Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-00710-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-00710-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2015-00710-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas
24 de julio de 2024
Radicado: 25000-23-36-000-2015-00710-01(60407)
Demandante: Consorcio Centro Barco
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 25000-23-36-000-2015-00710-01 (60407)
Demandante: Consorcio Centro Barco
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)
Referencia: Controversias contractuales
Tema 1: Diferencias entre la responsabilidad contractual y el desequilibrio por incumplimiento
del ente contratante. Tema 2: Principio de planeación en la contratación. Tema 3:
Responsabilidad contractual por el desconocimiento del principio de planeación. Tema 4:
Cláusulas de exclusión y limitación de responsabilidad. Tema 5. Confesión. Tema 6.
Liquidación del contrato.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación, presentado por la parte demandante, en contra
de la sentencia del diecisiete (17) de agosto de dos mil diecisiete (2017), proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, que negó
las pretensiones de la demanda.
SINTESIS DEL CASO
El IDU y el Consorcio Centro Barco celebraron un contrato de obra para la construcción
de un “ciclo puente” en la ciudad de Bogotá, cuyo plazo de ejecución inicialmente
pactado fue de cinco (5) meses, y posteriormente sometido a varias modificaciones,
suspensiones, y prórroga hasta veinte (20) meses. Esta circunstancia, que trajo
consigo una mayor permanencia en obra, sería imputable ―según la contratista― a
una falta de planeación en la gestión predial y presupuestal del proyecto por parte de
entidad demandada.
La sentencia de primera instancia negó las pretensiones de la demanda, por falta de
prueba de los elementos del incumplimiento contractual, y por la ausencia de
salvedades en la suscripción de convenciones. La parte demandante, en su apelación,
insiste en que debe ordenarse a la parte demanda que liquide el contrato,
reconociendo los perjuicios irrogados como consecuencia de la falta de planeación y
la ejecución de mayores cantidades de obra.
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Demandante: Consorcio Centro Barco
I. ANTECEDENTES
1.1. El nueve (9) de marzo de dos mil quince (2015), el Consorcio Centro Barco 1
presentó demanda 2 contra el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), en ejercicio del
medio de control de controversias contractuales, con el fin de que fueran despachadas
favorablemente las siguientes pretensiones:
“PRIMERO: CONDENAR al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU- , a liquidar
el CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU -110-2009 SUSCRITO CON Ml Mandante y
pagar voluntariamente al CONSORCIO CENTRO BARCO POR CONCEPTO DE LA
EJECUCION TOTAL, EN EL PLAZO CONTRACTUAL, conforme lo acredita el ACTA
DE RECIBO FINAL DE OBRA, la suma de DE [sic] DOSCIENTOS MILLONES DE
PESOS PESOS [sic] MONEDA CORRIENTE ($200,000,000.00), aproximadamente,
correspondientes al valor de la obra final ejecutada y recibida por la Interventoría dentro
del plazo contractual.
SEGUNDO: Como secuela del mayor plazo en la ejecución definitiva de las obras
contratadas, prorrogas imputables al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, EL
IDU, deberá reconocer y pagar voluntariamente a mi Mandante, a título de reajustes
causados por el mayor plazo de la ejecución de la obra contratada, correspondientes a
la reclamación de ajustes por obra ejecutada, soportadas y radicadas mediante la
reclamación con radicación RADICADO No. 20125260267272 y RECLAMACCION [sic]
CCB-068-12 por valor de NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS
MONEDA CORRIENTE ($992,497,531.00).
TERCERO: Todos los anteriores valores adeudados y no pagados por EL IDU
CONVOCADO, deberán indexarse y/o actualizarse en su valor, utilizando para ello, una
suma igual al INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC), que certificó el DANE,
para los meses de, ENERO a ABRIL del año 2010; del mes de ENERO al mes de
DICIEMBRE de 2011; del mes de ENERO al mes de DICIEMBRE del año 2012, del
mes de ENERO al mes de DICIEMBRE del año 2013 y los meses de ENERO a
OCTUBRE del año 2014.
CUARTO: Como consecuencia de las aceptaciones contenidas en los numerales
anteriores, EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO DE BOGOTA - IDU, deberá
reconocer y pagar voluntariamente a mi Mandante, las siguientes sumas de dinero:
3.1) LA SUMA DE $200,000,000.00. POR CONCEPTO DEL ACTA DE OBRA FINAL
EJECUTADA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA.
3.2.) LA SUMA DE $992,497,531.00 POR CONCEPTO DE REAJUSTES VARIOS
CAUSADOS POR EL MAYOR PLAZO DE LA EJECUCION de la OBRA
CONTRATADA.( [sic] RECLAMACION MAS AJUSTES PACTADOS EN EL
CONTRATO) SEGUN RADICADO IDU 20125260271452.
[…] CUARTO: Como consecuencia de las anteriores CONDENAS, EL INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO DE BOGOTA – IDU deberá reconocer y pagar a mi
Mandante, las siguientes sumas de dinero:
1 Poder otorgado por el representante legal del consorcio (f. 1, c. 1), quien, en dicha condición, suscribió el contrato
núm. 110 de 2009 (f. 1 a 22, c. 2), sus otrosíes (f. 59 a 73) y las actas de obra (f. 23 a 50, y 86 ac. 2).
2 F. 2-26, c. 1.
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Demandante: Consorcio Centro Barco
4.1) LA SUMA DE $200,000,000.00. POR CONCEPTO DEL ACTA DE OBRA FINAL
EJECUTADA Y RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA.
4.2.) LA SUMA DE ($$992,497,531.00) POR CONCEPTO DE REAJUSTES VARIOS
CAUSADOS POR EL MAYOR PLAZO DE LA EJECUCIÓN de la OBRA
CONTRATADA. (RECLAMACION MAS AJUSTES PACTADOS EM EL CONTRATO).
[…] 4.5.) LA SUMA DE ($150,000,000.00) por concepto de los intereses y costos
financieros cancelados por el contratista demandante, a las terceros [sic] y que tienen
como causa la ausencia del pago de la obra ejecutada y no cancelada oportunamente
por el IDU, tal cual se prueba con la CERTIFICACION DEL CONTADOR […], con fecha
28 de febrero de 2015 (documentos que anexo como prueba) […]”.
1.1.1. Como sustento fáctico de sus pretensiones, el consorcio demandante relató, en
síntesis, que:
1.1.1.1. Celebró con el IDU el contrato de obra núm. 110 de 2009, cuyo objeto
consistió en la construcción de un “ciclo puente” en la avenida calle 63 entre la
Biblioteca Virgilio Barco y el Centro de Alto Rendimiento en la ciudad de Bogotá.
Que pese a que construyó dicha obra en condiciones satisfactorias de tiempo y
calidad, el IDU no reconoció los ajustes por mayor permanencia en obra y
mayores cantidades, por las cuales el consorcio reclamó en la fase de
liquidación.
1.1.1.2. En el acta del comité de cumplimiento de una acción popular fallada por
el Juzgado 34 Administrativo del Circuito de Bogotá, para la construcción del
mismo puente que tenía por objeto el contrato de obra núm. 110 de 2009,
funcionarios del IDU habrían “confesado” que esta obra no podía ejecutarse
porque Coldeportes no habría entregado un predio; circunstancia que denota la
“[…] improvisación y dilación consistentes en licitar y adjudicar un contrato de
obra sin la disponibilidad de las áreas requeridas para la construcción, que
motivaron las suspensiones y las ampliaciones del plazo contractual, cuyos
reajustes legal y contractualmente se demandan”.
1.1.2. Como fundamento jurídico de su demanda, el Consorcio Centro Barco enunció
los artículos 2, 3, 4, 5, 23, 25, 27, 28, 32.1 y 60 de la Ley 80; el artículo 11 de la Ley
1150 de 2007; y los artículos 2, 6, 25, 83 y 124 de la Constitución Política. Con base
en dichas disposiciones, la parte actora argumentó, en resumen, que “[…] el equilibrio
económico del Contrato No. IDU-110-2009 se vio afectado por hechos y actuaciones
imputables al mismo IDU, en el entendido que la extensión el plazo hasta veinte (20)
meses más, se ocasión[ó] por falencias en disponibilidad de predios, permisos y
traslados de reces por parte de otras entidades, que debió prever la entidad contratante
(IDU) al momento de realización de los estudios de prefactibilidad y factibilidad para
iniciar el proceso de selección del proyecto de ciclo-puentes. De igual forma la entidad
demandada estaba en la obligación de revisar de acuerdo al contrato suscrito por las
partes los demás de ajustes por cambio de vigencia, pues en los términos
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Demandante: Consorcio Centro Barco
contractuales se debe pagar como lo menciona el mismo contrato, y no con la
interpretación subjetiva y personal de algunos funcionarios del IDU”.
1.2. El diecinueve (19) de mayo de dos mil quince (2015), el Tribunal admitió la
demanda 3 , y ordenó la notificación del auto admisorio a la demandante y al
representante del Ministerio Público.
1.3. El IDU contestó la demanda4, con oposición a la prosperidad de las pretensiones.
Adujo que el consorcio aquí demandante no había cumplido sus obligaciones
contractuales, pues habían quedado obras pendientes, como se consignó en el acta
núm. 23 de terminación del contrato, y en el acta núm. 26 de recibo (suscrita por la
interventoría del contrato). Agregó que esa entidad no había incumplido la obligación
de liquidar el contrato, pues, para ello, el Consorcio Centro Barco debía suscribir el
acta de recibo, que no firmó; y que los componentes ambientales y de gestión social
habían sido pactados a precio global, por lo que no procedería el cobro de sumas
adicionales.
1.4. El dieciséis (16) de febrero de dos mil dieciséis (2016), fue adelantada la audiencia
inicial5.
1.5. En la etapa correspondiente a la presentación de alegatos de conclusión en
primera instancia, tanto el demandante 6 como el IDU7 expusieron los motivos para
conseguir un fallo favorable a sus intereses. La Procuradora 132 Judicial II
Administrativa allegó concepto8 en el que planteó la denegación de las pretensiones
de la demanda.
1.6. En sentencia9 del diecisiete (17) de agosto de dos mil diecisiete (2017), el
Tribunal negó las pretensiones de la demanda, al considerar que:
1.6.1. El contratista no consignó protesta alguna, sobre la mayor permanencia
en obra, ni sobre los sobrecostos en los que habría incurrido, en las múltiples
actas de suspensión y de prórroga que suscribió, sino que, por el contrario, “las
aprobó”.
1.6.2. La falta de entrega de un predio de propiedad de Coldeportes, cuya
gestión debía ser adelantada por el IDU, no fue “un factor determinante para
3 F. 29-30, c. 1.
4 F. 64-93, c. 1.
5 En esta oportunidad, el litigio fue fijado en estos términos: “¿Se configuraron los elementos del incumplimiento
económico que atribuye la parte demandante dentro del contrato de obra publico IDU- 110-2009, por los siguientes
conceptos?: || - Valor faltante de obra ejecutada y no reconocida. || - Reajuste fue mayor [sic] al plazo de ejecución.
|| En caso afirmativo, se debe establecer: || ¿Sí hay lugar a condenar al IDU a las sumas pretendidas por la parte
demandante?”.
F. 153-157, c. 1.
6 F. 194-201, c. 1.
7 F. 190-193, c. 1.
8 F. 202-204, c. 1.
9 F. 220-226, c. ppal.
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que se extendiera el plazo contractual”, pues hubo otras actividades que dieron
lugar a la dilación del plazo, como la obtención de recursos para pagar las
mayores cantidades de obra y la imposibilidad de adelantar trabajos por las
actividades de otras autoridades públicas. Además, si bien la entrega del
mencionado inmueble tuvo como antecedente el cumplimiento de un fallo de
acción popular, lo ocurrido en dicho asunto no está relacionado con el presente
proceso, en el cual se discute la satisfacción de las obligaciones pactadas en
un contrato estatal, no la protección de un derecho colectivo.
1.6.3. El Consorcio Centro Barco reclama en este proceso “unos recursos y
ajustes por un mayor plazo, cuando éste tampoco le fue suficiente, al punto que
no hizo entrega formal de la obra a la entidad contratante”.
1.6.4. A pesar de la extensión del plazo, no hubo ruptura del equilibrio financiero
del contrato en razón a las adiciones suscritas por las partes, ya que “el
demandante tampoco demostró cuáles fueron los mayores costos en que
incurrió por la mayor permanencia en obra”.
1.6.5. En relación con el impago de sumas adeudadas por el IDU que habrían
sido reconocidas en actas, el Tribunal encontró que hubo contradicción entre
las partes y la interventoría, pues mientras el acta núm. 26 del 25 de julio de
2014, que solamente fue suscrita la interventoría, se mencionó que habrían de
pagarse $146.497.993 al contratista cuando este actualizara las pólizas y
entregara los documentos requeridos, el “informe de registro financiero del
contrato elaborado por el IDU”, de 9 de julio de 2015, refirió un saldo de
$71.824.962.
1.7. El Consorcio Centro Barco, inconforme con la decisión de primera instancia,
interpuso recurso de apelación, a través de escrito allegado10 el 8 de septiembre de
2017, en el cual plasmó las siguientes censuras:
1.7.1. Que probó los hechos en que se fundan sus súplicas. En particular, que
el plazo de ejecución, previsto en cinco (5) meses desde el pliego de
condiciones, se extendió hasta alcanzar veinte (20) meses, dilatación anormal
del tiempo proyectado, ocurrida por razones enteramente imputables a la
demandada, de las cuales destaca que: (i) la adjudicación de la licitación pública
tuvo lugar el 23 de diciembre de 2009 y el contrato fue celebrado el 30 de
diciembre de 2009, pero el acta de inicio de obra fue suscrita el 26 de abril de
2010; (ii) como contratista entregó las obras contratadas en el plazo estipulado,
como consta en el acta núm. 23 de terminación del contrato; (iii) solicitó el pago
de “ajustes” ocasionados por la mayor permanencia en obra, que se habría
producido “por causas exclusivamente imputables al IDU”, pues su
“improvisación” y “falta de planeación” trajo consigo la suscripción de las
10 F. 230-242, c. ppal.
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múltiples convenciones modificatorias con las que el plazo contractual fue
suspendido o prorrogado; (iv) en acta del comité de verificación del
cumplimiento del fallo de una acción popular fallada por el Juzgado 34
Administrativo de Bogotá, el IDU “confesó” que no podía ejecutar la obra, porque
Coldeportes no había hecho entrega oficial del predio en el que se ejecutaría,
lo que fue también consignada en las actas de suspensión y prórroga del plazo,
circunstancia que habría alterado la ecuación económica del contrato, porque
no fueron tenidos en cuenta los “ajustes por cambio de vigencia”.
