica, y en el punto no. 8
improbó la suscripción del contrato de estabilidad jurídica solicitado por Unilever
Andina Colombia Ltda con las siguientes consideraciones:

“(…) se evidencia, en primer lugar, que los proyectos AGILE y
MAQUILA no tienen ninguna relación con el proyecto SALSA, más
aun cuando se concibieron y desarrollaron antes que este, además
que el mismo inversionista en el documento radicado el 27 de diciembre
de 2012 afirma:

´El nuevo proyecto que mi representada presenta en adición a la
información suministrada en la solicitud inicialmente radicada el pasado
28 de octubre de 2010…´; en segundo lugar, las inversiones
correspondientes a los proyectos Agile y Maquila, en su mayor parte
entraron en operación desde el año 2011, tal como lo certificó el
apoderado de la sociedad mediante comunicación 1-2011-027659 del 2
de agosto de 2011.

Por consiguiente, la solicitud relacionada con el Proyecto Salsa
corresponde a una solicitud nueva, radicada en el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo el 27 de diciembre de 2012, fecha en
la cual ya se había publicado en el Diario Oficial número 48.655 la
Ley 1607 de 2012 que en su artículo 166 derogó la Ley 963 de 2005.

(…)

En el caso de examen se observa, como se mencionó anteriormente,
que el proyecto de inversión fue ejecutado en gran medida antes de
la fecha de presentación de la solicitud (28 de octubre de 2010). En
efecto, en relación con la inversión AGILE se efectuó la totalidad de
la inversión por un valor de $10.090.695.717 entre septiembre de 2009
y noviembre de 2010.

En lo que concierne a la inversión MAQUILA, entre septiembre de
2009 y febrero de 2011 se ejecutó la suma de $3.192.724.870,
correspondiente al proceso de línea semi-automática armado de
ofertas; y el proceso línea semi-automática descaractización
productos se llevó a cabo entre agosto de 2010 y junio de 2011.

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Expediente no. 25000-23-36-000-2015-00656-01 (58.899)
Actor: Unilever Andina Colombia Ltda
Nulidad y restablecimiento del derecho
Apelación de sentencia

En ese orden de ideas, resulta evidente que la empresa no tuvo en cuenta
la estabilidad jurídica para adoptar la decisión e invertir.

(…)

Luego de hacer una evaluación del proyecto de inversión objeto de este
informe y de analizar los beneficios que ofrece el peticionario de cara a la
Ley 963 de 2005 y su Decreto reglamentario 2950 de 2005, a los principios
generales y criterios específicos de evaluación fijados en el Documento
CONPES 3366 de 2005, modificado por el Documento CONPES 3406 de
2005 y la Ley 1450 de 2011, se concluye que los oferentes por el
inversionista no se evaluarán, dado que la estabilidad jurídica no
incidió en la decisión de llevar a cabo el proyecto de inversión objeto
de la solicitud que ocupa la atención del Comité en este punto del
orden del día (…).”. (fls. 55 y 74 cdno. no. 2 – mayúsculas sostenidas y
negrillas de la Sala, con excepción de las de los nombres de los
proyectos).

4) El 5 de noviembre de 2013, Unilever Andina Colombia Ltda interpuso recurso de
reposición en contra de la decisión adoptada por el Comité de Estabilidad Jurídica
mediante el acta no. 15 de 25 de septiembre de 2013 (fls. 432 a 462 cdno. no. 3).

5) El 8 de octubre de 2014, el mencionado Comité de Estabilidad Jurídica del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de la Resolución no. 0039,
resolvió el recurso de reposición formulado por Unilever Andina Colombia Ltda en
el sentido de confirmar la decisión adoptada en el punto no. 8 del acta no. 15 de 25
de septiembre de 2013 (fls. 491 a 505 ibidem).

2.2 El caso concreto

A continuación procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la
parte actora, el cual, como ya se reseñó, está dirigido a i) insistir en la petición de
nulidad del acta no. 15 de 25 de septiembre de 2013 y de la Resolución no. 0039
de 8 de octubre de 2014 que la confirmó, por cuanto, a su juicio, fueron expedidas
con desconocimiento de la Ley 963 de 2005, de las leyes que la adicionaron y de
los decretos que la reglamentaron y, que si bien los proyectos con los que Unilever
Andina Colombia Ltda sustentó la petición ya habían iniciado, lo cierto es que era
necesaria la estabilidad jurídica para su culminación; ii) reclamar un
pronunciamiento que incluya el proyecto “SALSA” radicado como adición de la
solicitud inicial, pues, se trata de una integración de proyectos; iii) pedir el
pronunciamiento expreso sobre los contratos de estabilidad jurídica identificados
con los que se acredita el trato diferenciado, subjetivo y arbitrario dado a la petición

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Apelación de sentencia

de Unilever Andina Colombia Ltda, y iii) pedir la revocatoria de la condena en costas,
por estimar que estas no se causaron ni fueron probadas en el plenario.

2.2.1 Nulidad de los actos administrativos acusados por falta de aplicación de
la Ley 963 de 2005, de las leyes que la adicionaron y de los decretos que
la reglamentaron

En los precisos términos en los que Unilever Andina Colombia Ltda fundamentó el
concepto de violación en contra del acta no. 15 de 25 de septiembre de 2013 y de
la Resolución no. 0039 de 8 de octubre de 2014 que la confirmó, es necesario
determinar si estas resultan contrarias a lo dispuesto en los artículos 2, 3, 4 y 11 de
la Ley 963 de 2005, en el artículo 3 del Decreto 2950 de 29 de agosto de 2005, en
el artículo 49 de la Ley 1450 de 2011, en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, en
los artículos 1, 13, 23, 29, 95 (numeral 9), 209 y 363 de la Constitución Política, y
en los documentos Conpes números 3366 de 2005 y 3406 de 2005, como se a
desarrolla a continuación:

1) La Ley 963 de 2005 “[p]or la cual se instaura una ley de estabilidad jurídica para
los inversionistas en Colombia”, en los artículos 1, 3 y 4 dispone lo siguiente:

“ARTÍCULO 1o. CONTRATOS DE ESTABILIDAD JURÍDICA. Se
establecen los contratos de estabilidad jurídica con la finalidad de
promover inversiones nuevas y de ampliar las existentes en el territorio
nacional.

Mediante estos contratos, el Estado garantiza a los inversionistas que los
suscriban, que si durante su vigencia se modifica en forma adversa a
estos alguna de las normas que haya sido identificada en los contratos
como determinante de la inversión, los inversionistas tendrán derecho a
que se les continúen aplicando dichas normas por el término de duración
del contrato respectivo.

Para todos los efectos, por modificación se entiende cualquier cambio en
el texto de la norma efectuado por el Legislador si se trata de una ley, por
el Ejecutivo o la entidad autónoma respectiva si se trata de un acto
administrativo del orden nacional, o un cambio en la interpretación
vinculante de la misma realizada por autoridad administrativa competente.

