Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-00840-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Procedencia del medio de control de control de controversias contractuales: incumplimiento contractual y desequilibrio…
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-00840-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2015-00840-01
Consejero ponente: Marta Nubia Velásquez Rico
3 de abril de 2020
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – Niega
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL / CONTRATO DE OBRA / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / ATRIBUCIÓN DE RIESGOS QUE EXONERAN DE RESPONSABILIDAD AL ENTE CONTRATANTE POR SU PROPIO INCUMPLIMIENTO – Improcedencia / MAYOR PERMANENCIA EN OBRA / PRESENTACIÓN DE FACTURAS PARA PAGO / FIJACIÓN DEL LITIGIO – Efectos procesales
SÍNTESIS DEL CASO: La presente controversia gira en torno a la declaratoria de incumplimiento del contrato 859 de 2011, celebrado entre el Ministerio de Educación Nacional y el consorcio Telval – Obcivil, con el objeto de realizar la construcción de infraestructura en establecimientos educativos oficiales de los municipios de Sopó, Muzo y Pauna, incumplimiento que, según se indicó en la demanda, se concretó en la inobservancia del principio de planeación de la entidad contratante, vulnerado por no haber entregado estudios y diseños que reflejaran las verdaderas condiciones técnicas en el lugar en que se ejecutaría el proyecto y no haber obtenido las licencias de las autoridades competentes en materia arqueológica, omisión que impidió la ejecución en la obra del frente de Sopó y retardó las actividades en los frentes de Muzo y Pauna, todo lo cual causó perjuicios al contratista por la mayor permanencia en obra. También se reclama el incumplimiento derivado de la falta de pago de facturas, falta de reconocimiento de utilidades y del doble descuento del impuesto de guerra realizado sobre el anticipo y las actas de obra.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / COMPETENCIA POR LA NATURALEZA DEL PROCESO
Se tiene presente que el artículo 104 de la Ley 1437 expedida en 2011 (C.P.A.C.A.), vigente a partir de 2 de julio de 2012, prescribe que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se encuentra instituida para conocer, “además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, (…) en los que estén involucradas las entidades públicas”. En esta oportunidad se encuentran en controversia circunstancias atinentes al presunto incumplimiento y/o ruptura del equilibrio económico del contrato 859 de 2011, celebrado entre el Ministerio de Educación Nacional y el consorcio Telval – Obcivil. Así las cosas, la Nación – Ministerio de Educación Nacional, con sujeción a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 104 del C.P.A.C.A., en concordancia con el articulo 2 la Ley 80 de 1993, ostenta la naturaleza de entidad estatal. Por la razón advertida, esta jurisdicción es competente para conocer del presente asunto. También le asiste competencia a la Sala para tramitar el asunto en segunda instancia, toda vez que la mayor de las pretensiones de contenido económico se estimó en la suma de $341’985.311, monto que resulta superior a la suma equivalente a 500 S.M.L.M.V. ($322’175.000), exigida en la Ley 1437 de 2011, para que el proceso tuviera vocación de doble instancia.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 104 / LEY 80 DE 1993 – ARTÍCULO 2
PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – Incumplimiento contractual y desequilibrio económico del contrato / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL – Conciliación prejudicial
Observa la Sala que las pretensiones versan sobre el supuesto incumplimiento y/o ruptura del equilibrio económico del contrato 859 de 2011, celebrado entre el Ministerio de Educación Nacional y el consorcio Telval – Obcivil, aspecto que, al tenor de los dictados del artículo 141 de la Ley 1437 de 2011 que orientan a que: “Cualquiera de las partes de un contrato del Estado podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y condenas”, corresponde ventilase a través del medio de control de controversias contractuales. En secuencia con lo anterior, para establecer la oportunidad de la interposición de la demanda, debe atenderse a la regla prescrita en el numeral 3) del literal j) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2007, de conformidad con la cual la demanda deberá ser presentada dentro de los dos años contados: “v) En los que requieran de liquidación y esta no se logre por mutuo acuerdo o no se practique por la administración unilateralmente, una vez cumplido el término de dos (2) meses contados a partir del vencimiento del plazo convenido para hacerlo bilateralmente o, en su defecto, del término de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato o la expedición del acto que lo ordene o del acuerdo que la disponga”, en consideración a que el contrato de obra 859, luego de su terminación por vencimiento del plazo, no fue liquidado bilateral ni unilateralmente. Así pues, el plazo del contrato 859, celebrado el 30 de diciembre de 2011 por un plazo de 180 días, inició el 16 de febrero de 2012 y culminó el 15 de agosto de 2012 , sin que se hubiera extendido su período a través de la respectiva prórroga. En ese orden, los seis meses dispuestos para liquidarlo bilateral o unilateralmente vencieron el 16 de febrero de 2013, por lo que los dos años de caducidad habrían de cumplirse el 16 de febrero de 2015. En este punto es imperativo señalar que el 11 de febrero 2015, faltando cinco días para vencerse el plazo de dos años, la parte actora presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría Cuarta Judicial II para Asuntos Administrativos, trámite que culminó el 25 de marzo de 2015 , tras declararse fallida, por ausencia de ánimo conciliatorio, razón por la cual, a partir del 26 de marzo de 2015 se reanudó el término de cinco días restantes para completar los dos años de caducidad, los cuales vencían el 30 de marzo de 2015.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 141 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 164
EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO – Definición / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO – Presupuestos / HECHO DEL PRÍNCIPE / IUS VARIANDI
[D]e manera reiterada, esta Subsección ha enfatizado en que la conservación del sinalagma prestacional propende por asegurar que durante la ejecución del contrato se mantengan las mismas condiciones económicas y/o financieras que las partes tuvieron en cuenta al momento de presentar la oferta y que le sirvieron de cimiento. En ese sentido, ha sostenido que dicha equivalencia puede verse afectada ya fuere por factores externos a las partes cuya ocurrencia se enmarca dentro de la teoría de la imprevisión o por diversas causas que pueden resultar atribuibles a la Administración por la expedición de actos en ejercicio legítimo de su posición de autoridad, los cuales han sido concebidos por la doctrina como “Hecho del Príncipe” o en uso de sus facultades de entidad contratante a través de las potestades excepcionales “Ius variandi”, pero que en ningún caso se derivan de la conducta antijurídica del extremo público contratante.
EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO – No es exclusivo del contratista
[E]l legislador ha establecido que dicha equivalencia debe garantizarse a ambas partes, en tanto no constituye un privilegio exclusivo del contratista particular. Por tanto, en el evento de quebrantarse corresponderá adoptar los mecanismos de restablecimiento dispuestos por el legislador y adoptados por las partes, entre ellos, el reajuste de precios.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO – Definición / CONFIGURACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO - Presupuestos
el incumplimiento contractual supone la inobservancia de las obligaciones contraídas por virtud de la celebración del acuerdo negocial, infracción que bien puede cristalizarse por cuenta del cumplimiento tardío o defectuoso de las condiciones convenidas o por el incumplimiento absoluto del objeto del contrato. Cabe agregar que la configuración del incumplimiento no solo se presenta por la inobservancia de las estipulaciones contenidas en el texto contractual, sino en todos los documentos que lo integran, tales como los pliegos de condiciones o términos de referencia que, por regla general, fungen como soportes de la formación del vínculo jurídico. Asimismo, tiene ocurrencia cuando la actuación de las partes desconoce el catálogo de principios que orientan la contratación y que igualmente se entienden incorporados en la relación jurídica bilateral. Como se aprecia, el incumplimiento se origina en una conducta alejada de la juridicidad de uno de los extremos cocontratantes que, de manera injustificada, se sustrae de la satisfacción de las prestaciones a su cargo en el tiempo y en la forma estipulada. Su ocurrencia invade la órbita de la responsabilidad contractual y, desde esa perspectiva, la parte cumplida podrá acudir a la jurisdicción en procura de obtener la resolución del vínculo obligacional, el cumplimiento del compromiso insatisfecho y la indemnización de los perjuicios causados. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, cita Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 22 de agosto de 2013, exp. 22947, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.
DIFERENCIA ENTRE RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO Y EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL – Puede generar ruptura del equilibrio económico del contrato / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE LA FORMA
Esta Subsección se ha ocupado de puntualizar las múltiples diferencias que existen entre la ruptura del equilibrio económico financiero del contrato y la figura del incumplimiento contractual, así como los efectos que de uno y otro caso se desprenden. Aunque las figuras analizadas obedecen a causas diferentes y tienen consecuencias distintas, tanto la jurisprudencia de esta Subsección como el propio legislador han reconocido que en algunas oportunidades el incumplimiento constituye causa de la ruptura económica del contrato. De cualquier modo, en atención al principio constitucional que impone la prevalencia de lo sustancial sobre la forma, corresponderá al juez de la causa determinar en cada caso particular desde cuál óptica debe emprenderse el respectivo análisis. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, cita Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 22 de agosto de 2013, exp. 22947, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.
OBLIGACIONES NULAS – Presupuestos / PLIEGO DE CONDICIONES / CONTENIDO DEL PLIEGO DE CONDICIONES - No deben contener condiciones y exigencias de imposible cumplimiento ni exenciones de responsabilidad derivada de datos, informes y documentos suministrados / DETERMINACIÓN DE RIESGOS / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN
La obligación de elaborar y entregar los estudios y diseños que sirvieron de apoyo técnico para la ejecución del proyecto de construcción de obras de infraestructura educativa en establecimientos oficiales fue contraída por el Ministerio de Educación. Para ejecutar el objeto contratado, según fue indicado en el pliego de condiciones, el constructor debía necesariamente sujetarse a los términos plasmados en los referidos estudios y diseños entregados por el ente estatal. Con base en esta premisa, resulta válido interpretar de una manera lógica y sistemática que, al elaborar la matriz de riesgos del proyecto, se asignó a la entidad aquel que se derivara de la entrega errada de la información a la que ella se obligaba a suministrar, entre otras, por supuesto la relativa a los documentos previos por ella elaborados, dentro de los cuales se hallaban los estados y diseños con base en los cuales se habría de estructurar la obra. Tal hermenéutica no solo se desprende de una lectura armónica y sistemática de las anteriores previsiones contractuales, sino que además atiende a la normativa en que habría de sustentarse, por cuanto no de otra manera podría darse aplicación y plena observancia a las reglas contenidas en el literal d) del numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, de conformidad con el cual en los pliegos de condiciones “No se incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni exenciones de la responsabilidad derivada de los datos, informes y documentos que se suministren”, so pena de considerarse ineficaces de pleno derecho. La anterior premisa halla un asiento jurídico igualmente en el artículo 1535 del Código Civil, según el cual “son nulas las obligaciones contraídas bajo una condición potestativa que consista en la mera voluntad de la persona que se obliga”. Así pues, en desarrollo de las mencionadas normas, se concluye que resultaría contrario a derecho asignar al contratista aquellos riesgos cuya concreción se derivara directamente de la voluntad exclusiva de la entidad contratante y que tuvieran la virtualidad de afectar la normal ejecución del contrato. Tal sería el caso de los supuestos de incumplimiento contractual que bien podría encuadrarse cuando esta se aparta de su obligación de planeación.
FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 – ARTÍCULO 24 / CÓDIGO CIVIL – ARTÍCULO 1535
ETAPA PRECONTRACTUAL – Principio de planeación
[C]abe precisar que, aun cuando la planeación que se debe observar en la etapa previa a la celebración del contrato se demanda respecto de ambos extremos precontratantes, lo cierto es que ello es así en función de las cargas y responsabilidades que cada uno asuma en relación con la naturaleza y el contenido de las obligaciones que se contraen con ocasión de la celebración del acuerdo.
ETAPAS DEL CONTRATO – Son preclusivas / ETAPA PRECONTRACTUAL / ETAPA CONTRACTUAL / ETAPA POST CONTRACTUAL / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
En varias providencias de la Sección Tercera de esta Corporación se ha advertido que las etapas del contrato son de carácter preclusivo, lo que equivale a sostener que las partes gozan de las oportunidades para negociar y pactar las condiciones del contrato, así como para proponer y acordar sus modificaciones, con base en la información disponible al tiempo en que estas se suscriben y en sus propios cálculos, las cuales, una vez formalizadas, agotan la posibilidad en lo que se refiere a buscar nuevos reconocimientos sobre las mismas condiciones que se conocieron, o debieron conocerse, a la celebración del contrato o de su respectiva modificación. Se reitera que durante la relación negocial las partes pueden afrontar dificultades relativas a la definición de los alcances y el contenido de las prestaciones contraídas con ocasión del negocio jurídico, de cara al advenimiento de circunstancias endógenas o exógenas al vínculo obligacional, con la virtualidad de impactar las condiciones técnicas y económicas originalmente estipuladas, inconvenientes que bien pueden solventarse a través de acercamientos de los extremos cocontratantes encauzados a redefinir el acuerdo y ajustarlo a la realidad imperante al tiempo de su ejecución e instrumentados a través de contratos adicionales, modificatorios, suspensiones o prórrogas. Es por eso que estos instrumentos deben contener tanto el acuerdo relativo a las modificaciones que habrá de sufrir el alcance y dimensión del objeto contractual como al precio o mecanismo de ajuste dispuesto para cubrir esas alteraciones, dado que resultaría alejado del principio de buena fe contractual que se transara la renegociación en unos términos y luego, al final de la ejecución, se sorprendiera a la contraparte con reclamaciones que se entendían zanjadas, por lo que solo cabría pedir la revisión o el reajuste de los precios ante el advenimiento de circunstancias imprevistas e imprevisibles distintas a aquellas acordadas al momento de suscribir el contrato o su adición. Así las cosas, la Sala no encuentra de recibo el cargo de la impugnación impetrada por la demandante en relación con los sobrecostos supuestamente sufridos con ocasión de las dificultades constructivas evidenciadas en el frente de Muzo, dado que para el momento en que se suscribió el contrato modificatorio ya se tenía conocimiento de las circunstancias que les habrían de dar origen, no obstante lo cual no solo no se advirtieron por el contratista en el acto modificatorio sino que prestó su libre consentimiento para reducir el precio del contrato, a pesar de tener pleno conocimiento de los obstáculos que se atravesaban para dar cabal ejecución al objeto contratado, además de que no se probó la ocurrencia de circunstancias imprevistas e imprevisibles con vocación para la impactar las condiciones económicas iniciales del contrato. Es por eso que el consenso condensado en los documentos de modificación, suspensión y prórroga del contrato constituían un acuerdo vinculante respecto de las condiciones en que se llevaría a cabo el proyecto de Muzo, que luego no podría ser desconocido en sede judicial. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, cita, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de noviembre de 2016, exp. 47336; en el mismo sentido, Gamboa, sentencia de 3 de agosto de 2016, exp. 56513, C. P. Jaime Orlando Santofimio.
INEXISTENCIA DE SOBRECOSTOS DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DE PRORROGA DEL CONTRATO – No se configuran sobrecostos cuando no hay acuerdo de voluntades para prorrogar el contrato
Se evidencia que, una semana antes de finalizar el plazo contractual, el contratista manifestó que se requería una prórroga y una adición presupuestal, frente a la cual finalmente no se concretó un acuerdo de voluntades que comprendiera los alcances en tiempo y valor de lo que traduciría continuar con la ejecución de actividades. No desconoce la Sala que en esa oportunidad el Ministerio de Educación expresó su intención de autorizar una adición presupuestal para continuar la ejecución de obras en el frente de Pauna; sin embargo, no puede perderse de vista que terminado el plazo del contrato no se suscribió documento alguno en el que se plasmara un acuerdo en ese sentido, cuestión que, aun cuando revela una conducta negligente del ente ministerial, no por ello se dispensa al contratista frente a su deber igualmente exigible de actuar con apego y observancia de las normas de contratación que informaron la relación obligacional de la cual formaba parte. Así pues, ante la ausencia de acuerdo solemne que contuviera el alcance del objeto, precio y plazo para la realización de las actividades que en adelante se ejecutarían, no podía el contratista alegar la ocurrencia de sobrecostos administrativos derivados de una ampliación temporal que, de facto y sin consultar las normas que rigen la solemnidad negocial en materia de contratación estatal, se surtió para la realización de las obras, prolongación en relación con la cual el consorcio prestó su voluntad libre de vicios, encaminada a la ejecución de esas labores, a sabiendas de que no se había pactado un respaldo que presupuestalmente cobijara su ejecución.
REQUISITOS PARA PAGO DE FACTURA / FACTURA – Por sí sola no es exigible para pago / TITULO VALOR – Factura / INEXISTENCIA DE TARIFA LEGAL
[L]a Sala considera que el demandante no acreditó los requisitos que en los términos del contrato 859 se exigían para el pago de las facturas presentadas. […] No reposan en el expediente las actas de obra que soporten la ejecución de los trabajos cobrados y tampoco el visto bueno que sobre estas debía impartir el interventor. […] Resulta inadmisible para la Sala el argumento del censor, de conformidad con el cual la factura por si sola constituye un título valor y, al haber sido aceptada por la entidad, se hacía exigible su pago. Sobre ese aspecto, se observa que no fue en esos términos en que pactó la procedencia del pago de los trabajos objeto de facturación, por lo que no quedaba relevado el demandante de acreditar ante esta instancia judicial el cumplimiento de los requisitos dispuestos en el contrato para la prosperidad de su reconocimiento. Es de suma importancia indicar que la presentación de una factura o de una cuenta de cobro ante la entidad accionada no tiene vocación suficiente para acreditar la efectiva ejecución de las obras que allí se hacen constar y tampoco para derivar de esa circunstancia el surgimiento de la obligación de pago. Sobre el particular, cabe reiterar los razonamientos que ha expuesto esta Subsección en torno a la apreciación de las facturas y cuentas de cobro, dentro del proceso en el que se debate la existencia de las obligaciones de pago por los servicios prestados, las obras ejecutadas o los bienes suministrados. […] Se aclara que no es la intención de esta instancia crear una especie de tarifa legal para estos efectos, pero para resolver el caso, es necesario contar con elementos de prueba conducentes y pertinentes para demostrar los supuestos de hecho en los cuales se funda la reclamación. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, cita Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de marzo de 2014, exp. 32905, C. P: Mauricio Fajardo Gómez.