1.7.2. Que la mera suscripción de las prórrogas por parte del contratista no
supone que hubiera consentido la mayor permanencia en las obras sin
reconocimientos adicionales.
1.7.3. Que el Tribunal negó “sin explicación” la pretensión de ordenar la
liquidación del contrato, con lo cual violó su derecho de acceso a la
administración de justicia.
1.8. El diecisiete (17) de enero de dos mil dieciocho (2018), el despacho sustanciador
admitió el recurso de apelación formulado contra el fallo de primera instancia11.
1.9. En la oportunidad para la presentación de alegatos de conclusión en segunda
instancia12, la parte actora reiteró los argumentos vertidos en la apelación13. El IDU14,
por su parte, solicitó la confirmación de la sentencia apelada por estimarla ajustada a
Derecho, ya que el Consorcio Centro Barco no ejecutó la totalidad de las obras y se
negó a suscribir el acta de recibo de obras que así lo reflejaba. Agregó que el
contratista incumplió obligaciones “forestales”, “sociales”, de pagos de seguridad
social, “ambientales”, de tramitación con las empresas de servicios públicos, y por
“otros entregables contractuales”, como la entrega de la memoria técnica del proyecto,
las cartillas de conservación, los planos récord, etc. Por último, destacó que el fallo es
acorde con el precedente judicial que exigía la formulación oportuna de salvedades en
los actos modificatorios del contrato.
1.10. La Procuraduría Primera Delegada ante esta Corporación conceptuó 15 que
debía declararse oficiosamente la nulidad absoluta del contrato núm. 110 de 2009 por
la inobservancia del principio de planeación. A juicio del agente del Ministerio Público,
durante la etapa de formación del contrato, el IDU omitió realizar los estudios técnicos
y jurídicos, así como la adquisición predial y la consecución de los recursos
presupuestales necesarios para adelantar la construcción de la obra; omisión que
repercutió en la duración del contrato. No obstante, como la confección del puente no
puede retrotraerse al estado anterior a la suscripción del contrato, en vista de que las
11 F. 248, c. ppal.
12 F. 250, c. ppal.
13 F. 260-271, c. ppal.
14 F. 255-259, c. ppal.
15 F. 272-290, c. ppal.
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partes aceptaron que la obra ejecutada tuvo un costo de $3.841.565.702, la vista fiscal
consideró improcedente reconocer suma adicional alguna a título de restituciones
mutuas.
1.11. El magistrado Nicolás Yepes Corrales manifestó estar impedido para conocer del
presente asunto, conforme lo previsto en el inciso primero del artículo 140 y el numeral
primero del artículo 141 del Código General del Proceso, por haber rendido concepto
en este asunto, como Procurador Primero Delegado ante esta Corporación. Los
magistrados William Barrera Muñoz y Jaime Enrique Rodríguez Navas —sin la
intervención del magistrado Nicolás Yepes Corrales, quien se apartó de la Sala
mientras este punto fue debatido— resuelven declarar fundado el impedimento
manifestado por el Magistrado Nicolás Yepes Corrales.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Conforme a las reglas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011, “CPACA”), vigente para la fecha de
presentación de la demanda 16 , la Sala es competente para conocer del presente
asunto por tratarse de un recurso de apelación interpuesto contra un fallo del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca 17 , proferido en el marco del medio de control
contencioso administrativo de controversias contractuales 18 , en el que una de las
partes es un establecimiento público19, dentro de un proceso cuya cuantía determina
su juzgamiento en doble instancia20.
2.2. El derecho de acción fue ejercido por el Consorcio Centro Barco dentro del
término de dos (2) años establecido en el artículo 164, literal j), apartado v) del
CPACA21, pues:
16 CPACA: “ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir el
dos (2) de julio del año 2012. || Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas
que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. //
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de
la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.”
17 CPACA: “ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA Y CAMBIO
DE RADICACIÓN. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia
de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no
se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o
no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia”.
18 De acuerdo con el artículo 75 de la Ley 80 de 1993, por regla general, “el juez competente para conocer de las
controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento será el de la
jurisdicción contencioso administrativa”.
19 Aptdo. 3.3.
20 Conforme al artículo 152 numeral 4 del CPACA, los Tribunales conocen en primera instancia de los asuntos “…
relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública en sus distintos
órdenes o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado, y de los contratos celebrados por cualquier
entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en los cuales se incluyan cláusulas exorbitantes, cuando la
cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. Para la fecha de presentación
de la demanda, el tope mencionado equivalía a la suma de $322.175.000. De acuerdo con la demanda, las
pretensiones fueron estimadas en $1.453.470.014,00, guarismo que supera el límite fijado por la norma procesal.
21 “v) En los [contratos] que requieran de liquidación y esta no se logre por mutuo acuerdo o no se practique por la
administración unilateralmente, una vez cumplido el término de dos (2) meses contados a partir del vencimiento del
plazo convenido para hacerlo bilateralmente o, en su defecto, del término de los cuatro (4) meses siguientes a la
terminación del contrato o la expedición del acto que lo ordene o del acuerdo que la disponga”. (Se subraya).
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2.2.1. Si bien, el plazo de ejecución contractual l veintinueve (29) de diciembre
de dos mil once (2011)22, de acuerdo con el artículo 164, literal j), apartado v)
del CPACA23 y el artículo 11 de la Ley 1150 del CPACA24, el término para la
liquidación bilateral del contrato, a cuyo cumplimiento se sujeta el inicio del
conteo del plazo de caducidad, había sido convenido de la siguiente manera:
“El presente contrato se liquidará dentro de los SEIS (6) meses siguientes a la
suscripción del acta de recibo final de obra, de conformidad con lo estipulado
en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 11 de la Ley
1150 de 2007.
Si el CONTRATISTA no se presenta para efectos de la liquidación del contrato
o las partes no llegan a ningún acuerdo, el IDU tendrá la facultad de liquidar en
forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 136 del C.C.A.
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación,
la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años
siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de
mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136
del C.C.A.” (énfasis añadido).
Por lo tanto, como en este asunto, la suscripción de la acta de recibo final era
el hecho del dependía el inicio del conteo del plazo para la liquidación bilateral
y unilateral del contrato y, con este, el del término de caducidad, este último
será computado partir de la fecha consignada en los dos documentos titulados
como “ACTA No. 26 DE RECIBO FINAL DE OBRA” del veinticinco (25) de julio
de dos mil catorce (2014) 25-26 firmados por el representante legal del interventor
del contrato, que obran en el expediente.
2.2.2. La demanda fue presentada por el Consorcio Centro Barco el nueve (9)
de marzo de dos mil quince (2015) 27 , después de declararse fallida la
conciliación convocada el cuatro (4) de diciembre de dos mil catorce (2014) por
el consorcio demandante28.
22 Aptado. 2.14.3.
23 “v) En los [contratos] que requieran de liquidación y esta no se logre por mutuo acuerdo o no se practique por la
administración unilateralmente, una vez cumplido el término de dos (2) meses contados a partir del vencimiento del
plazo convenido para hacerlo bilateralmente o, en su defecto, del término de los cuatro (4) meses siguientes a la
terminación del contrato o la expedición del acto que lo ordene o del acuerdo que la disponga”. (Se subraya).
24 “Artículo 11. Del plazo para la liquidación de los contratos. La liquidación de los contratos se hará de mutuo
acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las
partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes
a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que
ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga”.
25 F. 104-105, c. 1; y F. 76-85, c. 2.
26 Una de estas, remitida por el interventor del contrato al Consorcio mediante oficio CPU-009-14 del 23 de julio de
2014: f. 103, c. 1.
27 Folio 25 (reverso), c. 1.
28 De acuerdo con el acta de la audiencia de conciliación extrajudicial celebrada el veinticuatro (24) de febrero de
dos mil quince (2015) y la constancia suscrita en la misma fecha por el Procurador 131 Judicial II para Asuntos
Administrativos (folios 56 y 57, c. 2 de pruebas).
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2.4. La jurisprudencia ha precisado que el artículo 5.1 de la Ley 80 de 1993 previó un
supuesto de responsabilidad contractual por una conducta antijurídica del ente
contratante derivada del incumplimiento de sus obligaciones, que da lugar a la
indemnización plena de los perjuicios causados, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 90 de la Constitución, los artículos 1546, y 1613 a 1616 del Código Civil, y
el artículo 50 de la Ley 80 de 2199329; razonamiento conforme al cual será dirimido el
asunto de autos.
En este proceso, el accionante pretendió que, “[c]omo secuela del mayor plazo en la
ejecución definitiva de las obras contratadas, prórrogas imputables al INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO, EL IDU, deberá reconocer y pagar voluntariamente a mi
Mandante, a título de reajustes causados por el mayor plazo de la ejecución de la obra
contratada, correspondientes a la reclamación de ajustes por obra ejecutada,
soportadas y radicadas mediante la reclamación con radicación RADICADO No.
20125260267272 y RECLAMACCION [sic] CCB-068-12”. Como fundamento de ello,
refirió que “[…] el equilibrio económico del Contrato No. IDU-110-2009 se vio afectado
por hechos y actuaciones imputables al mismo IDU, en el entendido que la extensión
del plazo hasta veinte (20) meses más, se ocasiona por falencias en disponibilidad de
predios, permisos y traslados de redes por parte de otras entidades, que debió prever
la entidad contratante (IDU) al momento de realización de los estudios de
prefactibilidad y factibilidad para iniciar el proceso de selección del proyecto de ciclo-
puentes”.
2.4.1. En consecuencia, de acuerdo con las pretensiones de la demanda y sus
fundamentos, y los cargos primero y segundo de la alzada30, procederá la Sala a dar
respuesta al siguiente problema jurídico:
29 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencias del 26 de febrero de 2004, exp.14043; y 14 de abril de
2005, exp. 28616. Subsección A, sentencias de 13 de febrero de 2013, exp. 24996; del 14 de marzo de 2013, exp.
20524; del 22 de agosto de 2013, exp. 22947; del 16 de septiembre de 2013, exp. 30571; del 7 de noviembre de
2013, exp. 31431; del 26 de febrero de 2014, exps. 24169, 24997 y 26219; del 12 de marzo de 2014, exp. 29214;
del 16 de julio de 2015, exp. 53154; del 2 de diciembre de 2015, exp. 36285; del 27 de enero de 2016, exp. 38449;
del 13 de abril de 2016, exp. 46297; del 14 de septiembre de 2016, exp. 50907; del 21 de septiembre de 2016, exp.
51341; del 23 de noviembre de 2016, exp. 52161; del 7 de diciembre de 2016, exp. 36430, del 3 de agosto de 2017,
exp. 36715; del 23 de noviembre de 2017, exp. 36865; del 24 de mayo de 2018, exp. 55851; del 29 de noviembre
de 2018, exp. 38935; del 31 de enero de 2019, exp. 37910; del 20 de noviembre de 2019, exp. 41934; del 8 de
mayo de 2019, exp. 58895; del 25 de julio de 2019, exp. 51772; del 16 de mayo de 2019, exp. 43306; del 25 de
julio de 2019, exp. 41927; del 3 de abril de 2020, exp. 41442, del 13 de agosto de 2020, exp. 46057; del 3 de abril
de 2020, exp. 61500; del 5 de febrero de 2021, exps. 49729 y 38238; del 7 de mayo de 2021, exp. 43055; del 19
de febrero de 2021, exp. 65277; del 22 de octubre de 2021, exp. 66106; del 8 de noviembre de 2021, exp. 56023;
del 10 de septiembre de 2021, exp. 51219; 4 de febrero de 2022, exps. 45762; 22 de abril de 2022, exp. 67239; del
20 de mayo de 2022, exp. 50499; del 8 de junio de 2022, exp. 53299; del 21 de octubre de 2022, exp. 59773; 4 de
noviembre de 2022, exp. 57185; del 13 de julio de 2022, exp. 56021; y del 16 de agosto de 2022, exp. 59439.
Subsección B, sentencias del 12 de septiembre de 2019, exp. 44779; del 12 de septiembre de 2019, exp. 44779;
del 3 de abril de 2020, exps. 48676 y 48446; del 6 de julio de 2020, exp. 48438; del 11 de octubre de 2021, exp.
63219; del 18 de noviembre de 2021, exp. 48815. Subsección C, sentencias del del 28 de mayo de 2015, exp.
27270; del 15 de julio de 2020, exp. 28794; del 13 de agosto de 2020, exp. 51833; del 21 de septiembre de 2020,
exp. 47106; del 12 de julio de 2021, exp. 50879; del 22 de noviembre de 2021, exp. 52430; 22 de noviembre de
2021, exp. 35826; 28 de febrero de 2022, exp. 65436; del 16 de diciembre de 2022, exp. 67397; 16 de diciembre
de 2022, exps. 37724 y 41653; 31 de mayo de 2022, exp. 52386.
30 Aptados. 1.7.1 y 1.7.2.
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Demandante: Consorcio Centro Barco
¿Debe el IDU indemnizar los perjuicios irrogados al Consorcio Centro Barco por
la falta de planeación en el contrato de obra núm. 110 de 2009, por no contar
con el terreno para la ejecución de los trabajos ni los permisos necesarios, sin
que la ausencia de salvedades en los otrosíes suscritos para prorrogar el plazo
de ejecución contractual enerve su reclamación?
2.4.2. El problema jurídico será analizado conforme al régimen sustantivo del contrato
núm. 110 de 2009, es decir, el del Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública, vigente para la fecha de la celebración del negocio jurídico
(Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007) 31, toda vez que el IDU es un establecimiento
público del Distrito Capital 32 y, por ese motivo, le son aplicables las disposiciones
contenidas en dicha normativa33.
