Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-36-000-2015-00827-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-36-000-2015-00827-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-36-000-2015-00827-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
31 de marzo de 2022
Radicado: 25000-23-36-000-2015-00827-01 (25969)
Demandante: Contraloría Departamental de Amazonas
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-36-000-2015-00827-01 (25969)
Demandante CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL AMAZONAS
Demandado DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
Temas Medio de control de simple nulidad contra actos
administrativos de carácter particular. Procedencia
excepcional. Caducidad. Legitimación en la causa por activa.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Contraloría Departamental
del Amazonas contra la sentencia del 24 de agosto de 2016, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B1, que decidió:
«PRIMERO: DECLARAR la caducidad del medio de control de Nulidad y Restablecimiento
del Derecho dentro del proceso de la referencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Contra la presente sentencia procede el recurso de apelación, en los términos
dispuestos en el artículo 243 y 247 del C.P.A.C.A.»2.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
José Ignacio Quintero Corzo, la Comercializadora Herby Ltda. (representada
legalmente por Hernando Huertas Medina) e Inversiones y Construcciones B.G.B.
E.U. (representada legalmente por Beatriz Góngora Bonilla) conformaron el
Consorcio La Chorrera.
El Departamento de Amazonas y el Consorcio La Chorrera suscribieron el Contrato
de Obra Pública Nro. 000788 el 25 de junio de 2010. Durante su ejecución, la
entidad territorial realizó los pagos pactados en el negocio jurídico, sobre los cuales
descontó el valor correspondiente al impuesto de industria y comercio, la Estampilla
Prodesarrollo, la Estampilla Proseguridad Alimentaria, la Estampilla Prodeporte, la
Estampilla Procultura y la Estampilla Proancianato.
Beatriz Góngora Bonilla, invocando su calidad de miembro del Consorcio La
Chorrera, solicitó al Departamento del Amazonas la devolución de los valores
descontados por concepto de tributos territoriales, petición que sustentó en que los
consorcios no son sujetos pasivos porque no existe norma del orden territorial que
1 La Sección Tercera del Consejo de Estado remitió este proceso a la Sección Cuarta por competencia, pues
consideró que se trata de un asunto tributario. El despacho sustanciador avocó conocimiento mediante auto
del 16 de diciembre de 2021 (SAMAI, índice 78).
2 Folio 209 del cuaderno 2.
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Demandante: Contraloría Departamental de Amazonas
así lo disponga y porque estas figuras asociativas no son asimilables a personas
jurídicas.
El Departamento del Amazonas accedió a la petición mediante la Resolución Nro.
01261 del 12 de junio de 2012, por lo que ordenó devolver las siguientes sumas de
dinero: i) $3’819.387 por concepto del impuesto de industria y comercio, ii)
$25’357.612 por concepto de la Estampilla Prodesarrollo, iii) $10’143.046 por
concepto de la Estampilla Proseguridad alimentaria, iv) $25’357.612 por concepto
de la Estampilla Prodeporte, v) $25’357.613 por concepto de la Estampilla
Procultura y vi) $95’078.303 por concepto de la Estampilla Proancianato.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN JUDICIAL
En ejercicio del medio de control de nulidad3, contemplado en el artículo 137 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley
1437 de 2011), la Contraloría Departamental del Amazonas formuló la siguiente
pretensión:
«Que se declare la Nulidad de la Resolución No. 01261 del 12 de junio del 2012 expedida por
el Gobernador de Amazonas “POR LA CUAL SE RESUELVE RECLAMACIÓN
CONTRACTUAL Y SE ORDENA EL REINTEGRO Y PAGO DE LAS SUMAS DESCONTADAS
EN EXCESO”, toda vez que el acto contraría la constitución política y la ley, en los términos
que se expondrán a continuación, por esta ser ilegal, irregular, e improcedente y contener falsa
motivación»4.
Para estos efectos, la entidad actora invocó como normas violadas los artículos 1,
2, 150, 209, 287, 288 y 338 de la Constitución; el artículo 54 de la Ley 1430 de 2010,
las Ordenanzas Nros. 004 del 20 de abril de 1993, 014 del 11 de junio de 2010, 008
del 23 de abril de 2010, y 033 de (sic) octubre 2008, expedidas por la Asamblea del
Departamento del Amazonas.