EJECUCIÓN DE CONTRATO – Riesgo por el paso del tiempo cuando se trata de tracto sucesivo / INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO - Presupuestos / FALTA DE RECIBO DE UTILIDAD PROYECTADA PARA EL CONTRATISTA – No siempre es un incumplimiento contractual / CARGA PROBATORIA
[P]or regla general, en la celebración de todo contrato de tracto sucesivo, lo que no excluye los suscritos con las entidades estatales, su ejecución entraña el sometimiento a un riesgo que emana del simple devenir del tiempo, sujeto a los cambios y fluctuaciones previsibles que pueden alterar las expectativas de recibir la ganancia fundada al formular la oferta. En esta circunstancia radica la imposibilidad de que el ente contratante se encuentre en posición de garantizar la utilidad proyectada por el contratista. Con todo, ello no obsta para concluir que en el caso de que el incumplimiento del ente público contratante constituya la causa directa para la falta de recibo de la utilidad proyectada, deba ser condenado a su reconocimiento. Sin embargo, para esto es necesario demostrar que, en efecto, se dejó de percibir la utilidad y que esta circunstancia resulta imputable a la conducta antijurídica, concretada en la desatención de las obligaciones negociales que en el marco contractual observó la entidad estatal.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – Procedencia de indemnización de perjuicios morales / INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL – A favor del consorcio
Observa la Sala que en la demanda se solicitó el reconocimiento de perjuicios morales en el equivalente a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes en favor del consorcio Telval – Obcivil, conformado por la sociedad Telval S.A y el señor […]. Como ya lo precisó esta Sección en los fallos de unificación del 28 de agosto de 2014 sobre daños inmateriales, el perjuicio moral se define como “el dolor, la aflicción y en general los sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra, entre otros, que invaden a la víctima directa o indirecta de un daño antijurídico, individual o colectivo” , cuyo reconocimiento es posible siempre que se pruebe, no solo este daño, sino la imputación a la entidad. En consonancia con lo anterior, la jurisprudencia de esta Corporación en diversos pronunciamientos ha considerado que, en materia contractual, eventualmente cabría emitirse condena por concepto de perjuicios morales, cuya prosperidad en todo caso está condicionada, al igual que la indemnización por cualquier otro tipo de perjuicio, a la prueba de su existencia. No obstante, en el proceso no obran pruebas demostrativas de la ocurrencia de ese daño, dado que no se practicaron pruebas con ese propósito, por lo que se impone concluir que no hay mérito probatorio para acceder a su reconocimiento. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, cita Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, exp. 26251, 32988, 27709, 31172, 36149, 28804, 31170 y 28832. C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Ramiro Pazos Guerrero, Carlos Alberto Zambrano, Olga Mélida Valle de De La Hoz, Hernán Andrade Rincón, Stella Conto Díaz del Castillo, Enrique Gil Botero y Danilo Rojas Betancourth respectivamente y sentencia de 3 de agosto de 2017, exp. 52920.
LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO – Improcedencia por no estar en la fijación del litigio / FIJACIÓN DEL LITIGIO – Presupuestos / FINALIDAD DE LA FIJACIÓN DEL LITIGIO / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / SENTENCIA – Decisión sobre asuntos no cobijados por la fijación del litigio
S]e resalta que la fijación del litigio que debe adelantarse dentro de la audiencia inicial del procedimiento contencioso administrativo se encuentra regulada en el numeral 7 del artículo 180 del C.P.A.C.A. […] A propósito de esta cuestión, la Sala precisa que el objeto o finalidad de la fijación del litigio es centrar el debate frente al cual este girará. En ese sentido, se advierte que, si dentro de la confrontación de los hechos y pretensiones no se presenta oposición de las partes, el efecto de esa ausencia de contienda es excluirlos del litigio. A diferencia de lo sugerido por el apelante, su efecto no comporta un desistimiento de la pretensión o del supuesto fáctico en el que se sustenta y menos lleva a la imposibilidad de que sean retomados en la decisión que ponga fin al proceso. A contrario sensu, la consecuencia procesal que de esa exclusión del litigio se desprende consiste en que se entienden acreditados los fundamentos fáticos que no quedaron allí incorporados, por cuanto no fueron objeto de reproche alguno en la contestación de la demanda, ni se indicó oposición a la fijación del litigio efectuada. En atención a esta precisión, se reitera, las pretensiones que no hayan quedado cobijadas en el litigio, no obstante ello, podrán ser resueltas en la sentencia, sin que ello desborde el principio de congruencia, toda vez que el motivo que habilita su decisión no estriba en que hubieran quedado contenidas en la fijación de litigio, -pues solo han de estarlo en caso de que exista la necesidad de emprender un debate probatorio frente a estas-, sino en que se hubieran formulado expresamente en la demanda. […] En este caso, la Sala advierte que el 29 de febrero de 2016 se llevó a cabo la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, en la cual tuvo lugar la fijación del litigio, lo circunscribió a establecer si se configuraban los elementos de incumplimiento contractual que se atribuye al demandando por la ejecución del contrato de obra 859 de 2011 y, específicamente, por los siguientes conceptos: costos administrativos no amortizados y sobrecostos por mayor permanencia en obra; por el no pago de las facturas de venta relacionadas con la demanda, aprobados por la interventoría; por la utilidad dejada de percibir; por el mayor valor descontado por el impuesto de guerra; porque no se suscribió acto de terminación y liquidación del contrato por parte de la contratante y, además, se debía establecer si procedería el reconocimiento de los perjuicios morales solicitados en la demanda. Según se observa, si bien la liquidación judicial fue pretendida en la demanda, no fue incluida dentro de la fijación del litigio, ello obedeció a que el debate probatorio se centró en las declaraciones y condenas que igualmente se pretendieron en la demanda y cuya inclusión se solicitó realizar en la respectiva liquidación judicial del contrato. De ahí que no existía, en principio, un obstáculo procesal para que en la sentencia de primera instancia se accediera a realizar la liquidación judicial del contrato 859. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, cita Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 8 de junio de 2017, exp. 21001, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 180
FALTA DE CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA / inasistencia a audiencia inicial – Consecuencias en la fijación del litigio / COMPETENCIA PARA LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO – Procedencia cuando no se incluye en la fijación del litigio
Se observa que al fijar el litigio el Tribunal de origen dejó la siguiente constancia “…el litigio se fijará sólo según lo expuesto en la demanda, dada la omisión de la entidad en contestar la demanda y en comparecer a la audiencia”. Así las cosas, la conclusión que esa prevención esta llamada a generar apunta a que en la liquidación judicial del contrato habría de analizarse la posibilidad de incluir o no las cuentas o acreencias que, según la demandante, le adeudaba el Ministerio de Educación Nacional con ocasión del contrato No. 859 y que estaban siendo sometidas al debate probatorio respectivo por cuenta de su inclusión en la fijación del litigio. De manera correlativa, ello se traducía en que, ante la ausencia de contestación de la demanda y de comparecencia del Ministerio de Educación Nacional a la audiencia inicial, no podría traerse a juicio la supuesta existencia de saldos a favor de la entidad pública que no se estaban discutiendo en el proceso, frente a los cuales no existió manifestación expresa por parte de la accionada para reclamar su devolución y no fueron sometidas al respectivo debate probatorio, debido a que, al no haber sido enrostrados por la entidad demandada como saldos a su favor por concepto de anticipo no amortizado, no quedaron cobijados en el tema de la prueba decretada para resolver el litigio. Como síntesis de lo dicho, la Sala estima que, aun cuando el tribunal estaba habilitado para realizar la liquidación judicial del contrato, en tanto fue pretendido en la demanda, no lo estaba para incluir en esa liquidación sumas en contra del demandante y a favor de la entidad pública que no fueron incluidas en el objeto del litigio y que no fueron sujetas al debate probatorio que en observancia del debido proceso correspondía surtirse.
CONDENA EN COSTAS – Procedencia
Habida cuenta de que para este proceso se aplica el artículo 188 del CPACA, de conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso, en la presente providencia no se impondrán costas a cargo de la parte apelante, toda vez que el recurso le resultó parcialmente favorable, a lo que se suma que la entidad accionada no fue sujeto de condena alguna en su contra.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 365 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 188
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá D.C., tres (3) de abril de dos mil veinte (2020)
Radicación número: 25000-23-36-000-2015-00840-01(61500)
Actor: CONSORCIO TELVAL OBCIVIL
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Temas: PRECISIONES EN TORNO A LOS INSTITUTOS DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO Y DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / en el caso concreto se alega inobservancia al deber de planeación, incumplimiento de obligaciones contractuales y responsabilidad contractual por causas imputables a la contratante – ATRIBUCIÓN DE RIESGOS QUE EXONERAN DE RESPONSABILIDAD AL ENTE CONTRATANTE POR SU PROPIO INCUMPLIMIENTO – no generan efectos / MAYOR PERMANENCIA EN OBRA / efectos vinculantes de las modificaciones - improcedencia de reconocer los perjuicios reclamados por situaciones ocurridas fuera del vencimiento del plazo contractual / PRESENTACIÓN DE FACTURAS – se requiere la prueba de la ejecución de las obras reclamadas / EFECTOS PROCESALES DE LA FIJACIÓN DEL LITIGIO / no equivale a un desistimiento de las pretensiones que allí no quedan contenidas sino que las excluye del tema de la prueba.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 1 de febrero de 2018, mediante la cual se resolvió (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):
“PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
“SEGUNDO: LIQUIDAR judicialmente el contrato de obra No. 859 de 2011 que celebró el consorcio TELVAL OBCIVIL con la Nación – Ministerio de Educación Nacional.
“En consecuencia, el demandante deberá devolver a la entidad la suma de cuatrocientos veintisiete millones ciento sesenta y siete mil novecientos diecisiete pesos ($427’167.917), conforme lo expuesto en esta providencia.
“TERCERO: CONDENAR en esta instancia al demandante a pagar a favor de La Nación – Ministerio de Educación Nacional, la suma de setecientos ochenta y un mil doscientos cuarenta y dos pesos ($742.242), por concepto de agencias en derecho”.
I. A N T E C E D E N T E S
1. Síntesis del caso
La presente controversia gira en torno a la declaratoria de incumplimiento del contrato 859 de 2011, celebrado entre el Ministerio de Educación Nacional y el consorcio Telval – Obcivil, con el objeto de realizar la construcción de infraestructura en establecimientos educativos oficiales de los municipios de Sopó, Muzo y Pauna, incumplimiento que, según se indicó en la demanda, se concretó en la inobservancia del principio de planeación de la entidad contratante, vulnerado por no haber entregado estudios y diseños que reflejaran las verdaderas condiciones técnicas en el lugar en que se ejecutaría el proyecto y no haber obtenido las licencias de las autoridades competentes en materia arqueológica, omisión que impidió la ejecución en la obra del frente de Sopó y retardó las actividades en los frentes de Muzo y Pauna, todo lo cual causó perjuicios al contratista por la mayor permanencia en obra. También se reclama el incumplimiento derivado de la falta de pago de facturas, falta de reconocimiento de utilidades y del doble descuento del impuesto de guerra realizado sobre el anticipo y las actas de obra.
2. La demanda
La demanda con la que se inició este litigio fue presentada el 27 de marzo de 2015 por el consorcio Telval Obcivil, en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional, con el fin de que:
i) se declarara la responsabilidad contractual del Ministerio de Educación Nación con ocasión del incumplimiento del contrato de obra 859 de 2022, lo que generó un desequilibrio económico y causó graves perjuicios al contratista.
ii) como consecuencia, se condenara a la Nación - Ministerio de Educación Nacional a pagar a favor del consorcio demandante las siguientes sumas de dinero:
$276’177.554, por concepto de sobrecostos administrativos ocasionados entre el inicio del contrato y el 15 de agosto de 2012 –fecha en que venció su plazo- y atribuido a la falta al deber de planeación de la entidad, concretado en la falta de estudios y diseños.
$341’985.311, por concepto de los sobrecostos administrativos derivados de la mayor permanencia en obra generada entre 16 de agosto de 2012, día siguiente al vencimiento del plazo inicial del contrato y el 15 de abril de 2013, fecha en que finalmente terminó.
$162’688.199, por concepto de los perjuicios causados al contratista por la no suscripción de un acto administrativo de terminación unilateral y de liquidación del contrato No. 859 de 2011, los que se causaron entre el 16 de abril de 2013 hasta la fecha de presentación de la demanda.
$20’127.319, por concepto de las facturas pendiente de pago con ocasión de la ejecución del contrato 8598 de 2011, identificadas con los números CTO-012 y CTO-013.
$60’248.688, por concepto de la utilidad dejada de percibir, de conformidad con los términos plasmados en la propuesta presentada por el contratista.
$41’743.554, por concepto del doble valor pagado por la contribución especial “impuesto de guerra” que operó frente al anticipo y las actas de obra.
200 SMLMV por concepto de los perjuicios morales ocasionados a los miembros del consorcio por causa del incumplimiento contractual en que incurrió el Ministerio de Educación Nacional.
iii) se liquidara judicialmente el contrato 859 de 2011.
3. Los hechos
En el escrito de demanda, en síntesis, la parte actora narró los siguientes hechos relevantes:
3.1. Previo procedimiento de licitación pública, el 30 de diciembre de 2011 la Nación - Ministerio de Educación Nacional y el consorcio Telval-Obcivil celebraron el contrato de obra pública 859, con el objeto de “realizar la construcción de infraestructura educativa en establecimientos educativos oficiales del país”, el cual se discriminó de la siguiente manera (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):
DEPARTAMENTO MNUNICIPIO I.EPROYECTO PRESUPUESRTO LICENCIA AREA TOTAL PLAZO BoyacáMuzo SAN MARCOS4 aulas, 1 batería, 1laboratoria$481’121.668SI del 6 de octubre de 2010 por 36 meses 616,576 meses BoyacáPaunaIE SANTA ROSA2 aulas, 1 batería $301’171.2734 de octubre de 2010 POR 24 MESES 229,036 meses CundinamarcaSopóColegio Pablo VO FASE 19 batería, 2 baterías sanitarias $1.341’272.84328 DE JULIO DE 20111150,146 meses $2.123’565.7841995,74
3.2. Que el 16 de febrero de 2012 las partes suscribieron el acta de inicio del contrato.
3.3. Que la entidad contratante incurrió en las siguientes falencias:
-. En relación con el frente de Sopó:
i) No procuró la disponibilidad de los predios para la ejecución del proyecto, dado que al mismo tiempo concurrieron al lugar de la obra contratistas de entes territoriales que obstaculizaron la ejecución de labores; ii) entregó al contratista estudios y diseños que no correspondían a las condiciones reales de los lugares en los que se habría de ejecutar el proyecto, lo que llevó a realizar cambios en el sistema constructivo; iii) no tuvo en cuenta que se trataba de una zona de alta influencia arqueológica en la que podían presentarse vestigios de fósiles, como en efecto ocurrió, por lo que se requería un permiso emitido por el ICANH, cuestión que afectó el inicio y avance de la obra y condujo a su suspensión.
-. En relación con el frente de Muzo:
Los estudios y diseños estructurales entregados por la entidad no reflejaban las condiciones reales del terreno, lo que condujo a que las partes acordaran que el contratista los realizara a costa del Ministerio, cuestión que generó un atraso de 180 días en el cronograma de obras; ii) el 18 de febrero de 2013, la entidad, sin mediar justa causa, dispuso la suspensión de actividades en ese frente.
-. En relación con el frente de Pauna:
i) Los estudios previos entregados presentaron inconsistencias y determinaron la necesidad de ejecutar obras adicionales relacionadas con la prevención de daños en cuanto a sus componentes eléctricos e hidráulicos, las cuales, a pesar de haber sido adelantadas por el contratista, no fueron reconocidas por la entidad.
La entidad no emitió acto administrativo de terminación del contrato y el contratista ha tenido a su disposición el personal para continuar con su ejecución, lo que produjo una mayor permanencia en obra.
3.3. Que durante el plazo de ejecución la Administración realizó el descuento por concepto de impuesto de guerra de manera simultánea frente al anticipo y a las actas de obra, lo que ocasionó una doble tributación.
3.4. Que el Ministerio no reconoció el pago de algunas facturas y tampoco pagó las utilidades adeudadas, por razón de la ejecución del contrato.
4. Fundamentos de derecho
Como apoyo jurídico de sus pretensiones, la parte demandante señaló que en la ejecución del contrato No. 859 de 2011 se incurrió en incumplimiento del deber de planeación por parte de la entidad contratante, que se concretó en la entrega de estudios y diseños que no coincidían con la realidad del proyecto, en haber suscrito el contrato a pesar de existir otros contratos cuyo objeto consistía en la realización de la misma obra por parte de otros contratistas; en no haber efectuado los estudios de suelos sobre el área de influencia arqueológica que se hallaba comprendida dentro el área del proyecto y no haber efectuado el permiso correspondiente por parte del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, todo lo cual, en criterio del actor, causó un desequilibrio económico.
5. Actuación procesal
5.1. Por auto de 27 de marzo de 2015, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda, ordenó la notificación a la entidad demandada y al Ministerio Público.
5.2. Contestación de la demanda – Ministerio de Educación Nacional
La entidad accionada no contestó la demanda dentro de la oportunidad legal, en razón a que el término de traslado para contestar venció el 21 de agosto de 2015, término dentro del cual la accionada guardó silencio.
Así fue declarado por la primera instancia mediante auto del 14 de octubre de 2015, el cual tras no ser recurrido por la parte demandada, adquirió firmeza.
5.3. Audiencia Inicial
El 29 de febrero de 2016 se llevó a cabo la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, en la cual tuvo lugar la etapa de saneamiento. En esa oportunidad, se inadvirtió la existencia de causales de nulidad que viciaran lo actuado y así quedó expresamente convalidado por los intervinientes.
Analizó oficiosamente las excepciones de cosa juzgada, transacción, legitimación en la causa, y caducidad, sin encontrar probada alguna.
Luego, fijó el litigio y, tras precisar que se centraría en lo afirmado en la demanda a falta de su contestación, lo circunscribió a establecer si se configuran los elementos de incumplimiento contractual que se atribuyen al demandando por la ejecución del contrato de obra 859 de 2011 y específicamente por los siguientes conceptos: costos administrativos no reconocidos y sobrecostos por mayor permanencia en obra; por el no pago de las facturas de venta relacionadas en la demanda y aprobadas por la interventoría; por la utilidad dejada de percibir; por el mayor valor descontado por el impuesto de guerra; porque no se suscribieron actos de terminación y liquidación del contrato por parte de la contratante y, finalmente, establecer la procedencia y el reconocimiento de los perjuicios morales solicitados en la demanda.
Por último, la Sala Unitaria se pronunció acerca del valor de los elementos de prueba aportados al proceso y decretó las pruebas documentales y testimoniales solicitadas por la parte demandante. Igualmente, negó la inspección judicial sobre lo soportes contables de la ejecución del contrato pedida en la demanda, por considerarla innecesaria.
5.4. Audiencia de pruebas
El 23 de mayo de 2016 se adelantó la audiencia de pruebas, en desarrollo de la cual se incorporaron a la actuación los documentos recibidos como consecuencia de los oficios librados y se aplazó la declaración testimonial ordenada. El 3 de agosto de 2016 se reanudó la audiencia de pruebas y, luego de adecuar la prueba testimonial a declaración de parte, se escuchó al señor Gabriel Humberto Valderrama, representante legal de la sociedad Telval S.A.
5.5. Alegatos de conclusión
Al finalizar la audiencia de pruebas, el a quo corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. En el término concedido, la parte actora presentó su respectivo escrito de alegaciones, en el cual reiteró los argumentos expuestos en oportunidades procesales precedentes. La parte demandada guardó silencio.