2.5. En primer lugar, resulta oportuno recordar que la línea jurisprudencial seguida por
el Tribunal en este proceso, de acuerdo con la cual la ausencia de salvedades en las
convenciones modificatorias supone la renuncia a las reclamaciones que se generen
con ocasión de esas modificaciones, fue reestudiada por la jurisprudencia unificada de
la Sección Tercera, que, en sentencia de 27 de julio de 2023[34], determinó que, ante
la ausencia de salvedades en los actos modificatorios, el juzgador debe “desentrañar,
en cada caso, cuál fue el acuerdo de las partes y su alcance según las reglas de
interpretación de los contratos, las normas supletivas aplicables a los tipos
contractuales contenidas en las reglas civiles y comerciales y, por supuesto, la
ejecución de buena fe del contrato”. La ausencia de salvedades en las convenciones
modificatorias no obstaculiza, pues, el análisis de fondo de esta controversia.
En todo caso, de acuerdo con la jurisprudencia administrativa 35 -36 , los pactos de
exclusión o limitación de responsabilidad son admitidos en el derecho colombiano,
según los artículos 1604 y 1731 del Código Civil, de acuerdo con los cuales el régimen
de imputación de responsabilidad contractual puede ser modificado por acuerdo
mutuo, en cuanto esta estipulación no suponga la condonación del dolo futuro, ni
contravenga el derecho público, las buenas costumbres ni el orden público, o suponga
una condición meramente potestativa; circunstancias estas que no han sido argüidas
ni se demostraron en el presente asunto.
31 Cfr. LEY 153 DE 1887 – Artículo 38.
32 Conforme al Acuerdo Distrital 19 de 1972 del Concejo de Bogotá, el IDU es un “establecimiento público, con
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.”
33 Ley 80 de 1993: “ARTÍCULO 2o. DE LA DEFINICIÓN DE ENTIDADES, SERVIDORES Y SERVICIOS
PÚBLICOS. Para los solos efectos de esta ley: // 1o. Se denominan entidades estatales: // a) La Nación, las
regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas,
las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las
empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga
participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás
personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que
ellas adopten, en todos los órdenes y niveles.” (Se subraya).
34 Exp. 39121.
35 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 4 de agosto de 2021, exp. 45004,
fundamento jurídico 7.9.
36 Esta posición fue ratificada recientemente en la sentencia de unificación proferida por la Sección Tercera el 27
de julio de 2023, exp. 39121, fundamentos jurídicos 21 y 22.
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2.6. En segundo lugar, se itera que, como lo ha precisado la jurisprudencia
administrativa, el principio de planeación, aunque no ha sido previsto expresamente
en nuestro ordenamiento sustantivo, puede ser inferido a partir de la preceptiva de los
artículos 2, 209, y 339 a 353 de la Constitución Política, así como del numeral 6 del
artículo 25, los numerales 7 y 11 a 14 del artículo 25, y del numeral 3 del artículo 26
de la Ley 80 de 1993; y del artículo 12 de la Ley 1150 de 200737.
De acuerdo con éste, la Administración debe adelantar, con la debida antelación, las
gestiones necesarias para conseguir que el objetivo de la contratación se cumpla sin
dilaciones, escollos ni situaciones indefinidas o inciertas que hubieran podido
prevenirse, con el estudio diligente de las necesidades del servicio, de las opciones
para satisfacerlas, de las especificaciones de los bienes o de los trabajos que tiene por
objeto, de la disponibilidad de recursos para su ejecución, y de los permisos,
autorizaciones o licencias requeridos38. Si bien, este principio tiene incidencias en la
etapa de formación del contrato, se refleja con mayor importancia en su ejecución,
pues es este el momento en el que las omisiones de la Administración generan graves
consecuencias; razón por la cual su desconocimiento ha sido considerado como un
supuesto de incumplimiento contractual, de acuerdo con el postulado de la buena fe39.
En la jurisprudencia administrativa, el desconocimiento del principio de planeación se
ha desprendido de circunstancias como: (i) la omisión de estudios de suelos, de
impacto ambiental y de la adquisición de los predios necesarios para ejecutar las obras
contratadas40; (ii) la inviabilidad técnica del diseño entregado, que impidió el pago del
precio al contratista por la ausencia de los recursos que finalmente fueron
necesarios41; (iii) la omisión de la apropiación y disponibilidad de los recursos para
respaldar el pago de las obligaciones contraídas 42 ; y (iv) la ausencia de estudios
técnicos para determinar con claridad la viabilidad y conveniencia de las obras
contratadas43.
Se ha desestimado, por otra parte, la transgresión al principio de planeación cuando
no “pudiera evidenciarse”, desde la fase precontractual, que pudieran presentarse
inconvenientes sobre el derecho de dominio y las condiciones urbanísticas del terreno
en el que se desarrollarían los trabajos, que imposibilitarían posteriormente la
ejecución del contrato 44 . Y es que, como “mandatos de optimización” que son los
principios ―como el de planeación― estos “ordenan que algo se realice en la mayor
37 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de 5 de junio de 2008, exp. 8031; Subsección C, sentencia
de 10 de diciembre de 2015, exp. 51489.
38 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencias de 31 de agosto de 2006, exp. 14287; de 29 de agosto de
2007, exp. 15469; de 5 de junio de 2008, exp. 8031; Subsección C, sentencia de 10 de diciembre de 2015, exp.
51489.
39 Ibidem.
40 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencias de 31 de agosto de 2006, exp. 14287.
41 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de 29 de agosto de 2007, exp. 15469.
42 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 22 de abril de 2022, exp. 55214.
43 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 7 de mayo de 2021, exp. 43055.
44 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 10 de diciembre de 2015, exp. 51489.
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medida posible, de acuerdo con las posibilidades fácticas y jurídicas”45. Por ello, en el
control judicial de la observancia de los principios, en el que se impone la adopción de
una posición conforme a un criterio ético destilado de un contexto histórico y cultural
al que se ciñó la voluntad soberana del constituyente y del legislador, la interpretación
de los principios debe atender a ese contexto del que emana, así como a las
consecuencias prácticas de su aplicación, para satisfacer las expectativas del
soberano o del legislador46.
2.7. Ahora bien, en el presente asunto fueron acreditados los siguientes hechos
relevantes para dar respuesta al problema jurídico bajo análisis:
2.7.1. En octubre de 2009 el IDU expidió el pliego de condiciones de la
licitación pública IDU-LP-SGI-032-200947, que tenía por objeto la construcción
de un ciclo puente ubicado en la calle 63, entre la Biblioteca Virgilio Barco y el
Centro de Alto Rendimiento. El plazo de ejecución contractual previsto era de
cinco (5) meses desde la suscripción del acta de iniciación y el presupuesto
“estimado” era de $2.836.546.539.
2.7.2. El 30 de diciembre de 2009, el IDU y el Consorcio Centro Barco
celebraron el contrato de obra núm. 110[48] cuyo objeto era: “[…] ejecutar a
precios unitarios las obras requeridas para la CONSTRUCCIÓN DE UN (1)
CICLOPUENTE LOCALIZADO EN AL AVENIDA CALLE 63 ENTRE
BIBLIOTECA VIRGILIO BARCO Y EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN
BOGOTA D.C. de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás
condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones, anexo técnico, la
propuesta presentada el 24 de noviembre de 2009, y los apéndices, los cuales
hacen parte integral de este contrato”.
2.7.2.1. Como valor del contrato fue estipulada, en la cláusula 2, la suma de
$2.772.565.702, discriminada en los siguientes rubros: (i) $1.946.945.446 para
obras de construcción y redes, (ii) $608.228.569 por A.I.U. de las obras de
construcción y redes, correspondiente a su 31,24%; (iii) $36.191.020 como
“valor global sisoambiental”; (iv) $9.204.819 como “valor global para la gestión
social”; (v) $37.291.682 como “valor global para el plan de manejo de tráfico,
señalización y desvíos”; (vi) $25.000.000 como “reembolso por compensación
silvicultural y licencias ambientales”; y (vii) $109.695.166 como “fondo de
ajustes de la construcción”.
45 ALEXY, Robert, “Sobre la Estructura de los Principios Jurídicos”, en Tres Escritos sobre los Derechos
Fundamentales y la Teoría de los Principios, traducción de Jorge Bernal Pulido, Universidad Externado de
Colombia, Bogotá, 2003, pp. 93-137.
46 ZEGREBELSKY, Gustavo, El Derecho Dúctil, traducción de Marina Gascón, Editorial Trotta, 10ª edición, Madrid,
2011, pp. 109-111 y 116-129.
47 Folios 60 a 106, c. 3.
48 F. 1-14, c. 3.
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2.7.2.2. Los precios así convenidos serían reajustados, por la variación del
precio del cemento y el acero, o por el cambio de vigencia, cuando esta
circunstancia no fuera imputable al contratista (cláusula 6). Este ajuste no se
aplicaría a la amortización del anticipo, que equivalía al “cuarenta por ciento
(40%) del valor del contrato el cual será amortizado en el mismo porcentaje de
cada Acta de Pago de Obra” (cláusulas 6 y 8).
2.7.2.3. En la cláusula 3, el IDU y el Consorcio Centro Barco acordaron que los
precios unitarios convenidos serían pagados a partir de la multiplicación de los
ítems por las cantidades de obras realmente ejecutadas. De acuerdo con esto,
las partes convinieron expresamente: “Esto significa que el valor establecido en
el contrato es solo un valor estimado, ya que el valor total solo podrá ser
establecido en la liquidación del mismo, al sumar todas y cada una de las actas
de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción”.
2.7.2.4. En la cláusula 9 se pactó un plazo de ejecución contractual de cinco (5)
meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, la cual debía ser
firmada en un término de treinta (30) días siguientes a la celebración del contrato
de obra. Plazo que, conforme a lo convenido en la cláusula 10, sería prorrogable
de la siguiente manera:
“Si por circunstancias previamente revisadas y aprobadas por el interventor y el área
coordinadora, se requiere modificar el plazo del contrato, las partes celebrarán una
adición en plazo de acuerdo con las disposiciones legales.
El CONTRATISTA deberá hacer la petición de suscripción de la adición con una
antelación no menor de quince (15) días calendario a la fecha de vencimiento del plazo
originalmente estipulado, anexando el nuevo cronograma de obra previamente
revisado y aprobado por el interventor del contrato.
PARÁGRAFO: Cuando por causas imputables al contratista se requiera prorrogar el
plazo del contrato para lograr el fin del proyecto y evitar un perjuicio mayor para la
entidad y no se considera que existen razones que justifiquen la declaratoria de
caducidad, todos los costos que se generen por esta prórroga serán por cuenta del
CONTRATISTA, incluyendo el valor del periodo adicional de interventoría, el cual será
descontado de las actas de obra y/o actas de liquidación”. (Negrillas originales del texto
transcrito).
2.7.2.5. Para el reconocimiento de mayores cantidades de obra por la ejecución
de ítems previstos, se estipuló en la cláusula 4: se “requiere previamente de la
evaluación técnica y económica y la aprobación por parte de la Interventoría y
su respectiva disponibilidad presupuestal si a ello hubiere lugar”. Cuando estas
mayores cantidades superaran el 15% del valor inicial del contrato, se requeriría
la aprobación del director general del IDU. Aparte, se pactó en la cláusula 5,
“[l]os ítems no previstos deben someterse a la evaluación y concepto técnico y
económico por parte de la Interventoría y a consideración final del IDU, antes
de su ejecución, previa suscripción del respectivo Certificado de Disponibilidad
Presupuestal”.
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2.7.2.6. Dentro de las obligaciones del contratista, se estipuló en la cláusula 12:
(i) la de “[…] suscribir el Acta de Recibo Final de Obra, con el lleno de los
requisitos establecidos en el Manual de Interventoría, dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes a la suscripción del acta de terminación del contrato”,
como “requisito previo de la suscripción del acta de liquidación” (aptado. A10);
(ii) “la revisión estudio y ajustes de los documentos e información suministrados
por el IDU, con el propósito de evaluar que estén de acuerdo con las normas,
especificaciones, permisos, resoluciones, etc., indispensables para el desarrollo
normal del proyecto y, dado el caso, solicitar al Interventor las aclaraciones del
caso” (aptado. A11); y (iii) “dar estricto cumplimiento a lo establecido en la Guía
Ambiental adoptada por el IDU” (aptado. E1).
2.7.2.7. El IDU, por su parte, se obligó a: “1) Realizar los pagos en la forma
contemplada en este contrato. 2) Prestar su colaboración para el cumplimiento
de las obligaciones del Contratista. 3) Facilitar la información para que el
contratista pueda desarrollar el objeto de este contrato” (cláusula 13).
2.7.3. El veintiséis (26) de abril de dos mil diez (2010), el IDU y el Consorcio
Centro Barco suscribieron el “ACTA NO. 1 DE INICIACIÓN [DEL] CONTRATO
DE CONSTRUCCIÓN”49, de acuerdo con la cual la construcción de las obras
iniciaría en la fecha del acta y terminaría el veintisiete (27) de septiembre de dos
mil diez (2010).
2.7.4. El contrato de obra núm. núm. 110 de 2009 fue sujeto a los siguientes
convenios modificatorios:
DOCUMENTO MOTIVOS CONTENIDO
2.7.4.1. Acta núm. “1) Aprobación de manejo silvicultural en El plazo del contrato se
2 de suspensión el proyecto. El IDU […] el 18 de marzo de suspendió por 30 días, a
de contrato, del 3 2010 […] solicitó a la SDA la aprobación partir del 3 de agosto de
de agosto de 2010 de tratamiento silvicultural a los 2010, y tenía previsto
(f. 30-31, c. 2) individuos arbóreos situados en el reiniciarse el 2 de
contrato IDU110/2009. A la fecha se septiembre de 2010.
tiene información que la secretaría de
ambiente […] levantó acta de visita en el La fecha proyectada de
lugar de la obra el 12 de abril de 2010 terminación de la ejecución
pero aún no ha promulgado la respectiva del contrato era el 27 de
resolución, impidiendo la iniciación de octubre de 2010.
trabajos de campo. 2) Legalización de
cesión predio de Coldeportes: De
acuerdo con la información suministrada
por la dirección técnica del predio del
IDU, la cesión del predio de Coldeportes
en el costado norte […] está en proceso
de protocolización ante la oficina de
instrumentos públicos y su entrega al
IDU no se ha realizado, 3) Adición
recursos para obras adicionales […]”.