(…).

ARTÍCULO 3o. NORMAS E INTERPRETACIONES OBJETO DE LOS
CONTRATOS DE ESTABILIDAD JURÍDICA. En los contratos de
estabilidad jurídica deberán indicarse de manera expresa y taxativa las
normas y sus interpretaciones vinculantes realizadas por vía
administrativa, que sean consideradas determinantes de la inversión.

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Expediente no. 25000-23-36-000-2015-00656-01 (58.899)
Actor: Unilever Andina Colombia Ltda
Nulidad y restablecimiento del derecho
Apelación de sentencia

Podrán ser objeto de los contratos de estabilidad jurídica los artículos,
incisos, ordinales, numerales, literales y parágrafos específicos de leyes,
decretos o actos administrativos de carácter general, concretamente
determinados, así como las interpretaciones administrativas vinculantes
efectuadas por los organismos y entidades de los sectores central y
descentralizado por servicios que integran la rama ejecutiva del poder
público en el orden nacional, a los que se refiere el artículo 38 de la Ley
489 de 1998, las Comisiones de Regulación y los organismos estatales
sujetos a regímenes especiales contemplados en el artículo 40 de la
misma ley, exceptuando al Banco de la República.

PARÁGRAFO. Para los efectos de esta ley se entienden como
inversiones nuevas, aquellas que se hagan en proyectos que entren en
operación con posterioridad a la vigencia de la presente ley. ARTÍCULO

ARTÍCULO 4o. REQUISITOS ESENCIALES DE LOS CONTRATOS DE
ESTABILIDAD JURÍDICA. Los contratos de estabilidad jurídica
deberán cumplir con la totalidad de los siguientes requisitos:

a) El inversionista presentará una solicitud de contrato que deberá
cumplir con los requisitos contenidos en los literales c), d) y e) de
este artículo, y deberá acompañarse de un estudio en el que se
demuestre el origen de los recursos con los cuales se pretenden
realizar las nuevas inversiones o la ampliación de las existentes, al
igual que una descripción detallada y precisa de la actividad,
acompañada de los estudios de factibilidad, planos y estudios
técnicos que el proyecto requiera o amerite y el número de empleos
que se proyecta generar;

b) La solicitud de contrato será evaluada por un Comité que aprobará o
improbará la suscripción del contrato conforme a lo establecido en el Plan
Nacional de Desarrollo y al documento CONPES que para tal efecto se
expida. Este Comité estará conformado por:

• El Ministro de Hacienda y Crédito Público, o su delegado.

• El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, o su delegado.

• El Ministro del ramo en el que se efectúe la inversión, o su delegado.

• El Director del Departamento Nacional de Planeación, o su delegado.

• El Director de la entidad autónoma, o su delegado, cuando se trate de
normas expedidas por dichas entidades.

(…).

ARTÍCULO 11. LIMITACIONES A LOS CONTRATOS DE
ESTABILIDAD. Los contratos de estabilidad deben estar en armonía con
los derechos, garantías y deberes consagrados en la Constitución Política
y respetar los tratados internacionales ratificados por el Estado
colombiano.

No se podrá conceder la estabilidad prevista en la presente ley sobre
normas relativas a: el régimen de seguridad social; la obligación de
declarar y pagar los tributos o inversiones forzosas que el Gobierno

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Apelación de sentencia

Nacional decrete bajo estados de excepción; los impuestos
indirectos; la regulación prudencial del sector financiero y el
régimen tarifario de los servicios públicos.

La estabilidad tampoco podrá recaer sobre las normas declaradas
inconstitucionales o ilegales por los tribunales judiciales
colombianos durante el término de duración de los contratos de
estabilidad jurídica. (…).” (mayúsculas sostenidas y negrillas del original
– adicionales de los artículos 4 y 11).

2) Por su parte, el artículo 3 del Decreto 2950 de 29 de agosto de 2005 “por el cual
se reglamenta parcialmente la Ley 963 de 2005” contemplan expresamente lo
siguiente:

“Artículo 3º. Solicitud de contrato. La solicitud de celebración de un
contrato de estabilidad jurídica deberá contener la siguiente
información:

a) Identificación plena del inversionista y su capacidad para actuar;

b) Descripción detallada del proyecto de inversión, que incluya las
modalidades de inversión y estudios de factibilidad técnica, financiera y
económica, planos u otra documentación que sustente la adecuación del
proyecto a lo establecido en el Documento Conpes previsto en la Ley 963
de 2005;

c) Determinación de la cuantía de la inversión y descripción detallada del
plazo para efectuarla. Si esta ha de realizarse de manera fraccionada, se
deberá establecer un cronograma que determine cuándo se efectuará
cada parte de la inversión;

d) Transcripción de los artículos, incisos, ordinales, numerales, literales y
parágrafos de las normas y de las interpretaciones administrativas
vinculantes sobre las cuales se solicita la estabilidad;

e) Exposición de las razones que demuestren la importancia y el carácter
determinante sobre la decisión de inversión de las normas e
interpretaciones administrativas vinculantes objeto de la solicitud, de
acuerdo con el Documento Conpes respectivo;

f) Determinación justificada del término propuesto de duración del
contrato;

g) Forma de pago de la prima propuesta por el inversionista y justificación
de la existencia de períodos improductivos de la inversión y de su
duración, si los hubiere. Se considerarán períodos improductivos
únicamente los que sean definidos de esta manera por la normatividad
vigente;

h) Número de empleos que el inversionista proyecta generar durante la
vigencia del contrato y otros efectos económicos y sociales esperados
del proyecto, de conformidad con lo establecido en el Documento
Conpes respectivo;

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i) Manifestación del inversionista de no haber sido condenado mediante
sentencia ejecutoriada o sancionado mediante acto administrativo
definitivo, en el territorio nacional o en el extranjero, en cualquier época,
por conductas de corrupción que sean consideradas punibles por la
legislación nacional, la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del
juramento;

j) Manifestación del inversionista sobre el origen lícito de los recursos con
los cuales se realizarán las inversiones nuevas o la ampliación de las
existentes, la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.
(…).” (resalta la Sala).

3) A su turno, en atención de la remisión expresa que el literal h) del artículo 3 del
Decreto 2950 de 2005 hace al documento Conpes, son aplicables en este caso las
valoraciones emitidas por el Consejo Nacional de Política Económica y Social
(Conpes) no. 3366 del 1º de agosto de 2005 mediante las cuales se establecieron
los criterios que el Comité de Estabilidad Jurídica debe tener en consideración en el
momento de evaluar las solicitudes de contrato de estabilidad jurídica, así:

“Los contratos de estabilidad jurídica garantizarán el equilibrio entre el
interés del inversionista que lo suscribe y el interés general. Preservarán
la soberanía legislativa y regulatoria del Estado, evitarán el desorden
administrativo, y salvaguardarán la sostenibilidad fiscal.