Los cargos de nulidad se resumen así:
Según la demandante, la resolución acusada se sustentó en que los consorcios no
son sujetos pasivos de los impuestos territoriales, desconociendo que el artículo 54
de la Ley 1430 de 2010 establece expresamente lo contrario. Que por esa razón, la
devolución de los tributos ordenada en el acto demandado a favor del Consorcio La
Chorrera resulta contraria a la ley.
La Contraloría también afirmó que la Ley 1430 de 2010 tiene aplicación desde el
inicio de su vigencia, que «es a partir del 1 de enero de 2011»5, y no requiere de una
ordenanza que la adopte para que surta efectos, porque la Constitución Política
atribuyó al Congreso de la República la competencia para definir los elementos del
tributo.
La demandante precisó que el principio de autonomía de las entidades territoriales
no es absoluto y, por lo tanto, la Sentencia C-521 de 1997 reconoce que el legislador
puede restringir el poder tributario local, como lo hizo en este caso.
3 De antemano se aclara que el medio de control ejercido fue interpretado como nulidad y restablecimiento
del derecho en la sentencia de primera instancia.
4 Folios 1 a 2 del cuaderno principal y páginas 1 a 3 del PDF 3 del índice 2 de SAMAI.
5 Folio 12 del cuaderno 1.
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Demandante: Contraloría Departamental de Amazonas
Consideró que la Resolución Nro. 01261 de 2012 es ilegal porque desconoció los
principios relacionados con el Estado Social de Derecho y los fines esenciales del
Estado previstos en los artículos 1 y 2 de la Constitución, violó los principios de la
función administrativa del artículo 209 ibidem, transgredió las competencias del
artículo 338 superior, e inaplicó las Ordenanzas Nros. 004 del 20 de abril de 1993,
014 del 11 de junio de 2010, 008 del 23 de abril de 2010 y 033 de octubre 2008.
Además, incurre en falsa motivación porque en vigencia del contrato, se omitió el
recaudo de los impuestos territoriales a cargo del consorcio.
De otro lado, la Contraloría Departamental del Amazonas destacó que el medio de
control de simple nulidad es una variante del control de constitucionalidad y de
legalidad, por lo que la ley prevé que cualquier persona tiene legitimación en la
causa por activa para ejercerla. Y agregó que en este caso, procede la doctrina de
los motivos y las finalidades, según la cual se puede demandar en simple nulidad
algunos actos administrativos de carácter particular.
Oposiciones a la demanda
1. El Departamento del Amazonas allegó escrito en el que otorga poder a un
abogado, pero no presentó contestación de la demanda (fl 93, 95 vto y 96 cp1).
2. Beatriz Góngora Bonilla, vinculada como litisconsorte necesario de la parte
demandada, presentó memorial del 27 de noviembre de 2015, en el que afirmó
que se notifica por conducta concluyente como representante de la Empresa
Inversiones y Construcciones B.G.B. E.U. A su vez, otorgó poder a su
abogado6, el cual allegó escrito de intervención en los siguientes términos (fls.
90 a 92 cp1):
“No me opongo, será el señor Juez colegiado quien en su sana crítica de acuerdo al análisis
de la norma que regula los impuestos territoriales, decida si es nula o no, la resolución N.01261
del 12 de junio de 2012”. No obstante, señaló que el acto demandado no aplicó la
Ley 1430 de 2010 porque sus efectos fueron posteriores a la suscripción del
contrato y, por tal motivo, los descuentos por el pago de impuestos carecían
de sustento legal.
3. José Ignacio Quintero Corzo y Comercializadora Herby Ltda., miembros del
Consorcio La Chorrera, que también fueron vinculados como litisconsortes
necesarios de la parte demandada, señalaron que «Me opongo a la solicitud de
nulidad de la Resolución No. 01261 del 12 de junio de 2012» 7. Luego manifestaron sus
reparos ante el acto administrativo, con los siguientes argumentos:
Beatriz Góngora Bonilla, sin contar con autorización del consorcio, solicitó la
devolución de los valores descontados por concepto de impuestos territoriales
frente a los pagos del Contrato de Obra Pública Nro. 000788 de 2010, petición
que prosperó mediante la Resolución Nro. 01261 de 2012.