49 F. 77-78, c.3.
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2.7.4.2. Acta núm. “A pesar de que a la fecha se encuentran El plazo del contrato se
3 de ampliación superadas todas las causales que suspendió por 30 días, a
de suspensión, originaron la suspensión del contrato partir del 3 de septiembre de
del 3 de consignadas en el acta No. 2, la entrega 2010, y tenía previsto
septiembre de del predio cedido por Coldeportes para el reiniciarse el 2 de octubre
2010 (f. 32-33, c. proyecto no se ha podido efectuar; pues de 2010.
2) durante el periodo de suspensión de los
contratos se presentó el cambio de La fecha proyectada de
director de Coldeportes y el actual terminación de la ejecución
representanta legal de dicha entidad ha del contrato era el 27 de
solicitado un tiempo prudente no febrero de 2011.
especificado para conocer el proyecto y
aprobar la entrega física del predio,
razón que obliga a ampliar la suspensión
que nos ocupa”.
2.7.4.3. Adición y Se requirió la adición de obras no Adición del “valor inicial del
prórroga núm. 1 al previstas, que son necesarias para el contrato”, en la suma de
contrato de obra cumplimiento del objeto contractual, “OCHENTA Y CUATRO
110 de 2009, del “tales como desmontaje del actual MILLONES CIENTO
22 de septiembre cerramiento existente en el centro de alto CINCUENTA Y CINCO MIL
de 2010 (f. 66-68, rendimiento, estabilización con rajón del NOVECIENTOS
c. 2). sulsuelo (sic) en el espacio público CUARENTA Y UN
costado norte y en las vías intervenidas, ($84,155,941.00)”; valor
ajuste del apoyo central para protección que sería pagado “con
de la tubería Ø = 80’’ de la red pluvial y cargo al certificado de
tala de árboles (sic) de gran porte. La disponibilidad presupuestal
prórroga se solicita debido a que las N° 4741 del 20 de agosto de
actividades iniciales no se han podido 2010”.
ejecutar por: 1) Actualmente el plan de
manejo de tráfico (PMT) ha sido negado Prórroga del “plazo inicial
por la Secretaría de Movilidad debido a del contrato en tres (3)
los trabajos de mantenimiento del meses más, que se
contrato IDU 070 de 2008 el cual contarán a partir de la fecha
actualmente está en proceso de de vencimiento del
ejecución en la calle 63. 2) La resolución contrato”.
de autorización de tratamientos
silviculturales en espacio público está en Finalmente, se acordó que
proceso de aprobación por parte de la “[l]as demás cláusulas del
Secretaría de Medio Ambiente, por lo Contrato de Obra,
cual no se puede iniciar obras en el sitio incluyendo sus apéndices,
hasta obtenerla. 3) El predio de anexos, que no han sido
Coldeportes aún no se ha legalizado por expresamente modificados
parte del IDU”. con el presente documento,
continúan vigentes y surten
los efectos legales que ellas
fijan”.
2.7.4.4. Acta núm. Reiniciación del plazo
4 de reiniciación suspendido en el acta núm.
del contrato, del 3 3
de octubre de
2010 (f. 86-87, c.
2)
2.7.4.5. Acta núm. “El IDU informa que no ha recibido por El plazo del contrato se
5 de suspensión parte de Coldeportes el predio cedido por suspendió por 30 días, a
del contrato, del 6 dicha entidad mediante resolución 476 partir del 6 de octubre de
de octubre de del 18 de junio de 2010 cedido a título 2010, y tenía previsto
2010 (f. 34-35, c. gratuito de bienes fiscales […]. Por lo reiniciarse el 6 de
2). tanto, ordena volver a suspender por noviembre de 2010.
treinta (30) días calendario el contrato de
construcción a partir del 6 de octubre de La fecha proyectada de
terminación de la ejecución
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2010, para legalizar la entrega del del contrato era el 24 de
predio”. marzo de 2011.
2.7.4.6. Acta núm. Reiniciación del plazo
6 de reiniciación suspendido en el acta núm.
del contrato, del 5 5.
de noviembre de
2010 (f. 90-91, c.
2)
2.7.4.7. Acta núm. De acuerdo con la solicitud suscrita el 30 Fueron adicionados
7 de mayores de agosto de 2010 (f. 45-46, c. 3), $815.844.059 para le
cantidades de suscrita por representantes del consorcio ejecución de ítems
obra, del 10 de contratista, la interventoría y el IDU, en la contractuales, con un A.I.U.
noviembre de que se solicitó la adición de de $194.201.222, que eran
2010 (f. 114-116, $815.844.059, equivalente a un 32,46% necesarios para el
c. 3). del valor total del contrato, esta solicitud cumplimiento del objeto
fue presentada, “por obras no previstas contractual.
en el contrato original, las cuales son
necesarias para el normal desarrollo de
la obra tales como desmontaje del actual
cerramiento existente en el centro de alto
rendimiento, estabilización con rajón del
subsuelo en el espacio público costado
norte y en las vías intervenidas, ajuste
del apoyo central para protección de la
tubería ø = 80’’ de la red pluvial y tala de
árboles de gran porte”.
La interventoría hizo constar, en la
solicitud, que esta “contempla la
ejecución de obras necesarias para
cumplir parcialmente con el objeto del
contrato una vez revisadas las
cantidades de acuerdo con lo
consignado en el oricio CPU-091 del 15
de junio de 2010 y teniendo en cuenta la
disponibilidad presupuestal conocida de
$900.000”.
2.7.4.8. Acta núm. “El IDU informa que la situación del Suspensión del contrato por
8 de suspensión predio de Coldeportes se mantiene igual 30 días, a partir del 12 de
del contrato, del respecto a la no entrega del predio por noviembre de noviembre.
12 de noviembre dicha entidad al IDU, además comunica La fecha prevista de
de 2010 (f. 36-37, que la división de predios del IDU realiza reiniciación era el 12 de
c. 2) gestiones ante la personería distrital y el diciembre de 2010.
juzgado para proceder a tomar dicho
predio por vía judicial. Por lo tanto, el IDU Así mismo, planteó que la
ordena una nueva suspensión por treinta ejecución del contrato se
(30) días a partir del 12 de noviembre de terminaría el 20 de marzo
2010”. de 2011.
2.7.4.9. Acta núm. “A pesar de que Coldeportes efectuó la Se amplió la suspensión del
9 de ampliación entrega material del predio cedido en el plazo contractual, adoptado
de suspensión, Centro de Alto Rendimiento se hace en el acta núm. 8, en 39
del 10 de necesario ampliar la suspensión del días más.
diciembre de 2010 contrato por las siguientes causa[s]: 1)
(f. 118, c. 3). La Secretaría Distrital de Movilidad no Conforme al acta, el
está autorizando Planes de Manejo de contrato reiniciaría el 17 de
Tráfico para Diciembre de 2010; 2) Es enero de 2011, y se
necesario tramitar un OTROSÍ al terminaría el 27 de mayo de
contrato de obra para modificar la forma 2011.
de pago del contrato según la prórroga
del contrato adicional No. 1; 3) Por
solicitud del Contratista necesita tiempo
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para volver a vincular el personal para el
desarrollo de la obra y buscar nuevo sitio
para el funcionamiento del punto CREA,
oficina que fue solicitada por
Coldeportes; 4) La temporada invernal
no es garantía para iniciar actividades de
excavaciones y movimientos de tierra
Ola Invernal”.
2.7.4.10. Acta Reiniciación del plazo
núm. 10 de suspendido en el acta núm.
reiniciación del 8.
contrato, del 17 de
enero de 2011 (f.
120, c. 3)
2.7.4.11. Acta “a) Se gestiona ante la entidad la Suspensión del plazo
núm. 9A de asignación de recursos para obras contractual por 60 días,
suspensión del adicionales. B) Se hace necesario contados desde el 27 de
contrato, del 27 de optimizar los diseños para la abril de 2011 hasta el 28 de
abril de 2011 (f. implantación del proyecto en el talud del junio de 2011, fecha en que
119, c. 3, y f. 38 a costado sur, C) Se hace necesario se pronosticó su
39, c. 2) revisar el estado actual de los andenes reiniciación.
existentes en el costado norte y definir
con la Entidad el alcance de las obras en No consta una fecha
este sector, d) Se requiere que la SDM precisa de terminación del
modifique el COI 06 de 10 de enero de contrato.
2010 expedido por la Secretaría Distrital
de Movilidad para las labores de
movimiento de volquetas los fines de
semana inclusive en festivos”.
2.7.4.12. Acta “a) Se requiere modificar COI-025 en la Se amplió la suspensión del
núm. 10A de Secretaría Distrital de Movilidad para plazo contractual, adoptado
ampliación de restricción de fines de semana y día en el acta núm. 9A, en 30
suspensión, del festivos para movilización de volquetas, días más. La fecha de
27 de junio de b) Determinar alcance de recursos reiniciación prevista fue el
2011 (f. 121, c. 3) disponibles y replantear alcance de 26 de julio de 2011.
obras en caso de limitaciones
presupuestales”. Según esta acta, el contrato
terminaría el 25 de agosto
de 2011.
2.7.4.13. Acta El plazo suspendido en el
núm. 11 de acta 9A y 10A, fue
reiniciación del reanudado por las partes
contrato, del 22 de
julio de 2011 (f.
122, c.3)
2.7.4.14. Acta “La entidad está estudiando y no ha Suspensión del plazo
núm. 12 de viabilizado la autorización de recursos contractual por 30 días,
suspensión del económicos adicionales necesarios para contados desde el 29 de
contrato, del 29 de la construcción de la totalidad del julio de 2011 hasta el 29 de
julio de 2011 (f. proyecto contratado, b) La Secretaría agosto de 2011, fecha en
123, c. 3) Distrital de Movilidad no autoriza Planes que se pronosticó su
de Manejo de Tráfico hasta después que reiniciación.
termine el Mundial de Fútbol sub-20”.
La ejecución del contrato
terminaría el 20 de
septiembre de 2011, de
acuerdo con el acta.
2.7.4.15. Acta Las partes reanudaron el
núm. 13 de plazo contractual, que fue
reiniciación del suspendido mediante acta
contrato, del 22 de núm. 12.
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agosto de 2011 (f.
124, c. 3)
2.7.4.16. Acta “El motivo de la suspensión se hace Suspensión del plazo
núm. 14 de necesario [sic] para que la entidad contractual por 10 días, a
suspensión del apropie los recursos para el tratamiento partir de la firma del acta y
contrato, del 12 de del talud del costado sur y el espacio hasta el 22 de septiembre
septiembre de público del costado norte”. de 2014, cuando se
2011 (f. 125-126, reanudaría el término.
c. 3).
La terminación de la
ejecución del contrato
estaba prevista para el 24
de septiembre de 2011.
2.7.4.17. Acta Reanuda el término
núm. 15 de suspendido en el acta núm.
reiniciación del 14.
contrato, del 22 de
septiembre de
2011 [f. 126
(reverso) a 127, c.
3]
2.7.4.18. Adición “Por las restricciones que se han tenido Prórroga del contrato “en
en plazo núm. 2 al por no poder laborar por el actual PMT treinta (30) días más, que se
contrato de obra, aprobado los fines de semana y los días contarán a partir de la fecha
del 3 de octubre festivos, los cuales han afectando [sic] el de vencimiento del
de 2011 [f. 54 cumplimiento del cronograma de obra”. contrato”. Aparte, fue
(reverso) a 56, c. estipulado que “[l]a
3]. presente prórroga no
genera costos adicionales
al Instituto de Desarrollo
Urbano IDU”, y que “[l]as
demás cláusulas del
Contrato de Obra,
incluyendo sus apéndices,
anexos, que no hayan sido
expresamente modificados
con el presente documento,
continúan vigentes y surten
los efectos legales que ellas
fijan”.
2.7.4.19. Acta “Se solicita la suspensión del contrato Suspensión del plazo
núm. 17 de para continuar con el trámite de la contractual por 12 días,
suspensión del apropiación de los recursos para entre la firma del acta y el 9
contrato, del 28 de adicionara [sic] el contrato de obra, con de noviembre de 2011,
octubre de 2011 el fin de terminar las mayores cantidades fecha prevista para levantar
(f. 128, c. 3) de obra surgidas en razón de la la suspensión.
necesidad de terminar las obras de
espacio público del ciclopuente, ya que a La fecha de terminación del
la fecha está pendiente la legalización de contrato fue estimada para
la disponibilidad presupuestal”. el 15 de noviembre de 2011.
2.7.4.20. Acta “Se solicita la ampliación de la Amplía la suspensión del
núm. 18 de suspensión del contrato para continuar plazo adoptada en el acta
ampliación de con el trámite de la aprobación de los núm. 17, por 6 días. La
suspensión, del 9 recursos para adicionara [sic] el contrato fecha de reiniciación fue
de noviembre de de obra, con el fin de terminar las pronosticada para el 15 de
2011 (f. 129, c. 3) mayores cantidades de obra surgidas a noviembre de 2011.
razón de la necesidad de terminar las
obras de espacio público del ciclopuente, La fecha de terminación de
ya que a la fecha está pendiente la la ejecución del contrato
legalización de la disponibilidad estimada era el 21 de
presupuestal”. noviembre de 2011.
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2.7.4.21. Adición “[L]a necesidad de ejecutar mayores Prórroga del contrato “en un
en plazo núm. 3 al cantidades de obra tales como (1) mes, que se contarán
contrato de obra, estabilización del terreno en el costado [sic] a partir de la fecha de
del 3 de sur, mayores cantidades en la instalación vencimiento del contrato”.
noviembre de de pisos (adoquines de arcilla,
2011 (f. 57-59, c. adoquines de concreto y bordillo, lo Además, se acordó que “[l]a
3) anterior por cuanto fue necesario presente prórroga no
desplazar el puente al occidente, se hizo genera costos adicionales
necesario ampliar el área de la plazoleta al Instituto de Desarrollo
sobre el parque de la biblioteca Virgilio Urbano IDU”, y que “[l]as
Barco, adicionalmente se debe construir demás cláusulas del
el cerramiento que colindas [sic] entre el Contrato de Obra,
parqueadero del centro del alto incluyendo sus apéndices,
rendimiento y el espacio público de la anexos, que no hayan sido
calle 63 (costado Norte)”. expresamente modificados
con el presente documento,
continúan vigentes y surten
los efectos legales que ellas
fijan”.