El Ministerio Público rindió concepto, en el cual solicitó negar las pretensiones relacionadas con el restablecimiento del equilibrio económico del contrato por encontrarlas extemporáneas y añadió que de acreditarse la falta al deber de planeación pidió que se declarara la nulidad absoluta del contrato por objeto ilícito.
5.6. La sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda.
Al abordar el análisis de las causas del desequilibrio económico del contrato alegadas por el demandante, se refirió al cambio de los ajustes y diseños del proyecto.
Frente a lo anterior, advirtió que, si bien tal circunstancia aconteció en desarrollo de la ejecución del contrato, lo cierto es que no fue una situación imprevisible, dado que en los pliegos de condiciones se dispuso una etapa inicial en la que el contratista debía revisar los diseños y realizar los cambios que fueran necesarios; así mismo, se impuso la obligación de visitar previamente el lugar de la obra para conocer las condiciones del terreno y agregó que el contratista asumió los riesgos que se derivarían de los cambios y ajustes a los diseños, por manera que esa eventualidad no comportaba un desconocimiento al principio de planeación de la entidad sino una falta de previsión del contratista a la hora de estructurar su oferta.
Respecto de la mayor permanencia en obra que, según sostuvo el demandante, se presentó en desarrollo del negocio jurídico, el a quo consideró que no resultaba viable acceder a su reconocimiento, habida cuenta de que la prolongación del período de ejecución se debió a que el contratista no cumplió las obligaciones contraídas dentro del término contemplado, a lo que sumó que no existía en el expediente prueba que acreditara los sobrecostos que dijo haber padecido como consecuencia de su mayor permanencia en la obra.
Añadió en este punto que, luego de la finalización del contrato, 15 de agosto de 2012, no se dio prórroga alguna de este, por lo que el alegado tiempo de mayor permanencia en la obra que, según el actor, se dio con posterioridad a su vencimiento, no tenía vocación de prosperidad.
En lo concerniente a la falta de pago de la utilidad esperada, el a quo indicó que no resultaba viable su reconocimiento, por cuanto ello solo habría de proceder en caso de que el contratista hubiera cumplido a cabalidad con el objeto contratado, cuestión que en el caso no se acreditó.
Indicó que tampoco estaba llamado a prosperar el reconocimiento de las facturas que, de acuerdo con la demandante, estaban pendientes de pago, por cuanto en el expediente no reposaban los documentos que, con arreglo al contrato, se exigían para proceder a su desembolso.
Al resolver lo relativo al doble descuento del impuesto de guerra, el Tribunal explicó que, de las órdenes de pago que obraban en el expediente, no se evidenciaba que se le hubiera realizado el doble descuento alegado por el demandante.
De otro lado, negó el reconocimiento de los perjuicios morales solicitados en la demanda, debido a que fue el contratista quien incumplió sus obligaciones negociales.
Finalmente, el a quo liquidó judicialmente el contrato y, luego de realizar el cruce de cuentas, de conformidad con los documentos contractuales y las órdenes de pago que reposan en el proceso, concluyó que el contratista debía reintegrar a la entidad la suma de $427’167.917 por concepto de anticipo no amortizado.
5.7. El recurso de apelación
5.7.1. Parte actora
El apelante realizó un recuento de los hechos probados en el proceso, al cabo de lo cual sostuvo que:
-. El a quo no derivó las consecuencias procesales pertinentes de la falta de contestación de la demanda y de la ausencia de su defensa durante el curso del proceso, lo cual se traducía en una confesión de los hechos en que se basaban las pretensiones por parte del Ministerio de Educación Nacional.
-. El Tribunal encontró probado el incumplimiento del contratista de revisar los diseños previos, lo que resultaba contrario a la realidad contractual, y reprochó el hecho de que el a quo trasladara el desconocimiento del deber de planeación al consorcio, cuando fue la entidad la que desatendió su carga de entregar unos diseños ajustados y tener los permisos pertinentes, por tratarse de una zona de alta influencia arqueológica, deber legal del cual no podía exonerarse a través de la asignación de riesgos en cabeza del contratista, los cuales no podían ser atribuidos, en tanto su génesis era el incumplimiento de la entidad y tampoco podía dársele el alcance impartido por la primera instancia, dado que lo asumido por el contratista consistió en los cambios necesarios para dar cumplimiento al objeto del contrato y no el incumplimiento de las obligaciones del demandante, entendimiento que era ineficaz de pleno derecho a la luz de la Ley 80 de 1993.
-. La visita previa al lugar de la obra, contemplada en el pliego de condiciones, la cual debía ser realizada por cuenta y riesgo del contratista, no llevaba a colegir que, a partir de esta, resultaran previsibles los defectos en los estudios y diseños hallados durante la etapa de ejecución, pues solo era posible realizar observaciones técnicas superficiales frente a los planos entregados, pero no verificaciones o sondeos profundos sobre el terreno.
-. Incurrió en un yerro el Tribunal al considerar que no existió mayor permanencia en obra, con el argumento de que en el período reclamado ya se había terminado el contrato; de acuerdo con el apelante, los perjuicios derivados de la mayor permanencia en obra no se pueden circunscribir a que esta se hubiere producido durante el plazo del contrato, dado que el contratista se vio obligado a continuar adelantando actividades e incurrir en costos, aún después de vencido el plazo pactado, sin que la entidad hubiera obrado de buena fe y dar continuidad al vínculo obligacional para culminar el objeto contratado.
En este mismo punto y frente a la supuesta ausencia de soportes contables sobre la causación de la mayor permanencia en obra, explicó que, a pesar de que se había solicitado una inspección judicial para ese propósito, el Tribunal negó su decreto, por lo que las pruebas contables avaladas por los contadores públicos aportadas al proceso, junto con la demanda, constituían plena prueba de su ocurrencia, al no haber sido controvertidas por la parte demandada.
-. En relación con la falta de pago de las facturas de venta Nos. 12 y 13, correspondientes al cobro del corte No. 3 del frente de Muzo y al corte No. 8 del frente de Pauna, advirtió que estas ya habían sido aceptadas por parte del Ministerio de Educación, razón por la cual al expediente no se allegaron los soportes pertinentes para su pago, tras considerarlos innecesarios, por cuanto las facturas eran títulos valores.
-. En relación con la falta de reconocimiento del doble descuento del impuesto de guerra, señaló que, al igual que el punto anterior, la circunstancia anotada se evidenciaba en los soportes contables allegados al proceso que no fueron tenidos en consideración por el Tribunal.
-. En cuanto a la falta de pago de la utilidad dejada de percibir, señaló que el fundamento para su negativa carecía de veracidad, en la medida en que el demandante no había incumplido sus obligaciones contractuales; al contrario, asumió las de la entidad contratante al realizar de nuevo los diseños del proyecto, dado que los entregados por la entidad fueron inejecutables por no corresponder al lugar en donde se ejecutaría la obra, incumplimiento que se configuró por parte de la entidad pública y en virtud del cual se privó al contratista de recibir la utilidad esperada.
-. En similar línea con la anterior, indicó que el argumento para negar los perjuicios morales pedidos por el demandante resultaba ajeno a la realidad, toda vez que fue la entidad pública la que incurrió en el incumplimiento del contrato y, por contera, causó los perjuicios solicitados.
-. En cuanto a la orden emitida en contra del demandante, consistente en el reintegro de la suma de $427’167.917 a favor del Ministerio de Educación, dispuesta por la primera instancia en la liquidación judicial del contrato, señaló que, si bien en la demanda se había pretendido la liquidación judicial del contrato, no podía perderse de vista que esa cuestión no quedó contenida dentro de la fijación del litigio, situación que excluyó la posibilidad de su análisis en la sentencia objeto de apelación, en tanto debía entenderse que el demandante había desistido de esta. En ese sentido, precisó que la decisión de primera instancia desconoció el principio de congruencia.
6. Actuación en segunda instancia
6.1. Mediante providencia del 8 de agosto de 2018, la Sección Tercera de esta Corporación admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.
6.2. En auto del 14 de diciembre de 2018 el despacho de la magistrada ponente negó la solicitud probatoria en segunda instancia elevada por la parte actora. Luego de ser objeto de recurso de súplica, mediante providencia del 30 de mayo de 2019 se confirmó la decisión recurrida.
6.3. Por medio de auto del 11 de junio de 2019, se corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegaciones finales y al Ministerio Público para que rindiese su concepto.
En el término otorgado, los sujetos procesales presentaron sus escritos de alegaciones.
La entidad demandada indicó que la sentencia de primera instancia debía confirmarse, en la medida en que durante el plazo de ejecución contractual el demandado no elevó reclamaciones por fractura del equilibrio económico del contrato ante la entidad, lo que hacía extemporáneas las pretensiones formuladas en la demanda para su restablecimiento.
La parte demandante presentó su escrito de alegatos, en los cuales reiteró los argumentos en que soportó la causa.
El Ministerio Público rindió concepto y solicitó revocar la sentencia de primera instancia para, en su lugar, proceder a restablecer el equilibrio económico del contrato, debido a que se verificó que el contratista había cumplido el objeto contractual y que la mayor permanencia en obra asumida por este se dio por causas imputables a la entidad contratante.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Para resolver la segunda instancia de la presente litis, se abordarán los siguientes temas: 1) competencia del Consejo de Estado; 2) procedencia y oportunidad para el ejercicio de la acción contractual; 3) legitimación en la causa: 3.1) por activa; 3.2) por pasiva; 4) algunas precisiones en torno a los institutos del equilibrio económico del contrato y del incumplimiento contractual. Causas y consecuencias; 5) análisis de la apelación: 5.1) la inobservancia del deber de planeación de la entidad por efectuar estudios y diseños defectuosos y la imposibilidad de trasladar las consecuencias nocivas de su ocurrencia al contratista; 5.2) perjuicios derivados de la ausencia del deber de planeación de la entidad por efectuar estudios y diseños defectuosos respecto del frente de Sopó; 5.3) la mayor permanencia en obra comprendida entre el 16 de agosto de 2012 hasta el 15 de abril de 2013; 5.4) la falta de pago de las facturas No. 12 y 13; 5.5) la falta del reintegro del doble descuento del impuesto de guerra; 5.6) la falta de reconocimiento de utilidad dejada de percibir con ocasión de la ejecución del contrato No. 859 de 2011; 5.7) los perjuicios morales padecidos por el incumplimiento contractual de la entidad demandada; 5.8) la improcedencia de liquidar judicialmente el contrato por no haber quedado cobijado dentro de la fijación del litigio y 6) costas.
1.- Competencia del Consejo de Estado
A continuación, la Sala verificará la competencia para conocer del recurso de apelación:
Se tiene presente que el artículo 104 de la Ley 1437 expedida en 2011 (C.P.A.C.A.), vigente a partir de 2 de julio de 2012, prescribe que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se encuentra instituida para conocer, “además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, (…) en los que estén involucradas las entidades públicas”.
En esta oportunidad se encuentran en controversia circunstancias atinentes al presunto incumplimiento y/o ruptura del equilibrio económico del contrato 859 de 2011, celebrado entre el Ministerio de Educación Nacional y el consorcio Telval – Obcivil.
Así las cosas, la Nación – Ministerio de Educación Nacional, con sujeción a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 104 del C.P.A.C.A., en concordancia con el articulo 2 la Ley 80 de 1993, ostenta la naturaleza de entidad estatal. Por la razón advertida, esta jurisdicción es competente para conocer del presente asunto.
1.2.- También le asiste competencia a la Sala para tramitar el asunto en segunda instancia, toda vez que la mayor de las pretensiones de contenido económico se estimó en la suma de $341’985.311, monto que resulta superior a la suma equivalente a 500 S.M.L.M.V. ($322’175.000), exigida en la Ley 1437 de 2011, para que el proceso tuviera vocación de doble instancia.
2.- Procedencia y oportunidad para el ejercicio de la acción contractual
Observa la Sala que las pretensiones versan sobre el supuesto incumplimiento y/o ruptura del equilibrio económico del contrato 859 de 2011, celebrado entre el Ministerio de Educación Nacional y el consorcio Telval – Obcivil, aspecto que, al tenor de los dictados del artículo 141 de la Ley 1437 de 2011 que orientan a que: “Cualquiera de las partes de un contrato del Estado podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y condenas”, corresponde ventilase a través del medio de control de controversias contractuales.
En secuencia con lo anterior, para establecer la oportunidad de la interposición de la demanda, debe atenderse a la regla prescrita en el numeral 3) del literal j) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2007, de conformidad con la cual la demanda deberá ser presentada dentro de los dos años contados: “v) En los que requieran de liquidación y esta no se logre por mutuo acuerdo o no se practique por la administración unilateralmente, una vez cumplido el término de dos (2) meses contados a partir del vencimiento del plazo convenido para hacerlo bilateralmente o, en su defecto, del término de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato o la expedición del acto que lo ordene o del acuerdo que la disponga”, en consideración a que el contrato de obra 859, luego de su terminación por vencimiento del plazo, no fue liquidado bilateral ni unilateralmente.
Así pues, el plazo del contrato 859, celebrado el 30 de diciembre de 2011 por un plazo de 180 días, inició el 16 de febrero de 2012 y culminó el 15 de agosto de 2012, sin que se hubiera extendido su período a través de la respectiva prórroga. En ese orden, los seis meses dispuestos para liquidarlo bilateral o unilateralmente vencieron el 16 de febrero de 2013, por lo que los dos años de caducidad habrían de cumplirse el 16 de febrero de 2015.
En este punto es imperativo señalar que el 11 de febrero 2015, faltando cinco días para vencerse el plazo de dos años, la parte actora presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría Cuarta Judicial II para Asuntos Administrativos, trámite que culminó el 25 de marzo de 2015, tras declararse fallida, por ausencia de ánimo conciliatorio, razón por la cual, a partir del 26 de marzo de 2015 se reanudó el término de cinco días restantes para completar los dos años de caducidad, los cuales vencían el 30 de marzo de 2015.
Corolario de lo plasmado, al haberse presentado la demanda el 27 de marzo de 2015, se concluye que su interposición fue oportuna.
3.- Legitimación en la causa
3.1. Por activa
La Sala advierte que le asiste legitimación en la causa por activa al consorcio Telval Obcivil, en calidad de contratista dentro del negocio jurídico 859 de 2011, en cuya ejecución se presentó el incumplimiento materia de debate.
3.2. Por pasiva
Le asiste legitimación en la causa por pasiva a la Nación - Ministerio de Educación Nacional para integrar el extremo demandado, dada su calidad de contratante del acuerdo en desarrollo del cual se presentaron los hechos objeto de controversia.
4.- Algunas precisiones en torno a los institutos del equilibrio económico del contrato y del incumplimiento contractual. Causas y consecuencias
En consideración a que el supuesto jurídico de la reclamación sometida al conocimiento de la Sala halla su fundamento en el incumplimiento contractual y la ocurrencia de un desequilibrio económico del contrato como consecuencia de aquel, la Sala advierte la necesidad de realizar algunas puntualizaciones sobre las dos figuras en comento.
Como punto de partida, debe iniciarse por indicar que, de manera reiterada, esta Subsección ha enfatizado en que la conservación del sinalagma prestacional propende por asegurar que durante la ejecución del contrato se mantengan las mismas condiciones económicas y/o financieras que las partes tuvieron en cuenta al momento de presentar la oferta y que le sirvieron de cimiento.
En ese sentido, ha sostenido que dicha equivalencia puede verse afectada ya fuere por factores externos a las partes cuya ocurrencia se enmarca dentro de la teoría de la imprevisión o por diversas causas que pueden resultar atribuibles a la Administración por la expedición de actos en ejercicio legítimo de su posición de autoridad, los cuales han sido concebidos por la doctrina como “Hecho del Príncipe” o en uso de sus facultades de entidad contratante a través de las potestades excepcionales “Ius variandi”, pero que en ningún caso se derivan de la conducta antijurídica del extremo público contratante.
Igualmente, el legislador ha establecido que dicha equivalencia debe garantizarse a ambas partes, en tanto no constituye un privilegio exclusivo del contratista particular. Por tanto, en el evento de quebrantarse corresponderá adoptar los mecanismos de restablecimiento dispuestos por el legislador y adoptados por las partes, entre ellos, el reajuste de precios.
A contrario sensu, el incumplimiento contractual supone la inobservancia de las obligaciones contraídas por virtud de la celebración del acuerdo negocial, infracción que bien puede cristalizarse por cuenta del cumplimiento tardío o defectuoso de las condiciones convenidas o por el incumplimiento absoluto del objeto del contrato.
Cabe agregar que la configuración del incumplimiento no solo se presenta por la inobservancia de las estipulaciones contenidas en el texto contractual, sino en todos los documentos que lo integran, tales como los pliegos de condiciones o términos de referencia que, por regla general, fungen como soportes de la formación del vínculo jurídico.
Asimismo, tiene ocurrencia cuando la actuación de las partes desconoce el catálogo de principios que orientan la contratación y que igualmente se entienden incorporados en la relación jurídica bilateral.
Como se aprecia, el incumplimiento se origina en una conducta alejada de la juridicidad de uno de los extremos cocontratantes que, de manera injustificada, se sustrae de la satisfacción de las prestaciones a su cargo en el tiempo y en la forma estipulada.
Su ocurrencia invade la órbita de la responsabilidad contractual y, desde esa perspectiva, la parte cumplida podrá acudir a la jurisdicción en procura de obtener la resolución del vínculo obligacional, el cumplimiento del compromiso insatisfecho y la indemnización de los perjuicios causados.
Esta Subsección se ha ocupado de puntualizar las múltiples diferencias que existen entre la ruptura del equilibrio económico financiero del contrato y la figura del incumplimiento contractual, así como los efectos que de uno y otro caso se desprenden.
Aunque las figuras analizadas obedecen a causas diferentes y tienen consecuencias distintas, tanto la jurisprudencia de esta Subsección como el propio legislador han reconocido que en algunas oportunidades el incumplimiento constituye causa de la ruptura económica del contrato.
De cualquier modo, en atención al principio constitucional que impone la prevalencia de lo sustancial sobre la forma, corresponderá al juez de la causa determinar en cada caso particular desde cuál óptica debe emprenderse el respectivo análisis.
En este caso la parte actora sostuvo que el supuesto fáctico de sus pretensiones se apoyaba en el incumplimiento del deber de planeación del contratante por no contar con estudios y diseños que reflejaran las verdaderas condiciones técnicas en el lugar en donde se ejecutaría el proyecto y no haber obtenido las licencias de las autoridades competentes en materia arqueológica, omisión que impidió la ejecución en la obra del frente de Sopó y retardó las actividades en los frentes de Muzo y Pauna, todo lo cual causó perjuicios al contratista por la mayor permanencia en obra.