El 31 de agosto de 2012, luego de que el Consorcio se enteró de la existencia
del acto administrativo, el representante legal del consorcio informó al
Departamento del Amazonas que no recibió la devolución ordenada en la
cuenta de ahorros dispuesta para los pagos derivados del contrato. La entidad
6 Folio 87 del cuaderno 1.
7 Folio 70 del cuaderno 1.
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territorial, mediante el Oficio Nro. 001040 del 24 de septiembre de 2012,
informó que realizó el pago a la señora Beatriz Góngora Bonilla por tener la
condición de miembro del consorcio, y en tanto el documento de conformación
del ente no facultó al representante legal para presentar este tipo de
reclamaciones.
Debido a lo anterior, José Ignacio Quintero Corzo y Comercializadora Herby
Ltda. informaron que, «Entendiendo que la Resolución No. 01261 del 12 de junio de 2012
desconoce las condiciones de constitución del CONSORCIO LA CHORRERA y su
representación legal, al reconocer y pagar sin autorización y con desconocimiento del
Consorcio una suma significante de dinero que afecta gravemente los intereses patrimoniales
del Consorcio, mis representados formularon demanda de NULIDAD de tal acto administrativo
y el RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO del Consorcio La Chorrera (…) la demanda así
instaurada, cursa en el Juzgado Único Administrativo Oral de Leticia Amazonas, bajo el
radicado 910013333001-2014-00055-0»8.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B,
declaró la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
y no condenó en costas, por las consideraciones que se exponen a continuación:
El artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo establece que el medio de control de simple nulidad procede contra
los actos administrativos de carácter general y, en los eventos excepcionales allí
previstos, también puede interponerse contra actos administrativos de carácter
particular. Además, el parágrafo de esta norma señala que, si la demanda persigue
un restablecimiento automático de un derecho, se tramitará conforma con las reglas
del artículo 138 ibidem, que corresponde al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
Con base en lo anterior, el Tribunal concluyó que, en este caso, aunque la demanda
solo pretende la nulidad de la Resolución Nro. 01261 de 2012, la eventual
prosperidad de esta pretensión tendría como consecuencia el restablecimiento de
un derecho porque el pago ordenado en dicho acto administrativo perdería el
sustento jurídico.
El Tribunal también sostuvo que en el evento de que lo anterior no se considere un
restablecimiento automático del derecho, debe tenerse en cuenta que la declaratoria
de nulidad del acto permitiría a la entidad actora recaudar la suma devuelta de forma
ilícita porque el artículo 268 de la Constitución señala que el Contralor General de
la República tiene la competencia de recaudar los montos derivados de la gestión
fiscal, función que se replica en los contralores departamentales.
Según lo expuesto, la pretensión de simple nulidad de la demanda no tiene como
objetivo proteger el ordenamiento jurídico, sino salvaguardar el erario de los efectos
nocivos de la resolución acusada. Entonces, es necesario interpretar la demanda
en el sentido de tener por ejercido el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho.
El artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo indica que el medio de control de nulidad y restablecimiento del
8 Folio 75 del cuaderno 1.
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derecho podrá ser ejercido por todo sujeto que se crea lesionado en un derecho
subjetivo. Así, el primer obstáculo en este caso para proferir la sentencia de mérito
es que el acto acusado no afecta ningún derecho subjetivo de la Contraloría
Departamental del Amazonas porque, por un lado, la entidad demandante no goza
de esta categoría de derechos y, por el otro, el acto demandado derivó de una
relación contractual de la que no hacía parte. En consecuencia, la entidad actora
carece de legitimación en la causa por activa.
Adicionalmente, el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo establece que las demandas de nulidad y
restablecimiento del derecho deben presentarse dentro de los 4 meses siguientes
a la notificación, comunicación, ejecución o publicación del acto administrativo,
según sea el caso. En el asunto de la referencia, no existe certeza de la fecha de
publicación del acto administrativo, pero si de que esta ocurrió a más tardar el 31
de agosto de 2012 (fecha del escrito en que el representante legal del Consorcio La
Chorrera informa no haber recibido consignación alguna de los dineros devueltos
por el acto demandado). Por lo anterior, el término para demandar finalizaba el 1°
de enero de 2013, que se extiende debido a la vacancia judicial. Sin embargo, la
demanda fue presentada el «26 de marzo de 2015»9, mucho después de finalizado el
término de caducidad.
Además, el artículo 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo dispone que los actos proferidos con relación a un
contrato estatal podrán ser demandados por las partes, el Ministerio Público o un
tercero que acredite interés directo. Pero en este caso la demandante no cumple
ninguna de estas calidades, por lo que tampoco estaría legitimada para demandar
el acto acusado en este caso.