(…).

El inversionista solicitante aportará al Comité la información histórica
detallada sobre su actividad económica, con el objeto de contrastar el
tamaño relativo de la nueva inversión para la cual se solicita el contrato
de estabilidad jurídica en relación con la inversión existente.

El Comité considerará los efectos de la nueva inversión o la ampliación
de las existentes sobre la creación de empleo, el desarrollo regional,
especialmente en regiones deprimidas, la transferencia de tecnología, la
generación de divisas, las demandas derivadas sobre la producción
nacional y el aumento del producto interno bruto. El inversionista
solicitante aportará la información necesaria para que el Comité determine
la rentabilidad económica y social de la celebración del contrato de
estabilidad jurídica en los términos propuestos por el solicitante”.

Asimismo, en cuanto a los principios generales que el Comité de Estabilidad Jurídica
debe estimar para la evaluación de las solicitudes, llama la atención que “el
inversionista solicitante de un contrato de estabilidad jurídica es el responsable de
demostrar que la norma objeto del mismo es determinante de la inversión que
proyecta realizar.”.

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4) En ese marco de regulación, de acuerdo con la normatividad relacionada y las
consideraciones técnicas emitidas por el Consejo Nacional de Política Económica y
Social (Conpes) no. 3366 del 1º de agosto de 2005 “PARA LA EVALUACIÓN DE
SOLICITUDES DE CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE ESTABILIDAD
JURÍDICA”, es preciso analizar la petición presentada por Unilever Andina Colombia
Ltda para determinar si cumplió o no con los requisitos y elementos indispensables
para que el Comité de Estabilidad adoptara una decisión favorable a su pedimento.

5) Para esa finalidad, la empresa solicitante debía dar cumplimiento a los requisitos
exigidos en el artículo 4 de la Ley 963 de 2005 y con la información que detalla en
el artículo 3 del Decreto 2950 de 2005, es decir, la presentación de la solicitud con
el detalle de la información de identificación, descripción, determinación de la
cuantía, transcripción de las normas sobre las cuales solicita la estabilidad,
justificación del término del contrato, forma de pago de la prima propuesta por el
inversionista, número de empleos, así como también acompañar a la petición el
estudio demostrativo el origen de los recursos para la inversión y descripción
detallada de la actividad.

6) En ese orden de ideas, de la revisión de la solicitud de celebración de contrato
de estabilidad jurídica radicada por Unilever Andina Colombia Ltda se tiene lo
siguiente:

a) La petición desarrolla punto a punto la información requerida por el artículo 3 de
Decreto 2950 de 2005.

b) En relación con la descripción detallada del proyecto señala lo siguiente:

“El proyecto de inversión de UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA se
encuentra dividido en dos proyectos denominados Proyecto Maquila, los
cuales tienen como principal finalidad intensificar el negocio por medio de
eficacia y mejora continua, lo mejorará las metas de crecimiento y
expansión que tiene la empresa, generando de esta forma mayor cantidad
de empleos, mayor estabilidad, mejor clima laboral y mayores pagos de
impuestos, sin dejar de lado el compromiso y la preservación de medio
ambiente.

En este sentido, de un lado, por medio del Proyecto Agile la Compañía
buscó trasladas sus oficinas de la sede administrativa de la operación de
Colombia y “Middle Americas”, ubicadas en la zona de Puente Aranda en
Bogotá, a la zona de Salitre en Bogotá, sobre la Avenida El Dorado, la

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Apelación de sentencia

cual se está perfilando como una de las mejores zonas de desarrollo
económico y social en el país.

Las nuevas oficinas facilitan la implementación de los principios de la
metodología de trabajo Agile Working que consiste en ofrecer a los
empleados una variedad de opciones de trabajo, utilizando diferentes
lugares y escritorios ágiles; necesitando así espacios abiertos que
promueven la interacción en un ambiente distinto al esquema tradicional
de trabajo, a través de la disposición de islas de reciclado para materiales
orgánicos, plásticos y papeles por separado. Estas ventajas estarán
asociadas a tecnología de avanzada, trabajo virtual, y mayor flexibilidad,
todo lo cual contribuirá al logro de los objetivos de negocio.

De otro lado, el Proyecto Maquila tiene como propósito general la
implementación de una planta de líneas semiautomáticas para realizar
dos procesos: el primero para la adecuación de producto terminado
importado, y el armado de ofertas promocionales para la línea
denominadas “grandes grupos”, la cual incluye: ofertas con termo-
encogido “tipo manualidades”, adecuación de importados y línea de
jabones.

El segundo proceso, también para la implementación de una línea
semiautomática, está enfocado a la descripción y/o descaracterización de
los productos en mal estado devueltos por los clientes y los productos
vencidos del Centro de Operaciones Logísticas. Cabe aclarar que la
ubicación de las inversiones será en Palmira en el Valle del Cauca,
situada en el mismo Centro de Operaciones Logísticas que opera en dicha
ciudad.

De esta forma, por medio de este proyecto la Compañía busca por un lado
mejorar y actualizar la maquinaria con la que se contrata la maquila para
la destrucción y/o descaracterización de los productos en mal estado
devueltos por los clientes, los productos vencidos del centro de
operaciones logísticas y el procesamiento de productos para cierre de
círculos ambientales y así garantizar la sostenibilidad y cuidado del medio
ambiente del País.

Por otro lado, el proyecto busca la implementación de un proceso de
líneas semiautomatizadas para la adecuación de producto terminado
importado, armado de ofertas promocionales, distribuido en (3) tres
grandes grupos denominados: Ofertas con Termo-encogido “tipo
manualidades” (Foods y PP), adecuación de importados (aerosoles y
Pond´s principales y demás) y línea de jabones (ofertas promocionales y
de línea), de tal forma que se garantice el cumplimiento de los volúmenes
históricos del negocio permitiendo tener posibilidad de crecimiento en
volúmenes de ofertas aproximadamente en un 33%.”. (fls. 1 y 2 cdno. no.
3).

Posteriormente, mediante escrito radicado el 27 de diciembre de 2012, Unilever
Andina Colombia Ltda presentó una ampliación de la solicitud de contrato de
estabilidad, documento en el que se describió el siguiente proyecto:

“I. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
ADICIONAL –“PROYECTO SALSA”

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El nuevo proyecto que mi representada presenta en adición a la
información suministrada en la solicitud inicialmente radicada el pasado
28 de octubre de 2010, y que ha sido denominado como “Proyecto Salsa”
tiene por objeto construir una fábrica mundial de detergentes en polvo
para el mercado colombiano.