2.7.4.22. Acta “El motivo de la suspensión se hace [sic] Suspensión del plazo
núm. 20 de por dificultad en el suministro de contractual por 7 días,
suspensión de materiales para las obras del costado sur comprendidos entre la
contrato, del 16 de por el invierno”. fecha del acta y el 22 de
diciembre de 2011 diciembre de 2011, fecha
(f, 130-131, c. 3) indicada para reanudar el
término de ejecución.
La fecha estimada de
terminación del contrato fue
el 29 de diciembre de 2011.
2.7.4.23. Acta Reanudación del plazo
núm. 21 de contractual, suspendido
reiniciación del mediante el acta núm. 20.
contrato, del 22 de
diciembre de 2011
(f. 101 reverso –
102, c.3)
2.7.4.24. Acta “1) Estabilizar el terreno en el costado Fueron adicionados
núm. 22 de sur, obligando a un tratamiento del talud $128.771.716 para le
mayores existente siendo necesario descapotar y ejecución de ítems
cantidades de luego sembrar para garantizar la contractuales, con un A.I.U.
obra, del 22 de estabilidad del área intervenida. 2) Con de $40.228.284.
diciembre de 2011 respecto a los pisos (adoquines de
(f. 133-134, c. 3). arcilla, adoquines de concreto y bordillo).
El desplazamiento del ciclopuente hacia
el occidente hizo necesario ampliar el
área de cobertura en la plazoleta del
costado sur. 3) Al revisar las cantidades
de la placa del piso del ciclopuente surge
mayor volumen de concreto para cubrir
la longitud total. 4) Necesidad de
intervenir el borde que colinda con el
parqueadero del centro de alto
rendimiento. A) Afectación de las
luminarias existentes siendo necesario
reubicarlas para la construcción del
cerramiento. B) Mayor cantidad de
concreto para construir la rampa de
acceso en concreto en el costado norte y
el antepecho del cerramiento. 5) Nivelar
con material granular (subbase B-200),
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la rampa, plazoleta y escalera a construir
en el costado sur”.
2.7.5. El 29 de septiembre de 2010, representantes del Consorcio Centro Barco
y de la Personería de Bogotá suscribieron un acta de visita50, en la que consta
que el representante legal del consorcio manifestó que “[…] el puente se
encuentra totalmente fabricado, nos encontramos en la etapa de pre ensamble,
esta etapa se está cumpliendo de acuerdo con nuestro plan de calidad y guía
de calidad del IDU, […]. Se encuentra suspendido desde el 3 de agosto de 2010
en virtud de que no se cuenta con los predios que deben ser entregados por
parte de Coldeportes y por consiguiente del IDRD. En este estado de la
diligencia se hace necesario el traslado a los talleres de ICAGEL LTDA […]
como firma integrante del Consorcio Centro Barco, con el objeto de recaudar el
material fotográfico y videográfico que verifique lo informado por el Consorcio”.
2.7.6. El 7 de diciembre de 2010 fue suscrita acta del comité de cumplimiento
del fallo de acción popular núm. 0069 de 2006 del Juzgado 34 Administrativo
del Circuito de Bogotá51 ―compuesto por representantes del Instituto Distrital
de Recreación y Deporte, del IDU y del Consorcio Barco― en la que consta
que:
“El IDU nuevamente le informa al comité que el cumplimiento del fallo de la Acción
Popular no se puede dar hasta tanto COLDEPORTES no haga la entrega oficial del
predio. Por consiguiente ninguna actividad de la obra se puede adelantar a la fecha.
Referente a los temas solicitados por COLDEPORTES el IDU dentro de sus funciones
institucionales colaborará con COLDEPORTES para el tema del alcantarillado interno
del predio mencionado; sin embargo ratifica lo que dijo hace 2 meses al doctor
Kolpatofsky [sic] en el sentido de que la construcción del Ciclo Puente el IDU estará
presto y atento a permitir el trazado de la red de alcantarillado del proyecto que
actualmente adelanta COLDEPORTES al interior del predio, inclusive estamos en la
disponibilidad de hacer las obras de alcantarillado que se encuentren dentro del área
del proyecto. Así mismo y respecto del alcantarillado que se encuentra en el separador
de la Calle 63 por ser competencia exclusiva de la E.A.A.B. el IDU sólo ajustará los
diseños de la cimentación central del puente para efectos de garantizar la estabilidad
del colector que por allí cruza, de otra parte y referente a la Resolución ambiental para
el tratamiento silvicultural del proyecto el IDU es consiente de su obligación de dar
estricto cumplimiento a lo solicitado por la Secretaría Distrital de Ambiente. Finalmente,
el IDU entrará a revisar el detrimento patrimonial que se ha causado por la demora en
la ejecución de las obras que sean atribuibles a la falta del predio para su implantación”.
2.7.8. Con escrito52 del 1 de abril de 2013, la interventoría del contrato de obra
núm. 110 de 2009 dio respuesta a la reclamación económica CCB-068-12
presentada por el Consorcio Centro Barco ―no allegada al expediente―, la
cual fue denegada al considerar: (i) que las circunstancias que dieron lugar a la
prórroga de la etapa de preconstrucción eran también previsibles para el
contratista; (ii) que no era posible el reconocimiento de sobrecostos sin un
50 F. 55, c. 2.
51 F. 51 a 54, c. 2.
52 F. 98 a 105, c. 2; y 150 a 153, c. 3.
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cálculo preciso de las actividades adicionales ejecutadas, ni soportes que
acreditaran fehacientemente los sobrecostos reclamados; (iii) que, en el
contrato, el consorcio asumió los gastos de vigilancia de la obra, pero la
interventoría no constató la presencia de vigilantes en el lugar; (iv) que en el
acta núm. 22 de mayores cantidades de obra fueron reconocidos costos
indirectos por un monto de $40.228.284; (v) que consideraba “aceptable” el
incremento del valor de los componente “sisoambiental” y de “gestión social”,
en razón de la prórroga del plazo de ejecución contractual; (vi) que “el plan de
manejo de tráfico, señalización y desvíos depende exclusivamente del tipo de
obra a ejecutar, el cual sustancialmente no cambió, y no depende de unas
mayores cantidades de obra ni del plazo de la misma”; (vii) que el consorcio
debió prever los costos administrativos en que incurriría para la entrega de
redes de ETB; (viii) que, si bien sería procedente el reconocimiento del
bodegaje de las estructuras metálicas que no pudieron ser instaladas por
circunstancias no imputables al contratista, el canon de arrendamiento
reclamado por el contratista era demasiado alto y no se encontraba acreditado;
(ix) que, para el reconocimiento de pagos por la ejecución de estudios y diseños
complementarios debían presentarse los planos y las memorias debidamente
firmadas; (x) que no procedía el reconocimiento del pago de pilotes metálicos
adicionales, “porque fue material que no hace parte integral de los pilotes
hincados”; (xi) que se habían reconocido $158.581.819 por cambio de
materiales y $23.147.973 por cambio de vigencia; y (xii) que la reclamación por
costos financieros no fue acreditada.
2.8. Ahora, de acuerdo con las consideraciones y los hechos expuestos en
precedencia, se advierte, en primer lugar, que no es procedente el análisis de los
sobrecostos por la mayor permanencia, en los términos de las pretensiones
formuladas en este contencioso53, por un lapso de dos meses, ocasionada con las
prórrogas convenidas mediante los convenios de adición al plazo núm. 2 y 3 54 , pues
en estos actos modificatorios el Consorcio Centro Barco consintió expresamente en
que las prórrogas acordadas no generarían costos adicionales al IDU, sin que se haya
aducido siquiera, en este contencioso, que dichas estipulaciones supongan la
condonación del dolo futuro, contravengan el derecho público, las buenas costumbres
o el orden público, ni supongan una condición meramente potestativa55. La prórroga,
que es “la continuación de algo por un tiempo determinado” 56 , tiene como efecto
natural, en un contrato de obra, una mayor permanencia en obra, con los efectos
económicos que pueda acarrear. Por ende, no cabría entender que los costos
adicionales que, de acuerdo con lo pactado, no generarían las prórrogas estipuladas
en los convenios de adición al plazo núm. 2 y 3, permitiera reclamar por los perjuicios
ocasionados con la mayor permanencia en obra, como los pretendidos en este
53 Aptado. 1.1.
54 Hechos 2.7.4.18 y 2.7.4.21.
55 Aptado. 2.5.
56 RAE, Diccionario de la Lengua Española, edición del tricentenario, 2023. En igual sentido: RAE, CUMBRE
JUDICIAL IBEROAMERICANA Y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Diccionario
Panhispánico de Español Jurídico, 2023.
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contencioso en concreto, sin desconocer, con ello, la fuerza vinculante de los negocios
jurídicos, al tenor de lo pactado.
Además, nada mueve a inferir que la ausencia de salvedades en las demás
convenciones modificatorias suscritas por el IDU y el Consorcio Centro Barco haya
comportado renuncia a las reclamaciones que se generen con ocasión de las
modificaciones contractuales convenidas, pues no fue aportada prueba alguna que, de
acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta Sección57, permita concluir que esa
hubiera sido la voluntad de las partes.
2.9. En segundo lugar, encuentra la Sala que, contrario a lo aducido por el apelante 58,
lo enunciado en el acta del comité de cumplimiento del fallo de acción popular núm.
0069 de 2006 del Juzgado 34 Administrativo del Circuito de Bogotá, suscrita el 7 de
diciembre de 2010, no constituye una confesión, pues la confesión de las entidades
públicas no es válida, ni dicho documento contiene un informe rendido, bajo juramento,
por el representante legal del ente demandado59. Esta es una prueba documental que,
como tal, será valorada en conjunto con las demás pruebas practicadas, de acuerdo
con las reglas de la sana crítica60, sin que esté en discusión las personas de las que
emanaron, pues su autenticidad se presume, sin que obre prueba en contrario61.
2.10. Aclarado lo anterior, resulta pertinente entrar en el estudio de la responsabilidad
del IDU por el desconocimiento del principio de planeación en el sub lite. De
conformidad con el marco jurisprudencial expuesto anteriormente62, en este estudio se
analizará si las múltiples prórrogas del plazo de ejecución del contrato de obra núm.
110 de 2009 se originaron por la omisión de gestiones del IDU durante la fase
precontractual, que, de acuerdo con las posibilidades fácticas y jurídicas concretas,
evidenciaran desde la estructuración del contrato que se presentarían dilaciones y
escollos en su ejecución, los cuales pudieran evitarse con un estudio diligente por parte
del ente demandado.
57 Ibidem.
58 Aptados. 1.1.1.2 y 1.7.1.
59 CPACA. “Artículo 217. No valdrá la confesión de los representantes de las entidades públicas cualquiera que sea
el orden al que pertenezcan o el régimen jurídico al que estén sometidas. || Sin embargo, podrá pedirse que el
representante administrativo de la entidad rinda informe escrito bajo juramento, sobre los hechos debatidos que a
ella conciernan, determinados en la solicitud. El Juez ordenará rendir informe dentro del término que señale, con la
advertencia de que si no se remite en oportunidad sin motivo justificado o no se rinde en forma explícita, se impondrá
al responsable una multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes”. CGP. “Artículo
195. No valdrá la confesión de los representantes de las entidades públicas cualquiera que sea el orden al que
pertenezcan o el régimen jurídico al que estén sometidas. || Sin embargo, podrá pedirse que el representante
administrativo de la entidad rinda informe escrito bajo juramento, sobre los hechos debatidos que a ella conciernan,
determinados en la solicitud. El juez ordenará rendir informe dentro del término que señale, con la advertencia de
que si no se remite en oportunidad sin motivo justificado o no se rinde en forma explícita, se impondrá al responsable
una multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes (smlmv)”.
60 CGP. “Artículo 176. as pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica,
sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. […]”.
61 CGP. “Artículo 244. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado,
manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento. || Los
documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados,
firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos,
mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso. […]”.
62 Aptado. 2.6.
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2.10.1. Pues bien, como fundamento del aducido desconocimiento del principio de
planeación, la demandante acreditó, en este contencioso, que las cuatro (4) primeras
suspensiones del contrato de obra núm. 110 de 2009 y la primera prórroga del plazo
para su ejecución, que en su conjunto se extendieron por un lapso total de seis (6)
meses, fueron motivadas por la entrega tardía de un predio que Coldeportes había
cedido para la ejecución de la obra que este contrato tenía por objeto; circunstancia
que fue motivo de un pronunciamiento judicial en un proceso de acción popular fallado
en el año 2006 por el Juzgado 34 Administrativo del Circuito de Bogotá63 y que, de
acuerdo con las pruebas allegadas y practicadas en este proceso64, habría motivado
la suscripción tardía del contrato de obra núm. 110 de 2009.
No fue aportada, sin embargo, prueba alguna que acredite que el proceder de
Coldeportes pudiera preverse y evitarse, desde la fase contractual, impidiendo así
dichas suspensiones y prórroga, mediante estudios y gestiones del IDU, el cual es, por
demás, un órgano del orden distrital 65 , mientras que Coldeportes era un
establecimiento público del orden nacional 66 , razón por la cual no cabe atribuir la
omisión de Coldeportes al ente contratante. Particularmente, el demandante no dio
cuenta de las circunstancias fácticas ni jurídicas en las que fue proferida la sentencia
de acción popular cuyo cumplimiento fue objeto del acta que aportó, sin lo cual no es
posible concluir que el IDU hubiera desconocido el principio de planeación en la fase
previa a la suscripción del contrato de obra núm. 110 de 2009.