En todo caso, el Tribunal insistió en que, en gracia de discusión, si se admite que la
demandante tiene legitimación en la causa por activa, también operó el fenómeno
de la caducidad para pretender la nulidad de actos administrativos relacionados con
contratos. En efecto, el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 dispone que el término
de caducidad en este caso es de 2 años, plazo que tampoco se cumple porque,
como se expuso, el acto fue publicado a más tardar el 31 de agosto de 2012, de tal
modo que el término de caducidad finalizaba el «31 de agosto de 2014»10. Pese a esto,
la demanda se presentó el «25 de marzo de 2015»11.
Por lo anterior, el Tribunal indicó que el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 permite
declarar las excepciones de oficio que se encuentren probadas. Así las cosas,
señaló que «resolverá declarar la falta de legitimación en la causa de la Contraloría Departamental
de Amazonas respecto del medio de control de controversias contractuales. Ello, como se expuso,
en tanto que los medios de control de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho no son
procedentes por la naturaleza de las pretensiones de la demanda y la caducidad que, como se
analizó, afecta el medio de restablecimiento del derecho» 12.
Se destaca que la parte resolutiva de la providencia solo declaró probada la
excepción de caducidad, tal como se transcribió en los antecedentes de esta
sentencia.
9 Folio 207 del cuaderno 2.
10 Folio 208 del cuaderno 2.
11 Ibidem.
12 Folio 208 reverso del cuaderno 2.
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Recurso de apelación
La Contraloría Departamental del Amazonas apeló la anterior providencia con base
en lo siguiente:
El Tribunal no tuvo en cuenta que la demanda de la referencia tiene como único
objetivo proteger el ordenamiento jurídico y no la satisfacción de un derecho
subjetivo.
De otro lado, el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo señala que procede el medio de control de simple
nulidad contra actos administrativos de carácter particular que amenacen de forma
grave el orden económico. En este caso, la resolución acusada compromete el
patrimonio público y, por lo tanto, el interés supremo de la comunidad. Además, la
Resolución Nro. 01261 de 2012 fue expedida en contra de lo dispuesto en la Ley
1430 de 2010, que en el artículo 54 señala que los consorcios son sujetos pasivos
de los impuestos territoriales.
La apelante sostuvo que no es cierto que la nulidad del acto acusado restablece
automáticamente un derecho subjetivo porque no se pretende ningún tipo de
restablecimiento y, en esa medida, la sentencia no ordenaría el reintegro de ninguna
suma de dinero, sino que simplemente se dejaría una puerta para que la
administración intente activar los mecanismos legales para restablecer el erario
afectado. Además, afirmó que obtener el reintegro del dinero no es un procedimiento
fácil porque los particulares no son responsables de los errores de la administración,
a la luz del artículo 6 de la Constitución Política.
Entonces, continuó señalando que lo que se pretende con la demanda es evitar una
afectación al orden económico, más aún si se tiene en cuenta que quien solicita y
recibe el reembolso de los tributos territoriales no es el representante legal del
consorcio, sino uno de sus miembros, de manera aislada y sin autorización.
Además, destacó que es necesario anular el acto administrativo controvertido
porque la Contraloría, como órgano de control, no tiene competencia para hacerlo,
pues su naturaleza está enfocada en la protección del orden económico.
De otro lado, la apelante señaló que, de pretender una acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, no está legitimada en razón a que la acción se
encuentra condicionada a la existencia de un interés. En consecuencia, debe
ejercerla quien se considere lesionado en el derecho amparado por una norma
jurídica, lo que no ocurre en este caso, porque el acto acusado no lesiona ningún
interés subjetivo de la contraloría.
Afirmó que el Tribunal no tuvo en cuenta que la simple nulidad del acto acusado no
significa que se recupere el dinero devuelto de forma irregular, sino que será base
para determinar que se actuó fuera del ordenamiento jurídico.
Finalizó señalando que la Sentencia C-426 de 2002 consideró que el medio de
control de simple nulidad procede contra actos administrativos de carácter particular
cuando la pretensión es exclusivamente el control de la legalidad en abstracto del
acto administrativo.
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Alegatos de conclusión
La demandante reiteró lo dicho en el recurso de apelación.
La entidad demandada y los litisconsortes guardaron silencio.