El proyecto Salsa es una solución a la cadena integrada de suministro, y
representará una contribución significante a la sostenibilidad ambiental. A
través del mismo, la compañía cumplirá a cabalidad los objetivos del
Unilever Sustainable Living Plan, que fundamentalmente busca: i)
disminuir la huella de carbono, ii) hacer más eficiente el uso del agua y iii)
controlar los desperdicios producidos por la actividad (Zero Landfill Site).”.
(fls. 1, 2 y 287 ibidem – negrillas y mayúsculas sostenidas del original).

c) Respecto de la determinación de la cuantía de la inversión y la descripción
detallada del plazo, la solicitud presenta lo siguiente:

“Los principales indicadores de esta inversión son los siguientes:

• Valor Presente Neto: Los flujos de caja libre descontados a valores de
2009 obtenidos por la compañía durante los próximos 10 años,
considerando como tasa de descuento el WACC obtenido para cada
periodo, traen como resultado un VPN equivalente a COP $13.995,63
millones.

• Tasa Interna de Retorno: como resultado del flujo de caja libre se
obtiene como resultado que la tasa interna de retorno sobre los activos
netos de operación es igual al 37%.

La descripción detallada de la inversión y el cronograma de ejecución,
incluyendo las modalidades de la misma y la documentación necesaria
para sustentar la adecuación del proyecto a lo establecido en el
Documento CONPES No. 3366 de 2005, se halla en el Anexo B de este
memorial. En ese anexo, igualmente se detalla la conservación de empleo
estimada para los próximos -10- años, así como los demás impactos
económicos y sociales de la inversión ofrecida.

III. CUANTÍA DE LA INVERSIÓN

La inversión acordada por la Compañía corresponde a la suma de
DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA
Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS ($17.393.655.754), la cual se
distribuye de la siguiente forma: i) Proyecto Agile en un periodo de 14
meses, comprendido entre septiembre de 2009 y noviembre de 2010; ii)
Proyecto Maquila, la primera parte, entre septiembre de 2009 y febrero de
2011, y la segunda parte se ejecutará entre los meses de agosto de 2020
a junio de 2011.”. (fls. 4 y 8 cdno. no. 3 – mayúsculas sostenidas - negrillas
del original).

De igual manera, en relación con la cuantía de inversión del proyecto adicionado a
la solicitud, se detalló la siguiente información:

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“II. CUANTÍA DE LA INVERSIÓN

La inversión que presenta la compañía relacionada con este nuevo
proyecto asciende a la suma de $13.672.666.000 (…).”. (fl. 288 ibidem –
mayúsculas sostenidas y negrillas del original).

d) En cuanto a las normas cuya estabilidad se pretende con la solicitud de
suscripción de contrato de estabilidad jurídica, Unilever Andina Colombia Ltda
enlistó las siguientes normas tributarias: Estatuto Tributario (adoptado por el
Decreto 624 de 1989), Ley 1111 de 2006, Ley 1370 de 2009, los conceptos de la
DIAN números 032965 de 28 de mayo de 2004, 079122 de 7 de octubre de 1988,
051657 de 17 de agosto de 2004, 062519 de 20 de septiembre de 2004, 013816 de
15 de febrero de 2006, 103123 de 20 de octubre de 2008 y 104242 de 21 de octubre
de 2008, Decreto 187 de 1975, Decreto 400 de 1987, Decreto 30196 de 1989,
Decreto 836 de 1991, Decreto 1402 de 1991, Decreto 2075 de 1992, Decreto 858
de 1998, Decreto 2577 de 1999, Decreto 3172 de 2003, Decreto 567 de 2007,
Decreto 4980 de 2007 y Decreto 433 de 1999.

El 19 de febrero de 2013, Unilever Andina Colombia Ltda en respuesta a un
requerimiento de información realizado por el Director de Productividad y
Competitividad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la Secretaría
Técnica del Comité de Estabilidad Jurídica adicionó a las normas materia de
estabilización la Ley 1607 de 26 de diciembre de 2012 y excluyó los artículos del
Estatuto Tributario derogados por dicha ley (fls. 317 a 319 cdno. no. 3).

e) Por último, en cuanto a la justificación y beneficios sociales y económicos que los
proyectos de inversión generarían a la comunidad, Unilever Andina Colombia Ltda
expuso lo siguiente:

“Como puede observarse en el estudio de impacto económico y social, el
proyecto emprendido por la Compañía es fundamental para su
crecimiento futuro no solamente porque plantea una piedra angular en su
programa de expansión y desarrollo nacional, sino porque adicionalmente
brinda la posibilidad de generar una cantidad considerable de empleos
directos e indirectos. Es claro que la inversión que se presenta para
estudio del Comité representa un enorme esfuerzo para la Compañía
comprometiendo la totalidad de la actividad económica de la misma.

Sin embargo, esta inversión parte, de un rigurosos y detenido análisis de
los diferentes riesgos posibles, algunos de ellos previsibles y otros,
imprevisibles, en donde el cambio del marco jurídico dentro del cual se ha

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Apelación de sentencia

concebido el proyecto, pudiera convertirse en uno de los temas que
pudiera llegar a afectar negativamente su desarrollo.

Así las cosas, es necesario obtener claridad y certeza sobre el esquema
que definirá las reglas de juego sobre las que se desarrollan las
inversiones, razón por la cual la estabilidad de las normas vigentes al
momento de la realización de la inversión, constituyen la garantía que el
inversionista requiere para su tranquilidad jurídica.”. (fl. 3 cdno. no. 3).

7) A partir de la verificación e identificación de los elementos que componen las
solicitudes de celebración de contrato de estabilidad jurídica presentadas por
Unilever Andina Colombia Ltda, para la Sala es claro que ambas peticiones, es
decir, la correspondiente al año 2010 y la radicada en el año 2012, cumplieron con
el listado de la información requerida para la evaluación correspondiente a
instancias del Comité de Estabilidad Jurídica; sin embargo, el proyecto denominado
“Salsa” presentado como ampliación a los proyectos “Agile” y “Maquila” no fue
objeto de pronunciamiento dado que fue radicado el 27 de diciembre de 2012, fecha
en la que había perdido vigencia la Ley 963 de 2005, y en relación con los proyectos
“Agile” y “Maquila” se acreditó, que en el primero se ejecutó la totalidad de inversión
y en el segundo, se ejecutó una cifra cercana al 50% de la inversión proyectada,
razón por la cual, se estimó por parte del comité la imposibilidad de su aprobación
por ser evidente que la estabilidad jurídica no era necesaria para adoptar la decisión
de invertir en tales proyectos.