Igualmente, fundó sus pretensiones en el incumplimiento en la falta de pago de facturas, falta de reconocimiento de utilidades y del doble descuento del impuesto de guerra realizado sobre el anticipo y las actas de obra.
Como se aprecia, lo que en realidad se encuentra en discusión, más allá de corresponder a un evento de ruptura del equilibrio económico del contrato, obedece a un caso en el cual se atribuye responsabilidad contractual al ente público por la desatención de sus cargas obligacionales.
Precisado lo anterior, la Sala abordará el estudio de los cargos de la apelación desde la óptica que en derecho corresponda.
5.- Análisis de la apelación
5.1. La inobservancia del deber de planeación de la entidad por efectuar estudios y diseños defectuosos y la imposibilidad de trasladar las consecuencias nocivas de su ocurrencia al contratista
Al respecto, se recuerda que el Tribunal de primera instancia encontró acreditado que durante la ejecución del contrato se produjo un cambio de los ajustes y diseños del proyecto, frente a lo cual advirtió que no fue una situación imprevisible, dado que en los pliegos de condiciones se dispuso una etapa inicial en la que el contratista debía revisar los diseños, a efectos de realizar los cambios que fueran necesarios; así mismo, se dispuso la obligación de visitar previamente el lugar de la obra para conocer las condiciones del terreno y agregó que el contratista asumió los riesgos que se derivarían de los cambios y ajustes a los diseños, por manera que esa eventualidad no comportaba un desconocimiento al principio de planeación de la entidad sino una falta de previsión del contratista a la hora de estructurar su oferta.
En discrepancia con lo anterior, el apelante sostuvo que el tribunal consideró probado el incumplimiento del contratista de revisar los diseños previos, lo que resultaba contrario a la realidad contractual, y reprochó el hecho de que el a quo trasladara el desconocimiento del deber de planeación a la contratista cuando fue la entidad la que desatendió su carga de entregar unos diseños ajustados y tener los permisos pertinentes, por tratarse de una zona de alta influencia arqueológica, deber legal del cual no podía exonerarse a través de la asignación de riesgos en cabeza del contratista, los que no podían serle atribuidos, en tanto su génesis era el incumplimiento de la entidad y tampoco podía dársele el alcance impartido por la primera instancia. Explicó que lo asumido por el contratista consistió en los cambios necesarios para dar cumplimiento al objeto del contrato y no el incumplimiento de las obligaciones del demandante, entendimiento que era ineficaz de pleno derecho a la luz de la Ley 80 de 1993.
Añadió en su recurso que la visita previa al lugar de la obra, prevista en el pliego de condiciones, la cual debía ser realizada por cuenta y riesgo del contratista, no llevaba a colegir que a partir de esta resultaran previsibles los defectos en los estudios y diseños hallados durante la etapa de ejecución, pues solo era posible realizar observaciones técnicas superficiales frente a los planos entregados, pero no verificaciones o sondeos profundos sobre el terreno.
Planteado como está el primer cargo de la apelación, procederá la Sala a referirse a lo ocurrido durante el desarrollo del contrato 859 en relación con los estudios y diseños del proyecto.
Para ese propósito, se encuentra que en el pliego de condiciones que rigió la licitación pública No. LP-MEN-07 de 2011 que dio lugar a la celebración del contrato 859 de 2011 se incorporó la obligación cargo de la entidad contratante de entregar los estudios y diseños con base en los cuales se edificaría el proyecto (se transcribe de forma literal incluso con posibles errores):
“2.2. Especificaciones técnicas y Obligaciones
Cada uno de los proyectos mencionados en esos pliegos cuenta con sus respectivos estudios, diseños, planos, memorias de cantidades, especificaciones técnicas y demás documentos necesarios para adelantar las actividades objeto del contrato, los cuales hacen parte de los estudios previos y se publican en el SECOP de conformidad con lo previsto en el decreto 2474 de 2008”.
Correlativamente, dentro de las obligaciones del contratista establecidas en el numeral 2.2.2. del pliego se convino la de ejecutar la obra de conformidad con los estudios previos, y estudios y diseños aprobados por la interventoría.
Así mismo, en el numeral 2.3 del pliego de condiciones se indicó la obligación de los proponentes de realizar la visita al lugar en el que se ejecutarían las obras, en los siguientes términos (se transcribe de forma literal incluso con posibles errores):
“El proponente bajo su cuenta y riesgo deberá inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar los proyectos y los alrededores de las obra e informarse sobre la forma y características del sitio, localización y naturaleza de la obra y la de los materiales necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra y las fuentes de materiales para su explotación zonas de botaderos, las vías de acceso al sitio y las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones ambientales, sociales y de orden público del área de influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto y sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta económica y siempre cumpliendo con la normatividad aplicable.
“Es responsabilidad del proponente, bajo su cuenta y riesgo, familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos, así como de los riesgos previsibles de la obra, para su desconocimiento no se considerará como excusa válida para posteriores reclamaciones”.
“Será obligatoria la visita a todos y cada uno de los proyectos que conforman cada grupo, en consecuencia el oferente deberá acreditar el cumplimiento de la visita a todos y cada uno de los proyectos que conforman el grupo (s) para el que presente propuesta. A la visita se deberá presentar el proponente y/o un representante delegado mediante autorización escrita, el cual deberá ser arquitecto o ingeniero, con el original de su tarjeta profesional.
“El Ministerio entregara certificación de asistencia a la visita, la cual debe ser incluida en la propuesta. En caso de que el asistente no sea idóneo, es decir, no cumpla con las condiciones exigidas, no se expedirá certificación.
“En caso de consorcios y uniones temporales, se validará la visita, siempre y cuando al menos unos de sus integrantes presente con su propuesta el certificado o constancia de asistencia a la visita a la obra.
“La no asistencia a las visitas a las obras en la fecha y hora señalada a continuación, será causal de rechazo de la propuesta”.
En el capítulo VII del pliego de condiciones se insertó el cuadro correspondiente a la tipificación, asignación y estimación de riesgos, del cual se destaca lo siguiente (se transcribe de forma literal incluso con posibles errores):
TIPIFICACIÓN
ASIGNACIÓN
ESTIMACIÓN
Riesgo por entrega de información errada. Se materializa cuando la entidad entrega, para la ejecución del contrato, información errada o desactualizada y el contratista ejecuta propias del objeto contractual y de sus obligaciones con dicha información.
Lo asume la entidad pública contratante
El costo de las actividades y gastos realizados, sin utilidad
Modificación de estudios, diseños y especificaciones técnicas: Ocurre cuando se presentan efectos originados por cambios necesarios para la correcta ejecución y operación
Lo asume el contratista quien debe prever este riesgo en su propuesta económica
No se reconoce suma alguna al contratista
Como resultado del respectivo procedimiento de selección, el 30 de diciembre de 2011, el Ministerio de Educación Nacional y el consorcio Telval Obcivil celebraron el contrato 859 de 2011, con el objeto de realizar la construcción de obras de infraestructura educativa en establecimientos educativos oficiales del país, el cual se discriminó de la siguiente manera(se transcribe de forma literal incluso con posibles errores):
DEPARTAMENTO MNUNICIPIO I.EPROYECTO PRESUPUESRTO LICENCIA AREA TOTAL PLAZO BoyacáMuzo SAN MARCOS4 aulas, 1 batería, 1 laboratorio$481’121.668SI del 6 de octubre de 2010 por 36 meses 616,576 meses BoyacáPaunaIE SANTA ROSA2 aulas, 1 batería $301’171.2734 de octubre de 2010 POR 24 MESES 229,036 meses CundinamarcaSopóColegio Pablo VO FASE 19 aulas, 2 baterías sanitarias $1.341’272.84328 DE JULIO DE 20111150,146 meses $2.123’565.7841995,74
El plazo del contrato se estipuló en seis meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
Del panorama precontractual que antecede, la Sala advierte que:
i) La obligación de elaborar y entregar los estudios y diseños que sirvieron de apoyo técnico para la ejecución del proyecto de construcción de obras de infraestructura educativa en establecimientos oficiales fue contraída por el Ministerio de Educación.
Para ejecutar el objeto contratado, según fue indicado en el pliego de condiciones, el constructor debía necesariamente sujetarse a los términos plasmados en los referidos estudios y diseños entregados por el ente estatal.
Con base en esta premisa, resulta válido interpretar de una manera lógica y sistemática que, al elaborar la matriz de riesgos del proyecto, se asignó a la entidad aquel que se derivara de la entrega errada de la información a la que ella se obligaba a suministrar, entre otras, por supuesto la relativa a los documentos previos por ella elaborados, dentro de los cuales se hallaban los estados y diseños con base en los cuales se habría de estructurar la obra.
Tal hermenéutica no solo se desprende de una lectura armónica y sistemática de las anteriores previsiones contractuales, sino que además atiende a la normativa en que habría de sustentarse, por cuanto no de otra manera podría darse aplicación y plena observancia a las reglas contenidas en el literal d) del numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, de conformidad con el cual en los pliegos de condiciones “No se incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni exenciones de la responsabilidad derivada de los datos, informes y documentos que se suministren”, so pena de considerarse ineficaces de pleno derecho.
La anterior premisa halla un asiento jurídico igualmente en el artículo 1535 del Código Civil, según el cual “son nulas las obligaciones contraídas bajo una condición potestativa que consista en la mera voluntad de la persona que se obliga”.
Así pues, en desarrollo de las mencionadas normas, se concluye que resultaría contrario a derecho asignar al contratista aquellos riesgos cuya concreción se derivara directamente de la voluntad exclusiva de la entidad contratante y que tuvieran la virtualidad de afectar la normal ejecución del contrato. Tal sería el caso de los supuestos de incumplimiento contractual que bien podría encuadrarse cuando esta se aparta de su obligación de planeación.
Sentado lo expuesto, cabe precisar que, aun cuando la planeación que se debe observar en la etapa previa a la celebración del contrato se demanda respecto de ambos extremos precontratantes, lo cierto es que ello es así en función de las cargas y responsabilidades que cada uno asuma en relación con la naturaleza y el contenido de las obligaciones que se contraen con ocasión de la celebración del acuerdo.
En esa medida, si, de acuerdo con el pliego de condiciones, era el Ministerio el que se obligaba a suministrar los estudios y diseños para que el contratista se ciñera a su contenido, la exigencia mínima que debía cumplir respecto de aquellos era que reflejaran las condiciones reales del terreno.
ii) Del escenario precontractual puesto de presente también se desprende que en la distribución de riesgos se previó la posibilidad de que estos se materializaran por cambios en los estudios, diseños y especificaciones técnicas, pero, a diferencia de la anterior estimación, en este caso no se habrían de producir como consecuencia de defectos o errores en la información allí contenida, sino como producto de la necesidad de introducir modificaciones para la correcta ejecución y operación del proyecto.
En este evento se le concedió libertad al contratista para que, de conformidad con sus praxis y los cambios surgidos en medio del proceso constructivo, sugiriera ajustes o modificaciones a los estudios y a los diseños, caso en el cual debía precaver estos acontecimientos en su propuesta y asumirlos.
Se exigió la visita previa a la obra por parte de los oferentes para que estos se familiarizaran con los detalles y condiciones bajo las cuales se ejecutarían los trabajos y advirtieran los riesgos previsibles, es decir, los que asociados de manera directa a su ejecución podrían surgir en desarrollo de la obra, sin que para su verificación se demandaran mayores esfuerzos técnicos en cuanto a excavaciones, más allá de la constatación material que habría de surgir como producto del conocimiento y experticia de los oferentes que la visitaran, a partir de su inspección ocular.
En ese evento, sería el contratista quien asumiría los efectos económicos de tal acontecer.
iii) Sentando lo anterior, a continuación, se analizará lo ocurrido en cada frente de obra desde la suscripción del acta de inicio hasta la finalización del plazo contractual-15 de agosto de 2012-:
El 16 de febrero de 2012 se suscribió el acta de inicio respecto de todos los frentes de obra.
Frente Sopó
En relación con la ejecución de la obra en este frente se destacan los siguientes elementos probatorios:
En acta de seguimiento del contrato suscrita el 2 de marzo de 2012, respecto del proyecto de Sopó se hizo constar que en el lugar de la obra había contratistas del municipio de Sopó y del departamento de Cundinamarca y el ahora demandante, por lo que fue necesario precisar el alcance del proyecto en el sentido de que al consorcio Telval Obcivil le correspondía construir el bloque B; también se definió realizar un nuevo estudio de suelos, por cuanto los contratistas de la gobernación y de la alcaldía encontraron diferencias en el suelo, lo que hizo que los pilotes proyectados a implantar a 11 m solo llegaron a 4 m de profundidad. Se indicó que se debía realizar el balance presupuestal completo del Bloque B para determinar el valor total del contrato. Se indicó que en la visita al predio se observó que existía inestabilidad del terreno en el costado del muro de cerramiento, para lo cual debía hacerse un muro de contención.
En reunión de obra del 13 de marzo de 2012, se reiteraron los problemas concernientes a la actividad de pilotaje y la inestabilidad que presentaba el muro de cerramiento de la zona. Se dejó constancia de que el inicio de la obra se demoró mientras se definía con el consultor del diseño el cambio de cimentación por pilotes a sistema caissons. En esa fecha se contempló la posibilidad de realizar una suspensión de la obra en el frente de Sopó por estas consideraciones.
El 16 de marzo de 2012, se llevó a cabo una reunión a la cual asistió el consultor de la Universidad Nacional, en la que se dejó constancia de que los estudios de suelos se hicieron sin tener “total conocimiento del proyecto arquitectónico y estructural, así que con un esquema se determinó la localización de los apiques. De igual forma las recomendaciones del estudio son generales y se dejó especificado la longitud de los pilotes de acuerdo a unas posibles cargas”. Esto llevó a que interinstitucionalmente se discutiera el cambio de cimentación de pilotes al sistema caissons. Se reveló por las partes la preocupación por la inestabilidad del muro de cerramiento y porque presentaran fallas, por lo que debía diseñarse un estudio de suelos para la construcción de un nuevo muro. En esa reunión el contratista sugirió realizar 4 apiques de verificaciones sobre el estudio de suelos antes de solicitar uno nuevo y definir así el uso de caissons o pilotes. Se solicitó a la Universidad Nacional realizar los ajustes sobre la cimentación con base en los resultados de los apiques.
El 20 de marzo de 2012, la interventoría informó al contratista que, debido a los inconvenientes presentados en el estudio de suelos del frente Sopó y a la falta de coincidencia con la profundidad a la que se halló el suelo de fundación, solicitó realizar una visita conjunta al terreno para verificar la profundidad a la que alcanzaban las perforaciones, al cabo de lo cual debía presentar un record del perfil estratigráfico.
El 21 de marzo de 2012 aún no se habían realizado los apiques para definir el sistema constructivo. Con todo, el contratista recomendó que usaran cimentación tipo caissons para que fuera homogénea con el resto del proyecto. De conformidad con la modificación del alcance del proyecto debía definirse la distribución de las redes de energía y las cantidades de obras.
Para el 29 de marzo de 2012 ya se había dispuesto el cambio de la cimentación y el contratista estaba revisando los nuevos diseños y calculando las nuevas cantidades de obra. Se precisó que el muro de contención no sería tomado en cuenta para efecto del balance.
En oficio del 29 de marzo de 2012, la interventoría informó al contratista las actividades preliminares que debían llevarse a cabo para iniciar las obras en el frente de Sopó y que el ministerio no invertiría recursos para reparar el muro de contención.
En comité de obra del 2 de abril de 2012 se consignó que ya estaban los nuevos diseños estructurales de cimentación y estructurales y se entregaron los nuevos presupuestos divididos por contratistas con las cantidades de obra, de acuerdo con el alcance del proyecto.
El 18 de abril de 2012 el contratista puso de presente a la entidad el riesgo de estabilidad del talud que se hallaba protegido con dos muros de contención en el colegio de Sopó, uno de los cuales presentaba graves fallas de estabilidad. También advirtió que se hallaban unas redes de media tensión sobre postes en concreto de 12 metros, circunstancia que por la configuración del equipo de pilotaje no permitía ubicar una máquina bajo las redes sin afectar la estabilidad de los postes o la continuidad de las líneas que llevan la energía.
Se pusieron de presente las dificultades que arrojaron los hallazgos de coluvión en las excavaciones, lo que hacía que la máquina de pilotaje no perforara en una capa con ese material. Todo lo anterior condujo a que se autorizara el cambio de cimentación de pilotes por caissons, actividad que se llevaría a cabo por el contratista del municipio de Sopó, no obstante, debía garantizarse esa misma cimentación para cada uno de los bloques.
El 25 de abril de 2012, en la reunión interdisciplinaria, surgió la discusión acerca de los niveles de profundidad de los planos de la Universidad Nacional. Advirtieron preocupación porque la cimentación del proyecto en general podía presentar asentamientos diferenciales, pues en los bloques A y C se hizo la cimentación en pilotes y en caissons y en el bloque B no se había iniciado el sistema de cimentación porque no se había definido y se estaba pensando que era en zapatas. Para el bloque B, a dos meses y medio de haber firmado el acta de inicio, aún no se tenía definido el sistema de cimentación y sin ello no se podían iniciar las obras.
En oficio del 26 de abril de 2012, el contratista manifestó su preocupación por que, dada la nueva modificación del sistema de cimentación recomendada por el asesor estructural de la gobernación de Cundinamarca y la falta de entrega de los nuevos diseños, la obra se hallaba paralizada y también debido a los hallazgos arqueológicos, lo cual le estaba generando sobrecostos administrativos.
El municipio de Sopó encomendó a la Universidad de los Andes que llevara a cabo una inspección sobre el lugar de hallazgos de los vestigios arqueológicos ubicados en el predio del colegio Pablo VI y que rindiera un concepto, el cual fue presentado a ese ente territorial el 27 de abril de 2012 y de acuerdo con cuyo contenido se concluyó (se transcribe de forma literal incluso con posibles errores):
“Con base en estas observaciones y a las referencias aportadas por varias de las personas allí presentes al momento de la visita (en el sentido de recordar que en la memoria del pueblo se dice que en ese lugar se hicieron hallazgos de tumbas indígenas en la época cuando se construyeron las canchas deportivas), y aunque no es posible por el momento decir con exactitud qué tipo de sitio es (vivienda, tumba, cementerio, etc.), el hallazgo que motivó la suspensión parcial de las obras de naturaleza claramente arqueológico y además evidencias encontradas, hacen que sean necesario implementar un Plan de Manejo Arqueológico que permita verificar el potencial arqueológico del resto del predio antes de avanzar en la obra y evitar así posibles hallazgos adicionales y en consecuencia, posibles nuevas suspensiones”.
El 2 de mayo de 2012, el contratista le expresó al ministerio que debían aplicar una fórmula de solución de controversias contractuales derivadas de los daños causados por los defectos en los estudios y diseños entregados por la entidad.