Concepto del Ministerio Público
El Ministerio Público guardó silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Corresponde a la Sala determinar si, en este caso, procede el medio de control de
simple nulidad para estudiar la legalidad del acto administrativo de carácter
particular contenido en la Resolución Nro. 01261 del 12 de junio de 2012 y si, por lo
tanto, no deben prosperar las excepciones declaradas de oficio por la sentencia de
primera instancia, para lo cual serán analizados los cargos de la apelación. En caso
de que prospere el recurso, la Sala se pronunciará sobre los cargos de nulidad de
la demanda que no fueron resueltos por el Tribunal.
En la apelación, la Contraloría Departamental del Amazonas sostuvo que la
demanda fue presentada en ejercicio del medio de control de simple nulidad, y
aunque se pretende la nulidad de un acto administrativo de carácter particular, esto
no modifica el medio de control ejercido porque i) no se pretende un
restablecimiento expreso ni automático de algún derecho de la entidad actora; ii) el
objetivo de la demanda es salvaguardar la legalidad, el erario, el interés superior de
la comunidad y el orden económico; y iii) la Sentencia C-426 de 2002 señaló que
proceden las demandas de simple nulidad contra actos administrativos de carácter
particular, siempre que no se haya pretendido un restablecimiento del derecho.
Para decidir estos cargos, debe tenerse en cuenta que el artículo 137 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (vigente para el
momento de la presentación de la demanda, el 26 de marzo de 2015 13), positivizó
la denominada teoría de los motivos y las finalidades, según la cual el medio de
control de simple nulidad solo procede contra actos administrativos de carácter
particular de forma excepcional. En efecto, la norma en mención dispone lo
siguiente:
«ARTÍCULO 137. NULIDAD. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de
representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general.
Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían
fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de
audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias
de quien los profirió.
También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos
de certificación y registro.
Excepcionalmente podrá pedirse la nulidad de actos administrativos de contenido particular en
los siguientes casos:
13 Folio 19 reverso del cuaderno 1.
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1. Cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se produjere no
se genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante
o de un tercero.
2. Cuando se trate de recuperar bienes de uso público.
3. Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el orden
público, político, económico, social o ecológico.
4. Cuando la ley lo consagre expresamente.
PARÁGRAFO. Si de la demanda se desprendiere que se persigue el restablecimiento
automático de un derecho, se tramitará conforme a las reglas del artículo siguiente» (subraya
la Sala).
La demandante, en la apelación, señaló que la demanda de simple nulidad procede
contra actos de carácter particular porque así lo dispuso la Sentencia C-426 de
200214. Ahora, esta sentencia señaló, en su parte considerativa, que «la acción de
nulidad también procede contra los actos de contenido particular y concreto, cuando la pretensión
es exclusivamente el control de la legalidad en abstracto del acto, en los términos de la parte motiva
de esta Sentencia». No obstante, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado se apartó de esta postura, entre otros pronunciamientos, en la
sentencia del 4 de marzo de 2003 (11001-03-24-000-1999-05683-02, C.P. Manuel
Santiago Urueta Ayola). En todo caso, la regla jurisprudencial contenida en la
Sentencia C-426 de 2002 no es aplicable hoy en día porque corresponde al análisis
de constitucionalidad en abstracto de una norma derogada para el momento de la
presentación de la demanda (artículo 84 del Código Contencioso Administrativo).
Además, se destaca que el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo fue declarado exequible por la Sentencia C-259
de 2015, en el que la Corte Constitucional consideró que «el Legislador, con la norma en
particular objeto de análisis, se dio a la tarea de armonizar las visiones de la Corte Constitucional y
del Consejo de Estado sobre la acción de nulidad, para finalmente arribar a un postulado
propio. Por esa razón no sorprende que se acoja una de las variantes de la teoría de los móviles y
finalidades, y al mismo tiempo, se regulen expresamente algunas de las reglas previstas en la
sentencia C-426 de 2002, las cuales pueden evidenciarse fácilmente en el parágrafo del artículo 137
del CPACA, que incluye casi de manera expresa, consideraciones concretas de esta Corte».
En este orden, para determinar si la demanda de simple nulidad presentada por la
Contraloría Departamental del Amazonas procede para examinar la legalidad en
abstracto de la Resolución Nro. 01261 de 2012, es necesario verificar si se cumple
con alguna de las causales del artículo 137 de la Ley 1437 de 2011 que fueron
alegadas por la actora: i) que no se pretenda un restablecimiento expreso o
automático de un derecho subjetivo o ii) que los efectos nocivos del acto
administrativo afectarían de forma grave el orden económico.