a) De acuerdo con la justificación detallada en la Resolución no. 0039 de 8 de
octubre de 2014 por la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por
Unilever Andina Colombia Ltda en contra del acta no. 15 de 25 de septiembre de
2013, los proyectos presentados no se alinean con los requisitos previstos en la ley,
pues, “si bien es cierto que la Ley 963 de 2005 no prohíbe en forma expresa que las
solicitudes se refieran a proyectos que se encuentren en ejecución, también lo es
que la misma norma en su articulado propende porque la estabilidad jurídica sea el
factor motivacional que induzca al inversionista a tomar la decisión de invertir, tal
como explicó ampliamente en el acta impugnada, circunstancia esta que no se
cumple respecto de los proyectos AGILE y MAQUILA” (fl. 495 cdno. no. 3), “[e]n
efecto, (…) [como] la inversión [del proyecto] AGILE se efectuó [en su] totalidad (…)
entre septiembre de 2009 y noviembre de 2010” y “la inversión MAQUILA, entre
septiembre de 2009 y febrero de 2011 se ejecutó la suma de $3.192.724.870” [de
un total de inversión de $7.302.960.037], información que permite confirmar que los

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proyectos iniciaron y avanzaron en su ejecución sin requerir de un contrato de
estabilidad jurídica, razón por la cual dicha estabilidad no era determinante para
adoptar la decisión de invertir en ellos.

b) A juicio de Unilever Andina Colombia Ltda, su proyecto cumplía con los requisitos
previstos en la Ley 963 de 2005, el Decreto 2950 de 2005 y con los criterios
establecidos en el documento Conpes no. 3366 de 2005, no obstante, pasó por alto
el objetivo de los contratos de estabilidad jurídica que, en los términos del
documento Conpes en mención, consiste en la estimulación del crecimiento
económico y el bienestar social “promoviendo nuevas inversiones y la ampliación
de las existentes”, en ese sentido, los contratos de estabilidad jurídica le otorgan a
los inversionistas que los suscriban “el derecho a que se les continúe aplicando las
normas o interpretaciones administrativas vinculantes específicas, consideradas
como determinantes de la inversión y amparadas por el contrato, en caso de ser
modificadas de manera desfavorable a estos”.

c) Así las cosas, el hecho de presentar proyectos ya en ejecución, de los cuales ya
uno había culminado su inversión y el otro había avanzado hasta casi la mitad de la
inversión propuesta, no resulta coherente con la protección y viabilidad otorgada por
el legislador a los contratos de estabilidad jurídica, pues, claramente resulta no
pertinente e inoportuno el contrato para el estado de avance de ejecución de los
proyectos Agile y Maquila, ya que la estabilidad de la normatividad presentada tiene
que ver con el crecimiento económico con inversiones nuevas o ampliación de las
existentes, como lo establece el objetivo de los contratos de estabilidad jurídica.

d) Para la Sala es claro que la verificación realizada por el Comité de Estabilidad
Jurídica fue adecuada y ajustada a derecho, pues, la solicitud presentada por
Unilever Andina Colombia Ltda pretende la estabilidad jurídica de unas normas que
no resultan ser los elementos esenciales para el desarrollo de las inversiones
proyectadas, máxime si se tiene en cuenta que, para la fecha en la que el Comité
de Estabilidad Jurídica examinó la solicitud, la peticionaria había ejecutado un 79%
del valor total presentado como inversión proyectada, es decir, es evidente que la
ejecución de los proyectos objeto de estabilidad jurídica no requerían precisamente
de dicha medida para su oportuno y cabal desarrollo, en los términos de lo dispuesto
en el literal e) del artículo 3 del Decreto 2950 de 2005, pues, las normas de

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estabilidad son el punto indispensable para el desarrollo del proyecto presentado,
de manera tal que sin dicha estabilidad el proyecto no puede desarrollarse,
circunstancia específica esta no presente y mucho menos demostrada en el proceso
de la referencia.

De acuerdo con lo anterior, debido a que no existe prueba alguna con la que
Unilever Andina Colombia Ltda desvirtúe las conclusiones expuestas por el referido
Comité de Estabilidad Jurídica, no es posible declarar probada la alegada falsa
motivación del acta 15 de 2013 y de la Resolución no. 0039 de 2014 que la confirmó.

2.2.2 Trámite de la solicitud adicional en la que se incluyó el proyecto “Salsa”

1) Unilever Andina Colombia Ltda, en el año 2010 radicó ante la Secretaría Técnica
del Comité de Estabilidad Jurídica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
una solicitud para la suscripción de un contrato de estabilidad jurídica, documento
con el cual se presentó una propuesta de inversión para dos proyectos
denominados “Agile” y “Maquila” (fls. 1 a 6 cdno. no. 3).

2) El 27 de diciembre de 2012, como complemento de la petición inicial, presentó
una propuesta de inversión para un tercer proyecto rotulado “Salsa” (fls. 287 a 290
ibidem).

3) Luego del trámite correspondiente, el Comité de Estabilidad Jurídica en el acta
no. 15 de 2013 y confirmada mediante la Resolución no. 0039 de 8 de octubre de
2014, se declaró sin competencia para resolver sobre la solicitud de suscripción del
contrato de estabilidad jurídica en relación con el tercer proyecto denominado
“Salsa”, y denegó la petición inicial por cuanto, se acreditó que la estabilidad jurídica
no era indispensable para que la empresa solicitante pudiera realizar las inversiones
propuestas, al punto que uno de los dos proyectos ya había culminado su inversión
y el otro tenía una inversión faltante de ejecución de menos del 43%.

4) En los términos del Comité de Estabilidad Jurídica, la solicitud radicada por
Unilever Andina Colombia Ltda en el año 2012 debía ser tramitada como una
petición independiente, pues, cumplió con la totalidad de los requerimientos
mínimos para su admisión y trámite, y además el proyecto “Salsa” no tenía ninguna

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relación con los proyectos presentados en el año 2010, pues, mientras el proyecto
“Agile” tenía por objeto el traslado de oficinas de la sede administrativa de Puente
Aranda hacia la calle 26 de la ciudad de Bogotá y el proyecto “Maquila” consistía en
la consecución, instalación y puesta en funcionamiento de dos procesos de líneas
semi-automatizadas, con el proyecto “Salsa” Unilever Andina Colombia Ltda
presentó como propuesta de inversión la construcción y operación de una fábrica
de detergentes en polvo.

5) A juicio de la recurrente, el proyecto “Salsa” constituye un programa integral de
fortalecimiento empresarial, razón por la cual no podía la Secretaría Técnica del
comité de Estabilidad Jurídica denegar su conocimiento y evaluación por el hecho
de haber sido radicada el 27 de diciembre de 2012.

Al respecto, la Sala procede al análisis de la vigencia de la Ley 963 de 2005:

a) La Ley 1607 de 2012, “[p]or la cual se expiden normas en materia tributaria y se
dictan otras disposiciones”, dispuso en el artículo 166 la derogación de la Ley 963
de 2005 con unas reglas especiales sobre su vigencia y aplicación que se
transcriben a continuación:

“ARTÍCULO 166. Deróguese la Ley 963 del 8 de julio de 2005 por
medio de la cual se instauró una ley de estabilidad jurídica para los
inversionistas en Colombia.