El 3 de mayo de 2012, en la reunión interinstitucional se dejó constancia de que el municipio de Sopó tomó la decisión de suspender las obras en ese frente debido a los hallazgos arqueológicos en la zona del proyecto, por lo que las obras no podían llevarse a cabo hasta que se hicieran los estudios arqueológicos de la zona.
En la intervención del Ministerio de Educación en esa acta de reunión se dejó constancia de que (se transcribe de forma literal incluso con posibles errores):
“Para el MEN en este momento lo que prima son los hallazgos arqueológicos y seguramente esta semana se tome una decisión y se informara. Si el comité define que sea pertinente con la de continuar con la obra se seguirá con el tema de revisiones sino seguramente se haga una liquidación parcial con el contratista. Pero el MEN tiene facturando una interventoría mensual y el contratista tiene su persona. Antes de llegar a mirar el tema, se va es a tomar una decisión esta semana contractual de si se continua o no, y el MEN abrió fue una licitación de obra y no una de ajustes a diseños y el tema hay que revisarlo primero. El MEN no puede poner a patinar al contratista y a la interventoría revisando diseños y armando APUS cuando no se trata del tema de obra…expone que hay unos tiempos que se tienen previstos y las obras deben ser entregadas antes de noviembre y como se ve que hay más cosas que hacer en cuanto a diseños y balances, seguramente el Ministerio se sentará con la gobernación y mirara si se abre otro proceso o si los apoya de otra manera. La preocupación continua en el tema de ampliación de cobertura de calidad educativa, pero como se tiene de por medio un contrato, jurídicamente la ordenadora del gasto tiene que revisar que es lo más pertinente, si tiene un contrato andando sin el tema definidos los hallazgos o si se toma la decisión de esperar. No se ha tomado la decisión”.
Al final de esa reunión se acordó: (se transcribe de forma literal incluso con posibles errores):
“El consorcio TEVAL-OBCIVIL, la interventoría consorcio C&R 2011, la coordinadora y la supervisora del contrato de FONADE y el arq. Andrés Díaz el MEN terminan el comité y se define no realizar más actividades por parte de la interventora y del contratista hasta tanto el MEN no defina que va a pasar con el proyecto”.
El 6 de junio del 2012 el contratista manifestó al ministerio que se encontraba conforme con la propuesta de suspender la ejecución de trabajos en los frentes de Sopó.
El 22 de junio de 2012, el Ministerio indicó al consorcio que, según reunión sostenida el 5 de junio de ese año, en la que se habían evaluado los inconvenientes en medio de la ejecución el contrato 859, se había acordado que se procedería a tramitar la suspensión de las obras en el frente de Sopó.
El 1 de julio de 2012, el contratista solicitó al Ministerio que diera solución a la problemática que había dado lugar a la suspensión de las obras en el frente de Sopó y que se tramitara la obtención de la licencia expedida por el ICANH y se acudiera a los mecanismos de solución de conflictos para definir las consecuencias negativas de los defectos en los diseños, los sobrecostos administrativos asumidos.
El 18 de julio de 2012, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia autorizó la intervención sobre patrimonio arqueológico en la sede de la institución educativa Pablo VI del municipio de Sopó.
En el informe de excavación realizado por la Universidad de los Andes, como consecuencia de la autorización impartida por el ICAH, se conceptuó lo siguiente (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):
“Las actividades que se deben realizar y el cronograma de esta fase de rescate serán definidos en el informe final del proyecto. el área a excavar corresponde al sitio donde se plantea el Bloque C, a cargo de la Alcaldía Municipal de Sopó. Las áreas asignadas a la Gobernación de Cundinamarca y al Ministerio de Educación, marcados como B y D, así como el Bloque A de la Alcaldía Municipal de Sopó poseen un bajo potencial arqueológico, pues no presentaron material cultural”.
El 27 de julio de 2012, en acta de reunión suscrita con la alcaldía de Sopó se hizo constar la existencia de vestigios arqueológicos en el lugar que correspondería a los módulos A y C de la institución educativa Pablo Sexto de Sopó; sin embargo, como este módulo estaba a cargo de otro contratista del municipio de Sopó, el demandante no compareció a esa reunión. En esa reunión se solicitó que los otros contratistas encargados de los módulos D y B se hicieran presentes para la coordinación de los trabajos.
En reunión del 8 de agosto de 2012 se realizó un resumen de lo acontecido en relación con la suspensión de la obra por razones arqueológicas, no obstante, luego de las excavaciones realizadas por el municipio, no se hallaron vestigios arqueológicos en el predio. Informó el contratista que le correspondía la construcción del bloque B, pero que la información estaba incompleta y hacía falta completar el balance incluyendo ítemes no previstos para terminar la obra. Indicó que existían obras adicionales que no estaban contempladas en los planos, como la construcción de un nuevo muro de contención que colindaba con una urbanización y el traslado de redes eléctricas.
El 15 de agosto de 2012 finalizó el plazo del contrato 859 de 2011, sin que las partes hubieran decidido prorrogarlo o suspenderlo. Conclusiones en relación con lo ocurrido en Sopó: Del recuento de lo probado se tiene que la entidad, en efecto, transgredió el deber de planeación, consistente en entregar estudios de suelos contentivos de información fidedigna que reflejara la realidad del proyecto, riesgo cuya ocurrencia se asumió por esta, con los correspondientes efectos económicos nocivos de tal acontecer. Es claro que al iniciar la ejecución de ese frente de obra se evidenció que para la construcción del mismo establecimiento educativo existían dos contratistas más encargados de intervenir el proyecto, unos por cuenta del municipio de Sopó y otros a cargo del departamento de Cundinamarca. Esta situación condujo a que se reasignaran las labores entre las entidades que participaron en la ejecución, en el sentido de redistribuir los bloques a construir, correspondiéndole al contratista demandante la construcción del bloque B. Por la misma razón, en adelante las actas de seguimiento del proyecto se realizaron con la intervención de los contratistas de las mencionadas entidades territoriales porque debían coordinar la ejecución de actividades de manera conjunta. A la par con lo anterior, desde el inicio de la ejecución de la obra surgió con claridad que el estudio de suelos entregado por la entidad, como soporte para emplear el sistema cimentación del proyecto a base de pilotes, no reflejó las verdaderas condiciones del terreno en cuanto a la profundidad en que se hallaría el suelo portante ni de los materiales que se registrarían en el subsuelo y que generaron dificultad en las excavaciones con la piloteadora. La circunstancia anotada condujo a la necesidad de realizar un nuevo estudio de suelos –cuya elaboración no es claro a cargo de quien estuvo-, a partir del cual se determinó que la cimentación de todos los bloques debía realizarse implementando el sistema de caissons para guardar la uniformidad y evitar asentamientos diferenciales. La situación narrada retardó el inicio de la ejecución de las obras, mientras las entidades contratantes definían si autorizaban o no la modificación al sistema de cimentación, cuestión que, en criterio de la Sala, resultó imputable a la inexactitud derivada de los estudios de suelos entregados por la entidad y cuyo riesgo, por las razones que se anotaron en precedencia, no podía ser trasladado al contratista y a la dificultad para coordinar interinstitucionalmente los frentes de trabajo. En el entretanto, el contratista, ahora demandante, puso de presente varios inconvenientes que, en su criterio, afectaron el avance del proyecto; no obstante, a juicio de la Sala, estos supuestos constituyeron aspectos cuya previsibilidad habría de originarse en la visita previa al lugar de la obra. Tal es el caso del riesgo que presentaba el talud que se hallaba protegido con dos muros de contención, uno de los cuales presentaba graves fallas de estabilidad y lo ocurrido en relación con redes de media tensión sobre postes en concreto de 12 metros que obstaculizaban la ubicación del equipo de pilotaje. La Sala considera que estas dificultades bien podrían establecerse de entrada por el oferente contratista al realizar la visita previa al lugar del proyecto, como se exigió en el pliego de condiciones, en tanto esa era precisamente su finalidad: constatar los riesgos previsibles para cuya advertencia bastaba con la inspección de una persona idónea y con experticia en la ejecución de obras civiles, como lo habría sido el personal del consorcio contratista. Así pues, el retardo o sobrecostos que se hubieren podido causar por razones de las últimas circunstancias anotadas no escaparían de la órbita de responsabilidad del contratista y, por tanto, su ocurrencia no resultaría atribuible a la entidad pública contratante.
De otro lado, continuando con el recuento y análisis de lo acontecido, se observa que hacia mediados de abril de 2012, en medio de las excavaciones, se hallaron vestigios arqueológicos, situación que provocó la intervención del Instituto Arqueológico y que llevó a la parálisis de la obras hasta tanto se determinara por la autoridad competente el grado de interés cultural respecto del área del lugar y la viabilidad de continuar hasta culminar el objeto contractual. Dicho lo anterior, la Sala no estima que la previsibilidad del hallazgo de los vestigios arqueológicos en el lugar de la obra hubiera sido del resorte exclusivo de la planeación de la entidad pública, porque no surge con certeza que la situación debiera indefectiblemente ser conocida y precavida por el Ministerio de Educación Nacional, menos aun cuando, según se indicó en el recuento probatorio, luego de la intervención por parte del ICANH no se hallaron muestras de material arqueológico en el predio correspondiente al bloque B, cuya construcción se encontraba a cargo del demandante. Tal situación, en cambio, podría eventualmente constituir una circunstancia extraordinaria e imprevisible, sobreviniente a la celebración del acuerdo y ajena a la conducta de las partes con la virtualidad de romper el equilibrio económico del contrato, impacto que en todo caso será retomado con posterioridad. Importa establecer en este punto lo siguiente: Tan pronto como se hizo evidente la imposibilidad de continuar ejecutando la obra en el frente de Sopó, debido a la necesidad de ser intervenido el lugar por el ente competente, se dio la parálisis de las actividades. Así pues, las dificultades que surgieron en la ejecución del objeto respecto del frente de Sopó obedecieron a:
-. La falta de definición por el ente contratante del sistema de cimentación a emplear en el bloque B como resultado de los nuevos estudios de suelos y la falta de coordinación interinstitucional acerca del alcance del objeto contractual por parte de las tres entidades estatales que participaron en la ejecución del proyecto, lo que sin duda invadiría el terreno de la responsabilidad de la entidad contratante en caso de que su conducta hubiera ocasionado daños al contratista.
-. La discusión sobre la necesidad de construir un muro de contención, dada la inestabilidad del existente, aspecto que no escapaba de la órbita de previsibilidad del contratista y el retardo que se hubiera dado por razón de esta circunstancia no podía enróstraselo a la entidad estatal.
-. La necesidad de ser intervenido por las autoridades arqueológicas para establecer la presencia de vestigios y fósiles. Con todo, pese a definirse en julio de 2012 que las obras eventualmente podrían continuar tras la ausencia de material arqueológico en el área dispuesta para la construcción del bloque B, el 15 de agosto de 2012, las partes no formalizaron la prolongación del vínculo contractual, lo que conduce a afirmar que el contrato terminó por vencimiento del plazo pactado. Ahora, lo anotado en relación con la falta de planeación de la entidad contratante materializada en la entrega de información errada contenida en los estudios de suelos que llevó a replantear el sistema de cimentación y a retardar la ejecución de la obra, si bien no deja de ser una conducta reprochable desde la perspectiva de sus cargas precontractuales -cuya concreción debía asumir no por haber sido así dispuesto en la matriz de riesgos sino por ser un imperativo emanado del ordenamiento jurídico-, lo cierto es que tal acontecer por sí solo no lleva a concluir de manera automática que por cuenta de esa situación el contratista sufrió los perjuicios reclamados en la demanda, aspecto que será retomado en acápite siguiente, una vez se aborde el análisis de lo acontecido en los frentes de obra de Muzo y Pauna.
La misma consideración debe hacerse extensiva a la circunstancia extraordinaria e imprevista consistente en la necesidad de intervenir el lugar por parte de las autoridades competentes en materia de arqueología ante la posibilidad de hallazgos de interés cultural e histórico. Frente de Muzo
En relación con lo ocurrido en la ejecución de obras del frente de Muzo se destacan los siguientes hechos relevantes que se encuentran probados: El 27 de marzo de 2012, las partes suscribieron el acta de vecindad en la institución educativa San Marcos.
En reunión del 29 de marzo de 2012, se dijo que el contrato no contemplaba una revisión estructural, por lo que debía dejarse constancia de su estado actual. Se propusieron modificaciones en torno al sistema de recolección de aguas lluvias.
El 9 de abril de 2012, el contratista advirtió que no evidenciaron redes eléctricas en la estructura existente, no se sabía la ubicación del tanque de acumulación de agua potable y se advirtió la necesidad de realizar algunos cambios de diseño y definir asuntos de acabados.
El 3 de mayo de 2012, el contratista puso en conocimiento de la interventoría las dificultades atravesadas para iniciar las obras en el frente de Muzo, que se concretaron en: i) el tanque de agua en concreto reforzado no se podía construir en el lugar previsto en los planos porque no cabían los taludes que se debían realizar dentro del espacio dispuesto y además había un kiosco que lo impedía; ii) faltaba la aprobación del cambio mampostería en ladrillo prensado liviano que se realizó en beneficio de los estándares de calidad; iii) no se había definido el proceso de reforzamiento estructural; iv) no se habían aprobado los ítemes nuevos de afinado de piso y sobre piso aligerado en bloque, lo cual retardaba el avance de otras actividades.
El 3 de mayo de 2012 el contratista indicó que debía esperarse que se resolvieran los detalles de diseños estructurales.
El 10 de mayo de 2012, el contratista formuló una propuesta para el reforzamiento estructural, consistente en demoler la parte superior de las viguetas y colocar el refuerzo en el estribo y llenar nuevamente con asfalto y reforzar lateralmente las vigas principales; pero al ejecutar todo lo anterior se encontraron inconsistencias en relación con los planos, por lo que el contratista se comprometió a realizar la escarificación de las vigas principales en la parte superior y adecuar la superficie para el reforzamiento; así mismo dijo que presentaría una propuesta para solucionar los problemas surgidos de las dimensiones del tanque de almacenamiento de agua.
El 17 de mayo de 2012, el contratista puso a consideración de la interventoría una propuesta para el reforzamiento estructural del frente de Muzo y el replanteo del tanque de agua en concreto reforzado.
El 25 de mayo de 2012, el Ministerio indicó al rector del I.E. San Marcos en Muzo que no se modificarían las especificaciones de acabados y que debía construirse el tanque de agua en el lugar inicialmente previsto.
En reunión del 31 de mayo de 2012, se trató el tema relacionado con la propuesta del reforzamiento estructural del proyecto de Muzo y se dijo que el tanque de agua debía ser construido en el lugar de la obra previsto desde el inicio, por cuanto el quiosco que lo obstaculizaba iba a ser retirado.
El 28 de junio de 2012, Fonade, en calidad de supervisor del proyecto, indicó a la interventoría que todavía el consultor del proyecto de muzo no había dado respuesta frente a la alternativa ofrecida por el contratista para el reforzamiento estructural y también señaló que, en relación con el tanque en concreto reforzado, según la interventoría, cabía en el espacio designado.
El 5 de julio de 2012, Fonade indicó que el contratista tenía su aval para la solución estructural del frente del Muzo.
El 8 de agosto de 2012, se llevó a cabo una reunión en la que se hizo constar que el contratista presentó una propuesta de reforzamiento estructural para poder iniciar, pero se requería de los diseños de la estructura que cumplieran con las normas de sismo resistencia. En esa oportunidad, el MEN indicó que era consciente de que no tenía conocimiento del tiempo que duró la suspensión del contrato, por cuenta de la ausencia de supervisión de Fonade, por lo que proponía realizar el análisis de vulnerabilidad sísmica de la estructura a intervenir, revisar y ajustar los diseños estructurales a la norma vigente y, una vez verificados, poner en marcha el plan de reforzamiento estructural. Aprobó ítemes no previstos.
El 10 de agosto de 2012, el contratista entregó al Ministerio una propuesta para la revisión, ajuste y actualización de los diseños de Muzo para armonizarlo con la normativa vigente y con el estado real de la estructura, para dar viabilidad a la construcción de las obras.
El 15 de agosto de 2012, la interventoría indicó al contratista lo siguiente (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):
“De acuerdo a los compromisos pactados en el comité realizado el día 08 de agosto de 2012 en las oficinas del Ministerio de Educación, en cuanto a la revisión de los estudios de vulnerabilidad, revisión, ajuste y actualización a la norma vigente del diseño del reforzamiento estructural de la estructura de la institución educativa San Marcos del Municipio de Muzo (BYC) y teniendo en cuenta que el contratista propuso realizar dichas actividades la interventoría informa que recibió dicha propuesta el día 10 de agosto de 2022 y luego de verificar el alcance de los trabajos. Las tareas a desarrollar y el tiempo de entrega de los trabajos, avala la ejecución de las actividades presentadas y hace entrega de lo anunciado en tres (3) folios”.
Conclusiones en relación con lo ocurrido en el frente de Muzo
El aspecto transversal que, de inicio, se puso de presente en relación con el frente de Muzo fue la necesidad de realizar un reforzamiento estructural del proyecto, actividad que, si bien no se hallaba contemplada dentro del objeto del contrato, fue sugerida como alternativa por el contratista para dar cabal cumplimiento del contrato ante el hallazgo del estado del inmueble.
En este evento, a diferencia del anterior, no encuentra la Sala elementos de juicio que desde el punto de vista técnico permitan concluir que la necesidad de un reforzamiento estructural hubiera obedecido a la ausencia de información fidedigna respecto de los estudios y diseños que se obligó a entregar la entidad.
Lo acreditado al respecto es que el reforzamiento de la estructura fue una sugerencia del contratista ante el estado en que se hallaba el inmueble, cuestión que, dicho sea de paso, eventualmente habría podido evidenciarse desde la visita previa al lugar del proyecto y, sin embargo, nada se hizo constar sobre el particular y que, en el evento de constituir un cambio necesario para dar cumplimiento al objeto del contrato, fue asumido por el contratista en los términos establecidos en el documento precontractual.
En ese sentido, se desconoce si, ante la ausencia del reforzamiento, cuya realización no se hallaba prevista en el contrato, podría o no llevarse a cabo su objeto en las condiciones inicialmente pactadas.
Durante la ejecución de la obra también fueron sugeridos por el contratista varios cambios de diseño y de acabados y se advirtieron inconvenientes con la ubicación del tanque de almacenamiento de agua.
Sin perjuicio de lo expuesto, es de capital importancia poner de presente en este punto que todos los aspectos reseñados con anterioridad que, según el contratista, dificultaron la ejecución del proyecto y causaron los sobrecostos que ahora son materia de reclamación fueron conocidos por el demandante entre febrero y marzo de 2012, según se desprende del oficio del 9 de abril de 2012, en el cual el consorcio advirtió a la interventoría todas las dificultades presentadas y expuso de manera cronológica lo acontecido en el frente de Muzo.