Cabe inferir, en sentido contrario, que la denegación de la entrega del predio por parte
de Coldeportes no fue el resultado de una omisión del IDU, pues, si bien, cuando inició
la ejecución del contrato estaba siendo tramitado el registro del acto traslaticio de
dominio de este predio en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos67, la entrega
material del predio no se dio por el cambio del director de Coldeportes, quien, tras su
posesión, decidió tomarse “un tiempo prudente no especificado para conocer el
proyecto y aprobar la entrega física del predio”68, hasta el punto de contemplarse la
necesidad de acudir a las vías judiciales para conseguir que el lote fuera entregado69.
2.10.2. Adicionalmente, se advierte que el consorcio demandante no acreditó que la
omisión de entregar el predio en cuestión le hubiera generado erogación alguna. Así
lo manifestó la interventoría del contrato de obra núm. 110 de 2009 al dar respuesta a
la reclamación presentada por el Consorcio Centro Barco después de que la obra
terminara, la cual, además, puso de presente que la suma por cánones de
63 Aptados. 2.7.4.1 a 2.7.4.8, y 2.7.6.
64 Aptado. 2.7.4.1.
65 Aptado. 2.4.2.
66 DECRETO 1230 DE 1995. “Artículo 2º. Naturaleza. El Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, es un
establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Educación Nacional dotado de personería
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, creado mediante el Decreto 2743 de 1968, y
organizado conforme a la Ley 181 de 1995 y demás disposiciones que lo regulen”.
67 Aptado. 2.7.4.1.
68 Aptado. 2.7.4.2.
69 Aptado. 2.7.4.8.
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arrendamiento solicitada era excesivamente alta70. Esta reclamación por el pago de
arrendamiento para el bodegaje de la estructura metálica del ciclo puente elaborado
por el Consorcio Centro Barco contrasta, por demás, con lo manifestado por el mismo
consorcio en la visita que tuvo lugar el 29 de septiembre de 2010, en cuya acta se dejó
constancia de que la estructura se encontraba en los talleres de una de las firmas71
que conformaban el consorcio, sin que este allegara, en este proceso, el material
fotográfico y videográfico que, como sustento de ello, se afirmó que fue recogido en
dicha visita72.
2.10.3. Ahora bien, se probó en este contencioso que las suspensiones y prórrogas al
plazo de ejecución del contrato de obra núm. 110 de 2009 convenidas después de que
el predio en que habían de ejecutarse las obras fue entregado por Coldeportes, se
extendieron por un periodo total de ciento ochenta y nueve (189) días ―sin tener en
cuenta aquellas prórrogas en las que fue convenida la exclusión de responsabilidad
por los costos que generaron73―, y que fueron ocasionadas, principalmente, porque:
(i) las autoridades distritales no estaban autorizando planes de manejo de tráfico, (ii)
el contratista necesitaba tiempo para la vinculación de personal, (iii) la temporada de
lluvias dificultaba los trabajos de movimiento de tierras, (iv) la modificación de diseños,
(v) la asignación de recursos adicionales para la implantación del proyecto en el talud
del costado Sur y las obras de espacio público en el costado Norte, porque el puente
tuvo que ser desplazado hacia el occidente, y la construcción de un cerramiento de la
zona de parqueaderos; y (vi) la dificultad en el suministro de materiales para las obras
del costado Sur por la temporada de lluvias74.
2.10.3.1. Una de las causas de las prórrogas referidas, en concreto, la necesidad de
contratar personal para la ejecución de los trabajos, es atribuible al consorcio
contratista, en razón de lo cual, de acuerdo con lo pactado75, los costos que generara
correrían por su cuenta.
2.10.3.2. Aparte, el trámite de los planes de manejo del tráfico era una contingencia
propia de este contrato, prevista desde el pliego de condiciones, en cuyo anexo técnico
se mencionó que “[…] es de resaltar que los planes de manejo de desvíos de tráfico y
de manejo ambiental o principio de gestión ambiental del IDU definitivos deben ser
aprobados por la autoridad competente”76; razón por la cual no cabe inferir que las
eventualidades que en su trámite tuvieran lugar fueran el resultado de un
70 Aptado. 2.7.8.
71 De acuerdo con lo consignado en el encabezado del contrato núm. 110 de 2009, el Consorcio Centro Barco
estaba “[…] integrado por ICAGEL LTDA, con un porcentaje del 50%, y Eduardo Garzón Alarcón, con un porcentaje
del 50%” (f. 1, c. 2, y f31, c. 3)
72 Aptado. 2.7.7.
73 Hechos 2.7.4.18 y 2.7.4.21, y aptados. 2.5 y 2.8.
74 Hechos 2.7.4.9, 2.7.4.11, 2.7.4.12, 2.7.4.14, 2.7.4.16, 2.7.4.18, 2.7.4.19 y 2.7.4.22.
75 Hecho 2.7.2.4.
76 F. 91 a 94, c. 3.
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desconocimiento del principio de planeación, pues este era un elemento de la
estructuración y planeación del negocio77.
2.10.3.3. No obra en el plenario, por demás, prueba alguna de que la temporada de
lluvias que dificultó los trabajos de movimientos de tierras y el suministro de materiales
fuera una circunstancia previsible desde la estructuración del contrato de obra núm.
110 de 2009, sin lo cual no puede inferirse que las suspensiones que por estas
circunstancias se pactaron fueran atribuibles a un déficit de planeación.
2.10.3.4. Las prórrogas y suspensiones al plazo de ejecución contractual se
ocasionaron, además, porque fue necesaria la modificación de los diseños, que
requirió la ejecución de mayores cantidades de obra, cuyo reconocimiento demandaba
la asignación de recursos que la entidad tardó en obtener. Estas circunstancias pueden
indicar un déficit de planeación del ente contratante, a partir del cual se podría
construirse un indicio, el cual, como lo ha precisado la Sala78, está conformado por un
raciocinio, en el que un hecho desconocido es inferido a partir de uno conocido, por lo
que su fuerza probatoria reside en la solidez del vínculo que une los dos hechos79. De
esta forma, se construye una prueba indirecta, que tiene una eficacia probatoria menor
que la de las pruebas directas, ya que, al presentarse un raciocinio intermedio en el
indicio, el hecho inferido pierde objetividad80-81.
Así, como la necesidad de modificar los diseños y la falta de recursos para el pago de
las deudas contraídas impiden que el objetivo de la contratación se cumpla sin
dilaciones, escollos ni situaciones indefinidas o inciertas, dichas circunstancia pueden
77 “Así, también, puede concluirse que no en todos aquellos casos en que, por ejemplo, la entidad estatal no ha
adquirido el derecho de dominio sobre los predios sobre los que se ha de construir una obra, se viola el principio
de planeación y por ende se vicia el contrato porque, de un lado, puede suceder que la adquisición ulterior sea
precisamente un elemento de la estructuración y planeación del negocio que no impide ni retarda la ejecución del
objeto contractual, o, de otro lado, que esa falta de adquisición del derecho de dominio de los predios no tenga
incidencia en la ejecución de la obra, es decir que no sea un factor determinante de la inejecución del contrato o
del excesivo retardo en su ejecución”. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 10
de diciembre de 2015, exp. 51489.
78 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 28 de junio de 2019, exp. 44473.
79 FRAMARINO DEI MALATESTA, N, (1992), Lógica de las Pruebas en Materia Criminal, volumen I, Temis, Bogotá,
p. 255.
80 “Por medio de la simple percepción de la prueba directa se afirma su eficacia objetiva; pero no puede sostenerse
la eficacia de la prueba indirecta sino pasando, mediante raciocinio, de su percepción a la del delito. || De todo lo
que hemos venido diciendo sobre la diversa participación de la mente al apreciar las pruebas, resulta clara la
superioridad de las pruebas directas, en general, sobre las indirectas, ya que las primeras, por poseer, de modo
natural, eficacia objetiva, y por su mayor facilidad de apreciación, están menos sujetas a errores que las segundas”.
FRAMARINO DEI MALATESTA, N, (1992), Lógica de las Pruebas…, pp. 189 y 190.
81 La profesora Marina Gascón Abellán, quien no comparte la postura de que las pruebas directas demuestran, de
forma espontánea y sin necesidad de inferencias, un hecho, señala: “Otra cosa es si puede afirmarse –como sucede
con frecuencia- que el valor probatorio de la prueba directa es muy grande y el de la indirecta siempre pequeño o
en todo caso inferior a aquél, al punto de sostener que una prueba directa, por si sola, es apta para fundar la
decisión del juez sobre el hecho principal que se pretende probar, mientras que una prueba indirecta, por si sola,
no es apta para fundar esa decisión, sino que opera como un elemento más que permite al juez inferir una hipótesis
sobre aquel hecho. Podría decirse a este respecto que, ciertamente, el valor probatorio de la prueba directa (una
aserción verificada sobre el hecho principal que se pretende probar) es tendencialmente mayor que el de la indirecta
(una aserción verificada sobre un hecho circunstancial), porque con la prueba directa no se requiere ninguna
inferencia más para probar el hecho principal mientras que para probar este hecho con una prueba indirecta exige
siempre inferencias suplementarias (…)”. GASCÓN ABELLÁN, M, (2014), Cuestiones Probatorias, Universidad
Externado de Colombia, Bogotá, pp. 49 y 50.
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configurar un indicio de la trasgresión del principio de planeación82. Pero, de acuerdo
con lo precisado por la misma jurisprudencia, la trasgresión a este principio se produce
cuando esas circunstancias hubieran podido prevenirse, con el estudio diligente de las
necesidades del servicio, de las opciones para satisfacerlas, de las especificaciones
de los bienes o de los trabajos que tiene por objeto, de la disponibilidad de recursos
para su ejecución, y de los permisos, autorizaciones o licencias requeridos. Por ende,
para determinar que se configura un quebrantamiento del principio de planeación, es
necesario conocer si, de acuerdo con las circunstancias concretas de cada asunto, un
estudio diligente en la elaboración del pliego de condiciones hubiera podido evitar que
se dieran los hechos que impidieron una ejecución del objetivo contractual sin
dilaciones, escollos ni situaciones indefinidas o inciertas.
De esta forma, el indicio de la trasgresión del principio de planeación que puede
inferirse a partir de la modificación de diseños de la obra contratada y la falta de
recursos para su pago que impidió la ejecución del objeto contractual sin escollos ni
situaciones indefinidas no es más que contingente83, pues se desconocen las razones
que dieron lugar a la modificación de los diseños; razones, a partir de las cuales, podría
afirmarse, con una inferencia adicional —sin sustento probatorio— que esta
modificación del diseño y la falta de recursos para su pago pudiera haberse evitado
con los recursos fácticos y jurídicos disponibles cuando el contrato fue estructurado,
desconociéndose así el principio de planeación. Fueron pues acreditados unos hechos
de acuerdo con los cuales cabe inferir, tan sólo como posible, que el IDU haya
desconocido el principio de planeación en la estructuración del contrato de obra núm.
110 de 2009. Esta posibilidad permite estructurar un indicio, de naturaleza puramente
contingente, con fundamento en el cual no puede fundarse un juicio de imputación de
la responsabilidad por incumplimiento de este principio84.
82 Aptado. 2.6.
83 “Así las cosas, una vez construida la prueba indiciaria, el juez deberá valorarla teniendo en cuenta su gravedad,
concordancia, convergencia y relación con los demás medios de prueba que obren en el proceso. Para efecto de
establecer su gravedad, la doctrina ha clasificado los indicios en necesarios y contingentes, entendiendo como
necesarios, aquellos que de manera infalible muestran la existencia o inexistencia de un hecho que se pretende
demostrar, o revelan en forma cierta la existencia de una constante relación de causalidad entre el hecho que se
conoce y aquel que se quiere demostrar y son, por lo tanto, sólo aquellos que se presentan en relación con ciertas
leyes físicas, y como contingentes, los que revelan de modo más o menos probable cierta causa o cierto efecto.
Estos últimos son clasificados como graves o leves, lo cual depende de si entre el hecho indicador y el que se
pretende probar existe o no una relación lógica inmediata. […] La concordancia hace referencia a los hechos
indicantes. Se predica esa característica cuando los mismos ensamblan o se coordinan entre sí; en tanto que la
convergencia se refiere al razonamiento lógico que relaciona esos hechos para determinar si esas inferencias o
deducciones confluyen en el mismo hecho que se pretende probar.[…] Tal y como lo advirtió el Ministerio Público
en esta instancia, este tipo de probanza exige el establecimiento de una conexión con una característica fáctica, de
modo que ésta se vincula con una regla de experiencia y de ahí se deriva la conclusión esperada (Döhring). Y en
el sub lite, los hechos indicadores enunciados no permiten, con el auxilio de la experiencia, deducir la existencia
fáctica que se pretende esclarecer por vía de este tipo de prueba”. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera,
sentencia del 3 de octubre de 2007, exp. 9286. En el mismo sentido: sentencias del 2 de mayo de 2007 exp. 15700;
y del 10 de marzo de 2011, exp. 18722.
84 “[L]a Sala estima pertinente aclarar que, conforme a lo anterior, la medida de aseguramiento no se fundamentó
en dos indicios graves en contra del investigado, sino por la existencia de una prueba testimonial directa, que tiene
mayor mérito probatorio que dichos indicios. Como lo ha precisado la doctrina, la prueba indiciaria está conformada
por un raciocinio, en el que un hecho desconocido es inferido a partir de uno conocido, por lo que su fuerza
probatoria reside en la solidez del vínculo que une los dos hechos. Así pues, se presenta un indicio grave cuando
existe una clara relación de causalidad probable entre el hecho conocido y el desconocido, como lo ha explicado la
jurisprudencia contencioso-administrativa, haciendo suyas las palabras de la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia. Sin embargo, aun cuando se trate de un indicio grave, los indicios han sido clasificados,
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2.10.4. Además, como lo advirtió la interventoría del contrato de obra núm. 110 de
200985, la reclamación económica presentada por el Consorcio Centro Barco carecía
de fundamento, pues no acreditó que la mayor permanencia en obra le haya
ocasionado perjuicio alguno. El único elemento de juicio que trajo a este contencioso,
para determinar el perjuicio cuyo resarcimiento pretende el consorcio demandante,
reside en un documento, suscrito por alguien que dijo ser contador público, para
“certificar”:
“Que el Consorcio Centro Barco, en la ejecución del [c]ontrato suscrito con el Instituto
de Desarrollo Urbano, cuyo objeto fue: LA CONSTRUCCIÓN DE UN (1)
CICLOPUENTE UBICADO EN LA AVENIDA CALLE 63 ENTRE LA BIBLIOTECA
VIRGILIO BARCO Y EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO, EN BOGOTÁ D.C.,
incurrió en costos y gastos necesarios para una buena ejecución del contrato, razón
por la cual se vio en la obligación de utilizar recursos de caja de terceros, y es así como
a la fecha adeuda al [c]onsorciado Eduardo Garzón Alarcón, identificado con C.C.