PARÁGRAFO 1o. No obstante lo anterior, tanto las solicitudes que
se encuentren radicadas ante el Ministerio de Comercio Industria y
Turismo, así como los procedimientos administrativos que se
encuentren en curso en el momento de entrada en vigencia de la
presente ley, deberán ser tramitados de acuerdo con la Ley 963 de
2005, modificada por la Ley 1450 de 2011 y todos sus decretos
reglamentarios vigentes, las cuales continuarán vigentes solo para
regular los contratos vigentes y las solicitudes en trámite de aprobación a
la fecha de entrada en vigencia de la presente hasta que se liquide el
último de los contratos.

PARÁGRAFO 2o. Los contratos de estabilidad jurídica en ejecución a la
fecha de la promulgación de la presente ley continuarán su curso en los
precisos términos acordados en el contrato hasta su terminación.”
(negrillas y mayúsculas sostenidas del original – negrillas adicionales de
la Sala).

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b) La entrada en vigencia de la Ley 1607 de 2012 comenzó el 26 de diciembre de
2012 con la publicación de la misma en la edición del Diario Oficial no. 48.655, según
lo expresamente dispuesto en el artículo 198 2 del mismo cuerpo normativo.

c) En ese sentido, las solicitudes radicadas con anterioridad a la entrada en vigencia
de la Ley 1607 de 2012, esto es, antes del 26 de diciembre de 2006, debían ser
resueltas y tramitadas de conformidad con lo dispuesto en la Ley 963 de 2005 y sus
decretos reglamentarios, pero, una vez promulgada la Ley 1607 de 2012 y derogada
la Ley 963 de 2005 los contratos de estabilidad jurídica perdieron su fundamento
normativo, razón por la cual el Comité de Estabilidad Jurídica no tenía competencia
para resolver sobre la petición radicada por Unilever Andina Colombia Ltda el 27 de
diciembre de 2012, pues, la Ley 1607 de 2012 no estableció un régimen de
transición para su entrada en vigencia ni mucho menos una vigencia escalonada en
el tiempo.

d) Ahora bien, para abordar la oposición de la compañía recurrente consistente en
sostener que el Comité de Estabilidad Jurídica debió resolver la solicitud radicada
el 27 de diciembre de 2012 de manera conjunta con la presentada en el año 2010,
por el hecho de que fue radicada como complemento de la inicial, es preciso
determinar si el proyecto “Salsa” constituía un proyecto integral de Unilever Andina
Colombia Ltda o, si por el contrario, como lo adujó el Comité de Estabilidad Jurídica,
era un proyecto autónomo e independiente.

“(…)

PROYECTO PROYECTO PROYECTO
DETALLE AGILE MAQUILA SALSA
2010 2010 2012
27 de
28 de octubre 28 de octubre
fecha de radicación diciembre
de 2010 de 2010
de 2012
Traslado de las
Consecución,
oficinas de la Construcción
instalación y
sede y operación
puesta en
administrativa de de una
Descripción funcionamiento
Puente Aranda fábrica de
de dos procesos
en Bogotá, a la detergentes
de líneas semi
calle 26 de la en polvo
automatizadas
misma ciudad.
(…)” (tabla tomada del Acta no. 15 de 2013 - fl. 483 cdno. no. 3 – negrillas
y mayúsculas sostenidas del original – sombreado de la Sala).

2 La norma en comento es como sigue: “ARTÍCULO 198. La presente ley rige a partir de su

promulgación (…).”.

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e) De acuerdo con la información contenida en la solicitud del 27 de diciembre de
2012, Unilever Andina Colombia Ltda presentó un proyecto de inversión
completamente diferente e independiente a los radicados en el 2010, con cuantía,
impacto de inversión y descripción que en modo alguno dependía anclar en los
anteriores, lo único que los vincula es el hecho de que se trata de la misma
compañía solicitante.

f) En los precisos términos de la solicitud, Unilever Andina Colombia Ltda sostuvo
que “[e]l proyecto Salsa es una solución a la cadena integrada de suministro, y
representará una contribución significante a la sostenibilidad ambiental.”. (fl. 287
ibidem).

En la misma línea argumentativa desarrollada por el Comité de Estabilidad Jurídica
en los actos administrativos demandados, para la Sala es evidente que el proyecto
denominado “Salsa” se presentó como una propuesta de inversión diferente,
separada e independiente de la petición radicada en el año 2010 y, como además
fue presentada ante la Secretaría Técnica del comité el 27 de diciembre de 2012,
esto es, en vigencia de la Ley 1607 de 2012, para esa fecha dicho comité ya no
tenía competencia para resolver sobre dicha solicitud y debía negarla, como en
efecto sucedió.

Así las cosas, en atención a que Unilever Andina Colombia Ltda no acreditó que el
mencionado proyecto “Salsa” fuese un proyecto complementario a los radicados en
el año 2010, de manera tal que el Comité de Estabilidad Jurídica no pudiera
pronunciarse respecto de los iniciales sin resolver lo pertinente en relación con el
nuevo, no tiene vocación de prosperidad el recurso de apelación y, por lo tanto,
debe confirmarse la decisión de denegación de las súplicas de la demanda.

2.2.3 Violación del derecho de igualdad y del principio de equidad

1) Unilever Andina Colombia Ltda afirma que el Comité de Estabilidad Jurídica
otorgó un trato discriminatorio y diferencial pues, las solicitudes radicadas por
Compañía Nacional de Chocolates, Colombina SA, Alpina Productos Alimenticios
SA, Bimbo Colombia SA, Compañía de Galletas Noel, Bavaria SA y Jerónimo

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Martins Colombia SAS sí fueron admitidas y suscribieron contratos de estabilidad
jurídica, aun cuando presentaron proyectos cuyas inversiones ya habían iniciado.

2) Para acreditar sus dichos, aportó al expediente copias de las siete (7) solicitudes,
con sus respectivos contratos suscritos con las mencionadas empresas enunciadas
(fls. 151 a 231 cdno no. 1 y cuadernos de pruebas números 4 al 25)3.