A esos efectos, debe tenerse en cuenta que la Contraloría Departamental del
Amazonas solicita la nulidad de la Resolución Nro. 01261 de 2012, mediante la cual
el Gobernador del Amazonas ordenó la devolución de tributos territoriales al
Consorcio La Chorrera, que fueron pagados en el marco de un contrato de obra
pública.
Así, frente a la primera causal, es cierto que la demanda no pretende un
restablecimiento del derecho de forma expresa, pero esto no es suficiente para que
proceda la demanda de simple nulidad contra actos de carácter particular, en tanto
14 En esa providencia se decidió sobre la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra el artículo 84 del
Código Contencioso Administrativo.
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Demandante: Contraloría Departamental de Amazonas
se debe examinar si puede existir un restablecimiento automático derivado de la
nulidad del acto acusado.
La actora señaló que tampoco pretende un restablecimiento automático en su favor
porque no se alegó la vulneración de ningún derecho subjetivo de su titularidad. Sin
embargo, esta restricción no fue prevista por el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011,
de tal modo que no se cumple con este requisito cuando el restablecimiento
automático pueda beneficiar a un tercero, diferente al demandante.
En este caso, la Sala observa que la eventual prosperidad de la pretensión de
nulidad puede dar lugar a un restablecimiento automático del derecho de un tercero.
En efecto, en caso de que sea declarada la nulidad de la Resolución Nro. 01261 de
2012, la devolución ordenada perdería su sustento jurídico y, por lo tanto, la entidad
territorial podría adelantar todos los procedimientos y las acciones pertinentes para
obtener la devolución de lo pagado.
La actora señaló que la anterior consideración no es suficiente porque no es fácil
obtener la devolución de lo pagado no debido, pues los particulares no son
responsables de los errores cometidos por la administración en virtud del artículo 6
de la Constitución. Sin embargo, la facilidad o dificultad con que se obtenga la
devolución de lo pagado por la entidad territorial no tiene relación alguna con el
restablecimiento automático del derecho señalado, que se reitera consiste en que
perdería sustento jurídico el pago realizado a la peticionaria.
De otro lado, en cuanto a la segunda causal, relativa a la afectación del orden
económico, la Sala destaca que el numeral 3° del artículo 137 de la Ley 1437 de
2011 señala que este requisito se cumple cuando el acto administrativo particular
produce efectos nocivos que «afecten en materia grave» el orden económico. Es decir,
que no basta con que el acto particular controvertido surta efectos económicos
nocivos, pues la norma en mención también exige que sean graves.
En este caso, la entidad apelante afirmó que el requisito se cumplió porque «se trata
de un acto que compromete el patrimonio público y por ende compromete un interés supremo de la
comunidad»15 . No obstante, no señaló porqué considera que la afectación al erario
debe considerarse grave, de tal modo que no sustentó adecuadamente el
cumplimiento de esta causal.
De otro lado, la Sala advierte que en el expediente no hay ninguna prueba que
permita concluir que la suma de dinero que se ordenó devolver por la Resolución
Nro. 01261 de 2012 pueda afectar gravemente el orden económico, pues no se
observa que esta tenga la entidad suficiente para impedir que la entidad territorial
cumpla con sus funciones.
En este orden de ideas, no está probada ninguna causal de procedencia
excepcional del medio de control de simple nulidad contra actos administrativos de
carácter particular, de tal modo que se confirma la interpretación de la demanda
como ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
De otro lado, la Sala precisa que la apelante no formuló ningún motivo de
inconformidad respecto a si estaban probadas o no las excepciones de falta de
legitimación en la causa por activa o de caducidad de la acción, sino que solo
15 Folio 218 del cuaderno 2.
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Radicado: 25000-23-36-000-2015-00827-01 (25969)
Demandante: Contraloría Departamental de Amazonas
sustentó su apelación en que la demanda debió interpretarse como ejercicio del
medio de control de simple nulidad. Debido a lo anterior, lo expuesto hasta ahora
es suficiente para confirmar la sentencia de primera instancia.
No se impondrá condena en costas porque no fue demostrada su causación, tal
como lo exige el artículo 365 del Código General del Proceso, aplicable en virtud
del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia de primera instancia proferida el 24 de agosto de 2016
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
B.
2. Sin condena en costas.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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