En ese documento su puso de presente que el 9 de marzo se evidenció que: a) no existían desagües embebidos en la estructura existente para las baterías de baños a implementar; b) no existían redes eléctricas embebidas en la estructura existente; c) no era clara la ubicación en la obra del tanque de acumulación de agua potable; d) era necesario realizar un cambio de mampostería de bloque de cemento por ladrillo tipo estructural liviano para conservar la homogeneidad arquitectónica; e) debía verificarse la necesidad de realizar un reforzamiento estructural en la placa del primer piso; f) se debía rediseñar el funcionamiento de la escalera y el punto fijo a nivel de cada de piso, ya que solo existían contractualmente 15 mts. lineales de pasamanos en tubo; g) se debía modificar el sistema de ventanería en rejas de aluminio propuestas contractualmente por ventanería de reja metálica igual a la instalada en el colegio; h) la estructura existente no tenía construidas las vigas canales en concreto, por lo que debía verificarse la capacidad hidráulica de la viga canal propuesta en el diseño arquitectónico y definir si debían hacerse en concreto; i) no estaba diseñada la conducción de las aguas lluvias contra el cerro, por lo cual se debía prever la construcción de una cañuela perimetral para la recolección y conducción de las aguas lluvias.
Con todo, el 21 de marzo de 2012, es decir, con posterioridad a la advertencia de todas las dificultades puestas de presente, las partes suscribieron la modificación No. 01 al contrato No. 859 de 2011, en la que acordaron ajustar el alcance de los tres frentes de obra en el sentido de reducir el precio del negocio para ajustarlo a lo ofrecido por el contratista. En lo que respecta al frente de Muzo, se redujo el precio del acuerdo fijado inicialmente en $481’121.668 a $436’672.246, como se observa a continuación:
DEPARTAMENTO MNUNICIPIO I.EPROYECTO PRESUPUESRTO LICENCIA AREA TOTAL PLAZO BoyacáMuzo SAN MARCOS4 aulas, 1 batería, 1 laboratorio$436’672.246SI del 6 de octubre de 2010 por 36 meses 616,576 meses BoyacáPaunaIE SANTA ROSA2 aulas, 1 batería $293’540.3564 de octubre de 2010 POR 24 MESES 229,036 meses CundinamarcaSopóColegio Pablo VI FASE 19 aulas, 2 baterías sanitarias $1.261’68168128 DE JULIO DE 20111150,146 meses $1.991’894.282,791995,74
Dicho esto, la Sala procede a realizar las siguientes consideraciones en torno a los efectos vinculantes de las modificaciones contractuales en valor y en plazo:
En varias providencias de la Sección Tercera de esta Corporación se ha advertido que las etapas del contrato son de carácter preclusivo, lo que equivale a sostener que las partes gozan de las oportunidades para negociar y pactar las condiciones del contrato, así como para proponer y acordar sus modificaciones, con base en la información disponible al tiempo en que estas se suscriben y en sus propios cálculos, las cuales, una vez formalizadas, agotan la posibilidad en lo que se refiere a buscar nuevos reconocimientos sobre las mismas condiciones que se conocieron, o debieron conocerse, a la celebración del contrato o de su respectiva modificación.
Se reitera que durante la relación negocial las partes pueden afrontar dificultades relativas a la definición de los alcances y el contenido de las prestaciones contraídas con ocasión del negocio jurídico, de cara al advenimiento de circunstancias endógenas o exógenas al vínculo obligacional, con la virtualidad de impactar las condiciones técnicas y económicas originalmente estipuladas, inconvenientes que bien pueden solventarse a través de acercamientos de los extremos cocontratantes encauzados a redefinir el acuerdo y ajustarlo a la realidad imperante al tiempo de su ejecución e instrumentados a través de contratos adicionales, modificatorios, suspensiones o prórrogas.
Es por eso que estos instrumentos deben contener tanto el acuerdo relativo a las modificaciones que habrá de sufrir el alcance y dimensión del objeto contractual como al precio o mecanismo de ajuste dispuesto para cubrir esas alteraciones, dado que resultaría alejado del principio de buena fe contractual que se transara la renegociación en unos términos y luego, al final de la ejecución, se sorprendiera a la contraparte con reclamaciones que se entendían zanjadas, por lo que solo cabría pedir la revisión o el reajuste de los precios ante el advenimiento de circunstancias imprevistas e imprevisibles distintas a aquellas acordadas al momento de suscribir el contrato o su adición.
Así las cosas, la Sala no encuentra de recibo el cargo de la impugnación impetrada por la demandante en relación con los sobrecostos supuestamente sufridos con ocasión de las dificultades constructivas evidenciadas en el frente de Muzo, dado que para el momento en que se suscribió el contrato modificatorio ya se tenía conocimiento de las circunstancias que les habrían de dar origen, no obstante lo cual no solo no se advirtieron por el contratista en el acto modificatorio sino que prestó su libre consentimiento para reducir el precio del contrato, a pesar de tener pleno conocimiento de los obstáculos que se atravesaban para dar cabal ejecución al objeto contratado, además de que no se probó la ocurrencia de circunstancias imprevistas e imprevisibles con vocación para la impactar las condiciones económicas iniciales del contrato.
Es por eso que el consenso condensado en los documentos de modificación, suspensión y prórroga del contrato constituían un acuerdo vinculante respecto de las condiciones en que se llevaría a cabo el proyecto de Muzo, que luego no podría ser desconocido en sede judicial.
Frente de Pauna
El 28 de febrero de 2012 se elaboró el acta de vecindad del Instituto Educativo del municipio de Santa Rosa.
El 29 de marzo de 2012, el contratista propuso unos cambios en el pañetado y pintado para ser reemplazado por ladrillo estructural, los cuales no fueron aprobados por ser mayores al presupuestado. En esa fecha, el contratista no había entregado informes mensuales de obra y se comprometió a hacerlo.
El 9 de abril de 2012, el contratista manifestó a la interventoría que era necesario modificar la mampostería de bloque de cemento por ladrillo prensado, así también cambiar la ventanería de aluminio por metálica.
El 3 de mayo de 2012, el contratista puso de presente que no había sido posible ingresar materiales a la obra, que había tenido problemas con los subcontratistas y que debió hacer un movimiento de tierra para ingresar la maquinaria y el material. La interventoría dejó constancia de que el contratista había incumplido con el avance de obra en las actividades de Pauna. La interventoría dijo que se debían definir los temas pendientes en Pauna y realizar la redefinición del pozo séptico.
En reunión del 31 de mayo de 2012, se dejó constancia de que se debía construir un cuarto de máquinas, el cual si bien estaba en el presupuesto no se contaba con las especificaciones técnicas. Se agregó que se debía construir un pozo séptico, ya que el existente había cumplido con su vida útil, por lo que era necesario establecer el lugar de localización, análisis de la capacidad del caudal, el diseño del pozo y las especificaciones técnicas.
El 8 de agosto de 2012, se llevó a cabo una reunión en la cual se hizo constar que la obra se encontraba en ejecución, se entregaron 13 ítemes no previstos, los cuales fueron autorizados por el MEN y se autorizó la ejecución y adición presupuestal de $57’42.160. Se autorizó la construcción del pozo séptico con una capacidad de 4.000 litros. El contratista planteó la necesidad de prorrogar el contrato al menos un mes más.
Al final de la reunión se dejó constancia de que (se transcribe de forma literal incluso con posibles errores):
“El contratista expone que el contrato inicialmente contemplaba 3 obras y a la fecha solo Pauna se encuentra en ejecución y esta obra debe adicionarse en tiempo y dinero, las otras dos obras se encuentran suspendidas y los porcentajes de avance son mínimos, motivo por el cual afirma que su ecuación esta desequilibrada, ya que sus costos administrativos van a ser mayores en la medida que se reinicien las obras y a la fecha ya presenta incremento en costos y gastos.
“El MEN informa que se revisará el tema con el contratista en la primera semana de septiembre de 2012.
El contratista informa que se le han hecho dobles retenciones a las cuentas parciales, teniendo en cuenta que los costos de estas actas parciales se siguen haciendo descuentos totales del impuesto de guerra, incluso en la parte correspondiente al anticipo, sobre la cual ya se había descontado tal impuesto. El MEN revisara los descuentos realizados hasta la fecha”.
Conclusiones en relación con lo ocurrido en Pauna
Del recorrido probatorio que antecede, la Sala no evidencia que el retardo en la ejecución de actividades en el frente de Pauna hubiera obedecido a causas imputables a la ausencia de planeación de la entidad contratante por defectos en los estudios y diseños entregados al contratista.
Se observó, por el contrario, que varios de los inconvenientes que se opusieron por el contratista como razones que, a su juicio, ralentizaron el proceso de ejecución de actividades y la falta de cumplimiento del cronograma de obra estribaron en causas atribuibles a la órbita de su gestión y de su previsibilidad.
Muestra de ello fueron las dificultades para el ingreso de la maquinaria al lugar de la obra, para lo cual debió hacer remoción de tierra, inconveniente que bien ha podido constatarse desde la visita previa al lugar de la obra, en la que debían precaverse las condiciones del terreno, entre ellas, precisamente las circunstancias de accesibilidad de materiales y de maquinaria a la obra.
La misma conclusión se deriva del hecho presentado por la demora en la discusión respecto del cambio de acabados y de algunos insumos, situación que debía preverse en la oferta, ya que desde la visita previa al lugar de la obra cabría verificarse que los materiales a ofrecer, por conveniencia arquitectónica, debían guardar correspondencia con la parte de la institución que se encontraba construida, sin que resultara oportuno advertir la falta de coincidencia de la ventanería y el material de fachada en medio de la ejecución del proyecto.
Cabe insistir en este punto en que no resultaba inane la visita previa exigida en los pliegos de condiciones, como lo sugiere el libelista; a contrario sensu, su finalidad era evitar que, en desarrollo del proyecto, se alegaran circunstancias que bien podrían precaverse y mitigarse desde la presentación de la oferta.
Igualmente se alegó por el contratista la ocurrencia de incumplimiento por parte de sus subcontratistas, hecho que no podía trasladarse a la esfera de responsabilidad del ente contratante, en tanto aquellos no se hallaban bajo su mando y dirección.
En síntesis, por las razones expuestas, la Sala considera que respecto del frente de Pauna no se presentaron circunstancias atribuibles a la entidad que hubieran retardado el cumplimiento del objeto contractual.
5.2.- Perjuicios derivados de la ausencia del deber de planeación de la entidad por efectuar estudios y diseños defectuosos respecto del frente de Sopó
Como quedó visto en acápite precedente, la falta de planeación de la entidad contratante respecto del frente de obra de Sopó, materializada en la entrega de información errada contenida en los estudios de suelos que llevó a replantear el sistema de cimentación y a retardar la ejecución de la obra, eventualmente, podría haber causado perjuicios al contratista.
También se indicó que la circunstancia extraordinaria e imprevista consistente en la necesidad de intervenir el lugar por parte de las autoridades competentes en materia de arqueología ante la posibilidad de hallazgos de interés cultural e histórico pudo haber causado la ruptura del equilibrio económico.
En línea con lo anterior se recuerda que la reclamación por concepto de perjuicios que elevó el consorcio en la presente demanda consistió en que se condenara a la Nación – Ministerio de Educación Nacional a pagar al consorcio demandante la suma de $276’177.554, por concepto de sobrecostos administrativos ocasionados entre el inicio del contrato y el 15 de agosto de 2002 y atribuido a la falta al deber de planeación de la entidad, concretado en la entrega de estudios previos y diseños inadecuados.
Concatenado con lo anterior, el recurrente reprochó al tribunal por haber considerado que no existía soporte contable que diera cuenta de los sobrecostos por la mayor permanencia en obra, cuando fue el mismo tribunal el que negó la solicitud probatoria elevada por la parte actora, consistente en decretar una inspección judicial. En ese sentido indicó que los soportes contables allegados al proceso y avalados por contadores públicos constituían prueba suficiente de que se causaron los sobrecostos administrativos pedidos.
Al respecto, encuentra la Sala que, si bien en la demanda se formuló la solicitud probatoria encaminada a que se decretara una inspección judicial sobre los soportes contables de la ejecución del contrato que reposaban en la sede del consorcio, el Tribunal de origen en audiencia de pruebas del 29 de febrero de 2016 decidió negarla “por considerarla innecesaria”. La anterior decisión quedó notificada por estrado y no fue recurrida por alguno de los sujetos procesales.
Antes este panorama, la Sala llama la atención al recurrente sobre el hecho de que, no obstante estar en desacuerdo con la negativa al decreto de la inspección judicial en comento, no podía perder de vista que ante esa disconformidad bien podía hacer uso del recurso de apelación previsto en el numeral 9) del artículo 243 del C.P.A.C.A., sin embargo, guardó silencio convalidando con su conducta omisiva el rechazo de la prueba, por lo que no puede en esta instancia revivir su discrepancia en torno a ese punto.
Sin perjuicio de lo expuesto, la Sala estima que la prueba de inspección judicial solicitada no habría resultado del todo útil, debido a que para hallar los mayores costos administrativos respecto de lo proyectado y lo efectivamente causado y pagado era necesario una prueba técnica que, desde un ángulo financiero y contable, estableciera los perjuicios económicos consistentes en los sobrecostos sufridos por el contratista con ocasión directa del retardo de la obra, atribuible a la falta del deber de planeación de la entidad.
No obstante, la Sala no pierde de vista que, tal y como lo afirma el demandante, en el proceso obran los soportes contables de la ejecución del contrato No. 859, fundamentados en los libros auxiliares con terceros del consorcio Telval Obcil, avalados por la contadora pública Norcy Janeth Sánchez Pánchez.
De la lectura del escrito consolidado se observa en la casilla reservada para los gastos administrativos un valor de $331’845.194, causado entre el 15 de enero de 2012 y el 15 de agosto del mismo año, durante el plazo contractual.
Dichos gastos comprendieron (salarios, auxilios de rodamiento, prestaciones sociales, seguridad social, parafiscales, asesoría contractual, seguros, banco de occidente y otras cuentas deudoras de control).
En contraste con lo anterior, al revisar la propuesta presentada por el consorcio Telval Obcivil, se evidencia la siguiente discriminación de los siguientes gastos de administración en relación con cada frente de obra:
Frente de obra
Porcentaje
Valor de gastos de administración
Sopó
25,40%
$242’410.852
Muzo
19%
$62’830.539
Pauna
19%
$42’236.022
Adicionalmente, de conformidad con el certificado de cumplimiento y el trámite de pago expedido el 18 de diciembre de 2012 por la Subdirección de Gestión Financiera del Ministerio de Educación, al contratista se le giró la suma de $1.185’537.214,40, en razón de la ejecución de los proyectos correspondientes al objeto del contrato 859 de 2011.
Sin embargo, no existe prueba, desde una perspectiva contable, del valor consolidado que por concepto de ejecución del frente de Sopó se reconoció al contratista para realizar el correspondiente cotejo entre el valor que arrojaron los soportes contables del consorcio y deducir el sobrecosto que por concepto de administración asumió en relación con ese frente de obra.
La anterior circunstancia no resulta clara en atención a que, en todos los documentos de pago de las obras adelantadas en el frente de Sopó se hizo constar el avance de obra por concepto del acta No. 001 por valor de 3’777.419 y, sin embargo, el valor final reconocido por todo el proyecto fue de $1.185’537.214,40, circunstancia que no deja de entrañar cierta oscuridad, si se tiene en cuenta que el valor de las obras de Muzo y Pauna no sumaban un total superior a $730’212.602, sin que conste que ese presupuesto se hubiere agotado o que se hubieren hecho adiciones presupuestales.
Así pues, ante la ausencia de certeza acerca de los valores reconocidos al contratista por concepto de los gastos de administración asociados a la ejecución de obra del frente de Sopó, no es posible, con base en los soportes contables de todo el proyecto, establecer si en realidad existió un perjuicio por sobrecostos de administración en relación con este frente de obra o si ello ocasionó un desbalance en las prestaciones económicas que alterara la ecuación económica del contrato.
Por último, en cuanto hace a este aspecto, la Sala precisa que, si bien la conducta procesal omisiva de la parte demandada, consistente en no contestar la demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Código General del Proceso, apareja como consecuencia tener por ciertos los hechos susceptibles de confesión, tal previsión debe articularse con lo dispuesto en el artículo 195 de ese mismo Estatuto, según el cual no será válida la confesión del representante de la entidad pública.
Al margen de lo anotado, de lo expuesto, los perjuicios concretados en los sobrecostos administrativos en que habría incurrido el demandante, en primer lugar, no podría constituir materia de confesión por parte de la entidad pública, pues se trata de un asunto que concierne al resorte del contratista, por ser propio e inherente al control de su contabilidad y de sus finanzas, cuestión de la cual no puede dar fe la entidad y, por otro lado, tal previsión normativa no podría entenderse como un relevo de la carga de la prueba que le asiste a la parte demandante para acreditar los hechos en que sustenta jurídicamente sus pretensiones.
Por las consideraciones precedentes, la Sala confirmará la sentencia impugnada, en cuanto negó el reconocimiento de los perjuicios concretados en los sobrecostos administrativos desencadenados por la falta al deber de planeación de la entidad demandante.
5.3. La mayor permanencia en obra comprendida desde el 16 de agosto de 2012 hasta el 15 de abril de 2013
En la sentencia de primera instancia se advirtió que, luego de la finalización del contrato, 15 de agosto de 2012, este no se prorrogó, por lo que el tiempo de mayor permanencia en la obra que, según el actor, se dio con posterioridad a su vencimiento, no tenía vocación de prosperidad, por cuanto esa prolongación del tiempo de ejecución se debió a que el contratista no cumplió las obligaciones contraídas dentro del término acordado.