14.218.841 de Ibagué, la suma de $150.000.000, suma que recibió el Consorcio en
calidad de préstamo en [j]unio 1 de 2001, a una tasa de interés nominal de 2.5%
mensual, para unos intereses totales liquidados al 28 de febrero de 2015, por valor de
$164.750.000”86.
Al punto, resulta oportuno recordar87 que, para determinar la eficacia probatoria de la
prueba contable, debe tenerse en cuenta el artículo 2° de la Ley 43 de 1990, conforme
al cual las actividades relacionadas con la ciencia contable abarcan “[…] todas
aquellas que implican organización, revisión y control de contabilidades, certificaciones
y dictámenes sobre estados financieros, certificaciones que se expidan con
fundamentos [sic] en los libros de contabilidad, revisoría fiscal prestación de servicios
de auditoría, así como todas aquellas actividades conexas con la naturaleza de la
función profesional del Contador Público, tales como: la asesoría tributaria, la asesoría
gerencial, en aspectos contables y similares”. En línea con lo anterior, la
jurisprudencia 88 ha precisado que el contador público, al ejercer la ciencia de la
contabilidad, concentra sus funciones en asesorar a los particulares para cumplir la
obligación de llevar el registro pormenorizado de sus actividades, así como una
relación de sus estados financieros, “pues ello es requisito fundamental para el manejo
doctrinal y jurisprudencialmente, dentro de las pruebas indirectas, que tienen un menor valor probatorio que las
directas, ya que, al presentarse un raciocinio intermedio en la prueba indirecta, esta pierde objetividad”. CONSEJO
DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 28 de junio de 2019, exp. 44473.
85 Hecho 2.7.8.
86 F. 58, c. 2.
87 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 13 de marzo de 2024, exp. 66705.
88 “[…] el Contador Público colabora y asesora al particular en el cumplimiento de sus obligaciones contables y
tributarias. En relación con este aspecto de la profesión, y teniendo en cuenta que algunos particulares -en especial
los comerciantes- tienen el deber de llevar un registro pormenorizado de sus actividades y una relación fiable de su
estados financieros, constituye función primordial de los contadores públicos la de coordinar y asesorar a los
mismos en el cumplimiento adecuado de dichos compromisos, pues ello es requisito fundamental para el manejo
regular de los negocios y para la seguridad y efectividad de las relaciones jurídicas que surjan con ocasión de los
mismos. || En segundo término, y como quiera que la situación individual de los particulares repercute en ámbitos
externos que involucran el interés público, es función también del Contador Público garantizar la veracidad de la
información relacionada con el patrimonio de dichos particulares, que pueda ser requerida y utilizada por el Estado
o por terceros en el giro ordinario de sus negocios”. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-645 del 13 de agosto
de 2002.
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regular de los negocios y para la seguridad y efectividad de las relaciones jurídicas que
surjan con ocasión de los mismos”.
En este caso, el documento allegado a modo de certificación contable no tiene esta
naturaleza, pues no se acreditó que quien lo suscribió fuera efectivamente contador
público. Este documento, además, no denota el ejercicio de las actividades
relacionadas con la ciencia contable, pues el resultado de los intereses que habrían
sido pagados carece de una explicación pormenorizada de las fuentes contables en
las que se basó. Tampoco refirió información de libros contables, ni de documentos
comerciales o técnicos que acreditaran lo afirmado, circunstancia ésta de orfandad de
respaldo, que se acrecienta en la medida en que el consorcio demandante no allegó
prueba directa del préstamo que dijo haber tomado del representante legal del mismo
consorcio. Por tanto, el documento allegado carece de eficacia probatoria para
demostrar el perjuicio cuya indemnización pretende el consorcio demandante.
2.11. En este orden de ideas, se impone una respuesta negativa al problema
jurídico analizado, pues el demandante no honró la carga 89 de probar que el IDU
desconoció el principio de planeación en la estructuración del contrato de obra núm.
110 de 2009, ni que la mayor permanencia en la ejecución de ese contrato le hubiera
irrogado los perjuicios cuyo pago reclama, con lo cual se confirma la denegación de
las pretensiones segunda y siguientes de la demanda.
2.12. Ahora, le asiste razón al recurrente, en cuanto adujo, como cargo restante de la
alzada, que el a quo negó sin motivación la pretensión de ordenar la liquidación del
contrato de obra núm. 110 de 200990. Por ende, de acuerdo con la pretensión primera
y lo aducido como fundamento de ella en la demanda 91 , procederá la Sala a dar
respuesta al siguiente problema jurídico:
¿Debe ser condenado el IDU a liquidar el contrato de obra núm. 110 de 2009,
con el reconocimiento del pago de $200.000.000 al Consorcio Centro Barco, de
acuerdo con el acta de recibo final de obras?
2.13. Pues bien, el ordenamiento jurídico faculta a los sujetos de derecho privado y
público para regular sus relaciones jurídicas con fuerza vinculante 92 , la cual se
concreta en el derecho a exigir jurisdiccionalmente la prestación debida o la
indemnización de los perjuicios que su incumplimiento ocasione 93 .
Consecuentemente, faculta a las partes contratantes para poner fin a las divergencias
presentadas en la ejecución del contrato, para poder declararse a paz y salvo 94, y a la
Administración, singularmente, para liquidarlo en forma unilateral mediante acto con
89 CGP. “Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. […]”.
90 Aptado. 1.7.3.
91 Aptados. 1.1 a 1.1.2.
92 Artículos 1494 y 1602, Código Civil; y artículos 32 y 40, Ley 80 de 1993.
93 Artículos 1605, 1610 y 1612, Código Civil; y artículos 50 y 52, Ley 80 de 1993.
94 Artículo 60, Ley 80 de 1993.
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fuerza ejecutiva cuya validez se presume95; facultad esta que, como prerrogativa de
poder que es96, se desprende del ordenamiento jurídico, no del contrato, según el tenor
literal del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, que no sujeta esta facultad a estipulación
contractual, como lo hace, por ejemplo, con las facultades excepcionales en los
contratos en los cuales su pacto se admite 97 . Los contratantes están habilitados
únicamente para definir el plazo en el que la liquidación debe ser convenida o decidida.
La mera existencia de un negocio jurídico sujeto al Estatuto General de Contratación
de la Administración Pública (“EGCAP”) es pues el supuesto factico que, conforme a
la ley, origina la facultad de la Administración de liquidarlo unilateralmente, mas no su
estipulación expresa en el contrato.
Como la liquidación no es pues, en el EGCAP, una prestación de hacer que habilite al
acreedor para solicitar que se apremie al deudor incumplido a ejecutarla o a que sea
autorizado el acreedor para ejecutarlo él mismo a costas del deudor 98 , no es
procedente la pretensión de que se ordene al IDU liquidar el contrato de obra núm.
110 de 2009, contenida en la demanda. Cabe, sin embargo, sin desquiciar la
pretensión primera de la demanda, analizar si el IDU debe ser condenado a pagar el
monto que le adeudaría al Consorcio Centro Barco, conforme al acta de recibo del
contrato de obra núm. 110 de 2009, como garantía de los principios pro actione y pro
damato99, pues, en definitiva, el actor ha buscado en este contencioso el pago de las
sumas referidas en la denominada acta final de recibo de obra.
2.14. Para determinar si el IDU debe ser condenado al pago de las sumas referidas en
el acta de recibo del contrato de obra núm. 110 de 2009, fueron acreditados, en este
proceso, los siguientes hechos relevantes:
2.14.1. En el contrato de obra núm. 110 de 2009100, el IDU y el Consorcio
Centro Barco estipularon que:
2.14.1.1. El 95% del valor de la construcción se pagaría (cláusula 3), en cinco
(5) pagos parciales mensuales, a precios unitarios, “previa presentación de
actas mensuales […] de acuerdo con el programa de obra y de pagos
aprobados por la Interventoría y el IDU”, debiendo ser verificado el avance del
programa por la interventoría. El 5% restante de las obras de construcción sería
pagado “previa suscripción del Acta de Recibo Final de las obras”101.
95 Artículo 11, Ley 1150 de 2007; y artículo 99.3, CPACA.
96 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia unificación de 9 de mayo de 2024, exp. 53962.
97 Artículo 14.2, Ley 80 de 1993.
98 Artículo 1610, Código Civil.
99 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, auto de unificación de 1 de agosto de 2019, exp. 62009.
100 F. 31 a 44, c. 3.
101 Estipulación que, en lo referido, se mantuvo pese a la modificación de la que fue objeto mediante el otrosí núm.
1 (f.53-54, c. 3), en el que se estipuló que: “Primera. Se modifica el literal ‘a)’ de la cláusula 3 [sic] la forma de pago,
la que quedará así: || ‘CLÁUSULA 3. FORMA DE PAGO… a) Hasta un noventa y cinco por ciento (95%) del valor
total de la construcción, incluyendo AIU, se pagarán a precio unitario en pagos parciales mensuales los cuales
incluirán la amortización del anticipo, previa presentación de actas mensuales por parte del Contratista según
avance de obra ejecutada, de acuerdo con el programa de ejecución de obra y de pagos aprobado por la
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El valor global de la gestión ambiental y para el manejo de tráfico serían
pagados en proporción al avance de las obras, conforme a la evaluación
realizada por la interventoría. Mientras, el valor global para la gestión social se
pagaría, mensualmente, dividiendo su precio por el número de meses de la
etapa de construcción. Y el valor para la compensación silvicultural sería
cancelado, de acuerdo con lo cuantificado por la interventoría, a partir de una
verificación de campo (cláusula 3).
Con cada factura, el contratista debía presentar certificación de cumplimiento
de las obligaciones laborales, pagos de seguridad social y parafiscales, que
serían “requisito indispensable para la realización de cada pago”. Estos
documentos debían ser avalados por el interventor y la Dirección Técnica de
Construcciones del IDU. En todo caso, las partes acordaron: “[e]l contratista de
obra responder[ía] por los costos que genera[ran] las prórrogas o suspensiones
del contrato de Interventoría, imputables a él, por lo cual el IDU descontará de
las actas de obra los montos correspondientes” (cláusula 3).
2.14.1.2. En la cláusula 14, las partes contratantes convinieron que el IDU
contaría con un interventor, “[…] quien se encargar[ía] de vigilar el desarrollo,
ejecución y cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del
contratista y har[ía] cumplir las disposiciones del IDU y demás normas legales,
de acuerdo con las especificaciones del contrato y el Manual de Interventoría
del IDU […], sin que esta interventoría releve al Contratista de su
responsabilidad”.
2.14.3. El veintinueve (29) de diciembre de dos mil once (2011), las partes
suscribieron el “ACTA No. 23 DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE
OBRA”102. En este documento, las partes dejaron constancia de la “terminación
del plazo del contrato de obra” núm. 110 de 2009, y detallaron el estado de las
obras en ese momento, de la siguiente manera:
“OBRAS CONTRACTUALES PENDIENTES DE TERMINACIÓN O RECIBO POR
CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES:
ESTRUCTURA DEL CICLOPUENTE:
Remates de concreto y de baranda. Remates en: la pintura de acabado; de las placas
de piso, de elementos doblados, de un clevise [sic] roto, baranda de separador, de la
estructura de la rampa metálica de inicio del costado sur; terminación del bordillo
especial del separador.
COSTADO NORTE:
interventoría y el IDU. La interventoría deberá verificar el cumplimento de dicho programa para aprobar el pago
correspondiente”.
102 F. 132, c. 3.
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ESPACIO PÚBLICO: Terminación de adoquín de arcilla, concreto y bordillos.
Cerramiento: falta instalación de alambre de púas empalme en el costado noreste y
pintura. Alumbrado público: falta remates de cajas y terminar instalación de tuberías.
ESCALERA EN CONCRETO: falta fundir concreto. CICLORRUTA: Falta asfalto en
costado norte (empalmes). Ensayos de concretos hechos en obra.
COSTADO SUR:
Nivelación con B-200 en escalera. ESPACIO PÚBLICO: falta instalación de adoquín en
arcilla y concreto, bordillos y cañuelas. Falta fundir escalera en concreto. Falta siembra
de grama sobre talud. Falta imprimación y asfalto en rampa. ALUMBRADO PÚBLICO:
Falta cajas y colocación de tubería. Ensayos de concretos y hechos en obra.
OBRAS ADICIONALES NECESARIAS PARA EL RECIBO DEL PROYECTO:
Resultaron obras adicionales indispensables para la puesta en servicio del proyecto
que se encuentran pendientes de ejecutar o faltan por terminar de ejecutar como:
Falta: Prueba de caga estática y dinámica a la superestructura, mortero de nivelación
(grouting), luminarias y brazos del Centro de Alto Rendimiento.
Falta por terminar las siguientes actividades: sistema puesta a tierra, caja de inspección
para geodren [sic] vial, pañete liso en rampa en concreto, pasantes en tubería de aguas
lluvias de 4’’, realce de una cámara (placa superior), piso puente peatonal en lámina
de aluminio (3 pasos) y cintas de ajuste”.
2.14.4. A través de comunicaciones103 de 9 de marzo y 10 de septiembre de
2012, la interventoría del contrato de obra núm. 110 de 2009 le solicitó al
Consorcio Centro Barco información necesaria para reconocer las obras
pendientes en el acta de terminación del contrato, proceder a suscribir el acta
de recibo final y, finalmente, liquidar el contrato.
2.14.5. Con escritos104 radicados el 21 de marzo, el 28 de abril de 2013 y el 5
de junio de 2014, la interventoría le solicitó al Consorcio Centro Barco
documentos necesarios para la liquidación del contrato de obra núm. 110 de
2009. Mediante escrito105 radicado el 11 de marzo de 2014, la interventoría del
contrato núm. 110 de 2009 le envío al IDU algunos de los documentos
requeridos para la liquidación del contrato.