3) Para abordar el asunto puesto en discusión por la recurrente, a continuación se
enlista la información extraída de las copias de los siete (7) contratos aportados por
aquella:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN
CONTRATISTA FECHAS DE INVERSIÓN
DEL CONTRATO
Colombina SA 23 de septiembre de 2013 2013, 2014 y 2015
Alpina Productos 2006, 2007, 2008, 2009 y
24 de enero de 2006
Alimenticios SA 2010
2008, 2009, 2010, 2011,
Bimbo de Colombia SA 7 de septiembre de 2010
2012 y 2013
Compañía Nacional de Entre febrero y diciembre de
2 de marzo de 2009
Chocolates SA 2008
Compañía de Galletas Noel
2 de marzo de 2009 Entre 2008 y 2009
SA
Bavaria SA 2 de octubre de 2008 Entre los años 2007 a 2012
Jerónimo Martins Colombia 2014, 2015, 2016, 2017,
28 de mayo de 2014
SA 2018, 2019 y 2020

4) De la totalidad de los contratos aportados, llama la atención de la Sala el de la
Compañía Nacional de Chocolates SA, pues, fue suscrito en el año 2009 y la
inversión se ejecutó entre los años 2008 y 2009; sin embargo, de la información
presentada por esta compañía en la solicitud de suscripción de contrato de
estabilidad jurídica solo se extrae que “[l]a inversión necesaria se estima en $15.306
millones y la ejecución se realiza entre febrero de 2008 y diciembre de 2008”, así
como también que “[e]l proyecto comprende la construcción de un nuevo edificio en
las instalaciones de la compañía en el municipio de Rionegro, la compra e
instalación de una nueva línea de producción, la adquisición de equipos para la

3 Adicionalmente, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en respuesta a un oficio decretado

por el tribunal de primera instancia a petición de la parte actora, remitió copia de las solicitudes para
la suscripción de contratos de estabilidad jurídica presentadas por las compañías i) Suramericana
de Seguros de Vida SA de 16 de abril de 2008; ii) La Sabana Aveso SA (Kokoriko) de 4 de septiembre
de 2006; iii) Sociedad de Fabricación de Automóviles SA (Sofasa) de 17 de noviembre de 2006; iv)
Falabella de Colombia SA de 6 de abril de 2009; v) Biocombustibles Sostenibles del Caribe SA (Bio
SC) de 12 de noviembre de 2008; vi) Promigas SA ESP de 4 de octubre de 2006, y vii) Molino Santa
Marta SA de 10 de junio de 2008 (cdnos. números 10, 16, 20, 21, 23, 25).

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preparación de las mezclas, la formación de la barra, la cobertura de chocolate y el
empaque final” (fl. 6 cdno. no. 18).

5) Al respecto, es preciso tener en cuenta los criterios específicos de evaluación de
las solicitudes de celebración de contratos de estabilidad jurídica determinados por
el documento Conpes 3366 de 1 de agosto de 2005 4, de los cuales resultan
especialmente relevantes para el examen del asunto de la referencia, los siguientes:

“- Cumplimiento del Artículo 4º de la Ley 963 de 2005. El Comité
verificará el cumplimiento de los requisitos esenciales de los contratos de
estabilidad jurídica establecidos en el artículo citado.

• Actividades económicas elegibles. El Comité considerará las
solicitudes de inversionistas nacionales y extranjeros para la suscripción
de contratos de estabilidad jurídica que amparen proyectos de inversión
nuevos o de ampliación de inversiones existentes, en cualquier sector de
la economía. Sólo se exceptuarán aquellos sectores o actividades
restringidos por el Régimen General de Inversiones 5 y los expresamente
excluidos por la Ley 936 de 2005. No se favorecerán unas actividades
sobre otras, salvo cuando medien razones de discriminación
positiva, consagradas en el Plan Nacional de Desarrollo vigente.”.
(páginas números 2 y 3 del documento Conpes no. 3366 de 2006 -
negrillas del original – resalta la Sala).

En esta línea de análisis, es inequívoco para la Sala es claro que sin las actas del
Comité de Estabilidad Jurídica y las resoluciones que las confirmaron o modificaron
no es posible determinar el supuesto trato desigual e inequitativo del comité,
máxime si se tiene en cuenta que la solicitud de la Compañía Nacional de
Chocolates SA radicada en el año 2008 se analizó de acuerdo con el Plan Nacional
de Desarrollo vigente para el periodo presidencial comprendido entre los años 2002
y 2010, mientras que la petición de Unilever Andina Colombia Ltda radicada en el
año 2010 fue evaluada conforme al Plan Nacional de Desarrollo vigente para los
años 2010 a 2018, elementos probatorios sin los cuales no es posible dar por
probados los dichos de la parte actora.

4 El Documento Conpes no. 3366 de 1 de agosto de 2005 mediante el cual se emitieron las
“CONSIDERACIONES TECNICAS PARA LA EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE CELEBRACION
DE CONTRATOS DE ESTABILIDAD JURÍDICA”.
5 Cita tomada del documento original: “l Decreto 2080 de 2000 (“Régimen General de Inversiones de

capital del exterior en Colombia y de capital colombiano en el exterior”) establece, en el artículo 6,
las excepciones en cuanto a sectores de la economía en los cuales no pueden realizarse inversiones
de capital del exterior.”

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6) Ahora bien, en relación con el principio de igualdad, la Corte Constitucional con
ocasión de decidir sobre la exequibilidad de la Ley 963 de 2005 sostuvo que, si bien
el artículo 13 de la Constitución Política propende “por la realización de una igualdad
material, en el sentido de adoptar medidas positivas a favor de los grupos
discriminados y marginados, el cumplimiento de tal obligación de rango
constitucional no se opone a que el legislador pueda otorgarle un tratamiento
diferente, y más favorable, a un determinado grupo de inversionistas” 6.

Por consiguiente, en los términos definidos por la Corte Constitucional, la naturaleza
de los contratos de estabilidad jurídica, como expresión de la intervención de Estado
en la economía a través de la regulación de la inversión extranjera y nacional en
Colombia, precisamente tiene por objeto dar un trato diferente a un determinado
grupo de inversionistas, todo con el fin de obtener los beneficios para el crecimiento
de la economía como garantía del interés general.

7) En ese sentido, la solicitud de celebración de un contrato de estabilidad jurídica
presentada por Unilever Andina Colombia Ltda no puede compararse con las
solicitudes aportadas y, en esa medida, no podría configurarse una violación del
derecho a la igualdad; lo anterior, por la elemental razón de que las últimas fueron
decididas antes de la modificación al parágrafo del artículo 3 de la Ley 963 de 2005
introducida por el artículo 49 de la Ley 1450 de 2011 –cuando se entendían por
inversiones nuevas “aquellas que se h[icieran] en proyectos que entr[arán] en
operación con posterioridad a la vigencia” de la Ley 963 de 2005–, mientras que la
solicitud de Unilever Andina Colombia Ltda fue resuelta en vigencia de la
modificación introducida por el artículo 49 de la Ley 1450 de 2011 –en la cual se
estableció que por inversiones nuevas se entendían “aquellas que se reali[zarán] en
proyectos que entr[arán] en operación con posterioridad a la suscripción del contrato
de estabilidad jurídica”-.