En discrepancia con lo anterior, el apelante sostuvo que el Tribunal incurrió en un yerro al advertir que no existió mayor permanencia en obra con el argumento de que para el período reclamado ya se había terminado el contrato, ya que, en criterio del libelista, los perjuicios derivados de la mayor permanencia en obra no se circunscribían a que esta se hubiere producido durante el plazo del contrato, dado que el consorcio se vio obligado a continuar adelantando actividades e incurriendo en costos, aún después del vencimiento del plazo pactado, sin que la entidad hubiera obrado de buena fe para dar continuidad al vínculo obligacional y culminar el objeto contratado. Para resolver este punto, la Sala debe precisar que el plazo del contrato corrió desde el 16 de febrero de 2012, fecha en que se suscribió el acta de inicio de actividades, hasta el 15 de agosto de 2012, fecha en que finalizó el plazo pactado contractualmente de 180 días calendario. En ese sentido, le asiste la razón al tribunal cuando señala que el contrato finalizó el 15 de agosto de 2012 por vencimiento de plazo, sin que en momento alguno las partes hubieran perfeccionado un acuerdo escrito, como lo exige la Ley 80 de 1993, dirigido a prorrogarlo, suspenderlo o modificarlo en plazo o en valor. Sobre este punto es importante señalar que, en varios de los certificados de cumplimiento y trámite de pago expedidos por la subdirección financiera del Ministerio de Educación Nacional se hizo referencia a que el contrato 859 había tenido una prórroga de 30 días hasta el 15 de julio de 2012; en otro de ellos se consignó que su prórroga fue de 105 días calendario y que su fecha de finalización fue el 30 de noviembre de 2012 y en el siguiente se registró que su prórroga fue de 105 días calendario y su vencimiento el 15 de noviembre de 2012. Lo anterior no solo entraña serias dudas en lo que concierne a la verdadera prolongación del vínculo obligacional bajo el amparo convencional, sino que no se encuentra respaldado en documento alguno en el cual conste la ampliación del plazo del negocio jurídico, lo que pareciere sugerir que la información que al respecto se hizo constar en los certificados de cumplimiento y pago se fundó en la necesidad de ordenar los desembolsos en esa vigencia fiscal, a pesar de no haberse suscrito la respectiva prórroga que en derecho y de acuerdo con el Estatuto de Contratación Estatal correspondía. Se suma a lo dicho que el apelante, tanto en la demanda como en el recurso, sostuvo reiteradamente que el plazo del contrato venció el 15 de agosto de 2012, al punto de que una parte de su cuestionamiento radicó en que la entidad obró de mala fe al no darle continuidad. Delimitado lo anterior, resulta claro que la reclamación que se decide en este punto corresponde a los sobrecostos administrativos por mayor permanencia en obra que se causaron desde que venció el plazo contractual y durante los ocho meses subsiguientes. Como fundamento de su inconformidad, el demandante esgrimió que, a pesar de haber vencido el plazo pactado, el consorcio se vio obligado a continuar adelantado actividades para cumplir con el objeto contractual. Acerca de este aspecto, la Sala encuentra demostrado que, en efecto, después de terminar el contrato por vencimiento del plazo el contratista continuó ejecutando actividades en los frentes de Muzo y Pauna. Así se desprende de los siguientes elementos de prueba: El 8 de agosto de 2012 se llevó a cabo una reunión en la cual se hizo constar que la obra se encontraba en ejecución, se entregaron 13 ítemes no previstos, que fueron autorizados por el MEN, y se autorizó la ejecución y adición presupuestal de $57’423.160. Se autorizó la construcción del pozo séptico con una capacidad de 4.000 litros. El contratista planteó la necesidad de prorrogar el contrato al menos un mes más.
Al final de la reunión se dejó constancia de que (se transcribe literal, incluso con posibles errores):
“El contratista expone que el contrato inicialmente contemplaba 3 obras y a la fecha solo Pauna se encuentra en ejecución y esta obra debe adicionarse en tiempo y dinero, las otras dos obras se encuentran suspendidas y los porcentajes de avance son mínimos, motivo por el cual afirma que su ecuación esta desequilibrada, ya que sus costos administrativos van a ser mayores en la medida que se reinicien las obras y a la fecha ya presenta incremento en costos y gastos”. El 24 de septiembre de 2012, se efectuó una reunión de seguimiento en la que se dejó constancia de que el único proyecto que se encontraba en ejecución era el de Pauna, el cual presentaba retrasos debido a los diseños pendientes por definir por parte de la consultoría. El 8 de octubre de 2012, el contratista remitió al Ministerio los documentos correspondientes a la actualización de los diseños estructurales del I.E San Marco de Muzo, los cuales comprendían: las memorias de cálculos, fotografías de los apiques realizados, ensayos de materiales para la evaluación estructural y los planos de reforzamiento estructural. El 4 de diciembre de 2012, en reunión de esa fecha, el contratista expuso que existía un desequilibrio contractual, dado que de los tres frentes de obra solo se ejecutó el de Pauna, a pesar de lo cual hubo gastos de personal en los proyectos de Muzo y Sopó, lo que generó sobrecostos administrativos y no se obtuvo la utilidad esperada. En acta de seguimiento del 8 de febrero de 2013 se dejó constancia de que se realizó la entrega al rector de la institución de cada una de las aulas y de la batería sanitaria, así como de los planos récords correspondientes al contrato 859 para la institución educativa de Santa Rosa del municipio de Pauna. El 12 de febrero de 2013, se hizo una presentación del proyecto de San Marcos. El 2 de abril de 2013, la interventoría indicó al Ministerio que a la fecha se encontraba ejerciendo funciones frente al contrato 859 de 2011 y que la ejecución de trabajos continuó hasta febrero de ese año, a pesar de que su vigencia fue hasta el 15 de agosto de 2012. El 16 de abril de 2013, el consorcio solicitó al Ministerio que ratificara por escrito su decisión de terminar unilateralmente el contrato No. 859, reconociera los sobrecostos generados por la falta a su deber de planeación, indicara el procedimiento para efectuar la entrega y recibo de las facturas que a la fecha no se le habían pagado y definiera si iba a implementar los trabajos y obras para garantizar el adecuado funcionamiento de las instalaciones eléctricas de la IE de Pauna. La relación probatoria que se deja reseñada no permite concluir que el consorcio hubiera estado obligado a continuar ejecutando actividades sin amparo contractual vigente, de tal suerte que se hallara facultado para reclamar el reconocimiento de los perjuicios supuestamente sufridos como consecuencia de tal acontecer. Se evidencia que, una semana antes de finalizar el plazo contractual, el contratista manifestó que se requería una prórroga y una adición presupuestal, frente a la cual finalmente no se concretó un acuerdo de voluntades que comprendiera los alcances en tiempo y valor de lo que traduciría continuar con la ejecución de actividades. No desconoce la Sala que en esa oportunidad el Ministerio de Educación expresó su intención de autorizar una adición presupuestal para continuar la ejecución de obras en el frente de Pauna; sin embargo, no puede perderse de vista que terminado el plazo del contrato no se suscribió documento alguno en el que se plasmara un acuerdo en ese sentido, cuestión que, aun cuando revela una conducta negligente del ente ministerial, no por ello se dispensa al contratista frente a su deber igualmente exigible de actuar con apego y observancia de las normas de contratación que informaron la relación obligacional de la cual formaba parte.
Así pues, ante la ausencia de acuerdo solemne que contuviera el alcance del objeto, precio y plazo para la realización de las actividades que en adelante se ejecutarían, no podía el contratista alegar la ocurrencia de sobrecostos administrativos derivados de una ampliación temporal que, de facto y sin consultar las normas que rigen la solemnidad negocial en materia de contratación estatal, se surtió para la realización de las obras, prolongación en relación con la cual el consorcio prestó su voluntad libre de vicios, encaminada a la ejecución de esas labores, a sabiendas de que no se había pactado un respaldo que presupuestalmente cobijara su ejecución. Con base en los anteriores razonamientos, la Sala confirmará la sentencia del Tribunal de primera instancia, en cuanto negó el reconocimiento de los perjuicios supuestamente desencadenados por la mayor permanencia en obra generada en período posterior a aquel en que terminó el plazo contractual. 5.4.- La falta de pago de las facturas No. 12 y 13
El tribunal de primera instancia indicó que tampoco estaba llamado a prosperar el reconocimiento de pago de las facturas que, de acuerdo el demandante, estaban pendientes de pago, por cuanto, en el expediente no reposaban los documentos que con arreglo al contrato se exigían para proceder a su desembolso.
En relación con la falta de pago de las facturas de venta Nos. 12 y 13, correspondientes al cobro del corte No. 3 del frente de Muzo y al corte No. 8 del frente de Pauna, advirtió que estas ya habían sido aceptadas por el Ministerio de Educación, razón por la que al expediente no se allegaron los soportes pertinentes para su pago, los cuales no consideró necesarios, por cuanto las facturas eran títulos valores.
Al respecto, la Sala precisa que, de acuerdo con lo establecido en la cláusula octava del contrato 859, se estipuló que el valor del contrato se pagaría de la siguiente manera (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):
“El noventa por ciento (90%) del valor mensual del contrato mediante pagos mensuales, de acuerdo con los precios de los trabajos realizados durante el período, mediante actas mensuales de ejecución de obra, debidamente suscritas por el contratista y el interventor.
“(…).
“Para cada uno de los pagos se requiere la presentación de la factura correspondiente, la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el interventor del contrato, y la constancia o certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones, ARP y de aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) o certificación respectiva expedida por el revisor fiscal según sea el caso y los demás documentos solicitados por la Subdirección Financiera del MEN”.
Reposan en el expediente los siguientes documentos:
Factura de venta No. 12 del 1 de marzo de 2013, expedida por el consorcio Telval Obcivil, correspondiente al corte de obra según acta No. 03 del frente de Muzo, por valor de $16’440.218.
Factura de venta No. 13 del 1 de marzo de 2013, expedida por el consorcio Telval Obcivil, correspondiente al corte de obra según acta No. 08 del frente de Pauna, por valor de $3’687.101.
De otro lado, en el expediente se halla el oficio No. C&R-106-13 del 2 de abril de 2013, por el cual la firma interventora del contrato le manifestó al Ministerio de Educación Nacional lo siguiente (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):
“El contratista TELVAL –OBCIVIL allegó a la oficina de interventoría informe de las actividades realizadas en Muzo durante el mes de febrero, anexando factura de cobro 012, 013 y corte 8 de Pauna; como a la fecha no conocemos las decisiones tomadas acerca de este contrato, le solicito por escrito nos indique las directrices a seguir con respecto al futuro de ambos contratos y que se debe hacer con respecto al pago de estas facturas solicitadas por el contratista de obra”.
Ante este panorama probatorio, la Sala considera que el demandante no acreditó los requisitos que en los términos del contrato 859 se exigían para el pago de las facturas presentadas.
No reposan en el expediente las actas de obra que soporten la ejecución de los trabajos cobrados y tampoco el visto bueno que sobre estas debía impartir el interventor.
Es cierto que el interventor, mediante el citado oficio, indicó a la entidad que el contratista había presentado las facturas Nos. 12 y 13, pero en momento alguno certificó su verificación o cotejo con el trabajo cobrado a través de aquellas; simplemente se limitó a solicitar directrices a la entidad sobre qué hacer respecto del cobro de las facturas, ante la falta de definición de la suerte del contrato 859 y del contrato de interventoría que hacía su seguimiento técnico.
Resulta inadmisible para la Sala el argumento del censor, de conformidad con el cual la factura por si sola constituye un título valor y, al haber sido aceptada por la entidad, se hacía exigible su pago. Sobre ese aspecto, se observa que no fue en esos términos en que pactó la procedencia del pago de los trabajos objeto de facturación, por lo que no quedaba relevado el demandante de acreditar ante esta instancia judicial el cumplimiento de los requisitos dispuestos en el contrato para la prosperidad de su reconocimiento.
Es de suma importancia indicar que la presentación de una factura o de una cuenta de cobro ante la entidad accionada no tiene vocación suficiente para acreditar la efectiva ejecución de las obras que allí se hacen constar y tampoco para derivar de esa circunstancia el surgimiento de la obligación de pago.
Sobre el particular, cabe reiterar los razonamientos que ha expuesto esta Subsección en torno a la apreciación de las facturas y cuentas de cobro, dentro del proceso en el que se debate la existencia de las obligaciones de pago por los servicios prestados, las obras ejecutadas o los bienes suministrados:
“Sin embargo, cuando se trata de un servicio de atención médica en salud, cuya debida prestación está siendo discutida en un debate judicial, el fallador no puede acotar su labor a verificar que los informes acerca del servicio hubieren sido radicados, sino que se le impone el deber de valorar el contenido de los soportes presentados al proceso, formal y materialmente, para corroborar que los mismos correspondan al servicio debidamente ordenado y efectivamente prestado, toda vez que siendo ello lo que se debate, sólo de esa forma puede establecerse la obligación de pago y fundar una condena debidamente motivada en contra de la EPS o de la entidad obligada a honrar la respectiva cuenta”.
Se aclara que no es la intención de esta instancia crear una especie de tarifa legal para estos efectos, pero para resolver el caso, es necesario contar con elementos de prueba conducentes y pertinentes para demostrar los supuestos de hecho en los cuales se funda la reclamación.
En atención a las anteriores consideraciones, la Sala mantendrá la decisión de primera instancia, mediante la cual negó el reconocimiento y pago de las facturas Nos. 012 y 013, por no estar respaldado probatoriamente el servicio reclamado a través de aquellas.
5.5.- La falta del reintegro del doble descuento del impuesto de guerra
Al resolver lo relativo al doble descuento del impuesto de guerra, el Tribunal explicó que, de las órdenes de pago que obraban en el expediente, no se evidenciaba que se le hubiera realizado el doble descuento alegado por el demandante.
En oposición a lo anterior, el recurrente indicó que el doble descuento del impuesto de guerra se extraía de los soportes contables allegados al proceso, que no fueron considerados por el Tribunal.
Como se aprecia, el argumento del recurso se circunscribe a cuestionar la falta de valoración probatoria de los documentos que soportan los libros auxiliares contables con terceros, en los cuales, en su criterio, “por unas simples operaciones matemáticas dan cuenta y evidencian el error del Ministerio de Educación Nacional al descontar por doble partida la contribución especial –impuesto de guerra – que reclama el consorcio pero que no evidencia el Tribunal”.
Al respecto, la Sala advierte que, según se anotó en acápite precedente, se dejó sentado que en el proceso obran los soportes contables de la ejecución del contrato No. 859, fundamentados en los libros auxiliares con terceros del consorcio Telval Obcivil, avalados por la contadora pública Norcy Janeth Sánchez Pánchez.
Del contenido de esos soportes como de su resumen consolidado resulta viable de allí desprender las erogaciones que realizó el consorcio por concepto de gastos administrativos discriminados en: salarios, auxilios de rodamientos, prestaciones sociales, seguridad social, parafiscales, asesoría contractual, seguros, banco de occidente y otras cuentas deudoras de control.
Sin embargo, ninguna información financiera es posible extraer de allí respecto de la forma en que supuestamente se gravó con doble tributación los valores girados por concepto de anticipo y los pagos de las actas de obra.
Las anteriores consideraciones bastan para despachar desfavorablemente los argumentos del recurso de apelación dirigidos a obtener el reconocimiento de lo supuestamente descontado por el impuesto de guerra con ocasión del contrato No. 859 de 2011.
5.6.- La falta de reconocimiento de utilidad dejada de percibir con ocasión de la ejecución del contrato No. 859 de 2011
En lo concerniente a la falta de pago de la utilidad esperada, el a quo estimó que su reconocimiento no tenía vocación de prosperidad porque solo habría de proceder en caso de que el contratista hubiera cumplido a cabalidad con el objeto contratado, cuestión que en el caso no se acreditó.
En cuanto a la falta de pago de la utilidad dejada de percibir, el recurrente señaló que el fundamento para su negativa carecía de veracidad, en la medida en que el demandante no había incumplido con sus obligaciones contractuales, y que, al contrario, asumió las de la entidad contratante al realizar de nuevo los diseños del proyecto, dado que los entregados por la entidad fueron inejecutables por no corresponder al lugar en donde se realizaría la obra, incumplimiento que se configuró por parte de la entidad pública y en virtud del cual se privó al contratista de recibir la utilidad esperada.
Para desatar este punto de inconformidad, la Sala estima necesario señalar que el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, bajo cuya vigencia se celebró el contrato, derogó la frase “además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado”, que anteriormente se hallaba consignada en el inciso segundo del artículo 3 de la Ley 80, en el que se consagraron los fines de la contratación estatal.
Sobre la interpretación de tal derogatoria, la Sala en oportunidad anterior precisó:
“…, es preciso acotar que tal derogatoria si bien supondría que la Administración no se encuentra en posición de garantizar la efectiva obtención de provecho económico como resultado de la ejecución de los contratos que ella celebre, ello no podría significar de manera alguna que la entidad se encuentre relevada del reconocimiento de utilidades en favor de su co-contratante, máxime cuando en esta oportunidad se trata de una utilidad dejada de percibir como consecuencia directa de una actuación de la demandada y a cuyo pago se obligó”.
En la providencia citada se condenó al Estado a pagar al contratista el valor de la utilidad dejada de percibir como consecuencia de la adopción de la potestad excepcional de modificación unilateral de un contrato de concesión, en tanto fue en esos términos en que el ente contratante se obligó como retribución por el ejercicio del ius variandi, por manera que no podía desconocer su compromiso libremente adquirido so pretexto de que no debía garantizar la utilidad dejada de percibir por el concesionario en razón de su decisión.
Sin embargo, no puede perderse de vista que, por regla general, en la celebración de todo contrato de tracto sucesivo, lo que no excluye los suscritos con las entidades estatales, su ejecución entraña el sometimiento a un riesgo que emana del simple devenir del tiempo, sujeto a los cambios y fluctuaciones previsibles que pueden alterar las expectativas de recibir la ganancia fundada al formular la oferta. En esta circunstancia radica la imposibilidad de que el ente contratante se encuentre en posición de garantizar la utilidad proyectada por el contratista.
Con todo, ello no obsta para concluir que en el caso de que el incumplimiento del ente público contratante constituya la causa directa para la falta de recibo de la utilidad proyectada, deba ser condenado a su reconocimiento.
Sin embargo, para esto es necesario demostrar que, en efecto, se dejó de percibir la utilidad y que esta circunstancia resulta imputable a la conducta antijurídica, concretada en la desatención de las obligaciones negociales que en el marco contractual observó la entidad estatal.
En el caso concreto, y retomando para este propósito lo considerado en acápites precedentes, la Sala recuerda que el objeto del contrato 859 comprendía la construcción de infraestructura de establecimientos educativos en tres frentes, a saber: Sopó, Muzo y Pauna.
Con todo, luego de analizar lo ocurrido durante el plazo de ejecución contractual respecto de cada uno de ellos, se acreditó que la entidad desatendió su deber de planeación expresado en la obligación de entregar estudios y diseños que verificaran la información real acerca de las condiciones del terreno en el que se realizaría la obra en el frente de Sopó; no obstante, en ese caso también convergieron circunstancias imputables a la órbita de previsibilidad del contratista, que retardaron la cabal ejecución del objeto contractual, lo cual impide atribuir la supuesta falta de recibo de utilidad de manera íntegra y exclusiva a la entidad pública demandada.
Se reitera que, en relación con los frentes de obra de Muzo y Pauna, no se acreditó que la falta de ejecución del objeto contractual en el plazo pactado hubiere obedecido a causas atribuibles al Ministerio de Educación Nacional.
Al margen de lo anotado, de otra parte se observa que con los documentos contables, las facturas y las actas de pago que reposan en el expediente no es posible establecer el balance financiero del contrato, con el fin de acreditar la falta de recibo de la utilidad prevista en el contrato, dado que más allá de la proyección de ingresos formulada en la propuesta, se desconocen los costos y gastos efectivos y consolidados en los que incurrió el contratista durante la ejecución de las obras, como también el margen de utilidad que a partir de la deducción de aquellos pudo obtener el contratista.