2.14.6. En el expediente obran dos documentos106 denominados como “ACTA
No. 26 DE RECIBO FINAL DE OBRA” con fecha del 25 de julio de 2014[107],
con contenido disímil, que fueron firmados únicamente por el representante
legal del interventor del contrato.
103 F. 155 a 177, c. 3.
104 F. 145, 149, 154, c. 2.
105 F.146, c. 2.
106 F. 104-105, c. 1; y F. 76-85, c. 2.
107 Una de estas, remitida por el interventor del contrato al Consorcio mediante oficio CPU-009-14 del 23 de julio
de 2014: f. 103, c. 1.
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2.14.6.1. En uno de estos documentos 108 , fueron referidos los convenios
modificatorios suscritos, tras lo cual, en el apartado referente al aspecto
económico del contrato, se consignó únicamente:
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $2.772.565.702
C. VALOR ADICIONES
CONTRATO ADICIONAL No. Valor ($)
Uno (1) $84.155.941
Acta 7 mayores cantidades $815.844.059
Acta 22 mayores cantidades $169.000.000
Valor actual del contrato $3.841.565.702
2.14.6.2. En el otro documento que obra en el expediente con el mismo título y
fecha109, además de lo anterior, se especificó que “el recibo de las obras se hizo
hasta el 2 de mayo de 2012 debido a que a la fecha de terminación del plazo,
29 de diciembre de 2012, el IDU informó que se autorizaba la ejecución de
mayores cantidades de obra por un valor de $169.000.000, obras que fueron
ejecutadas entre la fecha de terminación del plazo contractual y la de recibo de
las obras”. A continuación, fueron especificados los ítems de “obra ejecutada” y
su precio, a partir del cual se concluyó:
SUBTOTAL ACTIVADES EJECUTADAS POR CONSULTORÍA $19.998.876
SUBTOTAL OBRA EJECUTADA $3.629.242.246
SUBTOTAL OTROS VALORES GLOBALES $88.859.297
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA $3.718.101.543
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS $185.040.517
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA CON AJUSTES $3.903.142.060
Este documento refiere que no fue autorizado el pago de obras con un valor de
$18.861.157, por no cumplir con las especificaciones convenidas, ante lo cual,
el contratista manifestaría no estar de acuerdo, porque se habrían realizado
pruebas que acreditarían el cumplimiento de especificaciones, a lo que la
interventoría replicaba que el contratista habría variado tales especificaciones
sin autorización.
Tras ello, se consignó en el documento lo siguiente:
“La interventoría no tiene objección [sic] al cumplimiento de las obligaciones del
Contratista sobre el buen manejo del anticipo cubierto por la garantía única.
El contrato asigna un valor de $109.695.166 [a] los ajustes establecidos en la cláusula
6 de[l] contrato DU-110-09 estimados sobre un plazo de la obra de de [sic] cinco meses,
sin embargo por diferentes razones se suscribió una adición y dos Actas de Mayores
Cantidades de Obra que ampliaron el plazo del contrato a veinte meses. Por lo anterior,
108 F. 104-105, c. 1.
109 F. 76-85, c. 2.
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el valor de los ajustes ascendió a la suma de $185.040.517 y es necesario obtener una
disponibilidad presupuestal para cubrir el saldo que corresponde a la suma de
$75.345.351.
[…] Una vez realizada la inspección total de la obra, por parte del contratista y del
interventor, se constató que a la fecha 2 de mayo de 2012 los trabajos recibidos se
encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el
contrato. En consecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva de la obra
ejecutada a la interventoría y esta la recibe. Las cantidades de obra indicadas en la
presente acta de recibo […] y la calidad de las mismas son de absoluta responsabilidad
del contratista e interventor.
Las partes acuerdan que el valor pendiente de pago al contratista [sic] discriminado en:
$69.091.1587 (incluido AIU) por obras ejecutadas y $77.406.836 por ajustes, para un
total de $146.497.993; se pagará una vez el Contratista cumpla con la actualización de
pólizas y entrega de todos los documentos establecidos en el contrato.
El recibo de los trabajos terminados, no releva al Contratista ni al interventor de sus
responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia y contrato y las normas
legales vigentes”.
2.15. Pues bien, como lo ha precisado esta Subsección, la firma identifica la autoría
jurídica de un documento110. Nótese que no se trata únicamente de la autoría material,
sino jurídica, es decir, de acuerdo con las facultades, obligaciones o derechos que el
ordenamiento jurídico le confiere o asigna a su autor. De esta forma, al rubricar los
documentos denominados “acta de recibo” del contrato de obra núm. 110 de 2009, el
interventor ejerció las facultades que de dicho contrato se desprenden de forma
inmediata, las cuales consistían en vigilar el desarrollo, la ejecución y el cumplimiento
de las obligaciones a cargo del contratista, y verificar el avance del programa de obras,
como condición para el pago de la prestación a cargo del IDU111. Mientras, el “informe
de registro financiero del contrato”112, mencionado por el a quo113, no da cuenta de las
cifras y cantidades que refiere, pues no fue suscrito por sujeto alguno.
Ahora, las “actas de recibo” fueron suscritas por el interventor del contrato de obra
núm. 110 de 2009 en ejercicio de sus facultades, no puede pasarse por alto que el
110 “La certeza sobre un hecho requiere motivos, basados en la razón y la experiencia, que fundamenten la
convicción que se tenga sobre la correspondencia entre un hecho y la idea que sobre el mismo existe, y que
permitan rechazar hipótesis contrarias. Así pues, cuando en un documento consten el nombre, la posición e,
incluso, la firma de su autor, deben existir razones empíricas e intelectivas para afirmar que, en efecto, su autoría
corresponde a la consignada, para que exista certeza de la misma y, en consecuencia, el documento pueda
considerarse auténtico. Esta constatación, sin embargo, no es necesaria cuando en un proceso se esgriman
documentos públicos expedidos en Colombia, […]. Es por ello que, como signatura autógrafa del documento, la
firma cobra importancia para identificar a su autor jurídico, cuando se trate de documentos públicos escritos, salvo
periódicos o publicaciones oficiales. La firma es además necesaria para determinar la verdad de lo consignado en
el documento y, más concretamente, la verdad extrínseca, esto es, “el estado de real conformidad del escrito con
la forma en que salió de las manos del autor al cual se atribuye, y su pertenencia a este último”. Cabe recordar que,
si bien fueron suprimidos los sellos para el otorgamiento y trámite de documentos, así como la firma del secretario
de la entidad, no ocurrió lo mismo con la firma del funcionario competente, que –según el artículo 11 y 12 del
Decreto 2150 de 1995– es suficiente para la expedición de documentos en desarrollo de actuaciones de la
administración pública, pudiendo además los jefes de las entidades hacer uso de medios mecánicos de firma”.
CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 31 de enero de 2020, exp. 42037.
111 Hechos 2.14.1.1 y 2.14.1.2.
112 Folios 136 y 137, c. 3
113 Aptado. 1.6.5.
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pago del 5% del precio de los ítems de obra, que, de acuerdo con la segunda “acta de
recibo” referida anteriormente114 equivale a $181.462.112 ―cifra superior a aquella
cuyo pago estaría pendiente según el mismo documento― no estaba sujeto
únicamente a la verificación de la interventoría, sino también a la suscripción del acta
de recibo final115, a cuya rúbrica estaba obligado el contratista116. Sin embargo, de
acuerdo con lo considerado anteriormente, al interventor era a quien le correspondía
vigilar el desarrollo, la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del
contratista, razón por la cual su firma al acta de recibo, como autor jurídico de dicho
documento, daba cuenta de la ejecución satisfactoria de las obras contratadas, por un
monto de $181.462.112.
La firma del acta de recibo por el contratista no era, en todo caso, un hecho irrelevante,
puesto que, de acuerdo con la cláusula 7 del contrato núm. 110 de 2009 117, como
requisito que era para el pago, determinaba su exigibilidad, con la cual se configura la
mora; exigibilidad que, por lo tanto, fue postergada hasta el momento en el que fue
presentada la demanda en este contencioso, con la cual, al pretender el pago de las
sumas reconocidas en el acta de recibo, el Consorcio Centro Barco manifestó de forma
tácita su aquiescencia con su contenido. Por lo tanto, lo intereses moratorios cuyo
pago pretende el contratista, serán liquidados desde el nueve (9) de marzo de dos mil
quince (2015), cuando fue presentada la demanda en este proceso118.
En la operación de liquidación de intereses, realizada de acuerdo con la metodología
adoptada por esta Sección119, de acuerdo con la tasa de interés del 12% anual120, el
artículo 4.8 de la Ley 80 de 1993121, en conjunto con el artículo 1 del Decreto 679 de
1994122, pues esta fue la tasa moratoria pactada en la cláusula 7 del contrato núm. 110
de 2009 para el ente contratante.
114 Hecho 2.14.6.2.
115 Hecho 2.14.1.1.
116 Hecho. 2.7.2.6.
117 “7. INTERESES DE MORA. De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes acuerdan que el contratista
indicará en sus facturas que el IDU deberá pagar las sumas pactas dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles
siguientes a la radicación de la orden de pago debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los anexos
exigidos por el Instituto para su radicación) y aprobada por el IDU. Cuando el IDU no cancele al contratista las
sumas pactadas, dentro del término anteriormente previsto, reconocerá como intereses de mora la tasa equivalente
al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado con base en el IPC certificado po el DANE, teniendo
en cuentea lo establecido por el numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993”. F. 34, reverso, c. 3.
118 F. 2-26, c. 1.
119 Sentencia del 29 de enero de 2004, exp. 10779; reiterada, por esta Subsección, en sentencia del 2 de julio de
2021, exp. 51163, entre otras.
120
Esto es, el doble del interés legal civil actualmente precisado en el 6% anual según el artículo 1617 del Código Civil.
121 “ARTÍCULO 4o. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Para la consecución
de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales: […] 8. Adoptarán las medidas necesarias para
mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y
financieras existentes al momento de proponer en los casos en que se hubiere realizado licitación, o de contratar
en los casos de contratación directa. Para ello utilizarán los mecanismos de ajuste y revisión de precios, acudirán
a los procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos si fracasan los supuestos o hipótesis para la
ejecución y pactarán intereses moratorios. || Sin perjuicio de la actualización o revisión de precios, en caso de
no haberse pactado intereses moratorios, se aplicará la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre
el valor histórico actualizado”.
122
“Artículo 1°- De la determinación de los intereses moratorios. Para determinar el valor histórico actualizado a que se refiere el
artículo 4, numeral 8 de la Ley 80 de 1993, se aplicará a la suma debida por cada año de mora el incremento del índice de precios
al consumidor entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año anterior. En el evento de que no haya transcurrido un año completo
o se trate de fracciones de año, la actualización se hará en proporción a los días transcurridos.”
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Días Variación anual Tasa de
Fecha inicial Fecha final Valor Capital actualizado Intereses
transcurridos del IPC interés
9/03/2015 31/12/2015 292 $181.462.112 5,49 $191.424.382 9,73 $18.625.592
1/01/2016 31/12/2016 360 $191.424.382 5,75 $202.431.284 12,00 $24.291.754
1/01/2017 31/12/2017 360 $202.431.284 4,90 $212.350.417 12,00 $25.482.050
1/01/2018 31/12/2018 360 $212.350.417 3,18 $219.103.160 12,00 $26.292.379
1/01/2019 31/12/2019 360 $219.103.160 3,80 $227.429.080 12,00 $27.291.490
1/01/2020 31/12/2020 360 $227.429.080 1,61 $231.090.688 12,00 $27.730.883
1/01/2021 31/12/2021 360 $231.090.688 5,62 $244.077.985 12,00 $29.289.358
1/01/2022 31/12/2022 360 $244.077.985 13,12 $276.101.017 12,00 $33.132.122
1/01/2023 31/12/2023 360 $276.101.017 9,80 $303.158.916 12,00 $36.379.070
1/01/2024 31/06/2024 181 $303.158.916 4,12 $315.649.064 6,03 $19.033.639
$267.548.337
Por lo tanto, de acuerdo con lo considerado en precedencia, IDU será condenado al
pago de doscientos sesenta y siete millones quinientos cuarenta y ocho mil trescientos
treinta y siete pesos ($267.548.337).
III. COSTAS
Como el proceso se desarrolló en vigencia del Código General del Proceso (“CGP”),
es decir, luego del 1° de enero de 2014[123], la condena en costas será tratada bajo sus
reglas. De acuerdo con los artículos 365.1 y 366 el CGP, se condenará en costas a la
parte vencida en el proceso, y estas serán liquidadas por la secretaría del juzgador de
conocimiento en primera instancia, incluyendo las agencias en derecho que fije el juez,
conforme a las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura. En
consecuencia, el IDU será condenado en costas y, tendiendo en cuenta la naturaleza,
calidad y duración de la gestión realizada por consorcio demandante, en este proceso,
la Sala fijará unas agencias en derecho correspondientes al 1% del monto de las
pretensiones, de acuerdo con el numeral 3.1.3 del Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo
Superior de la Judicatura.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el Magistrado
Nicolás Yepes Corrales.
SEGUNDO: REVOCAR la sentencia del diecisiete (17) de agosto de dos mil diecisiete
(2017), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, en este proceso; y, en su lugar, CONDENAR al Instituto de Desarrollo
Urbano (IDU) al pago de doscientos sesenta y siete millones quinientos cuarenta y ocho
123 CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto del 25 de junio de 2014. Rad. núm.
25000-23-36-000-2012-00395-01(49299).
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Demandante: Consorcio Centro Barco
mil trescientos treinta y siete pesos ($267.548.337); y NEGAR las demás pretensiones
de la demanda, de acuerdo con los razonamientos expuestos en esta providencia.
TERCERO: CONDENAR en costas al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), con unas
agencias en derecho del 1% del valor de las pretensiones de la demanda.
QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, una vez esta providencia
esté en firme.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado Magistrado
Aclaración de voto Firmado electrónicamente
Firmado electrónicamente
VF
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