Por último, para la Sala es evidente que los proyectos presentados por las empresas
Compañía Nacional de Chocolates, Colombina SA, Alpina Productos Alimenticios
SA, Bimbo Colombia SA, Compañía de Galletas Noel, Bavaria SA y Jerónimo
Martins Colombia SAS no son similares a los proyectos de traslado de oficinas e
instalación y puesta en marcha líneas de producción semiautomatizadas

6 Sentencia C-320 de 24 de abril de 2006, MP Humberto Antonio Sierra Porto.

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presentado por Unilever Andina Colombia Ltda, pues, no se refieren a un mismo
proyecto ni a una misma propuesta de desarrollo económico, de manera tal que
resulten si quiera asimilables los unos con los otros, razón por la cual este cargo de
apelación tampoco tiene vocación de prosperidad, por tratarse de casos diferentes
y por orfandad probatoria respecto de la acusación de nulidad elevada con la
demanda.

2.2.4 Costas y agencias en derecho

Por último, la parte actora se opuso a la decisión del tribunal de primera instancia
por cuanto a su juicio, decidió sobre la condena en costas y definición de agencias
en derecho en su contra sin que las mismas se hubieran causado y estén probadas.

Al respecto es necesario precisar lo siguiente:

a) El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, vigente para la fecha de interposición de
la demanda, preceptúa que “la sentencia dispondrá sobre la condena en costas,
cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil”.

b) Según el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, salvo que se ventile un interés
público 7, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

c) A su turno, el artículo 365 del Código General del Proceso dispone que se
condenará en costas “a la parte vencida en el proceso” con aplicación de un criterio
objetivo para su procedencia, así las cosas, en vigencia del CPACA no se requiere
analizar la conducta de las partes para efectos de determinar la condena en costas,
como sí ocurría en vigencia del CCA, en virtud de lo dispuesto por el artículo 171
del mismo cuerpo normativo 8.

7 Al respecto, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, del 11

de octubre de 2021, expediente no. 11001-03-26-000-2019-00011-00 (63.217), MP Fredy Ibarra
Martínez.
8 El texto de la norma en comento es como sigue: “[e]n todos los procesos, con excepción de las

acciones públicas, el juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar
en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de
Procedimiento Civil”

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En atención a las anteriores consideraciones, es claro que por el hecho de haberse
negado las pretensiones de la demanda en primera instancia, sí era legalmente
procedente que el tribunal de primera instancia condenara en costas a Unilever
Andina Colombia Ltda por cuanto se trata de un proceso iniciado en vigencia de la
Ley 1437 de 2011 y, por ende, no se requería la existencia de una conducta de mala
fe o temeraria para que la condena en costas fuera procedente, razón por la cual no
tiene vocación de prosperidad el recurso de apelación.

Por consiguiente, la Sala encuentra que la decisión de negar las súplicas de la
demanda adoptada por el a quo es acertada y por ello debe ser confirmada.

3. Conclusiones

1) La demanda se circunscribió a la petición de nulidad del acta no. 15 de 25 de
septiembre de 2013 y de la Resolución no. 0039 de 8 de octubre de 2014 que la
confirmó, una y otra proferidas por la Secretaría Técnica del Comité de Estabilidad
Jurídica de la Dirección de Productividad y Competitividad del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, por estimar la parte actora que fueron expedidas con
falsa motivación por el hecho de desconocer la normatividad que rige la materia
vulnerando los principios de igualdad y equidad.

2) De lo acreditado en el expediente, se tiene que la parte actora no logró demostrar
la inaplicación de las normas que rigen la materia ni tampoco la falsa motivación
endilgada a los actos administrativos enjuiciados, pues, el proceso de evaluación
de las solicitudes de suscripción de contratos de estabilidad jurídica no confieren
derechos a los peticionarios por el solo hecho de su radicación, sino que, atienden
a una evaluación de cada uno de los criterios establecidos para tal efecto, los cuales
Unilever Andina Colombia Ltda no logró probar, sin que ello constituya una
vulneración de los principios de igualdad o equidad.

3) Por último, como en el presente asunto resulta aplicable el criterio objetivo
previsto en el Código General del Proceso, ante la no prosperidad de las
pretensiones en primera instancia sí era procedente que el a quo condenara en
costas a la parte actora.

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Expediente no. 25000-23-36-000-2015-00656-01 (58.899)
Actor: Unilever Andina Colombia Ltda
Nulidad y restablecimiento del derecho
Apelación de sentencia

4) En consonancia con lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia apelada en el
sentido de denegar las pretensiones de la demanda.

4. Condena en costas y agencias en derecho

Según el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, salvo que se ventile un interés
público 9, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil, a su turno,
el artículo 365 del Código General del Proceso consagra que se condenará en
costas “a la parte vencida”.

En el presente caso, es parte vencida la empresa Unilever Andina Colombia Ltda,
de manera que en lo que se refiere a los gastos del proceso, estos serán liquidados
por la Secretaría de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca de manera concentrada, según el artículo 366 del Código General
del Proceso 10.

Sobre las agencias en derecho en esta instancia, se tiene que para la fecha de la
presentación de la demanda se hallaba vigente el artículo 6 numeral 3.1.3 del
Acuerdo 1887 de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, de este
modo, la Sala considera razonable tasar las agencias en derecho en seis (6) salarios
mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de ejecutoria de la presente
providencia que deberán ser pagados por la empresa Unilever Andina Colombia
Ltda, para cada uno de ellos en favor de la Nación – Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Minas y
Energía, Departamento Nacional de Planeación y Ministerio de Transporte, puesto
que todas y cada una de estas entidades confirieron poder a un profesional del
derecho y actuaron activamente en esta instancia.

9 Al respecto consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, del 11

de octubre de 2021, expediente no. 11001-03-26-000-2019-00011-00 (63.217), MP Fredy Ibarra
Martínez.
10 El artículo 366 del Código General del Proceso prevé: “Las costas y agencias en derecho serán

liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única
instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado
el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas (…)”.

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Expediente no. 25000-23-36-000-2015-00656-01 (58.899)
Actor: Unilever Andina Colombia Ltda
Nulidad y restablecimiento del derecho
Apelación de sentencia

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,

FALLA:

1º) Confírmase la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Tercera – Subsección B del 7 de diciembre de 2016.

2º) Condénase en costas a la parte demandante, las cuales deberán liquidarse por
la Secretaría de la Sección Tercera del Tribunal administrativo de Cundinamarca.

3º) Fíjanse por concepto de agencias en derecho de la segunda instancia la suma
equivalente a seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la
presente providencia, que deberán ser pagados por la empresa Unilever Andina
Colombia Ltda, para cada uno de ellos, en favor de la Nación – Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio
de Minas y Energía, Departamento Nacional de Planeación y Ministerio de
Transporte.

4º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al
tribunal de origen, previas las constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Ponente Magistrado

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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