Con fundamento en las razones expuestas, los cargos del recurso de apelación dirigidos a obtener el reconocimiento de la utilidad dejada de percibir serán desestimados.
5.7.- Los perjuicios morales padecidos por el incumplimiento contractual de la entidad demandada
En la sentencia impugnada se negó el reconocimiento de los perjuicios morales solicitados en la demanda, en consideración a que, de acuerdo con lo explicado por el Tribunal de primera instancia, fue el contratista el que incumplió sus obligaciones negociales.
Al fundamentar su inconformidad, el apelante indicó que el argumento para negar los perjuicios morales pedidos por el demandante resultaba ajeno a la realidad, toda vez que fue la entidad pública la que incurrió en el incumplimiento del contrato y, por contera, causó los perjuicios solicitados.
Observa la Sala que en la demanda se solicitó el reconocimiento de perjuicios morales en el equivalente a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes en favor del consorcio Telval – Obcivil, conformado por la sociedad Telval S.A y el señor Nelson Fernando Rangel Pardo.
Como ya lo precisó esta Sección en los fallos de unificación del 28 de agosto de 2014 sobre daños inmateriales, el perjuicio moral se define como “el dolor, la aflicción y en general los sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra, entre otros, que invaden a la víctima directa o indirecta de un daño antijurídico, individual o colectivo”, cuyo reconocimiento es posible siempre que se pruebe, no solo este daño, sino la imputación a la entidad.
En consonancia con lo anterior, la jurisprudencia de esta Corporación en diversos pronunciamientos ha considerado que, en materia contractual, eventualmente cabría emitirse condena por concepto de perjuicios morales, cuya prosperidad en todo caso está condicionada, al igual que la indemnización por cualquier otro tipo de perjuicio, a la prueba de su existencia.
No obstante, en el proceso no obran pruebas demostrativas de la ocurrencia de ese daño, dado que no se practicaron pruebas con ese propósito, por lo que se impone concluir que no hay mérito probatorio para acceder a su reconocimiento.
En estas circunstancias, la Sala confirmará la sentencia recurrida, en cuanto negó el reconocimiento de los perjuicios morales pretendidos.
5.8.- La improcedencia de liquidar judicialmente el contrato por no haber quedado ese punto cobijado dentro de la fijación del litigio
El a quo liquidó judicialmente el contrato y, luego de realizar el cruce de cuentas, de conformidad con los documentos contractuales y las órdenes de pago que reposan en el proceso, concluyó que el contratista debía reintegrar a la entidad la suma de $427’167.917 por concepto de anticipo no amortizado.
Inconforme con esta determinación, el recurrente señaló que, si bien en la demanda se había pretendido la liquidación judicial del contrato, no podía perderse de vista que esa cuestión no quedó comprendida dentro de la fijación del litigio, situación que excluyó la posibilidad de su análisis en la sentencia objeto de apelación, en tanto debía entenderse que el demandante había desistido de esta. En ese sentido, precisó que la decisión de primera instancia desconoció el principio de congruencia.
En orden a decidir este cargo de la apelación, se resalta que la fijación del litigio que debe adelantarse dentro de la audiencia inicial del procedimiento contencioso administrativo se encuentra regulada en el numeral 7 del artículo 180 del C.P.A.C.A. al siguiente tenor:
“7. Fijación del litigio. Una vez resueltos todos los puntos relativos a las excepciones, el juez indagará a las partes sobre los hechos en los que están de acuerdo, y los demás extremos de la demanda o de su reforma, de la contestación o de la de reconvención, si a ello hubiere lugar, y con fundamento en la respuesta procederá a la fijación de litigio”.
A propósito de esta cuestión, la Sala precisa que el objeto o finalidad de la fijación del litigio es centrar el debate frente al cual este girará.
En ese sentido, se advierte que, si dentro de la confrontación de los hechos y pretensiones no se presenta oposición de las partes, el efecto de esa ausencia de contienda es excluirlos del litigio. A diferencia de lo sugerido por el apelante, su efecto no comporta un desistimiento de la pretensión o del supuesto fáctico en el que se sustenta y menos lleva a la imposibilidad de que sean retomados en la decisión que ponga fin al proceso.
A contrario sensu, la consecuencia procesal que de esa exclusión del litigio se desprende consiste en que se entienden acreditados los fundamentos fáticos que no quedaron allí incorporados, por cuanto no fueron objeto de reproche alguno en la contestación de la demanda, ni se indicó oposición a la fijación del litigio efectuada.
En atención a esta precisión, se reitera, las pretensiones que no hayan quedado cobijadas en el litigio, no obstante ello, podrán ser resueltas en la sentencia, sin que ello desborde el principio de congruencia, toda vez que el motivo que habilita su decisión no estriba en que hubieran quedado contenidas en la fijación de litigio, -pues solo han de estarlo en caso de que exista la necesidad de emprender un debate probatorio frente a estas-, sino en que se hubieran formulado expresamente en la demanda.
Así lo ha entendido la jurisprudencia de esta Corporación al indicar:
“la concreción de los puntos litigiosos que se hace en la audiencia inicial, no impide que el juez, en cumplimiento de sus deberes como director del proceso, al proferir la sentencia, se pronuncie sobre todos aquellos aspectos que resulten relevantes, siempre que se hayan formulado en las pretensiones” .
En este caso, la Sala advierte que el 29 de febrero de 2016 se llevó a cabo la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, en la cual tuvo lugar la fijación del litigio, lo circunscribió a establecer si se configuraban los elementos de incumplimiento contractual que se atribuye al demandando por la ejecución del contrato de obra 859 de 2011 y, específicamente, por los siguientes conceptos: costos administrativos no amortizados y sobrecostos por mayor permanencia en obra; por el no pago de las facturas de venta relacionadas con la demanda, aprobados por la interventoría; por la utilidad dejada de percibir; por el mayor valor descontado por el impuesto de guerra; porque no se suscribió acto de terminación y liquidación del contrato por parte de la contratante y, además, se debía establecer si procedería el reconocimiento de los perjuicios morales solicitados en la demanda.
Según se observa, si bien la liquidación judicial fue pretendida en la demanda, no fue incluida dentro de la fijación del litigio, ello obedeció a que el debate probatorio se centró en las declaraciones y condenas que igualmente se pretendieron en la demanda y cuya inclusión se solicitó realizar en la respectiva liquidación judicial del contrato. De ahí que no existía, en principio, un obstáculo procesal para que en la sentencia de primera instancia se accediera a realizar la liquidación judicial del contrato 859.
Sin embargo, converge en este asunto una particularidad de especial relevancia para la resolución de este aspecto.
Se observa que al fijar el litigio el Tribunal de origen dejó la siguiente constancia “…el litigio se fijará sólo según lo expuesto en la demanda, dada la omisión de la entidad en contestar la demanda y en comparecer a la audiencia”.
Así las cosas, la conclusión que esa prevención esta llamada a generar apunta a que en la liquidación judicial del contrato habría de analizarse la posibilidad de incluir o no las cuentas o acreencias que, según la demandante, le adeudaba el Ministerio de Educación Nacional con ocasión del contrato No. 859 y que estaban siendo sometidas al debate probatorio respectivo por cuenta de su inclusión en la fijación del litigio.
De manera correlativa, ello se traducía en que, ante la ausencia de contestación de la demanda y de comparecencia del Ministerio de Educación Nacional a la audiencia inicial, no podría traerse a juicio la supuesta existencia de saldos a favor de la entidad pública que no se estaban discutiendo en el proceso, frente a los cuales no existió manifestación expresa por parte de la accionada para reclamar su devolución y no fueron sometidas al respectivo debate probatorio, debido a que, al no haber sido enrostrados por la entidad demandada como saldos a su favor por concepto de anticipo no amortizado, no quedaron cobijados en el tema de la prueba decretada para resolver el litigio.
Como síntesis de lo dicho, la Sala estima que, aun cuando el tribunal estaba habilitado para realizar la liquidación judicial del contrato, en tanto fue pretendido en la demanda, no lo estaba para incluir en esa liquidación sumas en contra del demandante y a favor de la entidad pública que no fueron incluidas en el objeto del litigio y que no fueron sujetas al debate probatorio que en observancia del debido proceso correspondía surtirse.
No pretende la Sala desconocer con lo dicho que, en la liquidación de un contrato, en tanto comprende el balance del cruce final de cuentas de su ejecución, su operación eventualmente puede arrojar saldos a favor y en contra de ambos extremos cocontratantes.
Sin embargo, a la hora de emprender la liquidación judicial las sumas que en ese ejercicio se dispongan pagar, asumir, compensar o reintegrar a cargo de cualquiera de las partes necesariamente debe contar con un respaldo probatorio respecto del cual se hubiera surtido el respectivo derecho de contradicción en relación con la parte a la que se le impone determinada partida, pues de lo contrario resultaría sorprendida respecto de una deuda que no fue objeto de discusión por su contraparte.
Se reitera que en este caso la cantidad de dinero que, según el tribunal, el contratista debe devolver al Ministerio de Educación Nacional: i) no fue reclamada por esta entidad en ninguna de las instancias del proceso; ii) no fue sometida al respectivo debate probatorio tras haber quedado excluida de la fijación del litigio y iii) no obra en el expediente el suficiente caudal probatorio para establecer de manera fehaciente y clara el cruce final y la relación de las cuentas y cantidades adeudadas entre las partes con ocasión de la ejecución del contrato No. 859 de 2011.
Frente a esto último debe advertirse que no reposan en el expediente las actas de obra que den cuenta de las cantidades verdaderamente ejecutadas y de los valores a los que ascendió su realización. En contraste, tampoco se tiene certeza de si los certificados de cumplimiento y trámite de pago expedidos por la Subdirección de Gestión Financiera del Ministerio de Educación aportados al expediente dan cuenta de la totalidad de los giros desembolsados en favor del contratista durante el desarrollo de los proyectos correspondientes al objeto del contrato 859 de 2011.
Todo lo anterior, en criterio de la Sala, no solo impide formarse un pleno convencimiento acerca del surgimiento de la obligación de devolver el porcentaje del anticipo que, según el tribunal, no estuvo amortizado, sino que se opone a la posibilidad de liquidar judicialmente el contrato ante la ausencia de la información financiera y económica necesaria y suficiente para definir el balance final del acuerdo, cuestión que lleva a que esa pretensión debe ser igualmente negada.
Por lo expuesto, el cargo de la apelación que se analiza se encuentra fundado, razón por la cual se revocará la orden de reintegro impuesta al demandante de la suma de $427’167.917 por concepto de anticipo no amortizado, en tanto su causación fue un asunto que no quedó cobijado dentro del debate probatorio.
Conclusión
En mérito de lo considerado, la Sala mantendrá lo decidido en la sentencia recurrida, mediante la cual se negaron las declaraciones y condenas solicitadas por la parte actora y la revocará en cuanto dispuso liquidar judicialmente el contrato 859 y condenó al contratista a devolver a la entidad la suma de cuatrocientos veintisiete millones ciento sesenta y siete mil novecientos diecisiete pesos ($427’167.917), para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.
6.- Costas
Habida cuenta de que para este proceso se aplica el artículo 188 del CPACA, de conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso, en la presente providencia no se impondrán costas a cargo de la parte apelante, toda vez que el recurso le resultó parcialmente favorable, a lo que se suma que la entidad accionada no fue sujeto de condena alguna en su contra.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 1 de febrero de 2018, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con fundamento en las razones advertidas en la parte considerativa de esta providencia y en su lugar se dispone:
“NEGAR LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA”.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el link HYPERLINK "http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador" \t "_blank" http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
Folio 67 del cuaderno 1.
Folios 301 a 305 del cuaderno 1.
“Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.
“Igualmente conocerá de los siguientes procesos:
“(…).
“2. Los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado”.
“ARTÍCULO 2o. DE LA DEFINICIÓN DE ENTIDADES, SERVIDORES Y SERVICIOS PÚBLICOS. Para los solos efectos de esta ley:
1o. Se denominan entidades estatales:
a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles.
b) El Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, las contralorías departamentales, distritales y municipales, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los ministerios, los departamentos administrativos, las superintendencias, las unidades administrativas especiales y, en general, los organismos o dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos.
Folio 34 del cuaderno 3.
$322’175.000 con fundamento en el salario mínimo legal vigente el 27 de marzo de 2015 ($644.350X 500 = $322’175.000).
Folios 203 del cuaderno 5.
Folios 53 a 54 del cuaderno 1.
Sobre el particular consultar sentencia proferida por Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, el 22 de agosto de 2013, dentro del expediente No. 22.947, C.P: Mauricio Fajardo Gómez.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, 14 de marzo de 2013, Exp. 20.524, C.P Carlos Alberto Zambrano Becerra.
El inciso segundo del numeral 1) del artículo 5 de la Ley 80 dispone: “En consecuencia tendrán derecho, previa solicitud, a que la administración les restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a los contratistas. Si dicho equilibrio se rompe por incumplimiento de la entidad estatal contratante, tendrá que restablecerse la ecuación surgida al momento del nacimiento del contrato”.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, 22 de agosto de 2013, expediente: 22.947, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
Folio 121 del cuaderno 1.
Folio 122 del cuaderno 1.
Folio 172 a 173 del cuaderno 1.
Folios 303 a 326 del cuaderno 1.
Folio 264 de cuaderno 5.
Folios 545 a 549 del cuaderno 3.
Folios 550 a 556 del cuaderno 1.
Folios 557 a 564 del cuaderno 3.
Folios 490 a 492 del cuaderno 3.
Folios 575 del cuaderno 3.
Folios 583 a 587 del cuaderno 3.
Folios 435 a 444 del cuaderno 3.
Folios 602 a 608 del cuaderno 4.
Folios 445 a 446 del cuaderno 3.
Folios 278 a 282 del cuaderno 2.
Folios 453 a 457 del cuaderno 3.
Folios 610 a 625 del cuaderno 4.
Folios 482 a 483 del cuaderno 3.
Folios 418 a 419 del cuaderno 3.
Folios 415 a 417 del cuaderno 3.
Folios 283 a 285 del cuaderno 2.
Folios 301 a 342 del cuaderno 3.
Folios 269 a 270 del cuaderno 2.
En efecto, en el registro fotográfico contenido en la reclamación elevada el 18 de agosto de 2012 por el contratista ante la interventoría resultaba fácilmente perceptible el estado de inestabilidad del muro de piedra y la ubicación de los postes con redes de alta tensión. Folios 435 a 444 del cuaderno 3.
Folios 257 del cuaderno 2.
Folios 575 a 582 del cuaderno 3.
Folios 428 a 434 del cuaderno 3.
Folios 447 a 452 del cuaderno 3.
Folios 625 a 629 del cuaderno 4.
Folios 633 a 638 del cuaderno 4.
Folios 460 a 471 del cuaderno 3.
Folio 510 del cuaderno 3.
Folio 512 del cuaderno 3.
Folios 508 a 509 del cuaderno 3.
Folio 513 del cuaderno 3.
Folios 472 a 475 del cuaderno 3.
Folio 496 del cuaderno 3.
Folios 428 a 434 del cuaderno 2.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección A, sentencia de 8 de noviembre de 2016, radicación: 17001233100020080013801 (47336), actor: Constructora Castilla y otros, demandado: Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales – INFI-MANIZALES, acción: contractual. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, sentencia de 3 de agosto de 2016, radicación: 05001-23-31-000-2010-00587-01 (56.513) actor: Traing Trabajos de Ingeniería Ltda.- Hidroeléctrica de Colombia S.A.S., demandado: Cormagdalena, acción contractual, asunto: recurso de apelación.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección B, 31 de agosto de 2011, exp. 18080, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. “No solo no resulta jurídico sino que constituye una práctica malsana que violentan los deberes de corrección, claridad y lealtad negociales guardar silencio respecto de las reclamaciones respecto de reclamaciones económicas que tengan las partes al momento de celebrar contratos modificatorios o adicionales cuyo propósito precisamente es el de ajustar el acuerdo a la realidad fáctica, financiera y jurídica al momento de su realidad fáctica, financiera y jurídica al momento de su realización , sorprendiendo luego o al culminar el contrato a la otra parte con una reclamación de esa índole. . recuérdese que la aplicación de la buena fe en materia negocia implica para las partes la observancia la observancia de una conducta enmarcada dentro del contexto de los deberes de corrección, claridad y recíproca lealtad que se deben los contratantes, para remitir la realización de los efectos finales buscados en el contrato”.
Folio 287 del cuaderno 2.
Folios 511 del cuaderno 3.
Folios 645 a 649 del cuaderno 4.
Folios 75 a 78 del cuaderno 1.
Folios 677 a 9 del cuaderno 4 y 343 a 408 del cuaderno 3.
Folios 265 del cuaderno 5.
Folios 244 a 266 del cuaderno 5.
Folio 256 del cuaderno 5.
Folio 260 de cuaderno 5.
Folio 265 del cuaderno 5.
Folios 645 a 649 del cuaderno 4.
Folios 650 a 652 del cuaderno 4.
Folios 476 del cuaderno 3.
Folios 659 a 667 del cuaderno 4.
Folios 258 a 260 del cuaderno 2.
Folios 591 a 595 del cuaderno 4.
Folios 420 a 421 del cuaderno 3.
Folio 319 del cuaderno 1.
Folio 342 del cuaderno 1.
Folio 343 del cuaderno 1.
Folios 497 a 498 del cuaderno 3.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 27 de marzo de 2014, expediente: 32905, actor: Visisalud Ltda., demandado: Caprecom E.P.S., C.P: Mauricio Fajardo Gómez. Si bien este caso se refiere a la prestación de servicios de salud, la valoración probatoria respecto las facturas igualmente se hace extensiva a cualquier tipología contractual.
Folios 677 a 9 del cuaderno 4 y 343 a 408 del cuaderno 3.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, 23 de noviembre de 2016, exp: 51.161.
Según quedó explicado en procedencia, la discusión sobre la necesidad de construir un muro de contención, dada la inestabilidad del existen, aspecto que no escapaba de la órbita de previsibilidad del contratista y el retardo que se hubiera dado por razón de esta circunstancia que no podía enróstraselo a la entidad estatal.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, expedientes 26.251, 32.988, 27.709, 31.172, 36.149, 28.804, 31.170 y 28.832. CP: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Ramiro Pazos Guerrero, Carlos Alberto Zambrano, Olga Mélida Valle de De La Hoz, Hernán Andrade Rincón, Stella Conto Díaz del Castillo, Enrique Gil Botero y Danilo Rojas Betancourth respectivamente.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, expediente: 52.920, 3 de agosto de 2017.
Sentencia de 8 de junio de 2017, radicado nro. 250002337000-2012-00370-01 (21001), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Folios 75 a 78 del cuaderno 1.
Conviene destacar que la condena en costas, con la entrada en vigencia del CPACA y su remisión en este tema al Código de Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso), tiene un criterio netamente objetivo para su imposición que se encuentra en el numeral 1 del artículo 365 del CGP, en el cual se establece que “1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código” (se destaca).
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